Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02420-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02420-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02420-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
23 de abril de 2026
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Oficina de Recepción de Procesos
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02420-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02420-00
Demandante: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
(COLPENSIONES)
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - OFICINA DE
RECEPCIÓN DE PROCESOS
TEMA: Tutela de fondo – derecho fundamental de petición.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la acción de tutela formulada por la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones), de conformidad con los Decretos 2591
de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080
de 20191 de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), a través
de apoderado judicial, presentó acción de tutela2 contra la «OFICINA DE
RECEPCI[Ó]N PROCESOS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA», con
el fin de que se protejan sus derechos fundamentales de petición y de acceso a la
administración de justicia.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas ante la omisión
de la autoridad accionada en resolver de fondo la solicitud que radicó el 12 de marzo
de 2026.
1.2. Pretensiones
La parte actora pidió lo siguiente:
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Mediante escrito radicado el 26 de marzo de 2026, a través del aplicativo web de recepción de
tutelas y habeas corpus en línea y enviado en la misma fecha a la Secretaría General del Consejo
de Estado.
1
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Oficina de Recepción de Procesos
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02420-00
Con fundamente en los hechos relacionado, solicito señor juez que se ampare los
derechos fundamentales de petición y al debido proceso por no dar respuesta clara
y oportuna a las peticiones formuladas en el derecho de petición presentado el doce
(12) de marzo de dos mil veintiséis (2026.), por consiguiente, ordenar a la OFICINA
DE RECEPCION PROCESOS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA a
emitir de manera inmediate respuesta clara y de fondo al derecho de petición
presentado3.
1.3. Hechos
La parte accionante fundó su escrito de tutela en los siguientes:
Señaló que el 13 de agosto de 2020 radicó dos demandas en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la señora Lucía de Jesús
Acevedo Bedoya, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. La primera con el fin
de obtener la nulidad de la Resolución 4302 de 9 de marzo de 2005, a través de la
cual se le reconoció una sustitución pensional con ocasión a la muerte del señor
Efrén Ignacio Arteaga Mazo. Y la segunda, para obtener la nulidad de la Resolución
1139 de 25 febrero 2002, con la que se le reconoció también una sustitución
pensional, pero por la muerte del señor Vitalino de Jesús Yepes Muñoz.
Indicó que el 9 de septiembre de 2020 le requirió a la Oficina de Recepción de
Procesos del Tribunal Administrativo de Antioquia que le remitiera el acta de reparto
de la primera demanda. No obstante, explicó que, ante la ausencia de respuesta a
esta petición, el 13 de noviembre de 2024 reiteró su solicitud.
Puso de presente que el 19 de noviembre de 2024 la «Oficina Apoyo Judicial
Juzgados administrativos» le informó que «los datos suministrados en los juzgados
administrativos coincide el proceso con radicado 05001333303720230018200, el
cual fue remitido por competencia por el TAA, debe verificar directamente con el
juzgado si corresponde al expediente que busca».
Alegó que la información suministrada por la entidad accionada correspondía al
proceso radicado con ocasión a la sustitución pensional del señor Vitalino de Jesús
Yepes Muñoz, mas no a la del señor Efrén Ignacio Arteaga Mazo, dado que son dos
demandas con pretensiones y actos administrativos diferentes.
Afirmó que, con ocasión a lo anterior, el 12 de marzo de 2026 radicó nuevamente
una petición ante la Oficina de Recepción de Procesos del Tribunal Administrativo
de Antioquia con el fin de obtener el acta de reparto de la mencionada demanda.
Refirió que el 13 de marzo de 2026 la entidad accionada le contestó lo que se
trascribe a continuación:
[…] la demanda presentada el 13 de agosto de 2020, cuyo demandante es la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, contra la
señora LUCIA DE JESUS ACEVEDO BEDOYA, fue radicada el 24 de agosto de
2020, bajo el Nro. 05001-23-33-000-2020-03011-00, cuyo Magistrado Ponente es el
Dr. JORGE LEON ARANGO FRANCO.
3 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
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1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales, comoquiera que
la Oficina de Recepción de Procesos del Tribunal Administrativo de Antioquia no le
ha otorgado una respuesta de fondo a su solicitud, puesto que a la fecha no le ha
indicado el número de radicación de la demanda presentada el 13 de agosto de
2020 contra la señora Lucía de Jesús Acevedo Bedoya, con el fin de obtener la
nulidad de la Resolución 4302 de 9 de marzo de 2005, a través de la cual se le
reconoció una sustitución pensional con ocasión a la muerte Efrén Ignacio Arteaga
Mazo.
Precisó que la entidad accionada se ha limitado a otorgar el número de radicado de
otra demanda que no corresponde a la que está solicitando, situación que también
afecta el derecho de acceso a la administración de justicia, puesto que le impide
conocer el estado real del proceso.
