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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02424-01

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02424-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de mayo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que negó el amparo solicitado por el señor Fredy Smith Villamil Ayala, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02424-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02424-01
Demandante: FREDY SMITH VILLAMIL AYALA
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTROS

Temas: Acción de tutela por presunta mora judicial y violación al derecho
fundamental de petición.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 8 de mayo de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, que negó la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Fredy Smith Villamil Ayala, actuando a través de apoderado judicial1,
instauró acción de tutela2 contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander y la Procuraduría General
de la Nación, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y de petición.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de
las actuaciones adelantadas por las autoridades accionadas dentro del proceso
disciplinario identificado con radicado 68001-25-02-000-2023-01158-01,
particularmente frente a la decisión de archivo, la negativa de remitir el expediente
a la Procuraduría General de la Nación para el ejercicio de la competencia
preferente y la presunta falta de resolución oportuna de los recursos formulados en
dicho trámite.

1 Índice 42 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Poder especial conferido por correo electrónico

al abogado Eduard Alexander Díaz León.
2 Radicada el 26 de marzo de 2026 por medio de la ventanilla virtual del Consejo de Estado con

solicitud No. 3787.

Demandante: Fredy Smith Villamil Ayala
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02424-01

1.2. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, el accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

«[…] SEGUNDO: Se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la
Procuraduría General de la Nación – Asuntos Disciplinarios que procedan a resolver
de fondo la competencia preferente y prevalente que vengo insistiendo y rogando ante
la denegación de justicia por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Santander, sin dilaciones y justificaciones de ninguna clase.

TERCERO: Se apliquen las facultades ultra y extra petita que goza el juez de tutela,
para cesar las violaciones y amenazas derivadas de las decisiones demandadas,
conceder el amparo incluso respecto de situaciones o derechos no alegados y
garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales invocados.

CUARTO: Se ordene que toda respuesta sea enviada al trámite de la presente acción
de tutela, con el fin de verificar su cumplimiento y salvaguarda. […]»3.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El 8 de septiembre de 2023, el señor Fredy Smith Villamil Ayala presentó queja
disciplinaria contra quienes fungieron como jueces Noveno Civil del Circuito de
Bucaramanga, Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de
Bucaramanga y Veintidós Civil Municipal de Bucaramanga, por presuntas
irregularidades ocurridas en el trámite de una diligencia de entrega y desalojo de un
inmueble, actuación que dio lugar a la investigación disciplinaria identificada con el
radicado 68001-25-02-000-2023-01158-00.

Mediante auto del 19 de junio de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Santander ordenó la terminación y el archivo definitivo de la investigación
disciplinaria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 90 y 250 del Código
General Disciplinario4.

Inconforme con esa decisión, el 5 de julio de 2024 el accionante interpuso recurso
de apelación. En el mismo escrito solicitó que se revocara la decisión de archivo y
que la investigación fuera remitida a la Procuraduría General de la Nación para que
ejerciera la competencia preferente o prevalente. En subsidio, pidió que la actuación

3 Transcripción literal que puede contener errores.
4 El artículo 90 dispone: «En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca
plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley
como falta disciplinaria, que el disciplinado no la cometió, que existe una causal de exclusión de
responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento,
mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias, la que
será comunicada al quejoso». Por su parte, el artículo 250 establece: «El archivo definitivo de la
actuación disciplinaria procederá en cualquier etapa, cuando se establezcan plenamente los
presupuestos enunciados en el presente código»

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Demandante: Fredy Smith Villamil Ayala
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
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continuara con la intervención y acompañamiento de esa entidad, así como de otros
organismos.

Mediante auto del 30 de julio de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Santander concedió el recurso de apelación y ordenó remitir el expediente a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

El accionante afirmó que también presentó una solicitud ante la Procuraduría
General de la Nación para que asumiera el conocimiento de la actuación
disciplinaria en ejercicio de la competencia preferente o prevalente; sin embargo,
sostuvo que dicha entidad no emitió respuesta.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora manifestó que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales con fundamento en los siguientes argumentos:

Falta de resolución del recurso de apelación contra el archivo de la actuación
disciplinaria: sostuvo que interpuso recurso de apelación contra la decisión que
ordenó la terminación y el archivo definitivo de la actuación disciplinaria, sin que,
para la fecha de presentación de la acción de tutela, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial lo hubiera resuelto, situación que, en su criterio, favorecía la
prescripción de la actuación disciplinaria.

