Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02456-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02456-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02456-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
3 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02456-01
Accionante: Jairo Alonso Londoño Tascón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02456-01
Accionante: Jairo Alonso Londoño Tascón
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Buga
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Relevancia constitucional – improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 7 de mayo de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró
improcedente el amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Jairo Alonso Londoño Tascón, actuando en nombre propio, formuló acción de tutela con
el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva 1, los cuales estimó
vulnerados por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga y
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con ocasión de los autos proferidos el 19 de
diciembre de 2024 y el 27 de febrero de 2026, respectivamente, dentro del proceso
ejecutivo identificado con el radicado núm. 76111-33-33-002-2024-00197-00/01.
2. Hechos
De conformidad con el escrito de tutela y los documentos allegados al expediente, se
expone la siguiente relación fáctica:
2.1. Mediante sentencia del 24 de agosto de 2012, el Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial Administrativo de Buga declaró responsable al
municipio de Calima El Darién y lo condenó al pago de perjuicios en favor de Jairo Alonso
Londoño Tascón, María Ceneida López Pineda y Jeissón David Londoño López. El
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 27 de abril de 2015,
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Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado E4BBFE1872C86826
8FE583E138874F8A 0B77FDAAD3E8A37A 841CDCB5AB6F86F4.
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Accionante: Jairo Alonso Londoño Tascón
modificó parcialmente esa decisión en cuanto al monto de los perjuicios y la confirmó en lo
demás, dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado núm. 76001-
23-31-000-2005-05529-00.
2.2. Jairo Alonso Londoño Tascón afirmó que, con posterioridad a la ejecutoria de la
sentencia, los beneficiarios presentaron solicitudes de pago, derechos de petición,
acciones de tutela y requerimientos ante distintos organismos de control, sin que
obtuvieran el cumplimiento integral de la condena. Agregó que el municipio reconoció la
obligación, proyectó su pago por cuotas y efectuó un abono parcial en diciembre de 2023.
2.3. Jairo Alonso Londoño Tascón, María Ceneida López Pineda y Jeissón David
Londoño López promovieron proceso ejecutivo contra el municipio de Calima El Darién,
con el fin de obtener el pago del saldo adeudado. El asunto correspondió por reparto al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, bajo el radicado
núm. 76-111-33-33-002-2024-00197-00.
2.4. Mediante auto del 19 de diciembre de 2024, el juzgado se abstuvo de librar
mandamiento de pago. Consideró que la sentencia quedó ejecutoriada el 14 de mayo de
2015 y se hizo exigible el 16 de noviembre de 2016, una vez transcurridos los 18 meses
previstos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. En consecuencia,
estimó que el término de cinco años para solicitar su ejecución vencía inicialmente el 16
de noviembre de 2021 y, tras adicionar los 107 días de suspensión derivados de la
emergencia sanitaria, finalizó el 3 de marzo de 2022. Como la demanda ejecutiva se
presentó en septiembre de 2024, declaró configurada la caducidad.
El Juzgado también señaló que la parte ejecutante no acreditó el agotamiento de la
conciliación prejudicial exigida para los procesos ejecutivos promovidos contra
municipios, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 1551 de 2012.
2.5. La parte ejecutante interpuso recursos de reposición y, en subsidio, apelación.
Sostuvo que no había operado la caducidad porque adelantó de forma continua
actuaciones dirigidas al cobro de la obligación y porque el municipio reconoció la deuda y
realizó un abono en diciembre de 2023. Asimismo, afirmó que la conciliación prejudicial
no constituía un requisito para promover el proceso ejecutivo.
2.6. Mediante auto del 31 de octubre de 2025, el Juzgado dispuso glosar sin
consideración el recurso, al estimar que el poder allegado no cumplía las exigencias del
artículo 74 del Código General del Proceso ni del artículo 5 de la Ley 2213 de 2022.
2.7. La parte ejecutante interpuso recurso de reposición. Mediante auto del 1.º de
diciembre de 2025, el Juzgado repuso la providencia del 31 de octubre de 2025 y examinó
los recursos formulados contra el auto del 19 de diciembre de 2024. No obstante,
mantuvo la decisión de abstenerse de librar mandamiento de pago, tras concluir que las
reclamaciones administrativas y las actuaciones promovidas por los acreedores no
suspendían ni interrumpían el término de caducidad. Además, reiteró que la conciliación
prejudicial era obligatoria, debido a que se trataba de un proceso ejecutivo promovido
contra un municipio.
