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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02451-00

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02451-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional respecto los argumentos presentados en relación con la negación de las pretensiones del medio de control de reparación directa. SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad respecto los argumentos presentados en relación con la solicitud de amparo de pobreza y la imposición de condena en costas a los demandantes. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. 35 Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 36 Congreso de Colombia. Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Radicado: 11001-03-15-000-2026-02451-00 Accionante: Gloria Amparo Cárdenas Ospina y Guillermo Antonio Gómez Cárdenas Se declara la improcedencia de la demanda CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese. impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02451-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02451-00
Accionantes: Gloria Amparo Cárdenas Ospina y Guillermo Antonio Gómez
Cárdenas
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda presentada por los señores Gloria
Amparo Cárdenas Ospina y Guillermo Antonio Gómez Cárdenas contra la sentencia
proferida el 26 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

SÍNTESIS1

Los accionantes cuestionan la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se confirmó la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones en el proceso de reparación directa que
promovieron contra el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe E.S.E con el fin de
que se declarara la responsabilidad del Estado por falla en la prestación del servicio
médico con ocasión de la muerte del señor Guillermo Gómez. En relación con los
argumentos que cuestionan la negativa de las pretensiones del medio de control de
reparación directa, se declara la improcedencia de la demanda por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional y en cuanto a los planteamientos que controvierten
la condena en costas y la solicitud de amparo de pobreza se declara la improcedencia
por falta del requisito de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 26 de marzo de 2026, los señores Gloria Amparo Cárdenas Ospina y Guillermo
Antonio Gómez Cárdenas, mediante apoderado judicial, presentaron una demanda en
ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales, a
su juicio, fueron vulnerados por la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por el

1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Reparación Directa / Falla en la prestación del servicio
médico / Improcedencia / Falta de relevancia constitucional / Solicitud de amparo de pobreza /
Subsidiariedad / Solicitud de adición / Aclaración de voto

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02451-00
Accionante: Gloria Amparo Cárdenas Ospina y Guillermo
Antonio Gómez Cárdenas
Se declara la improcedencia de la demanda

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de reparación directa
núm. 76111-33-33-002-2020-00132-03, mediante la cual se confirmó la decisión de
primera instancia emitida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga que negó las
pretensiones de la demanda.

2. La parte accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO (Art. 29
C.P.), al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Art. 229 C.P.), junto con el
Desconocimiento de la figura procesal del Art. 154 del CGP en lo que respecta al
AMPARADO POR POBREZA, vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle de
conformidad con los defectos expuestos:

(…)

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 26 de febrero del 2026, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de reparación directa
radicado 76111-33-33-002-2020-00132-03 y se le otorgue un plazo razonable para que
profiera nueva sentencia sin las irregularidades que fueron objeto de tutela.2 [Negrillas
del texto citado]

B. Hechos

3.El 20 de julio de 2018, el señor Guillermo Gómez ingresó al servicio de urgencias del
Hospital Tomás Uribe Uribe E.S.E debido a que tenía “un cuadro lipotimia de tono
postural”.

4.Luego, se le realizó un TAC cerebral, por medio del cual se estableció que había una
hemorragia intracerebral, por lo cual se remitió a la Clínica Dumián Medical (María Ángel
de Tulúa). Allí fue valorado y se determinó que el paciente requería intervención
quirúrgica inmediata.

5.Ese mismo día le realizaron “drenaje de espacio subdural por craneotomía”, sin
embargo, el 24 de julio de 2018, el señor Gómez presentó un paro cardiaco y después
de realizar una reanimación cardio cerebro pulmonar, falleció.

6. El 21 de julio de 2020, los señores Gloria Amparo Cárdenas; Guillermo Antonio
Gómez Cárdenas, en nombre propio y en representación de Gabriela Gómez Gil; Diego
Fernando Gómez Cárdenas; Erika Yulieth Gómez Cárdenas, en nombre propio y en
representación de Martín Steban Cardona Gómez; Claudia Patricia Gómez Cossío;
Néstor Leonel Gómez Cossío, en nombre propio y en representación de Valentina
Gómez Ángel; Luis Eduardo Londoño Cárdenas, en nombre propio y en representación
de Joseph Londoño Toro y Justeenn Londoño Toro; Luz Amparo Londoño Cárdenas en
nombre propio y en representación de Juan Felipe Cárdenas Londoño; Nohra Marcela
Ríos Gómez; Luz Adriana Ríos Gómez; Luz Dary Gómez; Diana Marcela Angulo
Gómez; Brayan Steven Londoño Toro y Mayra Alejandra Londoño Cárdenas
presentaron, mediante apoderado judicial, demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa contra el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe E.S.E y como
llamada en garantía Equidad Seguros Generales con el fin de que se declarara la

2
Índice 2 del expediente digital disponible en Samai.