Falta de resolución del recurso de apelación interpuesto contra la negativa de
remitir el expediente a la Procuraduría General de la Nación: indicó que la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander negó la solicitud de remitir
el expediente a la Procuraduría General de la Nación para que ejerciera la
competencia preferente o prevalente. Señaló que, contra esa determinación,
interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, el cual afirmó no
había sido decidido por la autoridad competente.

Ausencia de respuesta a la solicitud presentada ante la Procuraduría General
de la Nación: manifestó que solicitó a la Procuraduría General de la Nación asumir
el conocimiento de la actuación disciplinaria en ejercicio de la competencia
preferente o prevalente; sin embargo, sostuvo que esa entidad no había emitido
respuesta alguna, circunstancia que, a su juicio, desconocía sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la confianza legítima y de acceso a la
administración de justicia.

Riesgo de prescripción de la acción disciplinaria: finalmente, afirmó que la falta
de decisión frente a los recursos interpuestos y a la solicitud presentada ante la
Procuraduría General de la Nación permite que transcurra el tiempo sin definir la
actuación disciplinaria, lo que, en su criterio, favorecía la prescripción de la acción
e impedía el esclarecimiento de las presuntas irregularidades denunciadas.

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1.5. Trámite de la acción de tutela

Por medio de auto del 7 de abril de 20265, el Magistrado Ponente de primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar como autoridades judiciales
accionadas a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial6,a la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Santander7 y a la Procuraduría General de la Nación8.

Asimismo, dispuso la vinculación, por tener interés directo en las resultas del
proceso, a los señores Andrea Johanna Martínez Eslava, Gelber Iván Baza
Cardozo, María Cristina Torres Moreno, Mayra Liliana Pastrán Cañón, Sergio
Alonso Prada Velandia, Silvia Renata Rosales Herrera, Camilo Ernesto Becerra
Espitia, Lady Johana Hernández Pimentel y Helga Johanna Ríos Durán9. Asimismo,
ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Igualmente, reconoció personería al abogado Eduard Alexander Díaz León10 para
actuar como apoderado judicial de la parte accionante11.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Mediante memorial recibido el 10 de abril de 2026, solicitó declarar improcedente la
acción de tutela por falta de relevancia constitucional e inmediatez.

Expuso que, contrario a lo sostenido por el accionante, el recurso de apelación
formulado contra la providencia que ordenó la terminación y el archivo de la
actuación disciplinaria fue resuelto mediante sentencia del 22 de enero de 2025,
notificada el 6 de febrero siguiente. Precisó que los cuestionamientos formulados
en la demanda de tutela ya fueron analizados y resueltos en el trámite disciplinario,

5
Índice 5 de Samai de primera instancia
6 La notificación fue enviada a los correos electrónicos:
presidencia@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co,
notificacionescndj@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co,
correspondencia@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co.
7 La notificación fue enviada a los correos electrónicos: ssdcsbuc@cndj.gov.co,
des02sjdcsbuc@cndj.gov.co, des01sjdcsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co.
8
La notificación fue enviada al correo electrónico: procesosjudiciales@procuraduria.gov.co.
9 Los señores Lady Johana Hernández Pimentel y Camilo Ernesto Becerra Espitia, en su calidad de

jueces Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga.
Helga Johanna Ríos Durán, como jueza Segunda Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de
Bucaramanga.
Mayra Liliana Pastrán Cañón, Sergio Alfonso Prada Velandia, María Cristina Torres Moreno, Silvia
Renata Rosales Herrera, Andrea Johanna Martínez Eslava y Gelber Iván Baza Cardozo, como
titulares del Juzgado Veintidós Civil Municipal de Bucaramanga.
10 La notificación fue enviada al correo electrónico: cristo2172@gmail.com.
11 La notificación fue enviada al correo electrónico: provincial.bmanga@procuraduria.gov.co.

