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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02423-00

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02423-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por las DIRECCIONES EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02423-00 Actor: ROLDÁN ELIECER SALGADO CARVAJALINO quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02423-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02423-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ROLDÁN ELIECER SALGADO CARVAJALINO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA PARTE
ACTORA NO CUMPLIÓ CON LA CARGA MÍNIMA ARGUMENTATIVA, ADEMÁS, SE
EVIDENCIA QUE LO PRETENDIDO ES CREAR UNA INSTANCIA ADICIONAL
DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO.

DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la SALA SEXTA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor ROLDÁN ELIECER SALGADO CARVAJALINO, actuando

en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su

1
En adelante el Tribunal.

2

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Actor: ROLDÁN ELIECER SALGADO CARVAJALINO

derecho fundamental al debido proceso, el cual estima vulnerado por

el TRIBUNAL al haber proferido la providencia 29 de septiembre de

2025, dentro del medio de control de repetición identificado con el

número único de radicación 2017-00398-01.

I.2. Hechos

Manifestó que la NACIÓN - RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL2 presentó en su

contra demanda en ejercicio del medio de control de repetición, con

el fin de obtener el pago de las sumas de dinero que la entidad pagó

con ocasión a la condena impuesta por el TRIBUNAL en la sentencia

proferida el 5 de septiembre de 2013, dentro del proceso de

reparación directa identificado con el número único de radicación

2009-00250-00, debido a los perjuicios que ocasionó la omisión del

JUZGADО PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE MONTERÍA,

despacho del que fungió como secretario, al no acatar el embargo

del remanente ordenado por el JUZGADO DE FAMILIA DE

DOSQUEBRADAS (RISARALDA), orden que garantizaría el pago de

los alimentos a favor de un menor de edad.

Indicó que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 2017-00398-00 y le correspondió por reparto al

JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

2
En adelante la Dirección.

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Actor: ROLDÁN ELIECER SALGADO CARVAJALINO

MONTERÍA3 que, mediante providencia de 29 de junio de 2023

denegó las pretensiones incoadas.

Arguyó que inconforme con la anterior decisión la DIRECCIÓN

interpuso recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, en

providencia de 29 de septiembre de 2025, revocó la decisión del a

quo y, en su lugar, lo declaró administrativamente responsable del

pago de la condena impuesta a dicha entidad y lo condenó a pagar

la suma de $39.702.601.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la providencia judicial incurrió en defecto

fáctico, por cuanto efectuó una indebida valoración de las pruebas

con las que se pretendía desvirtuar la presunción de culpa grave.

Aseguró que también incurrió en desconocimiento del precedente

constitucional4 al imponerle la condena sin analizar su

responsabilidad subjetiva.

Mencionó que de igual manera incurrió en defecto procedimental,

ya que omitió pronunciarse sobre la falta de legitimación en la causa

de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE MONTERÍA5 y, además,

3
En adelante el Juzgado.
4
El actor hizo referencia a las sentencias T-089 de 2025, SU-259 de 2021, y T-008 de 2022.
5
En adelante Seccional.

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desconoció el principio de congruencia de las acciones judiciales

como garantía fundamental del debido proceso.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,

en consecuencia:

“[…] PRIMERO: SE ORDENE DEJAR SIN VALOR NI EFECTOS
JURIDICOS la sentencia de segunda instancia del 29 de
septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba sala sexta de decisión Magistrada ponente Luz Elena Petro
Espitia dentro del proceso de repetición con radicado 23-001-33-
33- 006-2017-00398-01.

SEGUNDO: EN SU LUGAR TUTELAR, el derecho fundamental al
debido proceso del demandante ROLDAN ELIECER SALGADO
CARVAJALINO, por incurrir en una vía de hecho discriminados en
la sentencia C-590/2005 y fue causa de que se me haya afectado
el derecho fundamental a la que me negó las pretensiones de la
demanda de primera instancia, por defecto factico, en acción de
repetición por omitir el análisis de pruebas aportadas con las que
pretendía desvirtuar la presunción de culpa grave,
desconocimiento del precedente constitucional, al
condenarme patrimonialmente a pagar a favor de la nación-rama
judicial la suma de $39.702.601. con base a la sentencia de acción
de repetición sin analizar mi responsabilidad subjetiva el juez
contencioso tiene la obligación de esclarecer la responsabilidad
subjetiva del funcionario, ya sea a título de dolo o culpa grave.

