RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02464-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02464-00

Fecha
4 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02464-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

4 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02464-00 (3780)
Accionantes: Mónica Patricia Barrón Rodríguez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
reparación directa. Subtema 2: falla del servicio médico. Subtema 3: defectos
procedimental, fáctico y sustantivo.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por los señores Mónica Patricia Barrón
Rodríguez, Wilfer José Mosquera y otros contra el Juzgado Tercero Administrativo
de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

1. Síntesis del caso

Los señores Mónica Patricia Barrón Rodríguez, Wilfer José Mosquera, Wilfer
Estiven Mosquera González, María Ximena González Rodríguez y Laura Sofía
Bedoya Barrón, esta última en nombre propio y en representación de los menores
J.A.M.G y S.A.B1, a través de apoderado judicial, presentaron escrito de tutela con
la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, que consideraron vulnerados con ocasión de
los autos del 22 de abril de 2024 y del 19 de septiembre de 2025, proferidos por el
Juzgado Tercero Administrativo de Cali y por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, dentro del expediente de reparación directa con radicado núm. 76001-33-
33-003-2023-00184-00/01.

1
Se conserva la reserva de la identidad de los menores que acudieron a este mecanismo constitucional, como una medida
de protección de los derechos de los niños. Al respecto, se tiene la sentencia T-566 de 2023 de la Corte Constitucional.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02464-00 (3780)
Accionantes: Mónica Patricia Barron Rodríguez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela2 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. Los señores Mónica Patricia Barrón Rodríguez, Wilfer José Mosquera, Wilfer
Estiven Mosquera González, María Ximena González Rodríguez y Laura Sofía
Bedoya Barrón presentaron demanda de reparación directa en contra de
EMSSANAR EPS SAS, el Hospital Universitario del Valle «Evaristo García» y otros,
con el fin de que se declarara la responsabilidad administrativa de las entidades y,
en consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales
y morales causados por el fallecimiento de la señora María Eugenia Rodríguez
Talero.

3. El Juzgado Tercero Administrativo de Cali, mediante providencia del 19 de
marzo de 2024, inadmitió la demanda y le ordenó a la parte actora subsanar el
escrito inicial para que: (i) acreditara el requisito de conciliación extrajudicial y (ii)
precisara las acciones u omisiones imputadas a cada una de las entidades
demandadas.

4. Posteriormente, el referido juzgado, a través de auto del 22 de abril de 2024,
rechazó la demanda por la casual prevista en el numeral 2 del artículo 169 del
CPACA, esto es, por no haberse subsanado dentro de los 10 días previstos en el
artículo 170 ibidem. Contra dicha decisión, los demandantes presentaron recurso
de reposición y en subsidio apelación.

5. El Juzgado Tercero Administrativo de Cali, a través de auto del 4 de julio de
2025, negó la reposición y, en su lugar concedió el recurso de apelación.

6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de auto del 19 de
septiembre de 2025, confirmó la providencia del 22 de abril de 2024, al considerar
que la parte demandante no subsanó la demanda en la oportunidad legal
establecida, por cuanto el escrito de subsanación no fue remitido al canal o correo
institucional previamente informado por el juzgado.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

7. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

PRIMERO. Solicito de manera comedida al Despacho tutelar los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia y
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal vulnerados dentro del proceso de
reparación directa con radicado No. 76001-33-33-003-2023-00184-00 por las referidas
autoridades judiciales.

2
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02464-00, índice 2, 9DE5C71A6E3D77B5 9590B07F669DEA89
903C3B237365C316 D204CB49C1D3F738.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02464-00 (3780)
Accionantes: Mónica Patricia Barron Rodríguez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

SEGUNDO. Solicito de manera comedida al Despacho dejar sin efecto el auto No.399
del 19 de septiembre de 2025, notificado en estado el 26 de septiembre del 2026, por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca-Sala Tercera de Decisión dentro del
proceso de reparación directa con radicado No. 76001-33-33-003-2023-00184-00.

