Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02449-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02449-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02449-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02449-00
Accionante: Adriana Patricia Peláez Vanegas
Accionados: Presidencia de la República y otros
Tema: Derechos al debido proceso, trabajo y mínimo vital entre otros.
Nombramiento de notario en interinidad. COSA JUZGADA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Adriana Patricia Peláez
Vanegas, mediante apoderado, en contra de la Presidencia de la República, del
Ministerio de Justicia y del Derecho, del Consejo Superior de la Carrera Notarial, de
la Superintendencia de Notariado y Registro y de la Superintendencia Delegada
para el Notariado.
ANTECEDENTES
La accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo, a la seguridad social, al mínimo vital y móvil, que considera
vulnerados por las autoridades accionadas.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el 2 de febrero de 2023, el alcalde de Medellín mediante el Decreto núm. 107
nombró a la accionante como notaria encargada de la Notaría Novena de esa
ciudad, que dicho nombramiento fue con ocasión de la muerte del titular de esa
Notaría.
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Que el encargo empezó el 15 de febrero de 2023, pero «nunca se estableció hasta
cuándo o hasta que fecha sería el encargo en dicha notaria (sic), así mismo nunca
se dijo en dicho acto administrativo que el nombramiento era de manera transitoria».
Que el numeral 2 del artículo 148 del Decreto 960 de 1970 establece que el
nombramiento fue en interinidad, cuando se superan los tres (3) meses, situación
que operó de pleno derecho en el caso.
Que obviando lo anterior la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y
del Derecho expidieron el Decreto 1070 de 2025, por medio del cual nombraron al
señor José Manuel Maya Murillo, como notario interino de la Notaría Novena de
Medellín
Considera que el acto citado incurre en vicios de legalidad, porque contraría el
articulo 148 ibidem y vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, al
trabajo y al mínimo vital y móvil.
Que si bien su nombramiento se realizó conforme al artículo 2.º de la Ley 588 de
2000, no se puede inadvertir el artículo 148, el cual dispone que cuando el encargo
sobrepasa los tres (3) meses, la interinidad opera de pleno derecho, pues de lo
contrario, «la norma en cita establecería otro procedimiento para declarar la
terminación del encargo y hacer el nombramiento en interinidad».
Que el artículo 2.2.6.1.5.3.6 del Decreto 1069 de 2015 establece que «los Notarios
desempeñaran el cargo por interinidad en tres eventos, entre estos esta cuando ha
sido designado como tal por encargo superior a tres meses (sic)».
Que la accionante no fue notificada del acto administrativo que nombró a otra
persona como notario, que dicho acto se le debía notificar, pues tácitamente la
desvincula del cargo; sin embargo, se le coactó su derecho a la defensa y
contradicción del mismo.
Que el Decreto 1070 de 2025 «nada dijo respecto del nombramiento en encargo de
la demandante, no lo derogó, ni lo dejó sin efecto. Lo que significa que el Decreto
0107 del 2 de febrero de 2023 sigue vigente en todos sus efectos».
Sostiene que con ocasión del acto citado «actualmente viene siendo acosada tanto
por la Superintendencia de Notariado y Registro como por la Superintendencia
Delegada para el Notariado para la entrega de la Notaria (sic)»; que mediante la
Resolución 2026-006509-6 del 17 de marzo de 2026 estas entidades autorizaron al
señor José Manuel Maya Murillo, para que cambiara de local para el funcionamiento
de la Notaría.
Que a través del Auto núm. 2026 del 20 de marzo de 2026 la Superintendencia
Delegada para el Notariado decidió realizar visita especial de entrega la cual se
programó para el 25 hasta el 28 de marzo de la presente anualidad.
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Que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto que
la despoja de su nombramiento como notaria y solicitó como medida cautelar que
se suspendan provisionalmente los efectos de dicho acto administrativo, hasta que
no se resuelva sobre su legalidad; le correspondió al Tribunal Administrativo de
Antioquia con radicado 05001-23-33-000-2026-00290-00; sin embargo, a la fecha
de interposición de la tutela no se ha pronunciado al respecto.
Que interpone la acción de tutela como mecanismo transitorio, ya que el Tribunal
no se ha pronunciado sobre la demanda y las medidas cautelares pedidas, por lo
que «no se ha podido conjurar el perjuicio irremediable en contra de la accionantes
(sic), esto es que el 28 de marzo hogaño deberá entregar la Notaria (sic) a pesar de
los yerros y la vulneración de derechos del acto administrativo de marras que
fundamenta dichas actuaciones».
Además, dijo que «[e]l perjuicio que se pretende conjurar con este medio de
protección constitucional al momento de radicación de la presente solicitud se está
llevando a cabo y se configuro. Ya los accionados están realizando el
desmantelamiento de la Notaria y haciendo cesar su cargo, de facto, a la Dra.