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Accionante: Jairo Alonso Londoño Tascón
En la misma providencia, el Juzgado concedió en el efecto suspensivo el recurso de
apelación interpuesto contra el auto del 19 de diciembre de 2024 y remitió el expediente al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
2.8. Mediante auto del 27 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca confirmó la decisión. Consideró que el término de caducidad debía contabilizarse a
partir del 16 de noviembre de 2016 y que, una vez incluido el periodo de suspensión de
términos derivado de la emergencia sanitaria, venció el 3 de marzo de 2022. Agregó que
el supuesto abono efectuado en diciembre de 2023 no se acreditó y que, en todo caso,
esa circunstancia no modificaba el término legal para acudir ante el juez de la ejecución.
El Tribunal también concluyó que la conciliación prejudicial constituía un requisito
obligatorio, debido a que la demanda ejecutiva se promovió contra el municipio de Calima
El Darién. Por esta razón, confirmó integralmente el auto mediante el cual el Juzgado se
abstuvo de librar mandamiento de pago.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
Jairo Alonso Londoño Tascón solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva. En
consecuencia, pidió dejar sin efectos los autos del 19 de diciembre de 2024 y del 27 de
febrero de 2026, proferidos por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buga y
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, respectivamente.
Asimismo, solicitó ordenar al Juzgado que profiriera una nueva decisión, para lo cual
debía valorar las actuaciones adelantadas para obtener el pago, el reconocimiento de la
obligación por parte del municipio de Calima El Darién y el abono que, según afirmó, se
efectuó en diciembre de 2023.
3.1. Como fundamento de la solicitud de amparo, sostuvo que las autoridades judiciales
omitieron valorar las gestiones de cobro, las respuestas del municipio, el reconocimiento
de la obligación y el referido abono parcial. En su criterio, esos elementos demostraban la
vigencia de la deuda, la continuidad de las reclamaciones y la improcedencia de declarar
la caducidad.
3.2. Alegó la configuración de un defecto fáctico, porque las autoridades judiciales
prescindieron del análisis de pruebas que consideró determinantes para establecer que
no había operado la caducidad. Agregó que tampoco ejercieron sus facultades oficiosas
para verificar el reconocimiento y el pago parcial de la condena.
También sostuvo que se configuró un defecto sustantivo, pues las disposiciones sobre
caducidad y prescripción fueron interpretadas de manera rígida y contraria a los principios
de prevalencia del derecho sustancial, eficacia de las decisiones judiciales y acceso a la
administración de justicia. Cuestionó, además, que no se hubieran aplicado las normas
civiles sobre interrupción de la prescripción ni una interpretación compatible con la
efectividad de la sentencia.
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3.3. Afirmó que las autoridades judiciales incurrieron en exceso ritual manifiesto al
abstenerse de librar mandamiento de pago ante la configuración de la caducidad y la falta
de agotamiento de la conciliación prejudicial. Según indicó, este último requisito no
resultaba exigible, dado que el municipio había reconocido la deuda, se había
comprometido a pagarla y había efectuado un abono parcial. Por tanto, exigir una nueva
gestión conciliatoria implicaba privilegiar las formas procesales sobre el derecho
sustancial.
Añadió que la aplicación estricta del término de caducidad produjo una denegación
material de justicia, pues impidió la ejecución integral de una sentencia en firme, pese a
las actuaciones promovidas para obtener su cumplimiento y a los actos de
reconocimiento que atribuyó al municipio.
3.4. Adujo que las autoridades judiciales desconocieron el precedente constitucional
y contencioso administrativo en materia de tutela contra providencias judiciales,
prevalencia del derecho sustancial y valoración integral de las pruebas. A su juicio, las
decisiones cuestionadas no examinaron de manera suficiente el marco normativo y
jurisprudencial aplicable ni justificaron las razones por las cuales desestimaron los
documentos aportados.
