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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02453-01

Fecha
31 de agosto de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02453-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 7 de mayo de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02453-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

31 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02453-01
Accionantes: Efigenia Lemus Rivas y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 7 de mayo
de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la falta
de legitimación en la causa por activa de Luz Marlenis Mena Moreno y la improcedencia
de la demanda de tutela.

SÍNTESIS1

La parte accionante cuestiona la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual se revocó la sentencia de primera
instancia que accedió a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, negó las súplicas
en el medio de control de reparación directa núm. 27001-33-33-003-2018-00029-01
presentado contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército
Nacional con el fin de que se declarara y pagaran los perjuicios ocasionados por la falla
en el servicio que se configuró al no preservar la vida de Widenson Arroyo Lemus. Se
confirma la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la demanda
de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 26 de marzo de 2026, Efigenia Lemus Rivas, Luz Marlenis Mena Moreno, Katerin
Camila Arroto Mena, Balbina Arroyo Lemus, Neifi Arroyo Lemus, Luis Alexander Arroyo
Lemus y Jesús Arnolio Arroyo Dominquez presentaron, mediante apoderado judicial,
una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad, dignidad humana y reparación integral, los cuales, a su juicio, fueron
vulnerados por la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, se declaró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y se

1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Reparación directa / Confirma decisión de primera

instancia / Improcedencia por falta de relevancia constitucional

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Accionante: Efigenia Lemus Rivas y otros
Confirma improcedencia

negaron las pretensiones en el medio de control de reparación directa núm. 27001-33-
33-003-2018-00029-01 acumulado con el expediente núm. 27001-33-33-003-2018-
00081-01.

2. La parte accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

PRIMERA. Ǫue se amparen los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29 C.P.),
al acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.), a la igualdad (art. 13 C.P.), a la
dignidad humana (arts. 1 y 2 C.P.) y a la reparación integral por los daños antijurídicos
causados por el Estado (art. 90 C.P.), de los señores EFIGENIA LEMUS RIVAS- LUZ
MARLENIS MENA MORENO – BALBINA ARROYO LEMUS – KATERIN CAMILA
ARROYO MENA – NEIFI ARROYO LEMUS – LUIS ALEXANDER ARROYO LEMUS –
JESUS ARNOLIO ARROYO DOMINQUEZ.

SEGUNDA. Ǫue se declare que la Sentencia No. 172 del 30 de septiembre de 2025,
proferida por la Sala Segunda de Decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
CHOCÓ dentro del radicado 27001-33-33-003 2018-00081-01 acumulado con el proceso
27001-33-33-003-2018-00029 01, incurrió en (i) defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial en materia de Derechos Humanos, falla del servicios y
Responsabilidad Estatal por suicidio de miembros de la fuerza pública.

TERCERO. Que, como consecuencia, se deje sin efectos la Sentencia No. No. 172 del
30 de septiembre de 2025 del Tribunal Administrativo del Chocó y se ordene a dicha
autoridad judicial emitir una nueva providencia que:

I. Respete el precedente judicial constitucional y Contencioso Administrativo sobre
derechos Humanos, derecho a la vida y Responsabilidad Estatal por suicidio de
miembros de la fuerza pública.

II. Adopte una decisión motivada que reconozca y liquide los perjuicios morales y
materiales derivados del fallecimiento del patrullero WIDELSON ARROYO
LEMUS, en los términos fijados por la sentencia de primera instancia del Juzgado
Tercero Administrativo Oral de Quibdó, o con la actualización que corresponda.2
[Negrillas del texto citado].

B. Hechos

De conformidad con lo expuesto en la demanda, los hechos que sustentan la solicitud de
amparo son los siguientes:

3.Wildenson Arroyo Lemus (Q.E.P.D) cumplía funciones de patrullero – P.T en la
estación de policía ubicada en Santa Rita, Rio Iró, adscrito al segundo distrito de Istmina
(Chocó).

