Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02448-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02448-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02448-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02448-00
Accionante: CLARA HERLY ARANGO TRUJILLO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / No se acreditan los requisitos de
procedibilidad específicos invocados.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se negará el amparo solicitado por la actora. No se demostró la configuración de
los defectos procedimental, fáctico y sustantivo. El juez natural valoró
razonablemente la dependencia económica y estudió la normativa aplicable, sin que
la divergencia en la apreciación probatoria comporte la vulneración de derechos
fundamentales.
II. ANTECEDENTES
La demanda
2. El 10 de marzo de 2026, la señora Clara Herly Arango Trujillo, a nombre propio,
presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital1, los cuales
considera vulnerados por el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva y la Sala Cuarta
de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila.
Pretensiones
3. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal con posibles errores
incluidos):
1.- AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, seguridad
social, mínimo vital y protección reforzada por discapacidad.
2.- DEJAR SIN EFECTOS sentencia de primera instancia del 30 de junio de
2021 proferida por el Juzgado 8 Administrativo de Neiva y la sentencia de
segunda instancia del 18 de julio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, por incurrir en defectos sustantivos, fácticos y
procedimentales flagrantes que desconocen mi derecho a la pensión de
sobrevivientes del proceso 41001333300820190005800, así como el auto del
Consejo de Estado que cerró el proceso.
1 También invoca el principio de «protección reforzada a persona con discapacidad».
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02448-00
Accionante: Clara Herly Arango Trujillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
3.- ORDENAR al Tribunal Administrativo del Huila proferir nueva sentencia de
remplazo reconociendo mi derecho a la pensión de sobrevivientes, aplicando
el requisito de las 26 semanas (Ley 100 original) y respetando que la
dependencia económica ya fue probada en primera instancia, en el término que
le conceda el juez de Tutela.
Fundamentos de la demanda de tutela
4. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
5. La señora Clara Herly Arango Trujillo instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo
ficto que negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes
consagrada en el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, aplicable por favorabilidad, dado
que su hijo Mauricio Arango Trujillo falleció el 7 de junio de 2001, en simple actividad,
mientras prestaba el servicio militar obligatorio. El proceso se identificó con el
radicado 41001333300820190005800/01.
6. En primera instancia, el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, con sentencia
de 30 de junio de 2021, negó las pretensiones, bajo el argumento de que el causante
únicamente reportaba 50 semanas de cotización, de conformidad con lo establecido
en la Ley 797 de 2003. No obstante, consideró que se encontraba demostrada la
dependencia económica de la madre solicitante.
7. Inconforme con la decisión, la apeló para que en aplicación de la sentencia de
unificación SUJ-010-18, se reconociera la prestación reclamada, dado que se
acreditaban más de 26 semanas de cotización, de conformidad con lo exigido en la
Ley 100 de 1993, norma que estaba vigente al momento del deceso.
8. En sentencia de 18 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila confirmó
la decisión de primera instancia, tras determinar que, pese a que la norma aplicable
es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, y se acreditan las 26 semanas de cotización
establecidas en la norma, la señora Clara Herly Arango Trujillo, no demostró la
dependencia económica exigida.
9. El 21 de julio de 2023, la accionante interpuso el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, de conformidad con lo normado en el artículo 262 del
CPACA2, el cual se concedió con auto de 18 de agosto del mismo año.
10. Mediante providencia del 26 de febrero de 2026, la Sección Segunda del Consejo
de Estado dejó sin efectos el auto del 27 de febrero de 2024, que admitió el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia y las demás actuaciones procesales.
En consecuencia, rechazó el recurso, dado que consideró que el mismo no era
procedente, por cuanto el reproche que lo sustentaba no giraba en torno a la
inaplicación de las reglas de unificación, sino a la valoración probatoria que condujo
a tener por no acreditada la dependencia económica de la madre sobreviviente.