TERCERO. Solicito de manera comedida al Despacho dejar sin efecto el auto No 233
del 22 de abril de 2024 que rechazó la demanda y concedió en el efecto suspensivo el
recurso de apelación, providencias proferidas por el Juzgado 3 administrativo de Cali
dentro del proceso de reparación directa con radicado No. 76001-33-33-003-2023-
00184-00.

CUARTO. En consecuencia, ORDENE al Juzgado 3 Administrativo del Circuito de Cali
que en el término de 48 horas siguiente a la notificación del fallo de tutela profiera la
providencia judicial de reemplazo mediante la cual se provea sobre la admisibilidad del
medio de control de reparación directa con radicado No. 76001-33-33-003-2023-00184-
00, previa verificación del cumplimiento de los demás requisitos legales y con base en
los documentos allegados con la demanda y la subsanación de la misma 3.

8. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que las
providencias cuestionadas incurrieron en los defectos sustantivo y procedimental,
por exceso de ritual manifiesto, porque efectuaron una interpretación rígida y
legalista del artículo 170 del CPACA, al considerar que no se allegó el escrito de
subsanación y, en consecuencia, rechazó la demanda, pese a que el documento
fue remitido oportunamente a la dirección electrónica
«of2admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co».

9. Así pues, afirmó que el juzgado accionado debió dar una interpretación
garantista de los derechos fundamentales invocados, así como el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal en favor de los demandantes. De
manera que, no era procedente acudir a una interpretación estricta de la norma,
máxime cuando se cumplió con los requerimientos expuestos en la inadmisión, que
consistían en acreditar el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial del
articulo 161 numeral 1 del CPACA y precisar las acciones u omisiones en que
incurrieron las entidades demandadas.

10.Agregó que las autoridades accionadas incurrieron en defecto fáctico. porque
no valoraron en debidamente forma su situación particular, conforme los
documentos aportados al plenario.

11. Por otro lado, mencionó que las decisiones cuestionadas no tuvieron en cuenta
que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en auto del 13
de junio de 2025, radicado 25000-23-42-000-2022-00199-01 (2908-2024)
puntualizó que, en el evento en que un memorial es remitido por error a un canal
digital distinto al definido por el despacho judicial, no es posible limitar el acceso a
la administración de justicia.

3
Se transcribe incluso con errores de texto.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02464-00 (3780)
Accionantes: Mónica Patricia Barron Rodríguez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

2.3. Trámite procesal

12. El despacho ponente, mediante auto del 9 de abril de 20264, admitió la solicitud
de amparo, ordenó la notificación al Juzgado Tercero Administrativo de Cali y al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y puso en conocimiento el escrito de
tutela al señor Fredy Steardo Barrón, a la Entidad Promotora de Salud EMSSANAR
EPS S.A.S., a la Clínica Nuestra de Cali, a los hospitales Universitario del Valle
Evaristo García E.S.E., Isaías Duarte Cancino E.S.E., Primitivo Iglesias (Red de
Salud del Centro E.S.E), San Juan de Dios de Cali, a la Superintendencia Nacional
de Salud y al Ministerio de Salud y Protección Social, en su condición de terceros
interesados.

2.4. Intervenciones

13. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca5 manifestó que en la providencia
acusada se verificó que la subsanación fue enviada a un correo equivocado y
concluyó que la carga procesal asignada a la parte demandante no se cumplió
según lo exigido por la ley. Por tanto, la decisión no fue producto de un exceso de
formalismo, sino de la comprobación de un incumplimiento objetivo, debidamente
fundamentado en los documentos del expediente.

14.De igual forma, expuso que la acción de tutela fue promovida varios meses
después de notificada la providencia cuestionada (25 de septiembre de 2025),
aspecto que tiene una incidencia directa en el análisis del requisito de inmediatez y
cuya apreciación corresponde al juez constitucional.

15. El Juzgado Tercero Administrativo de Cali6 indicó que en el caso bajo estudio
se analizó la situación concreta y se constató que la parte actora no atendió los
requerimientos planteados en el auto de inadmisión y, en consecuencia, se rechazó
la demanda. Añadió que dicha determinación no obedeció a un capricho del
juzgado, sino a la necesidad de acreditar, principalmente, el agotamiento de la
conciliación prejudicial, requisito de procedibilidad, por lo que la decisión
cuestionada se encuentra ajustada a la normativa vigente.

