Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02459-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02459-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02459-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02459-00
Accionante: Sofia Quintana Marín
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Sofia Quintana Marín, a nombre
propio y en representación de su hijo JBQ, en contra de la Administradora
Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), del Juzgado Veintiocho Administrativo
de Medellín y del Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 27 de marzo de 20262 la parte actora interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos a la igualdad, debido proceso, seguridad
social, salud, mínimo vital, vida digna y habeas data laboral, que considera
vulnerados por la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), debido
a que reiteradamente ha incurrido en yerros frente a la consolidación de su historia
laboral, lo que le ha impedido ser beneficiaria de una pensión especial de vejez en
los términos del artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
Igualmente, estimó transgredidos los referidos derechos por parte del Juzgado
Veintiocho Administrativo de Medellín y del Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Quinta de Decisión, en tanto que mediante sentencia del 20 de noviembre de
2025, el primero negó el amparo solicitado, decisión que fue modificada por el
segundo, en el sentido de declarar la improcedencia de la acción tuitiva a través de
providencia del 28 de enero de 2026, dentro de la acción de tutela de radicado 05
001 33 33 028 2025-00392 00/01.
1 Índice 2 de SAMAI, certificado AFB3EFAF921D4F9D 6825EC82D052BB1B 6D22F92FAEA57CC9
5DE37D212877B8D5.
2 Índice 2 de SAMAI, certificado B304668852CF291A 32090B14FC8D91F8 FB2A0B8438DAB902
89FC1F99457CA7BB.
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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02459-00
Accionante: Sofia Quintana Marín
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
2. Hechos
2.1. La accionante manifiesta que inició a efectuar aportes al sistema general de
pensiones el 12 de noviembre de 1992. Durante la primera década de servicios,
cotizó de manera ininterrumpida a través de empleadores como Luis Manuel
Sabogal Villamil y la Corporación Iglesia Presbiteriana. Posteriormente, desde
febrero de 2000 y marzo de 2002, prestó sus servicios en la Corporación
Universitaria Adventista. Luego, en diversos ciclos de los años 2014, 2017, 2018 y
2022, laboró en las Universidades de Antioquia y Cooperativa, y los aportes fueron
realizados según consta en las referencias de planilla, verbigracia, “Ref.
89C2016233731”.
2.2. La actora aduce que es la única responsable del cuidado de su hijo JBQ, quien
tiene una pérdida de capacidad laboral del 73.10%, de acuerdo con el dictamen
3470770.
2.3. Señala que, ante las inconsistencias detectadas en su historia laboral, en un
primer momento radicó solicitud en COLPENSIONES. Posteriormente, interpuso acción
de tutela contra aquella entidad ante el Juzgado Veintiocho Administrativo de
Medellín, con el fin de que se le ordenara i) revisar y corregir el historial laboral, con
la inclusión de las semanas cotizadas omitidas y las 70 semanas eliminadas
injustificadamente; ii) garantizar el reconocimiento de las semanas cotizadas
conforme a los aportes realizados entre enero y octubre de 2025; y iii) tomar las
medidas necesarias para garantizar el acceso oportuno a la pensión.
2.4. El 20 de noviembre de 2025, el Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín,
por medio de sentencia de primera instancia, radicado 05 001 33 33 028 2025-
00392 00, negó el amparo solicitado.3
2.5. Inconforme con la decisión, la accionante interpuso impugnación, la cual fue
resuelta por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de sentencia del 28 de
enero de 2026, en el sentido de modificar la providencia censurada y, en su lugar,
declaró improcedente la acción de tutela.4
3 Archivo denominado “007 Sentencia”, visible a índice 12 de SAMAI, certificado 7784991893EB8D93
C0FC5B4888428C59 15C4E1ABB28627FB 4F2C72BBD4B622A1.
4 Archivo denominado “019 Modifica Sentencia”, visible a índice 12 de SAMAI, certificado 7784991893EB8D93
C0FC5B4888428C59 15C4E1ABB28627FB 4F2C72BBD4B622A1.