2 Solicitó la aplicación de la sentencia de unificación S-CE-SUJ2-010-18 del 12 de abril de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02448-00
Accionante: Clara Herly Arango Trujillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
11. De la lectura integral de la solicitud de amparo, se colige que la accionante
considera que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los siguientes
defectos:
12. Procedimental absoluto. Por desconocimiento del principio de la non reformatio
in pejus, dado que el juez de primera instancia tuvo por acreditada la dependencia
económica de la demandante y pese a que ella fue apelante única, el Tribunal
accionado, en segunda instancia, volvió a analizar ese ítem, para señalar que no se
demostró tal condición y, con fundamento en ello, negó el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes reclamada.
13. Reprochó que el Tribunal demandado haya concedido el recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia, cuando el mismo era improcedente, de conformidad
con el análisis efectuado por el Consejo de Estado en auto del 26 de febrero de 2026.
Aduce que se incurrió en una dilación injustificada, al prolongar el trámite de la sede
ordinaria.
14. Asimismo, indicó que el Tribunal incurrió en un exceso ritual manifiesto, por
incumplir el deber legal de decretar medios de prueba para alcanzar la justicia
material, conforme a lo establecido en el artículo 213 del CPACA.
15. Fáctico. Cuestiona que la autoridad judicial de segunda instancia haya
descartado las declaraciones extrajuicio aportadas para acreditar la dependencia
económica, basado en apreciaciones subjetivas, que denotan un desconocimiento
de la realidad social, un yerro en la aplicación de las reglas de la sana crítica y de la
experiencia. Además, dichas declaraciones no fueron tachadas por la contraparte.
16. Tampoco se consideró la condición médica de la accionante ni su discapacidad.
17. De otra parte, reprocha que el Tribunal no haya decretado pruebas de oficio para
esclarecer las declaraciones extrajuicio, dado que, si consideró que el contenido era
muy general, lo procedente es que hubiera decretado algún medio de prueba para
obtener la convicción requerida y no proceder a negar el derecho.
18. Sustantivo. Por inaplicación del artículo 222 del C.G.P., según el cual, que a su
juicio, consagra la obligación de la autoridad judicial de decretar pruebas de oficio,
cuando así se requiera para velar por la materialización de los derechos.
19. También, alude la indebida aplicación de la Ley 797 de 2003, dado que el
régimen que ampara el reconocimiento de la pensión solicitada es el contemplado
en la Ley 100 de 1993, por ser el estatuto vigente al momento del fallecimiento del
causante.
20. Del mismo modo, afirmó que se configura el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente, porque en sentencia de 18 de junio de 2020,
proferida por el Consejo de Estado3, con ponencia del magistrado Gabriel Valbuena
Hernández, la corporación indicó que se incurre en defecto fáctico cuando se le resta
valor a una declaración extrajuicio basándose en criterios subjetivos y sin que la
contraparte haya objetado o tachado el documento.
3 Radicado 54001 23-33-000-2017-00168-01(6177-18).
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Accionante: Clara Herly Arango Trujillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
Trámite impartido
21. Mediante auto de 7 de abril de 2026 se admitió la solicitud de amparo, se ordenó
notificar la decisión al Juzgado Octavo Administrativo de Neiva y al Tribunal
Administrativo del Huila, como autoridades accionadas y, como tercero con interés,
se vinculó al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
22. También se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.
Intervenciones
23. El Tribunal Administrativo del Huila solicitó que se declare la improcedencia
por incumplimiento del requisito de inmediatez, dado que la sentencia de segunda
instancia data del 11 de julio de 2023, lo que indica que transcurrieron más de tres
años desde esa fecha hasta que se ejerció la acción de tutela.
24. Reiteró los argumentos de orden constitucional y legal señalados en la
providencia censurada, para señalar que la decisión se acogió conforme a la
sentencia de unificación CE-SUJ-SII-010-2018 del 12 de abril de 2018.