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por lo que el mecanismo constitucional no puede emplearse para reabrir un debate
previamente definido. Asimismo, sostuvo que la providencia cuestionada no incurrió
en ninguno de los defectos que habilitan excepcionalmente la procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, razón por la cual solicitó, de manera
subsidiaria, negar las pretensiones de la demanda.

1.6.2. Procuraduría General de la Nación

Mediante memorial recibido el 10 de abril de 2026, solicitó negar el amparo
invocado. Indicó que la única solicitud presentada por el accionante que obra en sus
registros fue radicada el 6 de abril de 2026 bajo el consecutivo E-2026-168580. No
obstante, precisó que dicha petición no correspondía a una solicitud para el ejercicio
de la competencia preferente o prevalente respecto de la actuación disciplinaria,
sino a la convocatoria de una mesa de trabajo con distintas entidades nacionales.

En ese sentido, afirmó que el accionante fundamentó la acción de tutela en una
premisa inexistente, pues censuró la falta de respuesta a una solicitud que nunca
fue formulada. Agregó que la petición radicada fue tramitada oportunamente
mediante su remisión por competencia a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Santander y que, por tanto, no existía actuación u omisión atribuible a la
Procuraduría General de la Nación que hubiera vulnerado los derechos
fundamentales invocados. En consecuencia, solicitó desvincular a esa entidad o, en
su defecto, declarar improcedente la acción de tutela frente a ella.

1.6.3. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander

Remitió copia digitalizada del expediente disciplinario identificado con el radicado
68001-25-02-000-2023-01158-00/01.

1.6.4. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado12 y terceros vinculados

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los terceros vinculados, pese
a haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio durante el trámite de
la presente acción constitucional.

1.7. Fallo impugnado

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 8 de
mayo de 2026, notificada el 27 de mayo de 2026, negó el amparo de los derechos
fundamentales invocados.

Explicó que no se configuró la alegada mora judicial, por cuanto la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial resolvió, mediante providencia del 22 de enero de

12 La notificación fue enviada al correo electrónico: agencia@defensajuridica.gov.co
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co

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2025, el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que ordenó el archivo
de la actuación disciplinaria y el formulado contra la negativa de remitir el expediente
a la Procuraduría General de la Nación, decisión que fue comunicada al accionante.

En cuanto al derecho de petición, señaló que el actor no acreditó haber presentado
la solicitud cuyo desconocimiento alegó. Agregó que la única petición obrante en el
expediente, radicada ante la Procuraduría General de la Nación era del 6 de abril
de 2026 y tenía un objeto distinto al expuesto en la demanda y, aun si se entendiera
que correspondía a la invocada por el accionante, la acción de tutela resultaba
prematura, pues fue promovida antes de que venciera el término legal para
responderla.

En ese contexto, concluyó que no se evidenciaba vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, negó el amparo solicitado.

1.8. Impugnación13

El 6 de julio de 2026, se recibió el escrito de impugnación14 presentado por la parte
accionante contra la sentencia del 8 de mayo de 2026, remitido por la Secretaría de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, ese
mismo día se reactivó el trámite para dar curso al recurso.

Posteriormente, el 9 de julio de 202615, el señor Fredy Smith Villamil Ayala confirió
poder especial al abogado Eduard Alexander Díaz León, para que actuara como su
apoderado judicial dentro de la presente acción de tutela.

Finalmente, mediante auto del 10 de julio de 2026, se concedió el recurso de
impugnación16.

El 14 de julio de 202617, el abogado Eduard Alexander Díaz León manifestó
nuevamente su intención de impugnar la sentencia de primera instancia y allegó el
poder para acreditar su representación. Asimismo, solicitó copia de la sentencia y
acceso al expediente digital para el ejercicio de su labor profesional.

1.9. Manifestación de impedimento

El consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, mediante escrito del 11 de agosto de
2026, manifestó estar incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral
5.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, en razón a que sostiene una
amistad de más de diez años con el señor Juan Gregorio Eljach Pacheco,
Procurador General de la Nación, entidad vinculada al proceso constitucional de la

14 Índice 23 de Samai de primera instancia.
15 Índice 34 de Samai de primera instancia.
16 Índice 37 de Samai de primera instancia: fue concedido el recurso el 10/07/2026.
17 Índice 43 de Samai de primera instancia.