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3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo que:
3.1. COLPENSIONES reporta en su historia laboral 1.192,14 semanas, cuando lo cierto
es que cuenta con 1.400,84 semanas, producto de la sumatoria de 1.192,14 más
208,70. En ese sentido, dicha entidad ha incurrido en “falsedad ideológica en
documento público y un enriquecimiento sin causa”, comoquiera que sí ha ingresado
el IBC, pero niega la existencia del tiempo laborado y omite que cuenta con 208,70
semanas más.
Así, realiza el siguiente recuento:
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Accionante: Sofia Quintana Marín
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3.2. COLPENSIONES omite la valoración de los pagos que ha recibido y reportado en
el detalle de aportes. De acuerdo con la sentencia SU-069 de 2013, la
administración no puede trasladar al ciudadano las consecuencias de sus fallas
institucionales en el registro de información.
3.3. Es beneficiaria de una pensión especial de vejez por hijo con discapacidad en
los términos de la Ley 797 de 2003, pues aquel tiene una pérdida de capacidad
laboral del 73.10%. Dicha circunstancia permite que tenga la condición de sujeto de
especial protección constitucional, pues es madre cabeza de familia y únicamente
labora por horas cátedra, ya que debe cuidar a su hijo permanentemente, por lo que
“no t[iene] una fuente de ingresos constante debido a [su] labor de cuidado”, y sus
deudas ascienden a $69.000.000.
3.4. Las autoridades judiciales accionadas ignoraron que el error original es de
COLPENSIONES “al alterar la historia laboral” e incurrieron en exceso ritual manifiesto,
porque le exigieron allegar la prueba del número de radicado de la solicitud verbal
que presentó ante dicha entidad, cuando lo cierto es que debieron estudiar la
“desaparición de 208,70 semanas” y aplicar el principio de buena fe.
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3.5. Tanto el juzgado como el tribunal tenían la potestad de requerir a COLPENSIONES
para que aportara el registro de ingresos de la cédula de la accionante a sus oficinas
y el registro de llamadas de su línea de atención; sin embargo, no lo hicieron.
4. Pretensiones de la acción
La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:
“PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales invocados, ordenando a
COLPENSIONES el cargue inmediato de las 208,70 semanas omitidas, para un total
real de 1.400,84 semanas. 111,54 semanas correspondientes al periodo 01/02/2000 al
31/03/2002 (Corp. Universitaria Adventista), cuyo aporte fue recibido por traslado de RAI,
pero reportado con "0 semanas".
SEGUNDA: Ordenar el reconocimiento de la Pensión Especial de Vejez por hijo con
discapacidad, dado que se cumple con el requisito de semanas y la condición médica
de Josué.
TERCERA: Compeler a la entidad a cesar la violencia económica institucional ejercida
mediante la manipulación de mi historia laboral.
CUARTA: Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar la
presunta Falsedad Ideológica y Fraude Procesal derivados de la inconsistencia entre
pagos recibidos y semanas certificadas.”5 (Resaltado original del texto).
5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1. Mediante auto del 7 de abril de 20266, el despacho ponente admitió la acción
de tutela y negó la medida provisional solicitada. También dispuso la notificación a
las partes.
5.2. El Juzgado Veintiocho Administrativo Oral de Medellín7 hizo un recuento de las
actuaciones surtidas en esa instancia y señaló que la accionante no alegó ni
acreditó la configuración de alguna de las causales excepcionales para la
procedencia de la acción de tutela contra sentencia de igual naturaleza, pues se
limitó a manifestar su inconformidad con las decisiones cuestionadas y centró las
pretensiones en presuntas inconsistencias en su historial laboral ante
5 Índice 2 de SAMAI, certificado AFB3EFAF921D4F9D 6825EC82D052BB1B 6D22F92FAEA57CC9
5DE37D212877B8D5, folio 14.
