Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02465-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02465-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02465-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02465-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: LUZ MARGARITA VALLE HENAO Y OTROS
TESIS: DENIEGA LA SOLICITUD DE AMPARO DE LA REFERENCIA. SÍ
RESULTA PROCEDENTE LA APLICACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA EN CASOS
DERIVADOS DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD. SE CUMPLIÓ CON
LOS PRESUPUESTOS EXPUESTOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL.
LA DECISIÓN CUESTIONADA SE FUNDAMENTÓ EN LA
JURISPRUDENCIA DISPUESTA PARA EL ASUNTO Y LAS PRUEBAS
ALLEGADAS AL EXPEDIENTE.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la parte actora
contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1.
I.- ANTECEDENTES
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En adelante el TRIBUNAL.
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I.1.- La solicitud
Los señores LUZ MARGARITA VALLE HENAO, KELLY JOHANA,
LEIDY JOHANA, ANLLY PAOLA, JUAN DAVID, LUISA
FERNANDA, GINED MARCELA y JOSÉ RAÚL HIGUITA VALLE,
RUBY ESTELLA HERRERA DE HIGUITA y CARLOS ANDRÉS
HIGUITA HERRERA, actuando a través de apoderado judicial, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la integridad personal y al principio de reparación integral,
los cuales estiman vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido
la providencia de 29 de septiembre de 2025 dentro del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 2017-00626-01.
I.2.- Hechos
Señalaron que promovieron demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra la NACIÓN - MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL, con el fin de que
se declarara la responsabilidad por la ejecución extrajudicial - falso
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positivo- del señor RAÚL FERNANDO HIGUITA HERRERA
(q.e.p.d.), perpetrada en el Batallón de Infantería núm. 10 el 16 de
julio de 2004 en la vereda “Filoseco” del municipio de Ituango
(Antioquia).
Indicaron que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2017-00626-00 y le correspondió por reparto al
JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN2 que, en sentencia de 28 de febrero de 2020, declaró
probada la excepción de caducidad, en aplicación de la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020, proferida por el Consejo de
Estado.
Refirieron que inconformes con lo anterior, interpusieron recurso de
apelación, aduciendo que en aplicación del D.D.H.H., las acciones
reparatorias de delitos de lesa humanidad eran imprescriptibles o
“incaducables”.
Manifestaron que el disenso fue resuelto por el TRIBUNAL que, en
providencia de 29 de septiembre de 2025, confirmó la decisión del a
quo.
2
En adelante JUZGADO.
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I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente jurisprudencial de las
sentencias de unificación 167 de 2023 y 439 de 2024, proferidas por
la Corte Constitucional, relativas a la caducidad en casos de
ejecuciones extrajudiciales elevadas a la categoría de lesa
humanidad y el estándar de la flexibilización.
Destacaron que en la SU-167 de 2023 la Corte Constitucional estudió
la aplicación e interpretación de las reglas de caducidad para graves
violaciones al derecho internacional humanitario a partir de la
jurisprudencia unificada por el Consejo de Estado en la sentencia de
29 de enero de 2020 y de la Alta Corte en la sentencia 312 de 2020,
de lo cual se concluye que no se modificaron las reglas sino que se
implementaron exigencias constitucionales para su interpretación,
esto es, que el inicio del cómputo de la caducidad se debe dar desde
que los afectados conocieron de la participación del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad; además, que
el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones
que hubiesen impedido el ejercicio del derecho de acción.
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Afirmaron que en la sentencia de unificación 439 de 2024, la Corte
Constitucional consideró que era irrazonable exigir a las víctimas de
graves violaciones al D.D.H.H. demandar por sospecha y sin
elementos de juicio suficientes, de tal forma que era necesario
adoptar un enfoque contextual con el fin de determinar las
circunstancias del asunto.
Aseveraron que para el 17 de julio de 2004 efectivamente conocieron
de la muerte del señor RAÚL FERNANDO HERRERA HIGUITA
(q.e.p.d.) y la participación del Estado, pero de ninguna medida en
ese momento percibieron de la antijuridicidad del daño y la
imputabilidad a la administración, pues por el contrario, se
enfrentaron al ocultamiento de los hechos por parte del Ejército
Nacional y, únicamente hasta el 4 de julio de 2017, dieron cuenta de
la totalidad de los hechos que determinaron la imputación de
responsabilidad.
Indicaron que solo hasta el 17 de diciembre 2025, en medio de
audiencia de reconocimiento del caso 03 de la Jurisdicción Especial
para la Paz - JEP, el militar CARLOS MARIO SUAREZ HERRERA,
reconoció que los hechos relacionados con la muerte del señor RAUL
FERNANDO HIGUITA HERRERA (q.e.p.d.), hicieron parte del plan
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criminal de los falsos positivos, donde el Ejército Nacional capturó a
la víctima y procedió con su ejecución bajo su custodia y en estado
de indefensión, lo que evidencia que para julio de 2004 -fecha que
tomó en cuenta para el conteo de la caducidad el TRIBUNAL- no
conocían de la antijuridicidad del daño.
Alegaron que el TRIBUNAL omitió el contexto criminal en el cual se
dieron los hechos, por lo que trató “[…] el caso con una simpleza
realmente sorprendente, cuando según el precedente constitucional
el análisis debió partir de la naturaleza de los hechos: “lesa
humanidad” […]”.
