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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02410-00

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02410-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Fiscalía General de la Nación, atendiendo las razones anteriormente expuestas. SEGUNDO: TENER como coadyuvantes de la parte accionante a los señores William de Jesús Hernández Gallego, Dora Lucia Mejia Caro, Isabel Cristina Álvarez Gómez, Esteiffi Katterine Hernández Mejia y Kevin Hernández Álvarez. TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor William Felipe Hernández Mejía, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: William Felipe Hernández Mejía Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión Radicación: 11001-03-15-000-2026-02410-00

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02410-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02410-00
Demandante: WILLIAM FELIPE HERNÁNDEZ MEJÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
CUARTA DE DECISIÓN

Tema: Tutela contra providencia judicial - Declara improcedencia por
no cumplir requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.1

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor William Felipe Hernández Mejía, actuando a través de apoderada judicial 2,
presentó acción de tutela3 contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta
de Decisión4 con el fin de amparar sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la libertad personal, a la dignidad
humana, a la «presunción de inocencia» y a la «verdad, justicia y reparación».

Lo anterior con ocasión de la sentencia del 24 de noviembre de 2025, proferida por la
autoridad judicial accionada en el medio de control de reparación directa identificado
con radicado 05001-33-33-024-2015-00470-00/01, mediante la cual se revocó el fallo

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Poder conferido a la abogada María Amalia Cruz Martínez con presentación personal ante Notaría.
3 Índice 002 de Samai. Tutela radicada el 25 de marzo de 2026.
4 Sala integrada por los magistrados Daniel Montero Betancur, Martha Cecilia Madrid Roldan y Carlos

Enrique Pinzón Muñoz.
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Demandante: William Felipe Hernández Mejía
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Decisión
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02410-00

de primera instancia, dictado el 22 de marzo de 2018 por el Juzgado Veinticuatro
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, que accedió parcialmente las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, las negó.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en ese entendido, pidió:

[…]
1. Dejar sin efecto la sentencia proferida por los magistrados demandados, atrás
reseñada.
2. Ordenar a los demandados que dentro del término de 48 horas profieran una nueva
sentencia de segunda instancia que atienda las directrices de la Corte Constitucional
relacionado con la reparación por el daño ocasionado por privación injusta de la libertad,
confirmando la sentencia de primera instancia que así lo dispuso.5

1.3. Hechos

El señor William Felipe Hernández Mejía y su grupo familiar6, instauraron demanda
de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación
y el Consejo Superior de la Judicatura, en razón a la vinculación presuntamente
arbitraria a un proceso penal, así como la injusta privación de la libertad de la que fue
objeto el actor por los delitos de hurto calificado y agravado entre el 25 de abril y el 30
de noviembre de 2012, por hechos del 21 de septiembre de 2009 cuando el señor
Hugo Rafael Cardenas Ortega fue abordado en su vehículo por sujetos que se
transportaban en motocicleta y se apoderaron de la suma de dinero que portaba tras
efectuar una transacción en entidad bancaria.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Medellín, que en sentencia del 22 de marzo de 2018 accedió
parcialmente a las pretensiones al tener por acreditado que el demandante fue privado
de su libertad por siete meses y cinco días, pero posteriormente absuelto ante la
inexistencia de pruebas contundentes que comprometieran su responsabilidad, lo que
configuró el daño antijurídico denunciado.

Para ello, tuvo como sustento que el delito de hurto agradado y calificado se dio en la
modalidad de fleteo, y que, si bien el actor fue señalado por las víctimas como
responsable de la conducta punible, su absolución fue producto de la ausencia de
pruebas que comprometiera su responsabilidad penal. Lo anterior, en atención a que
si bien se acreditó que el señor Hernández Mejía se encontraba en la entidad bancaria
para el momento en que la víctima retiró el dinero, lo cierto es que fue plenamente

5 Transcripción literal del texto original, con posibles errores.
6Integrado por Dora Lucia Mejía Caro, Esteiffi Katterine Hernández Mejía, Kevin Hernández Álvarez,

William de Jesús Hernández Gallego e Isabel Cristina Álvarez Gómez.

