Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02438-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02438-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02438-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
4 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02438-00
Demandante: Jessica Lorena Toro Montoya
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Caducidad en el medio de
control de reparación directa / Defectos sustantivo, procedimental
y desconocimiento del precedente judicial
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Jessica Lorena Toro Montoya, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Jessica Lorena Toro Montoya promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas,
los cuales consideró vulnerados con ocasión de las providencias proferidas el 2 de
octubre de 2025 y el 12 de marzo de 2026, por el Juzgado Sesenta Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, respectivamente, en el medio de control de reparación directa
identificado con el radicado 11001-33-43-060-2025-00291-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda en
contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y Ejército Nacional con la
finalidad de que se les declarara responsables de los perjuicios causados por las
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02438-00
Demandante: Jessica Lorena Toro Montoya
lesiones padecidas en el accidente de tránsito acaecido el 2 de febrero de 2023, con
el vehículo de placas QGO 82E de propiedad de la parte demandada.
2.2. El Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en
providencia del 2 de octubre de 2025 rechazó el medio de control al concluir que
operó la caducidad, pues el accidente de tránsito ocurrió el 2 de febrero de 2023 y,
por ello, el término fenecía el 3 de febrero de 2025, mientras que la solicitud de
conciliación judicial tan solo se presentó hasta el 29 de mayo de 2025. En contra de
esta decisión interpuso recurso de apelación2.
2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
en providencia del 12 de marzo de 2026 confirmó la decisión del a quo al considerar
que conoció del daño a partir del 2 de mayo de 2023, cuando fue valorada por la
Clínica Belén y se le diagnosticó la deformidad y limitación funcional en la pierna
izquierda, mientras que la demanda solo fue radicada el 12 de agosto de 2025.
Asimismo, no resultó cierto que sólo hasta la fecha que finalizó la última incapacidad
[1º de enero de 2025] tuvo conocimiento de la magnitud del daño alegado.
2.4. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defectos sustantivo «al aplicar el artículo 164 del CPACA como una "guillotina"
mecánica» [sic] y procedimental por exceso de ritual manifiesto «al aplicar un criterio de
caducidad puramente matemático que ignora las barreras humanas, médicas y fácticas que
enfrenté como víctima del Estado» [sic]. Lo anterior, por cuanto solo hasta enero de
2025, cuando finalizó la incapacidad médica vigente tuvo un conocimiento cierto y
técnico de la magnitud del daño sufrido, razón por la cual, inició la conciliación
prejudicial el 29 de mayo de 2025 y presentó la demanda del 12 de agosto de 2025.
2.5. En desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional3 el cual
determinó que el conteo de la caducidad debe ser «elástico» y «humano» cuando el
daño no se consolida en el acto inicial.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1. AMPARAR los derechos fundamentales al Debido Proceso y Acceso Efectivo a la
Administración de Justicia de JESSICA LORENA TORO MONTOYA.
2. DEJAR SIN EFECTO el auto del 02 de octubre de 2025 (Juzgado 60) y el auto del 12
de marzo de 2026 (Tribunal), por configurar una vía de hecho judicial.
3. ORDENAR la admisión de la demanda de Reparación Directa, bajo el entendido de que
la caducidad se vio interrumpida por la incapacidad médica prolongada de la víctima, en
aplicación de las sentencias T-301/19 y T-340/23. […]» [sic].
2 Al considerar que el término de caducidad debía contarse a partir del conocimiento cierto y definitivo
del daño, y en la fecha de ocurrencia del hecho [2 de febrero de 2023] se estaba ante una imposibilidad
de conocerlo en su plenitud, pues no fue inmediato e inmodificable, sino que sus efectos fueron
mediatos y prolongados, ya que la incapacidad médica se extendió hasta el 1° de enero de 2025.
