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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02417-00

Fecha
8 de mayo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02417-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, en el proceso de la referencia, de acuerdo con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-02417-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

8 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., ocho (08) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02417-00
Accionante: JUDY PAULINA ZULUAGA ZULUAGA
Accionado: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela / configuración de la carencia actual de objeto por hecho
superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela promovida el 26 de marzo de 2026 1 por la
señora Judy Paulina Zuluaga Zuluaga, quien actúa en nombre propio, contra la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.
A su juicio, dicha autoridad vulneró sus derechos fundamentales de petición, acceso
a la función pública y al mérito, igualdad y acceso a la administración de justicia.

ANTECEDENTES

Hechos relevantes

1. La accionante manifestó que, el 28 de noviembre de 2025, elevó petición ante la
Unidad de Administración de Carrera Judicial -en adelante UNACJ-, con el propósito
de que se precisara si el tiempo servido en provisionalidad como Juez Penal del
Circuito era computable para efectos de acreditar el requisito de permanencia
exigido en la modalidad de ascenso en el marco de la Convocatoria 28, al mantener
su condición de funcionaria escalafonada como Juez Penal Municipal.

2. Indicó que la respuesta inicial emitida por la UNACJ fue general e insuficiente, en
tanto no resolvió de manera clara, específica y de fondo la inquietud planteada sobre
el cómputo del tiempo de permanencia.

3. Refirió que, ante la falta de una respuesta de fondo, el 29 de enero de 2026, la
Sección Quinta del Consejo de Estado tuteló su derecho fundamental de petición y
ordenó a la UNACJ emitir una respuesta clara, congruente y de fondo respecto de
lo solicitado.

4. Expuso que, en cumplimiento del fallo de tutela, el 3 de febrero de 2026, la
UNACJ emitió respuesta de fondo, en la cual precisó que: (i) el término de

1 Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
jueves, 26 de marzo de 2026 con secuencia: 3779”.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02417-00
Accionante: Judy Paulina Zuluaga Zuluaga
Accionado: Unidad de Administración de Carrera Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

permanencia debe computarse desde la fecha de posesión en el cargo de carrera
en el cual el funcionario se encuentra escalafonado, de manera continua o
discontinua; (ii) las situaciones administrativas como licencias, encargos o
nombramientos en provisionalidad no afectan dicho cómputo, siempre que no se
pierda la condición de escalafonado; y (iii) en su caso concreto, el término debía
contarse a partir del 20 de septiembre de 2018, fecha en la cual tomó posesión en
propiedad como Juez Penal Municipal, razón por la cual cumple con el requisito de
cuatro (4) años de permanencia previsto en el numeral 2.1.2 del Acuerdo PCSJA25-
12348 de 2025.

5. Señaló que, el mismo 3 de febrero de 2026, una vez recibida la respuesta de
fondo —la cual fue emitida con posterioridad al cierre de inscripciones de la
Convocatoria 28—, presentó un nuevo derecho de petición mediante el cual solicitó
se restableciera su inscripción en el cargo de Juez Penal del Circuito en la
modalidad de ascenso, dado que dicha aclaración confirmaba el cumplimiento de
los requisitos exigidos.

6. Precisó que en dicha solicitud reiteró que su intención inicial había sido concursar
en la modalidad de ascenso, y que la modificación de la inscripción obedeció
exclusivamente a la falta de claridad en la respuesta inicial de la administración. En
consecuencia, solicitó el restablecimiento de su inscripción en dicha modalidad, con
el fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos de participación en
condiciones de igualdad, mérito y transparencia, conforme a los principios que rigen
la carrera judicial.

7. La tutelante señaló que, ante la ausencia de respuesta por parte de la UNACJ, el
10 de febrero de 2026, reiteró su solicitud mediante un nuevo derecho de petición,
en el cual solicitó expresamente el restablecimiento de su inscripción en la
modalidad de ascenso para el cargo de Juez Penal del Circuito dentro de la
Convocatoria 28. En dicha oportunidad, aclaró que: (i) no solicitaba cambio de
cargo; (ii) no pretendía aportar nuevos documentos ni modificar información
adicional; y (iii) únicamente requería el ajuste de la modalidad de inscripción,
conforme a la respuesta de fondo emitida por la propia Unidad en cumplimiento del
fallo de tutela.

