Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02408-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02408-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02408-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veinticuatro (24) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-02408-01
Accionantes : Luz María Ruiz Hincapié y otros
Accionado : Tribunal Administrativo de Antioquia
Vinculados : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y
María Camila Calle López
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, medio de control de
reparación directa, falla del servicio, deceso de persona en
procedimiento policial
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por los accionantes contra el
fallo del Dieciséis (16) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), proferido por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A1, que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por los accionantes frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.
1.2 La demanda de tutela
2. La señora Luz María Ruiz Hincapié y otros, quienes actúan por intermedio de
apoderado judicial, interpusieron el presente recurso de amparo, con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
1
C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Accionantes: Luz María Ruiz Hincapié y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
3. Por consiguiente, solicitaron dejar sin efectos la sentencia del Primero (1.°) de
Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia dentro del medio de control de reparación directa bajo el radicado núm.
05001-33-33-027-2019-00145-00/01, que promovieron contra la Nación– Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional.
1.3 Hechos2
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la
parte accionante, se puede evidenciar que, el señor John Fernando Rodríguez
Ruiz murió el Diecisiete (17) de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2017), como
consecuencia de varios impactos de arma de fuego recibidos durante un
procedimiento adelantado por miembros de la Policía Nacional en el sector Las
Pipetas del barrio Villatina de Medellín, en el que se presentó un intercambio de
disparos con un grupo delincuencial. Según los actores, para ese momento
Rodríguez Ruiz colaboraba como informante de la Policía y acompañaba a los
uniformados, junto con otros tres civiles, con el propósito de orientarlos hacia el
lugar donde se encontraba el grupo delincuencial.
5. Por lo anterior, los familiares del señor Rodríguez Ruiz, en ejercicio del medio de
control de reparación directa presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, con el propósito que se declarara
administrativa, patrimonial y extracontractualmente responsable a la entidad por los
perjuicios causados por el fallecimiento de aquel.
6. De ese asunto conoció, en primera instancia, el Juzgado Veintisiete (27)
Administrativo de Medellín3, que mediante sentencia del Dieciséis (16) de Diciembre
de Dos Mil Veintidós (2022), negó las pretensiones, al concluir que, no se acreditó
que el señor John Fernando Rodríguez Ruiz hubiera actuado como informante del
patrullero Juan Carlos Herrera Londoño el día de los hechos. Para arribar a esa
determinación, restó credibilidad a las declaraciones de Daniel Valencia Castro por
las contradicciones advertidas en sus versiones; consideró que Kevin Santiago
2
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 2.
3
Proceso núm. 05001-33-33-027-2019-00145-00/01.
2
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Osorio tuvo conocimiento de buena parte de lo sucedido por manifestaciones de
terceros; y destacó que los informes policiales identificaban como informantes
únicamente a Daniel Valencia Castro, Juan Diego Vergara Castrillón y José Luis
Aguirre, sin incluir al señor Rodríguez Ruiz. En ese contexto, estimó que, no se
demostró la falla en el servicio atribuida a la Policía Nacional y declaró probadas las
excepciones de ausencia de nexo causal y culpa exclusiva de la víctima.
7. Inconforme con esa decisión, los demandantes interpusieron recurso de
apelación. En providencia del Primero (1.°) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco
(2025), el Tribunal Administrativo de Antioquia modificó lo resuelto por el a quo y
negó las súplicas de la demanda, al estimar que, del material probatorio no se
podía establecer que el señor John Fernando Rodríguez Ruiz hubiera actuado
como informante de la Policía Nacional el día de los hechos ni que, por esa
condición, requiriera medidas especiales de protección. Para sustentar esa
conclusión, advirtió inconsistencias entre la declaración extraprocesal y el
testimonio rendido por Daniel Valencia Castro, mientras que los informes oficiales
únicamente identificaron como informantes a Juan Diego Vergara Castrillón, José
Luis Aguirre Pajón y Daniel Valencia Castro.
8. En consecuencia, consideró demostrado el daño derivado del fallecimiento de
Rodríguez Ruiz, pero no que este fuera imputable a una falla en el servicio de la
Policía Nacional, bien por omisión del deber de protección o por la actuación de
sus uniformados. Por ello, precisó que, la negativa de las pretensiones obedecía
a la falta de acreditación de la falla en el servicio y no a la configuración de las
excepciones de ausencia de nexo causal y culpa exclusiva de la víctima
declaradas en primera instancia.