3 Al respecto citó: i) T-301 de 2019; ii) T-340 de 2023.
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Demandante: Jessica Lorena Toro Montoya
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. Famisanar EPS4 luego de precisar que la demandante se encontraba activa
en el régimen contributivo y que ha recibido los servicios médicos sin ninguna
interrupción, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva
por cuanto no era competente para actuar y responder por los reclamos aducidos.
Asimismo, que se declarara improcedente la petición de amparo ante la ausencia de
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A5 luego de hacer un recuento de las actuaciones jurídico-
procedimentales surtidas al interior del proceso contencioso, requirió que se
declarara improcedente el amparo pretendido por no acreditar el requisito general de
la relevancia constitucional, toda vez que la verdadera intención de la demandante
era convertir el amparo en una instancia adicional del proceso contencioso.
5.1. No resultó dable concluir que sólo hasta la fecha en que finalizó la última
incapacidad que le fue concedida tuvo conocimiento o certeza del daño alegado, más
aún, cuando se desconocieron los fundamentos médicos por los que le fueron
otorgadas y si devinieron de las afecciones con ocasión del accidente de tránsito,
pues de la misma solo allegó un certificado de Famisanar EPS del registro de las
fechas de esta.
6. Los demás terceros con interés guardaron silencio.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) falta de legitimación
en la causa por pasiva; iv) procedencia de la tutela contra providencia judicial; v)
determinación del problema jurídico; y vi) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1. ° del Decreto 333 del 6 de
abril de 20216 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y otro.
4
Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado «9RECIBEPRUEBAS_23001333300620250013(.zip)
NroActua 12».
5 Ver índice 14 de Samai. Archivo denominado «9_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
InformeTutela2026(.pdf) NroActua 14».
6 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
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Demandante: Jessica Lorena Toro Montoya
2.2. Cuestión previa
9. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de
las decisiones proferidas por el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, se observa que los argumentos que sustentan sus pretensiones son
similares respecto a una y otra.
10. Por lo anterior y en atención a que la providencia del 2 de octubre de 2025,
proferida en primera instancia fue apelada y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, desató el recurso a través de la providencia del 12 de marzo de 2026,
al confirmar lo resuelto por el a quo, el reclamo constitucional formulado será
estudiado solo respecto a esta última, en tanto fue la que puso fin al proceso.
2.3. Falta de legitimación en la causa por pasiva
11. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o
por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo
señala el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.
12. La Corte Constitucional7 en relación con la legitimación en la causa por pasiva
en los trámites de solicitudes de tutela ha considerado:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por
la vulneración o amenaza del derecho fundamental7. En la medida que refleja la calidad
subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en el
proceso”8, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es citado
al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a responder por
la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”9
7 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
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Demandante: Jessica Lorena Toro Montoya
Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a
interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho
fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]»
13. Famisanar EPS solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva, al considerar que no es la autoridad competente para tramitar las
pretensiones de la demandante, así como tampoco la señalada de transgredir los
derechos fundamentales invocados.
14. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto
fue en calidad de tercero con interés, por solicitud expresa de la demandante
comoquiera que es la EPS que ha llevado su proceso de recuperación tras el
accidente, en aras de garantizarles su derecho de defensa y contradicción, por lo que
se negará tal solicitud.
2.4. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
15. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema9. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
16. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
17. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo10, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02438-00
Demandante: Jessica Lorena Toro Montoya
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
18. Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
19. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos12,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales13.
20. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.5. Problema jurídico
21. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A vulneró los
derechos fundamentales de Jessica Lorena Toro Montoya con ocasión de la
providencia del 12 de marzo de 2026, mediante la cual confirmó la decisión de
rechazar el medio de control de reparación directa por haber operado el fenómeno
de la caducidad, con la que incurrió, presuntamente, en defectos sustantivo,
procedimental y, en desconocimiento del precedente judicial?
11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
12 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Jessica Lorena Toro Montoya
2.6. Análisis de la Sala
2.6.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
22. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.6.2. Defecto sustantivo
23. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión
que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado social de derecho.