8. Afirmó que su solicitud se fundamentó directamente en la respuesta de fondo
emitida el 3 de febrero de 2026, la cual, al haber sido proferida con posterioridad al
cierre de inscripciones, le impidió ejercer oportunamente su derecho a concursar en
la modalidad de ascenso, pese a cumplir con los requisitos exigidos.

9. Finalmente, la peticionaria manifestó que, a la fecha del 24 de marzo de 2026,
ha transcurrido más de un mes desde la radicación de los derechos de petición
presentados los días 3 y 10 de febrero de 2026, sin que la UNACJ haya emitido una
respuesta formal, clara, congruente y de fondo frente a la solicitud de
restablecimiento de la inscripción.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02417-00
Accionante: Judy Paulina Zuluaga Zuluaga
Accionado: Unidad de Administración de Carrera Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Pretensiones

10. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):

“1. Que se amparen mis derechos fundamentales vulnerados por la Unidad
de Administración de Carrera Judicial. 2. Que se ordene a la entidad
accionada dar respuesta de fondo, clara, congruente y completa al derecho
de petición presentado los días 3 y 10 de febrero de 2026, pronunciándose
expresamente sobre: o El restablecimiento de mi inscripción en la modalidad
de ascenso dentro de la Convocatoria 28 o El cómputo del tiempo servido
en provisionalidad, conforme a la aclaración emitida por la misma Unidad el
3 de febrero de 2026. 3. Que se ordene a la Unidad de Carrera Judicial
restablecer mi inscripción en la modalidad de ascenso, permitiéndome
participar en esa modalidad dentro de la Convocatoria 28, conforme a la
respuesta judicialmente ordenada y a la interpretación que la propia entidad
ya reconoció como válida”2.

Fundamentos de la demanda de tutela

11. La tutelante consideró vulnerado su derecho fundamental de petición (art. 23
C.P.), en la medida en que la UNACJ no ha emitido una respuesta clara, congruente,
oportuna y de fondo frente a las solicitudes elevadas los días 3 y 10 de febrero de
2026. Asimismo, la accionante sostiene que se vulnera su derecho de acceso a la
función pública y al mérito (arts. 40-7 y 125 C.P.), al impedírsele participar
efectivamente en la modalidad de ascenso dentro de la Convocatoria 28, pese a
cumplir los requisitos exigidos. El sistema de carrera administrativa se rige por el
principio de mérito, el cual gobierna tanto el ingreso como el ascenso, y debe
garantizarse en condiciones reales y efectivas de acceso, conforme a la
jurisprudencia constitucional (Sentencias SU-067 de 2022 y SU-556 de 2014).

12. De igual manera, afirmó que se desconoce su derecho a la igualdad (art. 13
C.P.), al no permitírselo concursar en la modalidad de ascenso, pese a encontrarse
en una situación equivalente frente a otros aspirantes, y a acreditar su condición de
funcionaria escalafonada con experiencia en un cargo superior, lo que la ubica en
condiciones materiales para acceder a dicha modalidad. Encima, consideró
afectado su derecho de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.), en
tanto la inacción de la entidad accionada obstaculiza la materialización de los
derechos reconocidos en el fallo de tutela, al no dar respuesta a las solicitudes
presentadas con posterioridad, lo que impide así el ejercicio efectivo de los derechos
derivados de la carrera judicial.

Trámite en primera instancia

13. Mediante auto del 7 de abril de 20263, el despacho sustanciador admitió la
acción de amparo y ordenó notificar a la autoridad administrativa accionada, al igual
que a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2 Índice electrónico 02 de SAMAI. 4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
3 Índice electrónico 05 de SAMAI. 6Autoqueadmite_620260241700ADMITEJU(.pdf) NroActua 5.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02417-00
Accionante: Judy Paulina Zuluaga Zuluaga
Accionado: Unidad de Administración de Carrera Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Intervenciones

14. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, al
considerar que la acción de tutela perdió su razón de ser, en tanto el supuesto
fáctico que la motivó fue satisfecho.

