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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02428-01

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02428-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia del 28 de mayo de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, y en su lugar, negar el amparo invocado. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02428-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02428-01
Accionantes: Román Darío Elorza Builes y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión

Tema: Derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Reparación directa – privación injusta de la libertad. REVOCA
SENTENCIA- NIEGA AMPARO

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por los señores Román Darío Elorza
Builes, Ruth Magnolia Vásquez Chavarría1, Johan Andrés Elorza Vásquez, Johana
Andrea Elorza Vásquez, Román Darío Elorza Vásquez, Mónica Alejandra Elorza
Vásquez, Robinson Daniel Elorza Vásquez, Juan Pablo Elorza Vásquez, Mariano
Elorza Vásquez, Jimena Elorza Vásquez, Valentina Elorza Marulanda, Fredy
Alberto Elorza Builes, Alba Elena Elorza Builes, Emidio de Jesús Elorza Builes,
Dairo de Jesús Elorza, Doris Celly del Socorro Elorza Builes2, Luz Marina Elorza
Builes, Carlos Mario Elorza Rodríguez3, Gilberto de Jesús Elorza Rodríguez, Sandra
Cecilia Elorza Rodríguez, Adriana Patricia Elorza Rodríguez, Lisandro Alberto
Elorza Rodríguez, Maribel Elorza Rodríguez, Alexa Vásquez Elorza, Yeison
Leandro Elorza Cano, Viviana Andrea Elorza Cano, John Henry Elorza Cano,
Fabián Elorza Henao, Ángela María Elorza Henao, Juan Diego Elorza Henao,
Santiago Elorza Henao, Manuela Elorza Henao, John Fredy Vásquez Elorza, Leidy
Paola Vásquez Elorza, Claudia Cristina Pino Elorza, Federico Pino Elorza, Eliana
Elorza Vélez, Miguel Ángel Builes Franco, Margarita María Molina Elorza, Miguel
Ángel Molina Elorza, Gudiela Elorza de Múnera, Cruz Elena Elorza de Múnera,
Luzmila Elorza de González, Nydia del Socorro Elorza Pérez, Gloria Elena Elorza
Gómez, Jhon Jairo Elorza Gómez, Óscar Cano Elorza, Rodrigo de Jesús Cano
Elorza, María Rocío Cano Elorza, Francia Helena Builes Velásquez, Nidia Elsy
Rodríguez Uribe, María Georgina Henao Correa, Gilber Vásquez Chavarría y Raúl
José Cano Arango4, en contra de la sentencia del 28 de mayo de 2026 proferida por

1 Quien además actúa en representación de la menor A.V.C.
2 Quien además actúa en representación de la menor M.V.E.
3 Quien además actúa en representación del menor S.E.V.
4 En representación de su padre José Raúl Cano Elorza.

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el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante la cual se declaró improcedente
la tutela por no satisfacer los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad.

ANTECEDENTES

Los accionantes pretenden que se protejan los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideran vulnerados
con la sentencia del 25 de septiembre de 2025, proferida dentro del medio de control
de reparación directa con radicado núm. 05001-33-33-016-2017-00048-00/01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que el 3 de marzo de 2017, interpusieron demanda de reparación directa en contra
del Consejo Superior de la Judicatura y de la Fiscalía General de la Nación, para
que se declare su responsabilidad por los perjuicios que le ocasionaron al señor
Román Darío Elorza Builes y su núcleo familiar, por la privación injusta de su libertad
comprendida entre el 21 de diciembre de 2011 y el 20 de noviembre de 2014.

Que el 13 de octubre de 2021, el Juzgado Dieciséis Administrativo de Medellín negó
las pretensiones y el 25 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Decisión confirmó la decisión de primera instancia.

Considera que el Tribunal incurrió en los defectos:

• fáctico, porque en la sentencia cuestionada se expuso que la medida de
aseguramiento se impuso con base en la investigación realizada por la Policía
Judicial, en la cual se incluyeron entrevistas a testigos de los hechos e
interceptaciones telefónicas.

Sin embargo, a juicio de los actores, nunca se recaudó una sola prueba que diera
lugar a la inferencia que exige la jurisprudencia actual del Consejo de Estado
respecto de la privación injusta de la libertad; en el expediente no reposa entrevista
o interceptación, en la cual aparezca Román Elorza desarrollando participación,
intermediación, planificación, coordinación o siquiera mención con algún hecho
irregular o delincuencial que permitiese hablar de un indicio razonable.

