Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02432-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02432-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02432-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
4 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-02432-001
Accionante : Carlos Aurelio Echeverri Escobar
Accionados : Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión,
y otro2
Vinculada : Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencias judiciales que declaran improcedente
acción de tutela
Decisión : Sentencia de primera instancia
1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por el señor Carlos Aurelio Echeverri Escobar contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, y el Juzgado Treinta y Dos
(32) Administrativo de Medellín, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad
social, mínimo vital, igualdad, petición y protección reforzada al adulto mayor.
I. ANTECEDENTES
1.1. Contexto fáctico
2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a las providencias judiciales objeto de censura; luego, revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, resolverá lo pertinente
en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela
3. El señor Carlos Aurelio Echeverri Escobar, quien actúa en nombre propio,
interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
seguridad social, mínimo vital, igualdad, petición y protección reforzada al adulto
mayor, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Juzgado Treinta y Dos (32) Administrativo de Medellín.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02432-00
Accionante: Carlos Aurelio Echeverri Escobar
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, y otro
Tercera de Decisión, y el Juzgado Treinta y Dos (32) Administrativo de Medellín.
4. Por consiguiente, solicitó:
[…] Dejar sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia
(18/03/2026) y la del Juzgado 32.
3. Ordenar al Tribunal emitir nueva sentencia valorando integralmente:
• solicitud 2021_848646,
• contradicción probatoria,
• CETIL,
• 1.970 semanas,
• tasa de reemplazo,
• retroactivo desde 16/04/2021.
4. Subsidiariamente, ordenar directamente a Colpensiones:
• reliquidar con tasa del 80%,
• pagar retroactivo desde 16/04/2021,
• entregar soportes técnicos completos.
Hechos3
5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por el
accionante se puede evidenciar que, el 27 de enero de 2021, el señor Carlos
Aurelio Echeverri Escobar habría presentado ante la Administradora Colombiana
de Pensiones (Colpensiones) una petición, mediante la cual aportó varias
certificaciones electrónicas de tiempos laborados (CETIL) y solicitó que fueran
incorporadas al expediente para efectos del trámite pensional, al cumplir la edad
requerida para pensionarse.
6. El 15 de febrero de 2021, Colpensiones respondió con constancia del radicado
y acusando recibo de la información aportada, sin adelantar el trámite
correspondiente o valorar la información aportada. Posteriormente, mediante
Resolución SUB 118042 del 21 de abril de 2025, Colpensiones le reconoció la
pensión de vejez y fijó la fecha de disfrute a partir de marzo de 2022. Según el
accionante, dicho acto se profirió sin tener en cuenta la solicitud presentada el 27
de enero de 2021, lo que habría afectado el retroactivo, las semanas
contabilizadas, el ingreso base de liquidación (IBL) y la tasa de reemplazo
aplicada.
7. Inconforme con la liquidación, el actor solicitó la reliquidación de la prestación
en diciembre de 2025. No obstante, la petición fue negada mediante la Resolución
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico en SAMAI, índice 2, archivo 1.
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02432-00
Accionante: Carlos Aurelio Echeverri Escobar
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, y otro
SUB-400112 del 17 de diciembre de 2025. Frente a esa decisión, interpuso los
recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos de forma
desfavorable mediante las Resoluciones SUB-5298 del 13 de enero de 2026 y
DPE 1090 del 26 de enero de 2026, respectivamente. En este último acto, según
asegura el actor, Colpensiones afirmó que no existía la solicitud del 27 de enero
de 2021 a la que se refería.
8. En consideración a lo expuesto, el señor Echeverri Escobar promovió acción de
tutela contra Colpensiones, en la que pidió que se ordenara a la entidad emitir una
nueva decisión que analizara la solicitud del 27 de enero de 2021, revisara los
factores aplicados para el cálculo de la pensión, y reconociera el retroactivo desde
el 16 de abril de 2021. Subsidiariamente, pidió que se ordenara la reliquidación de
su mesada con una tasa de reemplazo del 80%, en aplicación del artículo 34 de la
Ley 100 de 1993.