Resaltaron que la autoridad judicial accionada también incurrió en un
defecto fáctico al omitir realizar una valoración contextual de los
hechos y del patrón de ocultamiento en el caso que conllevó incluso
al archivo de la investigación de la justicia militar por más de una
década, lo que advierte que en ninguna medida se valoró el contexto
del plan criminal.
Refirieron que el TRIBUNAL valoró las pruebas de manera inflexible
y errada, determinando que, por el conocimiento de la muerte y
participación del Estado en los hechos al día siguiente de su
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ocurrencia, iniciaba el cómputo de la caducidad.
Destacaron que, de acuerdo con el precedente convencional surgido
en las sentencias Órdenes Guerra vs Chile y familia Julien Grisonas
vs Argentina proferidas por la IDH, debe tenerse en cuenta la “[…]
imprescriptibilidad de las acciones restitutorias del daño surgido por
la comisión de delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los
derechos humanos en general […]”.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia:
“[…] SEGUNDA: Que en consecuencia se revoque la Sentencia
No. 231 del 29 septiembre 2025 (Notificada mediante correo del
30 de septiembre 2025) proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, que confirma el rechazo de la demanda por
caducidad dentro del radicado 05001333302720170062601,
medio de control Reparación Directa. Ordenándose así, que:
i) Tribunal administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión
Oral, en el asunto de la referencia emita una sentencia en el cual
declare no probada la caducidad de la acción en los términos
expuestos a lo largo del presente escrito […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL indicó que la acción de tutela no reviste
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relevancia constitucional, pues la decisión cuestionada se encuentra
suficientemente fundamentada, por lo que lo pretendido es crear una
instancia adicional y revivir un debate debidamente zanjado, por lo
que solicitó que se denieguen las pretensiones de amparo.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El JUZGADO sostuvo que no ha vulnerado derecho
fundamental alguno, para lo cual se limitó a remitir el link de acceso
del expediente.
I.6.2.- La NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
solicitó que se deniegue el amparo solicitado, toda vez que comparte
la decisión cuestionada.
I.6.3.- El EJÉRCITO NACIONAL adujo que no se configuran los
defectos alegados, pues la decisión cuestionada se encuentra
debidamente sustentada, de tal forma que solicitó que se declare
improcedente la solicitud de amparo o, en consecuencia, que se
denieguen las pretensiones.
I.6.4.- Los señores DUBER FERNANDO VALLE HENAO y ÉRIKA
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MARÍA HIGUITA HERRERA, pese a ser notificados en debida
forma, guardaron silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
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tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
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consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
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y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
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y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efecto la sentencia de 29 de septiembre de 2025,
proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
2017-00626-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la integridad personal y al principio de reparación integral,
toda vez que, a juicio de la parte actora, la autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente judicial, al haber declarado la caducidad del medio de
control de reparación directa, sin tener en cuenta que se trata de un
suceso derivado de un delito de lesa humanidad.
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Aseguraron que la autoridad judicial accionada pasó por alto que, de
conformidad con las sentencias de unificación 167 de 2023 y 439 de
2024, proferidas por la Corte Constitucional, no opera la caducidad
frente a delitos de lesa humanidad
Afirmaron que para el 17 de julio de 2004 efectivamente conocieron
de la muerte del señor RAÚL FERNANDO HERRERA HIGUITA
(q.e.p.d.) y la participación del Estado, pero de ninguna medida en
ese momento percibieron de la antijuricidad del daño y la
imputabilidad a la administración, pues por el contrario, se
enfrentaron al ocultamiento de los hechos por parte del Ejército
Nacional y, únicamente hasta el 4 de julio de 2017, dieron cuenta de
la totalidad de los hechos que determinaron la imputación de
responsabilidad.
Alegaron que la autoridad judicial accionada omitió realizar una
valoración contextual de los hechos y del patrón de ocultamiento en
el caso, además que valoró las pruebas de manera inflexible y errada,
determinando que por el conocimiento de la muerte y participación
del Estado en los hechos al día siguiente de su ocurrencia, iniciaba el
cómputo del término de la caducidad.
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Finalmente, destacaron que, de acuerdo con el precedente
convencional surgido en las sentencias Órdenes Guerra vs Chile y
familia Julien Grisonas vs Argentina proferidas por la IDH, debe
tenerse en cuenta la “[…] imprescriptibilidad de las acciones
restitutorias del daño surgido por la comisión de delitos de lesa
humanidad y graves violaciones a los derechos humanos en general
[…]”.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si se cumplen los presupuestos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial; y, de ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada
vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados.
La Sala observa que contra la decisión que puso fin al medio de
control de reparación directa no proceden recursos y tampoco se
estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión
(artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo
256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo
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razonable3, la solicitud identifica los hechos y derechos que se
estiman lesionados; y, no se trata de una acción de tutela contra
sentencia de tutela.