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Accionante: Gloria Amparo Cárdenas Ospina y Guillermo
Antonio Gómez Cárdenas
Se declara la improcedencia de la demanda

responsabilidad del Estado por falla en la prestación del servicio médico y se
reconocieran y pagaran los perjuicios morales y materiales causados por el fallecimiento
del señor Guillermo Gómez.

7. El 25 de junio de 2025, después de la presentación de los alegatos de conclusión, los
demandantes radicaron, ante el juzgado de conocimiento, una solicitud de amparo de
pobreza, mediante la cual manifestaron bajo gravedad de juramento que se encontraban
al límite de la pobreza y allegaron sus puntajes del SISBEN.

8. Mediante sentencia del 8 de julio de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo de
Buga negó el amparo de pobreza3, denegó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas a los demandantes4, tras concluir que la atención recibida por el señor Gómez
fue oportuna, diligente y pertinente con el diagnóstico médico, la comorbilidad, los
antecedentes médicos y la anamnesis realizada, por lo cual no se acreditó la existencia
de una falla en el servicio, por el contrario, el tratamiento médico otorgado correspondió
con la lex artis.

9. Los demandantes interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia e indicaron, entre otros, que hubo una contradicción en la decisión adoptada,
pues si bien se reconoció la demora en la remisión y la existencia de una urgencia vital
desde el inicio, el juez determinó que no hubo falla del servicio y que el traslado se
efectuó dentro de un tiempo prudencial. A su vez, cuestionaron la negación del amparo
de pobreza, debido a que consideraron que la conclusión del juez de primera instancia
fue contraria al sentido de la norma, pues si se aceptara ese razonamiento, no podría
otorgarse el amparo de pobreza en ningún proceso de reparación directa.

10. Por medio de sentencia del 26 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca confirmó la decisión del 8 de julio de 2025. También condenó a los
demandantes a pagar las agencias en derecho en segunda instancia5, equivalente a 1
salario mínimo mensual legal vigente a favor de Equidad Seguros Generales y el
Hospital Tomás Uribe Uribe, tras determinar que el Hospital demandado actuó conforme
a la lex artis, debido a que efectuó las actuaciones pertinentes y realizó los exámenes
necesarios para establecer el diagnóstico del paciente, lo estabilizó y pidió la remisión.

C. Fundamentos de la vulneración

11. La parte accionante indicó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió
en los defectos sustantivo, procedimental y violación directa de la Constitución, por lo
cual se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la

3
Advirtió que, en el asunto se pretendía el reconocimiento de un derecho litigioso a título oneroso, por lo
cual, en concordancia con los artículos 151 a 153 del Código General del Proceso, no era procedente la
solicitud de amparo.
4
Señaló que, en virtud de los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y el artículo 365 del Código General del Proceso, condenó a la parte vencida en el proceso
y al pago de costas de primera instancia, en caso de haberse causado. Además, indicó que se cumplió con
los requisitos establecidos en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.
5
En virtud del numeral 1° del artículo 365 del CGP que establece que se condenará en costa a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Así, indicó que se causaron agencias en derecho a
favor de Equidad Seguros Generales y el Hospital Tomás Uribe Uribe, por cuanto intervinieron en segunda
instancia para la defensa de sus intereses.

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Antonio Gómez Cárdenas
Se declara la improcedencia de la demanda

administración de justicia y, a su vez, se transgredió el artículo 154 del Código General
del Proceso que se refiere a los efectos del amparo por pobreza.

12. Sobre el defecto sustantivo, señalaron que se inaplicó la Ley 1751 de 20156, en
particular, el artículo 14, el cual dispone que no se requiere ningún tipo de autorización
administrativa entre el prestador de servicios y la entidad que cumpla la función de
servicios de salud para acceder a servicios y tecnologías de salud, especialmente,
cuando se trata de atender una urgencia.

13. Explicó que el Tribunal accionado reconoció que hubo una demora de 1 hora y 50
minutos adicionales al tiempo permitido, sin embargo, determinó que la tardanza en el
traslado no era imputable a la entidad demandada, toda vez que en el proceso de
remisión intervienen distintos actores, como la EPS y la entidad receptora. Con tal
conclusión, desconoció lo establecido en la ley estatutaria de salud y en la jurisprudencia
constitucional7 y contencioso administrativa8 que ha reconocido la responsabilidad del
Estado por falla en la prestación del servicio médico por una tardanza en la remisión de
una urgencia vital, incluso respecto un término inferior al que se probó en el proceso de
reparación directa.

