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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02449-01

Fecha
28 de julio de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02449-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Revócase la sentencia del 4 de junio de 2026 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la cosa juzgada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone: 15 Expediente: 11001-03-15-000-2026-02449-01 Demandante: Adriana Patricia Peláez Vanegas Acción de tutela – Impugnación de fallo 1º) Declárase improcedente la acción de tutela promovida por Adriana Patricia Peláez Vanegas contra la Presidencia de la República y otros, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02449-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

28 de julio de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiocho (28) de julio de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02449-01
Demandante: ADRIANA PATRICIA PELÁEZ VANEGAS
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO
ADMINISTRATIVO. SE REVOCA LA SENTENCIA QUE
DECLARÓ LA COSA JUZGADA Y, EN SU LUGAR, SE
DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA
POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
SUBSIDIARIEDAD.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó el decreto por medio del cual se designó a otra
persona como notario interino. La Sala revocará la sentencia que declaró la cosa juzgada,
porque en el proceso anterior no se emitió un pronunciamiento de fondo y el juez de
segunda instancia precisó que la titular de los derechos podía formular una nueva demanda.
Sin embargo, se declarará improcedente la acción por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, dado que la parte actora promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y solicitó una medida cautelar de urgencia, el cual se
encuentra en trámite sin que haya acreditado un perjuicio irremediable.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia del 4 de junio de 2026 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió lo siguiente:

“Primero. DECLARAR la cosa juzgada de la acción de tutela que instauró
la señora Adriana Patricia Peláez Vanegas”1”. (mayúsculas sostenidas y
negrillas del original – archivo en el índice 00045 SAMAI).

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 26 de marzo de 2026, la
señora Adriana Patricia Peláez Vanegas, mediante apoderado judicial, promovió
proceso de acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio de
Justicia y del Derecho, el Consejo Superior de la Carrera Notarial, la

1
Archivo 62 del expediente digital, página 9.

2

Expediente: 11001-03-15-000-2026-02449-01
Demandante: Adriana Patricia Peláez Vanegas
Acción de tutela – Impugnación de fallo

Superintendencia de Notariado y Registro y la Superintendencia Delegada para el
Notariado, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales del debido
proceso, trabajo, seguridad social, mínimo vital, confianza legítima y buena fe 2.

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Mediante Decreto no. 0107 del 2 de febrero de 2023, el alcalde de Medellín la
designó como notaria encargada de la Notaría Novena del Círculo Notarial de
Medellín, cargo del cual tomó posesión el 15 de febrero de ese mismo año.

2) Una vez transcurrieron tres meses desde su posesión, sin que se hubiera provisto
el cargo en propiedad, su nombramiento en encargo se convirtió de pleno derecho
en uno en interinidad y, por tanto, adquirió una situación jurídica particular que no
podía ser desconocida por la administración.

3) Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1070 del 15 de octubre
de 2025, por medio del cual se designó al señor José Manuel Maya Murillo como
titular en esa misma notaría, acto que no fue notificado a la actora y que desconoció
la situación que había consolidado respecto del cargo.

4) La Superintendencia de Notariado y Registro y la Superintendencia Delegada
para el Notariado adelantaron las actuaciones dirigidas a efectuar la entrega de la
notaría al nuevo designado, entre ellas, una visita especial programada entre el 25
y el 28 de marzo de 2026.

5) El 13 de febrero de 2026, presentó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia
una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del Decreto 1070 de 2025, en la cual solicitó como medida
provisional la suspensión de los efectos de ese acto, sin que, para la fecha en que
promovió la acción de tutela, se hubiere resuelto sobre la admisión, inadmisión o
rechazo del medio de control y la medida cautelar solicitada.

2
Índice 0002 del aplicativo SAMAI.

3

Expediente: 11001-03-15-000-2026-02449-01
Demandante: Adriana Patricia Peláez Vanegas
Acción de tutela – Impugnación de fallo

2. Fundamentos de la vulneración

La parte actora manifestó que su retiro afectaría su mínimo vital y frustraría
inversiones efectuadas por ella para el funcionamiento de la notaría; además, indicó
que el medio de control ordinario adelantado no ofrecía una protección oportuna
frente a la entrega material del despacho notarial.