6 Índice 4 de SAMAI, certificado 87E7BEF5A1A70032 A999EBE467D14559 51A4C6ACB85FB0F9
0C76D318C570A8C5.
7 Índice 14 de SAMAI, certificado 8D76F07AC3761DB7 C5CB380B9C98D7ED E9D68368EC30B7FB
B01A850F81EAE984.
6
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Accionante: Sofia Quintana Marín
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COLPENSIONES, sin aportar elementos que permitan inferir la existencia de una cosa
juzgada fraudulenta.
5.3. COLPENSIONES8 informó que, una vez revisado el expediente administrativo de
la accionante, no se encontró solicitud presentada por ella ante esa entidad en la
que requiriera la corrección de su historia laboral y el reconocimiento pensional.
Adujo que la actora puede radicar el formulario correspondiente a su solicitud, junto
con los documentos necesarios de acuerdo con la prestación reclamada, para que,
posteriormente, se emita una respuesta de fondo, clara y concreta. Si presenta
desacuerdo con lo resuelto, debe agotar los procedimientos administrativos y
judiciales dispuestos para tal fin y no reclamar vía acción de tutela, ya que esta
solamente procede ante la inexistencia de otro mecanismo judicial.
Añadió que la interesada tampoco demostró la configuración de un perjuicio
irremediable. Finalmente, manifestó que se evidencia una acción temeraria por
parte de la accionante, ya que la señora Quintana Marín interpuso una primera
acción de tutela con los mismos hechos, pretensiones y partes, tramitada por el
Juzgado Veintiocho Administrativo Oral del Circuito de Medellín y en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, sin que justifique
razonablemente la existencia de nuevos hechos que permitan el inicio de otra acción
constitucional, por lo que la presente acción tuitiva es improcedente. Aunado a lo
anterior, está acreditada la cosa juzgada.
Posteriormente, mediante memorial9, informó que allegaba el expediente
administrativo10 de la accionante.
5.4. La señora Sofia Quintana Marín, mediante memorial11, señaló que
COLPENSIONES no ha cumplido el requerimiento de aportar su expediente
administrativo. Asimismo, aportó el reporte de semanas cotizadas en pensiones a
corte 21 de abril de 202612, emitido por aquella entidad pensional.
8 Índices 15 y 16 de SAMAI, certificado 587DF75314281BE4 71B29051E60F0C38 ED16E85DA9228FB4
D4CFDC4F606154FC.
9 Índice 17 de SAMAI, certificado BAB441C75FB10825 B46FD4481F5F6C50 C52E274629CA4DA5
ED0450465066AC52.
10 Índice 17 de SAMAI, certificados 84E03ADDB68D361A C45A6877994551CA 738C3F858C9F7FB7
FC497D7419579786, EC4A4A6918327291 D9B6D9DA23138E01 7184D9B3F7818AB4 678186F029DDC1C9
y 6D4FAD292A09F133 1D4D704A12DAC2D1 942E11C4D88E38A4 8F3E9F796AB8BDD3.
11 Índice 21 de SAMAI, certificado 2286CFEBFDDC4689 96D62195D087B36D 2700BA70EDA20472
94D7EEA5E98D7B57.
12 Índice 21 de SAMAI, certificado 6B14233111447287 1F461A3151D31F64 B69BCEBF8402DA7F
5B203A7C47112C02.
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5.5. El Tribunal Administrativo de Antioquia no se pronunció13.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Sofia
Quintana Marín, a nombre propio y en representación de su hijo JBQ, en contra de
COLPENSIONES, del Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín y del Tribunal
Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86
de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar, en primer término, si la solicitud de amparo
satisface el requisito general de subsidiariedad frente a los cargos formulados contra
COLPENSIONES. En segundo lugar, establecer si se configuran los presupuestos
excepcionales de procedencia de la acción de tutela contra tutela, en relación con
las censuras elevadas contra el Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia. De superarse tales exigencias, se examinará
si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por
la parte actora.
