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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02474-01

Fecha
10 de julio de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02474-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de tutela del 29 de abril de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó el amparo solicitado, para, en su lugar, declarar su improcedencia por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02474-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

10 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02474-01
Accionante: Juan Sebastián Rodríguez Rengifo
Accionado: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 29
de abril de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 27 de marzo de 20261, Juan Sebastián Rodríguez Rengifo, a nombre propio,
interpuso acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a cargos públicos que
considera vulnerados por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Comisión
Nacional del Servicio Civil (CNSC), por no efectuar un nombramiento a su favor en el
cargo de profesional, código 2020, grado 1, por estar en la lista de elegibles
contenida en la Resolución 8550 de 2024.

2. Hechos

2.1. El actor manifiesta que participó en el proceso de selección 1545 de 2020 para
la provisión en carrera administrativa de los cargos ofertados por el Servicio
Nacional de Aprendizaje, específicamente al empleo denominado profesional,
código 2020, grado 1, red de mecánica industrial, en el que ocupó un lugar en la
lista de elegibles contenida en la Resolución 8550 de 2024.

2.2. El accionante señala que posteriormente el SENA y CNSC convocaron un nuevo
concurso mediante Acuerdo 207 de 2024 con el fin de proveer varios cargos, entre

1
Índice 3 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado E130951938FE4BA7 F0993471E2211182
8911B85711B72C7E 828327FD74B4C53C.
2
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 8778BB67E9518405 6896FFA99B7C53D9
884371C628BD9864 798512D45D9FE3CF.

2

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02474-01
Accionante: Juan Sebastián Rodríguez Rengifo
Accionado: Servicio Nacional de Aprendizaje y otro

ellos el de profesional código 2020, grado 1, lo cual, a su juicio, desconoció que
existía una lista de elegibles vigente.

2.3. Aduce que a través de Resolución 10116 del 22 de octubre de 2022, la CNSC
declaró desierta una vacante, la cual se encuentra identificada con la OPEC 228706.

2.4. Relata que el 10 de julio de 2025, el Tribunal Superior de Neiva, en la acción
de tutela con radicado 41001-31-05-003-2025-10060-01 instaurada por una de las
personas que ocupaban un puesto en la lista de elegibles, le ordenó al SENA
“reportar vacantes y solicitar el uso de lista de elegibles con la OPEC No 170145
con la denominación de Profesional Código 2020 grado 1, misma lista de la cual yo
hago parte”. Además, aduce que en dicha oportunidad el tribunal reconoció la
existencia de 22 vacantes definitivas que debían ser provistas estrictamente
mediante la lista de elegibles del empleo profesional G01 – OPEC 170145, pero
después del 10 de julio de 2025 solo se han registrado 4 actuaciones efectivas de
nombramiento y/o posesión por mérito.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo:

3.1. Todos los cargos denominados profesional, código 2020, grado 1, tienen el
mismo propósito, funciones y requisitos, por lo que son equivalentes entre sí y “se
les debe aplicar la ley [sic] 1960 de 2019 para el uso de lista de elegibles con cargos
ofertados y no ofertados.”

Así, pese a que existen cargos vacantes ofertados y no ofertados, cuya
denominación es profesional, código 2020, grado 1, el SENA y la CNSC no cumplieron
con la Ley 909 de 2004, pues no hicieron uso de la lista de elegibles con dichos
cargos, lo cual viola su derecho al debido proceso administrativo.

3.2. El SENA ha expedido numerosos actos administrativos (de los cuales existen 30
resoluciones, entre ellas las Resoluciones 25-01384 de 2025 (IDP 14033), 91-2025
(IDP 13902 – OPEC 170145) y 25-9232-01780 de 2025 (IDP 14048)), en los que se
provee vacantes definitivas del empleo profesional G01 a través de la figura del
encargo y/o provisionalidad, sin analizar, mencionar ni valorar la existencia de la
lista de elegibles vigente.

3

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En ese sentido, la reiteración de encargos sobre los mismos cargos (por ejemplo, el
caso del IDP 14048, donde hay múltiples encargos sucesivos entre 2024 y 2025)
muestra un patrón de provisión temporal de vacantes definitivas, aun cuando existen
elegibles en lista, entre ellos el accionante, quien ocupa el lugar 35, circunstancia
que, en su criterio, ha impedido la aplicación del principio de mérito.