3.5. Finalmente, solicitó aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente a la
interpretación de las normas sobre caducidad adoptada en el proceso ejecutivo. Sostuvo
que su aplicación automática, sin considerar el reconocimiento de la obligación, los
acuerdos de pago y el abono parcial, produjo un resultado contrario a los derechos al
debido proceso, al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Por ello, pidió
privilegiar una interpretación que permitiera continuar la ejecución y obtener el pago del
saldo adeudado.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 8 de abril de 2026 2, el despacho ponente de la Sección Primera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela, vinculó como terceros con interés al
municipio de Calima El Darién del Valle del Cauca, y a los señores María Ceneida López
Pineda y Jeisson David Londoño López; solicitó la remisión del expediente ordinario
objeto de controversia y ordenó la notificación de las partes e intervinientes.
Surtido el trámite de notificación, se recibieron las siguientes intervenciones:
4.1. El Secretario del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara
de Buga3 informó que, en atención al oficio del 10 de abril de 2026, consultó su base de
datos y constató que el proceso se tramitó en expediente físico. Por ello, solicitó su
desarchivo a la bodega central y, una vez revisado, encontró la información relativa a las
notificaciones aportada oportunamente por el apoderado judicial de la parte demandante.
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Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado 456C73D293832CD6 8C74E197DE118705
A8FB142F529E81C6 05031A1724252813.
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Índice 00011 del expediente digital de primera instancia, certificado 282E34E171163B9C 454BBBD6E4170259
70BD9F61FFD8BC3E C7A4D4E727F9D1C4.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02456-01
Accionante: Jairo Alonso Londoño Tascón
4.2. Jeisson David Londoño López4 manifestó que fue vinculado al trámite
constitucional en su condición de hijo de Jairo Alonso Londoño Tascón y María Ceneida
López Pineda. En tal calidad, coadyuvó las pretensiones y los argumentos expuestos por
su padre y solicitó continuar con el trámite de la acción de tutela.
4.3. María Ceneida López Pineda5 manifestó que, en atención a su vinculación al trámite
constitucional, coadyuvaba las pretensiones y los argumentos expuestos en la acción de
tutela.
4.4. El Alcalde Municipal de Calima El Darién en representación del municipio 6
solicitó declarar improcedente la acción de tutela. Sostuvo que las providencias
cuestionadas fueron proferidas por los jueces naturales, con fundamento en las normas
aplicables y dentro de los términos legales, sin que la inconformidad del actor demostrara
la configuración de alguno de los defectos que habilitan excepcionalmente el amparo
contra decisiones judiciales.
Señaló que el accionante pretendía obtener el reconocimiento de un derecho pese a no
haber cumplido oportunamente las cargas procesales necesarias para promover la
ejecución de las sentencias. Agregó que las solicitudes, los derechos de petición, las
actuaciones administrativas, las denuncias, las acciones de tutela y los incidentes
promovidos por los beneficiarios no suspendieron ni interrumpieron el término de
caducidad. Afirmó que la imposibilidad de efectuar el pago se sustentó en las decisiones
adoptadas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buga, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y la Procuraduría 59 Judicial I para Asuntos
Administrativos.
Adujo que la solicitud de amparo desconocía los principios de seguridad jurídica, juez
natural y autonomía judicial, pues pretendía reabrir una controversia resuelta por las
autoridades competentes. En su criterio, la tutela no podía emplearse como una instancia
adicional para controvertir la interpretación jurídica ni las conclusiones adoptadas en el
proceso ejecutivo.
Finalmente, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, al
considerar que no profirió las providencias cuestionadas ni intervino en las actuaciones
judiciales a las que el actor atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales.
4.5. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga 7
solicitó negar el amparo. Informó que, mediante Auto Interlocutorio 567 del 19 de
diciembre de 2024, se abstuvo de librar mandamiento de pago por configurarse la
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Índice 00012 del expediente digital de primera instancia, certificado ADAE53BDA94F44CE 58CDE3E85B4BED04
A2CB47F28B2F43BA 37C1556BDBA74854.
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Índice 00013 del expediente digital de primera instancia, certificado 11E7AA81F27FDB64 58392FEEC559911E
9554467EBBE9DDE6 40F210E49E5F477E.
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Índice 00017 del expediente digital de primera instancia, certificado 0E373A2BA7252A06 FA149CDBBEFA8BAB
E2CC944839C38FBD E705A37542E5C76E.
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Índice 00018 del expediente digital de primera instancia, certificado CD793909EAAA9688 10FD41A70AB34831
6DE427B76946B68A 07514005CC2DA836.
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Accionante: Jairo Alonso Londoño Tascón
caducidad del medio de control ejecutivo, decisión confirmada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 27 de febrero de 2026.