15. Indicó que, mediante Oficio CJO26-1770 del 10 de abril de 2026, respondió el
derecho de petición presentado el 3 de febrero de 2026 y reiterado el día 10 del
mismo mes. En dicha comunicación informó que procederá a actualizar la
modalidad de participación de la accionante en el sistema, conforme a lo solicitado,
esto es, pasará a ascenso su registro. Agregó que los documentos aportados serán
valorados en dicha inscripción. Además, precisó que el cambio solo se reflejará con
la publicación de la resolución que determine la admisión o rechazo en el concurso.

16. Asimismo, la UNACJ explicó que la Convocatoria 28 se encuentra en etapa de
selección, fase I (verificación de requisitos), en la que se inscribieron más de 50.000
aspirantes, por lo que actualmente se adelanta la revisión de la documentación para
verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos en ambas modalidades.

17. La entidad señaló que la respuesta fue enviada a la señora Judy Paulina
Zuluaga Zuluaga al correo electrónico suministrado para notificaciones. En
consecuencia, sostuvo que dio respuesta de fondo, oportuna y dentro de su
competencia, por lo que garantizó el derecho de petición conforme al artículo 23 de
la Constitución Política y la Ley 1755 de 2015, por lo que no incurrió en vulneración
alguna.

18. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado4 guardó silencio a pesar
de haber sido notificada.

CONSIDERACIONES
Competencia

19. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
20195.

Problema jurídico y metodología de la decisión

20. La Sala observa que, el 28 de noviembre de 2025, la tutelante presentó un
derecho de petición ante la UNACJ, con el fin de que se precisara si el tiempo
servido en provisionalidad como Juez Penal del Circuito era computable para

4 Se notificó al correo: notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co.
5 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02417-00
Accionante: Judy Paulina Zuluaga Zuluaga
Accionado: Unidad de Administración de Carrera Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

acreditar el requisito de permanencia en la modalidad de ascenso. Ante la falta de
respuesta de fondo, el 29 de enero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de
Estado amparó su derecho de petición y ordenó a dicha entidad emitir una respuesta
clara, congruente y de fondo. En cumplimiento de lo anterior, el 3 de febrero de
2026, la entidad dio respuesta mediante Oficio CJO26-545.

21. El 3 de febrero de 2026, la tutelante presentó un nuevo derecho de petición
mediante el cual pidió que se restableciera su inscripción en el cargo de Juez Penal
del Circuito en la modalidad de ascenso, al considerar que, con la aclaración
contenida en el Oficio CJO26-545, se acreditaba el cumplimiento de los requisitos
exigidos. La accionante reiteró esa solicitud el 10 de febrero del mismo año.

22. En ese contexto, la Sala advierte que el análisis se centrará en las peticiones
elevadas el 3 y el 10 de febrero de 2026, en tanto al momento de la interposición de
la acción no habían sido resueltas dichas solicitudes6 y las pretensiones de la
demanda se orientan precisamente a obtener un pronunciamiento de la entidad
accionada respecto de estas.

23. La UNACJ respondió las solicitudes elevadas el 3 y 10 de febrero por medio del
Oficio CJO26-1770 del 10 de abril de 2026. En consecuencia, corresponde a la Sala
establecer si en la presente acción de tutela se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado.

24. Para abordar y resolver el problema jurídico planteado, esta Subsección
desarrollará una metodología que incluye: (i) reiteración de la jurisprudencia
constitucional sobre la carencia actual de objeto por hecho superado en relación
con la presunta vulneración del derecho fundamental de petición; y (ii) el análisis del
caso concreto, con base en los hechos probados dentro del expediente.

El derecho de petición y carencia actual de objeto por hecho superado

25. El artículo 23 Constitucional establece el derecho fundamental de todas las
personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o
particular, con el fin de obtener una pronta resolución. Con base en esta norma y la
regulación estatutaria en la Ley 1755 de 2015, la Corte Constitucional ha sintetizado
los elementos del derecho, como se muestra en la siguiente tabla:

6 Pues la acción de tutela se interpuso el 26 de marzo de 2026 y la respuesta por parte de la autoridad
accionada fue hasta el 10 de abril de 2026.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02417-00
Accionante: Judy Paulina Zuluaga Zuluaga
Accionado: Unidad de Administración de Carrera Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Tabla 1. Reglas jurisprudenciales del derecho de petición7
Elementos del derecho fundamental de petición

El derecho de petición protege la posibilidad cierta y efectiva de dirigir a
las autoridades o a los particulares, en los casos que determine la ley,
solicitudes respetuosas. Dichos sujetos no pueden negarse a recibirlas
Formulación o abstenerse de tramitarlas. Los obligados a cumplir con este derecho
deben recibir toda clase de peticiones, a excepción de las irrespetuosas.