25. El Juzgado Octavo Administrativo de Neiva se refirió al trámite impartido al
proceso de origen y solicitó que se niegue el amparo, dado que la accionante
pretende reabrir el debate probatorio surtido en el contencioso ordinario, y en todo
caso, no se avizora vulneración a derecho fundamental alguno.
26. El Ministerio de Defensa Nacional, señaló que el reproche presentado por la
parte actora atañe a la valoración probatoria, y aunque sostenga que las
pretensiones se negaron porque se omitió estudiar alguna o algunas pruebas, lo
cierto es que no se acreditaron con claridad los defectos en que supuestamente
incurrieron las autoridades judiciales accionadas.
27. Resaltó que la accionante tuvo las oportunidades procesales para pedir o
adicionar pruebas, pero no lo hizo, incumpliendo su carga en relación con la defensa
de sus intereses, falencia que no puede pretender sanear en esta instancia
constitucional.
28. Asimismo, señaló que la falta de ejercicio de esos mecanismos de defensa
ordinarios, originan el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
29. Aunado a lo anterior, adujo que el defecto fáctico no se encuentra debidamente
sustentado, conforme a los parámetros señalados por la jurisprudencia.
30. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
31. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del
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Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de
2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
Problema Jurídico y metodología de la decisión
32. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal, en especial los de
inmediatez, subsidiariedad y relevancia constitucional que han sido cuestionados por
las autoridades accionadas e intervinientes.
33. En caso de encontrar superados los requisitos generales de procedibilidad, se
debe examinar si las decisiones censuradas, proferidas por las autoridades judiciales
accionadas, incurrieron en violación de los derechos fundamentales invocados.
Análisis de la Sala
Cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
34. Legitimación en la causa. La señora Clara Herly Arango Trujillo se encuentra
legitimada para interponer la acción de tutela, porque es la titular de los derechos
fundamentales que considera vulnerados, en su condición de demandante en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-33-008-
2019-00058-00/01. Allí se adoptó la decisión cuestionada.
35. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque el
Juzgado Octavo Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila fueron
las autoridades judiciales que profirieron las sentencias a las que se les atribuye la
vulneración de los derechos fundamentales de la accionante.
36. Inmediatez. Se cumple con este requisito, porque, si bien la sentencia
cuestionada de segunda instancia data del 11 de julio de 2023 y la tutela se instauró
el 26 de marzo de 2026, se conoce en el expediente que la apoderada de la
accionante ejerció el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, que
inicialmente se concedió el 18 de agosto de 2023 y se admitió con auto del 27 de
febrero de 2024.
37. No obstante, por auto del 26 de febrero de 2026, la Sección Segunda del Consejo
de Estado dejó sin efectos la providencia que admitió el recurso extraordinario y en
consecuencia, lo rechazó. Por lo tanto, se considera que transcurrió un término
razonable desde esa fecha hasta la interposición de la solicitud de amparo.
38. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela, un tipo de
decisión que, por regla general, no admite cuestionamientos mediante otra acción de
la misma naturaleza4. Tampoco se trata de aquellas dictadas por la Corte
4 En la sentencia de unificación 627 de 2015, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: «Si la acción
de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (...). Si la sentencia
de tutela ha sido proferida por [un juez o un tribunal distinto a la Corte Constitucional], la acción de
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Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
Constitucional y el Consejo de Estado, que, en su orden, resuelven acciones de
inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad5, ni de sentencias
interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección de Apelación del Tribunal para la
Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de
dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y
abstracto».
39. Subsidiariedad. En el caso concreto, este requisito también está acreditado,
pues se agotaron todos los recursos procedentes en el proceso ordinario.
40. Relevancia constitucional. El cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que
se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de
amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este
instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el
legislador.
41. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
42. La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque,
en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance
de un derecho fundamental.
43. Para la Subsección la tutela de la referencia, satisface el requisito de relevancia
constitucional6, porque la discusión planteada involucra la protección al derecho
tutela puede proceder de manera excepcional, cuando (…) se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta (…). Si la acción se de tutela se dirige contra (…) [una actuación anterior] a la
sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular
a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela (…), la acción de tutela sí procede, (…).
Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las
órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la
protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de
desacato (…), la acción de tutela puede proceder de manera excepcional».
5 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-215 de 2022,
SU 114 y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional.
6 En sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional recordó que la acción de tutela no es
procedente cuando el asunto gira en torno a un debate fundamentalmente económico, y no jurídico
sobre el contenido, alcance o goce de los derechos fundamentales invocados como vulnerados, o
cuando se utiliza para reabrir un debate legal decidido al interior de un trámite ordinario. Recordó,
además, que «no toda incorrección en la aplicación de normas legales o en la valoración de los
hechos envuelve una violación del debido proceso susceptible de ser planteada mediante la acción
de tutela. Es imprescindible que dicha incorrección pueda ser traducida en un debate iusfundamental
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02448-00
Accionante: Clara Herly Arango Trujillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
fundamental a la seguridad social de la señora Clara Herly Arango, que, según lo
visto en el expediente, es una mujer de 60 años de edad, afiliada al régimen
subsidiado de salud, que al parecer no tiene ingresos propios para sufragar sus
necesidades básicas y padece de «epilepsia y retardo mental leve asociado», a
quien le fue negado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, con ocasión
de las providencias judiciales objeto de reproche.
44. Entonces, la controversia propuesta es relevante desde una perspectiva
constitucional, en atención al derecho presuntamente desconocido y la especial
protección que le asiste a la accionante en razón a los factores de vulnerabilidad
mencionados.
45. Por las mismas razones, se descarta que el asunto se trate de un debate
meramente económico, o que se evidencie la intención de la parte actora de convertir
este escenario en una tercera instancia del proceso de origen dado que el reproche
planteado no se puso en consideración en el marco de la nulidad y restablecimiento
del derecho, ya que en esa oportunidad los argumentos se encaminaron a discutir el
régimen legal aplicable.
46. Por lo anterior, la solicitud de amparo satisface los requisitos generales, y en
consecuencia, se realizará el análisis de fondo, a fin de verificar si se cumplen las
causales específicas de procedibilidad invocadas por la parte accionante.
Caso concreto
47. Frente al defecto procedimental absoluto por presunta vulneración del
principio de la no reforma en peor (non reformatio in pejus), la Sala advierte que
este principio prohíbe gravar la situación del apelante único, es decir, imponerle una
condena peor que la inicial. En este asunto, el Juzgado de primera instancia ya
había negado las pretensiones. Que el Tribunal de segunda instancia haya
abordado el análisis bajo la normativa correcta (Ley 100 de 1993) y concluido la falta
de dependencia económica, no empeora la situación de la impugnante, pues la
decisión final siguió siendo absolutoria para la entidad demandada.
48. El superior finalmente analiza el derecho reclamado a la luz de la norma más
benéfica para la actora, que es la que estaba vigente al momento del deceso del
causante. Distinto es que, al estudiar a fondo cada uno de los requisitos señalados
en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, haya advertido la ausencia de material
probatorio determinante para establecer la dependencia económica exigida por la
disposición legal aplicable, tal y como lo explicó en el fallo censurado.
49. En cuanto al reproche al Tribunal accionado por haber concedido el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, la Sala no avizora que con esa
actuación haya incurrido en vulneración alguna; por el contrario, su decisión permitió
concreto -no genérico o inespecífico- de manera tal que la intervención de la Corte sea indispensable
para precisar el alcance de la carta de derechos».
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Accionante: Clara Herly Arango Trujillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
que fuera el Consejo de Estado, como autoridad competente para resolver dicho
mecanismo, quien se pronunciara al respecto.
50. En lo que atañe al defecto fáctico alegado, la Subsección no encuentra
acreditados los supuestos que lo fundamentan, porque, de la lectura de la sentencia
del 11 de julio de 2023, sin duda, se verifica que la autoridad judicial accionada sí
analizó las declaraciones extrajuicio allegadas por la demandante, pero no las
consideró suficientes, porque en su contenido general no encontró la convicción
necesaria para tener por demostrada la dependencia económica que exige la norma.
