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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02455-01

Fecha
14 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02455-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 14 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales del Grupo Empresarial Seruma S.A.S., en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Antioquia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02455-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

14 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02455-01
Demandante: Grupo Empresarial Seruma S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y Restablecimiento del
Derecho / Auto que rechaza la demanda / Defectos fáctico,
sustantivo y procedimental

Decisión: Revocar la decisión del a quo y negar el amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por el Grupo Empresarial Seruma S.A.S.,
en contra de la sentencia proferida el 14 de marzo de 20261 por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.

1. Antecedentes
1.1. La solicitud2

1. El Grupo Empresarial Seruma S.A.S., promovió solicitud de tutela con el fin de
que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, así como los principios pro
actione y de confianza legítima, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
providencia proferida el 9 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta de Decisión, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 05001-33-33-018-2025-00339-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda contra el Servicio Nacional de Aprendizaje3, con la finalidad de
cuestionar la legalidad de la Resolución no. 011833 del 17 de diciembre de 2024, por
medio de la cual se fijó a su cargo una cuota de cinco (5) aprendices o, en su defecto,
el pago de la correspondiente cuota de monetización, y como consecuencia, que se

1 Registrada el 14 de mayo de 2026.
2 Ver índice 2 de Samai del expediente de primera instancia.
3 En adelante SENA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02455-01
Demandante: Grupo Empresarial Seruma S.A.S.

le eximiera de dicha obligación, al considerar que, por desarrollar actividades
económicas exceptuadas, no se encontraba jurídicamente obligado a asumir dicha
carga.

2.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia en providencia del 29 de julio de 2025,
inadmitió la demanda para que fuera subsanada. En cumplimiento de esa decisión,
presentó escrito de subsanación el 4 de agosto de 2025.

2.3. En providencia del 24 de septiembre de 2025 declaró su falta de competencia
y ordenó remitir el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito de Medellín.

2.4. El Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Medellín en
providencia del 30 de octubre de 2025 rechazó la demanda al considerar que no se
agotó en debida forma la actuación administrativa, porque los recursos interpuestos
contra el acto administrativo fueron presentados de manera extemporánea. En contra
de esta decisión interpuso recurso de apelación.

2.5. El Tribunal Administrativo de Antioquia en providencia del 9 de marzo de 2026,
confirmó la decisión del a quo, al considerar que los recursos administrativos contra
la Resolución nº 011833 de 2024 fueron presentados fuera del término legal previsto
en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, razón por la cual no se agotó en debida forma la actuación
administrativa, pues «[…] los recursos deben interponerse dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación del acto administrativo, término que en el presente caso se
encontraba vencido al momento de la radicación del recurso de apelación. […]» [sic].

2.6. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto fáctico, en tanto adoptó una decisión sin verificar adecuadamente
los elementos probatorios en lo relacionado con la notificación del acto administrativo
y el momento real de conocimiento del mismo. En particular, consideró que no se
verificó la efectiva recepción y acceso al contenido de la notificación electrónica ni se
estableció con certeza el momento en que la parte demandante tuvo conocimiento
real de la decisión administrativa.

2.7. Asimismo, sostuvo que la providencia incurrió en defecto sustantivo, toda vez
que aplicó de manera rígida el artículo 161 del CPACA, sin valorar que dicha
disposición prevé excepciones «cuando la administración no garantiza el ejercicio efectivo
de los recursos, lo cual no fue valorado por la autoridad judicial». Por último, desconoció
el carácter instrumental del derecho procesal, el cual se convirtió en una barrera
rígida para acceder a la justicia.

2.8. Finalmente, en defecto procedimental, debido a que la actuación judicial
resultó contradictoria al inadmitir inicialmente la demanda, permitir su subsanación,
remitir el expediente por falta de competencia y, finalmente, rechazarla, lo que
desconoció la confianza legítima, el debido proceso y la seguridad jurídica, durante
el trámite procesal.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02455-01
Demandante: Grupo Empresarial Seruma S.A.S.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. AMPARAR los derechos fundamentales invocados.

2. DEJAR SIN EFECTOS el Auto Interlocutorio No. 055 de 2026.

3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia emitir una nueva decisión,
garantizando el debido proceso y el acceso a la justicia.