En este caso, la sentencia del Tribunal Administrativo de Córdoba
al fundamentar la responsabilidad patrimonial en el proceso de
repetición con base en la sentencia desconoció el precedente
establecido por esta Corporación sobre la materia, en las
sentencias T-089 de 2025, SU-259 de 2021, y T-008 de 2022. En
ese sentido, sostengo que se configuró el mencionado defecto.

Defecto procedimental, al omitir pronunciarse sobre la falta de
legitimación en la causa de la dirección ejecutiva seccional de
administración judicial de montería y desconoció el principio de
congruencia de las acciones judiciales, es una garantía
fundamental del debido proceso que exige que el fallo del juez
guarde estricta consonancia con los hechos, pretensiones y
excepciones planteados por las partes, prohibiendo decidir más allá
de lo pedido ultra petita fuera de lo pedido extra petita o incurrir

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en contradicciones

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Córdoba
efectué un estudio completo de las pruebas aportadas por el
demandante con el fin de que exista una valoración integral en el
proceso de repetición Y DISPONER que se profiera sentencia de
reemplazo siguiendo los lineamientos de la parte motiva de la
sentencia proferida por el consejo de estado sala de lo contencioso
administrativo. VINCULAR a la dirección ejecutiva seccional de
administración judicial de montería, al tribunal administrativo de
Córdoba y al juzgado juzgado sexto administrativo del circuito
judicial de montería y REQUERIRLOS para que remitan, en forma
URGENTE, copias de todas las actuaciones judiciales relacionadas
dentro del proceso de acción de repetición […]”. (Destacado
pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente digital del

medio de control objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento

alguno frente al fondo del asunto.

I.5.2.- La DIRECCIÓN solicitó ser desvinculada del trámite

constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva,

dado que no ha incurrido en la vulneración de las garantías

constitucionales invocadas por el actor.

I.5.3.- La SECCIONAL manifestó que no goza de legitimación en la

causa por pasiva, en la medida que no tiene competencia, ni

injerencia alguna en las decisiones judiciales, por lo que solicitó su

desvinculación.

I.5.4.- El TRIBUNAL pese a ser notificado del presente trámite,

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guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala se pronunciará

respecto de los siguientes aspectos concernientes a: i) las solicitudes

de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva

presentadas la DIRECCIÓN y la SECCIONAL; y ii) el escrito

mediante el cual el actor solicita una medida cautelar.

i) De las solicitudes de desvinculación

La Sala advierte que la DIRECCIÓN y la SECCIONAL solicitaron ser

desvinculadas de la presente acción de tutela, por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

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Ahora bien, comoquiera que dichas autoridades actuaron como parte

demandante dentro del medio de control objeto de cuestionamiento,

les asiste interés directo en las resultas del proceso constitucional de

la referencia, razón por la cual la Sala denegará las solicitudes de

desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

ii) De la solicitud de medida cautelar.

En lo referente a la solicitud de medida cautelar allegada por el actor

el pasado 10 de abril del año en curso6 referente a que se suspendan

los efectos de la providencia cuestionada y las posibles acciones de

cobro que se deriven de ella, en este caso no hay lugar a emitir un

pronunciamiento al respecto, puesto que a través de la presente

sentencia se resuelve de manera definitiva la controversia planteada

por aquel.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

6
Índice núm. 15 aplicativo Samai
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23001100103

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asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente

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una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no

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pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]

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i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 29 de septiembre de 2025

proferida por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de

repetición identificado con el número único de radicación 2017-

00398-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho

fundamental al debido proceso, habida cuenta que, a juicio del actor,

incurrió en defecto fáctico, por cuanto efectuó una indebida

valoración de las pruebas con las que se pretendía desvirtuar la

presunción de culpa grave.