9. Sobre la precedente situación, la parte actora sostuvo que, el Tribunal incurrió
en error al no apreciar de manera conjunta los elementos de convicción aportados
al proceso, en especial, las declaraciones extraproceso de Kevin Santiago Osorio
y Daniel Valencia Castro, el testimonio judicial de este último y los diferentes
informes elaborados con ocasión del procedimiento policial. A su juicio, su
valoración integral permitía establecer que John Fernando Rodríguez Ruiz
participó como informante ocasional y sirvió de guía a los uniformados durante el
desplazamiento hacia la parte alta del sector Las Pipetas.
3
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10. En particular, cuestionaron que se restara credibilidad a Daniel Valencia Castro,
pese a que presenció los hechos y resultó herido durante el intercambio de
disparos. Señalaron que, su declaración daba cuenta que, luego de una
conversación entre Rodríguez Ruiz y el patrullero Juan Carlos Herrera Londoño,
aquel, junto con Valencia Castro, José Luis Aguirre Pajón y Juan Diego Vergara
Castrillón, encabezó el desplazamiento para indicar a los policías el camino hacia
el lugar donde se encontraban las personas armadas.
11. Afirmaron, además, que la autoridad accionada no confrontó los informes
policiales entre sí ni los valoró con el informe ejecutivo FPJ-3 y las inspecciones
técnicas a los cadáveres del señor Rodríguez Ruiz y del patrullero Herrera
Londoño. Según los tutelantes, dichos elementos contenían información relevante
sobre la forma en que ocurrió el enfrentamiento y permitían desvirtuar que su
familiar hubiese participado como agresor, además de respaldar la tesis que se
encontraba colaborando con el procedimiento policial.
12. De igual manera, reprocharon que no se tuviera en cuenta la relación de amistad
o cercanía existente entre John Fernando Rodríguez Ruiz y el patrullero Juan
Carlos Herrera Londoño, ni que la apoderada de la Policía Nacional desistiera de
los testimonios de los patrulleros Jorge Luis Conrado Garaviz, Eric Alberto Chacón
y Gustavo Fierro Rico, quienes, según afirmaron, presenciaron los hechos y
participaron en el desplazamiento. En su criterio, esas declaraciones habrían
permitido contrastar los informes policiales y establecer las condiciones en que se
desarrolló el operativo, particularmente en lo relativo a la planificación y a la falta
de medidas de seguridad para quienes acompañaron a los uniformados”
13. Finalmente, el abogado de los demandantes manifestó que, la sentencia
cuestionada fue notificada el Tres (3) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)
y que, en principio, los 6 meses para promover la acción de tutela vencían el Tres
(3) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026). Sin embargo, sostuvo que, debía
tenerse en cuenta la vacancia judicial comprendida entre el Veinte (20) de
Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025) y el Trece (13) de Enero de Dos Mil
Veintiséis (2026), por lo que consideró que, la solicitud de amparo fue presentada
oportunamente.
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14. Agregó que, sus quebrantos de salud le impidieron solicitar con anterioridad el
expediente requerido para formular la tutela, pues, desde 2018 padece
enfermedades que afectan su sistema coronario, las cuales, según indicó, se
agravaron después de 2020 y le han impedido ejercer normalmente la profesión.
1.4 Contestación de la acción
15. 1.4.1 La señora María Camila Calle López4 sostuvo que interviene en la
presente acción de tutela en nombre propio y en representación de su menor hija
S.R.C., debido a los perjuicios que han padecido y a las dificultades económicas
que ha afrontado para garantizar la subsistencia de la menor.
16. 1.4.2 La Policía Nacional5 expuso que la acción de tutela resulta improcedente,
por cuanto los accionantes no identificaron una causal específica que permitiera
controvertir la providencia judicial ni demostraron la vulneración de sus derechos
fundamentales. En cuanto al fondo del asunto, señaló que, en el proceso de
reparación directa se valoró el material probatorio y se concluyó que no se acreditó
que el señor John Fernando Rodríguez Ruiz tuviera la condición de informante de
la Policía Nacional ni que requiriera medidas especiales de protección.
17. De otro lado, agregó que, tampoco se demostró que el fallecimiento del señor
Rodríguez Ruiz hubiera sido ocasionado por un disparo proveniente de un arma de
dotación oficial utilizada por alguno de los uniformados. Por ello, consideró que no
se configuró una falla en el servicio atribuible a la institución ni se acreditaron los
elementos necesarios para imputarle responsabilidad por acción u omisión.
Finalmente, afirmó que no se configuró un perjuicio irremediable que justificara la
procedencia excepcional del amparo.