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Demandante: William Felipe Hernández Mejía
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Decisión
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dilucidado que ese día el actor canceló su cuenta de nómina con la que contaba en el
banco.

Inconforme con lo decidido, la parte demandada elevó recurso de apelación que fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, en
sentencia del 24 de noviembre de 2025, en la que se revocó la decisión del a quo y,
en su lugar, se negaron las pretensiones.

Consideró el tribunal que el estudio de responsabilidad debía ceñirse a determinar si
la medida restrictiva de la libertad obedeció a una decisión inapropiada, irrazonable,
desproporcionada o arbitraria, y establecer si la restricción atendió a los criterios de
adecuación, proporcionalidad, necesidad y razonabilidad, toda vez que el reclamo
formulado en la demanda contenciosa «en modo alguno implica realizar un estudio
sobre la responsabilidad penal del demandante, pues ello ya fue resuelto en el
proceso penal y, por ende, está fuera de la órbita de competencia del juez
administrativo».

En ese sentido, señaló que si bien en el expediente no reposaba el archivo magnético
que contenía el registro de la audiencia en la cual se impuso la medida de
aseguramiento al demandante, era posible evidenciar de la orden de captura misma
que para ese momento el operario judicial fundó su decisión en los informes de policía
judicial, elementos materiales probatorios, reconocimiento fotográfico, declaración
jurada de testigo y evidencia física que permitían inferir que el señor William Felipe
podía ser el autor del hecho investigado y, atendiendo a la gravedad del delito
investigado ameritaba el aseguramiento al sospechoso de la autoría.

Por ello, estimó que la decisión cuestionada cumplió con los requisitos señalados en
el artículo 308 de la Ley 906 de 2004 y fue justificada «en la medida que obedeció a
una denuncia presentada por un ciudadano quien señaló ser objeto de un ilícito, por
lo cual correspondía a la Policía Nacional, en ejercicio de su función punitiva, dar
captura sobre aquellos denunciados, en cumplimiento de lo normado en la ley 906 de
2004».

Además, adujo que la Fiscalía General de la Nación adelantó la investigación
pertinente con el fin de desvirtuar la presunción de inocencia del demandante,
basándose no solo en la declaración de la víctima sino «en la entrevista a los testigos
de los hechos, informes de investigador de campo, la información brindada por el
banco donde se realizaron las transacciones y las actas de reconocimiento fotográfico,
ello unido a que se solicitó la práctica de 13 testimonios y anunció el descubrimiento
de una serie de documentos, entre los cuales se encontraban las fotografías de
reconstrucción de los hechos, los álbumes de reconocimiento fotográfico, entre otros».

Asimismo, respecto al actuar del juez de conocimiento penal, concluyó que su decisión
se ajustó a la normativa vigente tras considerar que las pruebas del expediente penal

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Sala Cuarta de Decisión
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presentaban inconsistencias que le impedían concluir con total certeza que el
demandante era el autor del delito.

Por lo tanto, concluyó que las actuaciones del fiscal y del juez de la causa se ajustaron
a derecho y descartó que las decisiones cuestionadas hubiesen sido
desproporcionadas, irrazonables o inadecuadas.

Finalmente, advirtió que el derecho a la igualdad no era absoluto, conforme lo ha
decantado por la Corte Constitucional en sentencia SU-072 de 2018 y que el hecho
de que la Fiscalía no hubiese logrado desvirtuar la presunción de inocencia del
demandante, no conllevaba por sí mismo a calificar de injusta la privación de la libertad
del señor Hernández Mejía y, por ende, a abrir paso a la obligación indemnizatoria
deprecada frente al extremo demandado, pues la situación fáctica sometida a estudio
no se ubica en los escenarios del régimen objetivo de responsabilidad estatal.