De otra parte, se precisa que, si bien en la acción de tutela identificada con el
radicado n.º 05 001 33 33 028 2025-00392 00/01 se accionó a COLPENSIONES y se
solicitó la corrección de la historia laboral, en aquella oportunidad se alegó la
omisión de 70 semanas cotizadas, mientras que en el presente trámite
constitucional se afirma la desaparición de 208,70 semanas, lo que evidencia una
variación sustancial en el fundamento fáctico. En consecuencia, ante la similitud —
que no identidad— de las pretensiones formuladas en ambas acciones, la Sala se
abstendrá de efectuar un análisis sobre la configuración de temeridad o de cosa
juzgada constitucional.
13 Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que el Tribunal Administrativo de
Antioquia hubiera rendido informe, pese a la notificación electrónica surtida, obrante a índice 7 de SAMAI.
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En todo caso, aun en el evento de considerarse concurrentes elementos formales
de reiteración, la Sala advierte que la actuación de la accionante se enmarca en la
necesidad de procurar la protección de sus derechos fundamentales14, en atención
a su situación personal y familiar, lo que, conforme a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, desvirtúa la configuración de la temeridad.
3. Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad respecto a
COLPENSIONES
3.1. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de
tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa
judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud de amparo
procede de forma excepcional: i) cuando, a pesar de existir otros mecanismos, estos
no son idóneos ni eficaces para la protección de derechos fundamentales, o ii)
cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio irremediable15. En el primer
caso, la orden de protección sería definitiva y, en el segundo, transitoria.
3.2. En el sub examine, la interesada considera, en primer lugar, que sus derechos
fundamentales fueron transgredidos por COLPENSIONES, porque reportó en su
historia laboral 1.192,14 semanas, cuando lo cierto es que cuenta con 1.400,84
semanas, producto de la sumatoria de 1.192,14 más 208,70. En ese sentido, afirma
que dicha entidad ha incurrido en “falsedad ideológica en documento público y un
enriquecimiento sin causa”, comoquiera que sí ingresó el IBC, pero negó la
existencia del tiempo laborado y omitió que cuenta con 208,70 semanas más.
Aduce que dicha entidad omitió la valoración de los pagos que ha recibido y
reportado en el detalle de aportes. Resalta que, de acuerdo con la sentencia SU-
069 de 2013, la administración no puede trasladar al ciudadano las consecuencias
de sus fallas institucionales en el registro de información.
A su juicio, es beneficiaria de una pensión especial de vejez por hijo con
discapacidad en los términos de la Ley 797 de 2003, pues aquel tiene una pérdida
de capacidad laboral del 73.10%. Dicha circunstancia permite que tenga la
14 Sentencia T-169 de 2011.
15 Corte Constitucional, sentencia T 230 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; 18 de abril de 2013.
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Sentencia de primera instancia
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condición de sujeto de especial protección constitucional, pues es madre cabeza de
familia y únicamente labora por horas cátedra, ya que debe cuidar a su hijo
permanentemente, por lo que “no t[iene] una fuente de ingresos constante debido a
[su] labor de cuidado”, y sus deudas ascienden a $69.000.000.
3.3. La Sala advierte que el requisito general de subsidiariedad no se satisface,
porque de los documentos remitidos por COLPENSIONES16, y de los anexos17 de la
acción de tutela, no se observa que la señora Quintana Marín haya radicado
solicitud ante la referida autoridad pensional con el fin de obtener la revisión y/o
corrección de su historia laboral, para efectos del reconocimiento de una pensión
de jubilación en los términos del parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
Asimismo, en la contestación de la acción de tutela, COLPENSIONES18 informó que,
una vez revisado el expediente administrativo de la accionante, no se encontró
solicitud presentada por aquella en la que requiriera la corrección de su historia
laboral y el reconocimiento pensional.