3.3. Al revisar en el Banco Nacional de Lista de Elegibles la OPEC 170145,
correspondiente al empleo de profesional, código 2020, grado 1, de la cual hace
parte, el accionante encuentra que actualmente es elegible, pues los concursantes
que lo antecedían en la lista ya fueron nombrados y autorizados y, por lo tanto, debe
efectuarse su nombramiento en período de prueba, ya que existen cargos no
ofertados con esa denominación.

3.4. El SENA aplica la Ley 1960 de 2019 de forma fraccionada, porque utiliza las
facultades de administración de personal, pero ignora las garantías de estabilidad y
prioridad de los elegibles contenidas en la misma norma.

3.5. La CNSC ha permitido que el SENA gestione su planta de personal sin el rigor
que exige la Ley 1960 de 2019, circunstancia que propicia que las listas de elegibles
pierdan eficacia por el simple paso del tiempo, mientras los cargos siguen siendo
ocupados por personal que no concursó.

3.6. Se configura un perjuicio irremediable, pues “la vulneración es actual y continua.
Cada día que pasa sin que se aplique la lista de elegibles en un cargo equivalente,
se reduce la vigencia de [su] derecho (2 años), acercando[lo] a una situación donde
el daño será consumado e irreparable.”

4. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“Que, se restablezcan los derechos fundamentales al: DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, ACCESO
A CARGOS Y FUNCIONES PÚBLICAS VIA MERITO, IGUALDAD ASÍ COMO A LOS PRINCIPIOS DE
CONFIANZA LEGÍTIMA, BUENA FE Y SEGURIDAD JURÍDICA Y EL PRINCIPIO DE INESCINDIBILIDAD
DE LA NORMA RESPECTO A LA LEY 1960 DE 2019 y los que el despacho considere pertinentes,
vulnerados u amenazados, de JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ RENGIFO, mayor de edad e identificado
con cédula de ciudadanía No 1.113.668.894, domiciliado en el Municipio de Palmira, valle del Cauca y SE
ORDENE:

1. ORDENAR al SENA que realice un estudio técnico de su planta de personal para identificar vacantes
definitivas de "profesional 1" o equivalentes en todo el país.

4

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2. ORDENAR que, una vez identificada la vacante equivalente, se proceda al nombramiento en periodo de
prueba respetando mi posición en la lista de elegibles.

3. VINCULAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) como tercero interesado para que certifique
si el SENA ha reportado todas las vacantes reales.

4. Tener en cuenta que todos los cargos con la denominación de Profesional código 2020 grado 1 entidad
SENA son equivalentes entre sí.

5. Ordenar a la CNSC compulsar copias o realizar una actuación administrativa de vigilancia sobre la
Oferta Pública de Empleos (OPEC) del SENA, para verificar si se han ocultado vacantes bajo
denominaciones distintas, pero con funciones idénticas.”3 (Resaltado original del texto).

5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

5.1. Mediante auto del 7 de abril de 20264, se admitió la acción de tutela y se negó
la medida provisional. También se dispuso la notificación a las partes.

5.2. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)5 señaló que la CNSC dio apertura a
la Convocatoria 1545 de 2020 - entidades del orden nacional 2020-2 y dentro del
proceso de selección la entidad reportó 3 cargos de profesional, código 2020, grado
1.

Indicó que mediante la Resolución 8550 del 16 de marzo de 2024 la CNSC conformó
la lista de elegibles con 121 ciudadanos, dentro de los cuales se encuentra el actor
en el puesto 37, con un puntaje de 74.55; sin embargo, esta venció el 27 de marzo
de 2026. Posteriormente, en virtud del uso de listas, «la entidad reportó una serie
de vacantes por lo cual se encuentra autorizado hasta la posición 22» y no se tiene
ninguna autorización adicional y/o vacante para ser provista por uso de listas de la
OPEC 170145.

Finalmente, advirtió que la acción de tutela es improcedente al no cumplir el
requisito de subsidiariedad, porque el actor cuenta con otros medios de defensa
judicial para controvertir los actos administrativos que se expidan dentro del proceso
de selección, aunado al hecho de que no se acreditó que en este caso haya algún
perjuicio irremediable que habilite el amparo.