16. Por otro lado, refirió que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
inmediatez, toda vez que «el auto que confirmó el rechazo de la demanda fue
proferido el 19 de septiembre de 2025, y tan solo hasta el 13 de abril del año en
curso fue radicada la demanda constitucional, esto es, más de seis meses después
de tener conocimiento de su contenido, lo cual desvirtúa la urgencia y necesidad»
de la tutela.

17. Adicionalmente, expuso que en el presente asunto no se configura ninguno de
los defectos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
Además, la parte actora pretende utilizar la tutela como una tercera instancia para

4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02464-00, índice 4, certificado núm. 94CFEB8F3FAE3C42 01196B4087375BD6
C2DB24CC3A155F62 0EBB652BDE939CBD.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02464-00, índice 18, certificado núm. 3EBC8AA9D3E58FD4 A8A83E60091DB095
CDA13A2C5B2767DE BAD30C83857FFFF1.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02464-00, índice 13, certificado núm. C9666243397F314F 98BE42D1215C02B1
CCC7C0736D6A7EE5 833A9C0D7C3A9D43.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02464-00 (3780)
Accionantes: Mónica Patricia Barron Rodríguez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses. En consecuencia, solicitó
que se declare improcedente la acción constitucional.

18. La Clínica la Nuestra de Cali7 pidió que se declare improcedente la tutela, pues
en la decisión acusada no se configura ninguno de los defectos referidos por los
accionantes en el escrito de tutela.

19. Asimismo, afirmó que el auto del 22 de abril de 2024 aplicó de manera objetiva
y directa la consecuencia jurídica prevista en el artículo 170 del CPACA, el cual
dispone que vencido el término para subsanar sin que el demandante lo haya hecho,
el juez rechazará la demanda. De modo, que no existe un exceso interpretativo ni
arbitrariedad judicial, pues los términos procesales no son formalismos vacíos, sino
garantías del debido proceso para todas las partes, incluidas las entidades
demandadas.

20. Adujo que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, pues la
parte actora pretende emplear la tutela como una tercera instancia para que se
revise la interpretación que realizaron las autoridades accionadas de los artículos
169 y 170 del CPACA.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Mónica Patricia Barrón Rodríguez,
Wilfer José Mosquera y otros en contra del Juzgado Tercero Administrativo de Cali y
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

3.2. Legitimación en la causa

22. La legitimación en la causa por activa de los señores Mónica Patricia Barrón
Rodríguez, Wilfer José Mosquera y otros está acreditada, porque fueron los
demandantes en el proceso de reparación directa en el que fueron expedidas las
decisiones que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.

23. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Tercero Administrativo de Cali y del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
debido a que fueron las autoridades que profirieron las providencias objeto de
estudio.

7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02464-00, índice 19, certificado núm. 0C0D99745A5C8BEE BEBDDF5C7D73F5D6
7B294677784C0901 A8CD385A05CAE706.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02464-00 (3780)
Accionantes: Mónica Patricia Barron Rodríguez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

3.3. Cuestión preliminar

3.3.1. La providencia objeto de estudio

24. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo de Cali
y por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de
reparación directa, lo cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones
de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos
frente a las dos decisiones cuestionadas.

25. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el 19 de septiembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a
la actuación judicial promovida por Mónica Patricia Barron Rodríguez y otros en
contra de EMSSANAR EPS SAS y otros.

3.3.2. Determinación del defecto objeto de análisis

26. Por otra parte, se observa que, los tutelantes, en el escrito de amparo,
pretenden atribuirle a la providencia cuestionada los siguientes defectos: i)
procedimental, ii) fáctico y iii) sustantivo.

27. Sin embargo, al revisar los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se
advierte que la inconformidad de los accionantes se concreta en la aplicación de la
normativa procesal que dio lugar a la terminación de la actuación judicial promovida
por la parte demandante. Por esta razón, la Sala analizará el asunto bajo una posible
configuración de un defecto procedimental.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

28. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional9.