Se recuerda que el derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política y desarrollado por la Ley 1755 de 2015, en particular en sus
artículos 13 y siguientes, constituye el instrumento principal mediante el cual
cualquier persona puede elevar solicitudes respetuosas a las autoridades y obtener
una respuesta de fondo, clara y oportuna sobre asuntos de su interés.
En este sentido, conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la referida ley,
toda persona tiene derecho a presentar peticiones en interés particular y a que estas
sean resueltas dentro de los términos legales, lo que permite activar la actuación
administrativa correspondiente y obtener un pronunciamiento expreso de la entidad
competente. Solo a partir de dicha respuesta, o ante su ausencia, es posible
determinar la eventual vulneración de derechos fundamentales y, en consecuencia,
acudir a los mecanismos judiciales pertinentes.
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición,
consagrado en el artículo 23 Superior, no solo comprende la facultad de presentar
16 Índice 17 de SAMAI, certificados 84E03ADDB68D361A C45A6877994551CA 738C3F858C9F7FB7
FC497D7419579786, EC4A4A6918327291 D9B6D9DA23138E01 7184D9B3F7818AB4 678186F029DDC1C9
y 6D4FAD292A09F133 1D4D704A12DAC2D1 942E11C4D88E38A4 8F3E9F796AB8BDD3.
17 Índice 2 de SAMAI.
18 Índices 15 y 16 de SAMAI, certificado 587DF75314281BE4 71B29051E60F0C38 ED16E85DA9228FB4
D4CFDC4F606154FC.
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solicitudes respetuosas, sino el derecho a obtener una respuesta de fondo, clara y
oportuna19, constituyéndose así en el mecanismo que activa la actuación
administrativa20. En ese sentido, mientras la administración no haya tenido la
oportunidad de pronunciarse, no es posible predicar la existencia de una vulneración
actual del derecho fundamental de petición.
En consecuencia, al no haberse ejercido previamente el derecho de petición ante la
entidad competente, la acción de tutela resulta improcedente, comoquiera que la
accionante pretende sustituir un trámite administrativo que constituye el medio
idóneo para obtener un pronunciamiento de fondo sobre sus pretensiones.
Ahora, en lo que corresponde al perjuicio irremediable, la Sala tampoco advierte su
acaecimiento21, comoquiera que si bien la actora manifiesta ser madre cabeza de
familia, laborar por horas cátedra y carecer de una fuente de ingresos constante
debido a las labores de cuidado que ejerce respecto de su hijo, así como tener
obligaciones económicas que ascienden a la suma de $69.000.000; tales
circunstancias, por sí solas, no permiten acreditar la inminencia de un daño grave
que requiera la intervención urgente del juez constitucional.
En el presente asunto, la accionante no aporta elementos probatorios que permitan
inferir que su mínimo vital se encuentre actualmente comprometido de manera
grave o que enfrente una situación de vulnerabilidad extrema que no pueda ser
atendida a través de los mecanismos ordinarios.
En tal sentido, la eventual afectación alegada no reviste las características de
inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad exigidas por la jurisprudencia
constitucional para estructurar un perjuicio irremediable, razón por la cual la
intervención del juez de tutela resulta improcedente.
19 Corte Constitucional, sentencia T-377 de 2000.
20 CPACA. “Artículo 4. Formas de iniciar las actuaciones administrativas. Las actuaciones administrativas
podrán iniciarse:
[…] 2. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular. […].”
21 Ha señalado la Corte Constitucional que, en la valoración del perjuicio irremediable, se exige que este sea (i)
cierto, en el entendido de que exista plena certeza y convicción de la amenaza o vulneración del derecho
invocado; (ii) de alta probabilidad de ocurrencia, pues no puede tratarse de una simple conjetura hipotética o de
la mera percepción del solicitante; y (iii) inminente, de modo que esté por suceder en un tiempo cercano, por lo
que no se trata de una mera expectativa. Ver Corte Constitucional, sentencia T-425 de 2019.