Que de las interceptaciones telefónicas que se realizaron «el señor Román Darío
Elorza no tiene ningún dialogo (sic) con su interlocutor, no hablan en forma cordial
o amistosa sobre tema alguno, no hablan de planificar algo o sobre los resultados
de ningún tipo de actuar coordinado y conjunto, no hablan de hechos lícitos o ilícitos,
ya que las comunicaciones son limitadas al tema del hermano de Román, el señor
Dairo».

Que las interceptaciones no contaron con el cotejo de voz, para verificar que sí
correspondía con las personas a las cuales les fueron a tribuidas las mismas.

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Que la Fiscalía no mostró ningún tipo de organigrama en el cual el señor Román
Elorza hiciera parte de las estructuras delincuenciales o guerrilla que operaba en la
zona.

• violación directa de la Constitución Política, artículos 1, 2 y 29, bajo el entendido
que el Tribunal insistió en señalar, juzgar y condenar al demandante, basado en
sospechas e indicios que no fueron probados por la Fiscalía al momento de imputar
el delito y solicitar la medida de aseguramiento.

PRETENSIONES

Solicitan que se amparen los derechos invocados; se deje sin efectos la sentencia
del 25 de septiembre de 2025, proferida dentro del medio de control de reparación
directa con radicado núm. 05001-33-33-016-2017-00048-00/01; y, en
consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de
Decisión emitir una nueva decisión, donde se pronuncie sobre «la existencia o no
de elementos que constituyan inferencias razonables al momento de solicitarse la
medida de aseguramiento, haciendo un análisis completo y en conjunto de todo el
material probatorio que reposa en el expediente».

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 28 de abril de 2026, se admitió la acción; se vinculó al Juzgado Dieciséis
Administrativo de Medellín; a la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama
Judicial y demás intervinientes en el proceso de reparación directa, como terceros
con interés; y se ordenó notificar a las partes y vinculados.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión expresó que
en la sentencia del 25 de septiembre de 2025 se confirmó la providencia apelada
previa valoración probatoria y consideraciones al caso concreto.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
expuso que la actuación del Juzgado con Función de Control de Garantías, se ajustó
a lo establecido en los artículos 301, 302 y 303 del Código de Procedimiento Penal
para legalizar la captura del señor Román Darío Elorza Builes y para imponer la
medida de aseguramiento, porque para ese momento no existía duda para su
imposición; existían conocimientos serios y persuasivos que respaldaban los
planteamientos de la Fiscalía, además, habían elementos materiales probatorios y
suficiente evidencia física que sustentaba la solicitud y comprometiera la
responsabilidad de los demandantes; dentro del proceso no se demostró ninguna
irregularidad, ni arbitrariedad de la medida de aseguramiento.

Pidió que se declare improcedente la acción de tutela, teniendo en cuenta que las
decisiones que soportaron la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia y

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del Juzgado, se profirieron bajo la postura jurisprudencial de la Corte Constitucional
sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018.

Los demás vinculados guardaron silencio.

SENTENCIA IMPUGNADA

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 28 de mayo de
2026, declaró improcedente la acción de tutela por carecer de relevancia
constitucional y de subsidiariedad.

Adujo que la parte actora plantea que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Decisión no valoró debidamente las pruebas allegadas al proceso
porque de ellas no se podía inferir razonablemente la participación del señor Román
Darío Elorza Builes en los delitos imputados, al contrario de haber sido analizadas
rigurosamente hubiese quedado demostrado que la privación de su libertad fue
injusta.

Consideró que los disensos de la parte actora demostraban una inconformidad con
la decisión adoptada por la autoridad accionada como si este mecanismo se tratase
de un recurso o instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse
en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción un carácter que no le es propio de
su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez natural.

Frente al hecho de que el Tribunal no se pronunció respecto de todos los
argumentos planteados en el recurso de apelación, dijo que para tal fin la parte
actora contaba con un mecanismo judicial idóneo y eficaz para que dicha omisión
fuese subsanada, consistente en la solicitud de adición.

IMPUGNACIÓN

Los accionantes impugnaron la decisión y afirmaron que la tutela sí tiene relevancia
constitucional, en la medida que, no busca cuestionar la valoración que realizó la
justicia contenciosa administrativa de las pruebas, sino el hecho de que no existe
indicio alguno que haya sustentado la imposición de la medida de aseguramiento
en contra del señor Román Darío Elorza Builes.