El proveído cuestionado fue notificado a las partes el 3 de diciembre de 20257.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora, señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes
defectos en la providencia enjuiciada:

I. Defecto sustantivo: en su sentir, se desconocieron los requisitos
constitucionales y legales para la procedencia de la medida de aseguramiento,
pues no se tuvieron en cuenta los artículos 295, 296, 308, 309, 310, 311 y 312
de la Ley 906 de 2005 que aluden a los criterios de razonabilidad, necesidad y
proporcionalidad en que se deben basar las medidas de aseguramiento.

Consideró que el tribunal erró al estimar que la sola existencia de una denuncia
y un informe de policía judicial justificaban la privación de la libertad del señor
William Felipe comoquiera que el artículo 308 mencionado imponía al juez de
control de garantías verificar que, de los elementos materiales probatorios, podía
«inferirse razonablemente» que el imputado era el autor o partícipe del delito.

Atribuyó a la accionada haber omitido tal estudio de inferencia razonable toda
vez que no se consultó el movimiento de las demás personas que hacían la fila
en la entidad bancaria de donde salió la víctima, previo a la comisión del delito,
ni se indagó de alguna conducta sospechosa que le fuera atribuible al actor.

Asimismo, planteó una serie de aspectos que no fueron valorados por el fiscal ni
por el juez de control de garantías con los que se hubiese concluido que William
Felipe Hernández no era la persona que cometió el hurto y que todo se debía a

7 Índice 025 de Samai en el proceso 05001-33-33-024-2015-00470-01.

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la manipulación de la víctima, tales como incompatibilidad de los rasgos físicos
del actor y los que fueron descritos por la víctima, la imposibilidad de
reconocimiento que generaban los cascos portados por los asaltantes y el
apresuramiento en señalar a un responsable del hurto sin realizar una revisión
completa de los videos suministrados por la entidad bancaria.

Igualmente, señaló que la autoridad judicial accionada pasó por alto el estudio
de los fines constitucionales de la medida de aseguramiento de detención
preventiva desarrollados por los artículos 309, 310, 311 y 312 de la Ley 906 de
2024, «esto es, que de los elementos materiales probatorios recogidos se
concluyera que el imputado podría obstruir la justicia (art. 309), o constituía un
peligro futuro para la comunidad (art. 310), o constituía un peligro para la víctima
(art. 311) o estaba acreditada su no comparecencia al proceso (art. 312)», pues
en su sentir para el tribunal solo bastó la gravedad del delito para entender que
la medida se encontraba justificada.

II. Fáctico: Cuestionó que, al no reposar en el expediente el registro de la audiencia
en la que se impuso la detención preventiva, a la autoridad accionada le era
imposible conocer las razones por las que el demandante fue privado de su
libertad y en ese sentido, endilgó al ad quem las siguientes arbitrariedades:

«i) asimilaron los requisitos de la orden de captura con los que se exigen para
imponer una medida de aseguramiento; ii) dieron por probado que con informes
de policía judicial, elementos materiales probatorios, reconocimiento fotográfico,
declaración jurada de testigo y evidencia física, que sirvieron de soporte para
solicitar la captura del demandante, se suplía la prueba de las condiciones
necesarias para imponer una medida de aseguramiento; y iii) se inventaron la
prueba del fin constitucional, tras considerar que “la gravedad del delito
investigado ameritaba asegurar al sospechoso de la autoría, por lo cual la
medida cumplió con los requisitos señalados en el artículo 308 de la ley 906 de
2004».

A partir de lo anterior, desarrolló los planteamientos en torno a que no se podía
asimilar la orden de captura con la medida de aseguramiento pues no era posible
equiparar la prueba de una, para llenar los vacíos respecto de la otra.

Finalmente, indicó que en la sentencia de segundo grado se tergiversó la prueba
correspondiente al escrito de acusación al concluir que el demandante era quien
conducía la moto involucrada en los hechos cuando en realidad el señor
Hernández Mejía había sido señalado de ser la persona que actuaba como
parrillero y quien despojó a la víctima del dinero.