14. La autoridad judicial accionada ignoró que, ante la urgencia vital del paciente, la
responsabilidad de garantizar el traslado inmediato era del Hospital remisor, sin que
pudiera justificar la demora en trámites administrativos de la EPS, pues esa tardanza
injustificada constituyó una pérdida de oportunidad para el paciente y configuró el
defecto invocado.

15. Respecto la violación directa de la constitución, precisó que se vulneró el derecho
fundamental al debido proceso por omitir el amparo de pobreza, en virtud de los términos
establecidos en el artículo 1549 del Código General del Proceso10.

16. Señaló que el ordenamiento jurídico, en particular, los artículos 151 11 y siguientes
del Código General del Proceso, disponen como garantía fundamental que, quienes
carecen de recursos, pueden presentar una solicitud de amparo de pobreza. En el
proceso ordinario, los demandantes allegaron una solicitud bajo la gravedad de
juramento, mediante la cual remitieron sus puntajes del SISBÉN para demostrar que
vivían al límite de la pobreza, sin embargo, se resolvió tal petición desfavorablemente.

17. En relación con el defecto procedimental, indicaron que el juzgado de primera

6
Congreso de Colombia. Ley 1751 de 2015. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la
salud y se dictan otras disposiciones.
7
Corte Constitucional. Sentencia T-343 de 2025.
8
Consejo de Estado. Sentencia del 5 de marzo de 2015. Radicado núm. 47001-23-31-000-1998-06046-
01. C.P. Danilo Rojas Betancourth.
9
Artículo 154. Efectos. El amparado por pobre no estará obligado a prestar cauciones procesales ni a pagar
expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación, y no será condenado en
costas. (…)
10
Congreso de la República. Ley 1564 de 2012. Por medio de la cual se expide el Código General del
Proceso y se dictan otras disposiciones.
11
Artículo 151. Procedencia. Se concederá el amparo de pobreza a la persona que no se halle en capacidad
de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las
personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título
oneroso.

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Accionante: Gloria Amparo Cárdenas Ospina y Guillermo
Antonio Gómez Cárdenas
Se declara la improcedencia de la demanda

instancia resolvió la solicitud de amparo de pobreza en la sentencia y no profirió un auto
interlocutorio susceptible de los recursos de ley, por lo cual limitó su derecho de defensa
y se configuró una violación al artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto se
impidió a los demandantes a acceder a tal beneficio y se condenó en costas a quienes
se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica.

D. Trámite procesal

18. Mediante auto del 27 de marzo de 202612, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en calidad de terceros
con interés, al Juzgado Segundo Administrativo de Buga, al Hospital Departamental
Tomás Uribe Uribe E.S.E y a Equidad Seguros Generales, para que rindieran un informe
sobre los hechos objeto de la demanda de tutela.

19. A su vez, por medio de auto del 25 de junio de 2026 13, se ordenó notificar a los
señores Gabriela Gómez Gil; Diego Fernando Gómez Cárdenas; Erika Yulieth Gómez
Cárdenas, en nombre propio y en representación de Martín Steban Cardona Gómez;
Claudia Patricia Gómez Cossío; Néstor Leonel Gómez Cossío, en nombre propio y en
representación de Valentina Gómez Ángel; Luis Eduardo Londoño Cárdenas, en
nombre propio y en representación de Joseph Londoño Toro y Justeenn Londoño Toro;
Luz Amparo Londoño Cárdenas en nombre propio y en representación de Juan Felipe
Cárdenas Londoño; Nohra Marcela Ríos Gómez; Luz Adriana Ríos Gómez; Luz Dary
Gómez; Diana Marcela Angulo Gómez; Brayan Steven Londoño Toro y Mayra Alejandra
Londoño Cárdenas (demandantes en el proceso de reparación directa) como terceros
con interés, para que se pronunciaran sobre los hechos y las pretensiones de la
demanda de tutela.

E. Oposiciones e intervenciones

20.El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca14 (accionado) allegó copia del
expediente digital del proceso de reparación directa núm. 76111333300220200013203.

21. El Hospital Tomás Uribe Uribe E.S. E15 (tercero con interés) indicó que la solicitud
de amparo de pobreza fue posterior a la presentación de la demanda, por lo cual no
debía resolverse mediante auto interlocutorio y no hay ningún error judicial que conlleve
a la afectación de los derechos fundamentales de la parte accionante. En ese sentido,
solicitó que se deniegue la demanda de tutela por ausencia de vulneración de las
garantías fundamentales invocadas por los accionantes.