PELAEZ VANEGAS. Por ello se interpone esta acción a fin de hacer cesar dicho
perjuicio (sic)».
PRETENSIONES
Solicitó que se amparen los derechos invocados; se deje sin efectos el Decreto 1070
del 15 de octubre de 2025 expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho; y,
en consecuencia, se ordene a las autoridades accionadas abstenerse de i) continuar
con los trámites o actuaciones tendientes a materializar el nombramiento, posesión
y protocolo de entrega de la Notaría Novena del Círculo Notarial de Medellín, hasta
que no se realice el concurso de méritos y producto de este se designe notario(a)
en propiedad y, ii) se suspenda cualquier pretensión de desvincular a la accionante
como notaria.
TRÁMITE PROCESAL
El 28 de abril de 2026, se admitió la acción; se vinculó al señor José Manuel Maya
Murillo y al Tribunal Administrativo de Antioquia, como terceros con interés; se negó
la medida provisional solicitada 1 y se ordenó notificar a las partes y los vinculados.
El 12 de mayo de 2026, se requirió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, Sala de Asuntos Penales para Adolescentes, para que, en caso de haber
tramitado alguna acción de tutela instaurada por la señora Adriana Patricia Peláez
1 La medida provisional solicitada buscaba suspender el acto administrativo a través del cual se nombró al señor
José Manuel Maya Murillo, como notario Noveno de Medellín.
No se concedió la medida porque no se observó una urgencia que impidiera esperar a la determinación que se
adoptará en esta acción.
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Vanegas, con ocasión del nombramiento del señor José Manuel Maya Murillo, como
notario noveno de Medellín, remitiera el expediente.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Ministerio de Justicia y del Derecho adujo que la interpretación que realiza la
accionante del artículo 148 de la Ley 960 de 1970 desconoce que para la
materialización del nombramiento de un notario en interinidad, debe existir i) la
voluntad del nominador natural en realizar la designación; ii) el acto administrativo
que materialice la voluntad de la administración; y, iii) cumplimiento del requisito
establecido en el numeral 2 del artículo 148 ibidem, «el que sin duda alguna es el
menos relevante, por cuanto el NOMINADOR NATURAL está facultado para realizar
de manera primigenia la designación en la modalidad que estime (encargo o
interinidad)».
Precisó que la designación de la accionante como notaria Novena del Círculo
Notarial de Medellín, la realizó la alcaldía de Medellín, «con el único fin de garantizar
el servicio público notarial, y hasta que se provea el cargo en propiedad o en
interinidad»; no obstante, «el nombramiento de los notarios de primera categoría,
recae en el Gobierno Nacional, para el caso, conformado por el señor Presidente
de la República, y el Ministro (sic) de Justicia y del Derecho».
Por lo anterior, la voluntad del señor presidente de la República se manifestó con la
expedición del Decreto 1070 de 2025, mediante el cual nombró en interinidad al
doctor José Manuel Maya Murillo, en el cargo de notario Noveno del Círculo Notarial
de Medellín.
Por lo que, es inconcebible suponer que por haber transcurrido el término de que
habla la mencionada norma, automáticamente, se modifique la modalidad de
vinculación.
Por último, expuso que la acción de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad,
ya que la accionante cuenta con otros mecanismos judiciales, para controvertir el
acto administrativo.
La Superintendencia de Notariado y Registro señala que la tutela es
improcedente por existir otros mecanismos de defensa.
La accionante sostiene que el presunto perjuicio deriva de las actuaciones
administrativas tendientes a materializar la entrega de la Notaría Novena del Círculo
Notarial de Medellín; sin embargo, dichas actuaciones corresponden al desarrollo
ordinario y legal de un acto administrativo vigente y amparado por la presunción de
legalidad, esto es, el Decreto 1070 del 15 de octubre de 2025, mediante el cual el
Gobierno Nacional designó en interinidad al señor José Manuel Maya Murillo como
notario Noveno del Círculo Notarial de Medellín.
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En ese orden, la accionante no demuestra una amenaza cierta e ilegítima contra
sus derechos fundamentales, sino únicamente la inconformidad frente a los efectos
jurídicos derivados de un acto administrativo cuya legalidad actualmente debe ser
controvertida ante el juez natural de la causa.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE)
dijo que la tutela es improcedente, porque «no acreditó haber acudido ante los
jueces contenciosos administrativos para que analizasen las pretensiones que hoy
reclama, tampoco indicó porque necesita acudir directamente a la acción de tutela,
sea como un mecanismo de carácter transitorio o para evitar la acusación de un
perjuicio irremediable».
