RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02443-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02443-00

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02443-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Uriel de Jesús Rueda Galvis y otra contra Tribunal Administrativo de Antioquia, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02443-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02443-00

Accionante: URIEL DE JESÚS RUEDA GALVIS Y OTRA

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por Uriel de Jesús Rueda Gaviria y Janeth
Lucía Muñoz Arango contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, que confirmó el
rechazo de la demanda de acción popular 1 proferido por el Juzgado 18 Administrativo
Oral de Medellín, dentro del proceso promovido por los accionantes contra el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para la protección de los
derechos colectivos al ambiente sano, tranquilidad, espacio público, seguridad y
salubridad.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

Uriel de Jesús Rueda Gaviria y Janeth Lucía Muñoz Arango, actuando en nombre propio,
formularon acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso y tutela judicial
efectiva; que consideraron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia al haber

1 Proceso identificado con número de radicación: 05001-33-33-018-2025-00408-00.

2
Radicación:11001-03-15-000-2026-02443-00
Accionante: Uriel de Jesús Rueda Galvis y otra
Acción de tutela–Primera instancia

proferido el auto del 23 de febrero de 2026, dentro de la acción popular promovida contra
el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para la protección
de los derechos colectivos al ambiente sano, tranquilidad, espacio público, seguridad y
salubridad en el sector de la Calle 44 No. 10-56 y alrededores del “Granero Serna” en
Medellín, mediante el cual se confirmó el rechazo de la demanda de acción popular por
considerar incumplido el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 144 del CPACA.

En virtud del amparo, los accionantes solicitaron textualmente:

«• Amparar los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia,
debido proceso y tutela judicial efectiva.

• Dejar sin efectos el auto del Juzgado 18 Administrativo Oral del 15/01/2026.

• Dejar sin efectos el auto del Tribunal Administrativo de Antioquia del 23/02/2026.

• Ordenar admitir la demanda de acción popular radicado 05001-33-33-018-2025-
00408-00.
• Adoptar las demás medidas necesarias y hacer los ajustes razonables teniendo
en cuenta que somos personas sin nivel educativo y el tema de la tecnología se
nos dificulta.»

2. Hechos relevantes

Uriel de Jesús Rueda Gaviria y Janeth Lucía Muñoz Arango promovieron acción popular
contra el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de
proteger los derechos colectivos al ambiente sano, tranquilidad, espacio público,
seguridad y salubridad en el sector de la Calle 44 No. 10-56 y alrededores del “Granero
Serna” en Medellín, con fundamento en las afectaciones denunciadas por ruido e invasión
del espacio público, respecto de las cuales previamente habían presentado quejas,
constancias y solicitudes de intervención ante la Inspección 9A y la Alcaldía de Medellín.

El proceso fue conocido por el Juzgado 18 Administrativo Oral del Circuito de Medellín,
que mediante auto del 27 de noviembre de 2025 inadmitió la demanda de acción popular,
al considerar que no se acreditó el cumplimiento del requisito de procedibilidad previsto
en el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -CPACA-, toda vez que, aunque se allegaron quejas, constancias y
solicitudes relacionadas con los problemas de ruido y ocupación del espacio público en
el sector del “Granero Serna”, no se evidenció una solicitud específica dirigida a la

3
Radicación:11001-03-15-000-2026-02443-00
Accionante: Uriel de Jesús Rueda Galvis y otra
Acción de tutela–Primera instancia

autoridad administrativa para que adoptara las medidas necesarias de protección de los
derechos e intereses colectivos presuntamente vulnerados.

Frente a dicho auto, la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio
de queja argumentando que sí cumplía con el requisito de procedibilidad previsto en el
artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –CPACA-, toda vez que había presentado múltiples reclamaciones y
quejas ante las autoridades administrativas relacionadas con los problemas de ruido,
afectación al ambiente sano e invasión del espacio público en el sector de Buenos Aires.
Asimismo, sostuvo que la decisión de inadmisión configuraba un exceso ritual manifiesto
y solicitó la aplicación de ajustes razonables para garantizar el acceso efectivo a la
administración de justicia.

Mediante auto de 11 de diciembre de 2025, el Juzgado 18 Administrativo Oral del Circuito
de Medellín resolvió no reponer la decisión de inadmisión y declaró improcedente el
recurso de queja, al considerar que los documentos aportados únicamente daban cuenta
de quejas y reclamos relacionados con el alto volumen de ruido en el sector, pero no
acreditaban una solicitud concreta dirigida a la autoridad administrativa para que adoptara
las medidas necesarias de protección de los derechos e intereses colectivos, en los
términos exigidos por el artículo 144 del CPACA.