El Decreto no. 1070 de 2025 proferido por el Presidente de la República infringió el
artículo 148 del Decreto Ley 960 de 1970 y el artículo 2.2.6.1.5.3.6 del Decreto 1069
de 2015, dado que, en su criterio, su nombramiento en encargo había mutado
automáticamente a interinidad.

La administración omitió adelantar una actuación previa para terminar su
designación y no le comunicó el decreto que nombró al nuevo notario, por lo cual
se le impidió ejercer los derechos de defensa y contradicción.

3. Pretensiones

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Suspender, dejar sin efecto o inaplicar mediante el Decreto
1070 del 15 de octubre de 2025 expedido por el Ministerio de Justicia y
del Derecho por medio del cual se designó en interinidad al señor José
Manuel Maya Murillo, identificado con la cédula de ciudadanía
1.128.465.174 expedida en Medellín, como Notario Noveno (9) del Círculo
Notarial de Medellín – Antioquia.”.

SEGUNDO: Ordenar (al) Consejo Superior de la Carrera Notarial, a la
Secretaría Técnica, a la Superintendencia Delegada para el Notariado, a
la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho y
demás autoridades abstenerse de continuar con los trámites o
actuaciones tendientes a materializar el nombramiento, posesión y
protocolo de entrega de la Notaría Novena (9) del Círculo Notarial de
Medellín - Antioquia, mientras no se realice el concurso de méritos y
producto de este se designe notario(a) en propiedad, de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución, la ley y la jurisprudencia consolidada de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. O en su defecto hasta
que se defina de fondo el proceso judicial de nulidad y restablecimiento
del derecho que se tramita en el Tribunal Administrativo de Antioquia bajo
el radicado 05001233300020260029000.”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02449-01
Demandante: Adriana Patricia Peláez Vanegas
Acción de tutela – Impugnación de fallo

TERCERO: Se ordene que los demandados se abstengan de adelantar
cualquier trámite atinente a nombramientos en la Notaría Novena (9) del
Círculo Notarial de Medellín - Antioquia, mientras no se provea dicho
cargo conforme a la ley y se suspenda cualquier pretensión de entrega de
la Notaria citada y la desvinculación de facto de la Dra. ADRIANA
PATRICIA PELAEZ VANEGAS.”.

CUARTO: Las demás que el despacho considere pertinentes y
conducentes para la efectiva protección de los derechos de la
accionante.”. (mayúsculas sostenidas y negrillas del original – archivo
disponible en el índice 00002 SAMAI).

4. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto del 28 de abril de 2026, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado admitió la demanda, ordenó la notificación de la Presidencia de
la República, del Ministerio de Justicia y del Derecho, del Consejo Superior de la
Carrera Notarial, de la Superintendencia de Notariado y Registro y de la
Superintendencia Delegada para el Notariado, vinculó al señor José Manuel Maya
Murillo y al Tribunal Administrativo de Antioquia y negó la medida provisional dirigida
a que se ordenara la suspensión de los efectos y ejecución del Decreto 1070 de
20253.

Con auto del 12 de mayo de 2026 y con ocasión del informe de respuesta que rindió
el señor José Manuela Maya Murillo, quien manifestó que la demandante había
promovido previamente otra acción de tutela con los mismos hechos y pretensiones,
el a quo ordenó obtener el expediente del proceso de acción de tutela con radicación
no. 05001-31-18-003-2025-00207-00, remitido el 14 de mayo siguiente por parte de
la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín.

En ese proceso, el Juzgado Tercero Penal del Circuito para Adolescentes con
Funciones de Conocimiento de Medellín declaró improcedente la acción mediante
sentencia del 14 de noviembre de 2025 por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad. Sin embargo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,
mediante sentencia del 21 de enero de 2026, confirmó la improcedencia,
exclusivamente porque no se acreditó la legitimación en la causa por activa con
fundamento en que el poder aportado por la parte actora no era especial.

3
Índice 00018 del aplicativo SAMAI.