Además, expusieron que la acción de tutela no se utiliza para discutir un asunto de
mera legalidad o de contenido estrictamente económico y que mucho menos se
busca agotar un recurso adicional, pues el fondo del asunto radica en verificar que
se emitió un fallo sin sustento alguno y que el Tribunal sí resolvió los
cuestionamientos esgrimidos en el recurso de apelación, pero lo hizo de manera
desfavorable para la parte demandante, por lo que no procede la solicitud de adición
de fallo.

Se decidirá previas las siguientes,

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CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir la impugnación planteada, para lo cual abordará los
siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales5, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia
C590/056. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia
SU128/21, se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

5 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
6 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»7

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:

«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada8.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”9. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, (…) Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela10.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si

7 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 Sentencia SU-074 de 2022.
9 Sentencia SU-074 de 2022.
10 Sentencia SU-072 de 2018.

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este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

Contrario a lo determinado por la primera instancia, la Sala considera que sí se
satisfacen los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad; el primero en
la medida en que se alega la presunta vulneración de los derechos fundamentales
por incurrir en los defectos fáctico y violación directa de la Constitución y los
accionantes argumentaron suficientemente la solicitud. Y el segundo, porque lo
planteado no es la falta de resolución de algún extremo de la litis, sino que la
decisión resulta contraria a los intereses de los actores, lo que atribuyen a falta de
valoración probatoria.

Adicionalmente, se satisface la inmediatez, pues la acción se instauró el 26 de
marzo de 2026, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la
providencia, la cual ocurrió el 6 de octubre de 2025, teniendo en cuenta que la
notificación fue efectuada por mensaje de datos enviado el 29 de septiembre de ese
año; y, la acción de tutela no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.

Se examinará el defecto fáctico planteado, teniendo en cuenta lo siguiente:

La Corte Constitucional al caracterizar este defecto, ha dicho que para su
configuración se requiere que la sentencia se adopte sin “respaldo probatorio o que
haya dejado de valorar una prueba que resultaba determinante para la solución del
problema jurídico sometido a su consideración”. Que es uno de los defectos más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de las pruebas en el
proceso es uno de los campos en que se expresa, en mayor medida, el ejercicio de
la autonomía e independencia judicial”.
En ese sentido, ha expresado que para su acreditación, «el error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto»11, porque, «el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de la evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia»12

El Tribunal encontró probado que el señor Román estuvo privado de la libertad,
entre el 21 de diciembre de 2011 y el 24 de noviembre de 2014, en el Centro
Carcelario Metropolitano de Bogotá y fue absuelto de responsabilidad penal con
fundamento en el principio de in dubio pro reo.

Precisó que el régimen de responsabilidad era subjetivo, por lo que se debía
determinar si la medida restrictiva de la libertad obedeció a una decisión
inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria.

Que conforme al artículo 308 de la Ley 906 de 2004 para decretar la medida de
aseguramiento, se requería que los elementos materiales probatorios y la evidencia

11 SU-048 de 2022 con reiteración en SU-126-25
12 SU-316 de 2023

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física o la información obtenida legalmente, permitieran inferir razonablemente que
el procesado pudiera ser autor o partícipe de la conducta punible investigada; no
obstante, la norma no exigía la plena certeza o prueba sobre la responsabilidad ni
que los medios de convicción apuntaran de manera categórica a la existencia de
responsabilidad penal.

Expuso que la Fiscalía presentó el contexto fáctico y probatorio de la comisión del
delito con base en la información extraída del informe ejecutivo, entrevistas e
interceptaciones telefónicas y sustentó la necesidad de la medida de aseguramiento
con base en lo siguiente:

«(…) los candidatos a la alcaldía de campamento Antioquia Donay de Jesús
Correa Lodoño y Guillermo León Roldán Correa realizaban actividades de
proselitismo político en dicho municipio como quiera que estos dos aspiraban a
ser alcalde del municipio de campamento e igualmente que por parte de este
frente de las FARC del frente Mario Vélez de las FARC y con la posible ayuda
de los imputados idearon la forma en que iban a cometer ese homicidio en
contra de estos dos políticos …. a través de esas llamadas en los audios
números …. del 30 de mayo de 2011 se establecieron que efectivamente alias
Tomás móvil tuvo contacto …. para los actos preparatorios del homicidio...”
Estas personas tienen contacto directo con personas de este grupo
subversivo …estas personas son conocedoras y residen en el municipio
de campamento. Los dos imputados podrán inducir a los testigos para que
declaren falsamente…. De acuerdo con la gravedad de los delitos
constituyen un peligro para la sociedad…
…se ha causado un grave daño a la sociedad a las personas en las cuales
víctimas de este homicidio igualmente hay que tener en cuenta la actitud
que tuvo el aquí imputado cuando les dice a estas personas que él está
cumpliendo órdenes de ese secretariado y que levanten sus muertos
porque era esa actitud en la cual da a conocer que efectivamente estaba
cumpliendo esa orden que no es otra que la del secretariado de las FARC
…»

