Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02423-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02423-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02423-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02423-01
Accionante: ROLDÁN ELIÉCER SALGADO CARVAJALINO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA, SALA
SEXTA DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma improcedencia
por falta de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 16 de abril de
2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto
1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como
el Acuerdo 080 de 20191,de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 6 de abril de 20262, la autoridad judicial que asumió el conocimiento
del asunto en primera instancia admitió la acción constitucional y, mediante
providencia del 7 de mayo de 2026 concedió el recurso.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. Roldán Eliécer Salgado Carvajalino, actuando en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Córdoba. Con la solicitud de amparo pretende el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso.
2. Le atribuyó la transgresión del derecho referido a la sentencia proferida el
29 de septiembre de 2025, por la autoridad judicial accionada en el proceso de
repetición identificado con el radicado nro. 23001-33-33-006-2017-00398-01.
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2 Índice 5, Samai. Al respecto, se notificaron como accionado a la Sala Sexta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba y como terceros con interés a la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al Juzgado sexto Administrativo Oral del Circuito
de Montería.
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Accionante: Roldán Eliécer Salgado Carvajalino
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02423-01
3. A título de pretensiones solicitó las siguientes:
PRIMERO: SE ORDENE DEJAR SIN VALOR NI EFECTOS JURIDICOS la
sentencia de segunda instancia del 29 de septiembre de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba sala sexta de decisión Magistrada ponente Luz
Elena Petro Espitia dentro del proceso de repetición con radicado 23-001-33- 33-
006-2017-00398-01.
SEGUNDO: EN SU LUGAR TUTELAR, el derecho fundamental al debido proceso
del demandante ROLDAN ELIECER SALGADO CARVAJALINO, por incurrir en
una vía de hecho discriminados en la sentencia C-590/2005 y fue causa de que se
me haya afectado el derecho fundamental a la que me negó las pretensiones de
la demanda de primera instancia, por defecto factico, en acción de repetición por
omitir el análisis de pruebas aportadas con las que pretendía desvirtuar la
presunción de culpa grave, desconocimiento del precedente constitucional, al
condenarme patrimonialmente a pagar a favor de la nación-rama judicial la suma
de $39.702.601. con base a la sentencia de acción de repetición sin analizar mi
responsabilidad subjetiva el juez contencioso tiene la obligación de esclarecer la
responsabilidad subjetiva del funcionario, ya sea a título de dolo o culpa grave.
En este caso, la sentencia del Tribunal Administrativo de Córdoba al fundamentar
la responsabilidad patrimonial en el proceso de repetición con base en la sentencia
desconoció el precedente establecido por esta Corporación sobre la materia, en
las sentencias T-089 de 2025, SU-259 de 2021, y T-008 de 2022. En ese sentido,
sostengo que se configuró el mencionado defecto. Defecto procedimental, al
omitir pronunciarse sobre la falta de legitimación en la causa de la dirección
ejecutiva seccional de administración judicial de montería y desconoció el
principio de congruencia de las acciones judiciales, es una garantía
fundamental del debido proceso que exige que el fallo del juez guarde estricta
consonancia con los hechos, pretensiones y
excepciones planteados por las partes, prohibiendo decidir más allá de lo pedido
ultra petita fuera de lo pedido extra petita o incurrir en contradicciones.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Córdoba efectué un estudio
completo de las pruebas aportadas por el demandante con el fin de que exista una
valoración integral en el proceso de repetición Y DISPONER que se profiera
sentencia de reemplazo siguiendo los lineamientos de la parte motiva de la
sentencia proferida por el consejo de estado sala de lo contencioso administrativo.
VINCULAR a la dirección ejecutiva seccional de administración judicial de
montería, al tribunal administrativo de Córdoba y al juzgado juzgado sexto
administrativo del circuito judicial de montería y REQUERIRLOS para que remitan,
en forma URGENTE, copias de todas las actuaciones judiciales relacionadas
dentro del proceso de acción de repetición.
1.2. Hechos
4. Mediante sentencia del 5 de septiembre de 2013, dictada dentro del
proceso de reparación directa identificado con el radicado nro. 23001-33-31-000-
2009-00250-00, se declaró la responsabilidad de la Rama Judicial por los
perjuicios ocasionados a Amanda Stella Otero Ojeda y su hijo menor de edad, y
se le ordenó el pago de perjuicios morales y materiales en la modalidad de lucro
cesante, con ocasión de la omisión del Juzgadо Primero Civil Municipal de
Montería «al no ordenar el embargo de remanente, [dispuesto] por el Juzgado de
Familia de Dosquebradas-Risaralda, que garantizaría el pago de alimentos a
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favor del menor German David Mass Otero».
5. Con posterioridad, entre la mencionada ciudadana, quien además actuó a
nombre de su hijo menor de edad, y la Rama Judicial, se suscribió un acta de
conciliación que fue aprobada mediante providencia del 13 de diciembre de 2013
por el Tribunal Administrativo de Córdoba. La suma de dinero acordada fue
reconocida mediante la Resolución 4274 del 13 de junio de 20163, expedida por
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ).