24. El alto tribunal de lo constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma; y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
25. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales.
2.6.3. Del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
26. El defecto procedimental fue definido por la Corte Constitucional desde la
sentencia T-231 de 1994 como causal de vía de hecho en una providencia judicial.
Desde entonces, fue entendido como aquél en el que el juez ordinario adelanta el
asunto bajo una cuerda procesal equivocada u omite el curso de una etapa del
trámite, en perjuicio del derecho al debido proceso.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02438-00
Demandante: Jessica Lorena Toro Montoya
27. A partir de la sentencia T-1306 de 200114, empero, la Corte Constitucional
consideró que este defecto no solo podía ser absoluto, sino presentarse por un
exceso ritual manifiesto15, producto de una indebida preferencia por las formas
procesales en perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la
prevalencia del derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones
judiciales, en la consecución de la justicia material y la garantía de los derechos
fundamentales16.
28. La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya
alegado el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad
de hacerlo; que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión; y,
que lesione bienes ius fundamentales17.
2.6.4. Desconocimiento del precedente judicial
29. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.
30. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o
semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el
juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.
El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
14 Línea que ha venido consolidándose, entre otras, a través de las sentencias T-974 de 2003, T-973
de 2004, T-264 de 2009, T-599 de 2009, T-950 de 2011 y T-213 de 2012.
15 Desde esta concepción del defecto es clara la tensión entre los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, tensión que debe abordarse desde la concepción de dichos
bienes como mandatos de optimización, lo que permite su ponderación en cada caso en concreto para
la satisfacción de los derechos fundamentales involucrados en cada caso en concreto.
16 En esta decisión, el defecto se definió como: “[…] aquel que se deriva de un fallo en el cual haya
una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material […]”.
17 Al respecto, en la Sentencia T-213 de 2012, reiterando para el efecto la línea jurisprudencial
consolidada sobre este aspecto, sostuvo que la prosperidad del defecto se sujetaba a: “[…]“(i) (Q)ue
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales. […]”.
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modificarlo.
31. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
32. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, con
identificación de los precedentes relevantes; de suficiencia, donde dé a conocer las
razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precise por
qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de
ello reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la
igualdad que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.6.5. Sobre el caso concreto
33. Jessica Lorena Toro Montoya acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
providencia proferida el 12 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo del
Cundinamarca, mediante la cual se confirmó la decisión de rechazar el medio de
control de reparación directa que interpuso, al encontrar configurado el fenómeno
jurídico de la caducidad.
34. Lo anterior, al considerar que se incurrió en defecto fáctico «al aplicar el artículo
164 del CPACA como una "guillotina" mecánica» [sic] y procedimental por exceso de ritual
manifiesto «al aplicar un criterio de caducidad puramente matemático que ignora las
barreras humanas, médicas y fácticas que enfrenté como víctima del Estado» [sic]. Lo
referido, por cuanto solo hasta enero de 2025, cuando finalizó la incapacidad médica
vigente tuvo conocimiento cierto y técnico de la magnitud del daño sufrido, razón por
la cual, inició el trámite de la conciliación prejudicial el 29 de mayo de 2025 y presentó
la demanda del 12 de agosto de 2025.
35. En desconocimiento del precedente constitucional18 el cual determinó que el
conteo de la caducidad debe ser «elástico» y «humano» cuando el daño no se
consolida en el acto inicial.
36. En este punto, la Sala aclara que, el estudio de los mencionados defectos se
hará en conjunto comoquiera que todos están dirigidos a cuestionar la aplicación del
artículo 164 del CPACA y, con ello, rechazar el medio de control por haber operado
18 Al respecto citó: i) T-301 de 2019; ii) T-340 de 2023.
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Demandante: Jessica Lorena Toro Montoya
el fenómeno jurídico de la caducidad, sin tener en cuenta su situación particular,
referente a la fecha en que cesó su incapacidad médica.
