Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02432-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02432-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02432-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
24 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02432-01
Accionante: Carlos Aurelio Echeverri Escobar
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad y
Juzgado Treinta y Dos (32) Administrativo de Medellín
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia. La acción no cumple
con los requisitos de la sentencia de unificación SU-627 de 2015
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide
la acción de tutela1 interpuesta por el señor Carlos Aurelio Echeverri Escobar contra
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad y Juzgado Treinta y
Dos (32) Administrativo de Medellín, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
seguridad social, de petición, a la protección reforzada al adulto mayor y a la igualdad,
supuestamente ocurrida con ocasión de las providencias del 20 de febrero de 2026,
mediante la cual, el Juzgado Treinta y Dos (32) Administrativo de Medellín declaró
improcedente la acción de tutela instaurada contra Colpensiones y del 18 de marzo
del mismo año, con la que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Oralidad confirmó esa decisión, dentro del proceso seguido bajo el medio de tutela
con radicado 05001-33-33-032-2026-00037-00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela y del expediente, se colige que el 27 de enero de 2021, el
señor Carlos Aurelio Echeverri Escobar presentó ante la Administradora Colombiana
de Pensiones (Colpensiones), una solicitud2, mediante la cual aportó varias
Certificaciones Electrónicas de Tiempos Laborados (CETIL) para su incorporación al
trámite de su pensión. El actor expuso que el 15 de febrero de 2021, la entidad acusó
1
Presentada el 26 de marzo de 2026.
2
Radicada bajo el núm. 2021_848646
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Acción De Tutela
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Accionante: Carlos Aurelio Echeverri Escobar
recibo de la documentación allegada y dejó constancia del respectivo radicado, sin
que, según lo afirmado por el señor Echeverri Escobar, realizara su valoración para
efectos del reconocimiento pensional.
3. Posteriormente, mediante Resolución SUB 118042 del 21 de abril de 2025,
Colpensiones reconoció al accionante la pensión de vejez y fijó su disfrute a partir de
marzo de 2022. Sin embargo, el señor Echeverri Escobar sostuvo que dicha decisión
fue adoptada sin considerar la documentación allegada mediante la solicitud radicada
el 27 de enero de 2021, circunstancia que, en su criterio, incidió en la contabilización
de semanas cotizadas, el ingreso base de liquidación, la tasa de reemplazo aplicada
y el retroactivo pensional reclamado.
4. Con ocasión de dicha inconformidad, en diciembre de 2025 presentó una
solicitud de reliquidación ante Colpensiones. No obstante, la entidad negó lo
pretendido mediante la Resolución SUB-400112 del 17 de diciembre de 2025,
determinación que fue confirmada al resolver los recursos de reposición y apelación a
través de las Resoluciones SUB-5298 del 13 de enero de 2026 y DPE 1090 del 26 de
enero siguiente.
5. El accionante sostuvo que, al resolver el recurso de apelación mediante la
Resolución DPE 1090 del 26 de enero de 2026, Colpensiones afirmó que no existía la
solicitud radicada el 27 de enero de 2021, pese a que, según lo manifestado por el
actor, la entidad había acusado recibo de dicha actuación años atrás. A partir de esa
circunstancia, promovió acción de tutela contra la administradora pensional, con el
propósito de obtener una nueva decisión que analizara la mencionada solicitud y
revisara la liquidación de su prestación económica.
6. El conocimiento de la acción constitucional correspondió al Juzgado Treinta y
Dos Administrativo de Medellín, que mediante sentencia del 20 de febrero de 2026 la
declaró improcedente por incumplimiento de los requisitos de inmediatez y
subsidiariedad. Inconforme con dicha determinación, el actor impugnó la decisión, y
en sede de segunda instancia el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera
de Decisión, mediante sentencia del 18 de marzo de 2026, confirmó íntegramente la
decisión del a quo.
2.2. Fundamento jurídico
7. El accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social, de petición, a
la protección reforzada al adulto mayor y a la igualdad, al estimar que las decisiones
de tutela proferidas por el Juzgado Treinta y Dos Administrativo de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia desconocieron circunstancias determinantes
para resolver su caso.
8. En primer lugar, atribuyó a la sentencia del 18 de marzo de 2026 un defecto
fáctico, al considerar que el Tribunal omitió valorar pruebas esenciales, entre ellas la
solicitud radicada el 27 de enero de 2021 y la respuesta emitida por Colpensiones el
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15 de febrero siguiente. En el sentir de la parte actora, ello impidió examinar
adecuadamente la controversia planteada.