22. Equidad Seguros Generales16 (tercero con interés) señaló que la demanda de tutela
no puede constituir una tercera instancia del proceso judicial subyacente, ya que el fin
que persigue la parte accionante es controvertir la conclusión adoptada por el juzgador
de segunda instancia, sacando de contexto las decisiones del proceso ordinario para

12
Índice 4 del expediente digital disponible en Samai
13
Índice 17 del expediente digital disponible en Samai
14
Índice 9 del expediente digital disponible en Samai
15
Índice 10 del expediente digital disponible en Samai
16
Índice 11 del expediente digital disponible en Samai

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Se declara la improcedencia de la demanda

indicar que tales determinaciones no se ajustaron a derecho.

23. En ese sentido, indicó que el presente asunto carece de relevancia constitucional,
por cuanto la discusión que propone la parte accionante se limita a un debate legal, de
carácter privado y con efectos meramente económicos, asunto que ya fue resuelto por
una autoridad judicial autónoma e independiente, por lo cual la demanda de tutela debe
ser negada.

24. El Juzgado Segundo Administrativo de Buga17 (tercero con interés) remitió el enlace
electrónico del expediente digital de primera instancia núm.
76111333300220200013200.

25. Los señores Gabriela Gómez Gil; Diego Fernando Gómez Cárdenas; Erika Yulieth
Gómez Cárdenas, en nombre propio y en representación de Martín Steban Cardona
Gómez; Claudia Patricia Gómez Cossío; Néstor Leonel Gómez Cossío, en nombre
propio y en representación de Valentina Gómez Ángel; Luis Eduardo Londoño
Cárdenas, en nombre propio y en representación de Joseph Londoño Toro y Justeenn
Londoño Toro; Luz Amparo Londoño Cárdenas en nombre propio y en representación
de Juan Felipe Cárdenas Londoño; Nohra Marcela Ríos Gómez; Luz Adriana Ríos
Gómez; Luz Dary Gómez; Diana Marcela Angulo Gómez; Brayan Steven Londoño Toro
y Mayra Alejandra Londoño Cárdenas fueron debidamente notificados18, sin embargo,
guardaron silencio.

F. Competencia

26. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por los señores Gloria Amparo
Cárdenas Ospina y Guillermo Antonio Gómez Cárdenas contra el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo
de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

G. Problema jurídico

27. El escrito de tutela presentado por la parte accionante propone dos discusiones frente
a la parte resolutiva de la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca: (i) la decisión de negar las pretensiones del medio de
control de reparación directa y (ii) la negación de la solicitud de amparo de pobreza y la
consecuente imposición de condena en costas a los demandantes.

28. En ese sentido, le corresponde a la Sala resolver si la parte accionante superó los
requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela contra providencias
judiciales y determinar:

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Antonio Gómez Cárdenas
Se declara la improcedencia de la demanda

Respecto el primer punto ¿la sentencia del 26 de febrero de 2026, que negó las
pretensiones de la demanda de reparación directa incurrió en los defectos alegados
por los accionantes?

Sobre el segundo punto: ¿la negación de la solicitud de amparo de pobreza y la
condena en costas en el trámite de segunda instancia vulneró los derechos
fundamentales de la parte accionante?

H. Sentido de la decisión

29. Respecto los argumentos planteados sobre la decisión que confirmó la negativa
frente a las pretensiones del medio de control de reparación directa, la Sala declarará la
improcedencia por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, debido a que
la discusión que presenta la parte accionante se circunscribe a un asunto de mera
legalidad.

30. En relación con los cuestionamientos planteados frente a la solicitud de amparo de
pobreza y la condena en costas, la Sala declarará la improcedencia, por cuanto no superó
el requisito de subsidiariedad, ya que la parte accionante debió presentar la solicitud de
adición con el fin de que la autoridad judicial accionada se pronunciara respecto de dicho
cargo.

31. En ese sentido, y por razones metodológicas, frente a tal asunto no se hará la
verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela 19.

I. El requisito de relevancia constitucional

32. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.20 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada21, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la

19
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
20
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
21
Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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controversia judicial”.

33. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.22

34. En la sentencia SU-215 de 202223, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:

(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;

(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;

(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental; y

(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales

35. Para la Corte Constitucional24, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales

22
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de
2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P.
Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

36. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que
han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico
de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional” 25.

J. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

37. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.

38. En el asunto sub iudice, la parte accionante cuestiona la sentencia proferida el 26
de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, porque, a su juicio,
incurrió en los defectos sustantivo, procedimental y violación directa de la Constitución.
A continuación, la Sala describirá las características y elementos de los defectos
alegados, con el propósito de determinar el objeto de la litis y examinar a fondo la
presunta vulneración de derechos fundamentales.