29.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02464-00 (3780)
Accionantes: Mónica Patricia Barron Rodríguez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un
derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

30. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

31. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

32. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional12 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

33. Así pues, la Corte Constitucional13 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental»;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y

10
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
11
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02464-00 (3780)
Accionantes: Mónica Patricia Barron Rodríguez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.

34. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que la
decisión cuestionada fue proferida con desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

35. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad, porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió la decisión
objeto de tutela.

36. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que el
auto objeto de reparos, proferido el 19 de septiembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, fue notificado el 26 de septiembre siguiente14, y
la demanda de tutela se presentó el 26 de marzo de 202615, esto es, dentro del
plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional16 y del Consejo de
Estado17 como razonable.

37. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiese expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente, porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

38. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un medio de control de reparación directa.

39. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto procedimental y, en ese
orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.

3.4. Problema jurídico

40. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso al acceso a la
administración de justicia de los accionantes, al proferir el auto del 19 de septiembre
de 2025, mediante el cual confirmó la decisión de primera instancia que rechazó la
demanda por no haberse prestado el escrito de subsanación oportunamente?

14
Samai, exp, 76001-33-33-003-2023-00184-01, índice 8.
15
Samai, exp, 11001-03-15-000-2026-02464-00, índice 2.
16
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02464-00 (3780)
Accionantes: Mónica Patricia Barron Rodríguez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

41. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.

3.4.1. El defecto procedimental

42. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política,
los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen prerrogativas
de connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de la actividad
judicial.

43. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo
de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de
las partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto procedimental.

44. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando
el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales» 18.

45. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del
procedimiento establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»19.

46.De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno a la defensa y a la contradicción.

47. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes
presupuestos:«(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna
otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se
advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea
manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador
de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el
proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
especificidades del caso concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al

18
Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
19
Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 2022.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02464-00 (3780)
Accionantes: Mónica Patricia Barron Rodríguez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

afectado; y (v) como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los
derechos fundamentales»20.

3.5. Caso concreto

48. En el asunto bajo estudio, los señores Mónica Patricia Barrón Rodríguez, Wilfer
José Mosquera, Wilfer Estiven Mosquera González, María Ximena González
Rodríguez y Laura Sofía Bedoya Barrón, esta última en nombre propio y en
representación de los menores J.A.M.G y S.A.B, presentaron demanda en ejercicio
del medio de control de reparación directa en contra de EMSSANAR EPS SAS, el
Hospital Universitario del Valle «Evaristo García» y otras instituciones de salud, con
la pretensión de obtener el resarcimiento de los perjuicios causados por el
fallecimiento de la señora María Eugenia Rodríguez Talero.

49. En primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo de Cali, mediante
providencia del 19 de marzo de 2024, inadmitió la demanda y le ordenó a la parte
actora subsanar el escrito inicial para que: (i) acreditara el requisito de conciliación
extrajudicial y (ii) precisara las acciones u omisiones imputadas a cada una de las
entidades demandadas.

50. El referido juzgado, a través de auto del 22 de abril de 2024, rechazó la
demanda por la casual prevista en el numeral 2 del artículo 169 del CPACA, esto
es, por no haberse subsanado dentro de los 10 días previstos en el artículo 170
ibidem.

51. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
medio de auto del 19 de septiembre de 2025, confirmó en todas sus partes la
providencia del 22 de abril de 2024.

52. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela que el Tribunal
accionado, al proferir el auto del 19 de septiembre de 2025, incurrió en defecto
procedimental, porque efectuó una interpretación rígida y legalista del artículo 170
del CPACA, al considerar que no se allegó el escrito de subsanación y, en
consecuencia, rechazar la demanda, pese a que el documento, junto con los anexos
requeridos, fue remitido oportunamente a la dirección electrónica
«of2admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co».

53. Pues bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela21, se
observa que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca precisó que, de acuerdo
con las actuaciones surtidas al interior del expediente de reparación directa, se
podía advertir que el Juzgado Tercero Administrativo de Cali, a través del auto del
19 de marzo de 2024, inadmitió la demanda de reparación promovida por los
tutelantes e informó a los sujetos procesales que la sede electrónica para la
recepción de memoriales era el siguiente buzón electrónico
«of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co».