III. Violación directa a la Constitución: al considerar que la decisión cuestionada
vulneró derechos fundamentales por no tener en cuenta el principio de

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interpretación constitucional, así como dejar de «aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional».

Precisó que fueron vulnerados los derechos a la libertad personal, a la igualdad,
a la presunción de inocencia, a la dignidad humana, de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso, porque se desatendieron los
artículos 90 y 250 de la C.P. que establece los fines de la detención preventiva
y no se realizó la interpretación que debía darse a los artículos 296, 308 y 310
de la Ley 906 de 2004.

Señaló que «los Magistrados demandados calificaron de justa a una detención
preventiva que había sido impuesta de forma irrazonable, desproporcionada e
ilegal, contrariando de paso la abundante doctrina constitucional que imponía los
requisitos para que la medida de aseguramiento fuera respetuosa de los
derechos a la libertad personal y la presunción de inocencia».

Por último, aludió a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno a los
requisitos que se deben cumplir para la imposición de la medida de
aseguramiento de detención preventiva, como la sentencia SU-363 de 2021, C-
327 de 1997, C-634 de 2000, C-774 de 2001, entre otras.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante proveído del 14 de mayo de 2026 se inadmitió la tutela para que la parte
actora allegara en debida forma el poder que había sido otorgado a la abogada María
Amalia Cruz Martínez para el ejercicio de esta acción.

Una vez atentado oportunamente el mencionado requerimiento, por auto del 29 de
mayo de 20268, se admitió este trámite constitucional y se ordenó notificar a la parte
accionante9 y, como parte accionada, al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta de Decisión10.

Asimismo, se dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado
del proceso, al Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín [primera instancia del medio de control], a la Nación, Rama Judicial, Fiscalía
General de la Nación, al Consejo Superior de la Judicatura [parte demandada del
medio de control] y a los señores William de Jesús Hernández Gallego, Dora Lucia
Mejía Caro, Esteiffi Katterine Hernández Mejía, Kevin Hernández Álvarez e Isabel
Cristina Álvarez Gómez [integrantes del extremo activo en el proceso contencioso]11.

8 Ver índice 032 de Samai.
9 Índice 035 de Samai.
10 Índice 035 de Samai. La notificación fue enviada al correo sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co.
11 Índice 0035 y 048 de Samai. Notificación enviada a los correos
adm24med@cendoj.ramajudicial.gov.co, info@cendoj.ramajudicial.gov.co,
pespinoj@deaj.ramajudicial.gov.co, deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co,

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1.6. Manifestaciones de impedimento

La magistrada ponente manifestó impedimento para conocer el asunto de la referencia
bajo la causal prevista en el numeral 5° del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, conforme a los escritos presentados el 27 de marzo y el 19 de junio de 2026.
En igual sentido el 13 de abril de 2026 el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez
manifestó impedimento con fundamento en la causal 1° de la norma en comento. Sin
embargo, una vez surtido el proceso de selección de conjueces, con auto del 30 de
abril de la misma anualidad y con providencia de ponente del 6 de julio de 2026, se
declararon infundados al no encontrarse configuradas las causales invocadas.

1.7. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.7.1. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión12

El Magistrado Ponente de la decisión cuestionada señaló que esta se cimentó en el
marco jurídico y legal que le era aplicable, por lo que descartó la configuración de los
defectos sustantivos, fáctico y violación directa de la Constitución, aducidos por la
parte actora, toda vez que las pruebas del proceso contencioso fueron valoradas en
su integridad y se acompasaron con el ordenamiento jurídico, criterios que informan
la sana crítica.

Estimó haber examinado de manera precisa el contexto probatorio existente al
momento de la imposición de la medida de aseguramiento y concluyó a partir de ello
que era posible inferir razonablemente y con grado de probabilidad la autoría del
demandante en la conducta endilgada.