51. Que no haya valorado el medio de prueba conforme a los intereses de la parte
actora, no vicia la sentencia ni comporta una vulneración a los derechos
fundamentales invocados. En palabras de la Corte Constitucional «(…) las
diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no
pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos»7.
52. Aunado a ello, el Tribunal acotó que si el soldado estaba en acuartelamiento no
podía entenderse que le proporcionaba el soporte económico a su señora madre,
análisis que no resulta caprichoso ni ajeno a la realidad social como lo acusa la
accionante, a contrario sensu, para la Subsección es muy razonable y acorde con
las reglas de la experiencia, señalar que si el conscripto permanecía en las
instalaciones del cuartel o batallón, y para esa fecha no devengaba salario alguno,
más que una bonificación, no tuviera los medios para velar por la congrua
subsistencia de su progenitora.
53. Tampoco se ajusta a la realidad el señalamiento según el cual el Tribunal
accionado no consideró la condición de salud de la accionante ni su discapacidad,
dado que, al analizar el material probatorio, la autoridad judicial destacó la existencia
de documentales que daban cuenta del diagnóstico médico, sin embargo, esa
circunstancia por sí sola no es indicativa de la dependencia económica, elemento
esencial para acceder a la pensión de sobrevivientes reclamada.
54. En cuanto al reproche a la autoridad judicial de segunda instancia, por no haber
cumplido la supuesta obligación de decretar pruebas de oficio para esclarecer la
verdad de los hechos y materializar los derechos subjetivos de la accionante, la
Subsección no desconoce que de conformidad con la orientación de la Corte
Constitucional, el defecto factico, en su dimensión negativa, también tiene lugar
cuando «(…) la autoridad judicial no ejerce la actividad probatoria de oficio, es decir,
no ordena oficiosamente la práctica de pruebas, cuando las normas procesales y
constitucionales así lo determinan»8.
55. No obstante, dicho poder oficioso no puede desconocer el principio de «igualdad
de armas»9, ni desatender el deber del operador judicial de garantizar el equilibrio
7 Sentencia SU-167 de 2024.
8 Sentencia SU-167 de 2024. Ver también sentencias SU-355 de 2017, SU-004 de 2018, y SU-014
de 2020.
9 En la Sentencia C-099 de 2022, la Corte sostuvo que como como desarrollo del principio de
igualdad material del artículo 13 superior, los jueces tienen la obligación de garantizar el equilibrio
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Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
entre las partes, dado que tales facultades no implican corregir la inactividad
probatoria de los apoderados negligentes, quienes tienen la obligación de aportar los
medios de prueba que permitan llegar a la convicción sobre el derecho reclamado 10.
En todo caso, el deber del juez se ejerce con el fin de disipar las dudas que no hayan
podido aclararse con la valoración de las pruebas solicitadas por las partes11.
56. En el asunto bajo examen, la Subsección no advierte que el Tribunal accionado
haya estado en un escenario como el descrito, es decir, que haya tenido dudas al
momento de establecer la dependencia económica, porque luego de valorar las
pruebas allegadas al expediente, a la luz de las reglas de la experiencia y la sana
crítica, concluyó con certeza que al momento del deceso, la señora Clara Herly
Arango Trujillo no dependía económicamente de su hijo, por lo que tuvo por no
acreditada la exigencia establecida en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993.
57. Su conclusión no luce caprichosa ni arbitraria, y el solo hecho de no coincidir
con las alegaciones de la parte actora no la hace ilegal o violatoria de los derechos
fundamentales invocados.