Sostuvo que la providencia se fundamentó en las normas aplicables y en la valoración del
material probatorio allegado. En su criterio, los reparos del accionante sobre los
documentos que acreditarían el reconocimiento de la deuda constituían una discrepancia
con la interpretación del juez natural y pretendían reabrir el debate surtido en el proceso
ejecutivo.
Descartó la configuración de los defectos fáctico y sustantivo, pues las pruebas fueron
valoradas y la decisión se apoyó en normas vigentes sobre caducidad, dentro del margen
de autonomía judicial. Por ello, pidió declarar improcedente la tutela, al considerar que se
utilizó como una instancia adicional para controvertir decisiones judiciales.
4.6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 7 de mayo de 20268, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela, al concluir que no cumplía el requisito general
de relevancia constitucional.
La Sala consideró que el accionante pretendía reabrir el debate resuelto en el proceso
ejecutivo sobre la configuración de la caducidad y la exigencia de la conciliación
prejudicial. En particular, buscaba que el juez constitucional examinara nuevamente la
incidencia del abono que, según afirmó, realizó el municipio de Calima El Darién en
diciembre de 2023, así como la vigencia y exigibilidad de la obligación reconocida en la
sentencia cuya ejecución reclamaba.
Advirtió que esos aspectos ya habían sido analizados por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Este
último concluyó que la obligación se hizo exigible el 16 de noviembre de 2016, una vez
transcurridos los 18 meses, y que el término de cinco años para promover la ejecución
venció el 3 de marzo de 2022, luego de adicionar la suspensión de términos judiciales
ocasionada por la pandemia. Como la demanda ejecutiva fue presentada en 2024,
determinó que había operado la caducidad.
La Sección Primera señaló que el supuesto abono efectuado en diciembre de 2023 no
modificaba el cómputo del término, pues, con independencia de su realización, la
caducidad había transcurrido desde la exigibilidad de la obligación. Agregó que el
Tribunal también examinó la conciliación prejudicial y estimó que constituía un requisito
obligatorio y razonable para promover la demanda ejecutiva.
La Sala concluyó que la tutela se utilizó como una instancia adicional para controvertir la
interpretación normativa y la valoración fáctica efectuadas por los jueces naturales.
También consideró que la controversia era esencialmente legal y económica, pues se
8
Índice 00022 del expediente digital de primera instancia, certificado DBA1A3B20ADEFE9E 49783C93D7380102
9CD92C369021F40C 4E88F4EBDA9B9BBA.
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Accionante: Jairo Alonso Londoño Tascón
dirigía a obtener el mandamiento de pago de una suma derivada de una condena judicial.
Por ello, estimó que la intervención del juez constitucional afectaría la autonomía e
independencia judiciales y desconocería la seguridad jurídica.
6. Impugnación9
La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó su revocatoria.
Sostuvo que la decisión declaró improcedente la acción de tutela a partir de una
interpretación restrictiva del requisito de relevancia constitucional sin examinar los
defectos fáctico y sustantivo, el exceso ritual manifiesto y la violación directa de la
Constitución atribuidos a las providencias cuestionadas. Afirmó que el amparo no
pretendía reabrir el debate ordinario ni habilitar una instancia adicional, sino obtener el
control constitucional de decisiones que, a su juicio, desconocieron pruebas
determinantes y limitaron de manera desproporcionada la posibilidad de ejecutar una
sentencia judicial en firme. Para sustentar la impugnación, reiteró los argumentos
expuestos en el escrito de tutela.
Mediante auto del 9 de junio de 202610, el magistrado ponente de la Sección Primera del
Consejo de Estado concedió la impugnación interpuesta por la parte actora.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto el
señor Jairo Alonso Londoño Tascón es el titular de los derechos fundamentales que
estima vulnerados, en su condición de demandante dentro del proceso ejecutivo
identificado con el radicado núm. 76111-33-33-002-2024-00197-00/01.
2.2. Asimismo, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva, dado
que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Buga son las autoridades judiciales que profirieron las decisiones que, según
el accionante, vulneraron sus derechos fundamentales.
2.3. Antes de continuar con el análisis de los defectos invocados, la Sala pone de
presente que, aunque la parte actora cuestionó las decisiones proferidas tanto en primera
como en segunda instancia, circunscribirá su análisis al auto del 27 de febrero de 2026
9
Índices 00023 y 00028 del expediente digital de primera instancia, certificados E2CFEF7CF9655280
88143DE9B61FF7A9 E47AC1E93EFFFF8D 3F3ACB50BFDBE71D y 8C3C0677D3A368D4 3262FF03DF857A4B
CE9197CBE1B04279 95BC807DD13CE437.