El término de respuesta del derecho de petición debe entenderse como
un tiempo máximo que tiene la administración o el particular para
Pronta resolver la solicitud. Según la Ley 1755 de 2015, salvo norma especial,
resolución ese plazo corresponde a 15 días hábiles en las peticiones, a 10 días en
la solicitud de información o documentos o a 30 días en las consultas.

La respuesta a la petición debe ser de fondo. Por lo tanto, debe ser: (i)
clara, “inteligible y de fácil comprensión”; (ii) precisa, de forma tal que
“atienda, de manera concreta lo solicitado, sin información impertinente”
Respuesta y “sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas”; (iii) congruente, es decir,
de fondo que “abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo
solicitado”, y (iv) consecuente, lo cual implica “que no basta con ofrecer
una respuesta como si se tratara de una petición aislada (…) sino que,
si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de
las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”.

La respuesta debe ser notificada, por cuanto la notificación es el
mecanismo procesal adecuado “para que la persona conozca la
resolución de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en
Notificación el capítulo de notificaciones de la Ley 1437 de 2011”. Esta obligación
genera para la administración la responsabilidad de actuar con diligencia
para que su respuesta sea conocida.

26. En este contexto, la vulneración del derecho fundamental de petición se
configura cuando la autoridad guarda silencio y omite pronunciarse dentro de los
plazos legalmente establecidos, y cuando pese a emitir una respuesta, esta no
satisface de manera clara, precisa y congruente el contenido de la solicitud
formulada y, por tanto, no puede considerarse como una respuesta de fondo
adecuada o idónea. Igualmente, el hecho de que se brinde una respuesta no implica
la aceptación de lo requerido. Además, el término y la obligación para responder
una solicitud ópera para una entidad con independencia de que dentro de esta deba
someterse a diferentes trámites o etapas8. Esto sin perjuicio de que cuando no sea
posible resolver la petición en el plazo legal, la autoridad deberá informar al
interesado, antes de su vencimiento, los motivos de la demora y el nuevo término
razonable para responder, que no podrá exceder el doble del inicialmente previsto.

7 Corte Constitucional, Sentencias C-951 de 2014 y SU-543 de 2023.
8 Corte Constitucional, sentencia T-105 de 2015.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02417-00
Accionante: Judy Paulina Zuluaga Zuluaga
Accionado: Unidad de Administración de Carrera Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

27. No obstante, el juez constitucional puede encontrarse con escenarios en los
que, al momento de adoptar una decisión, la situación fáctica que dio lugar a la
acción de tutela por presunta afectación del derecho fundamental de petición ha
desaparecido. En tales casos, se configura la figura de la carencia actual de objeto,
toda vez que cesó la causa que motivó la intervención del juez constitucional, y ya
no subsiste un interés jurídico que justifique una orden de protección.

28. La jurisprudencia constitucional ha precisado que la carencia actual de objeto
se puede configurar por tres situaciones9: (i) hecho superado, (ii) daño consumado
o (iii) acaecimiento de una situación sobreviniente. Debido a las particularidades del
caso, esta Subsección se referirá a la hipótesis número (ii).

29. El hecho superado ocurre cuando la satisfacción del derecho parte de “una
decisión voluntaria y jurídicamente consciente del demandado”10, por razones
ajenas a la intervención del juez constitucional. Al respecto, ha señalado el Tribunal
Constitucional:

“20. La carencia actual de objeto es el fenómeno procesal que se presenta
cuando la acción de tutela pierde su razón de ser, debido a la ‘alteración o
el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la presunta
vulneración de los derechos’. Ello implica que cualquier orden del juez
caería en el vacío. Al respecto, esta Corporación ha señalado que el juez
constitucional ‘no es un órgano consultivo que emite conceptos o
decisiones inocuas una vez ha dejado de existir el objeto jurídico, sobre
escenarios hipotéticos, consumados o ya superados’. De ello se infiere que
la intervención del juez de tutela solo procederá cuando sea necesario
desde un punto de vista constitucional.