9. El asunto fue conocido, en primera instancia, por el Juzgado Treinta y Dos (32)
Administrativo de Medellín que, mediante sentencia del 20 de febrero de 2026,
declaró improcedente la acción. De un lado, frente al amparo del derecho de
petición, la autoridad judicial encontró que la acción no superaba el requisito de
inmediatez, en la medida en que el actor consideraba que la respuesta dada por
Colpensiones el 15 de febrero de 2021 fue parcial y no resolvió íntegramente lo
solicitado, mientras la tutela no se promovió sino hasta febrero de 2026.
10. De otro lado, en cuanto a la pretensión de que se ordenara a Colpensiones
emitir una nueva liquidación de la pensión de vejez, el Juzgado consideró que el
actor contaba con otros mecanismos judiciales idóneos para definir ese asunto.
Agregó que no se acreditó un perjuicio irremediable que justificara la intervención
excepcional del juez constitucional, máxime cuando el accionante percibía, para
ese momento, una mesada pensional de $4.595.702 que le permitía atender sus
necesidades básicas mientras adelanta un proceso ordinario.
11. Inconforme con esa determinación, el actor presentó recurso de apelación, en
el que adujo que el a quo analizó indebidamente la inmediatez, en tanto trató la
vulneración como un hecho ocurrido en 2021, cuando en realidad se configuró
entre el 2025 y el 2026 con las decisiones administrativas que negaron la
existencia de su solicitud inicial y mantuvieron errores en la liquidación de su
pensión. Manifestó, además, que el Juzgado omitió pronunciarse sobre la
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02432-00
Accionante: Carlos Aurelio Echeverri Escobar
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, y otro
solicitud del 27 de enero de 2021, y no valoró la idoneidad del proceso ordinario
laboral frente a un adulto mayor cuya única fuente de ingresos es su mesada
pensional.
12. Mediante sentencia del 18 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión, confirmó el fallo de primera instancia, en
tanto consideró que la acción efectivamente no superaba el requisito de
subsidiariedad. Si bien el actor acreditó su condición de pensionado y el
agotamiento de la sede administrativa, no expuso las razones por las cuales el
proceso ordinario laboral resultaba ineficaz en su caso o las circunstancias que
permitían tener por acreditado un perjuicio irremediable.
13. En cuanto a la pretensión relacionada con el derecho de petición, el Tribunal
sostuvo que el verdadero propósito del actor no era obtener una respuesta de
fondo de Colpensiones, sino que la entidad tuviera en cuenta la solicitud
presentada el 27 de enero de 2021 y, con base en ello, accediera a la reliquidación
de su pensión, finalidad que excede el ámbito propio de protección de ese
derecho fundamental y que se inscribe, nuevamente, en la controversia sobre la
liquidación pensional que debía presentar ante la jurisdicción ordinaria laboral.
14. En la tutela, el actor aseguró que, la providencia del 18 de marzo de 2026 del
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, adolece de los
defectos fáctico, sustantivo, procedimental y de desconocimiento del precedente
judicial. Primero, la autoridad judicial habría omitido valorar pruebas
determinantes para la resolución del asunto, tales como la solicitud con radicado
2021_848646 o la respuesta de Colpensiones del 15 de febrero de 2021. Sostuvo
entonces que, si bien la autoridad judicial reconoció que la entidad accionada
indicó que no existía la solicitud de 2021, no analizó esa contradicción ni
determinó su impacto jurídico.