4. El 9 de diciembre de 2015, Wildenson Arroyo Lemus se encontraba con varios
compañeros en un establecimiento comercial. Durante el encuentro, el auxiliar de la
Policía Andrés Martínez (Q.E.P.D) ocultó el celular de propiedad del P.T Arroyo Lemus
y se negó a devolvérselo. Ante la negativa, el señor Arroyo accionó su arma de dotación
y disparó contra sus compañeros, hecho que ocasionó la muerte del señor Martínez.

5. Luego, el auxiliar Arroyo se dirigió a la vivienda del señor Juan Antonio Perea Perea.
Al lugar acudieron integrantes de la Policía Nacional, del Ejército y de la SIJIN, quienes

2 Índice 2 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.

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solicitaron información sobre la presencia del patrullero. El propietario de la vivienda
manifestó que él no se encontraba allí.

6.Ante la negativa, las autoridades ingresaron al inmueble y sacaron por la fuerza al
señor Perea Perea y a su esposa. Posteriormente, se escucharon tres disparos y uno
de los uniformados informó que, el P.T Arroyo, supuestamente, se había quitado la vida.
Después, integrantes de la Policía, el Ejército y la SIJIN salieron de la vivienda con el
cuerpo sin vida de Widenson Arroyo Lemus.

7. Efigenia Lemus Rivas, Jesús Arnolio Arroyo Dominguez, Balbina Arrollo Lemus, Neifi
Arroyo Lemus, Luis Alexander Arroyo y Kamila Katerine Arroyo Mena presentaron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación –
Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional con el fin de que se declarara
la responsabilidad por los perjuicios materiales y morales causados por el fallecimiento
de Widenson Arroyo Lemus, ya que no se realizaron los protocolos necesarios para
proteger y preservar su vida.

8. Mediante sentencia del 9 de diciembre de 2022, el Juzgado Tercero Administrativo
de Quibdó accedió a las pretensiones de la demanda, tras concluir que se omitieron los
protocolos para evitar que se suicidara el señor Arroyo. Indicó que los agentes de la
Policía Nacional arrojaron una granada e ingresaron al inmueble por la fuerza,
circunstancia que, en vez de persuadir al auxiliar, constituyó un accionar hostil que
denotó y conllevó al suicido.

9. La Policía Nacional interpuso recurso de apelación y alegó que no se identificaron los
protocolos que, supuestamente, se habían incumplido, ni se acreditó la existencia de
una obligación institucional de aplicarlos. Afirmó que señor Arroyo, de manera
voluntaria, consumió bebidas embriagantes mientras portaba su arma de dotación y
posteriormente se quitó la vida para evitar su captura, por lo cual el hecho obedeció a
la culpa exclusiva de la víctima.

10. Por medio de sentencia del 30 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Chocó revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró probada la
excepción de culpa exclusiva de la víctima y negó las pretensiones de la demanda, al
determinar que el daño que alega la parte demandante se ocasionó única y
exclusivamente por las acciones imprevisibles e irresistibles del señor Arroyo, quien
utilizó contra sí mismo su arma de dotación.

C. Fundamentos de la vulneración

11. La parte accionante indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos por violación directa de la Constitución, sustantivo, fáctico, desconocimiento
del precedente y falta de motivación.

12. Sobre la violación directa de la Constitución, señaló que se omitió el ejercicio del
control de convencionalidad que le era constitucionalmente exigible, ya que el asunto
que se discutió en el trámite ordinario tiene injerencia en la afectación al derecho
fundamental a la vida en contexto de uso de la fuerza por parte de agentes estatales.

13. Indicó que el Tribunal accionado se limitó a realizar un análisis tradicional de la

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responsabilidad del Estado con fundamento en el artículo 903 de la Constitución, sin
integrar el estándar interamericano aplicable cuando se trata de agentes estatales
armados que despliegan un operativo de contención y captura, por lo cual se desconoció
el parámetro constitucional contenido en el artículo 44 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos - CIDH, el cual establece “obligaciones positivas de
prevención, protección y garantía cuando el Estado tiene conocimiento de una situación
de riesgo real e inmediato”.