Ahora, en cuanto al requisito general de la relevancia constitucional
en casos relacionados con delitos de lesa humanidad, la Sala
recuerda lo establecido por la Corte Suprema de Justicia4:
“Cuando nos referimos a los crímenes de lesa humanidad,
hablamos de infracciones graves al derecho internacional de los
derechos humanos, que ofenden la conciencia ética de la
humanidad y niegan la vigencia de las normas indispensables
para la coexistencia humana. En ese sentido, el efecto del delito
de lesa humanidad tiene dos dimensiones: por un lado inflige un
daño directo a un grupo de personas o a un colectivo con
características étnicas, religiosas o políticas y, por otro lado,
causa un daño por la vía de la representación a toda la
humanidad. En la segunda dimensión, la naturaleza del acto
lesivo es de tal magnitud, que la humanidad se hace una
representación del daño, evocando el dolor y el sufrimiento que
provocaron dicho tipo de actos a otros seres humanos,
presumiéndose que esos hechos socavan la dignidad misma de
los individuos por la sola circunstancia de ejecutarse a pesar de
que no estén involucrados directamente los nacionales de otros
países. Así entonces, el daño que produce el delito de lesa
humanidad se traslada, por representación, a toda la comunidad
3
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
4
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Auto de 21 de septiembre de 2009, expediente
32022. Igualmente véase: sentencia de 3 de diciembre de 2009, expediente 32672 caso Salvador
Arana; auto de 13 de mayo de 2010, expediente 33118 caso Masacre de Segovia y auto de 16 de
diciembre de 2010, expediente 33039.
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internacional, constituyéndose en el límite de lo soportable para
la humanidad y el ser humano”. (Subrayas de la Sala).
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, es posible inferir que
cuando se está en presencia de la posible comisión de delitos de lesa
humanidad, y sus graves consecuencias, existe una relación directa
con la vulneración de las garantías constitucionales representadas en
los derechos fundamentales a la vida y dignidad humana; de tal
forma que en los eventos en los que se alega la posible violación de
derechos fundamentales derivada de providencias judiciales que
deciden procesos sobre hechos eventualmente constitutivos de
delitos de lesa humanidad, como ocurre en el presente caso, merecen
un análisis detallado por parte de los jueces constitucionales, pues
es evidente su relevancia constitucional, al tratarse de hechos
relacionados con el conflicto armado que por años ha padecido
nuestro país, en el que han resultado afectados civiles en estado de
indefensión.
Así las cosas, para la Sala el presente caso cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, en tanto que lo que se debate es la
posible responsabilidad del Estado como consecuencia de la
ocurrencia de hechos graves, posiblemente constitutivos de delitos
de lesa humanidad, evento que sin duda podría comprometer
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derechos fundamentales, por lo cual la controversia planteada no se
reduce a una discusión de mera legalidad, ni tampoco podría
afirmarse que se pretende emplear la tutela como una instancia
adicional a las del proceso ordinario.
Tal postura ha sido reiterada por la Sala5 en asuntos con identidad
fáctica a la presente.
En ese orden de ideas, visto que el presente caso cumple con los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial, la Sala hará mención del marco jurídico de los
defectos alegados, para enseguida abordar el estudio del fondo del
asunto.
Del desconocimiento del precedente judicial
En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo
con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de junio
de 2025, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación núm. 2024-06964-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de abril de
2026, M.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro, radicación núm. 2025-07266-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de febrero
de 2026, M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicación núm. 2026-00144-00.
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Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los jueces
en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta
regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que
encuentra sus límites en la realización de otros valores
constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia
constitucional.
En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
“[…] Es así como, en materia de decisiones judiciales, se
destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de
la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
también de trato por parte de las autoridades y concretamente
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por las
autoridades judiciales, garantizándose de esta forma la
seguridad jurídica y con ella la certeza de la comunidad
respecto a la forma en la que se van a decidir los casos iguales.
Como resultado de lo anterior, surge como límite a la
autonomía e independencia de los Jueces el respeto por el
precedente6 […]”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando
la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En
6
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.
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especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa
Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está
vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la
igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que
su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos
fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial7.
No obstante, lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y
cuando se sustenten debidamente las razones de su posición
(principio de razón suficiente)8.
Del defecto fáctico
En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en
sentencia T-362 de 20139, explicó lo siguiente:
“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
7
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
8
Ver sentencia T-292 de 2006.
9
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.
Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que
el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía
e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las
reglas de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación
ha identificado que “el yerro en la apreciación del material
probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante,
protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se
desconozca “la realidad probatoria del proceso […]”.
En esa medida, a juicio de la referida Corte:
“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello
sería contrario al principio de que la tutela es un medio
alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la
órbita de la competencia y la autonomía de que son
titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas del original).
De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto
fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en
el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además
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con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia.
Caso concreto
Mediante la sentencia de 29 de septiembre de 2025, el TRIBUNAL
confirmó la decisión del a quo que declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control de reparación directa promovido por
la parte actora, con el fin de se declarara la responsabilidad de la
NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL,
por la ejecución extrajudicial -falso positivo- del señor RAÚL
FERNANDO HIGUITA HERRERA (q.e.p.d.), perpetrada en el
Batallón de Infantería núm. 10 el 16 de julio de 2004 en la vereda
“Filoseco” del municipio de Ituango (Antioquia).
Como fundamento de la providencia cuestionada, el TRIBUNAL
señaló que conforme con la posición jurisprudencial fijada por la
Sección Tercera de esta Corporación en la sentencia de unificación
de 29 de enero de 2020, en los casos relacionados con delitos de lesa
humanidad o crímenes de guerra, debe observarse el artículo 164 del
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CPACA10 sobre la caducidad.