58. Frente al defecto sustantivo, por la supuesta inobservancia del artículo 222 del
C.G.P.12, para la Sala, del tenor de la norma invocada no se desprende la obligación
del operador judicial de decretar una prueba testimonial para ratificar los testimonios;
por el contrario, lo que señala el precepto legal es que las declaraciones
extraproceso no requieren ser refrendadas durante el juicio, a menos que la parte
contra quien se aducen así lo solicite.
59. Tampoco se acepta el argumento que señala la indebida aplicación de la Ley 797
de 2003, dado que, si bien es cierto, el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva
de armas entre las partes enfrentadas ante un proceso y el uso de las facultades oficiosas de la
prueba no puede implicar corregir la inactividad probatoria de apoderados negligentes, ni agudizar
la asimetría entre las partes.
10 «Los principios de independencia, autonomía e imparcialidad frente a las partes se sostienen en
su función primordial de resolver la disputa, y por ello el legislador ha optado por prescribir que la
parte debe aportar los medios de prueba que permitan llevar al juez el conocimiento sobre su
pretensión. No obstante, con base en este propósito primordial: “el juez puede exigir también que
alguna de las partes allegue el medio de prueba en los casos en que busque determinar la verdad
de los hechos, y realizar la igualdad material entre las partes”». SU-167 de 2024.
11 «La Corte ha considerado que, de la controversia planteada por las partes, puede surgir una
primera incertidumbre en el juez. En principio, aquel está enfrentado a hipótesis contradictorias que
deben ser validadas en el trascurso del proceso a efectos de definir quién tiene la razón. Si las
pruebas le permiten llegar a un convencimiento sobre lo ocurrido, entonces la duda se habrá disipado
y la prueba habrá cumplido su función para con ella resolver la controversia. Ahora, si, por el
contrario, con los elementos probatorios no es posible emitir un veredicto concluyente, la
incertidumbre se habrá mantenido en el tiempo y la prueba no habrá cumplido su propósito. Podrá
decirse entonces, que la controversia no podrá ser resuelta de fondo o de mérito y con ello no se
podrá administrar justicia (Sentencia SU-129 de 2021). En tanto la función jurisdiccional es pública,
corresponde al juez acudir a los poderes de instrucción para esclarecer las dudas que afectan la
decisión (Sentencia SU-129 de 2021). Para esto podrá decretar y practicar pruebas de manera
oficiosa». SU-167 de 2024.
12 ARTÍCULO 222. RATIFICACIÓN DE TESTIMONIOS RECIBIDOS FUERA DEL PROCESO. Solo
podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos cuando se hayan rendido en otro o en
forma anticipada sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan, siempre que esta
lo solicite.
Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del
testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02448-00
Accionante: Clara Herly Arango Trujillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
inicialmente denegó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, porque de
conformidad con ese estatuto se requería que el causante hubiera estado afiliado al
sistema al menos 50 semanas, y en este caso solo se acreditaron 47; también lo es
que el Tribunal Administrativo del Huila al resolver la alzada, puntualizó que la norma
más favorable (solo exige 26 semanas de cotización) y aplicable al caso concreto,
es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, y a la luz de esa disposición analizó el
derecho reclamado.
60. Respecto del supuesto desconocimiento de la sentencia proferida el 18 de junio
de 2020 por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, basta con
señalar que la controversia allí resuelta no guarda analogía fáctica y jurídica con la
planteada en el proceso de origen, habida consideración de que en esa oportunidad
se analizó el derecho de sustitución pensional de una pareja del mismo sexo bajo el
enfoque de género. Si bien, en ese caso se examinó el requisito de dependencia
económica para acceder a la sustitución pensional, lo cierto es que el contexto es
totalmente distinto al planteado en el proceso de origen.
61. Bajo las consideraciones expuestas, la Sala descarta que las autoridades
judiciales accionadas hayan incurrido en los vicios invocados por la parte actora, por
lo que negará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NEGAR la acción de tutela presentada por la señora Clara Herly Arango
Trujillo contra el Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado Octavo
Administrativo de Neiva.
SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito,
de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02448-00
Accionante: Clara Herly Arango Trujillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
11
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