3
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 8778BB67E9518405 6896FFA99B7C53D9
884371C628BD9864 798512D45D9FE3CF, folio 16.
4
Índice 5 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado A61FE56DA14B46E1 07CA0761D71E1215
6FCE47C4E20F8A10 1F80F19695BA7F6C.
5
Índices 9 y 10 de SAMAI, certificado 7AA8703AB771C7F1 06AA3758AB9F2A17 DF582E51C8A9FDC5
F17D06623001DB2B, ibid.

5

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5.3. La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)6 relató el trámite que se adelantó
en el proceso de selección 1545 de 2020, el cual se llevó a cabo conforme a las
reglas previamente establecidas en el respectivo acuerdo de convocatoria. Explicó
que la lista de elegibles derivada del proceso de selección tiene una vigencia de 2
años y en el caso objeto de estudio esta no está vigente.

Finalmente, señaló que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva
de dicha entidad y que la acción de tutela es improcedente al no cumplir el requisito
de subsidiariedad, aunado al hecho de que no se configuró un perjuicio
irremediable.

6. Fallo de tutela de primera instancia

El 29 de abril de 20267, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
negó el amparo solicitado.

El a quo constitucional sostuvo que al revisar el Banco Nacional de Lista de
Elegibles de la OPEC 1701453 se evidenció que la Resolución 8550 del 16 de marzo
de 2024 fue publicada el 18 de igual mes y año y los 5 días que tenía la Comisión
de Personal para pedir la exclusión de una persona de la lista vencieron el 26 de
marzo de 2024; de ahí que la lista de elegibles quedó en firme el 27 del mismo mes
y año y estuvo vigente hasta el 27 de marzo de 2026.

Determinó que el actor radicó la presente acción constitucional el 27 de marzo de
2026, fecha para la cual la lista de elegibles de la OPEC 170145 ya no estaba vigente.

Finalmente, señaló que aunque en principio podría pensarse que el actor cuenta
con el incidente de desacato dentro de la acción de tutela con radicado 41001-31-
05-003-2025-10060-00/01, lo cierto es que las órdenes allí impartidas quedaron
sujetas hasta agotar la lista de elegibles o que la misma perdiera su vigencia, lo cual
ya ocurrió.

6
Índice 11 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 71DEF10E524BF687 79A7519F16FB58A7
D9EE86B4865232CC B4BD82A768650954.
7
Índice 14 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado C112A2A3BE3CEF7E 5E4D598B30D781CE
0B29896098D6C7F1 D8A8C0497172C267.

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7. Razones de la impugnación

Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación8,
en el que argumentó lo siguiente:

7.1. El a quo constitucional, si bien afirma que la lista de la OPEC 170145 perdió
vigencia el 27 de marzo de 2026, fecha de radicación de la tutela, pasa por alto que
esta acción fue interpuesta dentro del término de firmeza y vigencia legal. Según la
Sentencia T-455 de 2021, cuando la vulneración del derecho al mérito nace de una
omisión administrativa reiterada de la entidad durante la vigencia de la lista, el
vencimiento formal de la lista de elegibles no sanea la ilegalidad previa del SENA, de
ahí que la vulneración sea actual y permanente.

7.2. El SENA admitió en su contestación que solo autorizó hasta la posición 22. No
obstante, el Tribunal Superior de Neiva, mediante sentencia del 10 de julio de 2025,
ya había reconocido la existencia de 22 vacantes definitivas adicionales. Está
probado que dicha entidad solo ejecutó cuatro nombramientos, dilatando la
provisión de las 18 vacantes restantes. Así, al existir más de 30 personas en
provisionalidad en cargos de profesional G01 durante 2025 y 2026, su derecho se
consolidó durante ese período, independientemente de que la lista hubiera vencido
durante el trámite judicial.

7.3. Solicitó ordenar al Tribunal Superior de Neiva, Sala Segunda de Decisión,
remitir copia del fallo de tutela del 10 de julio de 2025, radicado 41001-31-05-003-
2025-10060-01.

8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Mediante auto del 25 de mayo de 20269 el a quo concedió la impugnación.

8
Índice 19 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado FE08D70C167215E5 6155AF6D5CDD9644
CBB3FB472F347C0E 269D59F1C24D4BB2.
9
Índice 23 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado AC73F2D8F6C1CC6B FF38ECB46559F19C
C3EF008F551E2A4C 5322D589C7F00B84.

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 29 de abril de 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A.