10
Índice 00030 del expediente digital de primera instancia, certificado B5434B933445C961 BEAE81A756F4AF2C
4486289DA936FBBE 54BAD31BCC483947.
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Accionante: Jairo Alonso Londoño Tascón
dictado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por cuanto fue la providencia
que puso fin a la actuación.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
7 de mayo de 2026 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la
cual se declaró improcedente el amparo.
Para el efecto, es necesario establecer si en el caso concreto se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que
reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional, a través de la sentencia C-590 de 200511 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela12 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto13.
11
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
13
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02456-01
Accionante: Jairo Alonso Londoño Tascón
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”14.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e
independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”15.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.
14
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez, reitera la T-336 de 2004.
15
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02456-01
Accionante: Jairo Alonso Londoño Tascón
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en la
vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el
asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio
en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de
amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 16.
5. Caso concreto
La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente el amparo solicitado por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación.
5.1. La parte actora cuestiona los autos del 19 de diciembre de 2024 y del 27 de febrero de
2026, proferidos por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buga y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, respectivamente. Sostiene que las autoridades
judiciales incurrieron en defecto fáctico, porque omitieron valorar de manera integral las
gestiones de cobro, las respuestas del municipio de Calima El Darién, el reconocimiento
de la obligación y el abono que, según afirmó, se efectuó en diciembre de 2023.
Asimismo, alega la configuración de un defecto sustantivo, pues, en su criterio, las
autoridades judiciales aplicaron de manera rígida las normas sobre caducidad y
prescripción, sin armonizarlas con los principios de prevalencia del derecho sustancial,
eficacia de las decisiones judiciales y acceso a la administración de justicia, ni con las
disposiciones civiles relativas a la interrupción de la prescripción. En esa línea, afirma que
incurrieron en exceso ritual manifiesto, porque se abstuvieron de librar mandamiento de
pago ante la configuración de la caducidad y la falta de agotamiento de la conciliación
prejudicial, pese a que, a su juicio, el reconocimiento de la deuda y el abono parcial
tornaban inexigible este último requisito.
Finalmente, aduce que las providencias cuestionadas desconocieron el precedente
constitucional y contencioso administrativo en materia de tutela contra providencias
judiciales, prevalencia del derecho sustancial y valoración integral del material probatorio.
También sostiene que se configuró una violación directa de la Constitución, porque las
autoridades judiciales aplicaron automáticamente las normas sobre caducidad, sin
considerar el reconocimiento de la obligación, los acuerdos de pago y el abono parcial. A
16
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02456-01
Accionante: Jairo Alonso Londoño Tascón
su juicio, esta actuación vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad, así como
el principio de prevalencia del derecho sustancial.
5.2. No obstante, del examen de la providencia cuestionada, en particular del auto del 27
de febrero de 2026, se advierte que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca abordó
de manera expresa, suficiente y razonada los argumentos formulados por la parte
ejecutante dentro del proceso ejecutivo. Con fundamento en el análisis del marco
normativo y jurisprudencial aplicable, así como del material probatorio obrante en el
expediente, esa autoridad judicial llegó a las siguientes conclusiones:
“En cuanto al plazo para promover el medio de control ejecutivo, se destaca que, en
este caso, resulta aplicable el CCA en su artículo 177, pues, aunque el término de
caducidad general para solicitar la ejecución de una sentencia 17 es de cinco años, el
inicio de este conteo depende de cuándo la obligación se vuelve legalmente exigible
según la ley que rigió el proceso declarativo. Bajo el régimen actual de la Ley 1437 de
2011 (CPACA), las entidades públicas disponen de un plazo máximo de 10 meses tras
la ejecutoria de la sentencia para cumplir con el pago antes de que se pueda iniciar un
proceso ejecutivo.
No obstante, en este caso específico, el proceso se adelantó bajo el anterior Decreto
01 de 1984 (CCA), cuyo artículo 177 otorga un plazo de gracia superior, estableciendo
que las condenas solo son ejecutables 18 meses después de quedar en firme.