1.5. Trámite de la actuación
Con auto de 6 de abril de 2026, el magistrado ponente de esta decisión admitió la
tutela y ordenó notificar a la parte actora, así como al Tribunal Administrativo de
Antioquia, Secretaría General, Oficina de recepción de demandas, en calidad de
autoridad accionada.
Así mismo, se reconoció a la abogada Angélica Margoth Cohen Mendoza como
apoderada de la entidad accionante, en los términos y para los efectos del poder
conferido en su favor.
1.6. Contestación
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentó la siguiente intervención:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia
La secretaria general de la entidad solicitó que se desestimen las pretensiones de
la acción de tutela, puesto que no evidencia una acción u omisión atribuible al
Tribunal Administrativo de Antioquia que configure la vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora.
Al respecto, confirmó lo siguiente:
• Que al revisarse las actuaciones relacionadas con el asunto de la referencia
pudo evidenciar que Colpensiones presentó dos demandas el 13 de agosto de 2020
contra la señora Lucía de Jesús Acevedo Bedoya.
• Que el 9 de septiembre de 2020 la accionante solicitó el acta de reparto
respecto del causante Efrén Ignacio Arteaga Mazo, pero que lo hizo «en el hilo de
correos respecto de otra demanda radicada en la misma fecha contra el señor
Miguel Jaime Pérez Martínez. En consecuencia, se le dio respuesta indicándole que
el acta de reparto se encontraba en el correo inmediatamente anterior».
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• Que ante dicha respuesta la accionada no realizó alguna manifestación.
• Que el 13 de noviembre de 2024 la actora elevó una nueva solicitud en la
que no se precisaron elementos suficientes para su adecuada identificación.
• Que el 19 de noviembre de 2024 el equipo de reparto le suministró el número
de radicación y el acta de reparto de la demanda promovida contra la señora Lucía
de Jesús Acevedo Bedoya, «Lo anterior, en la medida en que la petición no
especificaba que se trataba de dos demandas con identidad de partes, pero con
hechos y pretensiones distintos». Ante esta respuesta la accionante no realizó
alguna manifestación adicional.
• Que esta última petición fue radicada en los correos
demandasadmmed@cendoj.ramajudicial.gov.co y
demandastaant@cendoj.ramajudicial.gov.co, los cuales están habilitados
exclusivamente para la recepción de demandas, mientras que el dispuesto para la
radicación de memoriales y solicitudes es
memorialestaant@cendoj.ramajudicial.gov.co.
• Que la petición de 12 de marzo de 2026 carecía de claridad, puesto que «no
se indicó que el mismo día se habían radicado dos demandas diferentes, ni se
aportaron elementos que permitieran individualizar el asunto respecto del cual se
requería información».
• Que el 13 de marzo se le consignó el resultado de la búsqueda realizada en
los sistemas de información y se detalló los registros encontrados conforme a los
datos suministrados. No obstante, la accionante no presentó alguna manifestación
al respecto.
Afirmó que la entidad ha actuado de manera diligente, puesto que ha brindado las
respuestas oportunas y de fondo conforme a la información suministrada, y que es
la «falta de precisión en las solicitudes de la accionante la que impidió una
identificación adecuada de los asuntos».
Alegó que la acción de tutela no cumple con el requisito de la inmediatez,
comoquiera que la situación que origina la inconformidad se remonta al 13 de agosto
de 2020.
Por último, trajo a colación lo siguiente:
Finalmente, debe tenerse en cuenta que durante el año 2020 la administración de
justicia afrontó desafíos significativos derivados de la emergencia sanitaria
ocasionada por el COVID-19, incluyendo la implementación de herramientas digitales
como SAMAI, así como ajustes operativos en los canales de atención, circunstancias
que fueron superadas progresivamente y que, en todo caso, no implicaron la
vulneración de derechos fundamentales.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por Colpensiones contra el Tribunal Administrativo de Antioquia –
Oficina de Recepción de Procesos, de conformidad con lo establecido por el artículo
2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el
Acuerdo 080 de 20194, artículo 25, de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales invocados por Colpensiones por parte
del Tribunal Administrativo de Antioquia – Oficina de Recepción de Procesos, ante
la falta de respuesta de fondo a la petición de 12 de marzo de 2026.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza
de la acción de tutela, (ii) del derecho de petición, y (iii) el caso concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable5.
2.4. Del derecho de petición
La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental
de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de «presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular
y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior precisa que el legislador
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.
La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».
4 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
5 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
5
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Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 20156, que señala 15 días para resolver la misma, de
no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.
Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:
[...] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la
solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.
Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la
autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del
peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada7.
Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
[...] la notificación [...] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»8.
En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:
6 «ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto».
7 Sentencia T-149 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
8 Ibídem.
6
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i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de
la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión9; ii) su contenido esencial comprende
los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos
respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o
se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación
material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud,
sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los
asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta),
excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo10.11
Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho
a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta,
cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.
2.5. Caso concreto
2.5.1. En el sub examine la tutelante alegó que la Oficina de Recepción de Procesos
del Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró sus derechos fundamentales de
petición y de acceso a la administración de justicia, dado que a la fecha de
presentación de esta acción constitucional no ha resuelto de fondo la petición de 12
de marzo de 2026, en la que pidió lo siguiente:
HECHOS RELEVANTES QUE MOTIVAN ESTA SOLICITUD
PRIMERO: El día 13 de agosto de 2020, la Suscrita en condición de Apoderada de
la Administradora Colombiana de Pensiones, radicó demanda en contra de la señora
Lucía De Jesús Acevedo Bedoya, identificada con cédula de ciudadanía N°
21842405, (Causante EFREN IGNACIO ARTEAGA MAZO C.C 2712244), y se hizo
al correo electrónico de su Entidad
denominadodemandastaant@cendoj.ramajudicial.gov.co , así:
[…]
En dicha captura de pantalla que evidencia la presentación de la demanda, se logra
apreciar un documento anexo en formato “pdf”, denominado
“CC_2712244_Efren_Arteaga”
[…]
9 Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido ver la sentencia
T-796/01 M.P. Jaime Araujo Rentería.
10 Sentencia T-94/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
11 Sentencia C-510 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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SEXTO: Una vez manifestado lo anterior, se le informa que el proceso con radicado
05001333303720230018200, corresponde a otro proceso completamente diferente,
si bien hay coincidencia respecto a la misma Demandada, esto es, la señora LUCIA
DE JESUS ACEVEDO BEDOYA, no ocurre así, respecto al acto demandado y al
Causante, pues corresponde a VITALINO DE JESUS YEPES MUCHOZ una persona
completamente diferente, en el cual se demanda la nulidad de la Resolución 1139
del 25 de febrero de 2002, mediante la cual el ISS hoy COLPENSIONES decidió
reconocer y ordenar el pago de una sustitución pensional con ocasión de la
muerte del señor Vitalino De Jesús Yépez Muñoz, a favor de la señora Lucia De
Jesús Acevedo Bedoya en un porcentaje del 100%, toda vez que el reconocimiento
pensional es irregular.
[…]
SEPTIMO: Una vez manifestado lo anterior, se logra evidenciar que los actos
administrativos a demandar, hechos y pretensiones son completamente diferentes
como se muestra a continuación:
PETICIONES
PRIMERA: Que la Oficina “RECEPCION PROCESOS TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA”, revise claramente y expida el ACTA DE
REPARTO, de la demanda que formuló Colpensiones en contra de la señora LUCIA
DE JESUS ACEVEDO BEDOYA, cuyo Causante es EFRAÍN IGNACIO ARTEAGA
MAZO, en el cual de demanda la resolución No. 4302 del 09 de marzo de 2005,
mediante la cual el ISS decidió reconocer y ordenar el pago de una sustitución
pensional a favor del señor Efrén Ignacio Arteaga Mazo identificado con el número
de cedula 2712244, en un porcentaje del 100%, toda vez que el reconocimiento
pensional es irregular.
SEGUNDA: Que una vez se remita el acta correspondiente, y se haga el respectivo
reparto, se le exprese al juez de conocimiento, que la demora obedeció a un error
humano e involuntario en la Oficina de Reparto, pues entendemos que al parecer fue
una confusión en la oficina , toda vez que el demandado es la misma persona, solo
que los actos administrativos son distintos.
TERCERA: Si su Despacho considera tener una explicación más amplia sobre este
asunto, con todo gusto estaremos atentos y muy dispuestos a superar este tema,
entendiendo que, en ese momento histórico, (2020) sucedieron situaciones por la
implementación del nuevo sistema de formulación y posteriores repartos de
demandas judiciales12.
Con ocasión a los hechos y a la intervención realizada durante este trámite
constitucional, se evidencia que el 13 de marzo de 2026, la Oficina de Recepción
de Procesos del Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió la petición de la
accionante, en los siguientes términos:
En atención a su solicitud del 12 de los corrientes, me permito informarle que, la
demanda presentada el 13 de agosto de 2020, cuyo demandante es la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, contra la
señora LUCIA DE JESUS ACEVEDO BEDOYA, fue radicada el 24 de agosto de
2020, bajo el Nro. 05001-23-33-000-2020-03011-00, cuyo Magistrado Ponente es el
Dr. JORGE LEON ARANGO FRANCO.[…]
Dicha demanda fue inadmitida el 28 del mismo mes y año.