20
Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.
21
Sentencia del 25 de septiembre de 2026.
10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02464-00 (3780)
Accionantes: Mónica Patricia Barron Rodríguez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

54. Asimismo, el Tribunal expuso que, el juzgado notificó el auto del 19 de marzo
de 2024, por «estado el 20 de marzo de 2024 y computó el término para subsanar
la demanda durante los días 21 y 22 de marzo; y 1 a 5, 8, 9 y 10 de abril de 2024
(en razón a la semana santa)». De manera que una vez cumplido el plazo de que
trata el artículo 170 del CPACA, sin que se hubiese aportado memorial de
subsanación, profirió providencia el 22 de abril de 2024, mediante la cual rechazó
la demanda.

55. La corporación judicial accionada mencionó que la parte actora, en el escrito de
apelación interpuesto contra el auto del 22 de abril de 2024, anexó una impresión
del correo electrónico del 10 de abril de 2024 con asunto alusivo a la subsanación
de la demanda. Dicho documento permitía advertir que el mensaje se dirigió al
correo electrónico «of2admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co», es decir, sin incluir el
digito «0» después de las letras «of».

56.En efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca indicó que el referido
mensaje de datos se remitió así:

57. La decisión cuestionada, también destacó que el citado correo electrónico fue
un mensaje devuelto o correo no entregado, dado que no se identificó
correctamente a su domino de destino. Al respecto, era posible ver en el plenario lo
siguiente:

11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02464-00 (3780)
Accionantes: Mónica Patricia Barron Rodríguez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

58. A partir de lo dicho, la autoridad judicial accionada refirió que en el expediente
de reparación directa no obraba constancia alguna que permitiera advertir la
recepción del memorial de subsanación en el buzón oficial del Juzgado Tercero
Administrativo de Cali, «of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co», dentro del
término concedido en el auto inadmisorio.

59. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
concluyó que la parte demandante no cumplió con la carga procesal de subsanar
ante el juez de primera instancia dentro de la oportunidad legal, por cuanto el escrito
no ingresó por el canal oficial previamente informado por el despacho judicial. De
manera, que la consecuencia jurídica ante esa falta de diligencia de los accionantes
no era otra que el rechazo de la demanda, conforme lo dispuesto en el artículo 170
del CPACA.

60. En este orden de ideas, la Sala considera que el auto del 19 de septiembre de
2025, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no incurrió en el
defecto alegado por la parte accionante, pues la decisión de confirmar la providencia
de primera instancia22, que rechazó la demanda, estuvo soportada en un estudio
razonable de los hechos, los elementos probatorios aportados al trámite judicial y la
normativa procesal aplicable.

61. Al respecto, se observa que la providencia acusada constató que la parte
demandante no aportó escrito de subsanación de la demanda de forma oportuna y
diligente, toda vez que remitió el memorial a un buzón electrónico distinto al
reportado por el Juzgado Tercero Administrativo de Cali en el auto inadmisorio de
la demanda del 19 de marzo de 2024. Esto es,
«of2admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co», pese a que lo correcto era:
«of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co».

62. En concreto, la parte demandante remitió su escrito de subsanación a una
dirección de correo electrónico no habilitada para la recepción de memoriales, es
decir, no hizo uso del medio oficial dispuesto para la radicación de demandas,
memoriales y solicitudes de acceso virtual a los expedientes, previamente definido
por el despacho judicial.

63. Conviene mencionar, que el correo electrónico remitido por el apoderado de los
demandantes, el 10 de abril de 2024, con el que pretendía subsanar la demanda
fue un mensaje devuelto o un correo no entregado y este tuvo conocimiento y
constancia de ello; sin embargo, no adoptó las medidas necesarias para superar
dicha situación.

22
Auto del 22 de abril de 2024, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Cali.
12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02464-00 (3780)
Accionantes: Mónica Patricia Barron Rodríguez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

64. Así pues, el comportamiento omisivo por parte del extremo activo dio lugar a la
consecuencia de tener por no presentado el memorial, como en efecto lo advirtió el
Tribunal accionando, sin que ello constituya una vulneración de los derechos
fundamentales invocados por los accionantes dado que es obligación de las partes
el envío de sus memoriales a las direcciones de correo electrónico habilitadas para
este fin, con el propósito de contribuir con la prestación adecuada y organizada del
servicio de administración de justicia.