4. ORDENAR que se estudie de fondo la demanda de nulidad y restablecimiento de
derecho. […]» [sic]

1.1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Medellín4
luego de hacer un recuento de las actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al
interior del medio de control en cuestión, solicitó que se negara la petición de tutela,
toda vez que consideró que el despacho no ha vulnerado los derechos fundamentales
invocados, pues el proceso se ajustó al ordenamiento jurídico, en particular, al
CPACA. En consecuencia, señalo que todo el procedimiento se ajustó a derecho y,
en efecto, se cumplieron con todas las garantías legales.

5. El Tribunal Administrativo de Antioquia5 si bien allegó copia del expediente
digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.

6. Los demás terceros con interés guardaron silencio.

1.1.3. Sentencia de primera instancia6

6.1. El Consejo de Estado, Sección Cuarta en sentencia del 14 de marzo del 2026
declaró improcedente la solicitud de tutela, pues consideró que no se acreditó el
requisito general de relevancia constitucional. En esencia, argumentó que la parte
demandante tenía como propósito utilizar el mecanismo constitucional como una
instancia adicional, pues los reproches contenidos en el escrito, lo que buscaban era
reabrir el debate que tuvo lugar en el proceso ordinario.

6.2. En efecto, señaló que se acudió al amparo con el «propósito de reabrir un debate
que ya fue zanjado por el juez natural, relativo a la valoración de la notificación del acto
administrativo acusado y a la oportunidad para interponer los recursos procedentes en su
contra».

4 Ver Samai índice 20 del expediente de primera instancia. Archivo denominado:
«22_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda04RespuestaTutela202 (.pdf) NroActua20».
5 Ver Samai índice 19 del expediente de primera instancia. Archivo denominado:
«21RECIBEPRUEBAS_Memorial_05001333301820250033 pdf) NroActua19».
6 Ver índice 23 del expediente de primera instancia. Archivo denominado:
«25Sentencia_1FLD20260245500GRUPO (.pdf) NroActua23».

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02455-01
Demandante: Grupo Empresarial Seruma S.A.S.

1.1.4. Escrito de impugnación7

6.3. Grupo Empresarial Seruma S.A.S. impugnó la decisión del a quo y, además
de reiterar los argumentos expuestos en el escrito de tutela, sostuvo que el asunto sí
tiene relevancia constitucional. Al respecto, señaló que la tutela no pretendía reabrir
un debate de mera legalidad relacionado con la extemporaneidad de los recursos
administrativos, sino evidenciar la vulneración de los derechos fundamentales, como
consecuencia de los defectos en que incurrió el auto cuestionado al impedir de
manera definitiva el estudio de fondo del acto administrativo expedido por el SENA.
Asimismo, insistió en que las autoridades judiciales adoptaron una interpretación
excesivamente formalista del requisito de agotamiento de la actuación administrativa.

2. Consideraciones

7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y de las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en
el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 20008 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 9, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

9. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema11. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia

7Ver índice 29 del expediente de primera instancia Archivo denominado:
«28_MemorialWeb_RecursoImpugnaciontutelap (.pdf) NroActua 29».
8 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02455-01
Demandante: Grupo Empresarial Seruma S.A.S.

de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

10. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

11. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo12, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

12. Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

13. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos14,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales15.

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.

12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
14 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02455-01
Demandante: Grupo Empresarial Seruma S.A.S.

2.4. Problema jurídico

14. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión vulneró los derechos
fundamentales del Grupo Empresarial Seruma S.A.S., con ocasión de la providencia
del 9 de marzo de 2026, mediante la cual, en segunda instancia, confirmó el rechazo
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por no haberse agotado en
debida forma la actuación administrativa, con la que incurrió, presuntamente en
defectos fáctico, sustantivo y procedimental?
2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

15. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo
señalado por el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados
puede llevar consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales
constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.

16. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela, y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto planteado

2.5.2 Defecto fáctico

17. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional16, tiene una
dimensión negativa y otra positiva. La primera se configura cuando en desarrollo de
la actividad probatoria el juez omite la «la valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez»17, «o cuando sin razón valedera
da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente»18. La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas
que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas»19.

18. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas
que adelante el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia
y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

16 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,

T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016, entre otras.
17 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP: Antonio Barrera Carbonell.
18 Sentencia SU-159 de 2002, MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo

Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra
19 Sentencia T-539 de 1994

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02455-01
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2.5.3 Defecto sustantivo

19. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional20 ha señalado que este se presenta cuando el juez adopta una
decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado social de derecho.

20. El alto tribunal de lo constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se toma regresiva
o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistemática de la
norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

21. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales

2.5.4. Defecto procedimental

22. Tal como se afirma de los defectos sustantivo, fáctico y orgánico, el defecto
procedimental fue ideado por la Corte Constitucional desde la sentencia T-231 de
1994 como causal de vía de hecho en una providencia judicial. Desde entonces, el
defecto procedimental absoluto es entendido como aquél en que el juez ordinario
adelanta el asunto bajo una cuerda procesal equivocada u omite el curso de una
etapa del trámite, en perjuicio del derecho al debido proceso.

23. A partir de la sentencia T-1306 de 200121, empero, la Corte Constitucional
consideró que este defecto no solo podía ser absoluto, sino presentarse por exceso
ritual manifiesto22, producto de una indebida preferencia por las formas procesales

20 Corte Constitucional, Sentencia T-118 a de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
21 Línea que ha venido consolidándose, entre otras, a través de las sentencias T-974 de 2003, T-973

de 2004, T-264 de 2009, T-599 de 2009, T-950 de 2011 y T-213 de 2012.
22 Desde esta concepción del defecto es clara la tensión entre los derechos al debido proceso y al

acceso a la administración de justicia, tensión que debe abordarse desde la concepción de dichos
bienes como mandatos de optimización, lo que permite su ponderación en cada caso en concreto
para la satisfacción de los derechos fundamentales involucrados en cada caso en concreto.

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en perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la prevalencia del
derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones judiciales, en la
consecución de la justicia material y la garantía de los derechos fundamentales23.

24. La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya
alegado el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad
de hacerlo; que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión que
lesione bienes ius fundamentales24.

2.5.5. Sobre el caso concreto

25. El Grupo Empresarial Seruma S.A.S. acudió al juez de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la providencia proferida el 9 de marzo del 2026 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia mediante cual, en segunda instancia, confirmó el rechazo de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, por no haberse agotado en debida forma
la actuación administrativa.

25.1. Lo anterior, según insistió en el escrito de impugnación, al considerar que se
incurrió en defecto fáctico, en tanto adoptó una decisión sin verificar adecuadamente
los elementos probatorios en lo relacionado con la notificación del acto administrativo
y el momento real de conocimiento de este. En particular, consideró que no se verificó
la efectiva recepción y acceso al contenido de la notificación electrónica ni se
estableció con certeza el momento en que la parte demandante tuvo conocimiento
real de la decisión administrativa.

En defecto sustantivo toda vez que aplicó de manera rígida el artículo 161 del
25.2.
CPACA, sin valorar que dicha disposición prevé excepciones «cuando la administración
no garantiza el ejercicio efectivo de los recursos, lo cual no fue valorado por la autoridad
judicial». Por último, desconoció el carácter instrumental del derecho procesal, el cual
se convirtió en una barrera rígida para acceder a la justicia.

25.3. En defecto procedimental debido a que la actuación judicial resultó
contradictoria al inadmitir inicialmente la demanda, permitir su subsanación, remitir el
expediente por falta de competencia y, finalmente, rechazarla, lo que desconoció la
confianza legítima, el debido proceso y la seguridad jurídica, durante el trámite
procesal.

23 En esta decisión, el defecto se definió como: “[…] aquel que se deriva de un fallo en el cual haya

una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material […]”.
24 Al respecto, en la Sentencia T-213 de 2012, reiterando para el efecto la línea jurisprudencial
consolidada sobre este aspecto, sostuvo que la prosperidad del defecto se sujetaba a: “[…]“(i) (Q)ue
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales. […]”.