Igualmente, adujo que lo pretendido por el actor era reabrir el debate jurídico y
probatorio que ya se había surtido ante los jueces naturales, por lo que pidió que se
declarara la improcedencia de la acción.

1.7.2. Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín13

Solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela porque consideró que la
sentencia acusada se profirió atendiendo las pruebas aportadas por la parte

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co, juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co,
mepjbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co, presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co,
mariamalia4055@hotmail.com y wpipe12@hotmail.com.
12 Ver índice 039 de Samai.
13 Ver índice 040 de Samai.

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demandante y conforme a los parámetros legales y jurisprudenciales sin incurrir en
los defectos invocados.

Refirió que la medida de aseguramiento proferida por el juzgado con función de control
de garantías se basó correctamente en los elementos materiales probatorios, la
evidencia física y la información legalmente recaudada por la Fiscalía como garantía
del cumplimiento de los fines establecidos por el artículo 250 de la Constitución
Política.

Concluyó que en el caso en concreto, no se acreditó que el daño alegado por el actor
fuese antijurídico ya que para el momento en que se solicitó y decretó la medida de
aseguramiento privativa de la libertad, habían elementos probatorios suficientes que
permitían establecer razonablemente la participación del señor William Felipe en el
delito objeto de investigación y se evidenciaban los presupuestos de idoneidad,
necesidad y proporcionalidad de la misma, por lo que existían razones suficientes para
que la Fiscalía la solicitara.

1.7.3. William de Jesús Hernández Gallego, Dora Lucia Mejia Caro, Isabel
Cristina Álvarez Gómez, Esteiffi Katterine Hernández Mejia y Kevin Hernández
Álvarez14

Manifestaron que comparten los argumentos expuestos en el líbelo inicial haciendo
énfasis en que la orden de captura del señor William Felipe se expidió sin una
adecuada investigación y sin tener en cuenta su presunción de inocencia.

Señalaron que la privación de la libertad del actor lo expuso como el peor delincuente
ante su hijo menor y demás personas de su entorno social, por lo que ello resultó ser
devastador para su familia porque conocía de sus calidades humanas que lo
destacaban tanto en el ámbito familiar como en el laboral.

Igualmente, cuestionaron la «ligereza y la falta de objetividad de la fiscalía» al
momento de solicitar la captura, pues estiman que dicha entidad se «acomodó sin
ambages al primer señalamiento que de manera especulativa hizo la víctima en su
condición de investigador de su propio delito». Por lo tanto, aludieron unirse a las
pretensiones formuladas por el actor.

1.7.4. Fiscalía General de la Nación15

Aludió a la naturaleza y funciones legales que tiene como institución estando a su
cargo ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan
las características de una conducta punible, de oficio o que lleguen a su conocimiento
por medio de denuncia, petición especial, querella o cualquier otro medio.

14 Ver índice 041 de Samai.
15 Ver índice 044 de Samai.

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Por ello, refirió no encontrarse legitimado en la causa por pasiva dentro de este trámite
constitucional pues no existe una relación de causalidad de acción u omisión que le
hubiese sido atribuible, toda vez que la decisión acusada no está directamente
relacionada con ese ente instructor.

Sin embargo, refirió que el caso concreto no reviste de relevancia constitucional ni se
evidencia vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

En ese orden solicitó «declarar la improcedencia de la acción de tutela y considerar la
falta de legitimación en la causa por pasiva».

1.7.5. El Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín guardó silencio, pese a encontrarse debidamente notificado.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta es competente para conocer de la acción constitucional del asunto,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1. ° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por
cuanto la tutela se dirige contra la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia.

2.2 Cuestiones previas

2.2.1 Falta de legitimación en la causa por pasiva

La Fiscalía General de la Nación aludió a su falta legitimación en la causa por pasiva
en la presente diligencia.