14. Adujo que la autoridad judicial accionada se limitó a concluir que el señor Arroyo
accionó su arma contra sí mismo, sin considerar el estándar interamericano que dispone
que el uso de la fuerza debe ser proporcional con el fin de preservar la vida. En el caso
concreto, no se determinó si el operativo policial incrementó el riesgo, precipitó el
desenlace o si se adoptaron las medidas necesarias para evitar el fatal desenlace,
máxime cuando se trataba de una persona armada, en crisis emocional y en estado de
alteración psicológica.

15. Sobre el defecto sustantivo, manifestó que se inaplicaron las normas de rango
constitucional que debían orientar la decisión de segunda instancia, en particular, se
refirió a la omisión de la aplicación de los artículos 4 de la CIDH, 11 y 93 de la
Constitución y el principio pro homine, por lo cual, a su juicio, se compromete la validez
de la providencia enjuiciada y se habilita la intervención del juez de tutela.

16. Respecto del defecto fáctico, indicó que se omitió realizar un análisis integral,
técnico y riguroso de los protocolos operativos que regulan la intervención de la fuerza
pública en situaciones de crisis con persona armada y riesgo de autolesión, debido a
que el Tribunal accionado no valoró los estándares de negociación y priorización de la
vida en el contexto de intervención armada y persona en crisis.

17. Por el contrario, expresó que el análisis se limitó a asumir que la intervención estatal
fue legítima y le dio plena credibilidad al testimonio del oficial Rodríguez Buitrago, aun
cuando el juez de primera instancia lo desestimó. Señaló que no se determinó si el
ingreso al inmueble por la fuerza era la última ratio, si existió una evaluación de riesgo,
si el uso de granadas de aturdimiento estaba autorizado frente a personas con
exposición de autolesión o si se debía priorizar mecanismos de negociación prolongada
en casos de descompensación emocional.

18. Argumentó que se desconocieron los protocolos de intervención en crisis, prueba
determinante para atribuir la falla en el servicio, razón por la cual el Tribunal accionado
revocó la decisión de primera instancia sin fundamento y sin desacreditar el análisis
probatorio que realizó el Juez Tercero Administrativo de Quibdó.

19. En cuanto al defecto por falta de motivación suficiente sostuvo que la autoridad
judicial accionada se limitó a exponer afirmaciones generales sobre la naturaleza

3 Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,

causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado
a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o
gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.
4 Artículo 4. Derecho a la Vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la
vida arbitrariamente. (…)

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voluntaria del suicidio, sin estudiar el contexto en el que ocurrieron los hechos, ni
analizar el deber de protección que tenían los agentes estatales.

20. En particular, aduce que el Tribunal Administrativo del Chocó no expuso la razón
por la cual desestimó los argumentos del juez de primera instancia y el planteamiento
que concluyó que el procedimiento que adelantó la Policía Nacional constituyó un factor
desencadenante que conllevó al fatal desenlace.

21. Frente al desconocimiento del precedente judicial, expuso que el Tribunal accionado
desconoció la jurisprudencia en materia de responsabilidad estatal por omisión en el
cumplimiento de deberes de protección, según la cual, cuando las autoridades conocen
una situación de riesgo que amenaza la vida o la integridad de una persona y cuentan
con la capacidad institucional para adoptar medidas razonables de prevención, el
incumplimiento de ese deber compromete la responsabilidad patrimonial del Estado.

22. Al respecto, se refirió a (i) la sentencia T-105 de 2025, según la cual “todas las
personas deben recibir una protección adecuada por parte de las autoridades ante
riesgos extraordinarios”, (ii) la sentencia proferida el 26 de junio de 2014 por el Consejo
de Estado, que dispone la obligación de “garantizar el libre y pleno ejercicio de los
derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción” y (iii) la
sentencia que emitió la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
conforme a la cual se deben analizar si existían o no circunstancias particulares que
permitieran advertir el peligro que la persona pueda autolesionarse y no se hubieran
tomado las medidas para evitarlo.

