Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02441-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02441-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02441-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
2 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02441-00
Demandante: SOCIEDAD HOLDING MINERO SAS EN REORGANIZACIÓN
(ANTES MASERING HOLDING SAS)
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Declara improcedente
la acción por no superar los requisitos de relevancia constitucional
y subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio de la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada en los
decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el
artículo 13 de Acuerdo 080 del 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La sociedad Holding Minero SAS en reorganización [antes Masering Holding SAS], a
través de su representante legal, presentó1 acción de tutela en contra de la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva.
La accionante alegó la vulneración de sus garantías constitucionales con ocasión de
la providencia del 25 de noviembre de 2025, mediante la cual se confirmó la sentencia
del 22 de marzo de 2022, a través de la cual el Tribunal Administrativo del Cesar
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de los
Ministerios del Trabajo y del Interior, y denegó las pretensiones de la demanda
respecto del municipio de La Jagua de Ibirico [Cesar], dentro del medio de control de
reparación directa con radicado 20001-23-39-000-2017-00456-00/01 (69309),
promovida por el actor contra las anteriores autoridades.
1
Generación de tutela en línea No. 3678813 con fecha del 26 de marzo de 2026.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Sociedad Holding Minero SAS en reorganización
[antes Masering Holding SAS]
Demandado: Consejo de Estado Sección, Tercera Subsección, A
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1.2. Pretensiones
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva de la Sociedad HOLDING
MINERO SAS., quebrantados por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, al proferir la sentencia del 25 de
noviembre de 2025 que CONFIRMÓ la sentencia del 22 de septiembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró probada la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio del Trabajo y
Ministerio del Interior, y negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 25 de noviembre de 2025 proferida
por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado y, en su lugar, ORDENAR a la autoridad judicial accionada que,
dentro del término que fije el fallo de tutela: (i) profiera una nueva decisión respetuosa
de los parámetros constitucionales del debido proceso, (ii) realice una valoración
integral, objetiva y no fragmentada del acervo probatorio y (iii) Se pronuncie de manera
expresa, clara y de fondo sobre las excepciones de mérito propuestas por el municipio
de La Juaga de Ibirico2.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo presentada por la Sociedad Holding Minero SAS en
reorganización [antes Masering Holding SAS], en adelante Minero SAS, se sustenta
en los siguientes hechos que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión que
se adoptará en esta sentencia.
La sociedad explicó que era propietaria de 45 máquinas destinadas a labores de
minería liviana y pesada, utilizadas para la extracción de carbón y la remoción de
material estéril; indicó que, el 20 de enero de 2014, suscribió contrato de
arrendamiento sobre el predio denominado «Nuevo Horizonte», por el término de un
año y con un canon mensual de $3’333.333, con el objeto de destinarlo como
parqueadero temporal de la maquinaria mientras se trasladaba a los muelles de
embarque y hasta la mina «La Caypa».
Precisó, además, que en agosto de 2015 ubicó dichos equipos en calidad de
arrendamiento en la misma finca, situada en el municipio de La Jagua de Ibirico,
Cesar3.
Manifestó que en el mismo mes de agosto, un grupo de personas ajenas a cualquier
vínculo laboral con la empresa impidió, mediante vías de hecho, la movilización de la
maquinaria, situación que la llevó, en su condición de propietaria de una parte y
tenedora de otro lote de equipos, así como arrendataria de la finca a presentar el 31
de agosto de ese mismo año una querella policiva por perturbación de la posesión y
tenencia contra personas indeterminadas ante la alcaldía municipal.
Relató que, el 10 de noviembre de 2015, la Alcaldía Municipal expidió la Resolución
GGE-551, que ordenó el cese inmediato de los actos obstructivos y garantizó el libre
acceso y circulación en el inmueble.
2
Transcripción literal del escrito de tutela con posibles errores.
3
Específicamente en el corregimiento de Boquerón.
2
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Agregó que, el 8 de marzo de 2016, se celebró un Consejo de Seguridad convocado
por la misma autoridad para ejecutar la diligencia de desalojo, en el cual funcionarios
de nivel directivo del Ministerio del Trabajo y del Ministerio del Interior solicitaron
telefónicamente a la alcaldesa la suspensión del procedimiento policivo con el
propósito de instalar mesas de diálogo social.