Se recibió memorial de subsanación el 14 de septiembre de 2020.
12 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
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Se recibió nuevamente memorial por la parte demandante allegando solicitud para
notificaciones.
Mediante auto del 12 de febrero de 2021, declara la falta de competencia y ordena
remitir a los Juzgados Laborales de Medellin.
El 22 de del mismo mes, se remitió el expediente.
El 11 de julio de 2023, regresó el proceso.
El 28 de julio de 2023, se dicta auto de cúmplase lo resuelto por el Superior, por
cuanto el Juzgado 15 Laboral, propuso Conflicto Negativo de Competencia y la H.
Corte Constitucional, mediante auto del 26 de abril de 2023, dirimió el conflicto
suscitado por el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Medellín y declaró que el Tribunal
Administrativo de Antioquia es la autoridad competente para conocer la demanda; en
el mismo auto, declaró la falta de competencia y ordenó la remisión a los Juzgados
Administrativos de Oralidad del Circuito de Medellin.
El 14 de agosto de 2023, se remitió el proceso a los Juzgados Administrativos de
Oralidad del Circuito de Medellin13.
Empero, Colpensiones insiste en afirmar que este proceso corresponde a la
demanda presentada para obtener la nulidad de la Resolución 1139 de 25 febrero
2002, con la que se le reconoció una sustitución pensional, pero por la muerte del
señor Vitalino de Jesús Yepes Muñoz, mas no la del señor Efrén Ignacio Arteaga
Mazo.
Ahora bien, como quedó establecido en líneas previas, en la respuesta de 13 de
marzo de 2026 otorgada por la Oficina de Recepción de Procesos del Tribunal
Administrativo de Antioquia, se le informó a la actora el trámite adelantado respecto
de una de las demandas presentada por Colpensiones, particularmente, la radicada
bajo el número 05001-23-33-000-2020-03011-00.
No obstante, en dicho oficio la autoridad accionada no se pronunció sobre lo
relacionado con la segunda demanda que presentó la parte actora contra la señora
Lucía de Jesús Acevedo Bedoya, pese a que en su informe aceptó que se radicaron
2 procesos, tal como se trascribe a continuación:
Revisadas las actuaciones relacionadas con el asunto de la referencia, se advierte
que el 13 de agosto de 2020, la accionante presentó dos demandas en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la señora
Lucía de Jesús Acevedo Bedoya.
En la primera de ellas, se demandó la Resolución núm. 4302 del 9 de marzo de 2005,
relacionada con el reconocimiento presuntamente irregular de la sustitución
pensional con ocasión del fallecimiento del señor Efrén Ignacio Arteaga Mazo. […]
En la segunda, se demandó la Resolución núm. 1139 del 25 de febrero de 2002, por
el reconocimiento presuntamente irregular de la sustitución pensional con ocasión
del fallecimiento del señor Vitalino de Jesús Yepes Muñoz.
13 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
9
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Oficina de Recepción de Procesos
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02420-00
Así las cosas, la Sala encuentra que con la contestación de 13 de marzo de 2026 la
Oficina de Recepción de Procesos del Tribunal Administrativo de Antioquia no
resolvió de fondo, de manera clara y congruente la petición de 12 de marzo de 2026,
puesto que, se reitera, no precisó lo relacionado con la segunda demanda radicada
correspondiente al causante Efrén Ignacio Arteaga Mazo, pese a que en el cuerpo
del escrito quedaron claros los hechos que dieron lugar a su pretensión del remisión
del acta de reparto de las demandas radicadas el 13 de agosto de 2020.
Esta omisión también vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia,
toda vez que no le permite conocer a la parte actora el trámite que se le ha dado a
la demanda que presentó el 13 de agosto de 2020.
En consecuencia, se ampararán los derechos fundamentales de petición y de
acceso a la administración de justicia de Colpensiones y se ordenará que, en el
término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, resuelva de fondo la petición de 12 de marzo de 2026, radicada por la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), en el sentido de indicarle
lo relacionado con la demanda radicada el 13 de agosto de 2020, correspondiente
al causante Efrén Ignacio Arteaga Mazo.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Oficina de Recepción de Procesos
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02420-00
FALLA:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de petición y de acceso a la
administración de justicia de la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones).
SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Recepción de Procesos del Tribunal
Administrativo de Antioquia que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva de fondo la petición de 12
de marzo de 2026 radicada por la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) en el sentido de indicarle lo relacionado con la demanda radicada el
13 de agosto de 2020, correspondiente al causante Efrén Ignacio Arteaga Mazo.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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