Posteriormente, mediante auto del 15 de enero de 2026, el Juzgado 18 Administrativo
Oral del Circuito de Medellín rechazó la demanda de acción popular, al considerar que la
parte demandante no subsanó los defectos advertidos en el auto inadmisorio del 27 de
noviembre de 2025 dentro del término legal concedido, conforme a lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 472 de 1998 y el artículo 169 del CPACA.

La parte demandante, presentó recurso de apelación contra el auto que rechazó la
demanda y argumentó que sí cumplía con el requisito de procedibilidad previsto en el
artículo 144 del CPACA, en tanto había presentado múltiples reclamaciones y quejas ante
las autoridades administrativas relacionadas con los problemas de ruido, afectación al
ambiente sano e invasión del espacio público en el sector de Buenos Aires. Asimismo,
sostuvo que la decisión judicial constituía un exceso ritual manifiesto y una extralimitación
funcional al imponer cargas no previstas en la ley, vulnerando el acceso a la
administración de justicia.

4
Radicación:11001-03-15-000-2026-02443-00
Accionante: Uriel de Jesús Rueda Galvis y otra
Acción de tutela–Primera instancia

La segunda instancia correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, que mediante
auto del 23 de febrero de 2026 confirmó la decisión de primera instancia, al considerar
que la parte demandante no acreditó en debida forma el cumplimiento del requisito de
procedibilidad previsto en el artículo 144 del CPACA, pues la documentación aportada
únicamente daba cuenta de denuncias, quejas y derechos de petición relacionados con
problemas de ruido y ocupación del espacio público, mas no de una solicitud concreta
dirigida a las autoridades accionadas para que adoptaran medidas de protección de los
derechos e intereses colectivos invocados. Asimismo, señaló que dicha exigencia no
constituía un exceso ritual manifiesto, sino una carga procesal expresamente prevista en
la ley.

La providencia de segunda instancia dio lugar a la interposición de la presente acción de
tutela por parte del señor Rueda Galvis y otra.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico,
ya que el Tribunal Administrativo de Antioquia omitió valorar las pruebas aportadas para
acreditar el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 144 del CPACA, entre ellas
las constancias y quejas presentadas ante la Inspección 9A, la respuesta de la Alcaldía
de Medellín y las solicitudes de intervención relacionadas con control de ruido,
intervención y cierre.

Asimismo, señaló que incurrió en exceso ritual manifiesto al exigir formalismos no
previstos en el artículo 144 del CPACA, como una “solicitud concreta” con fórmula
sacramental, desconociendo que la finalidad del requisito consiste en activar a la
administración como primer escenario de protección y no imponer cargas
desproporcionadas al ciudadano.

Finalmente, sostuvo que se desconoció el precedente judicial y la jurisprudencia
constitucional y contenciosa que exige interpretar la demanda y las pruebas conforme a
la primacía del derecho sustancial y el acceso a la administración de justicia, evitando
denegaciones fundadas en formalismos.

5
Radicación:11001-03-15-000-2026-02443-00
Accionante: Uriel de Jesús Rueda Galvis y otra
Acción de tutela–Primera instancia

4. Trámite procesal

El 14 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela 2 y se ordenó su notificación a los
accionantes, a la autoridad judicial accionada y al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Medellín, como tercero con interés. Igualmente, se solicitó al Tribunal
Administrativo de Antioquia–Sala Cuarta de Oralidad y al Juzgado 18 Administrativo Oral
de Medellín remitir copia digital del expediente de la acción popular radicada bajo el No.
05001-33-33-018-2025-00408-00.

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, por intermedio de
apoderado judicial, contestó la acción de tutela y solicitó que se declarara improcedente
por falta de relevancia constitucional y, subsidiariamente, que se negara el amparo
solicitado, al considerar que la tutela pretendía reabrir un debate eminentemente legal y
probatorio relacionado con el cumplimiento del requisito de procedibilidad previsto en el
artículo 144 del CPACA, ya analizado por los jueces naturales del asunto. Asimismo,
sostuvo que no se configuró exceso ritual manifiesto, pues la exigencia del requisito de
procedibilidad constituye una condición legal expresa y no un formalismo excesivo.

Finalmente, el Tribunal Administrativo de Antioquia, envió copia digital del expediente del
proceso ordinario 3.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra el auto del 23 de
febrero de 2026 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante el cual se
confirmó el rechazo de la demanda de acción popular promovida contra el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para la protección de los
derechos colectivos al ambiente sano, tranquilidad, espacio público, seguridad y
salubridad en el sector de la Calle 44 No. 10-56 y alrededores del “Granero Serna” en
Medellín, por considerar incumplido el requisito de procedibilidad previsto en el artículo
144 del CPACA.