En tal sentido, en la providencia cuestionada la autoridad judicial
accionada sostuvo que para el caso concreto el término de
presentación de la demanda se contabilizaría desde el momento en
que los actores tuvieron o debieron conocer del daño, lo cual se dio
el 17 de julio de 2004, día siguiente del fallecimiento del señor RAÚL
FERNANDO HIGUITA HERRERA (q.e.p.d.), pues del registro civil
de defunción se advierte que la muerte ocurrió el 16 de ese mes y
año de forma violenta y que, al día siguiente se realizó la diligencia
de inspección al cadáver, en donde consta que el cuerpo de occiso
fue dejado por el Ejército Nacional en la morgue del Hospital San
Juan de Dios del municipio de Ituango, en la que se hizo el
reconocimiento del cuerpo por parte de su padre.
La providencia cuestionada fundamentó su decisión en las siguientes
razones:
“[…] Ahora bien, en lo que respecta a los delitos de lesa
humanidad, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020,
adoptó el criterio según el cual, en estos eventos, la
responsabilidad del Estado está sujeta al término de caducidad
previsto por el legislador. Ello, por cuanto la regla de
10
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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imprescriptibilidad solo aplica en el ámbito penal,
particularmente cuando se desconoce la identidad del presunto
autor del delito.
[…]
En este contexto, tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional -en calidad de órganos de cierre de sus
respectivas jurisdicciones- han establecido que lo determinante,
para efectos del cómputo del término de caducidad en estos
casos, no es únicamente la naturaleza del hecho dañoso, sino el
momento en que la víctima tuvo o debió tener conocimiento de
la intervención del Estado en su producción, salvo cuando se
acrediten circunstancias objetivas que hubiesen impedido
materialmente el acceso a la administración de justicia.
[…]
En primer lugar, frente a la solicitud de aplicar un control de
convencionalidad respecto a la sentencia Órdenes de guerra Vs
Chile y, de esa forma inaplicar la sentencia SU del 29 de enero
de 2020, esta Corporación considera que ello no está llamado a
prosperar, toda vez que, en la misma decisión, la Sección Tercera
del Consejo de Estado estimó que la posición adoptada en torno
a la caducidad no desconocía lo dispuesto en la sentencia
proferida el 29 de noviembre de 2018 por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, dentro del caso Órdenes
de Guerra Vs Chile, por cuanto, en dicha providencia, “el tribunal
internacional se limitó a avalar la aceptación del Estado chileno
de su responsabilidad en la violación del derecho al acceso a la
justicia causada por la aplicación de las normas nacionales sobre
la prescripción de las acciones de reparación de los daños
causados por delitos de lesa humanidad y, en ese sentido no
realizó una interpretación vinculante de los artículos 8° y 25 de
la Convención Americana sobre los derechos humanos; y (ii) en
todo caso, a efectos de la reclamación judicial de la reparación
de los daños imputables a la administración, debe tenerse en
cuenta que el ordenamiento jurídico chileno contiene preceptos
distintos a los establecidos en el derecho colombiano, en cuanto
no prevén la posibilidad de contar el plazo pertinente a partir del
conocimiento de la participación del Estado, lo cual, como antes
se explicó, es una regla que tiene los mismos efectos que la
imprescriptibilidad en material penal”
[…]
Teniendo en cuenta lo anterior, no es posible para esta judicatura
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efectuar el control de convencionalidad en los términos
solicitados y, en consecuencia, no se puede inaplicar lo
establecido por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación emitida el 29 de enero de 2020, por cuanto, ésta
constituye la interpretación vigente y vinculante para el presente
asunto, además, se reitera que, la aplicación de las sentencias
de unificación resultan de obligatoria aplicación para los jueces y
tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo al
ser el Consejo de Estado su órgano de cierre.
Ahora bien, en cuanto al segundo punto de inconformidad
referente al momento en que los demandantes tuvieron o
debieron tener conocimiento del daño alegado, se advierte que
promovieron acción de reparación directa con ocasión de la
muerte del señor Raúl Fernando Higuita Herrera, hecho que —
según lo expuesto en la demanda— fue perpetrado por
integrantes del Ejército Nacional, el día 16 de julio de 2004.
En relación con este suceso y de conformidad con las pruebas
allegadas al plenario, resulta evidente que el daño fue conocido
por los demandantes desde el 17 de julio de 2004, es decir, al
día siguiente del fallecimiento del señor Higuita Herrera, por lo
siguiente:
Del registro civil de defunción se evidencia que la muerte ocurrió
el 16 de julio de 2004 de forma violenta, y que, al día siguiente
se realizó la diligencia de inspección al cadáver, en donde consta
que el cuerpo del occiso fue dejado por personal del Ejército
Nacional en la morgue del Hospital San Juan de Dios del
municipio de Ituango, Antioquia, momento en el cual, José Raúl
Higuita Valle hizo reconocimiento del cadáver de su hijo.
En el protocolo de necropsia número 118 realizado por la E.S.E
Hospital San Juan de Dios de Ituango, Antioquia, se afirmó que
la muerte del occiso se produjo por choque traumático,
secundario a las heridas de pulmones, masa encefálica, hígado e
intestino delgado ocasionado por proyectil de arma de fuego, que
los hallazgos postmortem permitían conceptuar que la muerte
había ocurrido 18 a 24 horas antes de la necropsia y que, “el
cadáver fue entregado a los familiares por orden del Inspector
Municipal”.