Expuso que, en atención a las órdenes del Gobierno Nacional, la Alcaldía de La Jagua
de Ibirico [Cesar] suspendió la medida policiva y omitió la movilización de la
maquinaria, lo que ocasionó su deterioro por falta de mantenimiento durante más de
10 años.
Señaló que dicha inejecución produjo la destrucción total de los equipos por la
exposición a la intemperie y la imposibilidad de realizar labores de conservación,
circunstancia que motivó a la sociedad a promover el medio de control de reparación
directa.
En primera instancia el proceso se asignó al Tribunal Administrativo del Cesar, que
en sentencia del 22 de septiembre de 2022, declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto de la Nación – Ministerio del Trabajo y
del Ministerio del Interior, al considerar que la intervención de sus funcionarios se
limitó a recomendaciones de diálogo social.
Exoneró al municipio al encontrar acreditada la culpa exclusiva de la víctima, pues el
daño se originó en el incumplimiento laboral del Consorcio Minero del Cesar, con
participación mayoritaria de Holding Minero SAS, y en la negativa de la empresa a
llegar a acuerdos con los trabajadores.
Finalmente, precisó que, aun en el supuesto de responsabilidad municipal, no
procedía indemnización por la falta de credibilidad del dictamen pericial aportado.
La sociedad accionante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, al considerar que el tribunal incurrió en un yerro al omitir un
pronunciamiento expreso y de fondo sobre las excepciones de mérito propuestas por
el municipio.
Asimismo, cuestionó el análisis de las defensas de dicha entidad y solicitó la
revocatoria de la decisión que exoneraba a los ministerios de responsabilidad por los
daños ocasionados a la maquinaria
El anterior fue resuelto por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, que mediante sentencia del 25 de noviembre de 2025 confirmó la decisión
del a quo, al concluir que, las intervenciones de los delegados del Ministerio del
Interior y del Ministerio del Trabajo se limitaron a recomendaciones sin incidencia
directa en la decisión de la alcaldesa de suspender el desalojo, razón por la cual no
comprometían la responsabilidad de la Nación.
Reiteró lo decidido atribuyéndole responsabilidad solidaria conforme al artículo 7 de
la Ley 80 de 1993. Por último, priorizó la libertad sindical al interpretar el artículo 39
de la Constitución, otorgando protección reforzada a los trabajadores sindicalizados
y legitimando en la práctica la ocupación del predio y el bloqueo de la maquinaria
3
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como mecanismo de presión.
1.4. Sustento de la vulneración
La sociedad Minero SAS manifestó que la sentencia impugnada incurrió en los
siguientes yerros:
Defecto fáctico: por cuanto omitió valorar las grabaciones y actas del consejo de
seguridad del 8 de marzo de 2016, que evidenciaban la intervención imperativa de
los ministerios en la suspensión del amparo policivo y la disponibilidad operativa del
Escuadrón Móvil Antidisturbios4 [en adelante ESMAD].
Adicionalmente indicó que la decisión se fundamentó en consideraciones
improcedentes respecto a los oficios emitidos por la alcaldía5 y otorgó pleno valor a
testimonios que no acreditaban la existencia material de un conflicto laboral con la
actora.
Defecto sustantivo: al realizar una interpretación errónea y contraria del artículo 396
de la Carta Política y del Convenio 87 de la OIT7, al conferir a la libertad sindical un
carácter absoluto que legitimó las vías de hecho y la ocupación de la propiedad,
desconociendo de manera abierta la jurisprudencia consolidada de la Corte
Constitucional en las sentencias T-084 de 2025 y T-376 de 2020.
Igualmente, cuestionó la aplicación indebida del artículo 7 de la Ley 80 de 1993 8, al
atribuirle responsabilidad laboral solidaria por su participación en un consorcio estatal,
desconociendo la competencia del juez laboral, así como el desconocimiento de la
4
Transformada en septiembre de 2022 en la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden-
[UNDMO].