La Superintendencia Delegada para el Notariado y el Consejo Superior de la
Carrera Notarial, guardaron silencio.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El señor José Manuel Maya Murillo señaló que el Decreto 0107 de 2023,
establecía expresamente que la permanencia de la accionante en el cargo de
notaria se extendería únicamente «hasta que se provea el cargo en propiedad o
interinidad».
Que el Decreto 1070 de 2025 fue expedido por la autoridad constitucional y
legalmente competente, previo el cumplimiento de requisitos, por lo que no se
configura la falsa motivación alegada. El acto goza de presunción de legalidad y
cualquier controversia sobre su validez debe ventilarse ante el juez contencioso
administrativo, proceso que de hecho ya fue promovido por la propia accionante.
No existía el deber de notificar a la accionante el acto de su designación, dado que
la terminación de los efectos de su encargo no obedeció a un acto sancionatorio,
discrecional o sorpresivo, sino al cumplimiento de la condición expresamente
prevista en su acto de designación.
Mencionó que la acción de tutela es improcedente por incumplir el requisito de
subsidiariedad, ya que el hecho de que no se haya admitido la demanda que
interpuso la accionante no torna ineficaz dicho mecanismo judicial.
Que la accionante ya había presentado otra acción de tutela en contra de las
mismas autoridades con igual fundamento fáctico y jurídico y el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Asuntos Penales para Adolescentes
declaró improcedente la tutela.
El Tribunal Administrativo de Antioquia informó que mediante auto del 9 de abril
de 2026 declaró la falta de competencia, para conocer la demanda de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, en razón al factor funcional; razón por la cual ordenó
la remisión del expediente a la Oficina de Apoyo Judicial de los Juzgados
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Administrativos Orales del Circuito de Medellín, para el correspondiente reparto de
la demanda.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) la temeridad y la cosa juzgada en
la acción de tutela y iii) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
La temeridad y la cosa juzgada en la acción de tutela
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece lo siguiente frente a la temeridad
en la acción de tutela:
«(…) ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado,
la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión
de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le
cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que
haya lugar (…)».
Esta disposición normativa pretende proteger el principio de buena fe consagrado
constitucionalmente, que se ve perjudicado en el evento en que se presentan varias
acciones de amparo idénticas, sin motivo justo expresamente probado y sin que
medie un hecho nuevo que justifique acudir nuevamente a la administración de
justicia.
Así las cosas, en el trámite de una acción de tutela, la actuación temeraria se
concreta en la indebida utilización de este mecanismo de protección, y la
jurisprudencia constitucional ha determinado que, para que se configure una
actuación de este tipo deben concurrir los siguientes elementos: i) identidad fáctica
en relación con otra acción de tutela; ii) identidad de demandante, en cuanto la otra
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acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su representante; iii)
identidad del sujeto demandado; y iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción.
Por otro lado, ha dicho la Corte Constitucional que la presentación sucesiva o
múltiple de acciones de tutela puede configurar una actuación temeraria y, además,
comprometer el principio de cosa juzgada constitucional y que constituye un
ejercicio desleal y deshonesto de la acción, que compromete la capacidad judicial
del Estado como también los principios de economía procesal, eficiencia y eficacia.
De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de la cosa juzgada
constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta
identidad jurídica de partes, objeto y causa. Al efecto, un fallo de tutela queda
amparado por la figura de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que
la Corte Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es
seleccionado, esta se configura cuando queda ejecutoriada la providencia que
expida este Tribunal.
Por otra parte, la Corte Constitucional considera que la actuación no es temeraria si
la acción se fundamenta: a) en la ignorancia o indefensión del actor; b) el
asesoramiento errado de los profesionales del derecho; c) por el sometimiento del
actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un
derecho y no por mala fe; d) la consideración de eventos nuevos que aparecieron
con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de
la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir
la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos
fundamentales del demandante; y e) se puede interponer una nueva acción de
amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos
efectos son extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de
condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de
tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión 2.
Análisis del caso concreto
En síntesis, la señora Adriana Patricia Peláez Vanegas alega que la Presidencia de
la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Consejo Superior de la
Carrera Notarial, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Superintendencia
Delegada para el Notariado vulneraron sus derechos al debido proceso, al trabajo,
a la seguridad social, al mínimo vital y móvil, con la expedición del Decreto 1070 de
2025, por medio del cual nombraron al señor José Manuel Maya Murillo, como
notario interino de la Notaría Novena de Medellín; en su criterio, dicho acto
2 Corte Constitucional, Sentencia SU 027 de 2021
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desconoce su nombramiento en ese cargo, el cual es en interinidad, conforme al
numeral 2.° del artículo 148 del Decreto 960 de 1970.