5

Expediente: 11001-03-15-000-2026-02449-01
Demandante: Adriana Patricia Peláez Vanegas
Acción de tutela – Impugnación de fallo

Adicionalmente, el tribunal concluyó que la aquí demandante podría acudir
directamente o por conducto de apoderado debidamente facultado, a una nueva
acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales, habida
cuenta de que no se estableció que hubiera sido ella quien promovió efectivamente
la primera acción de tutela.

5. Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 4 de junio de 2026, declaró la cosa juzgada.

Como fundamento de esa decisión, señaló que la señora Peláez Vanegas había
promovido previamente el proceso de acción de tutela con radicación no. 05001-31-
18-003-2025-00207-00 contra la Presidencia de la República, el Ministerio de
Justicia y del Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Consejo
Superior de la Carrera Notarial y la Gobernación de Antioquia en la cual cuestionó
el Decreto no. 1070 de 2025.

Expuso que el Juzgado Tercero Penal del Circuito para Adolescentes de Medellín,
mediante sentencia del 14 de noviembre de 2025, declaró improcedente la solicitud
de amparo por no haberse acreditado un perjuicio irremediable que permitiera la
procedencia transitoria de la acción de tutela, decisión que estimó confirmada
integralmente el 21 de enero de 2026 por la Sala de Asuntos Penales para
Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

El a quo comparó los dos procesos y evidenció que ambas demandas fueron
promovidas como mecanismo transitorio que atribuyeron la vulneración de los
derechos fundamentales al nombramiento de José Manuel Maya Murillo como
notario y pretendieron impedir que se materializara su posesión en el cargo.

Aunque reconoció que no existía una identidad absoluta de partes, porque la
Superintendencia Delegada para el Notariado y la Gobernación de Antioquia no
fueron demandadas en los dos procesos, estimó que esa diferencia no impedía la
configuración de la cosa juzgada.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02449-01
Demandante: Adriana Patricia Peláez Vanegas
Acción de tutela – Impugnación de fallo

En concreto, consideró que la nueva demanda no contenía hechos que involucraran
a esas autoridades como responsables de una vulneración distinta y que existía
semejanza material entre el objeto y la causa de las dos solicitudes de amparo.

Respecto de las actuaciones posteriores invocadas por la demandante, entre ellas,
las dirigidas a materializar la entrega de la notaría y su retiro del cargo, concluyó
que no modificaban ni adicionaban los cuestionamientos formulados contra el
Decreto no. 1070 de 2025.

Finalmente, descartó que la presentación de la segunda demanda constituyera una
actuación temeraria, porque estimó que la demandante consideró que habían
ocurrido hechos nuevos con posterioridad al primer proceso y que estos la
facultaban para promover otra acción de tutela 4.

6. Impugnación

La parte demandante impugnó la decisión y adujo que la sentencia de segunda
instancia proferida en el anterior proceso de acción de tutela no produjo efectos de
cosa juzgada porque la providencia se fundó en la existencia de una falta de
legitimación por activa y, además, por cuanto expresamente se autorizó a la titular
de los derechos para formular una nueva demanda, directamente o por conducto de
apoderado debidamente facultado.

En este proceso se aportó poder especial y agregó que ya ejerció el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho; dicho asunto se encuentra actualmente
en curso en el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
con radicación no. 2026-00131-00.

También sostuvo que la entrega de la notaría ya se materializó y que, por ello,
subsistía la afectación de sus derechos5.

La impugnación fue concedida mediante auto del 2 de julio de 2026 6.

4
Índice 00062 del aplicativo SAMAI.
5
Índice 00065 del aplicativo SAMAI.
6
Índice 00067 del aplicativo SAMAI.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02449-01
Demandante: Adriana Patricia Peláez Vanegas
Acción de tutela – Impugnación de fallo

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

2. Caso concreto

Corresponde a la Sala establecer, en primer lugar, si la sentencia impugnada acertó
cuando declaró la cosa juzgada con fundamento en el proceso de acción de tutela
05001-31-18-003-2025-00207-00, pese a que el fallo de segunda instancia de ese
asunto declaró la improcedencia por falta de legitimación en la causa por activa y
autorizó expresamente la presentación de una nueva demanda por la titular de los
derechos.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02449-01
Demandante: Adriana Patricia Peláez Vanegas
Acción de tutela – Impugnación de fallo