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referencia en calidad de demandada. Sin embargo, mediante providencia del 13 de
agosto de 2026, se declaró infundado el impedimento, al no encontrarse
configurados los elementos necesarios para la configuración de la causal invocada.

II.CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada
por el señor Fredy Smith Villamil Ayala contra la sentencia del 8 de mayo de 2026,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y
el artículo 25 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo
de Estado, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

2.2. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la
sentencia de primera instancia que negó el amparo solicitado.

Para tal efecto, deberá establecerse si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander y la Procuraduría General
de la Nación vulneraron los derechos fundamentales invocados por el señor Fredy
Smith Villamil Ayala, con ocasión de: (i) la presunta mora de las autoridades
accionadas en la resolución de los recursos interpuestos dentro del proceso
disciplinario identificado con el radicado 68001-25-02-000-2023-01158-01, que,
según el accionante, podría propiciar el transcurso del término de prescripción de la
acción disciplinaria; y (ii) la alegada falta de respuesta a la solicitud relacionada con
el ejercicio de la competencia preferente o prevalente por parte de la Procuraduría
General de la Nación.

Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los siguientes
temas: (i) la mora judicial; (ii) el derecho fundamental de petición y (iii) el caso
concreto.

2.3. Mora judicial

La mora judicial puede comprometer los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia cuando la autoridad encargada de resolver
un asunto excede injustificadamente el plazo razonable para adoptar la decisión
correspondiente.18

18 Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024 y SU-179 de 2021 de la Corte Constitucional.

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Sin embargo, el solo transcurso del tiempo no determina, por sí mismo, la existencia
de una vulneración constitucional, pues deben valorarse las circunstancias
particulares del asunto. Para que la mora judicial tenga relevancia constitucional es
necesario establecer, además del incumplimiento del término, la inexistencia de un
motivo razonable que justifique la tardanza y que esta resulte atribuible a la
autoridad encargada de resolver el asunto.19

En ese sentido, el análisis de una eventual mora judicial exige examinar las
circunstancias concretas de la actuación, el comportamiento desplegado por la
autoridad y, especialmente, si al momento de promoverse la acción de tutela existía
una actuación pendiente de decisión cuya tardanza pudiera serle atribuida.20

2.4. Derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política reconoce el derecho fundamental de toda
persona a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución.

Esta garantía comprende no solo la posibilidad de formular solicitudes ante las
autoridades, sino también el derecho a obtener una respuesta oportuna, de fondo,
clara, precisa y congruente con lo solicitado, sin que ello implique que la autoridad
deba acceder favorablemente a las pretensiones del interesado.21

De esta manera, para establecer la vulneración del derecho fundamental de petición
debe acreditarse, en primer lugar, la efectiva formulación de la solicitud ante la
autoridad a la cual se atribuye la omisión, pues solo a partir de ello puede
establecerse la existencia del deber de responder y verificar si este fue satisfecho.22

2.5. Caso concreto

El señor Fredy Smith Villamil Ayala promovió la presente acción de tutela contra la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Santander y la Procuraduría General de la Nación, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la confianza legítima
y de acceso a la administración de justicia, por la presunta falta de resolución de los
recursos interpuestos dentro de la actuación disciplinaria identificada con el
radicado 68001-25-02-000-2023-01158-01, así como por la ausencia de respuesta
a la solicitud mediante la cual le pidió a la Procuraduría General de la Nación ejercer
la competencia preferente o prevalente sobre dicha actuación.

19 Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-420 de 2022 y SU-179 de 2021 de la Corte
Constitucional.
20 Ver, entre otras, sentencia T-183 de 2024 de la Corte Constitucional.
21 Ver, entre otras, sentencias C-951 de 2014 y T-377 de 2021 de la Corte Constitucional
22 Ver, entre otras, sentencia C-951 de 2014 de la Corte Constitucional.