D. Trámite procesal

23. Mediante auto del 6 de abril de 20265, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Chocó y,
en calidad de terceros con interés, al Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó, la
Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Policía Nacional. Además, se vinculó
a Jhostin David Arroyo Escobar, Doris Nelci Córdoba y Jean Carlos Arroyo Durango,
integrantes del expediente núm. 27001-33- 33-003-2018-00081-00 (proceso acumulado
con el proceso objeto de amparo constitucional), para que rindieran un informe sobre
los hechos objeto de la demanda de tutela.

24. A su vez, se requirió al abogado Yair Alexander Palacios Minotta con el fin de que
acreditara la legitimación en la causa por activa de Luz Marlenis Mena Moreno, pues si
bien se anunció como accionante en el escrito de tutela, no se advirtió que fuera
demandante en el proceso contencioso administrativo en el cual se predica la
vulneración.

E. Oposiciones e intervenciones

25. El Tribunal Administrativo del Chocó6 (accionado) manifestó que el 27 de octubre
de 2025 devolvió el expediente de segunda instancia al Juzgado Tercero Administrativo
de Quibdó, por lo cual no cuenta con las piezas del expediente de reparación directa

5 Índice 4 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
6 Índice 12 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.

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núm. 2018-00029-01.

26.El Juzgado Tercero Administrativo de Quibdó7 (tercero con interés) remitió el
expediente digital del medio de control de reparación directa núm. 2018-00029-01.

27. El apoderado de Luz Marlenis Mena Moreno allegó memorial8 mediante el cual
señaló que la señora Mena está legitimada en el trámite constitucional, por cuanto hizo
parte del trámite ordinario en calidad de demandante, pues si bien los jueces de primera
y segunda instancia desconocieron su calidad dentro del proceso contencioso
administrativo, la señora Mena sí fungió como demandante, tal como se evidencia en la
solicitud de audiencia de conciliación extrajudicial.

28. La Policía Nacional9 (tercero con interés) insistió en las conclusiones de la sentencia
de segunda instancia e indicó que el daño alegado no es atribuible a la institución, pues
se demostró que hubo una causal excluyente de responsabilidad, como lo es la culpa
exclusiva de la víctima. Además, señaló que no concurren los elementos para presentar
la solicitud de amparo como mecanismo transitorio, por lo cual solicitó que se declarará
la improcedencia de la demanda de tutela.

29. En virtud del oficio mediante el cual se requirió a la parte accionante para allegar las
direcciones de las demás partes intervinientes en el proceso de reparación directa, el
apoderado de la parte accionante remitió10 los correos electrónicos del Ministerio de
Defensa y la Policía Nacional y manifestó que el juez de primera instancia del proceso
de reparación directa incurrió en una omisión sustancial, ya que no se pronunció
respecto de Doris Nelci Escobar Herrera, pese a era demandante en el trámite ordinario.

30. Así, solicitó que también se ampararan los derechos fundamentales de Doris Nelci,
que se dejara sin efectos las providencias de primera y segunda instancia, respecto la
omisión frente a la demandante y que se profiriera una nueva decisión considerando las
pretensiones de la demandante, debido a que se configuró un defecto procedimental
absoluto por omisión.

31. El Ejército Nacional, el Ministerio de Defensa, Jhostin David Arroyo Escobar y Jean
Carlos Arroyo Durango fueron debidamente notificados11, sin embargo, guardaron
silencio.

F. Fallo impugnado

32. Mediante sentencia del 7 de mayo de 202612, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró la falta de legitimación en la causa por activa de Luz Marlenis Mena
Moreno y la improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito de relevancia
constitucional.

33. Sobre la legitimación por activa de Luz Marlenis Mena Moreno, la Sala consideró

7 Índice 13 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
8 Índice 14 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
9 Índice 15 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
10 Índice 18 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
11 Índices 7 y 8 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
12 Índice 21 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.

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que no se encuentra probada su legitimación en la causa, por cuanto el poder que
suscribió corresponde al mandato para la representación de su hija en el trámite
ordinario, en el cual se pretendió el pago de perjuicios a favor de la menor.