Si se descarta la configuración de la cosa juzgada, la Sala deberá determinar si la
acción satisface el requisito de subsidiariedad para controvertir el Decreto no. 1070
del 15 de octubre de 2025 y las actuaciones dirigidas a materializar la designación
del notario interino, dado que la parte demandante promovió previamente el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho y solicitó una medida cautelar
de urgencia, asunto que se encuentra actualmente en trámite.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala revocará la sentencia
de primera instancia que declaró la cosa juzgada y, en su lugar, declarará
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad,
por las razones que procederán a exponerse:

2.1 La cosa juzgada constitucional

1) La cosa juzgada constitucional ha sido definida por la Corte Constitucional como
“una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones
plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por
disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva
de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica”7.

2) Una providencia pasa a ser cosa juzgada frente a otra si existe identidad de
objeto8, de causa petendi9 y de partes10, siempre que cobre ejecutoria la sentencia
emitida por la Corte Constitucional, en atención a la revisión que esta realiza en

7
Corte Constitucional, sentencia C-774 de 2001.
8
“(…) [E]s decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la
cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho
reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica.
Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no
fueron declarados expresamente”. Sentencia C-774 de 2001.
9
“(…) [E]s decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos
fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta
nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez
puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva
causa.” Sentencia C-774 de 2001.
10
“(…) [E]s decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron
vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige
que se presente la identidad de partes, no reclama la identidad física sino la identidad jurídica.”
Sentencia C-774 de 2001.

9

Expediente: 11001-03-15-000-2026-02449-01
Demandante: Adriana Patricia Peláez Vanegas
Acción de tutela – Impugnación de fallo

virtud del artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, o el auto por medio del cual esta
autoridad judicial decide no seleccionar para revisión el asunto.

3) De esta forma, si un expediente de tutela es excluido de selección, ello acarrea
“(i) la ejecutoria formal y material de la sentencia de segunda instancia; (ii) la
configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional de las sentencias de
instancia (ya sea la única o segunda instancia), que hace la decisión inmutable e
inmodificable 11, salvo en la eventualidad de que la sentencia sea anulada por parte
de la misma Corte Constitucional de conformidad con la ley; y (iii) la improcedencia
de tutela contra tutela”12. Por el contrario, cuando la tutela es seleccionada por la
Corte, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del fallo que se
profiere en sede de revisión13.

4) No obstante, la cosa juzgada constitucional puede desvirtuarse si la nueva
solicitud de amparo se fundamenta en hechos nuevos, que no habían sido
analizados previamente por el juez, o cuando al interponer la primera acción el
peticionario no conocía -y no podía conocer- nuevos elementos fácticos o jurídicos
para sustentarla14.

2.2 Inexistencia de cosa juzgada constitucional en el caso concreto

1) La decisión impugnada partió de que los dos procesos promovidos en nombre de
la señora Adriana Patricia Peláez Vanegas tenían las mismas partes, causa y
objeto, esto es, que la decisión previa emitida en el proceso de tutela con radicación
no. 05001-31-18-003-2025-00207-00 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y, por ende, no es posible
presentar una nueva acción de tutela sin desconocer los efectos de dicha
providencia.

2) No obstante, la Sala precisa que, aunque existe una coincidencia sustancial entre
el acto administrativo cuestionado, las autoridades demandadas y las pretensiones
formuladas, esa constatación no resultaba suficiente para declarar la cosa juzgada.

11
Corte Constitucional, sentencia T-813 de 2010.
12
Corte Constitucional, sentencia T-053 de 2012.
13
Corte Constitucional, sentencia T-185 de 2013.
14
Corte Constitucional, sentencia T-560 de 2009.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02449-01
Demandante: Adriana Patricia Peláez Vanegas
Acción de tutela – Impugnación de fallo

3) En efecto, como se expuso con anterioridad, para ello se requiere constatar que
la providencia anterior haya adoptado una decisión de fondo sobre la controversia,
que se encuentre debidamente ejecutoriada y en firme, y que no se trate de hechos
o alegaciones nuevas que no hayan sido objeto del pronunciamiento previo.