2. Cuestión previa

La Sala advierte que, en el escrito de impugnación, el accionante solicitó que se
ordenara al Tribunal Superior de Neiva, Sala Segunda de Decisión, remitir copia de
la sentencia de tutela proferida el 10 de julio de 2025 dentro del expediente con
radicado 41001-31-05-003-2025-10060-01.

No obstante, no se accederá a dicha solicitud. En efecto, se observa que desde la
presentación de la acción de tutela el actor aludió a la referida providencia e incluso
manifestó aportarla como soporte de sus pretensiones. Sin embargo, la
incorporación formal de dicha decisión en esta instancia no resulta necesaria para
resolver la controversia planteada.

Lo anterior, por cuanto el material probatorio que obra en el expediente es suficiente
para efectuar el examen de los presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela
y, de ser el caso, abordar el estudio de fondo de las pretensiones formuladas. En
ese contexto, el recaudo de la providencia requerida no aporta elementos de juicio
adicionales con incidencia relevante en la decisión que corresponde adoptar.

En consecuencia, al no advertirse una utilidad concreta de la prueba solicitada para
el esclarecimiento de los aspectos objeto de debate en esta sede, la Sala estima
innecesario decretar su práctica.

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3. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad. En caso afirmativo, se establecerá si se incurrió en la vulneración de
los derechos fundamentales invocados.

4. El cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

4.1. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política claramente expresa que la
acción de tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud
de amparo procede de forma excepcional: i) cuando, a pesar de existir otros
mecanismos, estos no son idóneos ni eficaces para la protección de los derechos
fundamentales, o ii) cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio
irremediable. En el primero de los casos, la orden de protección sería definitiva y,
en el segundo, transitoria.

4.2. En el sub examine, el interesado considera que sus derechos fundamentales
fueron transgredidos por el SENA y la CNSC, porque, en su concepto, pese a que
existen cargos vacantes ofertados y no ofertados, cuya denominación es
profesional, código 2020, grado 1, dichas entidades no cumplieron con la Ley 909
de 2004, pues no hicieron uso de la lista de elegibles para proveer dichos cargos,
lo cual vulnera su derecho al debido proceso administrativo.

Aduce que el SENA ha expedido numerosos actos administrativos (de los cuales
existen 30 resoluciones, entre ellas las Resoluciones 25-01384 de 2025 (IDP
14033), 91-2025 (IDP 13902 – OPEC 170145) y 25-9232-01780 de 2025 (IDP
14048)), mediante los cuales se han provisto vacantes definitivas del empleo
profesional G01 a través de las figuras del encargo y la provisionalidad, sin analizar,
mencionar ni valorar la existencia de la lista de elegibles vigente.

Asimismo, a su juicio, el SENA aplica la Ley 1960 de 2019 de forma fraccionada,
porque utiliza las facultades de administración de personal, pero ignora las garantías
de estabilidad y prioridad de los elegibles contenidas en la misma norma. Por su
parte, afirma que la CNSC ha permitido que el SENA gestione su planta de personal
sin el rigor que exige la Ley 1960 de 2019, circunstancia que propicia que las listas

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de elegibles pierdan eficacia por el simple paso del tiempo, mientras los cargos
siguen siendo ocupados por personal que no accedió a ellos mediante concurso.

Finalmente, manifiesta que al existir más de 30 personas en provisionalidad en
cargos de profesional G01 durante 2025 y 2026, su derecho se consolidó en ese
período, independientemente de que la lista venciera durante el trámite judicial.

4.3. Pues bien, la Sala advierte que el requisito general de subsidiariedad no se
satisface, porque de los documentos remitidos por el SENA en la contestación de la
tutela y por la CNSC no se observa que el señor Rodríguez Rengifo hubiera radicado,
antes del vencimiento de la lista de elegibles, solicitud ante el SENA con el fin de
obtener su nombramiento en período de prueba en el cargo de profesional, código
2020, grado 1, con fundamento en la posición que ocupaba en la lista de elegibles.

Se recuerda que el derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política y desarrollado por la Ley 1755 de 2015, en particular en sus
artículos 13 y siguientes, constituye el instrumento principal mediante el cual
cualquier persona puede elevar solicitudes respetuosas a las autoridades y obtener
una respuesta de fondo, clara y oportuna sobre asuntos de su interés.