El señor José Raúl Higuita Valle en la prueba testimonial realizada
el día 19 de abril de 2017 dentro de la investigación preliminar
con radicado 558 adelantada por el Juzgado 22 Penal Militar,
manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: a) el 17 de julio de
2004 un policía vestido de civil le preguntó por “botatiro” y le
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informó que habían acabado de matar a su hijo; b) Raúl Fernando
Higuita Herrera era arrendador de bestias, jornalero y agricultor;
y c) nunca lo vio armado. Al indagarle por las circunstancias en
las cuales murió su hijo, el señor Higuita afirmó que fue cogido
en la vereda la finca “Filoseco” por el Ejército Nacional, que fue
dado de baja aproximadamente a las 10:30 u 11 de la mañana,
y que, para la fecha de los hechos, no existía en el lugar guerrilla,
pero que, conoció de varios casos en los que, en la misma zona,
el Ejército hizo pasar a ciudadanos fallecidos en combate por
guerrilleros.
Por su parte, en la audiencia de pruebas celebrada en el presente
proceso el día 10 de octubre de 2018, la señora Nelly de Jesús
Gómez Mazo, en calidad de testigo, manifestó que el día 16 de
julio de 2004 observó a una distancia de cuatro (4) metros
aproximadamente, al señor Raúl Fernando Higuita Herrera
fallecido, amarrado a una mula conducida por miembros del
Ejército Nacional. Indicó que el cuerpo estaba vestido con
prendas camufladas propias de dicha Institución. Señaló además
que, al verlo pasar en la bestia, se asustó y por eso no dijo nada
en ese momento, pero que, alrededor de los dos (2) días
siguientes, relató lo sucedido.
El testigo Gabriel Jaime López Sepúlveda, declaró que trabajaba
con el señor Raúl Fernando Higuita Herrera en la finca “Filoseco”,
y que el 16 de julio de 2004, fue encañonado y amarrado junto
con los señores Raúl Fernando Higuita Herrera y Jaiber Monsalve
por miembros del Ejército Nacional. Afirmó que fueron objeto de
maltrato y posteriormente trasladados a otro lugar donde los
separaron y dejaron en libertad a él y a Jaiber Monsalve. Indicó
que, diez minutos después de su liberación, cuando iba de
regreso para “Filoseco” escuchó un tiroteo en el que perdió la
vida el señor Raúl Fernando Higuita Herrera, y que se trataba de
personal del Ejército Nacional porque entre ellos se referían como
“mi mayor, mi sargento, mi cabo”. Finalmente indicó que ese
mismo día, le informaron a la señora Luz Margarita Valle Henao
de la muerte de su esposo, y que no estuvo en el sepelio por
temor.
De lo anterior, resulta evidente que el daño fue conocido por los
demandantes desde el día siguiente de su ocurrencia, pues desde
ese instante conocieron del fallecimiento de su familiar y
pudieron inferir, según su propio relato, la presunta participación
de miembros del Ejército Nacional en el fallecimiento del señor
Raúl Fernando Higuita Herrera, y no desde el momento en el cual
se tuvo acceso al proceso penal, pues es claro que, desde el
comienzo de los sucesos que terminaron con la vida del señor
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Raúl Fernando, la familia siempre conoció la incidencia que tuvo
el Ejército Nacional en el desenlace. Por tanto, el término para
ejercer el medio de control de reparación directa debía contarse
a partir del 18 de julio de 2004, día siguiente al momento en el
cual se tuvo conocimiento de los hechos, y vencía el 18 de julio
de 2006.
Ahora bien, en cuanto al argumento de que existían
circunstancias objetivas que impidieron materialmente el
ejercicio oportuno de la acción, como que los demandantes son
de origen humilde y campesino, sin recursos económicos ni
estudios, y el miedo y la zozobra en razón del conflicto que se
vivía en el municipio de Ituango, esta Corporación encuentra que
son hipótesis y afirmaciones subjetivas sin fundamento
probatorio alguno, además de ser argumentos insuficientes para
demostrar la imposibilidad material de acudir de forma oportuna
a la administración de justicia, pues del material probatorio
aportado, no se extrae manifestación alguna que permita inferir
que éstos se encontraban en imposibilidad material de ejercer
las acciones judiciales encaminadas a obtener la reparación por
la muerte del señor Higuita Herrera.
[…]”.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la autoridad
judicial accionada no incurrió en los defectos invocados, por los
siguientes motivos:
El literal i, del artículo 164 del CPACA, establece la oportunidad para
presentar la demanda en el medio de control de reparación directa,
así:
“[…] ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA
DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:
[…]
i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá
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presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir
del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante
del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia. […]” (Resaltado de la Sala).
Ahora bien, sobre el término para presentar la demanda en los
procesos de reparación directa en los que se discute la ocurrencia de
un daño antijurídico atribuible al Estado con ocasión de la comisión
de un delito de lesa humanidad, la Sección Tercera de esta
Corporación, mediante providencia de 29 de enero de 202011, unificó
su jurisprudencia, en el siguiente sentido:
“[…] Las premisas establecidas por el legislador en materia de
responsabilidad patrimonial del Estado comparten la misma
finalidad de la imprescriptibilidad de la acción penal frente a los
delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, pues en los
dos ámbitos operan reglas en virtud de las cuales el término
pertinente no resulta exigible hasta tanto se cuente con elementos
para identificar a quien le resulta imputable el daño pertinente.
En el primer evento –el penal– esta situación se predica de los
autores y partícipes del delito, bajo la imprescriptibilidad de la
acción y, en el segundo –en materia de responsabilidad patrimonial
del Estado–, dicho supuesto versa sobre los particulares que
ejerzan funciones administrativas y las entidades que estén
llamadas a indemnizar los perjuicios causados, caso en el que se
aplica el término de caducidad solo desde el momento en que el
afectado tuvo la posibilidad de saber que resultaron implicadas en
los hechos.