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26. En este punto, para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda el análisis
efectuado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, para rechazar la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurada con la finalidad de cuestionar la
legalidad de la Resolución 011833 del 2024, por incumplimiento del requisito de
procedibilidad del agotamiento de la actuación administrativa, al respecto:

«[…] En el presente asunto, mediante providencia del 30 de octubre de 2025, el Juzgado
Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de Medellín rechazó la demanda de la
referencia, al considerar que los recursos interpuestos contra la Resolución No. 011833
de 2024 -acto cuya nulidad se pretende- fueron presentados de manera extemporánea,
razón por la cual concluyó que no se agotó en debida forma el procedimiento
administrativo.

Inconforme con dicha decisión, el apoderado judicial del Grupo Empresarial SERUMA
S.A.S. interpuso recurso de apelación, en el cual sostuvo que la providencia debía
revocarse, por cuanto, en su criterio: (i) el Despacho incurrió en un error de derecho al
aplicar indebidamente la causal de rechazo, dado que el requisito de procedibilidad fue
cumplido mediante la conciliación prejudicial; y (ii) en el evento de considerarse
insuficiente dicho trámite, también se agotó la vía gubernativa en los términos del CPACA,
toda vez que contra la Resolución No. 011833 de 2024 se interpuso recurso de reposición
y en subsidio de apelación, por lo que solicitó que se revocara el auto y, en su lugar, se
admitiera el medio de control.

Una vez analizadas las pruebas aportadas al expediente, y de conformidad con el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se tiene que, de
manera general, contra los actos administrativos proceden los recursos de reposición,
apelación y el de queja cuando se rechace la apelación, en particular sobre la oportunidad
y presentación conforme al artículo 76 del CPACA establece:

«Artículo 76. Oportunidad y Presentación. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento
del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos
podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante
el juez.

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto
para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse
ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y
tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. […]».
(Se destaca)

Se tiene entonces que, en el presente caso, la parte demandante aportó la constancia de
la notificación de la resolución objeto de nulidad, de la cual se acredita que el acto
administrativo fue puesto en conocimiento el 23 de diciembre de 2024.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02455-01
Demandante: Grupo Empresarial Seruma S.A.S.

En virtud de dicha fecha, esta Sala procedió a contabilizar los diez (10) días hábiles
previstos en el artículo 76 del CPACA para la interposición de los recursos de reposición
y apelación. Este mismo término fue expresamente indicado en la parte resolutiva del acto
administrativo, en la cual se advirtió a la demandante que contra la decisión procedían
dichos recursos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación. En
consecuencia, el plazo para interponerlos vencía el nueve (9) de enero de 2025 a las 5:00
p.m.

Ahora bien, si se acogiera el argumento consignado en la resolución que decidió el
recurso, según el cual el plazo para la interposición se extendía hasta el 13 de enero de
2025, lo cierto es que, aun bajo esa interpretación más favorable, el recurso fue
presentado por fuera del término legal, pues en efecto, la parte demandante señaló en el
escrito introductorio que el recurso fue radicado el 14 de enero de 2025; sin embargo, en
el acto que resolvió el recurso la entidad cimentó su decisión en que fue interpuesto por
fuera de término, ya que la comunicación electrónica fue identificada con radicado 7-2025-
010431 del 15 de enero de 2025.

En consecuencia, ya sea que se tenga como fecha de presentación el 14 o el 15 de enero
de 2025 -sin que obre prueba que permita precisar con certeza cuál de las dos
corresponde-, lo cierto es que, en ambas, el recurso fue interpuesto con posterioridad al
vencimiento del término legal, configurándose así su extemporaneidad.

Por otra parte, se observa que la parte actora, al sustentar el recurso de apelación, se
limitó a señalar que aportó la constancia de conciliación prejudicial y que interpuso los
recursos administrativos contra el acto demandado. Sin embargo, no formuló reparo
alguno frente al fundamento de la decisión recurrida, esto es, la extemporaneidad en la
interposición de dichos recursos, aspecto que constituyó el motivo del rechazo de la
demanda en primera instancia.

Así las cosas, la parte recurrente no controvirtió de manera concreta las bases jurídicas
que sustentaron el rechazo de la demanda, limitándose a reiterar el cumplimiento de
actuaciones que no constituyeron el motivo de la decisión recurrida. No obstante, y sin
perjuicio de lo alegado por la parte actora, esta Sala verificó el cómputo del término
correspondiente y constató que el recurso administrativo fue interpuesto de manera
extemporánea, circunstancia que impide tener por agotada en debida forma la actuación
administrativa, requisito obligatorio para acceder a la jurisdicción cuando se trata de
controvertir la legalidad de actos administrativos de carácter particular.