34. Respecto los reparos que alegó el apoderado judicial frente a la configuración del
defecto procedimental absoluto por falta de pronunciamiento de Doris Nelci Escobar
Herrera, la Sala se abstuvo de pronunciarse con el fin de salvaguardar el derecho de
defensa y contradicción de las demás partes, ya que no tuvieron la oportunidad procesal
para pronunciarse sobre dichos argumentos.

35. La Sala consideró que el escrito de tutela no contó con la carga argumentativa
mínima para analizarse en el marco de la vulneración de garantías iusfundamentales,
ya que se limitó a la reiteración de los argumentos expuestos en el trámite ordinario,
pues la parte accionante no argumentó la posible transgresión de sus derechos con
ocasión de la providencia cuestionada, por el contrario, presentó planteamientos
orientados a acreditar el daño antijurídico alegado en el medio de control de reparación
directa con el ánimo de disentir el análisis probatorio realizado en segunda instancia.

36. No obstante, advirtió que, contrario a lo que indicó la parte accionante, la conclusión
a la que arribó el Tribunal Administrativo del Chocó no resultó arbitraria ni caprichosa,
por cuanto no se acreditó la falla en el servicio, pues no se demostró la existencia de un
procedimiento particular que no haya sido correctamente realizado, ni que el hecho
fuera previsible o que existiera un antecedente respecto alguna afectación psicológica
por parte del señor Arroyo Lemus que implicara un trato especial, sobre todo cuando el
incumplimiento del protocolo fue el fundamento principal para sustentar el daño.

37. Concluyó que el debate que presentó la parte accionante se circunscribe a la
desavenencia de los demandantes con el sentido de la decisión de segunda instancia.
En ese sentido, indicó que la controversia presentada es de competencia exclusiva del
juez natural del asunto.

G. Impugnación

38. Mediante escrito del 13 de mayo de 202613, la parte accionante impugnó la
sentencia proferida el 7 de mayo de 2026 y solicitó que se revocara la decisión de
primera instancia y, en su lugar, se concediera el amparo constitucional solicitado.

39. Consideró que se desnaturalizó la discusión planteada, toda vez que el escrito de
tutela no se presentó con el fin de reabrir el debate ordinario ni convertir a la demanda
de tutela en una tercera instancia para sustituir la apreciación probatoria efectuada por
el juez natural, por el contrario, alegó que se pretende el amparo constitucional debido
a que se omitieron aplicar estándares constitucionales e interamericanos vinculantes
relacionados con el deber reforzado de protección del derecho fundamental a la vida en
el marco de una intervención armada por parte de agentes estatales.

40.Precisó que la solicitud de amparo no pretende que se realice una valoración del
material probatorio, sino que se verifique si la providencia enjuiciada omitió integrar

13 Índice 25 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.

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estándares de protección en el análisis de imputación estatal.

41. Reiteró que la controversia que se planteó sí reviste un asunto con relevancia
constitucional, ya que involucra el alcance de “los deberes positivos de protección del
derecho fundamental a la vida frente a actuaciones estatales desarrolladas en contextos
críticos de intervención armada y riesgo excepcionalmente elevado.”. Por lo cual, se
satisfacen los elementos señalados por la jurisprudencia constitucional para que
proceda el estudio de la demanda de tutela contra providencias judiciales.

42. Expuso que el juez de tutela de primera instancia omitió analizar el deber positivo
de protección del derecho a la vida, máxime cuando la jurisprudencia constitucional y
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han impuesto deberes de prevención,
protección y garantía, en particular, cuando las autoridades tienen conocimiento de
situaciones objetivas de riesgo. Adujo que se desconoció la posición de garante en un
contexto caracterizado por la fuerza coercitiva del Estado.

43. Señaló que el a quo desconoció y omitió analizar que la previsibilidad constitucional
del riesgo no exige certeza absoluta del resultado lesivo y si el operativo que se efectuó
por parte de los agentes estatales satisfacía o no los parámetros de diligencia reforzada
en la gestión de una situación con la materialización de un riesgo fatal.