39. El defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por
una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.

40. La violación directa de la Constitución se estructura cuando la autoridad judicial
se aparta del mandato de supremacía constitucional contenido en el artículo 4° de la
Constitución Política26. En ese orden, este defecto se puede configurar en los siguientes
supuestos: (i) la autoridad judicial deja de aplicar una norma constitucional que resulta
aplicable al caso concreto y (ii) la autoridad judicial aplica una norma legal al margen de
los postulados constitucionales.

41. El defecto procedimental27 se presenta en dos escenarios: (i) el absoluto, el cual
se configura cuando el juez desconoce o se aparta del procedimiento legalmente
prestablecido y (ii) el exceso ritual manifiesto, que se presenta cuando el goce de los
derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicación de las
normas procesales.

25
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022.
26
Corte Constitucional, sentencias SU-069 de 2018 y SU-037 de 2019.
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Corte Constitucional. Sentencia T-166 de 2022.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02451-00
Accionante: Gloria Amparo Cárdenas Ospina y Guillermo
Antonio Gómez Cárdenas
Se declara la improcedencia de la demanda

K. Sobre la negativa frente a las pretensiones del medio de control de reparación
directa

42. Respecto los argumentos que presentó la parte accionante sobre la negativa frente
a las pretensiones del medio de control de reparación directa, la Sala advierte que la
solicitud de amparo no supera el requisito de relevancia constitucional, debido a que la
controversia sobre este punto corresponde a un asunto de mera legalidad, mediante el
cual se reiteran los argumentos expuestos en el escrito de apelación del proceso
ordinario con el fin de obtener una instancia adicional para discutir aspectos,
principalmente, probatorios. En ese sentido, con este reparo la parte accionante se limita
a exponer la inconformidad frente a la conclusión a la que arribó el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia del 26 de febrero de 2026.

43. En efecto, en el escrito de tutela, la parte accionante alega la configuración de una
falla en la prestación del servicio médico porque el hospital demandado excedió el
término de remisión, máxime cuando se trataba de una urgencia vital y cuando había
una orden de traslado inmediato. Insisten en que la demora injustificada configuró una
pérdida de oportunidad para el paciente. En especial, señalaron:

el Tribunal reconoce expresamente una demora de 1 hora con 50 minutos frente a un
paciente con derrame cerebral, pues como reconoció el mismo Tribunal el tope legal era de
dos horas y en el presente caso habían transcurrido tres horas y cincuenta minutos o sea 1
hora con 50 minutos por encima del tope legal. Sin embargo, el Tribunal Administrativo al
haber argumentado que: “No se probó que la demora en el traslado fuera imputable a la
entidad demandada, en tanto el Decreto 4747 de 2007, compilado en el Decreto 780 de
2016, advierte que en el proceso de remisión intervienen distintos actores como la EPS
aseguradora del paciente y entidad receptora".

(…)

Al sostener el Tribunal Administrativo que "no se probó a qué actor del sistema de salud se
le podía achacar la demora", el Tribunal terminó transgrediendo el DEBIDO PROCESO (Art.
29 C.P.) y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Art. 229 C.P.) ya que ignoró
desde el CAMPO JURÍDICO que ante una urgencia vital, la responsabilidad de garantizar
el traslado inminente recaía sobre el Hospital remisor (demandado), sin que este pudiera
escudarse en trámites administrativos de la EPS. Esta dilación injustificada constituyó una
pérdida de oportunidad para el paciente y EVIDENCIÓ la configuración flagrante del
DEFECTO SUSTANTIVO al desconocer el marco normativo y precedente Constitucional
en la remisión de una urgencia vital, afectándose las garantías Constitucionales a los
demandantes y por ende su inminente necesidad de protección por vía de tutela.

44. En el mismo sentido, en el recurso de apelación presentado contra la sentencia
proferida el 8 de julio de 2025 por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga, los
demandantes alegaron que sí se configuró un daño antijurídico con ocasión de la
demora en la remisión del paciente, debido a que hubo una tardanza excesiva en el
traslado del señor Gómez a un centro médico de nivel superior. Además, manifestaron
que el Juzgado desconoció el fundamento de la pérdida de oportunidad, en particular,
indicaron:

Y ES QUE de una manera totalmente censurable, LA SENTENCIA MINIMIZA EL
IMPACTO DE LA DEMORA alegando que el resultado habría sido el mismo por las
comorbilidades del paciente. Esta postura DESCONOCE EL FUNDAMENTO DE LA
PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, que NO EXIGE CERTEZA DEL RESULTADO, SINO LA