En suma, las situaciones que se pretenden salvaguardar con la
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020. Proceso identificado con el núm. único de radicación: 85001-33-
33-002-2014-00144-01(61033)A Actores: Juan José Coba Oros y otros; M.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
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imprescriptibilidad penal en los casos de lesa humanidad y los
crímenes de guerra también se encuentran previstas en el campo
de lo contencioso administrativo, bajo la premisa del conocimiento
de la participación por acción u omisión del Estado, al margen de
que se trate de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra.
Así las cosas, la jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado se unificará en relación con la caducidad
de las pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de
guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar
la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado,
bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta
exigible el término para demandar establecido por el
legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada,
que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los
afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción
u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se
aplica cuando se observan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción
y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.
Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar
al Estado la indemnización de un daño es inaplicable en aquellos
eventos en los que se adviertan circunstancias que hubiesen
impedido, desde el punto de vista material, el ejercicio del derecho
de acción, lo que puede ocurrir frente a los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto en el
que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado,
pues para tales efectos no resulta determinante la situación
causante del daño, sino la condición particular de quien acude a la
administración de justicia […]”. (Destacado fuera de texto).
De lo anterior se desprende que en los casos que se pretenda la
reparación de un daño antijurídico imputable al Estado con ocasión
de la comisión de un delito de lesa humanidad, la demanda deberá
presentarse en los términos establecidos en el numeral 8 del artículo
136 del CCA o el literal i) del numeral 2, del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011, según corresponda, contándose el término para
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presentar la demanda desde cuando los afectados conocieron o
debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial,
salvo que se presenten situaciones que impidan materialmente el
ejercicio del derecho de acción, circunstancia en la que el plazo
empezará a correr una vez sean estas superadas.
Asimismo, debe precisarse que en la mencionada providencia la
Sección Tercera de esta Corporación sostuvo que lo resuelto en la
sentencia de 29 de noviembre de 2018, proferida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Órdenes Guerra y
otros vs Chile, no era vinculante en el caso colombiano por los
siguientes motivos:
“[…] 3.2.3. Sentencia de la CIDH en el caso Órdenes Guerra y
otros vs. Chile como fundamento para no aplicar las reglas que
rigen la regla de caducidad de la reparación directa
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia
del 29 de noviembre de 2018, caso Órdenes Guerra y otros vs.
Chile, concluyó que el Estado, previa aceptación de su
responsabilidad, vulneró el derecho de acceso a administración
de justicia, en los términos de los derechos a las garantías
judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos
8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los
artículos 1.1 y 2 de la misma normativa.
La Corte precisó que el recurso judicial disponible en la
jurisdicción chilena para recibir una indemnización por
violaciones a los derechos humanos por parte del Estado era la
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acción civil de indemnización y que las demandas presentadas
para tal fin fueron rechazadas en aplicación del instituto de la
prescripción consagrado en los artículos 2.514 y 2.515 del Código
Civil Chileno, según el cual el término pertinente es de 5 años.
La CIDH compartió el argumento de la Comisión, según el cual
no existen razones que justifiquen que en el derecho chileno la
acción penal sea imprescriptible y la civil no; además, aclaró que
compartía la jurisprudencia de los últimos años de la Corte
Suprema de Justicia de Chile, a través de la cual se declaró en
numerosos casos la imprescriptibilidad de la acción civil
indemnizatoria por daños derivados de delitos de lesa
humanidad.
La decisión de la Corte se fundamentó en la aceptación de
responsabilidad por parte de Chile, Estado que indicó que,
en efecto, en los casos en los que se pretendía la
reparación de los perjuicios causados por un delito de lesa
humanidad la acción civil no debía prescribir. Este
allanamiento no se confrontó con las normas internas y
las de la Convención, cuyo alcance tampoco fue
delimitado.
Pues bien, las sentencias de la CIDH resultan vinculantes
en tanto interpreten las normas de la Convención. El fallo
analizado no contiene una interpretación del artículo 25
de la CADH –acceso a la administración de justicia–, pues,
se insiste, avala la aceptación de responsabilidad de Chile,
en cuanto a los efectos de sus normas de prescripción de
las acciones civiles frente a los delitos de lesa humanidad.
Adicionalmente, esta Sala precisa que el ordenamiento jurídico
chileno contiene preceptos distintos a las establecidos en el
derecho colombiano, en cuanto no prevén la posibilidad de contar
el plazo pertinente a partir del conocimiento de la participación
del Estado, lo cual, como antes se explicó, es una regla que tiene
los mismos efectos que la imprescriptibilidad en materia penal.
En las condiciones analizadas, la Sala concluye que, como en el
caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile no se interpretó la
Convención Americana de Derechos Humanos a la luz de reglas
con contenido material similar a las que prevé nuestro Código
Contencioso Administrativo y la Ley 1437 de 2011, tal
pronunciamiento no resulta vinculante para resolver el presente
asunto […]”.
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Ahora bien, la Corte Constitucional, mediante sentencia SU-312 de
13 de agosto de 202012, también unificó su posición sobre el tema
objeto de la presente solicitud y realizó el siguiente análisis de
convencionalidad:
“[…] 6.27. En esta oportunidad, a fin de unificar la jurisprudencia,
esta Corporación estima que dicho entendimiento del
término de caducidad del medio de control de reparación
directa es razonable y proporcional desde una perspectiva
constitucional y convencional, incluso en casos en los que el
daño que se pretenda reparar sea causado por un delito de lesa
humanidad, un crimen de guerra o genocidio.