Aseguró que también incurrió en desconocimiento del precedente

constitucional al imponerle la condena sin analizar su responsabilidad

subjetiva.

Mencionó que de igual manera incurrió en defecto procedimental,

ya que omitió pronunciarse sobre la falta de legitimación en la causa

de la SECCIONAL y, además, desconoció el principio de congruencia

de las acciones judiciales como garantía fundamental del debido

proceso.

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Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

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esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».8

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [11].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos

7
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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Actor: ROLDÁN ELIECER SALGADO CARVAJALINO

necesarios [12].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [13].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de

[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [15].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [16]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

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procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la

presente acción de tutela no cumple con el requisito general de la

relevancia constitucional, en la medida en que lo pretendido por el

actor es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a

consideración del juez natural, como si este mecanismo

constitucional se tratara de una instancia adicional al proceso

ordinario.

En efecto, la inconformidad del actor se sustenta, básicamente, en

que la autoridad judicial accionada interpretó indebidamente las

pruebas y la jurisprudencia aplicable al asunto, además de omitir el

análisis de su responsabilidad subjetiva para determinar la condena.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, gira en torno a la inconformidad con la decisión

adoptada por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por el

TRIBUNAL, así:

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“[…] 2.4 Caso concreto […]

Revisado lo anterior, pasa la Sala a darle respuesta al problema
jurídico planteado, el cual se recuerda en esta oportunidad:

¿Si en el presente caso se encuentra acreditado que el
demandado en su calidad de servidor público actuó con
culpa grave dando lugar al pago de una condena
contenida en una sentencia judicial?

En el presente caso, la juez de instancia negó las pretensiones
de la demanda al considerar que en el caso concreto no existe
prueba alguna que acredite que el agente actuó con dolo o culpa
grave, pues si bien inicialmente el proceso disciplinario incoado
por la Juez Primero Civil Municipal de Montería, como Nominador
del servidor judicial, le sancionó con suspensión del cargo por el
término de tres meses, tras catalogar su actuar como falta
culposa, al ser apelada la decisión, el ad quem no encontró dolo
en la omisión que dio lugar a la investigación.

Por su parte, en el recurso de apelación la parte demandante
alega que en el proceso se acreditó con la conducta del señor
Roldan Eliecer Salgado Carvajalino la culpa grave, por no haberle
dado trámite al oficio No. 661 del 23 de agosto de 2005 del
Juzgado de Familia de Dosquebradas Risaralda; el cual ordenaba
el embargo de remanente sobre el bien inmueble con M.I. No.
140- 31809 de Montería, incumpliendo de esta manera, con el
deber legal dispuesto en el inciso 3º del artículo 543 de código
procesad civil, además, añade que la conducta del secretario del
Juzgado Primero Civil Municipal de Montería se encuadra en la
presunción de Culpa Grave consagrada en el artículo 6º, numeral
1º de la Ley 678 de 2001.

De acuerdo con el recurso interpuesto, las documentales antes
reseñadas y habiéndose acreditado la existencia de una
sentencia condenatoria, el pago correspondiente y la calidad de
servidor de la Rama Judicial del señor Roldan Eliecer Salgado
Carvajalino, corresponde a la Sala determinar si este incurrió en
una conducta gravemente culposa al no haberle dado trámite
oportuno al oficio N° 661 del 23 de agosto de 2005 del Juzgado
de Familia de Dosquebradas Risaralda, el cual ordenaba el
embargo de remanente sobre el bien inmueble con M.I. No. 140-
31809 de Montería y que trajo como consecuencia que el
inmueble hipotecado al redimirse la deuda por el pago de ésta,
quedó libre del gravamen que pesaba sobre él y su propietario
pudo enajenarlo, dejando así el proceso ejecutivo de alimentos,
sin garantía para forzar el pago de las cuotas de alimento que el
ejecutado adeudaba a su menor hijo, y por el cual se le seguía
dicho proceso.

Ahora, bien sobre la acreditación de culpa grave debe

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establecerse con las documentales allegadas en este proceso si
la conducta desplegada por el agente determinó el daño
antijurídico por el cual se condenó al Estado, teniendo en cuenta
como concepto de culpa grave el señalado en el artículo 6 de la
Ley 678 de 2001 que señala que la conducta del agente del
Estado es gravemente culposa cuando el daño es
consecuencia de una infracción directa a la Constitución o
a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en
el ejercicio de las funciones.