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En síntesis, sostuvo que las autoridades accionadas omitieron resolver
oportunamente las actuaciones promovidas por él, circunstancia que, en su criterio,
favorecía la prescripción de la acción disciplinaria e impedía el esclarecimiento de
las presuntas irregularidades denunciadas.

Conforme con las consideraciones expuestas, corresponde a la Sala determinar si,
en el caso particular, se configuró la mora judicial alegada por el accionante y si la
Procuraduría General de la Nación vulneró su derecho fundamental de petición,
como consecuencia de la presunta falta de respuesta a la solicitud mediante la cual
habría requerido el ejercicio de la competencia preferente o prevalente sobre la
actuación disciplinaria. Por lo tanto, se estudiará cada pretensión de forma
independiente, como pasa a exponerse.

2.5.1. De la mora judicial

La Sala considera que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no incurrió en la
mora judicial alegada por el señor Fredy Smith Villamil Ayala, por las razones que
que se explican a continuación.

De la revisión del expediente, se advierte que la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Santander, mediante providencia del 19 de junio de 2024, dispuso la
terminación y el archivo definitivo del proceso disciplinario identificado con el
radicado 68001-25-02-000-2023-01158-01. Contra dicha determinación, el
accionante formuló los recursos correspondientes y cuestionó, además, la decisión
negativa relacionada con la remisión del expediente a la Procuraduría General de
la Nación para el ejercicio de la competencia preferente o prevalente.

Posteriormente, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante providencia
del 22 de enero de 2025, resolvió las cuestiones sometidas a su conocimiento. En
particular, negó la solicitud de remisión del expediente a la Procuraduría General de
la Nación y confirmó la decisión de terminación y archivo de la actuación
disciplinaria.

Asimismo, se encuentra acreditado que dicha providencia fue comunicada al
accionante el 6 de febrero de 2025.

El anterior análisis permite evidenciar que, para la fecha en que el señor Fredy Smith
Villamil Ayala presentó la acción de tutela, esto es, el 26 de marzo de 2026, las
solicitudes cuya falta de resolución se reprocha ya habían sido decididas por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En efecto, para ese momento había
transcurrido más de un año desde la comunicación de la providencia mediante la
cual se resolvieron los asuntos sometidos a consideración de dicha autoridad.

En ese sentido, no se advierte que, al momento de promoverse la acción de tutela,
existiera una actuación pendiente de decisión por parte de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial cuya falta de resolución pudiera ser atribuida a esa autoridad. Por

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el contrario, la actuación disciplinaria había sido objeto de una decisión definitiva en
sede de apelación, la cual fue puesta en conocimiento del accionante.

De otra parte, frente a la preocupación manifestada por el accionante respecto de
la eventual prescripción de la acción disciplinaria, la Sala considera que, si estima
que dicho fenómeno se configuró, deberá ponerlo de presente ante la autoridad
disciplinaria competente, a efectos de que sea esta quien determine, en el marco
de la actuación correspondiente, si hay lugar a su declaratoria. En consecuencia,
no corresponde al juez de tutela efectuar un pronunciamiento sobre la configuración
de la prescripción, pues ello implicaría sustituir a la autoridad disciplinaria en el
ejercicio de sus competencias.

Por lo anterior, la Sala concluye que no se configuró la mora judicial alegada por el
accionante, toda vez que los asuntos cuya falta de resolución fue cuestionada
fueron decididos por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial mediante
providencia del 22 de enero de 2025, comunicada al señor Fredy Smith Villamil
Ayala el 6 de febrero siguiente, esto es, con anterioridad a la presentación de la
acción de tutela.

2.5.2. De la vulneración del derecho fundamental de petición.

Por otra parte, la Sala considera que tampoco se acreditó la vulneración del derecho
fundamental de petición atribuida a la Procuraduría General de la Nación.

El accionante manifestó que había solicitado a dicha entidad ejercer la competencia
preferente o prevalente respecto de la actuación disciplinaria identificada con el
radicado 68001-25-02-000-2023-01158-01 y que, pese a ello, no había obtenido
respuesta.