Sobre el particular, la Sala encuentra necesario precisar que no se dispondrá su
desvinculación del trámite, toda vez que, su llamado se hizo como tercero en virtud
del eventual interés que le pueda representar el presente asunto ante una decisión
favorable a la parte actora, al haber fungido como parte demandada en el proceso
ordinario.

2.2.2 Coadyuvancia

La coadyuvancia de la acción de tutela se encuentra expresamente prevista en
el inciso 2º del artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual señala que
«Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él

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como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud».

Sobre esta figura jurídico procesal, la Corte Constitucional, en la sentencia T-
269 de 201216, reiterada en la T-269 del 29 de marzo de 201817, consideró que
los terceros con interés legítimo pueden intervenir en el proceso como
coadyuvantes, apoyando las razones presentadas por el actor o por persona o
autoridad demandada, armonizando el papel de los terceros con los principios
de informalidad y prevalencia de lo sustancial que rigen el proceso.

Cabe destacar que los ciudadanos intervinientes sustentaron el interés en el
resultado del proceso, apoyando la argumentación para lograr el
reconocimiento de los derechos fundamentales considerados conculcados. En
consecuencia, la Sala tendrá como coadyuvantes del actor a los señores William de
Jesús Hernández Gallego, Dora Lucia Mejia Caro, Isabel Cristina Álvarez Gómez,
Esteiffi Katterine Hernández Mejia y Kevin Hernández Álvarez.

2.3. Problema jurídico

Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y la intervención presentada, corresponde a
la Sala resolver:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá el siguiente interrogante:

• ¿Se configuró la vulneración de los derechos fundamentales del tutelante, con
ocasión de la providencia del 24 de noviembre de 2025, proferida por la
autoridad judicial accionada en el medio de control de reparación directa
identificado con radicado 05001-33-33-024-2015-00470-00/01, mediante la
cual se revocó el fallo de primera instancia, dictado el 22 de marzo de 2018 por
el Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín,
que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda y, en su lugar, las
negó?

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: i) la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, iii) el caso en concreto.

16 Corte Constitucional, Sentencia T-269, 29.03.2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-070, 1.03.2018, M.P. Alejandro Linares.

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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 18
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema19 y declaró su procedencia.20

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

La Corte Constitucional profirió la sentencia SU-215 de 2022, en la que se explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, se debe tener en
cuenta lo siguiente:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando
se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
19 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
20 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no
solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor
jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad
de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal21 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico22; es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional23.

[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no
a problemas de carácter legal24”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con
las decisiones adoptadas por los jueces naturales25”.

21 Sentencia SU-573 de 2019.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-103 de 2022.
24 Sentencia SU-103 de 2022.
25 Sentencia SU-128 de 2021.

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En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto26, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal27. (Resaltado de la
Sala)

2.6. Caso concreto

La parte actora pretende que por medio de este mecanismo constitucional se deje sin
efectos la sentencia proferida por el tribunal accionado, que revocó la decisión del a
quo que accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control de reparación
directa formulado contra la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación y
el Consejo Superior de la Judicatura, para en su lugar negarlas, tras advertir que la
medida de aseguramiento cuestionada estuvo debidamente respaldada en una
inferencia razonable del material probatorio y cumplió con los requisitos legales para
su imposición, descartando con ello la obligación indemnizatoria deprecada frente al
extremo demandado.

En ese sentido, el actor atribuyó a la sentencia de segunda instancia los defectos
sustantivo, fáctico y violación directa a la Constitución que se concretan en los
siguientes aspectos:

i) Un desconocimiento de los requisitos constitucionales y legales para la procedencia
de la medida de aseguramiento que exigían del operador judicial la verificación de
los criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, así como un estudio
de inferencia razonable sobre la autoría o participación del inculpado y el análisis
de la finalidad de la medida adoptada;

ii) Una defectuosa valoración del material probatorio y ausencia de pruebas
determinantes para establecer las razones en las que se fundó la privación de la
libertad refutada, como lo era el registro de la audiencia en la que se impuso la
detención preventiva del actor, así como asumir infundadamente que la gravedad
del delito ameritaba asegurar al sospechoso de la autoría y,

iii) Una vulneración de los derechos fundamentales invocados por desatenderse los
artículos 90 y 250 de la C.P. que establece los fines de la detención preventiva, al

26 Sentencia SU-573 de 2019.
27 Ibid.

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igual que omitirse la interpretación que debía darse a los artículos 296, 308 y 310
de la Ley 906 de 2004.