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4. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005, reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad22 y de procedencia23, con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
5. Procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de un fallo de la
misma naturaleza
5.1. De conformidad con lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-
590 de 2005, por regla general, la acción de tutela resulta improcedente para
reprochar sentencias dictadas en el marco del proceso constitucional definido en el
artículo 86 de la Constitución Política.
No obstante, en la SU-627 de 2015,24 el Alto Tribunal Constitucional fijó los
presupuestos exceptivos a la precitada regla. Para tal efecto, indicó que la solicitud
de amparo procede, de manera excepcional, en contra de un fallo de tutela si (i) es
proferido por un juez o tribunal diferente a la Corte Constitucional; (ii) se cumplen
los requisitos genéricos de procedibilidad; (iii) no comparte identidad procesal con
la cuestionada; (iv) se demuestra de manera clara y suficiente que la decisión
adoptada fue producto de una situación de fraude (fraus omnia corrumpit) que da
lugar a la cosa juzgada fraudulenta; y (v) no existe otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
En tal sentido, la Corte Constitucional ha considerado que debe proceder el amparo
en los casos en que se requiera la actuación inmediata del juez constitucional para
revertir o detener situaciones fraudulentas y graves, toda vez que “[…] el principio
de fraus omnia corrumpit [Principio que también se expresa como el fraude lo
22 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
23 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
24 Corte Constitucional, SU-627 del 1° de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
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corrompe todo], puede entrar en tensión con el principio de justicia material, a partir
del cual es posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que tiene la
decisión del juez”.25
5.2. A pesar de que la tutelante atacó las providencias de primera instancia del 20
de noviembre de 2025 y la del 28 de enero de 2026, la Sala analizará únicamente
la segunda en mención, puesto que se observa que esta fue la que concluyó la
acción de tutela de radicado 05 001 33 33 028 2025-00392 00/01.
5.3. Pues bien, de los medios probatorios arrimados al expediente se observa que
la actora promovió una primera acción de tutela de radicado 05 001 33 33 028 2025-
00392 00/01 contra COLPENSIONES. En aquella oportunidad, la accionante adujo
similares hechos a los planteados en el sub lite, esto es, entre otras cosas, los
presuntos yerros en su historia laboral al no registrar dicha entidad 70 semanas que
efectivamente, a su juicio, sí cotizó. Por consiguiente, pretendió:
“1. Que se ordene a Colpensiones revisar y corregir el historial laboral incluyendo las
semanas cotizadas que han sido omitidas y las 70 semanas eliminadas
injustificadamente.
2. Que se garantice el reconocimiento de las semanas cotizadas conforme a los
aportes realizados entre enero y octubre de 2025.
3. Que se tomen las medidas necesarias para garantizar el acceso oportuno a la
pensión.”26 (Resaltado original del texto).
Dicha acción de tutela fue fallada en primera instancia por el Juzgado Veintiocho
Administrativo de Medellín el 20 de noviembre de 2025, en el sentido de negarla.27
Luego, a través de sentencia de segunda instancia proferida el 28 de enero de 2026
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, se modificó la providencia censurada y,
en su lugar, declaró improcedente la acción tuitiva.28
Así las cosas, el tribunal advirtió lo siguiente:
“[…] Una vez revisado el expediente de la referencia, esta Corporación evidencia que -
como anexos de los escritos presentados por las partes- solo se cuenta con los
siguientes documentos: (i) reporte de semanas cotizadas en pensiones actualizado a el
25 Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 2015. En el mismo sentido, véanse las sentencias T-218 de
2012, T- 951 de 2013, T-373 de 2014, T-470 de 2018 y T-073 de 2019.
26 Archivo denominado “001 Escrito tutela”, visible a índice 12 de SAMAI, certificado 7784991893EB8D93
C0FC5B4888428C59 15C4E1ABB28627FB 4F2C72BBD4B622A1, folio 6.