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02451-00
Accionante: Gloria Amparo Cárdenas Ospina y Guillermo
Antonio Gómez Cárdenas
Se declara la improcedencia de la demanda

EXISTENCIA DE UNA EXPECTATIVA RAZONABLE DE MEJOR EVOLUCIÓN CLÍNICA SI
SE HUBIESE ACTUADO SIN DILACIÓN, en este sentido la hemorragia cerebral fue
drenada en la institución a la que se remitió el paciente a pensar que fue remitido con
deterioro neurológico que se le produjo a las 07:15 p.m mientras que esperaba su
remisión ya que el diagnóstico de hemorragia cerebral había sido a las 04:40 p.m. del 20
de julio de 2018, es decir, transcurrieron 2 horas y 35 minutos entre el diagnóstico de
una urgencia vital y el momento del deterioro neurológico sin que se hubiese materializado
el traslado a pesar de ello, y hasta llegar a las 8:26 de la noche para que fuese trasladado
y materializado su remisión como URGENCIA VITAL a la Clínica María Ángel de Tuluá –
Valle ubicada a 4 cuadras de distancia del hospital, transcurriendo entonces 3 horas con
46 minutos Y PESE a TAN CENSURABLES RETADOS el paciente sobrevivió a la
cirugía, y tuvo momentos de estabilidad: estos hechos demuestran que existía margen
terapéutico, y que el tiempo perdido fue determinante en su deterioro progresivo.
TODA VEZ que incluso el juzgado administrativo olvidó que el CONSEJO DE ESTADO ha
generado FUERTES CENSURAS Y CONDENAS HASTA POR (UNA) 1 HORA DE
RETRASO PARA HACER EFECTIVA LA REMISIÓN DE UNA URGENCIA VITAL
(Consejo de Estado, Sentencia 1998-06046 de marzo 5 de 2015, rad.
470012331000199806046-01, C.P. Danilo Rojas Betancourth) y que en el presente caso
no versa sobre 1 hora de retraso, SINO de 3 horas y 46 minutos, circunstancia que
denotaba mayor claridad y contundencia para la declaratoria de la responsabilidad que
efectivamente fue probada y por ende la sentencia debe ser revocada. [Subrayado y negrilla
del texto citado]

45. No obstante, tal controversia ya fue debidamente analizada y resuelta en el proceso
de reparación directa por el juez natural del asunto. En efecto, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca delimitó el objeto del litigio a partir de tres problemas jurídicos
concretos: (i) la pérdida de oportunidad, (ii) la responsabilidad del Estado por falla en la
prestación del servicio médico y (iii) la incidencia de factores geográficos en los tiempos
de remisión.

46. De tal modo, la autoridad judicial accionada desplegó un estudio respecto el
procedimiento de la gestión en el proceso de atención médica en virtud de los Decretos
núm. 4747 de 200728 y 780 de 201629, la configuración del daño y la imputación de
responsabilidad de acuerdo con el acervo probatorio allegado al proceso y los
lineamientos normativos y jurisprudenciales aplicables al caso concreto.

47. Así, determinó que no se probó una falla en el servicio, por cuanto no se acreditó
que la demora en el traslado del paciente fuera imputable al hospital demandado, ya
que el proceso de remisión involucra diversos actores, como la EPS y la institución
receptora y, en ese caso, no se probó que el tiempo de respuesta de cada institución ni
el momento exacto en que se solicitó la remisión. El Tribunal accionado señaló que tal
insuficiencia probatoria impidió atribuir una falla en el servicio al hospital.

48. Agregó que, pese a que inicialmente el caso se calificó como urgencia y no como

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Presidente de la República de Colombia. Decreto núm. 4747 de 2007. Por medio del cual se regulan
algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables
del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones.
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Presidente de la República de Colombia. Decreto núm. 780 de 2016. Por medio del cual se regulan
algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables
del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02451-00
Accionante: Gloria Amparo Cárdenas Ospina y Guillermo
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Se declara la improcedencia de la demanda

urgencia vital, no se demostró que esa clasificación incidiera en los tiempos de remisión,
por el contrario, se evidenció que el paciente debía ser estabilizado antes de su traslado,
actuación que fue necesaria, oportuna y coherente de acuerdo con la obligación de
garantizar el adecuado manejo del paciente hasta el ingreso a la institución receptora,
por lo cual, determinó:

En conclusión, se acreditó que el Hospital Tomás Uribe actuó conforme a la lex artis,
practicó los exámenes necesarios para establecer el diagnóstico del paciente, estabilizarlo
y pedir la remisión. Además, según la prueba técnica, el paciente falleció por la gravedad y
evolución de su estado clínico.