37. En este punto, se recuerda que el literal i) numeral 2 del artículo 164 del
CPACA, en cuanto a la caducidad del medio de control de reparación directa,
dispuso:
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada:
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]
i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. […].
25. Con fundamento en la normativa expuesta, el Tribunal Administrativo del
Cundinamarca, en lo referente a la caducidad en los casos de lesiones personales,
de cara al precedente judicial sentado por el máximo órgano de lo contencioso-
administrativo respecto al momento en que debe empezar a contarse el término en
estos casos, consideró:
«[…] 25. Según lo señalado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, al tratarse de casos relacionados con lesiones personales cuya existencia solo se
conoce de forma certera y concreta con el tiempo y posterioridad al hecho generador, será
el juez quien defina en cada caso, si contabiliza la caducidad desde que ocurrió el daño o
desde cuanto el interesado tuvo conocimiento de este.
26. En el mismo sentido, el Consejo de Estado resaltó que la fecha en la que se conoce
la magnitud del daño, mediante la notificación del dictamen proferido por la Junta de
Calificación de Invalidez, no constituye un parámetro para contabilizar la caducidad. Lo
anterior, considerando que su función es establecer la magnitud de una lesión respecto
de la cual el afectado directo conoce previamente. En este sentido, debe diferenciarse el
daño de su magnitud, pues el cómputo de la caducidad lo determina el conocimiento del
primero.
27. En suma, la Subsección A, Sección del Tercera del Consejo de Estado ha señalado
que, por regla general, el hecho dañoso y el daño coinciden temporalmente, sin embargo,
cuando esto no ocurre, el operador judicial debe computar la caducidad desde que el
demandante advirtió el daño, toda vez que, en ese momento, tiene un interés para acudir
a la jurisdicción. En esa misma dirección, la Corte Constitucional ha referido que “supone
una carga procesal muy alta exigir que el afectado identifique el daño en el momento de
acaecimiento del hecho, bajo la premisa de que el daño es cierto porque la lesión es
evidente”.
28. Pues bien, revisados los elementos probatorios, de la historia clínica anexada al
expediente se advierten las diferentes valoraciones de la demandante Jessica Lorena
Toro Montoya.
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Demandante: Jessica Lorena Toro Montoya
29. Es así como, en valoración del 4 de enero de 2023, 2 días después de la fecha del
accidente se consignó lo siguiente:
30. Adicionalmente, en valoración del 2 de mayo de 2023 en la Clínica Belén, se consignó
lo siguiente:
31. De lo anterior se tiene conocimiento que el día 2 de enero de 2023, la demandante
Jessica Lorena Toro Montoya resultó herida por causa del accidente de tránsito que sufrió
mientras fue arrollada por una motocicleta de propiedad de la demandada, que le
representó varias facturas “del suelo de la órbita”; “de la diáfisis del humero” y “de la diáfisis
de la tibia”.
32. En valoración del 2 de mayo de 2023, en la valoración que se hiciera en la Clínica
Belén, se consignó como diagnostico “fractura de la diáfisis de la tibia” y “convalecencia
consecutiva a cirugía”, en el examen médico se consignó “edema deformidad en pierna
izquierda” y en el análisis y plan de manejo se plasmó que la demandante presentaba
como secuelas del accidente acaecido el 2 de enero de 2023: “deformidad y limitación
funcional en pierna izquierda posterior a realización de osteosíntesis secundario al
accidente de tránsito que padeció al ser arrollada por una motocicleta, pues así lo
estableció el mencionado análisis y plan de manejo en el registro médico consignado en
la Clínica Belén.
33. Si bien la recurrente indica que, solo hasta el 1º de enero de 2025 la señora Jessica
Lorena Toro Montoya conoció la magnitud del daño, al vencimiento de las incapacidades
que el fueron otorgadas, lo cierto es que desde la valoración del 2 de mayo de 2023 la
Clínica Belén informó de las afectaciones en el miembro inferior izquierdo de la
demandante (secuelas de deformidad y perturbación funcional), y que la misma era
atribuida al accidente del 2 de enero de 2023.
