Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02469-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02469-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02469-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02469-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
26 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02469-01
Accionante: MARIANO OJEDA TORREGROZA Y OTRO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C, Y
OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial/ Confirma improcedencia por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se confirmará la sentencia proferida el 30 de abril de 2026 por la Sección Quinta
de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela, por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional. La controversia propuesta es una reiteración
de la inconformidad sobre la nulidad absoluta del contrato declarada oficiosamente por
el juez natural.
II. ANTECEDENTES
La demanda
2. El 27 de marzo de 2026, el señor Mariano Ojeda Torregroza, en nombre propio y
en representación de Ojeda Group Limitada, a través de apoderado judicial, interpuso
demanda de tutela para proteger sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, vulnerados por las sentencias proferidas por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 25 de julio de 2019 y el
11 de agosto de 2025, respectivamente, en el proceso de controversias contractuales
con radicado 250000-23-36-000-2016-0128-00/01.
Hechos relevantes
3. El señor Mariano Ojeda Torregroza, Ojeda Group Ltda. y Procesadora de
Cárnicos Girardot S.A.S (en adelante Procagir S.A.S). presentaron demanda contra el
municipio de Girardot para que se declarara el incumplimiento de la Convocatoria Pública
001 de 2012, cuyo objeto fue la celebración del contrato de creación de la sociedad de
economía mixta por acciones simplificada Procagir S.A.S., para llevar a cabo actividades
de «construcción, administración, operación, mantenimiento y modernización de la
planta de beneficio animal del Municipio».
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02469-01
Accionante: Mariano Ojeda Torregroza y otro
4. En sentencia del 25 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
declaró, de oficio, la nulidad absoluta del contrato de creación de Procagir S.A.S., por
desconocimiento de las normas que regulan la constitución de sociedades de economía
mixta, en contravención del principio de planeación y por adolecer de objeto y causa
ilícitos, al trasladar al particular un servicio público y el dominio de un bien sin fundamento
jurídico, técnico y financiero.
5. La parte demandante presentó recurso de apelación. Indicó que el juez de primera
instancia excedió el alcance del medio de control, pues efectuó el análisis de legalidad
de los acuerdos que autorizaron la creación de Procagir S.A.S., actos que estaban
debidamente ejecutoriados. Adujo que la decisión también vulneró los derechos de
defensa y contradicción de las partes del contrato, pues su participación en el proceso
se circunscribió al debate propuesto en la demanda.
6. El 11 de agosto de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado (i) declaró la falta de legitimación en la causa por activa de Procagir S.A.S., (ii)
confirmó la declaración de nulidad absoluta del acto contractual de constitución de la
referida sociedad y; (iii) condenó en costas a la parte demandante.
Pretensiones
7. El accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales, dejar sin efectos las
sentencias del 25 de julio de 2019 y del 11 de agosto de 2025 y ordenar a la Subsección
C de la Sección Tercera de esta Corporación que profiera una decisión de reemplazo
que sea congruente con el objeto de litigio, garantice el derecho de defensa y
contradicción y se pronuncie de fondo sobre el incumplimiento del municipio de Girardot.
Fundamentos
8. El señor Mariano Ojela Torregroza es adulto mayor y padece de una enfermedad
renal crónica. Estas circunstancias configuran un estado de indefensión que requiere
agilidad en la intervención constitucional.
9. Las providencias que se cuestionan adolecen de defecto procedimental
absoluto, por incongruencia. Los jueces de la causa introdujeron un debate de legalidad
que no fue planteado por las partes y, con ello, vulneraron su derecho de defensa material
frente a la nulidad declarada. En contraste, las autoridades judiciales omitieron resolver
de fondo la pretensión de incumplimiento que se sometió a su conocimiento.
10. La exigencia jurisprudencial de concurrencia al proceso para la procedencia
oficiosa de la declaratoria de nulidad absoluta no se restringe a la presencia formal de las
partes en el trámite, sino que implica que estas tengan la oportunidad real de
pronunciarse sobre la causal que invalidó el negocio, lo que supone que el juez habilite
el escenario de contradicción.
11. Las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo por
indebida interpretación y aplicación del CPACA. Además, desconocieron el precedente
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02469-01
Accionante: Mariano Ojeda Torregroza y otro
jurisprudencial de esta Corporación sobre los requisitos para la procedencia oficiosa de
la declaratoria de nulidad absoluta del contrato.
12. Por las mismas razones, las providencias violan directamente la constitución.
13. Las providencias cuestionadas le trasladaron injustificadamente los efectos de las
«irregularidades de la administración» durante el trámite de los actos precontractuales —
diseño y condiciones de la convocatoria, selección y adjudicación—.