6.28. En efecto, esta Sala considera que el referido plazo es
razonable para que las víctimas de violaciones a los
derechos humanos tengan la oportunidad de acceder a la
administración de justicia con el fin de obtener la declaración
de responsabilidad de la administración y gestionar el
resarcimiento de los menoscabos padecidos, porque el término
respectivo sólo empieza a contabilizarse cuando exista
claridad en torno a lo sucedido, incluso si han trascurrido
lustros o décadas desde el instante en el que ocurrió el
delito de lesa humanidad, el crimen de guerra o el
genocidio que causó el perjuicio. Lo anterior, comoquiera que
no es determinante la fecha de ocurrencia de la conducta, sino
la posibilidad del interesado de identificar la participación en la
misma de sujetos vinculados a una autoridad pública y de acudir
al sistema jurisdiccional para presentar la reclamación
respectiva.
6.29. De igual forma, este Tribunal evidencia que la exigencia del
término legal de caducidad del medio de control de reparación
directa en tratándose de daños originados en delitos de lesa
humanidad, genocidio y crímenes de guerra permite, en la mayor
medida de lo posible, la optimización de los intereses
constitucionales en tensión en asuntos como el estudiado en la
presente oportunidad. Específicamente, por una parte, protege
la seguridad jurídica y, por otra, no implica una afectación grave
12
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-312 de 13 de agosto de 2020. Expediente T-7243742.
Actora: Nelcy Elizabeth Jaramillo Zapata; M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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al acceso a la administración de justicia de las víctimas de
violaciones a los derechos humanos a efectos de obtener la
reparación patrimonial de los daños causados por las mismas […]
6.33. Por otro lado, esta Corte toma nota de que la reparación
patrimonial de los daños causados por el Estado es una
obligación contemplada en el artículo 90 de la Carta Política, la
cual, cuando tiene su origen en una violación a los derechos
humanos, se ve reforzada por disposiciones de instrumentos
internacionales incluidas en el bloque de constitucionalidad,
como los artículos 8° y 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, y 2.3 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, que le imponen al Estado colombiano
el deber de garantizar el acceso a la administración de justicia
para proteger de forma efectiva dichas prerrogativas.
6.34. Al respecto, este Tribunal evidencia que el
establecimiento del término de caducidad para pretender
por vía judicial la reparación de los menoscabos
patrimoniales causados por el Estado con ocasión de un
delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio
no representa una afectación del derecho al acceso a la
justicia de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos con el fin de obtener una compensación por el daño
padecido, porque:
(i) Los interesados en la reparación patrimonial cuentan con un
plazo razonable de dos años para acudir al aparato jurisdiccional
y satisfacer sus pretensiones, el cual no se cuenta
necesariamente desde el momento del daño que origina el
perjuicio, sino que sólo se inicia a contabilizar cuando el afectado
tenga conocimiento de que el menoscabo fue causado por el
Estado y se encuentre en la capacidad material de imputarle el
mismo ante el aparato jurisdiccional;
(ii) La procedencia de la demanda de reparación debe ser
analizada por el juez contencioso administrativo competente,
atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto; y
(iii) La desestimación del medio de control de reparación directa
por caducidad, no le impide al perjudicado obtener la
compensación económica del daño causado por otras vías, como
el incidente de reparación integral en el marco del proceso penal
que se adelante en contra del responsable material del delito de
lesa humanidad o el trámite de indemnización administrativa […]
6.41. En este orden de ideas, como lo puso de presente el Pleno
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en su condición de
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órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo13, en la Sentencia del 29 de enero de 202014, la
Corte considera que no es necesario extender la figura de
imprescriptibilidad que se predica de acción penal frente a los
delitos de lesa humanidad al estudio de la caducidad del medio
de control de reparación directa para asegurar los derechos de
las víctimas, puesto que, además de tratarse de instituciones
jurídicas con características y lógicas diferentes15, el término
legal establecido para acudir a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo integra un criterio asimilable
al que lleva inmerso dicha figura aplicable a la persecución
penal, el cual busca ponderar los principios en tensión,
estos son, la seguridad jurídica y el mandato de justicia.
6.42. Efectivamente, en clave con lo dispuesto por el legislador,
los perjudicados por un menoscabo originado en un delito de lesa
humanidad, un crimen de guerra o un genocidio imputable a una
autoridad pública, tienen un término de dos años para acudir
al aparato jurisdiccional y velar por sus intereses en el
entendido de que dicho plazo únicamente empezará a
contarse, bajo la misma lógica de la imprescriptibilidad
penal que se predica de las mencionadas conductas
delictivas, una vez la persona tenga conocimiento real de
la participación, por acción u omisión, del Estado y se
encuentre en la posibilidad material de imputarle el daño
causado. […]
6.55. Así las cosas, con base en las consideraciones expuestas,
la Sala Plena de la Corte estima que la aplicación del término
legal de caducidad del medio de control de reparación directa en
tratándose de daños originados en delitos de lesa humanidad,
genocidio y crímenes de guerra es acorde a los mandatos
constitucionales y, por ello, decide unificar su jurisprudencia en
tal sentido con el fin de superar los criterios divergentes
existentes dentro de la Jurisdicción Constitucional […]”.