Tampoco es posible aplicar la doctrina de la pérdida de oportunidad porque no se demostró
que la calificación inicial de la urgencia como no vital fue un error de diagnóstico que dilató
la remisión, como la causa que evitó un tratamiento que le salvaría la vida.

49. En ese sentido, resulta evidente que la parte accionante presentó la demanda de
tutela con el fin de obtener una tercera instancia para que se estudie, nuevamente, los
elementos de la responsabilidad estatal, en particular, el daño antijurídico ocasionado
por la demora excesiva en la remisión del paciente.

50. A pesar de que los accionantes alegaron el defecto sustantivo para sustentar los
requisitos específicos de procedibilidad de la demanda de tutela contra providencias
judiciales, lo cierto es que tales argumentos están orientados a exponer su
inconformidad y desacuerdo frente a la interpretación y conclusión adoptada por la
autoridad judicial accionada, que resultó adversa a sus intereses. Por lo cual, no se
plantea un problema de naturaleza constitucional autónomo, sino una discrepancia con
la valoración probatoria y el fundamento jurídico del juez natural, lo cual resulta ajeno al
ámbito de protección de la acción constitucional contra providencias judiciales.

51. Además, se advierte que los accionantes no satisficieron la carga mínima de
argumentación exigida para demostrar que la sentencia de segunda instancia se
sustentó en una actuación arbitraria, caprichosa o contraria al orden constitucional, ni
que de ella se derivara una vulneración concreta a sus garantías iusfundamentales, en
cambio, la discusión que proponen se reduce a reiterar los argumentos formulados en
el trámite de apelación y a exponer su desavenencia con la decisión adoptada por parte
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sin advertir elementos novedosos que
permitan identificar un asunto de relevancia constitucional que habilite y justifique la
intervención del juez de tutela.

52. Por lo explicado, la Sala encuentra que la solicitud de amparo no supera el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto la discusión que presenta la parte accionante
corresponde a un asunto de mera legalidad, pues se limita a una desavenencia subjetiva
con la decisión de la autoridad judicial accionada, el cual se sustenta en la inconformidad
de los accionantes y está orientado a promover una instancia adicional para controvertir
aspectos que ya fueron resueltos por el juez natural del proceso de reparación directa.

L. El requisito de subsidiariedad

53.El artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela establece que esta acción es excepcional y residual

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a los demás medios de defensa judicial.

54. En virtud del requisito de subsidiariedad, la demanda de acción de tutela solo
procede en dos supuestos excepcionales: (i) cuando el afectado no dispone de otro
medio de defensa judicial idóneo y eficaz, caso en el cual la tutela procede como
mecanismo de protección definitivo; y (ii) cuando el afectado utiliza la tutela con el
propósito de evitar un perjuicio irremediable, evento en el que procede como mecanismo
transitorio.

55. La valoración de este requisito debe ser más rigurosa cuando se trata de una acción
de tutela contra providencia judicial, ya que, en virtud de la naturaleza autónoma,
subsidiaria y residual del mecanismo constitucional, la demanda de amparo solo es
procedente cuando el accionante no cuente con otro medio de defensa judicial. De tal
modo, es imperativo para la parte interesada agotar todos los medios judiciales
ordinarios que tenga a su alcance para pretender la defensa de sus derechos
fundamentales, como requisito previo para acudir al mecanismo constitucional.

56. En ese contexto, la Corte Constitucional30 ha sido enfática y reiterativa respecto a
que el juez constitucional debe verificar de forma exhaustiva que el accionante
efectivamente haya agotado los medios de defensa judicial a su alcance, pues de lo
contrario, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales y de utilizar la solicitud de amparo como una instancia adicional en el trámite
jurisdiccional.

57. El principio de subsidiariedad permite reconocer la validez, la prevalencia y la
viabilidad de los recursos ordinarios y extraordinarios para la protección de los intereses
fundamentales, ya que de esta manera se impide el uso indebido de la acción
constitucional como una vía preferente.

58. En este sentido, de acuerdo con el marco normativo mencionado y con lo
establecido jurisprudencialmente por la Corte Constitucional31, si el ordenamiento
jurídico ofrece mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados o
amenazados, se debe recurrir a ellos, y no a la acción de tutela, de tal forma que se
impida el uso indebido de este mecanismo constitucional.

M. Sobre la solicitud de amparo de pobreza y la condena en costas en el proceso
de reparación directa

59. Respecto los argumentos que presentó la parte accionante en relación con la
solicitud de amparo de pobreza y la condena en costas, la Sala considera que no se
satisface el requisito de subsidiariedad, debido a que la discusión que presenta la parte
accionante debió ser propuesta a través de la solicitud de adición.