44. Sostuvo que la providencia impugnada incurrió en un defecto por falta de
motivación, por cuanto la decisión judicial omitió sustentar de manera suficiente las
razones por las cuales el operativo que se desplegó careció de relevancia jurídica en el
análisis del riesgo que finalmente se materializó y que era objetivamente previsible.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

45. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver, en segunda instancia, la demanda de acción de tutela interpuesta por Efigenia
Lemus Rivas, Luz Marlenis Mena Moreno, Katerin Camila Arroyo Mena, Balbina Arroyo
Lemus, Neifi Arroyo Lemus, Luis Alexander Arroyo Lemus y Jesús Arnolio Arroyo
Dominquez contra el Tribunal Administrativo del Chocó, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015
y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

I. Cuestión previa

46. La Sala limitará su análisis a los argumentos relacionados con la acreditación del
requisito de relevancia constitucional, pues la conclusión que adoptó el juez de primera
instancia respecto de la falta de legitimación en la causa por activa de Luz Marlenis Mena
Moreno no fue cuestionada por los accionantes en su escrito de impugnación.

J. Sentido de la decisión

47. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de
la demanda de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional, debido a que la

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discusión que propone la parte accionante está orientada a obtener una tercera instancia
con el fin de cuestionar el sentido de la decisión del 30 de septiembre de 2025. En ese
sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación de
los demás requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela14.

K. El requisito de relevancia constitucional

48. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.15 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada16, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.

49. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.17

50. En la sentencia SU-215 de 202218, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:

(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto
debe ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;

14 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte

Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
16 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P.

Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
17 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de

2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P.
Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;

(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental,
entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías
superiores para encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se
debe justificar razonablemente la existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental; y

(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado
una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales

51. Para la Corte Constitucional19, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

52. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que
han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico
de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional”20.

L. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

53. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.

54. En el asunto sub iudice, la parte accionante cuestiona la providencia judicial
proferida el 30 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Chocó, porque,
a su juicio, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución y falta de motivación. A continuación, la Sala
describirá las características y elementos de los defectos alegados, con el propósito de

19 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
20 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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determinar el objeto de la litis y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos
fundamentales.

55. El defecto sustantivo se configura cuando un operador judicial desconoce la
Constitución o la ley. La Corte Constitucional21 ha determinado que se está ante un
defecto sustantivo cuando el juez, en ejercicio de su autonomía e independencia,
desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y
deberes superiores. En ese sentido, puede configurarse un defecto sustantivo por la
errónea interpretación o aplicación de la norma.

56. La jurisprudencia constitucional22 ha establecido que, para que se configure este
defecto, el error del juzgador debe ser ostensible, arbitrario y caprichoso, en
desconocimiento de lineamientos constitucionales y legales pertinentes, pues el juez
constitucional no puede inmiscuirse ni definir la forma en que el juez ordinario tiene que
decidir.

57. El defecto fáctico23 se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración del
material probatorio que incide en el sentido de la decisión. Es decir que, en esencia, se
configura cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”.

58. El desconocimiento del precedente ocurre cuando un juez se aparta de un
precedente judicial sin proporcionar una carga argumentativa razonada que justifique
las razones por las cuales se aparta de la regla jurisprudencial previa.

59. La violación directa de la Constitución se estructura cuando la autoridad judicial
se aparta del mandato de supremacía constitucional contenido en el artículo 4° de la
Constitución Política24. En ese orden, este defecto se puede configurar en los siguientes
supuestos: (i) la autoridad judicial deja de aplicar una norma constitucional que resulta
aplicable al caso concreto y (ii) la autoridad judicial aplica una norma legal al margen de
los postulados constitucionales.

60. La decisión sin motivación25 se presenta cuando los funcionarios judiciales emiten
una providencia sin explicar los fundamentos fácticos y jurídicos que motivan su
decisión, tal defecto se configura por cuanto la motivación constituye un deber de los
jueces, así como su fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático.

M. El caso concreto

61. La Sala coincide en que la solicitud de amparo no supera el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que la controversia que presenta la parte accionante está
orientada a obtener una instancia adicional, por medio de la cual pretende reabrir el
debate propio del proceso de reparación directa para controvertir la interpretación y las
conclusiones adoptadas por el Tribunal Administrativo del Chocó.