9. Sostuvo, igualmente, que la autoridad judicial reconoció la existencia de una
contradicción derivada de la afirmación de Colpensiones acerca de la inexistencia de
la solicitud de 2021, pero omitió establecer las consecuencias jurídicas de dicha
circunstancia dentro del análisis constitucional sometido a su consideración.
10. En segundo lugar, alegó la configuración de un defecto sustantivo por una
supuesta aplicación mecánica del requisito de subsidiariedad. Indicó que el Tribunal
no tuvo en cuenta su condición de adulto mayor, la dependencia exclusiva de la
pensión como fuente de ingresos, la continuidad de la presunta vulneración y la
eficacia real del medio ordinario de defensa judicial.
11. Asimismo, denunció un defecto procedimental absoluto, pues estimó que la
providencia censurada dejó de resolver aspectos que consideró nucleares para la
controversia, relacionados con la existencia de la solicitud de enero de 2021, su
alcance jurídico y la incidencia de la prueba aportada en el reconocimiento pensional
reclamado.
12. Finalmente, afirmó que el Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció el
precedente constitucional contenido, entre otras, en las sentencias SU-062 de 2010,
T-043 de 2007, T-308 de 2016, T-320 de 2017 y SU-355 de 2015, relativas a
valoración probatoria, flexibilización de requisitos de procedibilidad y protección
reforzada de las personas adultas mayores.
2.3. Pretensiones
13. La parte accionante solicitó:
«[…] Dejar sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia (18/03/2026)
y la del Juzgado 32.
3. Ordenar al Tribunal emitir nueva sentencia valorando integralmente:
• solicitud 2021_848646,
• contradicción probatoria,
• CETIL, - 1.970 semanas,
• tasa de reemplazo,
• retroactivo desde 16/04/2021.
4. Subsidiariamente, ordenar directamente a Colpensiones:
• reliquidar con tasa del 80%,
• pagar retroactivo desde 16/04/2021,
• entregar soportes técnicos completos.». (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
14. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado mediante auto del 7 de abril de 20263 en el que
3
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se ordenó notificar como accionados al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Oralidad y el Juzgado Treinta y Dos (32) Administrativo de Medellín y vinculó
como tercero interesado a la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones.
2.4.1. La Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones4 solicitó
declarar improcedente la acción. Manifestó que las controversias surgidas en un
proceso de tutela no pueden reabrirse mediante una nueva acción constitucional y que
el control excepcional de tales decisiones corresponde a la Corte Constitucional
mediante el mecanismo de revisión.
2.4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Despacho 195 sostuvo que no se
acreditó ninguno de los presupuestos excepcionales exigidos por la sentencia SU-627
de 2015 para controvertir una sentencia de tutela, ni esta cumplía con el requisito de
relevancia constitucional, por lo que solicitó que se declarara improcedente.
2.4.3. No se rindieron más informes.
2.5. Sentencia impugnada
15. La Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado advirtió que la
presente acción se dirigía contra las sentencias de tutela proferidas el 20 de febrero y
el 18 de marzo de 2026 dentro del trámite constitucional instaurado por el accionante
contra Colpensiones.
16. Precisó que, de conformidad con la sentencia SU-627 de 2015, la tutela contra
otra tutela sólo procede de manera excepcional cuando se acredita fraude y la
configuración de una cosa juzgada fraudulenta.
17. En ese entendido, expuso que en consideración a que el actor no demostró la
existencia de fraude y sus reproches se limitaron a cuestionar la valoración probatoria,
el análisis acerca de la subsidiariedad y el precedente aplicado por los jueces
constitucionales concluyó que no se satisfacían los requisitos especiales de
procedencia y declaró improcedente el amparo.
2.6. Impugnación
18. El señor Echeverri Escobar sostuvo que la sentencia impugnada aplicó
indebidamente la SU-627 de 2015, pues el actor afirmó que la acción constitucional
no se dirigía en realidad contra las decisiones de tutela previas, sino contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y los defectos que
endilgó a dicha decisión.
19. Aunado a lo anterior señaló que no existía identidad procesal ni cosa juzgada
constitucional, dado que la nueva solicitud de amparo se fundamentó en los presuntos
defectos reprochados a la providencia del ad quem, que expuso, no fueron analizados
en el trámite constitucional previo.