15. Segundo, el Tribunal habría aplicado el requisito de subsidiariedad de manera
mecánica, sin considerar circunstancias que, conforme a la jurisprudencia
constitucional, imponen su flexibilización: su condición de adulto mayor, la
dependencia exclusiva de la pensión como fuente de subsistencia, la vulneración
continuada de sus derechos, la duración del proceso ordinario y la afectación de
su mínimo vital.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02432-00
Accionante: Carlos Aurelio Echeverri Escobar
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, y otro
16. Tercero, el defecto procedimental se configuró en la medida en que la
providencia atacada no habría resuelto el problema jurídico central del caso, esto
es, si existió la solicitud del 27 de enero de 2021, qué efectos jurídicos produjo, si
se configuró una contradicción probatoria y si hay una vulneración continuada de
derechos. Finalmente, el Tribunal se habría apartado injustificadamente de las
reglas fijadas por la Corte Constitucional en las sentencias SU-062 de 2010, T-
043 de 2007, T-308 de 2016, T-320 de 2017 y SU-355 de 2015.
II. TRÁMITE PROCESAL
17. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 7
de abril de 20264, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión (i) ordenó
notificar a las autoridades judiciales accionadas; y (ii) dispuso vincular a
Colpensiones, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1. Contestaciones de la acción
18. 2.1.1. Colpensiones5 expuso que lo pretendido debe ser declarado
improcedente, teniendo en cuenta que el trámite atacado no puede ser revivido por
medio de otra acción de tutela, pues, solo la Corte Constitucional puede entrar a
cuestionar esas controversias a través de la selección y revisión de la tutela.
19. 2.1.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia6 adujo que la presente acción
carece de relevancia constitucional por tratarse de una providencia judicial de tutela
contra la que el mismo mecanismo de amparo solo procede excepcionalmente.
20. 2.1.3. El Juzgado Treinta y Dos (32) Administrativo de Medellín guardó silencio
frente al proceso, pese a que fue debidamente notificado.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
21. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.
4
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 6.
5
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 12, archivo 11.
6
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 14, archivo 15.
5
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02432-00
Accionante: Carlos Aurelio Echeverri Escobar
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, y otro
3.2. La acción
22. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política
y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3. Problema jurídico
23. Se contrae a determinar si la acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad y; en caso afirmativo, si es dable, a través de este mecanismo
constitucional, examinar el eventual quebranto de derechos fundamentales que
puedan comportar las sentencias del 20 de febrero de 2026 y 18 de marzo de 2026
proferidas respectivamente por el Juzgado Treinta y Dos (32) Administrativo de
Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declararon improcedente la
solicitud de amparo inicial por no cumplir con los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez.
3.4. La acción de tutela contra providencias judiciales y las dictadas en otras
acciones de tutela
24. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 7 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado8, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Además,
determinó los requisitos generales de la acción, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
7
Sentencia C-590 de 2005.
8
sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
6
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02432-00
Accionante: Carlos Aurelio Echeverri Escobar
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, y otro
25. Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
26. Ahora bien, en lo relativo al último requisito, en sentencia SU-627 de 20159, la
Corte Constitucional dispuso que, para establecer la procedencia de la acción de
tutela, cuando se trata de otro proceso de tutela, «se debe comenzar por distinguir si ésta
se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella».
27. En ese sentido, la referida jurisprudencia determinó que, si la acción de tutela se
dirige contra la sentencia de tutela, «la regla es […] que no procede». No obstante, tuvo
en cuenta dos circunstancias a saber: (i) esta directriz «[…] no admite ninguna excepción
cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por
sus Salas de Revisión de Tutela […]», pues, en tal situación, solo es admisible el incidente
de nulidad, que debe promoverse ante la Corte Constitucional; y (ii) si el fallo de
tutela se profirió por otro juez o tribunal de la República, procede de manera
excepcional, cuando exista fraude y, por tanto, se configure «el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta», situación que exige, además del cumplimiento de los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, que «(i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada;
(ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela
fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación».
28. De otra parte, si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del trámite
constitucional diferentes a la sentencia, se debe identificar si estas acaecieron con
9
Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia SU-627 de 2015. Primero (1) de octubre de 2015.