21 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
23 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
24 Corte Constitucional, sentencias SU-069 de 2018 y SU-037 de 2019.
25 Corte Constitucional. Sentencias T-114 de 2002 y T-042 de 2024.

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62. En particular, más allá de presentar un asunto que trascienda el ámbito
constitucional, la parte accionante pretende que el juez de tutela sustituya el análisis
realizado por el juez natural del asunto y efectúe, nuevamente, un estudio sobre la
responsabilidad patrimonial del Estado. En especial, procura que se reevalúe si las
entidades demandadas en el trámite ordinario cumplieron con los protocolos, el manual
o el procedimiento de intervención estatal frente a personas con crisis emocionales con
fundamento en los deberes contenidos en la Constitución Política y en la CIDH.

63. De tal modo, los accionantes sustentan su escrito de tutela en que el análisis que
adelantó la autoridad judicial accionada fue un estudio parcial del artículo 90 de la
Constitución, mediante el cual se determinó que el señor Arroyo accionó su arma de
dotación contra sí mismo, sin embargo, a su juicio, se omitió el análisis de los estándares
que debían orientar la actuación de los agentes estatales (sin precisar al respecto).

64. Específicamente, señalan que no se determinó si el uso de la fuerza durante el
operativo obedeció a criterios de razonabilidad y proporcionalidad y si se adoptaron las
medidas necesarias para proteger y preservar la vida del patrullero o si, por el contrario,
la actuación estatal fue el factor que detonó el fatal resultado, tal como lo consideró
acertadamente el juez de primera instancia.

65. Asimismo, entre otros, la parte accionante afirmó que no se adelantó un análisis
riguroso e integral del acervo probatorio para establecer si, durante la intervención, las
autoridades policiales respetaron los parámetros de negociación y de priorización del
derecho a la vida respecto de una persona que se encontraba en una situación de crisis
y en una evidente alteración emocional. A su juicio, la autoridad judicial accionada no
examinó en debida forma ni satisfactoriamente las circunstancias en las que se
desarrolló la intervención armada.

66. No obstante, tal discusión ya fue analizada y definida por el Tribunal Administrativo
del Chocó, quien se ocupó de establecer si existía responsabilidad administrativa y
patrimonial por parte de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional con
ocasión del suicidio del patrullero Arroyo. Así, reiteró los elementos que deben concurrir
para que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado en virtud del artículo 90
de la Constitución.

67. En ese sentido, determinó que el daño alegado por la parte demandante se acreditó
con la muerte de Widenson Arroyo Lemus. Sobre la imputación del daño estudió las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales falleció el patrullero, al respecto
indicó que no se logró acreditar el nexo causal, pues no se demostró que las actuaciones
de la entidad demandada fueran negligentes frente a sus deberes de vigilancia, control
o prevención del suicidio del patrullero. Al respecto, precisó:

Las mismas probanzas le muestran a esta Sala que las autoridades intentaron comunicarse
con el señor Arroyo Lemus y persuadirlo para su entrega, a quien llamaban desde la parte
externa de la vivienda, versión corroborada en las anotaciones del grupo Gaula donde se
consignó además que se le arrojó un celular a fin de dialogar con él pero este no aceptó,
afirmación que encuentra respaldo en el dicho del testigo HAROLD ALBERTO SÁNCHEZ,
quien señaló en la audiencia de pruebas celebrada el 14 de abril de 2021, que el hoy occiso
se comunicó con sus familiares desde dos números telefónicos diferentes.

Debe resaltarse también que el ingreso a la residencia no fue tomado a la ligera por las

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autoridades, nótese que este se realizó después de la 01:00pm, tiempo suficiente para que
el patrullero Arroyo Lemus saliera voluntariamente y se entregara a las autoridades, sin
embargo, ello no ocurrió.