18. 1.4.3 El Juzgado Veintisiete (27) Administrativo de Medellín6 realizó un
recuento de las actuaciones jurídico-procesales surtidas al interior del proceso de
reparación directa y señaló que, se agotaron todas las etapas con sujeción a la
normativa aplicable. Por lo tanto, señaló que durante el trámite se respetaron los
derechos de las partes y que ese Despacho no incurrió en vulneración de las
garantías fundamentales invocadas.
4
Índice 16 de SAMAI del proceso de primera instancia.
5
Índice 17 de SAMAI del proceso de primera instancia.
6
Índice 19 de SAMAI del proceso de primera instancia.
5
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1.5 Providencia impugnada7
19. Mediante sentencia del Dieciséis (16) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente
la acción de tutela de la referencia, al considerar que, no satisfacía el requisito
general de inmediatez. En ese sentido, explicó que la providencia cuestionada fue
comunicada a las partes mediante correo electrónico el Tres (3) de Septiembre de
Dos Mil Veinticinco (2025), por lo que la notificación se entendía surtida el 5 del
mismo mes y año y la solicitud de amparo se presentó el Veinticinco (25) de Marzo
de Dos Mil Veintiséis (2026), esto es, después de transcurridos los 6 meses
considerados razonables para controvertir providencias judiciales.
20. Agregó que, la vacancia judicial comprendida entre el Veinte (20) de Diciembre
de Dos Mil Veinticinco (2025) y el Trece (13) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026)
no tenía la virtud de extender dicho término. Frente a los quebrantos de salud del
apoderado, estimó que tampoco justificaban la presentación tardía, pues, no
constituían un obstáculo para formular la tutela por medios electrónicos y, de ser
necesario, aquel podía sustituir los poderes conferidos.
1.6 La impugnación8
21. Inconforme con esa determinación, la parte accionante a través de su apoderado
judicial la impugnó, para cuyo propósito sostuvo que, debía flexibilizarse el requisito
de inmediatez, debido a las circunstancias de salud que afrontó durante el término
previsto para promover el amparo. Para tal propósito, explicó que, luego de
notificada la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario y de solicitar el
enlace del expediente digital el Ocho (8) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco
(2025), comenzó a preparar la acción de tutela, pero posteriormente sufrió una
recaída de su enfermedad coronaria, acompañada de episodios de desmayo y
dificultades para desplazarse. Agregó que su estado se agravó el 18 de diciembre
de ese año, cuando el médico especialista le ordenó reposo por 90 días, modificó
el tratamiento farmacológico y dispuso la práctica de exámenes para su
estabilización y seguimiento.
7
Índice 25 de SAMAI del proceso de primera instancia.
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Índice 29 de SAMAI del proceso de primera instancia.
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22. Indicó que durante ese período permaneció en reposo y que solo a mediados de
marzo de 2026, aún convaleciente, pudo retomar sus labores, hasta presentar la
tutela el 25 del mismo mes. Precisó que, el lapso transcurrido por fuera de los 6
meses fue de 20 días y solicitó que sus condiciones de salud fueran valoradas como
una circunstancia de fuerza mayor que justificaba flexibilizar el requisito de
inmediatez. De otro lado, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela
frente a la valoración del material probatorio.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
23. En virtud de los artículos 329 del Decreto Ley 2591 de 199110 y 2511 del Acuerdo
80 del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)12 expedido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.
2.2 La acción
24. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema jurídico
25. Se contrae a determinar si la acción de tutela de la referencia satisface los
requisitos de procedibilidad, especialmente el de inmediatez y, en caso afirmativo,
establecer si la sentencia del Primero (1.°) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco
9
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
10
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
11
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
12
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
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(2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, incurrió en defecto
fáctico y, por consiguiente, vulneró los derechos fundamentales de los accionantes
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
2.4 Requisito general de la inmediatez
26. Para determinar la procedencia de esta acción constitucional, se debe precisar
que la jurisprudencia constitucional13 ha establecido para tal propósito varios
requisitos generales, entre los que se encuentra la inmediatez.
27. Adicionalmente, es necesario precisar que, el Consejo de Estado, mediante
sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-0114,
en cuanto al presupuesto de la inmediatez, precisó como término razonable para
ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas por la jurisdicción
contencioso-administrativa, seis (6) meses contados a partir de su notificación o
ejecutoria.
28. Para arribar a la anterior conclusión, el Consejo de Estado sostuvo que, aunque
el presupuesto de inmediatez es exigible para todas las acciones de tutela, lo cierto
es que, cuando se trata de un recurso de amparo contra providencias judiciales, el
lapso de seis (6) meses se justifica como resultado de la garantía de los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica, sin contar que, con ello se pueden vulnerar
derechos de terceros.