Al respecto se precisa, y frente a lo cual no hay controversia que
el día 15 de septiembre de 2005 se recibió en el Juzgado Civil
Municipal por parte del secretario señor Roldan Eliecer Salgado
Carvajalino el Oficio N°661 del 23 de agosto de 2005
proveniente del Juzgado de Familia de Dosquebradas Risaralda
con destino a un proceso ejecutivo hipotecario con radicado
N°01112- 2004, promovido por Coomeva contra el señor Luis
Fernando Mass González, que en ese despacho cursaba y al cual
se dirigía la medida cautelar decretada.

También se acreditó que en el mencionado proceso ejecutivo
culminó por pago total de la obligación el 24 de marzo de 2006
ordenándose el levantamiento de la medida de embargo que
pesaba sobre el bien inmueble y que en virtud de esa decisión el
señor Roldan Eliecer Salgado Carvajalino en calidad de
secretario del Juzgado Civil Municipal de Montería emitió oficio
comunicando el desembargo el 6 de junio de 2006.

Respecto de la omisión en darle trámite al Oficio N°661 del 23
de agosto de 2005 proveniente del Juzgado de Familia de
Dosquebradas Risaralda el cual motivó la condena que dio origen
a la presente acción, se advierte con el interrogatorio de parte
rendido ante el Juzgado de instancia y en aras de identificar el
trámite impartido a dicho oficio se le preguntó al señor Roldan
Eliecer Salgado Carvajalino acerca de lo ocurrido con el oficio y
si anexó el mismo al expediente o no, sin que se obtuviera una
respuesta clara del demandado, contrario a ello, siempre se
refirió a la forma en cómo debe efectuarse el trámite emitiendo
respuestas como Los oficios se reciben, luego se busca el
expediente y se le anexa el recibido y ahí permanece legajado,
cuando se le preguntó ¿Que trámite le dio a ese oficio? Contestó
el trámite de ese oficio es agregárselo al expediente para que
permaneciera agregado al expediente, y luego, indicó el trámite
es agregarlo al expediente y dejarlo anexado para que cuando
se vaya a terminar el proceso tenerlo en cuenta.

De lo anterior, se concluye que el demandado no afirmó la
realización de actuación alguna relacionada con el oficio en
mención. […]

De las anteriores disposiciones normativas se advierte que

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dentro de las funciones en cabeza del señor Roldan Eliecer
Salgado Carvajalino en su calidad de secretario del Juzgado Civil
Municipal de Montería se encontraba la de pasar oportunamente
al despacho del Juez los asuntos en que deba dictarse
providencia, sin que fuera necesario petición de parte y frente a
las actuaciones propias en el proceso ejecutivo en cuestión tenía
la función de dejar testimonio del día y la hora en que se
recibieran los oficios de embargo. Como quiera que se acreditó
que una vez se levantó la medida cautelar del bien no se le dio
trámite al oficio de remanente, es claro que el demandado omitió
la realización de una actuación que ocasionó el daño antijurídico
por el cual se condenó al Estado, ahora, dicha actuación se
realizó con culpa grave, en tanto, tal y como lo señala el artículo
6 de la ley 678 de 2001 el mismo es consecuencia de una
infracción directa a las funciones asignadas legalmente al
servidor judicial. Que en el caso concreto dicha culpa grave se
advierte de las mismas declaraciones rendidas por el demandado
al interior del proceso disciplinario, en donde reconoció no solo
que recibió el oficio, sino que no realizó actuación alguna con el
mismo, confiándose de una persona externa al juzgado que le
estaba ayudando con el trámite de los documentos que se
recibían en esa Unidad Judicial, es decir, que en ese momento
reconoció la infracción a sus funciones legalmente asignadas
como servidor judicial.