4
Índice 12 del aplicativo SAMAI
5
Índice 14 del aplicativo SAMAI
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20. Finalmente, insistió en que las autoridades judiciales omitieron valorar pruebas
relevantes relacionadas con la solicitud presentada en 2021 y desconocieron su
condición de adulto mayor, por lo que solicitó revocar la decisión de primera instancia
y estudiar de fondo los cargos propuestos.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
21. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20196 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
22. La Sala advierte que, si bien el accionante invocó configurados los defectos:
fáctico, sustantivo, procedimental absoluto y por desconocimiento del precedente,
todos los cargos persiguen un mismo propósito: cuestionar la validez de las sentencias
de tutela proferidas el 20 de febrero y el 18 de marzo de 2026. Por tal razón, prima
facie, su estudio podría abordarse de manera conjunta.
23. Asimismo, se observa que el alegado desconocimiento del precedente se
encuentra inescindiblemente ligado al supuesto defecto sustantivo, pues ambos
reproches se sustentan en la inconformidad del actor frente a la interpretación
efectuada por los jueces constitucionales sobre la subsidiariedad y la procedencia del
amparo.
24. Ahora bien, como el a quo declaró improcedente la acción por el incumplimiento
de los requisitos excepcionales fijados en la sentencia SU-627 de 2015, sin abordar
el estudio de fondo de los defectos invocados, corresponde a la Sala verificar, en
primer término, si la presente solicitud supera dicho juicio de procedibilidad, pues sólo
en ese evento habría lugar a examinar los cargos formulados por el accionante.
3.3. Problema jurídico
25. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
establecer si el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad y
Juzgado Treinta y Dos (32) Administrativo de Medellín con ocasión de sus
providencias del 20 de febrero de 20267 y del 18 de marzo del mismo año8, dentro del
proceso seguido bajo la acción de tutela con radicado 05001-33-33-032-2026-00037-
00/01 incurrieron en los defectos: fáctico, sustantivo, procedimental absoluto y por
desconocimiento del precedente y con ellos, en la vulneración de los derechos
6
Reglamento interno del Consejo de Estado.
7
Mediante la cual, el Juzgado Treinta y Dos (32) Administrativo de Medellín declaró improcedente la acción de tutela instaurada
contra Colpensiones. Índice 5 del aplicativo SAMAI. Exp. 05001-33-33-032-2026-00037-00
8
Con la que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad confirmó la decisión del a quo. Índice 5 del aplicativo
SAMAI. Exp. 05001-33-33-032-2026-00037-00
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Acción De Tutela
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fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
seguridad social, de petición, a la protección reforzada al adulto mayor y a la igualdad
del señor Carlos Aurelio Echeverri Escobar.
26. Previo a lo anterior, resulta necesario establecer si la acción cumple con los
requisitos de procedencia cuando se atacan providencias emitidas en el marco de otra
acción de tutela.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
27. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados, actuando
de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales, salvo cuando
se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
28. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
29. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
30. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios
como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo,
salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
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Acción De Tutela
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la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
31. Ahora bien, es preciso poner de presente que, después de un largo período
en el que se determinó la improcedencia absoluta de la tutela contra sentencia de
tutela, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015, estableció el carácter
excepcional de este mecanismo de protección constitucional cuando se pudiera
constatar que se trata de un caso de fraude. En la referida providencia señaló:
«4.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias de tutela
(…)
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso
de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida
dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no
procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por
la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela.
En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe
promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República,
la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por
tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además
de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a
la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a
la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del
juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían
afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede.
Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela
puede proceder de manera excepcional»9.
4. Análisis del caso concreto
32. La Sala advierte, en primer lugar, que la pretensión constitucional sometida a
consideración se dirige contra las sentencias de tutela proferidas el 20 de febrero y el
9
Corte Constitucional, sentencia SU 627 de 2015, magistrado ponente: Mauricio González Cuervo.
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18 de marzo de 2026 por el Juzgado Treinta y Dos Administrativo de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente, mediante las cuales se declaró
improcedente la acción promovida por el señor Carlos Aurelio Echeverri Escobar
contra Colpensiones. Por consiguiente, el asunto debe examinarse bajo las reglas
excepcionales que gobiernan la procedencia de la denominada tutela contra tutela.