Sin embargo, de la revisión del expediente no se encuentra acreditada la
presentación ante la Procuraduría General de la Nación de la solicitud específica a
la que alude el accionante. En efecto, aunque afirmó haber formulado dicha petición,
no precisó la fecha en que la habría presentado ni aportó copia de debidamente
radicada que permita establecer su recepción por parte de la entidad.

Esta circunstancia resulta determinante, pues para establecer la vulneración del
derecho fundamental de petición es necesario, como presupuesto inicial, acreditar
que la solicitud fue efectivamente presentada ante la autoridad a la que se atribuye
la omisión. En ausencia de ese elemento, no es posible establecer que la
Procuraduría General de la Nación hubiera tenido conocimiento de la petición cuya
falta de respuesta se reprocha.

A su vez, la Procuraduría General de la Nación informó que en sus registros figuraba
una petición radicada bajo el consecutivo E-2026-168580. No obstante, explicó que
esta tenía por objeto la convocatoria de una mesa de trabajo con distintas entidades

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Fredy Smith Villamil Ayala
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02424-01

nacionales y no correspondía a una solicitud dirigida a obtener el ejercicio de la
competencia preferente o prevalente sobre la actuación disciplinaria.

De igual manera, frente a esa solicitud, la entidad informó que se le impartió el
trámite correspondiente mediante su remisión por competencia a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Santander.

Así, la Sala encuentra que la petición que aparece acreditada en el expediente no
corresponde a aquella cuya falta de respuesta fue planteada en la acción de tutela.
Por tanto, no puede derivarse de esta una vulneración del derecho fundamental
invocado, pues, además de tener un objeto distinto, recibió el trámite
correspondiente por parte de la Procuraduría General de la Nación.

En ese orden, no se acreditó la presentación de petición que el accionante atribuye
a la Procuraduría General de la Nación, circunstancia que impide establecer la
existencia de una omisión de respuesta imputable a dicha entidad.

Por lo anterior, la Sala concluye que no se acreditó la vulneración del derecho
fundamental de petición, toda vez que no obra prueba de que el señor Fredy Smith
Villamil Ayala hubiera presentado ante la Procuraduría General de la Nación la
solicitud específica mediante la cual, según afirmó, pidió el ejercicio de la
competencia preferente o prevalente sobre la actuación disciplinaria.

2.5.3. Conclusión.

El anterior análisis permite evidenciar que los reparos formulados por el accionante
no tienen la entidad suficiente para conceder el amparo solicitado.

En efecto, respecto de la presunta mora judicial, se encuentra acreditado que los
asuntos cuya falta de resolución fue cuestionada fueron decididos por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial mediante providencia del 22 de enero de 2025,
comunicada al accionante el 6 de febrero siguiente, por lo que, para la fecha de
presentación de la acción de tutela, no se encontraba pendiente de decisión ninguna
de las inconformidades planteadas ante dicha autoridad.

Asimismo, frente al derecho fundamental de petición, no se acreditó que el señor
Fredy Smith Villamil Ayala hubiera presentado ante la Procuraduría General de la
Nación la solicitud específica que, según afirmó, tenía por objeto que esa entidad
ejerciera la competencia preferente o prevalente sobre la actuación disciplinaria. La
petición que sí aparece registrada ante dicha entidad tenía un objeto diferente y
recibió el trámite correspondiente.

Finalmente, frente a la eventual prescripción de la acción disciplinaria, se precisó
que, si el accionante considera que dicho fenómeno se configuró, deberá ponerlo
de presente ante la autoridad disciplinaria competente, a efectos de que esta
determine lo que corresponda en el marco de la actuación respectiva.

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En consecuencia, la Sala concluye que, en el presente caso, no se acreditó la
vulneración de los derechos fundamentales invocados, toda vez que no se evidenció
la mora alegada respecto de los asuntos sometidos a conocimiento de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, tampoco se demostró la presentación ante la
Procuraduría General de la Nación de la solicitud cuya falta de respuesta fue
reprochada por el accionante y, en cuanto a la eventual prescripción de la acción
disciplinaria, corresponde a la autoridad disciplinaria competente pronunciarse
sobre su configuración.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de mayo de 2026 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que negó el amparo solicitado
por el señor Fredy Smith Villamil Ayala, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual
revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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