4) En este caso le asiste razón a la impugnante, puesto que la sentencia proferida
el 21 de enero de 2026 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín no
resolvió el fondo de la controversia, por cuanto, esa autoridad judicial no realizó un
pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sino que declaró la falta de legitimación
de la parte actora, ya que la abogada que presentó la primera demanda no acreditó
contar con un poder especial que la habilitara para presentar la acción en nombre
de la señora Peláez Vanegas y tampoco demostró que la titular hubiera promovido
o ratificado la actuación, razón por la cual sustituyó expresamente la motivación
sobre subsidiariedad expuesta por el juez de primera instancia.

5) Inclusive, la misma providencia indicó, puntual y expresamente, que la titular de
los derechos podía formular una nueva acción de tutela, directamente o por
conducto de apoderado debidamente facultado y que esa decisión no constituía
obstáculo alguno.

6) Por su parte, en el presente proceso obra un poder especial otorgado el 24 de
marzo de 2026 por la señora Adriana Patricia Peláez Vanegas al apoderado Ramón
Alcides Valencia Aguilar15.

7) El a quo del presente asunto indicó que el proceso anterior fue excluido de
revisión por la Corte Constitucional el 30 de abril de 2026; sin embargo, lo cierto es
que el expediente remitido a esta Sala no contiene la constancia oficial de esa
actuación y, en todo caso, aun si se aceptara ese dato, la ausencia de una decisión
de fondo y la autorización expresa para presentar una nueva demanda impiden
atribuir efectos de cosa juzgada material a la controversia constitucional.

8) En consecuencia, la Sala revocará la declaratoria de cosa juzgada y examinará
el requisito de subsidiariedad de la acción objeto de estudio.

15
Índice 0004 del aplicativo SAMAI.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02449-01
Demandante: Adriana Patricia Peláez Vanegas
Acción de tutela – Impugnación de fallo

2.3 Caracterización del requisito de subsidiariedad

La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante
el juez constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta
jurisdiccional idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales,
como se infiere del texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.

En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que
el demandante no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar
la situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se
restrinja el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como
vía preferente o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar
a las herramientas judiciales que el legislador estableció para la protección de los
derechos.

En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una
decisión más rápida o para burlar los procedimientos judiciales previamente
estatuidos se desconoce el carácter subsidiario y residual de este mecanismo
constitucional.

Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de
la subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los
eventos en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones
que justifican su procedibilidad, así:

i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme con las especiales circunstancias del
caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo, y ii) cuando, pese
a existir un medio de defensa judicial idóneo, este no impide la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo
transitorio.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02449-01
Demandante: Adriana Patricia Peláez Vanegas
Acción de tutela – Impugnación de fallo

En suma, la procedencia de la acción de tutela está condicionada a la inexistencia
de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo
y efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se
pretenda un amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio
irremediable.

2.4 Verificación del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

1) La parte demandante pretende que se suspendan, dejen sin efectos o inapliquen
el Decreto no. 1070 del 15 de octubre de 2025 y las actuaciones destinadas a
materializar la designación de José Manuel Maya Murillo como notario interino de la
Notaría Novena del Círculo Notarial de Medellín.

2) Así entonces, la controversia recae directamente sobre la legalidad de un acto
administrativo de contenido particular y concreto, de ahí que los reproches relativos
a la competencia para efectuar la designación, la interpretación del artículo 148 del
Decreto Ley 960 de 1970, la supuesta transformación automática del encargo y la
falta de notificación pueden ser examinados mediante el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.

3) El uso de ese mecanismo no es meramente hipotético y da cuenta de ello que la
propia parte actora reconoció que presentó una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Decreto no. 1070 de 2025, inicialmente ante
el Tribunal Administrativo de Antioquia con radicación no. 05001-23-33-000-2026-
00290-00, autoridad que, de acuerdo con el informe de respuesta a la acción de
tutela, la remitió a los juzgados del circuito judicial de Medellín, en atención a su
competencia funcional.

4) En el presente expediente quedó acreditado que con esa demanda la parte actora
solicitó la nulidad del acto, el restablecimiento de su situación en la notaría y el
reconocimiento de los perjuicios que atribuyó a la desvinculación16.