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Demandante: Jessica Lorena Toro Montoya
34. En esa medida no puede señalarse, como lo afirma la parte actora, que sólo hasta la
fecha que finalizó la última incapacidad que le fue concedida el 1º de enero de 2025, tuvo
conocimiento de la magnitud del daño alegado, pues en todo caso se desconocen los
fundamentos médicos por las que le fueron otorgadas y si devienen de las afecciones con
ocasión del accidente de tránsito.
35. Lo anterior, en tanto se ítera que, desde el 2 de mayo de 2023, se indicó que con
ocasión del “edema deformidad de la pierna izquierda”, padecía la secuela de “deformidad
y limitación funcional en pierna izquierda”.
36. Al respecto, el Consejo de Estado19 ha señalado que el “cómputo de la caducidad en
los casos de lesiones lo determina el conocimiento del daño, pero este puede variar
cuando, por ejemplo, el mismo día del suceso no existe certeza del mismo, no se sabe en
qué consiste la lesión o esta se manifiesta o se determina después del accidente sufrido
por el afectado”. Situación que se concretó en el presente caso, toda vez que la víctima
directa para el momento de los hechos no sabía de la limitación funcional que padecería
con ocasión a la afectación en su miembro inferior izquierdo por ocasión del accidente de
tránsito padecido (2 de enero de 2023), dado que solo hasta la valoración del 2 de mayo
de 2023, tuvo certeza del daño, esto es la deformidad y limitación funcional en la pierna
izquierda.
37. Conforme a lo anterior, el término de caducidad previsto en el artículo 164, numeral
2.-, literal i) del CPACA, transcurrió entre el 13 de mayo de 2023 y el 3 de mayo de 2025,
la demanda solo fue radicada el 12 de agosto de 2025, sin que la solicitud de conciliación
prejudicial hubiere suspendido el término de caducidad, en tanto fue radicada el 29 de
mayo de 2025, cuando ya había vencido la oportunidad del medio de control.
38. En gracia de discusión, el hecho de que la demandante hubiere sido objeto de varios
procedimientos quirúrgicos con ocasión a las lesiones presentadas, lo cierto es que,
conforme a la documental del plenario, conoció de las afectaciones en el miembro inferior
izquierdo del demandante (secuelas de deformidad y perturbación funcional), y que la
misma era atribuida al accidente del 2 de enero de 2023, desde el 2 de mayo de 2023.
Por consiguiente, debe contabilizarse la caducidad en los términos como se analizó en
precedencia, encontrándose que ha operado, por lo que se confirmará la providencia
apelada. […]» [sic].
26. Como se observa, la autoridad judicial demandada acató lo dispuesto en el
CPACA y la jurisprudencia del Consejo de Estado, a efectos de declarar probada la
excepción de caducidad de cara con las circunstancias que rodeaban el caso
particular de Jessica Lorena Toro Montoya; en ese sentido, desestimó la tesis de la
demandante según la cual el conocimiento del daño solo se configuró al finalizar las
incapacidades, y se alineó con el criterio jurisprudencial que distingue entre daño y
magnitud del mismo, por lo que precisó que el cómputo de la caducidad inicia desde
el momento en que el afectado tiene certeza del daño.
27. Tan es así que, concluyó que, aunque el accidente ocurrió el 2 de enero de
2023, fue en la valoración médica del 2 de mayo de 2023 cuando la demandante
conoció de manera concreta las secuelas de deformidad y limitación funcional en su
pierna izquierda, razón por la cual desde esa fecha debía contabilizarse el término
19 Consejo de Estado, Sala Plena Sección Tercera, Sentencia 29 de noviembre de 2018, rad. 2003-
01282 (47308) C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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Demandante: Jessica Lorena Toro Montoya
de caducidad, el cual se encontraba vencido al momento de la presentación de la
demanda, sin que la solicitud de conciliación prejudicial lograra suspenderlo.