5
Escrito remitido en fecha del 25 de julio de 2016 a la embajada de Mexico. Oficio del 26 de mayo de
2017.
6
ARTICULO 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones,
sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta
de constitución.
La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se
sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.
La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial.
Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el
cumplimiento de su gestión.
No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública.
7
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, «Artículo 8
1. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio, los trabajadores, los
empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o
las colectividades organizadas, a respetar la legalidad.
2. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías
previstas por el presente Convenio».
8
ARTÍCULO 7°. ENTIDADES A CONTRATAR. «Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 2160
de 2021». El nuevo texto es el siguiente: […]
6. Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para
la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada
una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones,
hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos
los miembros que lo conforman.
7. Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta
para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el
cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de
las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación
en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.
4
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jurisprudencia consolidada de la Corte Constitucional9.
Defecto procedimental absoluto: dado que la autoridad de segunda instancia omitió
resolver de manera expresa y de fondo las excepciones de mérito propuestas por el
municipio, dejando en suspenso elementos esenciales del litigio y vulnerando el deber
de motivación judicial. Asimismo, sostuvo que la omisión transgredió el principio de
congruencia, pues el juez estaba obligado a pronunciarse sobre todas las cuestiones
esenciales planteadas, y al no hacerlo, la providencia se apartó del objeto del litigio y
desestructuró la decisión judicial.
Violación directa de la Constitución Política: finalmente invocó el desconocimiento de
normas constitucionales de aplicación inmediata, específicamente reprochó la
inaplicación del artículo 2 [deber de protección del Estado frente a riesgos
extraordinarios], del artículo 90 [régimen de responsabilidad patrimonial por la omisión
de las autoridades] y del artículo 216 de la Constitución Política [monopolio legítimo
de la fuerza], dado que el fallo toleró la sustitución del ordenamiento jurídico y la
inacción estatal ante la fuerza ejercida por particulares.
1.5. Trámite y contestaciones
El 13 de abril de 202610, el magistrado ponente de esta decisión manifestó estar
impedido para conocer del asunto de la referencia al invocar la causal prevista en el
numeral 5° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal11.
Asimismo, la magistrada Gloria María Gómez Montoya manifestó impedimento el 15
de abril de la misma anualidad12, para conocer y decidir el presente mecanismo
constitucional, bajo la causal de impedimento prevista en el numeral 5 ibidem13; sin
embargo, mediante auto del 14 de mayo de 202614, la sala15 las declaró infundadas al
no encontrar demostrados los supuestos para su configuración.
Mediante auto del 4 de junio de 2026, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar a los magistrados que conforman la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado.
De igual forma, se ordenó vincular los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo del Cesar, a los ministros de del Trabajo y del Interior y al alcalde del
municipio de La Jagua de Ibirico [Cesar], en calidad de terceros con interés en las
resultas del proceso.
9
Sentencias T-084 de 2025 y T-376 de 2020.
10
Índice 4 de Samai.
11
ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
(…)
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente
suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la
actuación procesal.
12
Índice 11 de Samai.
13
ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: […] 5. Que exista
amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el
funcionario judicial.
14
Índice 22 de Samai.
15
Conformada por: los magistrados Pedro Pablo Vanegas Gil, Luis Alberto Álvarez Parra y, los
conjueces Diego Andrés González Medina y Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado
La magistrada ponente16 de la decisión cuestionada explicó que la acción de tutela
pretendía reabrir un debate probatorio y económico ya resuelto con fuerza de cosa
juzgada, sin demostrar vulneración arbitraria de derechos fundamentales, pues solo
evidenció discrepancia frente al criterio judicial y la valoración probatoria.
Refutó la configuración de defectos fácticos, sustantivos y procedimentales, al señalar
que el fallo cuestionado valoró integralmente las pruebas y acreditó la actuación
diligente del municipio, cuya inejecución obedeció a circunstancias ajenas a su
control, como la falta de disponibilidad del ESMAD y la conflictividad social.
Aclaró que la decisión no legitimó las vías de hecho de los trabajadores, sino que
aplicó un enfoque de prudencia frente a la tensión de derechos fundamentales, y
reiteró que los ministerios actuaron dentro de sus competencias preventivas y de
coordinación.
En consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela y,
subsidiariamente, negar de fondo las pretensiones de amparo.
1.5.2. El Tribunal Administrativo del Cesar17 se limitó a remitir el link del expediente
digital del proceso de Reparación Directa con radicado 20001233900120170045600.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, según lo
previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 201518, así como en el Acuerdo 80
de 12 de marzo de 2019.
2.4. Problema jurídico
Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora, la
autoridad judicial demandada desconoció sus derechos al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva.
Lo anterior ocurrió con ocasión de la sentencia del 25 de noviembre de 2025, mediante
la cual se confirmó la decisión del 22 de marzo de 2022, en la que el Tribunal
Administrativo del Cesar declaró probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva respecto de los Ministerios del Interior y del Trabajo, y negó las
pretensiones de la demanda contra el municipio de La Jagua de Ibirico [Cesar], dentro
16
La magistrada ponente fue la doctora María Adriana Marín, sin embargo, el informe fue suscrito por
la doctora Zoranny Castillo Otálora, titular del despacho correspondiente desde el 27 de abril de 2026.
17
Índice 40 de Samai.
18
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
6
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del medio de control de reparación directa radicado 20001-23-39-000-2017-00456-
00/01 (69309).
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la
sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse
superados se estudiará, iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas
que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el momento
jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo
residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala
el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción no puede ser
ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y
otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que
se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden
efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos
generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.
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Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el
contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto
del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación
del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva
2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(…) el juez de tutela debe limitarse
a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada.»
Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta corte,
el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión
fue proferida por un órgano de cierre.
En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la tutela implica un juicio
de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar
este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
Asimismo, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional
«protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que este mecanismo se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales» y explicó en
detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta
exigencia, los cuales son:
(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una
alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
En el caso que ocupa a la sala, la parte actora cuestionó la providencia proferida por
la Sección Tercera, Subsección A de esta corporación que decidió confirmar la
sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Cesar que declaró probada la
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excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Ministerio del
Trabajo y Ministerio del Interior y negar lo pretendido en la demanda de reparación
directa.
A juicio de la sociedad actora, la decisión cuestionada presentó: (i) un defecto fáctico
al no valorar las actas y grabaciones del Consejo de Seguridad de 2016 y por
fundamentar la decisión en pruebas insuficientes; (ii)un defecto sustantivo, derivado
de la interpretación errónea del artículo 39 de la Constitución Política y del Convenio
87 de la OIT, así como de la indebida aplicación del artículo 7 de la Ley 80 de 1993;
(iii) un defecto procedimental absoluto, al omitir resolver de manera expresa y de fondo
las excepciones de mérito propuestas por el municipio, lo que vulneró el deber de
motivación judicial y transgredió el principio de congruencia, apartándose del objeto
del litigio y desestructurando la decisión; y (iv) una violación directa de la Constitución,
por la inaplicación de los artículos 2, 90 y 216 que toleró la sustitución del orden
jurídico y la inacción estatal frente a la fuerza ejercida por particulares.
En primer lugar, la sala evidencia que el supuesto defecto factico carece de relevancia
constitucional. Al respecto, se advierte que los argumentos de la demandante buscan
modificar el razonamiento de la autoridad judicial por el resultado desfavorable, sin
que ello configure una afectación desproporcionada de los derechos fundamentales
alegados.
Considera la parte accionante que la providencia incurrió en dicho yerro al interpretar
de manera errónea las grabaciones y actas del consejo de seguridad del 8 de marzo
de 2016, que evidenciaban la intervención de los ministerios en la suspensión del
trámite policivo y la disponibilidad del ESMAD, así como al otorgar valor a oficios de
la alcaldía y testimonios que no acreditaban la existencia de un conflicto laboral con
ella, lo cierto es que en la decisión cuestionada se realizó el análisis correspondiente
a este punto, como se observa:
«Con base en el marco normativo y el acervo probatorio reseñado, la Sala observa
que, si bien el Ministerio del Trabajo tuvo una participación activa en el contexto del
conflicto laboral relacionado con la ocupación del predio “Nuevo Horizonte”, dicha
intervención se mantuvo dentro del ámbito funcional previsto por el ordenamiento
jurídico, sin que se haya acreditado que sus funcionarios hubieran interferido
indebidamente, emitido órdenes, asumido competencias ajenas o desplazado la
autoridad de la Alcaldía de La Jagua de Ibirico en el trámite policivo».