En este sentido, conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la referida ley,
toda persona tiene derecho a presentar peticiones en interés particular y a que estas
sean resueltas dentro de los términos legales, lo que permite activar la actuación
administrativa correspondiente y obtener un pronunciamiento expreso de la entidad
competente. Solo a partir de dicha respuesta, o ante su ausencia, es posible
determinar la eventual vulneración de derechos fundamentales y, en consecuencia,
acudir a los mecanismos judiciales pertinentes.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición,
consagrado en el artículo 23 Superior, no solo comprende la facultad de presentar
solicitudes respetuosas, sino el derecho a obtener una respuesta de fondo, clara y
oportuna10, constituyéndose así en el mecanismo que activa la actuación
administrativa11. En ese sentido, mientras la administración no haya tenido la
oportunidad de pronunciarse, no es posible predicar la existencia de una vulneración
actual del derecho fundamental de petición.

10
Corte Constitucional, sentencia T-377 de 2000.
11
CPACA. “Artículo 4. Formas de iniciar las actuaciones administrativas. Las actuaciones administrativas podrán iniciarse:
[…] 2. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular. […].”

10

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En estas condiciones, el amparo constitucional no puede utilizarse para provocar el
primer pronunciamiento de la administración sobre un asunto que corresponde
inicialmente a su órbita competencial, pues ello implicaría sustituir el trámite
administrativo previsto para tal efecto y desconocer el carácter subsidiario y residual
de la acción de tutela.

De otra parte, en el evento en que el SENA haya adoptado o adopte una decisión
expresa frente a la eventual solicitud de nombramiento y esta resulte desfavorable
a los intereses del accionante, el ordenamiento jurídico prevé el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del CPACA,
como mecanismo judicial idóneo para controvertir su legalidad y solicitar el
restablecimiento de los derechos que estime vulnerados.

Adicionalmente, la Ley 1437 de 2011 trae consigo herramientas como las medidas
cautelares o las medidas cautelares de urgencia12, si de las particularidades del
caso se advierte la necesidad de una intervención perentoria de la autoridad
judicial13.

Sobre el particular, no cabe duda de que el juez de tutela no puede concebirse ni
actuar como juez de instancia llamado a resolver, en primer término, controversias
cuyo conocimiento ha sido atribuido por el ordenamiento jurídico a otras
autoridades. En efecto, el legislador ha previsto diversos mecanismos judiciales y
administrativos para la protección de los derechos e intereses de las personas, a
los cuales debe acudir el interesado, en tanto resultan idóneos y eficaces para su
salvaguarda.

4.4. Ahora, en lo que corresponde al perjuicio irremediable, la Sala tampoco advierte
su acaecimiento14, pues el solicitante no lo demuestra.

12
Sobre la medida cautelar de urgencia se ocupa el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011, al disponer que desde la presentación
de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar,
cuando cumplidos los requisitos para adoptarla, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en
el artículo 233 ejusdem. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 13 de mayo de 2014, radicado No. 11001-03-25-000-2014-00360-00(1131-14), C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
13
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-425 de 2019.
14
Ha señalado la Corte Constitucional que en la valoración del perjuicio irremediable se exige que este sea (i) cierto, en el
entendido de que exista plena certeza y convicción de la amenaza o vulneración del derecho invocado; (ii) con una alta
probabilidad de ocurrencia, pues no puede tratarse de una simple conjetura hipotética o percepción del solicitante; y (iii)
inminente, de modo que esté por suceder en un tiempo cercano, por lo que no se trata de una mera expectativa. Ver Corte
Constitucional, sentencia T-425 de 2019.

11

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En tal sentido, la afectación alegada no reúne las características de inminencia,
urgencia, gravedad e impostergabilidad que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, permiten configurar un perjuicio irremediable. Por el contrario, las
actuaciones desplegadas por el accionante evidencian que pretende acudir a la
acción de tutela para suplir la falta de gestión oportuna de los mecanismos
administrativos y judiciales ordinarios a su disposición. En consecuencia, la
intervención del juez constitucional resulta improcedente, en atención al carácter
subsidiario y residual del amparo.

5. Por lo tanto, en el sub lite no se encuentra acreditado el requisito de
subsidiariedad; en consecuencia, la acción tuitiva resulta improcedente, razón por
la que se modificará el proveído impugnado.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de tutela del 29 de abril de 2026 proferida por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó el amparo
solicitado, para, en su lugar, declarar su improcedencia por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado

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