En ese orden, y atendiendo el contenido obligacional que por mandato legal y por virtud de
su naturaleza y funciones surge para la policía, concretamente en relación con el evento
sub – lite, le correspondía intervenir de manera oportuna y eficazmente a fin de que un
individuo armado y que acababa de disparar contra otros fuera capturado, así se tratara de
un miembro de la propia fuerza pública, evitando con ello que se generaran peligros
innecesarios para los asociados. Por lo que se considera por parte de esta Sala ajustado a
derecho el procedimiento adelantado en procura de capturar al señor Widenson Arroyo.

Si bien en la demanda se señala que no se cumplieron los protocolos para preservar la vida
del patrullero tantas veces mencionado, no se señala cuáles son esos protocolos a efectos
de poder constatar en donde estuvo la falla que se imputa. De la misma manera debe
reprocharse el fallo apelado en cuanto señala que no se tomaron las medidas para evitar el
suicidio del señor Widenson Arroyo Lemus, sin señalar cuales son las medidas que echa
de menos.

Para la Sala es claro que no bastaban las afirmaciones vagas e imprecisas que no se
adoptaron las medidas para evitar el desenlace fatal por el que se reclama, sino que se
tornaba necesario señalar con precisión el contenido obligacional incumplido por la
demandada a efectos de poderle endilgar responsabilidad a título de falla del servicio, lo
cual no aconteció en este evento.

Aquí es importante resaltar que dentro del plenario no se encuentra demostrado que la
entidad demandada tuviera conocimiento de alguna afectación psicológica o trastorno
mental que impidiera el desempeño del manejo de armas de la institución, o que la
Administración teniendo el conocimiento de ello no hubiera suministrado el tratamiento
médico respectivo o separado al agente del manejo de esos elementos.

Tampoco quedó demostrado que la Administración contara con un manual o procedimiento
específico para este tipo de situaciones y que el mismo no fuera aplicado correctamente.
Por ende, no es posible imputar la omisión de impedir el daño ocasionado, puesto que en
este caso se trata de daños auto infligidos por el mismo agente de policía, lo que nos permite
concluir que se configura la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

68. De tal modo, resulta evidente que la discusión que propone la parte accionante
pretende una instancia adicional para insistir en la responsabilidad del Estado por falla
en el servicio, pese a que el debate central en sede de apelación se concentró,
precisamente, en establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento del
patrullero Arroyo, con el fin de determinar si la actuación de los agentes estatales
comprometía la responsabilidad patrimonial del Estado.

69. Si bien la parte accionante invocó la configuración de los defectos fáctico,
sustantivo, falta de motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de
la Constitución y señaló en su escrito de impugnación que se desnaturalizó el debate
planteado, por cuanto el amparo está orientado a que se verifique el cumplimiento de
los estándares de protección, lo cierto es que tales reparos se dirigen a controvertir la
apreciación probatoria, la interpretación y la conclusión a la que arribó la autoridad
judicial accionada.

70. Así, la parte accionante no presenta una controversia constitucional autónoma ni
demuestra una afectación grave en detrimento de sus derechos fundamentales con
ocasión de la providencia judicial proferida el 30 de septiembre de 2025, pues los
argumentos expuestos no advierten una actuación caprichosa, arbitraria o irrazonable

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en ejercicio de la autonomía e independencia judicial del Tribunal accionado, por el
contrario, los argumentos de los accionantes exponen su desavenencia e inconformidad
con el sentido de la decisión de segunda instancia, lo cual no justifica la intervención del
juez constitucional.

71. La Sala recuerda que la demanda de tutela contra providencias judiciales constituye
un juicio de validez y no de corrección, razón por la cual en análisis del juez
constitucional se limita a verificar la eventual vulneración de garantías fundamentales
con ocasión de la decisión que se cuestiona, sin que resulte admisible utilizar el
mecanismo constitucional para reemplazar el criterio del juez natural o reabrir de fondo
la controversia.

72. En virtud de lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que
declaró la improcedencia por falta del requisito de relevancia constitucional, toda vez
que la parte accionante pretende una tercera instancia para reabrir un debate propio de
la jurisdicción contencioso-administrativa que, en todo caso, ya fue debidamente
resuelto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 7 de mayo de
2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con las razones
expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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