27 Archivo denominado “007 Sentencia”, visible a índice 12 de SAMAI, certificado 7784991893EB8D93
C0FC5B4888428C59 15C4E1ABB28627FB 4F2C72BBD4B622A1.
28 Archivo denominado “019 Modifica Sentencia”, carpeta “C01 Principal”, visible a índice12 de SAMAI,
certificado 7784991893EB8D93 C0FC5B4888428C59 15C4E1ABB28627FB 4F2C72BBD4B622A1.
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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02459-00
Accionante: Sofia Quintana Marín
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
10 de julio de 2025 -visible en las páginas 7 a 30 del folio 001 del expediente digital-; (ii)
reporte de semanas cotizadas en pensiones actualizado a el 18 de octubre del 2025 -
páginas 31 a 54 del folio 001 del expediente digital- y (iii) reporte de semanas cotizadas
en pensiones actualizado a el 12 de marzo de 2025 -páginas 55 a 78 del folio 001 del
expediente digital-.
Sin contar entonces -como correctamente se determinó en la sentencia impugnada-, con
una prueba siquiera sumaria de la presentación de la petición por parte de la señora
Sofía Quintana Marín ante Colpensiones solicitando la corrección de la historia laboral
que pretende sea ordena vía acción de tutela.
Ahora, si bien como argumentos del recurso la accionante afirma que la petición se
presentó de manera verbal y que exigir una prueba de ello supone un exceso de
formalismo, esta Sala encuentra que en el pronunciamiento frente a la acción de tutela -
allegado oportunamente por la Administradora Colombiana de Pensiones-, la entidad
manifestó que: «[…] no se encuentra petición presentada por la accionante ante
esta entidad donde se manifieste o se requiera algún tipo de acción por parte de
esta administradora» (énfasis añadido).
Situación que impide dar aplicación a la presunción de veracidad dispuesta en el artículo
20 del Decreto 2591 de 1991, norma que señala que: «[…] Si el informe no fuere
rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se
entrará a resolver de plano» (resaltados de la Sala). Pues, Colpensiones allegó
pronunciamiento dentro de la oportunidad para ello dispuesta por el Juzgado 28
Administrativo del Circuito de Medellín, en auto admisorio del 20 de noviembre de 2025.
[…] Siguiendo con lo anterior y en una interpretación lógico-jurídica de los artículos 86
de la Constitución Política y 1° y 5° del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia
constitucional ha reconocido que ante la ausencia de una conducta atribuible al
accionado -por no haberse agotado la presentación de un derecho de petición en
instancia administrativa- de la cual puede derivarse la amenaza a los derechos
fundamentales cuya protección se pretende: «[…] el juez constitucional debe declarar
como improcedente la acción de tutela» (se destaca).
Aplicando lo anterior al caso concreto, la solicitud de tutela presentada por la señora
Sofía Quintana Marín en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones resulta improcedente. Puesto que, la entidad accionada no ha incurrido
en una acción u omisión que permita el pronunciamiento del juez constitucional. Como
ya se precisó, no se demostró siquiera de manera sumaria que la accionante haya
elevado solicitud formal ante dicha entidad encaminada a obtener la corrección de la
historia laboral.
Así las cosas, se modificará el ordinal primero de la sentencia de tutela de primera
instancia para declarar improcedente el amparo solicitado. Dado que -de acuerdo
con la jurisprudencia de la Corte Constitucional-, el mecanismo constitucional no procede
cuando se acude de manera directa al juez constitucional sin que exista acción u omisión
de la autoridad accionada.”29 (Subrayado y resaltado original del texto).
5.4. Ahora bien, en el caso concreto, la señora Quintana Marín cuestiona, en
esencia, que el Tribunal Administrativo de Antioquia ignoró que el error original es
atribuible a COLPENSIONES, al alterar la historia laboral, e incurrió en un exceso ritual
manifiesto al exigirle allegar la prueba del número de radicado de la solicitud verbal
29 Archivo denominado “019 Modifica Sentencia”, visible a índice 12 de SAMAI, certificado 7784991893EB8D93
C0FC5B4888428C59 15C4E1ABB28627FB 4F2C72BBD4B622A1.