29. Sin perjuicio de lo expuesto, en dicha providencia se advirtió que resulta
indispensable analizar la situación concreta sometida al juez de tutela, en particular,
«(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada
vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un
nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del
interesado;15 (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación
violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición16.17».
13
Corte Constitucional, SU-128 de 2021, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
14
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S. A., Accionada: Sección Primera, Consejo de Estado, C. P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
15
Sentencia SU-961/99.
16
Sentencia T-814/05. Ver también, Sentencia T-728/02.
17
Corte Constitucional. Sentencia T-189 de 2009.
8
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30. De igual modo, se aceptó que, conforme a la jurisprudencia constitucional 18,
existen dos excepciones a la aplicación del requisito de inmediatez, estas son:
«(i) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
es continua y actual. Y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a quien se le han
vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de
acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros». Situaciones que deberán ser analizadas en cada caso,
en el evento en que se acuda a la tutela en un término superior al mencionado (6
meses).
2.5 Solución al caso concreto
31. En el asunto sub judice la Sala observa que la acción de tutela de la referencia
no satisface el requisito de inmediatez, en la medida en que se evidencia que la
providencia cuestionada quedó ejecutoriada el Diez (10) de Septiembre de Dos Mil
Veinticinco (2025) y la solicitud de amparo se instauró el Veintiséis (26) de Marzo
de Dos Mil Veintiséis (2026)19, es decir, luego de 6 meses y 16 días.
32. En efecto, aunque el juez de primera instancia efectuó el cómputo a partir de la
notificación de la sentencia, surtida el Cinco (5) de Septiembre de Dos Mil
Veinticinco (2025), aun si se toma como punto de partida la fecha de su ejecutoria,
por resultar más favorable a los intereses de los accionantes, el plazo de 6 meses
se cumplía el Diez (10) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026). De esta manera, para
cuando se promovió el amparo ya había transcurrido el tiempo razonable para
controvertir una decisión judicial.
33. Ahora bien, el apoderado de los demandantes solicitó flexibilizar dicho
presupuesto con fundamento en las condiciones de salud que afrontó durante ese
período. Explicó que, luego de solicitar el enlace del expediente digital el Ocho (8)
de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), comenzó a preparar la acción de
tutela, pero posteriormente sufrió una recaída de su enfermedad coronaria. Agregó
que, el 18 de diciembre siguiente, su estado se agravó y el médico especialista le
prescribió reposo por 90 días.
18
Sentencia T-584 de 2011.
19
Fecha consignada en el acta de reparto.
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34. La Sala no desconoce las afecciones sufridas por el profesional del derecho. Sin
embargo, esas circunstancias no permiten concluir que durante el término para
acudir al juez constitucional existiera una imposibilidad material que justificara la
presentación tardía del amparo. Si bien los documentos médicos dan cuenta de las
complicaciones de salud del apoderado, la situación alegada corresponde a aquel
y no a los titulares de los derechos fundamentales cuya protección se reclama.
35. Aunado a ello, la acción de tutela, por su carácter informal, puede ser ejercida
directamente por la persona afectada y no exige la intervención de abogado. Si bien
cuando se dirige contra una providencia judicial corresponde satisfacer una carga
argumentativa mínima, ello no convierte la representación judicial en un
presupuesto obligatorio para acudir al juez constitucional. Además, como lo advirtió
el juez de primera instancia, si el profesional consideraba que su estado de salud le
impedía continuar con la representación, podía sustituir los poderes conferidos en
otro abogado de su confianza. En este caso, no se acreditó alguna circunstancia
que hubiera impedido acudir a cualquiera de esas alternativas.
36. Tampoco resulta atendible lo expuesto frente a la vacancia judicial comprendida
entre el Veinte (20) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025) y el Trece (13) de
Enero de Dos Mil Veintiséis (2026), dado que, ese período no suspende ni amplía
el criterio jurisprudencial de inmediatez. Además, aun tomando como referencia la
ejecutoria de la sentencia cuestionada, los 6 meses vencían el Diez (10) de Marzo
de Dos Mil Veintiséis (2026), esto es, varias semanas después de finalizada la
vacancia.
37. Así las cosas, las razones expuestas por el apoderado judicial de los accionantes
no justifican flexibilizar el requisito de inmediatez, en tanto no se acreditó una
circunstancia excepcional que explique suficientemente la tardanza ni una situación
particular de los demandantes que hiciera desproporcionada la carga de acudir
oportunamente al juez constitucional.
38. Por las razones expuestas, la Sala confirmará el fallo impugnado, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia.
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III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Dieciséis (16) de Junio de Dos Mil
Veintiséis (2026), proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
11
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