16
Índice 00003 del aplicativo SAMAI. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación 05001-23-33-000-2026-00290-00.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02449-01
Demandante: Adriana Patricia Peláez Vanegas
Acción de tutela – Impugnación de fallo

5) Adicionalmente, consta que el 25 de marzo de 2026 el apoderado de la señora
Peláez Vanegas remitió al correo electrónico del tribunal una solicitud de medida
cautelar de urgencia para suspender los efectos del decreto y detener la entrega
material de la notaría.

6) De acuerdo con la información reportada en el aplicativo SAMAI, el 27 de marzo
siguiente, esa solicitud aparecía incorporada en el expediente del medio de control
sin que para la fecha obrara una decisión sobre la medida, en tanto, como quedó
anotado, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la falta de competencia por
el factor funcional y remitió el proceso a los juzgados administrativos del circuito de
Medellín17.

7) Los artículos 229 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo -en adelante CPACA- facultan al juez para decretar
las medidas cautelares necesarias para proteger provisionalmente el objeto del
proceso y la efectividad de la sentencia, incluidas las medidas de urgencia
reguladas por el artículo 234 del CPACA, por consiguiente, ese proceso ofrece
instrumentos idóneos para examinar tanto la validez del acto como la necesidad de
una protección provisional.

8) Así entonces, está acreditado que la parte actora ya promovió el medio de control,
que en el mismo se solicitó una medida cautelar y que la remisión de ese proceso
a los juzgados del circuito judicial de Medellín, hecho reconocido por la actora en su
escrito de impugnación, obedeció exclusivamente a las reglas de competencia
funcional.

9) La parte demandante no demostró que el medio ordinario empleado resulte
ineficaz en las circunstancias concretas y, en todo caso, al ser una medida de
urgencia deberá resolverse con prontitud por el competente, sin que la acción de
tutela pueda ser usada para sustituir el escenario natural de control de legalidad,
con la sola finalidad de obtener una decisión paralela o más rápida

10) Tampoco se acreditó un perjuicio irremediable que habilite la intervención
transitoria del juez constitucional y si bien es cierto que la demandante afirmó que

17

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=05001233300020260
0290000500123

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02449-01
Demandante: Adriana Patricia Peláez Vanegas
Acción de tutela – Impugnación de fallo

perdería los ingresos derivados de la notaría y que había efectuado inversiones para
su funcionamiento, no aportó documentos sobre sus ingresos, gastos, obligaciones,
composición familiar, estado de salud u otra circunstancia que permitiera establecer
una afectación inminente, grave, urgente e impostergable de su mínimo vital.

11) La estimación de ingresos mensuales equivalentes a quince salarios mínimos
legales mensuales vigentes aparece como una afirmación de la parte actora en la
demanda ordinaria y no como un hecho respaldado por prueba contable o
financiera; del mismo modo, la impugnación afirma que la entrega de la notaría ya
ocurrió, pero no se aportó una constancia que demuestre la fecha ni las condiciones
en que habría sucedido.

12) En todo caso, la materialización de la designación no impide que se analice la
legalidad del acto ni el correspondiente restablecimiento del derecho en el marco
del medido de control idóneo y efectivo que el legislador previó para ello.

13) La acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo alternativo para
anticipar el juicio de legalidad del Decreto no. 1070 de 2025 ni para sustituir la
decisión sobre la medida cautelar solicitada en el proceso ordinario.

14) En consecuencia, la Sala revocará la sentencia que declaró la cosa juzgada y,
en su lugar, declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Revócase la sentencia del 4 de junio de 2026 proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la cosa
juzgada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su
lugar se dispone:

15

Expediente: 11001-03-15-000-2026-02449-01
Demandante: Adriana Patricia Peláez Vanegas
Acción de tutela – Impugnación de fallo

1º) Declárase improcedente la acción de tutela promovida por Adriana Patricia
Peláez Vanegas contra la Presidencia de la República y otros, por incumplimiento
del requisito de subsidiariedad.

2º) Notifíquese esta providencia a las partes y a los intervinientes por el medio más
expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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