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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02459-00
Accionante: Sofia Quintana Marín
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
presentada ante dicha entidad, cuando lo procedente era examinar la presunta
desaparición de 208,70 semanas y aplicar el principio de buena fe. Así mismo, a
pesar de contar con la facultad de requerir a COLPENSIONES para que aportara el
registro de ingresos de la cédula de la accionante a sus oficinas y el registro de
llamadas de su línea de atención, se abstuvo de hacerlo.
5.5. En primer lugar, se precisa que no es posible que existan dos decisiones frente
a un mismo litigio, de modo que este juez constitucional se encuentra imposibilitado
para examinar el asunto de fondo. Lo anterior, por cuanto se advierte que la
accionante, al cuestionar la sentencia emitida el 28 de enero de 2026, pretende
igualmente la corrección de su historia laboral, así como el reconocimiento y pago
de una pensión en los términos del parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
De esta manera, esta Subsección observa que la actora insistió en argumentos
similares a los planteados en la primera acción de tutela, en la que denunció la
pérdida de 70 semanas, mientras que en el presente trámite alega la desaparición
de 208,70 semanas.
5.6. En segundo lugar, la Sala advierte que la solicitud no satisface los supuestos
excepcionales de procedencia del amparo contra un fallo de tutela, puesto que los
reproches formulados por la parte actora no cumplen con la carga argumentativa
suficiente para plantear una discusión de rango constitucional ni la configuración de
un fraude, en tanto se fundan en un desacuerdo con la sentencia que puso fin al
trámite de tutela identificado con el radicado 05 001 33 33 028 2025-00392 00/01.
En efecto, la accionante cuestiona directamente la sentencia de tutela proferida por
la autoridad accionada, sin que en su argumentación exponga la existencia de una
actuación fraudulenta, dolosa o contraria a los principios de lealtad y buena fe que
haya incidido en el sentido del fallo.
6. Bajo esta línea argumentativa, la solicitud de amparo resulta improcedente, de
una parte, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad frente a COLPENSIONES
y, de otra, por no acreditarse las causales excepcionales para promover una acción
de tutela contra una sentencia proferida en un proceso de la misma naturaleza, en
lo que respecta a los reproches formulados contra el Juzgado Veintiocho
Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02459-00
Accionante: Sofia Quintana Marín
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
7. Lo anterior no obsta para que la Sala requiera a la accionante a fin de que se
abstenga de continuar presentando acciones de tutela contra COLPENSIONES
orientadas a la corrección de su historia laboral, sin acudir previamente a dicha
entidad para agotar el procedimiento administrativo correspondiente. En efecto, la
utilización reiterada de la acción constitucional, sin el cumplimiento de los
presupuestos de procedibilidad, no solo implica un uso inadecuado del mecanismo
de amparo, sino que también genera una carga innecesaria para la administración
de justicia, y podría dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en el
ordenamiento jurídico en caso de configurarse una actuación temeraria. En tal
sentido, se adoptará la decisión correspondiente en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: REQUERIR a la señora Sofia Quintana Marín para que, en lo sucesivo,
se abstenga de interponer acciones de tutela orientadas a la corrección de su
historia laboral ante COLPENSIONES, sin haber acudido previamente a dicha entidad
para activar y agotar el procedimiento administrativo correspondiente, en
observancia del principio de subsidiariedad que rige el mecanismo constitucional.
CUARTO: ADVERTIR a la accionante que la utilización reiterada de la acción de
tutela sin el cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad podrá dar lugar a
la imposición de las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico, en caso de
configurarse una actuación temeraria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
38 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional.
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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02459-00
Accionante: Sofia Quintana Marín
Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones y otros
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
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