Así las cosas, esta Sala comparte la decisión adoptada en primera instancia, en tanto le
asistió razón a la a quo al rechazar la demanda por incumplimiento del requisito de
procedibilidad del agotamiento de la actuación administrativa – interposición oportuna del
recurso de apelación- y, en consecuencia, se confirmará el auto proferido 30 de octubre
del 2025 por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín. […]» [sic].
[Resaltado por la sala].

27. A partir de una lectura de la totalidad de la sentencia, la Sala considera que no
se configura el defecto fáctico alegado. En realidad, se observa que la autoridad
judicial demandada sí examinó el material probatorio para establecer la oportunidad

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Demandante: Grupo Empresarial Seruma S.A.S.

para interponer los recursos administrativos. En efecto, el tribunal tomó como
fundamento la constancia de notificación electrónica aportada por la sociedad
demandante, de la cual concluyó que la Resolución n.º 011833 de 2024 fue puesta
en conocimiento el 23 de diciembre de 2024. A partir de esa prueba efectuó el
cómputo del término previsto en el artículo 76 del CPACA.

28. Asimismo, advirtió que ese mismo término había sido expresamente indicado
en la parte resolutiva de la resolución demandada en la cual se informó a la sociedad
demandante que contra dicha decisión procedían los recursos dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a su notificación. Con fundamento en ello, concluyó que el
plazo para interponerlos vencía el 9 de enero de 2025, mientras que los recursos
fueron presentados con posterioridad a la fecha, exactamente, el 15 de enero de
2025. Al respecto en el acto administrativo se precisó:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02455-01
Demandante: Grupo Empresarial Seruma S.A.S.

29. En concordancia con lo anterior, la autoridad judicial demandada no limitó su
análisis al término que, a su juicio, resultaba aplicable, pues también examinó el auto
mediante el cual el SENA rechazó el recurso de reposición y negó el de apelación. Al
respecto, advirtió que allí se indicó que el plazo para interponer recursos se extendía
hasta el 13 de enero de 2025. A partir de ello, concluyó que, incluso si se aceptaba
ese cómputo, que resultaba más favorable para la sociedad demandante, el resultado
era el mismo.

30. En efecto, advirtió que en la demanda se afirmó que el recurso había sido
presentado el 14 de enero de 2025, mientras que el auto del SENA registró como
fecha de radicación el 15 de enero del mismo año. Aunque reconoció que no obraba
prueba que permitiera establecer con certeza cuál de esas dos fechas correspondía
a la presentación del recurso, explicó que esa diferencia carecía de relevancia, pues,
en cualquiera de los dos casos, el recurso había sido interpuesto después del
vencimiento del término que el propio SENA consideró aplicable.

31. En consecuencia, encuentra la Sala que la autoridad judicial demandada no
realizó una interpretación arbitraria o irrazonable de las pruebas obrantes en el
expediente. Por el contrario, examinó la constancia de notificación electrónica,
verificó el término previsto en el artículo 76 del CPACA y tuvo en cuenta el contenido
del auto mediante el cual el SENA rechazó los recursos administrativos. Con
fundamento en esos elementos explicó las razones por las cuales concluyó que los
mismos fueron interpuestos de manera extemporánea.

32. Así las cosas, la inconformidad expuesta en la solicitud de tutela, no se dirige
a demostrar que el Tribunal de Antioquia hubiera omitido valorar una prueba o la
hubiera apreciado de manera irracional. En realidad, lo que se pretende controvertir
es la conclusión a la que llegó la autoridad judicial demandada a partir de las pruebas
que obran en el expediente, lo cual corresponde a un desacuerdo con la valoración
efectuada por el juez natural y no configura, por sí mismo, un defecto fáctico.

33. Frente al defecto sustantivo, la sociedad demandante sostuvo que el Tribunal
Administrativo de Antioquia aplicó de manera rígida el artículo 161 del CPACA, al
exigir el agotamiento de la actuación administrativa sin considerar que esa misma
disposición exceptúa dicho requisito cuando la administración no brinda la
oportunidad de interponer los recursos.