65. Sobre el particular, es pertinente señalar que el artículo 186 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 46 de la Ley 2080 de 202123, establece que todas
las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita deberán
realizarse a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones,
siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

66. A su turno, el artículo 2 de la Ley 2213 de 202224 prevé el uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, en los
siguientes términos:

ARTÍCULO 2o. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES. Se podrán utilizar las tecnologías de la información y de las
comunicaciones, cuando se disponga de los mismos de manera idónea, en la gestión
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar
el acceso a la justicia.

Se utilizarán los medios tecnológicos, para todas las actuaciones, audiencias y
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a
través de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades
presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las
actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales, presentaciones
personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios
físicos.

Las autoridades judiciales darán a conocer en su página web los canales oficiales de
comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los
mecanismos tecnológicos que emplearán […] Resaltado fuera del texto.

67. En relación con el uso de canales digitales en la administración de justicia, esta
corporación ha indicado que: «resulta razonablemente concluir que, así como la
administración de justicia debe usar el canal digital suministrado por las partes en
aras de que la notificación de las decisiones judiciales sea válida; los usuarios de
este servicio público tienen la carga de utilizar como medio de comunicación, la
dirección electrónica establecida oficialmente para tales efectos por el juzgado o el

23
«ARTÍCULO 186. Actuaciones a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Todas las actuaciones
judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita deberán realizarse a través de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan acusar recibo de la
información recibida, a través de este medio.
Las partes y sus apoderados deberán realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de las
tecnologías de la información y las comunicaciones. Suministrarán al despacho judicial y a todos los sujetos procesales e
intervinientes, el canal digital para que a través de este se surtan todas las actuaciones y notificaciones del proceso o trámite.
Así mismo, darán cumplimiento al deber establecido en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso. [… ]»
24
Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para
implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos
judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones.
13

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02464-00 (3780)
Accionantes: Mónica Patricia Barron Rodríguez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

órgano judicial colegiado respectivo»25.

68. En este sentido, la jurisprudencia de esta corporación subraya la importancia
de radicar la correspondencia judicial por los canales oficiales, pues el
incumplimiento de esta obligación procesal conlleva que la manifestación escrita de
la parte o del recurrente, según corresponda, no sea considerada. De esta forma,
se indicó:26

En ese orden, las partes deben dirigir sus comunicaciones exclusivamente a los
canales oficiales establecidos. Esta exigencia no es arbitraria; más bien, tiene como
objetivo principal asegurar una prestación del servicio de justicia adecuada y
organizada, al mismo tiempo que garantiza el pleno ejercicio del derecho al debido
proceso.

“Valga señalar que, exigir que los memoriales sean remitidos a los buzones
electrónicos específicamente establecidos para tal finalidad no constituye un mero
capricho ni mucho menos un exceso ritual, sino que es una garantía para el
cumplimiento del debido proceso. De aceptarse el envío de memoriales a cualquiera
de las direcciones de correo que existen en los despachos judiciales, como propone el
apoderado de la demandante, generaría un caos inaceptable para la administración
de justicia y, por supuesto, para el proceso en sí. Por lo tanto, el cumplimiento de tal
exigencia, lejos de constituir un obstáculo injustificado, tiene como efecto garantizar el
orden del trámite judicial y otorgar validez a las actuaciones de las partes. De acuerdo
con lo expuesto, como el apoderado de la demandante no envió la subsanación de la
demanda a la dirección electrónica que se tiene establecida para la recepción de
memoriales, sino a una que tienen por objeto el envío de notificaciones por parte de la
Secretaría de la Sección Primera, no puede
considerarse válidamente presentada y, en consecuencia, no hay lugar a reponer el
auto del 16 de septiembre de 2022, que rechazó la demanda por no haber sido
subsanada […]

De igual manera, es obligación para las partes el envío de sus memoriales a las
direcciones de correo electrónico específicamente habilitadas para este fin. Esto se
debe a que los documentos presentados en un canal digital distinto al designado para
su recepción se considerarán no presentados. Ello se fundamenta en la organización
digital del aparato judicial, que se traduce en la eficiencia de la prestación del servicio
de administración de justicia. No de otra manera podría hacerse consonante el
evolutivo progreso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con la
relevancia de la actividad que despliega la judicatura». Destacado fuera del texto.