Más adelante, en las sentencias SU-167 de 2023 y SU-439 de 2024,
la Corte Constitucional precisó lo siguiente:
13
Artículo 237 de la Constitución.
14
Supra II, 6.13. y siguientes.
15
Supra II, 6.11. y 6.20.
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“[…] la sola ocurrencia del hecho dañoso no es suficiente
para iniciar el cómputo del término de caducidad, lo cual no
implica desconocer dicha institución jurídico procesal, sino que es
necesario que el juez realice una valoración de las
circunstancias particulares de cada caso para determinar
desde cuándo se debe aplicar dicho término y en el que
deben analizarse aspectos relacionados con: (i) la calidad de
los accionantes como sujetos de especial protección constitucional
al haber sufrido graves violaciones a los derechos humanos; (ii) el
momento en el que las víctimas tuvieron la posibilidad real
de advertir que la pretensión de reparación directa
resultaba procedente de acuerdo con el artículo 90 de la
Constitución; y (iii) la posibilidad material de las víctimas de
acudir a la justicia debido a la situación de extrema vulnerabilidad
en la que se encuentran […]”. (destacado fuera de texto).
Lo anterior, deja en evidencia que la autoridad judicial accionada no
incurrió en defecto fáctico, así como tampoco un desconocimiento del
precedente judicial, en la medida en que, si bien en el escrito de
tutela los accionantes manifestaron que se omitió realizar una
valoración contextual de los hechos y del plan criminal, pues solo
hasta el 4 de julio de 2017 conocieron de la totalidad de los hechos
que determinaron la imputación de responsabilidad del Estado, la
Sala considera que resulta razonable el análisis de la autoridad
judicial accionada.
En efecto, de la lectura de la providencia cuestionada, se advierte
que, de conformidad con el registro civil de defunción, el fallecimiento
del señor RAÚL FERNANDO HIGUITA HERRERA (q.e.p.d.) ocurrió
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el 16 de julio de 2004, de forma violenta y que el cadáver fue dejado
por miembros del Ejército Nacional en la morgue del Hospital San
Juan de Dios del municipio de Ituango, el cual fue reconocido por su
padre, el señor JOSÉ RAÚL HIGUITA VALLE.
Sumado a ello, que de la prueba testimonial del señor JOSÉ RAÚL
HIGUITA VALLE se extrajo que el 17 de julio de 2004 le comentó a
un policía vestido de civil que su hijo “[…] fue recogido en la vereda
la finca “Filoseco” por el Ejército Nacional, que fue dado de baja
aproximadamente a las 10:30 u 11 de la mañana, y que, para la
fecha de los hechos, no existía en el lugar guerrilla, pero que, conoció
de varios casos en lo que, en la misma zona, el Ejército hizo pasar a
ciudadanos fallecidos en combate por guerrilleros […]”.
En igual sentido, de los testimonios rendidos en el proceso, se
advirtió que el daño fue conocido por los actores al día siguiente de
los hechos, pues en ese instante conocieron del fallecimiento del
RAÚL FERNANDO HIGUITA HERRERA (q.e.p.d.) y pudieron inferir
la presunta participación de miembros del Ejército Nacional, de tal
forma que, de conformidad con los precedentes del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional expuestos, resulta razonable el
alcance que le dio la autoridad judicial accionada a los medios de
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pruebas de los cuales concluyó que el término de caducidad debía
contarse a partir del 18 de julio de 2004, sin que lo expuesto en la
solicitud de tutela desvirtúe dicho análisis.
Así las cosas, en el caso concreto no se advierte la configuración de
los defectos invocados, pues no es cierto que el TRIBUNAL no haya
valorado las circunstancias particulares del daño cuya reparación se
pretende, esto es, que se trate de un perjuicio derivado de un delito
de lesa humanidad, pues la decisión acusada no devino del
reconocimiento o no de tal situación, sino de la aplicación de las
reglas sobre la caducidad, según la posición unificada por el Consejo
de Estado sobre la materia, la cual se acompasa con lo señalado por
la Corte Constitucional en las sentencias citadas en precedencia.
En ese orden de ideas, el hecho de que el TRIBUNAL haya verificado
si la demanda de reparación directa fue presentada o no en término
conforme con el artículo 164 del CPACA no constituye la configuración
del desconocimiento del precedente judicial ni del defecto
fáctico alegados, teniendo en cuenta que, por el contrario, atiende
a los lineamientos jurisprudenciales aludidos y, tal situación, se
fundamentó en los medios de prueba obrantes en el expediente.
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En este punto es del caso destacar que esta Sala de decisión 16, en
acciones de tutela con identidad fáctica a la presente, consideró que
no se incurrió en los defectos endilgados, comoquiera que se realizó
un análisis razonable de lo dispuesto por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado, en lo referente a caducidad en procesos de
reparación directa en los cuales se analizó delitos de lesa humanidad.
En ese orden de ideas, para la Sala ni el análisis ni la decisión
contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o
arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a las
fuentes jurídicas aplicables al caso. De tal suerte que lo que se
advierte es la inconformidad de la parte actora con las razones de la
providencia judicial acusada, no así la configuración de las falencias
que alegan.
En consecuencia, la Sala denegará el amparo solicitado, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de
febrero de 2026, M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicación 2026-00144-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de abril de
2026, M.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro, radicación 2025-07266-01.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de amparo constitucional de la
referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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