Trámite impartido
14. El 23 de febrero de 2026, el despacho sustanciador admitió la tutela contra la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y vinculó a los terceros con
interés.
15. Solicitó a las Secretarías del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de esta
Corporación copia digitalizada del expediente del proceso de controversias contractuales
con radicado 25000-23-36-000-2016-01208-02.
Intervenciones
16. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado alegó que la
acción carece de relevancia constitucional, pues la parte actora pretende reabrir un
debate sobre el incumplimiento contractual, que fue desplazado por la declaratoria
oficiosa de nulidad absoluta. En todo caso, no se configura ninguna de las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
17. El municipio de Girardot1 solicitó negar la tutela, pues esta no puede usarse
como un mecanismo para perpetuar u otorgar validez a un negocio jurídico que, desde
su origen, contravino normas de orden público y lesionó el interés general. La decisión
que se cuestiona expone las razones que la fundamentan y estas no son caprichosas o
irrazonables.
18. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca2 allegó copia
digitalizada del expediente de controversias contractuales objeto de esta acción.
19. Los demás vinculados en calidad de terceros con interés guardaron silencio.
Sentencia de primera instancia
20. En sentencia del 30 de abril de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró improcedente la tutela, por incumplimiento de los requisitos de relevancia
constitucional y de subsidiariedad.
1
SAMAI, índice 14.
2
SAMAI, índice 13.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02469-01
Accionante: Mariano Ojeda Torregroza y otro
21. La accionante pretende reabrir el debate del proceso ordinario, al insistir en los
argumentos de la apelación que fueron resueltos razonablemente por los jueces de la
causa. Además, la acción, respecto de los defectos fáctico, por desconocimiento del
precedente y por violación directa a la constitución, carece de una carga argumentativa
mínima, porque no se identificaron las pruebas antecedentes o reglas de decisión
desconocidas.
22. La tutela tampoco satisface el requisito de subsidiariedad, pues la parte cuenta
con el recurso extraordinario de revisión para proponer la discusión en torno a la
incongruencia de la que considera que adolece la providencia.
Impugnación
23. La parte accionante impugnó. Consideró que la tutela tiene relevancia
constitucional, pues la inconformidad que presenta no es una simple discrepancia con la
decisión, sino que constituye una transgresión a su derecho de defensa. Se planteó una
falta de oportunidad para pronunciarse respecto de la nulidad absoluta que no fue
planeada por las partes en el litigio. La dimensión constitucional del asunto deviene de la
afectación al principio de congruencia y de la condición especial de vulnerabilidad en la
que se encuentra.
24. El recurso extraordinario de revisión no es un medio idóneo para la protección de
sus derechos, pues por sus condiciones de salud y edad se encuentra en un estado de
debilidad manifiesta.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
25. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación, conforme a los
artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con el
Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento interno de esta corporación.
Problema Jurídico y metodología de la decisión
26. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del
30 de abril de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela por incumplimiento de los requisitos de relevancia
constitucional y de subsidiariedad.
27. Para ello, verificará si la acción cumple con los requisitos de procedibilidad. Si se
cumplen, resolverá si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos
invocados y vulneraron los derechos fundamentales del accionante.
Análisis de la Sala
Inmediatez
28. Se cumple este requisito, porque la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado profirió la sentencia de segunda instancia el 11 de agosto de 2025,
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02469-01
Accionante: Mariano Ojeda Torregroza y otro
notificada el 7 de octubre de 2025, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 27
de marzo de 2026. Este término resulta razonable.
Relevancia constitucional
La acción de tutela no es una instancia adicional para discutir aspectos económicos, de
mera legalidad o la interpretación legítima de los jueces naturales3. Este mecanismo solo
procede cuando afloran serias dudas sobre la arbitrariedad, capricho o irracionalidad de
una decisión judicial.
29. La Sala confirmará la sentencia del 30 de abril de 2026, pero únicamente porque
la acción de tutela carece de relevancia constitucional.
30. En la impugnación, el accionante aseguró que el asunto tiene trascendencia
constitucional, en atención a que es un sujeto de especial protección constitucional. Al
respecto, se tiene que, aunque la Sala no desconoce las circunstancias invocadas, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sostiene que la intervención del juez de tutela
es indispensable en los eventos en que la situación de vulnerabilidad está asociada al
debate que debe resolver4. Sin embargo, en este caso, la edad y las enfermedades que
aquejan al señor Ojeda no tienen conexidad con la controversia que plantea.
31. La decisión que se adopte al resolver este asunto no tendría ninguna incidencia,
ni agravaría o modificaría las condiciones en que se encuentra el actor.
32. En contraste, la Corte afirma que la relevancia de una acción de tutela contra
providencia está dada por el hecho de que la cuestión trascienda un debate de naturaleza
legal o económica y no sea una reiteración que se sustente en una simple inconformidad
con la decisión de los jueces naturales5.