Esta diferencia es fundamental para el cálculo de la caducidad, ya que al aplicarse el
régimen del CCA (Decreto 01), la exigibilidad de la deuda no ocurrió a los 10 meses,
sino que se postergó hasta que se cumplieron los 18 meses de ley. Por esta razón, la
primera instancia determinó que el plazo de cinco años para demandar no empezó a
correr inmediatamente con la sentencia de 2015, sino el 16 de noviembre de 2016,
una vez vencido el periodo de 18 meses establecido por la normativa anterior.
En este caso, la demanda ejecutiva fue presentada el 12 de septiembre de 2024. No
obstante, la primera instancia, determinó que el plazo legal para radicarla venció el 3
de marzo de 2022, lo que derivó la declaración de caducidad del medio de control.
Para llegar a esta conclusión, el juzgado realizó el siguiente cómputo de términos,
basado en la ley y los hechos del caso:
• Inicio de la exigibilidad: La sentencia que sirve de título ejecutivo quedó ejecutoriada
el 14 de mayo de 2015. Bajo el régimen del Decreto 01 de 1984, la obligación solo se
hizo exigible 18 meses después, es decir, el 16 de noviembre de 2016.
• Plazo ordinario: El término de cinco años para solicitar la ejecución, contado desde
la exigibilidad, vencía originalmente el 16 de noviembre de 2021.
• Suspensión por pandemia: Debido a la emergencia sanitaria de 2020, los términos
judiciales se suspendieron durante 107 días (entre el 16 de marzo y el 30 de junio de
2020). Al sumar este tiempo adicional al plazo original, la fecha límite definitiva para
presentar la demanda se extendió hasta el 3 de marzo de 2022.
En consecuencia, el despacho judicial concluyó que la presentación de la demanda fue
extemporánea, ya que se presentó más de dos años después de que expirara el
término legal permitido para ejercer el derecho de acción. Dicho análisis es avalado por
la Sala en esta instancia.
(…)
17
Consejo de Estado, MP. William Hernández Gómez, Radicado interno: 3637-14, Sentencia del treinta (30) de junio
de dos mil dieciséis (2016).
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02456-01
Accionante: Jairo Alonso Londoño Tascón
De lo anterior, se establece que, contrario a lo sostenido por el recurrente, el
agotamiento de la conciliación prejudicial en este caso era obligatoria, exigencia que
no viola su derecho de acceso a la justicia, por cuanto, tal como lo ha sostenido la
Corte Constitucional18 , es una herramienta razonable que, busca fines legítimos e
imperiosos constitucionalmente, a través de un medio no prohibido, que es conducente
para alcanzarlos y que, prima facie, no sacrifica desproporcionadamente otros valores,
principio o derechos constitucionales. Del mismo modo, precisó la Corte que, con
dicho requisito, no se viola el principio de igualdad al imponer a los deudores de los
municipios una carga procesal (conciliación prejudicial) que no tienen los demás
deudores en los procesos ejecutivos considerados en general, puesto que se trata de
una decisión legislativa que constituye un ejercicio razonable del poder de
configuración normativa que busca una finalidad legítima, mediante un medio no
prohibido y adecuado para alcanzarlo.”19.
En ese contexto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca señaló que las sentencias
cuyo cumplimiento se perseguía constituían título ejecutivo. No obstante, precisó que los
beneficiarios debían promover su cobro dentro del término legal y que, como el proceso
declarativo se tramitó bajo las disposiciones del Decreto 01 de 1984, la obligación solo se
hizo exigible una vez transcurrieron dieciocho meses desde la ejecutoria de la sentencia,
esto es, el 16 de noviembre de 2016. A partir de esa fecha comenzó a computarse el
término de cinco años para presentar la demanda ejecutiva.
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que dicho término vencía, en
principio, el 16 de noviembre de 2021. Sin embargo, una vez adicionados los 107 días
durante los cuales estuvieron suspendidos los términos judiciales con ocasión de la
emergencia sanitaria, determinó que el plazo se extendió hasta el 3 de marzo de 2022. En
consecuencia, consideró extemporánea la demanda presentada el 12 de septiembre de
2024. Agregó que el abono que, según la parte ejecutante, efectuó el municipio en
diciembre de 2023 no se acreditó y que, en todo caso, carecía de incidencia sobre el
cómputo de la caducidad, pues el término para acudir ante el juez de la ejecución
transcurría de manera objetiva y su observancia garantizaba la seguridad jurídica.