33. En ese entendido, la Corte Constitucional precisó en la sentencia SU-627 de
2015 que la acción de tutela no constituye un mecanismo habilitado para controvertir,
de manera indefinida, decisiones adoptadas dentro de otro trámite constitucional. Por
el contrario, tratándose de sentencias de tutela, la regla general es su improcedencia,
salvo en aquellos eventos extraordinarios en los que se acredite la existencia de
fraude y, con ello, la configuración de una verdadera cosa juzgada fraudulenta.
34. Si bien, el accionante sostuvo que la presente solicitud no se dirigía contra las
decisiones constitucionales previamente adoptadas, sino contra los defectos que, en
su sentir, contiene la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
tal planteamiento no resiste un examen material de las pretensiones y de los
fundamentos expuestos en la demanda.
35. Al respecto, basta con observar que lo pretendido consiste, precisamente, en
dejar sin efectos las providencias proferidas por los jueces de tutela y obtener un
nuevo pronunciamiento sobre la controversia que ya fue sometida al conocimiento de
la jurisdicción constitucional. Dicho de otra manera, aunque el actor acude al lenguaje
propio de los defectos específicos de procedibilidad, lo cierto es que su inconformidad
recae sobre las conclusiones alcanzadas por los jueces de amparo dentro del trámite
constitucional precedente.
36. Esa circunstancia resulta particularmente relevante, pues evidencia que la
discusión propuesta no versa sobre una actuación distinta o independiente de la
sentencia de tutela, sino sobre el contenido mismo de las decisiones que
pusieron fin al proceso constitucional. De ahí que el asunto se encuentre
comprendido plenamente dentro del ámbito de aplicación de la regla de improcedencia
desarrollada por la sentencia SU-627 de 2015.
37. Ahora bien, superado ese aspecto, la Sala encuentra que el accionante
tampoco acreditó el presupuesto central que habilitaría, de manera excepcional, el
examen de fondo de una tutela contra otra tutela. En ese sentido, ni en el escrito
introductorio ni en el recurso de impugnación se identificaron hechos concretos,
circunstancias objetivas o elementos de prueba encaminados a demostrar que las
providencias cuestionadas fueron producto de fraude constitucional o de actuaciones
orientadas a defraudar la administración de justicia.
38. Por el contrario, los argumentos expuestos se limitaron a manifestar
desacuerdo con la valoración probatoria realizada por las autoridades judiciales, con
la interpretación que estas efectuaron respecto de la subsidiariedad de la acción de
tutela y con las conclusiones alcanzadas sobre la relevancia constitucional del asunto
debatido. Sin embargo, la discrepancia frente al criterio judicial adoptado no
puede confundirse con fraude, ni tiene la virtualidad de convertir una
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providencia desfavorable en una decisión constitucionalmente inválida.
39. En ese orden de ideas, la Sala comparte la conclusión alcanzada por el a quo
cuando afirmó que el actor no planteó un escenario susceptible de encuadrarse en las
excepciones previstas por la jurisprudencia constitucional. Lo que se advierte, en
realidad, es el intento de reabrir una controversia ya resuelta, mediante la reiteración
de argumentos que buscan obtener una nueva valoración de los mismos elementos
fácticos y jurídicos que fueron objeto de examen en el trámite constitucional anterior.
40. Por lo anterior, admitir la procedencia de una acción de esta naturaleza
supondría desconocer la función de cierre que cumplen las sentencias de tutela dentro
del ordenamiento jurídico y permitir que cualquier desacuerdo con el razonamiento de
los jueces constitucionales diera lugar a una nueva acción de amparo. Una solución
semejante haría indefinida la discusión constitucional y comprometería gravemente
los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y estabilidad de las decisiones
judiciales.
41. Esta Subsección debe precisar, que la acción de tutela no fue concebida como
una instancia adicional, ni como un mecanismo destinado a sustituir el criterio
interpretativo del juez constitucional por el de la parte inconforme, pues su finalidad es
la protección inmediata de derechos fundamentales frente a vulneraciones actuales y
verificables, no la reapertura permanente de debates ya decididos por la jurisdicción
constitucional.
42. En consecuencia, al encontrarse acreditado que la presente solicitud se dirige
contra providencias dictadas dentro de otro proceso de tutela y al no demostrarse la
existencia de fraude ni de cosa juzgada fraudulenta en los términos exigidos por la
sentencia SU-627 de 2015, la Sala concluye que la acción resulta improcedente.
43. Por tal razón, confirmará la sentencia del 4 de mayo de 2026 proferida por la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró
improcedente el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el 4 de mayo de 2026 por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en el presente proveído.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
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TERCERO: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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