33. En el caso concreto los defectos: fáctico, por violación directa a la Constitución y
procedimental absoluto, se fundan en un argumento transversal. El accionante considera
que la sentencia que se cuestiona adolece de incongruencia externa por declarar la
nulidad absoluta del contrato, decisión que es marginal a la controversia propuesta que
giraba en torno a un incumplimiento contractual.
34. En la sentencia del 11 de agosto de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera
de esta Corporación concluyó, a partir de la interpretación sistemática de los artículos
141 del CPACA, 45 de la Ley 80 de 1993 y 1742 del Código Civil y en aplicación del
criterio jurisprudencial vigente, que el juez no solo está habilitado para declarar de oficio
la nulidad absoluta del contrato, sino que dicha determinación constituye un deber que
3
En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las autoridades
judiciales de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a disputas
vinculadas con la afectación de los derechos fundamentales e (iii) impedir que esta acción se convierta en
una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
4
Sentencia T-035 de 2025, M.P. Juan Carlos Cortés González.
5
Sentencia T-350 de 2025. M.P. Miguel Polo Rosero.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02469-01
Accionante: Mariano Ojeda Torregroza y otro
se le impone cumplir, el cual se sustenta en la salvaguarda del orden jurídico y del interés
general.
35. Además, explicó que el límite a esa potestad está dado por la prescripción
extraordinaria —que no operó en el caso concreto—, sin sujeción al término de caducidad
de los actos previos o a que exista una acusación sobre su legalidad. Ello, porque el
análisis de validez del negocio no se circunscribe a los vicios inherentes al acto o
presentes al momento de su suscripción, sino que se extiende a los hechos previos que
permitieron su existencia.
36. Bajo esa lógica, expuso que el estudio de validez del contrato supone que el juez
examine «con visión panorámica» las actuaciones anteriores y concomitantes que
confluyeron al nacimiento de la relación negocial. Para el caso concreto, precisó que la
decisión de declarar la nulidad del contrato se basó en «la pretermisión de las normas
que regulan la creación de sociedades de economía mixta, así como en la configuración
de un objeto y causa ilícitos, al transferirse a un particular tanto un servicio público como
la titularidad de un bien sin el debido respaldo jurídico, técnico y financiero».
37. La Sala advierte que la providencia se encuentra motivada y es razonable, pues
la declaratoria de la nulidad absoluta del contrato del que la parte pretendía derivar el
incumplimiento, naturalmente, impide un pronunciamiento sobre ese particular. Sin que
ello signifique el desconocimiento del derecho de defensa de las partes, porque por
disposición legal se le impone al juez declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato
una vez se advierta que es contrario al orden jurídico y al interés general.
38. De tal manera que, se descarta cualquier incongruencia en la providencia
acusada. El juez no se pronunció sobre aspectos ajenos al litigio, sino que ejerció
legítimamente el control de legalidad al que están sujetas sus actuaciones. En
consecuencia, esta Sala considera innecesario evaluar el requisito de subsidiariedad de
la presente acción de tutela.
39. Sobre los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, la Sala observa
que la parte accionante se limitó a mencionar, en términos generales, que se configuran
por indebida interpretación de la «norma del CPACA» y por desconocimiento de las
exigencias para la procedencia oficiosa de la declaratoria de nulidad absoluta del
contrato, pero no desarrolló argumentativamente sus alegatos, no identificó las normas
aplicadas de forma errónea ni las providencias que conforman el precedente o las reglas
de decisión que considera no fueron tenidas en cuenta.
40. De otro lado, se advierte que la decisión cuestionada no se fundó en el traslado
de los efectos derivados de actuaciones administrativas defectuosas, sino en la
verificación de circunstancias objetivas que comprometían la validez misma del contrato.
Además, en la providencia que se cuestiona no se efectuó un juicio de legalidad de los
actos precontractuales. Por ende, el cargo relacionado con la supuesta extensión
injustificada de las consecuencias de las «irregularidades de la administración» carece
de congruencia con la razón de la decisión y corrobora la falta de relevancia constitucional
del asunto.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02469-01
Accionante: Mariano Ojeda Torregroza y otro
41. En conclusión, los argumentos del accionante solo reflejan su inconformidad con
la declaración de nulidad absoluta del contrato, un asunto que fue debatido y resuelto de
manera razonable en la jurisdicción. Pretender cuestionar dicho criterio en esta sede
equivale a emplear la acción tutela como una tercera instancia. Al carecer el asunto de
relevancia constitucional, la acción resulta improcedente y, en consecuencia, Sala
confirmará la sentencia de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de abril de 2026 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.
SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
7
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.