2 Cfr. SAMAI, índice 6.
3 Cfr. SAMAI, índice 18.

6
Radicación:11001-03-15-000-2026-02443-00
Accionante: Uriel de Jesús Rueda Galvis y otra
Acción de tutela–Primera instancia

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 4 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela5.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha indicado, desde
2014, los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el

4 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

7
Radicación:11001-03-15-000-2026-02443-00
Accionante: Uriel de Jesús Rueda Galvis y otra
Acción de tutela–Primera instancia

requisito de relevancia constitucional 6: i) que el actor cumpla una carga argumentativa
suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales,
sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; ii)
Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los
elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de
relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen
a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:

«[…] la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal.»

Caso concreto

Uriel de Jesús Rueda Gaviria y Janeth Lucía Muñoz Arango promovieron acción de tutela
contra el auto del 23 de febrero de 2026 proferido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, al considerar que dichas providencias vulneraron sus derechos fundamentales
al acceso a la administración de justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva.

La Sala advierte que, la tutela promovida por el señor Rueda Galvis y otra será declarada
improcedente, toda vez que no cumple con el requisito de relevancia constitucional. Esto,

6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

8
Radicación:11001-03-15-000-2026-02443-00
Accionante: Uriel de Jesús Rueda Galvis y otra
Acción de tutela–Primera instancia

pues la Sala observa que lo que pretenden los accionantes es reabrir el debate que quedó
zanjado en sede de instancia.

Se observa que, como fundamentos de la acción de tutela, la parte accionante sostuvo
que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en defecto fáctico, exceso ritual
manifiesto y desconocimiento del precedente judicial, al no valorar adecuadamente las
pruebas aportadas para acreditar el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 144
del CPACA y exigir formalismos no contemplados en la ley, desconociendo la prevalencia
del derecho sustancial y el acceso a la administración de justicia.

La Sala advierte que, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la sentencia accionada,
mencionó lo siguiente:

«Por lo tanto, no encuentra la Sala que resulte evidente, claro o que se desprenda
de la prueba documental aportada, que los demandantes hayan efectuado una
solicitud en los términos establecidos en el inciso tercero del artículo 144 del
CPACA, esto es, una que dirigida a la autoridad competente, persiga la adopción
de medidas necesarias para la protección de los derechos e intereses colectivos
invocados en la demanda, pues pese a que no se especifica en la norma que la
misma deba ser escrita, lo que sí se precisa es la necesidad de acreditar su
agotamiento de forma previa a la radicación de la demanda de acción popular.

En este sentido, coincide la Sala con la posición adoptada por la Juez de Primera
Instancia, al considerar que no se acreditó por parte de los demandantes mediante
documentación idónea el haber agotado el requisito de procedibilidad de la acción
popular, debido a que los escritos allegados con la demanda no dan cuenta de ello,
en tanto no se logra deducir de los mismos una solicitud expresa de protección de
derechos colectivos como los que se pretenden salvaguardar con la demanda
impetrada, sino más bien solicitudes dirigidas a radicar denuncias, quejas por
exceso de ruido, seguimiento al trámite administrativo adelantado ante inspección
de policía, sin que se exprese qué derechos en específico se pretenden proteger
y la solicitud de adopción de medidas por parte de todas las entidades accionadas
para que cese la amenaza o violación de los mismos.

Se precisa por la Sala a los recurrentes, que la exigencia no corresponde a un
exceso ritual manifiesto, ni a un requisito no contemplado en la Ley, debido a que
el escrito mediante el cual se solicite previamente a la autoridad o particular en
ejercicio de funciones administrativas, que adopte las medidas necesarias para
proteger el derecho o interés colectivo amenazado o violado, persigue que dicha
autoridad conozca de antemano las circunstancias que describen la presunta
vulneración de los derechos colectivos invocados, y si es del caso despliegue
acciones eficientes que pueden evitar acudir a la jurisdicción a agotar un proceso
judicial con todas las implicaciones que ello conlleva en términos y costos.»

9
Radicación:11001-03-15-000-2026-02443-00
Accionante: Uriel de Jesús Rueda Galvis y otra
Acción de tutela–Primera instancia

De lo anterior se desprende que, para el Tribunal Administrativo de Antioquia, los
documentos aportados por los accionantes únicamente acreditaban la presentación de
quejas y denuncias relacionadas con problemas de ruido y ocupación del espacio público,
mas no una reclamación previa orientada específicamente a la protección de derec hos e
intereses colectivos en los términos del artículo 144 del CPACA. En consecuencia,
concluyó que no se cumplió el requisito de procedibilidad exigido para la procedencia de
la acción popular y que dicha exigencia no constituía un exceso ritual manifiesto, sino el
cumplimiento de una carga procesal prevista expresamente en la ley.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha mencionado los requisitos que se deben
cumplir para que la reclamación administrativa se entienda efectuada:

«En efecto, cuando el artículo 144 ya mencionado ordena que se debe solicitar a la
autoridad la adopción de “las medidas necesarias de protección del derecho o
interés colectivo amenazado o violado”, implica que en la reclamación debe hacerse
alusión a un contexto específico, que está delimitado por (i) el derecho o interés
colectivo que se considera quebrantado o amenazado; (ii) los hechos, actos,
acciones u omisiones que motivan su petición; (iii) la enunciación propiamente dicha
de las medidas que se consideran necesarias para la protección del derecho o
interés colectivo; (iv) las pruebas que pretenda hacer valer, de ser el caso y (v) la
identificación de quien ejerce la acción.7»

Esta Sala advierte que la finalidad del requisito de procedibilidad previsto en el artículo
144 del CPACA consiste en brindar a la autoridad administrativa la posibilidad real y
previa de conocer una presunta afectación de derechos e intereses colectivos, evaluar el
contexto fáctico planteado y adoptar, en sede administrativa, las medidas necesarias para
prevenir o cesar su vulneración, evitando así acudir de manera inmediata a la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.

No obstante, en los memoriales allegados por los accionantes, ante la Alcaldía de
Medellín se formularon principalmente denuncias, quejas y solicitudes relacionadas con
problemas de ruido, perturbación de la tranquilidad y ocupación del espacio público, sin
estructurar de manera concreta una reclamación orientada a la protección de derechos
colectivos en los términos exigidos por el artículo 144 del CPACA. En consecuencia, la
administración no contó con una solicitud previa que le permitiera pronunciarse
específicamente sobre la presunta vulneración de tales derechos ni adoptar medidas

7 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de febrero de 2018, rad. 25000-23-41-

000-2012-00498-01.

10
Radicación:11001-03-15-000-2026-02443-00
Accionante: Uriel de Jesús Rueda Galvis y otra
Acción de tutela–Primera instancia

encaminadas a su protección, razón por la cual, tal como lo concluyó el Tribunal
Administrativo de Antioquia, no se acreditó el cumplimiento del requisito de procedibilidad
para el ejercicio de la acción popular.

Asimismo, es preciso señalar que, aunque el juez debe interpretar las normas procesales
de manera compatible con la efectividad del derecho sustancial y el acceso a la
administración de justicia, ello no implica que pueda dejar de aplicar las exigencias
previstas expresamente por el legislador. Las reglas procesales hacen parte del debido
proceso y garantizan condiciones de igualdad y seguridad jurídica para las partes, razón
por la cual su cumplimiento no puede considerarse, por sí mismo, una carga irrazonable
o un formalismo excesivo. En ese sentido, la configuración de un exceso ritual manifiesto
no surge simplemente por exigir el cumplimiento de los requisitos legales, ni puede
utilizarse para eximir a las partes de las cargas procesales que la ley les impone.

Los accionantes sostienen que el Tribunal Administrativo de Antioquia no valoró
adecuadamente las pruebas que presentaron para acreditar el requisito de procedibilidad.
No obstante, de acuerdo a lo explicado anteriormente, esta Sala advierte que la acción
de tutela no procede para controvertir la apreciación probatoria efectuada por el juez
natural, salvo que se trate de una valoración caprichosa, arbitraria o abiertamente
irrazonable, lo cual no ocurre en el presente caso. En realidad, lo que se evidencia es la
inconformidad de los actores con el resultado del análisis efectuado en sede ordinaria.

En ese contexto, observa la Sala que lo planteado por los accionantes corresponde a un
mero desacuerdo con la sentencia de segunda instancia, en tanto pretenden que el juez
constitucional imponga una determinada forma de analizar el requisito de procedibilidad
contemplado en el artículo 144 del CPACA para la acción popular. En consecuencia, la
controversia planteada no evidencia una vulneración directa de derechos fundamentales,
sino una discrepancia de los accionantes con el ejercicio legítimo de la función
jurisdiccional.

En suma, la sentencia del Tribunal Administrativo del Antioquia estuvo debidamente
motivada, fue razonable, respetó los límites de la autonomía judicial y aplicó
correctamente el derecho sustancial. Los cargos formulados por los accionantes en sede
de tutela se limitaron a reiterar su desacuerdo con la interpretación adoptada y a intentar
reabrir un debate judicial ya resuelto de manera definitiva.

11
Radicación:11001-03-15-000-2026-02443-00
Accionante: Uriel de Jesús Rueda Galvis y otra
Acción de tutela–Primera instancia

La acción de tutela no es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista
para desconocer la autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones
judiciales. Por las razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Uriel de Jesús Rueda Galvis
y otra contra Tribunal Administrativo de Antioquia, por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.