Por lo anterior se advierte que lo manifestado no constituye una controversia de
naturaleza constitucional, sino oposición a la decisión contenida en el fallo
cuestionado. En consecuencia, no se configura un asunto iusfundamental que
autorice la intervención del juez natural.
Por el contrario, los argumentos de la parte actora, expuestos como presunto defecto
fáctico, reflejan inconformidad con lo decidido en el proceso ordinario, circunstancia
que no habilita la competencia del juez de amparo.
En segundo lugar, en lo que respecta al cargo planteado por defecto sustantivo, la
actora refiere la interpretación errónea y contraria a la Constitución Política del artículo
39 de la Carta Política y el Convenio 87 de la OIT, al conferir carácter absoluto a la
libertad sindical, legitimando vías de hecho y la ocupación de la propiedad.
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Asimismo, cuestiona la indebida aplicación del artículo 7 de la Ley 80 de 1993, al
atribuir responsabilidad laboral solidaria por su participación en un consorcio estatal,
desconociendo la competencia del juez laboral y la jurisprudencia consolidada de la
Corte Constitucional
Sobre este punto, la sala precisa que por medio de memorial del 16 de junio del
presente año, la sociedad actora allegó complementación del escrito de tutela en el
que si bien reitero y reforzó lo previamente expuesto, agregó una sentencia
adicional19 al yerro sustantivo por interpretación errónea normativa «desconocimiento
del precedente», Sin embargo, dicho planteamiento no será objeto de estudio al no
haber podido ser sometido a contradicción de las partes.
A partir de lo expuesto, se advierte que, el ad quem explicó que: « aunque la retención
de la maquinaria por parte de los trabajadores, mediante la ocupación de hecho del
predio, constituyó una vía de hecho que no encuentra amparo en el derecho de huelga
ni en la libertad sindical, conducta que tampoco es justificada por esta Sala, pues
constituye una presión ilegítima que vulnera el ordenamiento jurídico y excede los
cauces institucionales previstos para la reivindicación de derechos laborales; lo cierto
es que, cuando este tipo de ocupaciones se enmarcan en conflictos laborales de larga
data o en contextos de vulnerabilidad socioeconómica, como el que se acreditó en el
sub lite, corresponde a las autoridades intervenir con prudencia y ponderación,
valorando los riesgos asociados a una intervención coercitiva, garantizando la
protección de los derechos fundamentales en tensión y promoviendo soluciones
concertadas antes de acudir al uso de la fuerza».
Del examen de lo alegado se concluye que el cargo carece de relevancia
constitucional, pues aunque la decisión adoptada el 25 de noviembre de 2025 fue
contraria a lo pretendido por la actora, ello no implica vulneración de las garantías
invocadas, dado que la autoridad judicial explicó de manera suficiente las razones de
la negativa.
Frente al cargo por desconocimiento del precedente, esta sección también concluye
que no se cumple el requisito de relevancia constitucional. La parte actora reprocha la
decisión por apartarse de la jurisprudencia contenida en las sentencias T-084 de 2025
y T-376 de 2020, relativas a los límites del derecho de libertad sindical. No obstante,
aunque identificó las providencias presuntamente desconocidas, estas no constituyen
precedente aplicable al caso, por cuanto no generan reglas vinculantes para la
autoridad demandada ni establecen criterios obligatorios para la resolución del asunto,
lo que hace inviable la aplicación de las posturas allí expuestas.
De ahí que los reproches formulados reflejan únicamente inconformidad con lo
decidido, sin plantear discusión sobre derechos fundamentales. Lo expuesto
corresponde al análisis interpretativo realizado por la autoridad en el caso concreto,
planteamiento que se aparta de la finalidad de la acción de tutela, orientada a la
protección de garantías fundamentales frente a situaciones de vulneración o
amenaza.