El señor José Manuel Maya Murillo en el informe que rindió sostiene que la
accionante ya había presentado otra acción de tutela contra las mismas partes y
con fundamento en los mismos hechos y pretensiones, la cual fue declarada
improcedente por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de
Asuntos Penales para Adolescentes.
La autoridad judicial citada remitió copia de la acción de tutela con radicado 05001-
31-18-003-2025-00207-00 [01], la cual fue instaurada por la señora Peláez en contra
de la Presidencia de la República, del Ministerio de Justicia y del Derecho, de la
Superintendencia de Notariado y Registro, del Consejo Superior de la Carrera
Notarial y de la Gobernación de Antioquia; al considerar que se le transgredieron
los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, seguridad social,
mínimo vital, confianza legítima y buena fe.
Lo anterior, con ocasión de la expedición del Decreto 1070 de 2025, por medio del
cual se nombró al señor José Manuel Maya Murillo, como notario interino de la
Notaría Novena de Medellín, circunstancia que desconoce que su nombramiento
era en interinidad, conforme al numeral 2.° del artículo 148 del Decreto 960 de 1970.
En aquella oportunidad el Juzgado Tercero Penal del Circuito para Adolescentes de
Medellín en sentencia del 14 de noviembre de 2025 declaró improcedente la acción
de tutela, por no acreditarse un perjuicio irremediable que habilitara la procedencia
transitoria de la acción de tutela. El 21 de enero de 2026, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, Sala de Asuntos Penales para Adolescentes, confirmó
la decisión. El 30 de abril de 2026, la Corte Constitucional no seleccionó para
revisión la acción de tutela3.
La Corte Constitucional en la Sentencia T 427 de 2017 precisó lo siguiente sobre el
análisis de la existencia de la cosa juzgada:
«(…) En efecto, algunas alteraciones parciales a la identidad no
necesariamente excluyen la cosa juzgada, ya que, de lo contrario, accionar a
una persona más o una menos puede significar, en todo caso, una identidad de
sujetos. De igual modo, una variación de los hechos o un nuevo elemento que
no tiene incidencia en las pretensiones ni en la decisión, tampoco puede ser
razón per se para afirmar que no hay identidad de pretensiones, pues, agregar
un hecho nuevo que no tenga incidencia en la decisión no puede justificar reabrir
una controversia que ha cumplido el correspondiente trámite. Finalmente tener
un mismo objetivo y pretensión no significa que deba existir una redacción
idéntica de las pretensiones de las dos acciones, sino, en cambio, que el juez
pueda verificar que materialmente existe una pretensión equivalente».
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Conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que ambas acciones se presentan como
mecanismo transitorio; están dirigidas en contra de la Presidencia de la República,
el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro
y el Consejo Superior de la Carrera Notarial. El fundamento de la vulneración de los
derechos fundamentales es el nombramiento del señor Maya como notario Noveno
de la Notaría de Medellín, situación que estima desconoce la designación en
interinidad que tiene la accionante. Por último, pretenden detener el acto de
posesión del señor Maya en ese cargo.
Ahora, si bien no hay identidad de partes, ya que la Superintendencia Delegada
para el Notariado y la Gobernación de Antioquia no fueron accionadas en las dos
(2) tutelas, lo cierto es que hay semejanza en el objeto y la causa; es decir, no
presenta hechos nuevos que involucren a estas entidades como vulneradoras de
sus derechos; por lo que se configura la cosa juzgada.
La señora Peláez sostiene que el perjuicio que «pretende conjurar con este medio
de protección constitucional al momento de radicación de la presente solicitud se
está llevando a cabo y se configuro. Ya los accionados están realizando el
desmantelamiento de la Notaria y haciendo cesar su cargo, de facto, a la Dra.
PELAEZ VANEGAS. Por ello se interpone esta acción a fin de hacer cesar dicho
perjuicio (sic)».
La Sala advierte que los hechos nuevos que expone la accionante en la tutela, para
acreditar el perjuicio irremediable, no modifican o adicionan los argumentos que se
plantean en contra del Decreto 1070 de 2025, acto que esta considera le viola sus
derechos; sino que son efectos de la actuación administrativa derivada del mismo;
lo cual no habilita al juez constitucional para realizar un nuevo estudio.
Por otro lado, no se considera que haber radicado esta tutela sea una actuación
temeraria, ya que la accionante estimaba que existían hechos nuevos que
aparecieron con posterioridad a la interposición de la primera acción, lo que la
habilitaba para instaurar una nueva solicitud de tutela.
En consecuencia, se declarará la cosa juzgada de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR la cosa juzgada de la acción de tutela que instauró la señora
Adriana Patricia Peláez Vanegas.
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Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
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