6. Con ocasión de los hechos que dieron lugar a la presentación de la
demanda de reparación directa, se adelantó investigación disciplinaria contra
Roldán Eliécer Salgado Carvajalino, por su nominador, como servidor judicial que
no atendió la orden que dio lugar a la presentación de la demanda de reparación
directa.
7. En dicha oportunidad, se impuso sanción de 3 meses sin remuneración al
investigado, quien laboraba como secretario del Juzgado Primero Civil Municipal
de Montería, «al no cumplir con lo ordenado en el artículo 543 del C de P.C., en
el proceso ejecutivo hipotecario radicado 01112-4 demandante Coomeva y
demandado Luis Fernando Mass González y otra».
8. La anterior sanción fue modificada a suspensión de pago y del ejercicio de
sus funciones por 1 mes, «por omisión en el cumplimiento de los deberes
consagrados en el artículo 23 y 196 de la Ley 734 de 2002».
9. Con ocasión de lo anterior, entre el Comité Nacional de Defensa Judicial y
Conciliación de la DEAJ, «se determinó por unanimidad» iniciar acción de
repetición contra el accionante, quien se desempeñó como secretario nominado
para el momento en el que ocurrieron los hechos.
10. De la demanda de repetición, instaurada por la Nación – Rama Judicial,
conoció en primera instancia el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
de Montería, el cual negó las pretensiones. Al respecto, consideró que no había
prueba que acreditara el actuar doloso o culposo del demandado (el señor
Salgado Carvajalino), y puso de presente que en el proceso disciplinario que
surtió su entonces nominador se disminuyó la sanción de 3 meses a 1 mes, al no
encontrar dolo ni antecedentes disciplinarios en su contra.
11. La anterior decisión fue apelada por la Nación – Rama Judicial, autoridad
que sostuvo que el actuar del funcionario fue gravemente culposo, «puesto que
dicho señor no manejó o dio el trámite al oficio No. 661 del 23 de agosto de 2025
del Juzgado de Familia de Dosquebradas Risaralda, el cual ordenaba el embargo
de remanente sobre el bien inmueble (…) de Montería».
12. En sentencia del 29 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
3 En dicho acto administrativo se dispuso el pago $24.333.259, el cual se emitió mediante Orden
de Pago nro. 120266616 del 24 de junio de 2016.
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Córdoba, Sala Sexta de Decisión, revocó el fallo del a quo. En ese sentido,
declaró administrativamente responsable al señor Salgado Carvajalino del pago
de la condena que le fue impuesta a la Nación – Rama Judicial en el proceso de
reparación directa antes referido.
13. Sobre el particular, detalló los elementos de prueba que tuvo en cuenta y
precisó que la falta de trámite al embargo ordenado por el juez de familia
ocasionó la ausencia de «garantía para forzar el pago de las cuotas de alimento
que el ejecutado adeudaba a su menor hijo».
14. Sobre la culpa grave se precisó que, al haberse acreditado que «no le dio
trámite al oficio del remanente», lo cual no fue siquiera negado por él en el
testimonio que tuvo la oportunidad de rendir, «es claro que omitió la realización
de una actuación que ocasionó el daño antijurídico por el cual se condenó al
Estado».
1.3. Sustento de la vulneración
15. La parte accionante manifestó que la sentencia cuestionada incurrió en
defecto fáctico, al «omitir el análisis de pruebas aportadas con las que pretendía
desvirtuar la presunción de culpa grave».
16. Además, sostuvo que adolece de desconocimiento del precedente
contenido en las sentencias SU-259 de 2021, T-008 de 2022 y T-089 de 2025 e
la Corte Constitucional, toda vez que se le condenó al pago de una suma sin que
se analizara su responsabilidad subjetiva. Sobre la última decisión referida,
señaló que allí se pronunció el alto tribunal sobre «la acción de repetición por
responsabilidad patrimonial del estado al dar probada sin estarlo la culpa grave
del demandante en tutela».
17. También adujo que es deber del juez de la repetición estudiar la totalidad
de las pruebas aportadas y determinar si la conducta realizada por el servidor se
enmarca dentro de la culpa o el dolo, con el fin de evaluar las particularidades del
caso, ya que «ningún funcionario judicial es infalible».
18. Asimismo, acusó a la providencia de estar viciada de defecto
procedimental porque no se pronunció sobre la falta de legitimación de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería y de
desconocer el principio de congruencia porque «el debido proceso exige que el
fallo del juez guarde estricta consonancia con los hechos, pretensiones y
excepciones planteadas por las partes».
1.4. Intervenciones
19. La DEAJ solicitó ser desvinculada del trámite constitucional por carecer de
legitimación en la causa por pasiva y no haber incurrido en la vulneración de
derechos alegada.