De este modo, es claro que ha dicho oficio no se le dio tramite y
en consecuencia se libró el respectivo oficio de desembargo, sin
tener en cuenta el embargo del remanente decretado por el
Juzgado promiscuo de Familia de Dosquebradas-Risaralda, y ello
conllevó a que el padre del menor pudiera enajenar el bien
sustrayéndose de la obligación alimentaria con su hijo, todo lo
cual acredita el presupuesto del medio de control de repetición
relacionado con la actuación del agente del Estado.

Frente a este punto, debe precisarse que en el caso concreto
para la Sala tal y como ya se mencionó, al oficio no se le dio el
trámite que le correspondía, que era una vez recibido incluirlo
en el expediente dejando sentado día y hora del recibido
conforme lo señala el artículo 543 del Código de Procedimiento
Civil- vigente para el momento del proceso ejecutivo adelantado,
obligación que se encontraba en cabeza del Secretario del
juzgado y no del juez, en tanto, al no haberse incluido en el
expediente al momento de ordenarse el desembargo no era
posible tenerse en cuenta el mismo por parte del operador
judicial.

A lo anterior, se suma al hecho de que en la investigación
disciplinaria adelantada contra el señor Roldan Eliecer Salgado
Carvajalino en calidad de secretario del Juzgado Civil Municipal
de Montería por los hechos ocurridos con el proceso en mención
el aquí demandado reconoció la omisión realizada en el trámite

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al oficio de embargo, de esta manera: […]

Conforme lo expuesto, en la ya mencionada investigación
disciplinaria se decidió en primera instancia imponer sanción de
3 meses sin remuneración a título de culpa grave, decisión que
fue modificada en sede de apelación a 1 mes sin remuneración
al considerar que el investigado no registra ninguna clase de
acciones disciplinarias anteriormente, y que su conducta anterior
no ha sido motivo de repudio de ninguna clase y que tampoco
está demostrado en el plenario la intención de obtener alguna
clase de provecho para si o para un tercero con la omisión en
que incurrió, concluyendo que es responsable a título de culpa y
no de dolo.

Pese a la modificación en la modalidad de la conducta
desplegada se encuentra la Sala de acuerdo con el argumento
del recurso relacionado con la comisión de una conducta a título
de culpa grave por parte del señor Roldan Eliecer Salgado
Carvajalino, teniendo en cuenta que la conducta omisiva se
enmarca directamente en la definición normativa del título, es
decir, el aquí demandado con su actuar omisivo causó un daño
como consecuencia de una inexcusable omisión a sus funciones
por ley asignadas, además, pudo prever la irregularidad en la
que incurriría y el daño que podría ocasionar, y aun así lo hizo.

Lo anterior, sumado al hecho de que las presunciones de dolo y
culpa grave contenidas en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001
invierten la carga de la prueba y, por ende, es al demandado a
quien le correspondía desvirtuar en el proceso de repetición los
hechos imputados, cosa que no ocurrió, ya que ninguna prueba
trajo al plenario que demostrara las razones por las cuales
incumplió la obligación legal contenida en las normas antes
citadas, que lo eximiera de responsabilidad, contrario a ello en
el proceso disciplinario adelantado reconoció la omisión e intentó
solucionar la situación con posterioridad, lo cual condujo a que
en segunda instancia le disminuyeran la sanción impuesta, sin
embargo, el daño por el cual se demandó a la Rama Judicial y
fue condenada ya se había ocasionado.

Conforme lo expuesto, para la Sala es claro que uno es el análisis
realizado en el proceso disciplinario en donde el estudio de la
sanción a imponer depende de factores como que la conducta
desplegada no sea motivo de repudio, que se demuestre la
intención de obtener provecho para sí o para un tercero con la
omisión, o que el investigado facilite la investigación e intente
solucionar la situación, y otro es el análisis realizado en el
proceso de repetición en cuyo caso el estudio sobre la tipificación
de la conducta a título de dolo o culpa grave se realiza en torno
a las pruebas allegadas en esta instancia y sobre el estudio de
las funciones a su cargo y si respecto de ellas se presentó un
incumplimiento grave, destacándose que en el caso concreto no

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se advierte una actitud dolosa por parte del agente consistente
en la intención de producir con su omisión consecuencias
nocivas, sino una gravemente culposa al dejar de actuar con
conocimiento de la irregularidad de su comportamiento.