69. En similares términos, la Subsección B de la Sección Tercera de esta
corporación27 expuso lo siguiente:

[A]sí como la administración de justicia debe usar el canal digital suministrado por las
partes en aras de que la notificación de las decisiones judiciales sea válida; los usuarios
de este servicio público tienen la carga de utilizar como medio de comunicación, la
dirección electrónica establecida oficialmente para tales efectos por el juzgado o el
órgano judicial colegiado respectivo.

Así las cosas, entendiendo que la sede judicial electrónica hace referencia al sitio en el
que el despacho puede ser ubicado en el mundo digital y, por ende, constituye la vía

25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 19, auto del 7 de febrero
de 2022, expediente 11001031500020210406500 (5922).
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto del 14 de marzo de 2024, expediente
núm. 68001 23 33 000 2018 00223 01.
27
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, providencia del 29 de marzo de 2023, expediente 11001-03-15-000-
2023-01252-00, M.P. Fredy Ibarra Martínez.
14

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02464-00 (3780)
Accionantes: Mónica Patricia Barron Rodríguez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

para que los sujetos procesales puedan establecer una interacción con él, es plausible
afirmar que los memoriales que se radiquen en un buzón electrónico o canal digital
diferente a aquel destinado para su recepción, y que ha sido debida y previamente
informado a las partes, deben tenerse por no presentados.

[…]

A la luz de lo expuesto, es plausible entender que la Ley 2080 concretó la verdadera
puesta en marcha del propósito de modernización de la justicia, de modo que hoy en
día resulta razonable sostener que el uso correcto de las tecnologías de la información
y las comunicaciones en el proceso contencioso administrativo pasó de ser una simple
posibilidad a un genuino deber de todos los actores que intervienen en el escenario
judicial.

En este sentido, cabe recordar que, según el artículo 103 del CPACA, «Quien acuda
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber
constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de
justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias
previstas en este Código», de no hacerlo deberá aceptar las consecuencias
desfavorables que se deriven de su renuencia.

70. En este punto de la providencia, conviene precisar que, si bien esta Subsección
en auto del 13 de junio de 2025, radicado núm. 25000-23-42-000-2022-00199-01
(2908-2024) indicó que, en el evento en que un memorial es remitido por error a un
canal digital distinto al definido oficialmente por el despacho judicial, no es posible
limitar el acceso a la administración de justicia, también es cierto que, en esa
ocasión, se analizó de manera particular el asunto y se constató que la parte actora
había enviado el escrito de subsanación a un buzón electrónico que también
pertenecía a la autoridad judicial.

71. Sin embargo, lo descrito en el caso referido no ocurrió en el caso de los hoy
tutelantes, dado que el mensaje de datos del 10 de abril de 2024, con el que
pretendían subsanar la demanda fue un correo no entregado, por lo que no fue
recibido por juzgado accionado, por ningún medio.

72. Por lo expuesto, la Sala considera que la autoridad accionada, en ejercicio de
los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de los hechos, las pruebas aportadas al trámite
judicial y aplicó adecuadamente la normativa procesal. Por estos motivos, si bien la
providencia objeto de tutela no resultó favorable a la parte tutelante, esto no significa
que se hayan desconocido sus garantías constitucionales.

73. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
reparación directa, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se
acomode a sus intereses y pretensiones.

15

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02464-00 (3780)
Accionantes: Mónica Patricia Barron Rodríguez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

4. Conclusión

74. Así las cosas, se concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca no vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte actora, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis
arbitrario, o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal,
que constituya el defecto procedimental, que exija la intervención del juez de tutela.
Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo invocada por los accionantes.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por los señores Mónica Patricia
Barrón Rodríguez, Wilfer José Mosquera y otros en contra del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

16

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.