Al respecto, la Sala evidencia que los argumentos planteados, pese a que hacen
alusión a un lenguaje constitucional, realmente denotan una inconformidad con la
decisión proferida por el juez contencioso, por lo que este mecanismo se torna
improcedente porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional, como
pasa a explicarse.

En primer lugar, de lo acontecido en el proceso ordinario se advierte que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión revocó la decisión de primera
instancia y negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se encontraba
acreditado el elemento subjetivo de responsabilidad o el daño antijurídico que diera
paso a la obligación indemnizatoria reclamada, comoquiera que del material
probatorio allegado evidenció que la actuación del fiscal y del juez de conocimiento,
respecto de la libertad del demandante, se ajustó a derecho.

Para arribar a tal conclusión realizó un análisis del acervo probatorio obrante en el
expediente, que se tradujo en el reflejo del cumplimiento de las cargas probatorias
que incumbían a los extremos procesales y en ese sentido señaló que «la decisión de
restringir la libertad se basó en los elementos probatorios recaudados hasta esa fase
del proceso y los mismos permitían inferir de manera razonable que el demandante
podía ser el autor del hecho investigado y, atendiendo a la gravedad del delito
investigado ameritaba asegurar al sospechoso de la autoría, por lo cual la medida
cumplió con los requisitos señalados en el artículo 308 de la ley 906 de 2004».

En la providencia cuestionada se indicaron las actuaciones desplegadas por la
Fiscalía General de la Nación, con el fin de desvirtuar la presunción de inocencia del
demandante entre las cuales se encontraban, no solo la declaración de la víctima sino
también las entrevistas a los testigos de los hechos, los informes de investigador de
campo, la información brindada por el banco donde se realizaron las transacciones y
las actas de reconocimiento fotográfico.

En ese sentido, advierte la Sección que los defectos alegados por la parte tutelante
en realidad corresponden a una diferencia frente al criterio adoptado por el fallador de
segunda instancia dentro del proceso ordinario y a la conclusión a la que este arribó
con base en el material probatorio recaudado.

Aunque expone el extremo accionante cuáles fueron las pruebas indebidamente
valoradas por el juez contencioso administrativo y refiere a los aspectos que en su
sentir dejaron de analizarse, en realidad lo que se pretende es reabrir el debate
zanjado por el operador judicial de conocimiento frente a la responsabilidad de las
demandadas, convirtiendo este mecanismo constitucional en una instancia adicional,
legalmente no prevista.

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Es preciso mencionar que la valoración de los medios de prueba es un ejercicio
intelectual en el que el director del proceso, aplicando las reglas de la sana crítica y
las máximas de la experiencia, determina el valor que asigna a cada uno de estos. Lo
cual, se encuentra cobijado por la independencia y autonomía que gozan las
autoridades judiciales, por lo que, salvo en casos excepcionalísimos, no es viable su
reproche en este escenario constitucional.

Por su parte, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar las providencias vía
acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate
planteado por la parte actora busca mutar el amparo constitucional en una tercera
instancia.

De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito de relevancia
constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Fiscalía General
de la Nación, atendiendo las razones anteriormente expuestas.

SEGUNDO: TENER como coadyuvantes de la parte accionante a los señores William
de Jesús Hernández Gallego, Dora Lucia Mejia Caro, Isabel Cristina Álvarez Gómez,
Esteiffi Katterine Hernández Mejia y Kevin Hernández Álvarez.

TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor
William Felipe Hernández Mejía, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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