Lo antes expuesto, da lugar a la responsabilidad del agente del
Estado y por ende, se revocará la sentencia apelada y en su
lugar se declarará responsable al señor Roldan Eliecer Salgado
Carvajalino del pago de la condena impuesta a la Rama Judicial,
mediante sentencia proferida el 5 de septiembre de 2013 por el
Tribunal Administrativo de Córdoba […]”. (Destacado pertenece
al texto).

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae

que el TRIBUNAL, a partir del análisis de las pruebas allegadas

durante el curso de la actuación, concluyó que el actor no cumplió a

cabalidad sus funciones como secretario del JUZGADO CIVIL

MUNICIPAL DE MONTERÍA, ya que del recuento factico

relacionado con la solicitud de embargo logró advertir que, este

omitió su deber legal de ingresar oportunamente al despacho la

solicitud de embargo del remanente decretado por el JUZGADO

PROMISCUO DE FAMILIA DE DOSQUEBRADAS (RISARALDA),

lo que conllevó a que en el asunto el padre del menor afectado se

sustrajera de la obligación alimentaria.

En ese sentido, la autoridad judicial accionada advirtió que la omisión

del actor constituyó un incumplimiento grave de sus funciones

secretariales, por lo que catalogó la actitud del empleado judicial

como una omisión gravemente culposa al dejar de ejecutar una

actividad propia de su cargo, con conocimiento de la irregularidad de

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su comportamiento.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial

accionada se pronunció frente a los aspectos que la parte actora

alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber

actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites

del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece

del requisito general de la relevancia constitucional.

Además, frente a los argumentos relacionados con la omisión en la

resolución de la falta de legitimación en la causa de la SECCIONAL,

la Sala advierte que dichos argumentos no fueron debatidos en el

proceso ordinario, por el contrario, solamente fue alegada y resuelta

la presunta falta de legitimación en la causa por pasiva del actor,

además, dicha autoridad participó activamente en las instancias

surtidas dentro del proceso ordinario cuestionado.

Sumado a lo anterior, es del caso advertir que no basta con que la

parte actora realice una remisión al tema objeto de debate dentro

del proceso cuestionado, afirmando que la decisión controvertida

desconoció sus derechos fundamentales al no realizar un análisis

adecuado del asunto, por cuanto dicha afirmación no identifica en

qué forma el TRIBUNAL incurrió en algún defecto ni de qué manera

tal decisión desfavorable desconoció sus derechos fundamentales.

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Esta Sala en reiteradas oportunidades, entre otras, mediante

sentencia de 28 de febrero de 201917, sostuvo que aun cuando la

acción de tutela se caracteriza por su informalidad, a los

accionantes les corresponde argumentar, al menos, de forma

sucinta, en qué forma la autoridad judicial incurrió en algún

defecto al proferir la providencia con la cual estiman vulnerados sus

derechos fundamentales.

Así las cosas, la Sala encuentra que los argumentos en los cuales la

parte actora fundamentó la acción de tutela no permiten abordar un

estudio constitucional del asunto, máxime si se tiene en cuenta que

estos ya fueron objeto de pronunciamiento por el TRIBUNAL dentro

del medio de control cuestionado, por lo que claramente lo

pretendido con esta acción constitucional es reabrir un debate que

ya se surtió por el juez natural del asunto.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que no se cumple con el

requisito general de la relevancia constitucional, no solo porque la

parte actora no cumplió con el mínimo de carga argumentativa

para explicar la configuración de defecto alguno, sino porque,

además, pretende que en sede de tutela se estudien las razones y

fundamentos expuestos en la providencia dictada dentro del medio

de control cuestionado, lo que torna la acción de tutela improcedente,

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, identificada con número único de radicación 11001-
03-15-000-2018-03615-01.

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pues este mecanismo no está instituido para ser ejercido como una

instancia adicional a las establecidas por el legislador en los procesos

ordinarios y constitucionales.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la

solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por las

DIRECCIONES EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

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quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de abril de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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