Que el Juzgado Cuarenta y Cinco Penal con Función de Control de Garantías de
Bogotá señaló que en las interceptaciones que se escucharon en la audiencia de
imputación de cargos se mencionó «cómo se va a dirigir el operativo criminal con el
fin de dar de baja a los dos candidatos que estaban incluso en ese momento
realizando actividades proselitistas en varios sectores de la región más
concretamente en zonas urbanas». Además, se cuenta con otras evidencias
material probatorio que son «las entrevistas que se tomaron a la comitiva los
candidatos a Gustavo Agudelo, Argemiro Olaya Héctor Humberto Gómez»

Expresó que con base en lo anterior el juez de control de garantías consideró
procedente imponer la medida de aseguramiento, dada la gravedad de la modalidad
y las circunstancias de modo tiempo y lugar, lo que le permitió «inferir
razonablemente por lo menos que hay algún tipo de afinidad o pertenencia a
este grupo de delincuencia».

Conforme a lo expuesto, el Tribunal estimó que existe un sustento serio en la
evidencia, que justificaba la imposición de la medida y no se basó en conjeturas o
sospechas y que, adicionalmente, se cumplieron los requisitos de los artículos 301,
308, 309 del Código Penal.

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Aunado a lo dicho, señaló que la privación de la libertad se ajustó a los requisitos
establecidos en la legislación, pues se contaba con elementos materiales de prueba
y evidencia física que comprometía al señor Román con la posible comisión de los
ilícitos, entre ellos homicidio agravado cuya pena privativa de la libertad es superior
a cuatro (4) años y, procede detención preventiva conforme a lo previsto en el
artículo 313, numeral 2 ibidem; por lo que no se puede deducir la responsabilidad
para el Estado a causa de la absolución del procesado.

Por lo anterior, decidió confirmar la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones.

Los argumentos que exponen los accionantes para sustentar los defectos: fáctico y
violación directa de la Constitución se en caminan a demostrar que el Tribunal no
tuvo en cuenta, lo siguiente:

• Las interceptaciones telefónicas en las que se basó el juzgado de control de
garantías para imponer la medida de aseguramiento, no se estableció que el señor
Román Elorza estuviera cometiendo los delitos de homicidio agravado, concierto
para delinquir y rebelión. Además, no se efectuó cotejo de voz para verificar si
correspondía o no con las personas a las cuales se les estaba atribuyendo las
mismas.

• Los señores Luz Dary Piedrahíta Peña, Argemiro de Jesús Olaya Fernández,
Cecilia Pérez Orrego, Jorge Humberto de la Santísima Trinidad, Héctor Alonso
Gómez Trujillo y María Fabiola Patiño Agudelo, testigos presenciales, no realizaron
un señalamiento directo frente a la participación del señor Román Elorza en los
hechos objeto de investigación.

• La Fiscalía no mostró ningún tipo de organigrama en el cual el señor Román Elorza
hiciera parte de las estructuras delincuenciales o guerrilla que operaba en la zona.

Al respecto, la Sala encuentra que el Tribunal valoró en conjunto el material
probatorio, conforme a las reglas de la sana crítica y de la experiencia, lo que le
permitió concluir que había una inferencia razonable de que el señor Román tenía
algún tipo de afinidad o pertenencia al grupo de delincuencia, por lo que era
procedente imponer la medida de aseguramiento en su contra.

El hecho de que el Tribunal no se hubiera referido de manera específica a cada uno
de los elementos de prueba señalados, no desvirtúa el análisis de todos ellos en
conjunto. Téngase en cuenta que los actores tendrían que haber desvirtuado la
legalidad de la medida de aseguramiento en el proceso penal y es evidente que ello
no ocurrió en esa etapa del proceso; cuando el grado de certeza que se requiere
para el aseguramiento es inferior al que se exige para la condena.

En conclusión, lo manifestado por los actores no pasa de ser una simple
inconformidad con las conclusiones a las que arribó el Juez contencioso
administrativo, lo cual, por sí solo no invalida la decisión ni la califica como errónea.

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En consecuencia, se revocará la sentencia del 28 de mayo de 2026, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Primera, y, en su lugar, se negará el amparo
invocado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia del 28 de mayo de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Primera, y en su lugar, negar el amparo invocado.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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