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Sentencia SU-157 de 2022.
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En consecuencia, el juez de tutela no puede reproducir el análisis efectuado por el
juez natural, en atención a los principios de autonomía e independencia judicial y al
respeto por la cosa juzgada, ni asumir facultades propias del funcionario de instancia,
pues ello convertiría la tutela en un mecanismo de corrección de la valoración
probatoria ya realizada.
En ese sentido para la sala resulta evidente que la parte actora no cumple con la
exigencia para demostrar la relevancia constitucional, pues sus objeciones se limitan
a controvertir el criterio del juez ordinario sin aportar fundamentos que acrediten una
vulneración de garantías.
La Corte Constitucional, en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022, precisa
que la relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la
«inconformidad con las decisiones de los jueces naturales» y que la acción de tutela
no se utilice para debatir asuntos probatorios o de interpretación legal.
En el caso concreto, no se advierte colisión de derechos fundamentales que justifique
la intervención constitucional. Por ello, se declarará la improcedencia de la acción por
incumplimiento del requisito de relevancia, reiterando que la pretensión de sustituir la
decisión judicial no constituye razón suficiente para la intervención del juez de tutela.
2.4.2. Subsidiariedad
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones éstas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante
un procedimiento preferente y sumario, cuyo objeto es proteger, de manera inmediata
y eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, pero que, no puede
ser utilizado válidamente para pretender sustituir recursos ordinarios o extraordinarios,
tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial
preestablecidos, ni para revivir con ella términos precluidos o acciones caducadas.
Adicionalmente, se precisa que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del
derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un
perjuicio irremediable, lo cual hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.
En este caso, la parte actora alegó la configuración de un defecto procedimental
absoluto, dado que la autoridad de segunda instancia omitió pronunciarse de manera
expresa y de fondo sobre las excepciones de mérito propuestas por el municipio,
dejando en suspenso elementos esenciales del litigio y vulnerando el deber de
motivación judicial. Sostuvo, además, que dicha omisión transgredió el principio de
congruencia, pues el juez estaba obligado a resolver todas las cuestiones sustanciales
planteadas y, al no hacerlo, la providencia se apartó del objeto del litigio y
desestructuró la decisión judicial.
La sala considera que, el mecanismo constitucional no supera el requisito de
procedibilidad de subsidiariedad, por cuanto el actor debía agotar todos y cada uno
de los mecanismos previstos para cuestionar lo que por vía de tutela pretende, en este
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caso es el pronunciamiento respecto a las excepciones de mérito por parte de la
Sección Tercera, subsección A del Consejo de Estado.
Cabe advertir que, frente a este alegato, el recurrente tenía a su disposición la solicitud
de adición consagrada en el artículo 287 del Código General del Proceso, el cual
establece:
«ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de
los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley
debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia
complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en
la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre
que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la
demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente
para que dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a
solicitud de parte presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la
complementación podrá recurrirse también la providencia principal»
En este caso, de la revisión efectuada en el aplicativo Samai, se constató que el actor
no presentó solicitud de adición respecto de la decisión cuestionada, circunstancia por
la cual esta Sección reitera la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, cuya
finalidad procura evitar que se evadan los cauces ordinarios para la resolución de las
controversias jurídicas.
Por consiguiente, el mecanismo constitucional no constituye un instrumento supletorio
ante la falta de utilización oportuna de los medios de defensa ordinarios, ni funciona
como una instancia adicional para reabrir debates procesales concluidos20
Así las cosas, la acción de tutela tampoco satisface el requisito de subsidiariedad,
dado que frente al reproche planteado procede la solicitud de adición como
mecanismo idóneo y eficaz para la protección de los derechos invocados.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por Sociedad
Holding Minero SAS en reorganización [antes Masering Holding SAS] contra la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, por no superar los requisitos
de relevancia constitucional y subsidiariedad.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
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Sentencias SU-712 de 2013 y C-132 de 2028, Corte Constitucional.
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TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con permiso
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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