28. En concordancia con lo anterior, y contrario a lo sostenido por la parte
demandante, el Tribunal fue enfático en señalar que el conocimiento del daño no
puede supeditarse a la determinación posterior de su magnitud ni al vencimiento de
las incapacidades médicas. En ese sentido, no resulta jurídicamente admisible
postergar el inicio del término de caducidad hasta el 1º de enero de 2025, fecha en
la que, según Jessica Lorena Toro, se consolidó plenamente la magnitud de las
lesiones, máxime cuando «en todo caso se desconocen los fundamentos médicos por las
que le fueron otorgadas y si devienen de las afecciones con ocasión del accidente de
tránsito».
29. Por el contrario, la autoridad judicial demandada determinó que el daño fue
conocido de manera cierta desde el 2 de mayo de 2023, cuando en la valoración
médica practicada se establecieron las secuelas de deformidad y limitación funcional
en la pierna izquierda, atribuibles al accidente de tránsito ocurrido el 2 de enero de
2023, sin que actuaciones o circunstancias posteriores, como la prolongación de
incapacidades o la realización de procedimientos quirúrgicos, tuvieran la capacidad
de modificar o reabrir el término para presentar la demanda.
30. Así, la posición adoptada en la providencia enjuiciada se fundamentó en que
el cómputo del término de caducidad no depende de la apreciación subjetiva del
afectado ni del momento en que este considere plenamente determinada la magnitud
del daño, sino del instante en que adquiere conocimiento cierto del mismo, lo cual,
en el presente caso, se concretó con la valoración médica del 2 de mayo de 2023, en
la que se establecieron las secuelas de deformidad y limitación funcional en la pierna
izquierda atribuibles al accidente de tránsito ocurrido el 2 de enero de 2023.
31. A juicio de la Sala, resulta ajustado a derecho que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca contabilizara el término de caducidad a partir de dicha fecha, esto
es, desde el 2 de mayo de 2023, momento en el cual la demandante tuvo certeza del
daño sufrido, por lo que contaba hasta el 3 de mayo de 2025 para acudir ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativa; no obstante, solo presentó la solicitud
de conciliación prejudicial el 29 de mayo y la demanda el 12 de agosto del mismo
año, cuando ya había fenecido el término legal para ello.
32. Como se observa, la autoridad judicial demandada analizó la normativa y la
jurisprudencia aplicable al caso, en atención a las circunstancias particulares en las
que se encontraba Jessica Lorena Toro Montoya; diferente es, que no se le otorgara
la entidad ni el alcance por ella pretendido, pues, con independencia de que las
consecuencias físicas y médicas derivadas del accidente se prolongaran en el
tiempo, lo cierto es que «solo hasta la valoración del 2 de mayo de 2023, tuvo certeza del
daño, esto es la deformidad y limitación funcional en la pierna izquierda». Razón por la cual,
el cómputo del término de caducidad comenzó a operar legalmente desde esa fecha.
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Demandante: Jessica Lorena Toro Montoya
33. Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial
demandada no incurrió en ninguna de las causales específicas de procedencia de la
solicitud de tutela contra providencia judicial alegadas, debido a que su decisión fue
proferida conforme a las normas y jurisprudencia reguladoras de su función judicial,
apoyada en el material probatorio obrante en el proceso para efectuar la
interpretación que consideró más ajustada al caso concreto.
34. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
35. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
3. Conclusión
36. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
de los derechos fundamentales invocados por Jessica Lorena Toro Montoya, en la
solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A y el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá.
37. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación de Famisanar EPS.
Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Jessica Lorena Toro
Montoya en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y el Juzgado Sesenta Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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Demandante: Jessica Lorena Toro Montoya
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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