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20. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería indicó
que no tiene legitimación por pasiva, ni competencia o injerencia alguna en los
alegatos de la parte actora.
1.5. Sentencia de primera instancia
21. En el fallo del 16 de abril de 2026, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró que la acción de tutela es improcedente por falta de relevancia
constitucional y negó las solicitudes de desvinculación referidas en las
intervenciones.
22. Sobre el primer supuesto aclaró que lo expuesto en la solicitud de amparo
fue abordado por la autoridad judicial tutelada, por lo que se pretende reabrir el
debate zanjado por el juez natural. Adicionó que el escrito no cumplió con el
mínimo de carga argumentativa del que derive la explicación de algún defecto.
1.6. Impugnación
23. El accionante remitió un escrito en el que manifestó lo siguiente:
De manera respetuosa, ROLDAN ELIECER SALGADO CARVAJALINO,
identificado con cedula de ciudadanía número 15.037.984 expedida en Sahagun,
me permito mediante el presente impugnar el fallo de tutela dentro del asunto, el
cual a la fecha NO se me ha notificado y tampoco me ha sido posible verlo en la
plataforma SAMAI puesto que no hay archivos en la plataforma.
II. CONSIDERACIONES
24. La Sala confirmará la decisión proferida el 16 de abril de 2026 por la
Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la
acción de tutela interpuesta por Roldán Eliécer Salgado Carvajalino, por las
razones que pasan a exponerse.
2.1. Caso concreto
La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
25. El Consejo de Estado4 y la Corte Constitucional5, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
5 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
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cumplimiento de ciertos requisitos generales6 y a la configuración de algún
defecto especial7 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
26. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
27. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
28. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
29. La Sala advierte que Roldán Eliécer Salgado Carvajalino está legitimado
en la causa por activa, para reclamar la protección a su derecho fundamental, el
cual fue presuntamente transgredido con la sentencia proferida el 29 de
septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de
Decisión.
30. Sin embargo, no goza de este presupuesto para reclamar la configuración
del defecto procedimental. Esto, por cuanto este cargo se funda en la presunta
falta de resolución de la solicitud de legitimación presentada por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería; por lo que la entidad
es la titular del derecho fundamental al debido proceso en lo que concierne a esta
cuestión y, por contera, es quien estaría legitimada para reclamar la protección
del juez constitucional.
31. En ese sentido, con relación a ese cargo se mantendrá la improcedencia
de la solicitud de tutela porque el actor carece de legitimación por activa para
reclamar derechos que están en cabeza de la Dirección Ejecutiva Seccional de
6 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
7 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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Administración Judicial de Montería por la posible configuración del defecto
procedimental en los términos que expuso en la tutela.
32. Por otra parte, se evidencia que el Tribunal Administrativo Córdoba, Sala
Sexta de Decisión está legitimado en la causa por pasiva porque dictó la
providencia cuestionada.
33. Ahora bien, para la Sala no resulta relevante desde el punto de vista
constitucional el reproche expuesto en el escrito de tutela contra la sentencia del
29 de septiembre de 2025, como lo concluyó la Sección Primera del Consejo de
Estado, por las siguientes razones.
34. Cabe destacar que, pese a lo sostenido por la parte actora en su
impugnación, el recurso fue enviado previo a la notificación de la sentencia de
primera instancia, razón por la que el documento no podía ser visibilizado en ese
momento en la plataforma Samai.
35. Relevancia constitucional: De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
36. Frente la sentencia del 29 de septiembre de 2025 aludió que se encontraba
viciada de los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente, y que la
decisión fue incongruente porque «el debido proceso exige que el fallo del juez
guarde estricta consonancia con los hechos, pretensiones y excepciones
planteadas por las partes».
Cabe destacar que sobre el defecto fáctico omitió enunciar las pruebas que
consideró dejadas de valorar, presupuesto mínimo que habilita el estudio del juez
de tutela. Esta situación se comparte frente al desconocimiento del precedente,
dado que se abstuvo de indicar la regla de derecho dejada de aplicar. Del mismo
modo, tampoco es posible vislumbrar en qué términos, desde su perspectiva,
resultó incongruente la sentencia cuestionada.
37. Por ello, comparte esta Sala la decisión del a quo relativa a declarar la
improcedencia por falta de relevancia constitucional ante la ausencia absoluta de
carga argumentativa que permita abordar el estudio de los cargos expuestos y la
posible vulneración iusfundamental.
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38. Se aclara que, en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces
naturales de la causa, especialmente cuando el debate se centra en una
inconformidad sin enfoque de derechos fundamentales.
39. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos
de raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro del trámite de
tutela, toda vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones judiciales
desfavorables, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por parte de la
autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en
últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia8.
40. Por esto, la Sala confirmará la sentencia del 16 de abril de 2026 que
declaró improcedente el mecanismo de amparo, por las razones esbozadas en
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de abril de 2026 por la
Sección Primera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de
diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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