21. Bajo ese entendido, la doctrina constitucional ha desarrollado el
concepto de la carencia actual de objeto para identificar este tipo de
eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el
juez para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses
jurídicos cuya garantía le ha sido reclamada. Así las cosas, ha establecido
que dicha figura se puede materializar a través de los
siguientes fenómenos: (i) hecho superado; (ii) daño consumado
o (iii) situación sobreviniente.

22. El hecho superado ocurre cuando “(i) efectivamente se ha satisfecho
por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela; (iii) y que la
entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar) motu proprio,
es decir, voluntariamente”11.

Análisis del caso concreto

30. El 3 de febrero de 2026, la tutelante presentó una petición ante la UNACJ,
mediante la cual solicitó que se restableciera su inscripción en el cargo de Juez
Penal del Circuito en la modalidad de ascenso, al estimar que, con la aclaración
contenida en el Oficio CJO26-545, se acreditaba el cumplimiento de los requisitos

9 Corte Constitucional, sentencia SU-109 de 2022.
10 Corte Constitucional, sentencia T-104 de 2020.
11 Corte Constitucional, sentencia T-070 de 2023.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02417-00
Accionante: Judy Paulina Zuluaga Zuluaga
Accionado: Unidad de Administración de Carrera Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

exigidos. Esta solicitud fue reiterada el 10 de febrero del mismo año y resuelta
mediante Oficio CJO26-1770 del 10 de abril de 2026.

31. En primer lugar, la Sala examinará la legitimación en la causa; en segundo
lugar, analizará la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado.

Legitimación en la causa por activa y pasiva

32. Judy Paulina Zuluaga Zuluaga cuenta con legitimación en la causa por activa,
dado que ostenta la titularidad del derecho fundamental cuya vulneración invoca.
En tal condición, actúa como la persona directamente afectada por la presunta
violación del derecho de petición, acceso a la función pública y al mérito, igualdad y
acceso a la administración de justicia atribuido a la UNACJ.

33. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra la UNACJ,
autoridad a la que se le atribuye la presunta transgresión de los derechos
fundamentales alegados por la actora.

La carencia actual de objeto por hecho superado

34. Mediante Oficio CJO26-1770 del 10 de abril de 2026, la entidad accionada
emitió respuesta de fondo y coherente a la solicitud presentada por la accionante.
En dicha comunicación, la UNACJ informó que, una vez verificada la información
correspondiente, procederá a actualizar su modalidad de participación en el sistema
conforme a lo solicitado, esto es, la de ascenso. Además, indicó que los documentos
aportados serán valorados en esta forma de presentación a la Convocatoria 28.
Asimismo, precisó que dicho cambio se verá reflejado con la publicación de la
resolución mediante la cual se determine la admisión o rechazo de los aspirantes
en el concurso. Finalmente, la UNACJ informó que notificó la respuesta a la actora
ese mismo día, a través del correo electrónico suministrado por ella para efectos de
notificación12.

35. En ese contexto, la Sala advierte la configuración de la carencia actual de objeto
por hecho superado, en la medida en que el derecho invocado fue satisfecho. En
efecto, la autoridad accionada, de manera voluntaria y sin mediar orden judicial,
emitió respuesta de fondo a las peticiones presentadas el 3 y el 10 de febrero de
2026. En consecuencia, desapareció la situación que dio origen a la acción de
tutela, lo que torna improcedente un pronunciamiento de fondo por parte del juez
constitucional sobre la presunta vulneración alegada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

12 Índice electrónico 010 de SAMAI. 10_MemorialWeb_Otro-CJO261782(.pdf) NroActua 10.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02417-00
Accionante: Judy Paulina Zuluaga Zuluaga
Accionado: Unidad de Administración de Carrera Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO, en el proceso de la referencia, de acuerdo con lo razonado en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

9

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