Por otra parte, la corporación judicial sostuvo que la conciliación prejudicial constituía un
requisito obligatorio para promover procesos ejecutivos contra los municipios, de
conformidad con el artículo 47 de la Ley 1551 de 2012. Indicó que esa exigencia no
vulneraba los derechos a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, pues
correspondía a una medida razonable adoptada por el legislador en ejercicio de su
margen de configuración normativa.
5.3. Así las cosas, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
expuso de manera clara, suficiente y razonada los motivos por los cuales confirmó el auto
que se abstuvo de librar mandamiento de pago. En particular, concluyó que: (i) la
demanda ejecutiva se presentó después del vencimiento del término de caducidad; (ii) el
abono que supuestamente efectuó el municipio en diciembre de 2023 no se probó y, en
todo caso, carecía de incidencia sobre ese fenómeno procesal; y (iii) la conciliación
prejudicial constituía un requisito obligatorio para promover el proceso ejecutivo contra el
municipio de Calima El Darién.
18
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-533 de 2013.
19
Índice 00007 del expediente digital de segunda instancia del proceso ordinario, certificado 51E08B8A4E2EE21B
2E38C08918A7B277 DF1C3E367AB7C4D1 0FAA6B22523599F2.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02456-01
Accionante: Jairo Alonso Londoño Tascón
Las anteriores consideraciones permiten establecer que el juez natural de la causa
examinó los argumentos formulados por la parte ejecutante. En efecto, el Tribunal se
pronunció expresamente sobre el cómputo del término de caducidad, los efectos
atribuidos al supuesto abono parcial y la exigibilidad de la conciliación prejudicial. Por
tanto, no se advierte que la decisión cuestionada carezca de sustento fáctico o normativo,
sea producto de la arbitrariedad judicial o desconozca las garantías fundamentales de las
partes.
Al respecto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través
del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que
no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su
existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a
la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración20.
Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención de
lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera vulnerados y
eleve su argumentación a rango constitucional.
A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como
reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en
el trámite del proceso primigenio. Esto, aunado a que el accionante no desarrolló sus
reparos conforme a los requisitos propios de los defectos sustantivo y fáctico, pese a
haber invocado su configuración.
5.4. La Sala advierte que la parte accionante se limita a controvertir la interpretación que
adoptó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca respecto del cómputo del término de
caducidad para promover el proceso ejecutivo y de los efectos jurídicos del abono que,
según afirmó, efectuó el municipio de Calima El Darién en diciembre de 2023. Tales
argumentos ya habían sido formulados en el recurso de apelación y fueron examinados
por el juez natural de la causa.
Asimismo, la parte actora no expuso razones normativas o jurisprudenciales suficientes
que demostraran que la interpretación cuestionada era manifiestamente irrazonable o
contraria al ordenamiento jurídico. Por el contrario, la decisión se sustentó en las
disposiciones aplicables en materia de exigibilidad y caducidad, conforme a las cuales el
término para promover la ejecución comenzó a computarse el 16 de noviembre de 2016 y
venció el 3 de marzo de 2022, una vez incluido el periodo de suspensión de términos
derivado de la emergencia sanitaria. El Tribunal también explicó que el abono alegado no
20
Sentencia SU-215 de 2022.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02456-01
Accionante: Jairo Alonso Londoño Tascón
se acreditó y que, en todo caso, carecía de incidencia sobre el cómputo objetivo de la
caducidad.
En ese contexto, la inconformidad de la parte accionante refleja una discrepancia con la
interpretación jurídica que acogió la autoridad judicial, pero no demuestra que esta
hubiera aplicado una norma inexistente, inaplicable o manifiestamente inconstitucional, ni
que se hubiera apartado del precedente aplicable. Por tanto, los reparos formulados no
comprometen la validez constitucional de la providencia cuestionada ni configuran una
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
5.5. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de segunda instancia, toda vez
que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco de esta, sin
esbozar las razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado fue
vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional,
toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.
5.6. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada21, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 22.
En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la decisión proferida en primera instancia
por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente el amparo por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de mayo de 2026 por la Sección
Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente el amparo que interpuso Jairo
Alonso Londoño Tascón contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buga.
21
SU-215 de 2022.
22
Ibid.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02456-01
Accionante: Jairo Alonso Londoño Tascón
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
ECG
15
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