60.La parte accionante cuestiona la providencia judicial proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en tanto, la autoridad judicial accionada omitió

30
Corte Constitucional. Sentencia T-106 del 9 de abril de 2024 y sentencia T-103 del 26 de febrero de 2014.
31
Corte Constitucional, sentencia T-247 de 2024. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.

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pronunciarse respecto los cargos expuestos en el recurso de apelación en relación con
la negación de la solicitud de amparo y condenó a los demandantes a pagar las agencias
en derecho de segunda instancia, equivalente a 1 salario mínimo mensual legal vigente
a favor de Equidad Seguros Generales y el Hospital Tomás Uribe, tras advertir que, en
virtud del artículo 365 del Código General del Proceso se condenará en costas a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y cuando en el expediente se
demuestre que se causaron.

61. Observa la Sala que los accionantes pretenden que, por medio del mecanismo
constitucional, se deje sin efectos la providencia judicial cuestionada con el fin de que
se retrotraiga el proceso, se estudien los cargos propuestos en el recurso de apelación
y se resuelva favorablemente la solicitud de amparo de pobreza, sin embargo, la parte
accionante contaba con un mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para
sustentar los argumentos que reprocha en el presente trámite.

62. En particular, el artículo 287 de la Ley 1564 de 201232 establece la adición de la
sentencia, con el fin de que la parte demandante la presente para que el juez se
pronuncie sobre aquellos puntos que, de conformidad con la ley, debían ser objeto de
pronunciamiento. En particular, el ordenamiento jurídico dispone:

Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos
de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de
pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la
ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la
parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de
reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte
sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud
de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación
podrá recurrirse también la providencia principal.

63. En ese sentido, la parte accionante tenía la oportunidad de presentar la solicitud de
adición para reclamar lo que ahora pretende a través de la demanda de tutela, ya que
si el juez de segunda instancia omitió pronunciarse respecto la negación de la solicitud
de amparo de pobreza, los demandantes debían hacer uso de este mecanismo judicial
con el fin de que se emitiera una sentencia complementaria, mediante la cual el juez de
conocimiento se pronunciara respecto los cargos que omitió resolver, en virtud de la
obligación contenida en los artículos 32033 y 32834 del Código General del Proceso -

32
Congreso de la República. Ley 1564 de 2012. Por medio de la cual se expide el Código General del
Proceso y se dictan otras disposiciones.
33
Artículo 320. Fines de la Apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que
el superior revoque o reforme la decisión. (…)
34
Artículo 328. Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en los casos previstos por la ley. (…)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02451-00
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CGP, aplicables por remisión del artículo 30635 del CPACA36.

64. Pese a que la parte accionante tenía a disposición un instrumento procesal idóneo
para manifestar lo que ahora pretende en sede de tutela, guardó silencio cuando
conoció la sentencia de segunda instancia y no hizo uso del supuesto normativo previsto
en el citado artículo 287 del CGP para alegar la falta de pronunciamiento por parte de
la autoridad judicial accionada, por lo cual no es procedente que, a través de la acción
de tutela, se pretenda manifestar un reparo a la sentencia de segunda instancia para lo
cual existe una norma de naturaleza procesal mediante la cual se puede procurar que
el juez se pronuncie frente a puntos no abordados en la sentencia.

65. La Sala recuerda que la acción constitucional no está prevista para revivir etapas
procesales que no fueron aprovechadas por los demandantes, ni para subsanar la
inactividad procesal de los interesados y tampoco para alegar asuntos que no fueron
presentados de manera oportuna ante el juez natural del asunto. Aunque
excepcionalmente se ha reconocido la flexibilización del requisito de subsidiariedad, en
el caso concreto, no es procedente, debido a que se vulnerarían los principios
constitucionales, la seguridad jurídica y la cosa juzgada.

66. En virtud de lo expuesto, respecto los argumentos relacionados con la solicitud de
amparo de pobreza y la condena en costas, la Sala declarará la improcedencia de la
demanda, por cuanto la parte accionante contaba con un medio judicial idóneo y eficaz
para controvertir la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional respecto los argumentos presentados en
relación con la negación de las pretensiones del medio de control de reparación directa.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento
del requisito de subsidiariedad respecto los argumentos presentados en relación con la
solicitud de amparo de pobreza y la imposición de condena en costas a los demandantes.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

35
Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el
Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
36
Congreso de Colombia. Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02451-00
Accionante: Gloria Amparo Cárdenas Ospina y Guillermo
Antonio Gómez Cárdenas
Se declara la improcedencia de la demanda

CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese. impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

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