7
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02432-00
Accionante: Carlos Aurelio Echeverri Escobar
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, y otro
anterioridad, o de manera posterior al fallo. En el primer escenario, es decir, antes
de la sentencia, y «consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar
o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela» , sí es procedente la
tutela, siempre y cuando, cumpla con los requisitos generales de procedibilidad de
aquella, ello, «incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión» ;
no obstante, en el evento que la actuación se dirija a asuntos posteriores a la
sentencia, y que trate de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en esta,
«la acción de tutela no procede». Pero, si lo que se pretende es «obtener la protección de un
derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional».
29. Así las cosas, la acción de tutela contra providencias dictadas en otra acción de
tutela, solo puede abrirse paso si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que ha sido vulnerado por una actuación arbitraria del juez de amparo
y, en todo caso, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
30. El escenario descrito es, naturalmente, un estado de cosas extraño al
mecanismo de amparo constitucional, toda vez que, no se espera que la autoridad
judicial llamada a garantizar derechos fundamentales, precisamente, incurra en la
vulneración de estos durante el trámite de la acción.
31. Por lo tanto, es viable colegir que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias dictadas en otra acción de tutela comporta una eventualidad
especialísima y de riguroso examen, con el fin de remediar situaciones complejas
ocasionadas por graves o serias irregularidades acaecidas durante el trámite o
decisión del mecanismo de amparo de derechos fundamentales.
3.5. Caso concreto
32. En el sub lite, la Sala advierte que, la inconformidad del accionante recae en las
sentencias del 20 de febrero de 2026 y 18 de marzo de 2026 proferidas en el
proceso de tutela con radicado 11001-03-15-000-2026-02432-00/01, por medio de
las cuales, se declaró improcedente el mecanismo constitucional al no satisfacer
los requisitos generales de subsidiariedad e inmediatez.
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02432-00
Accionante: Carlos Aurelio Echeverri Escobar
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, y otro
33. Sobre el particular, conviene aclarar que, tal y como lo precisó la Corte
Constitucional en sentencia SU-627 de 2015, para que la acción de tutela proceda
para cuestionar un proceso de igual naturaleza, no solo deben cumplirse los
requisitos generales y específicos dispuestos en la sentencia C-590 de 2005, sino
que, además, debe demostrarse que en las sentencias de tutela existió fraude.
34. Ahora bien, en el escrito de tutela el accionante no sustentó la procedencia
excepcional del amparo a partir de la existencia de fraude en las providencias
atacadas. Por el contrario, sus reproches se encaminaron a sostener que, en la
sentencia del 18 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió
en los defectos fáctico, sustantivo, procedimental y por desconocimiento del
precedente judicial, por haber omitido valorar pruebas determinantes, por aplicar
de manera mecánica el requisito de subsidiariedad sin tener en cuenta su condición
de adulto mayor que depende exclusivamente de la pensión como fuente de
subsistencia, por dejar de resolver el problema jurídico central del caso y por
apartarse del precedente sentado por la Corte Constitucional en diferentes
materias.
35. En consecuencia, al no haberse ni siquiera referido al posible fraude cometido
por los jueces de tutela, se advierte que el actor tiene como propósito reabrir la
discusión ya planteada ante los mismos, con el fin de obtener un pronunciamiento
a su favor sobre los mismos reparos que en su momento fueron puestos en
conocimiento con la primera acción.
IV. DECISIÓN
36. Por las razones expuestas, la Sala considera que el presente mecanismo no
cumple con los requisitos de procedibilidad propios de la tutela contra decisiones
proferidas en el marco de procesos de la misma naturaleza. Por tal motivo, se
impone declarar la improcedencia de la acción.
37. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
9
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02432-00
Accionante: Carlos Aurelio Echeverri Escobar
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, y otro
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos
fundamentales del señor Carlos Aurelio Echeverri Escobar al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, seguridad social, mínimo vital, igualdad,
petición y protección reforzada al adulto mayor, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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