34. En ese sentido, sostuvo que la autoridad judicial omitió verificar si, en el caso
concreto, se configuraba la excepción prevista en el inciso segundo del numeral 2,
según la cual dicho requisito no es exigible cuando la administración no brinda la
oportunidad de interponer los recursos procedentes.

35. La Sala considera que el cargo no está llamado a prosperar. En efecto, la
autoridad demandada sí examinó si, en el caso concreto, se configuraba la excepción
prevista en el artículo 161 del CPACA. En esa oportunidad, a partir de la valoración

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Demandante: Grupo Empresarial Seruma S.A.S.

del material probatorio obrante en el expediente, concluyó que la sociedad
demandante no agotó en debida forma la actuación administrativa, pues los recursos
de reposición y apelación fueron interpuestos de manera extemporánea. En
consecuencia, consideró que no se configuraba el supuesto excepcional previsto en
el inciso segundo del numeral 2, en tanto la administración sí brindó la oportunidad
para ejercer los recursos procedentes.

36. Bajo ese entendido, la inconformidad de la sociedad demandante no va
dirigida a demostrar una aplicación arbitraria o irrazonable del artículo 161 del
CPACA, sino una discrepancia con la conclusión a la que arribó el Tribunal respecto
del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad previstos en dicha disposición.
Tal discrepancia no configura, por sí sola, un defecto sustantivo.

37. Por otra parte, frente al defecto procedimental la sociedad demandante
sostuvo que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en una actuación
contradictoria, pues la demanda fue inadmitida para su subsanación, posteriormente
remitida por razones de competencia y, finalmente, rechazada. En su consideración,
esa secuencia durante el trámite procesal desconoció el debido proceso y la
seguridad jurídica, al generar una expectativa legitima respecto de la posibilidad de
admitir la demanda y fallar de fondo.

38. Para la Sala tampoco prospera el defecto alegado. En efecto, las actuaciones
procesales surtidas en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho obedecieron al curso propio del proceso. La demanda fue inadmitida
inicialmente por el Tribunal Administrativo de Antioquia para que la parte demandante
subsanara las deficiencias advertidas, mediante escrito presentado el 4 de agosto de
2025. Posteriormente, esa misma autoridad judicial declaró su falta de competencia
y ordenó la remisión del expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito de
Medellín.

39. En ese contexto, correspondía al juez competente continuar con el trámite en
el estado en que este se encontraba y verificar el cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad exigidos por la ley para la admisión. La inadmisión de la demanda, su
posterior subsanación y luego la remisión del expediente por razones de competencia
no eran un pronunciamiento definitivo sobre el cumplimiento de los requisitos para
demandar ni impedían al juez competente verificar el cumplimiento de los requisitos
de procedibilidad. Por ello, no resulta contradictorio que, una vez el Juzgado
Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín rechazó la demanda por el
incumplimiento de un requisito de procedibilidad, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, al resolver el recurso de apelación, confirmara esa decisión.

40. En consecuencia, no se advierte que la providencia cuestionada hubiera
desconocido el debido proceso o la seguridad jurídica, pues la decisión de confirmar
el rechazo obedeció a la verificación del incumplimiento de los requisitos de
procedibilidad y no a una actuación contradictoria con las decisiones adoptadas por
el tribunal durante el trámite del proceso. Para la Sala esto no constituye, un
formalismo excesivo, sino el ejercicio de la facultad del juez de verificar el

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Demandante: Grupo Empresarial Seruma S.A.S.

cumplimiento de los presupuestos procesales establecidos por la ley antes de
pronunciarse sobre el fondo de la controversia.

41. En esas condiciones, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, lo cual impone negar
la solicitud de amparo constitucional, pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.

42. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró́ probado.

3. Conclusión

43. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma en que la Sala revocará la
decisión del a quo para, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales
del Grupo Empresarial Seruma S.A.S., en la solicitud de tutela presentada contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión.

44. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 14 de marzo de 2026 por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales
del Grupo Empresarial Seruma S.A.S., en la solicitud de tutela presentada contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02455-01
Demandante: Grupo Empresarial Seruma S.A.S.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CJE/LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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