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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02484-00

Fecha
8 de mayo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02484-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por el departamento del Valle del Cauca contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por no superar el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02484-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

8 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02484-00
Accionante: Departamento del Valle del Cauca

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02484-00
Accionante: Departamento del Valle del Cauca
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Subsidiariedad.
Improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por el departamento del Valle del Cauca
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El departamento del Valle del Cauca, por conducto de apoderada judicial1, interpuso
acción de tutela en procura del amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso
y al principio de legalidad, los cuales estima vulnerados por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca con ocasión de la sentencia proferida el 2 de octubre de 2025, mediante
la cual se revocó la decisión dictada por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del
Circuito de Cali y, en su lugar, reconoció los incrementos por antigüedad previstos en el
Decreto 1042 de 1978 a la señora Luz Nelly Girón Caballero, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 76001 33-33-
014-2023-00246-00/01.

2. Hechos

De conformidad con el escrito de tutela2 y los documentos allegados al expediente, se
expone la siguiente relación fáctica:

2.1. La señora Luz Nelly Girón Caballero presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el objeto de obtener la declaratoria

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificados F0EEDC5B133871C2 13A976D0A3C399CD 05A2811AF3FC8FB1

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2 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 899147C8A3974741B926CD85751830C7 22C8DBFB82F6BAC3

48A0F8C3B6D2081D

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02484-00
Accionante: Departamento del Valle del Cauca

de nulidad de las Resoluciones núm. 0034 del 25 de enero de 2023 y 0166 del 16 de
marzo de 2023, mediante las cuales se negó el reconocimiento de la prima de antigüedad
correspondiente a los quinquenios causados por 40 y 45 años de servicio. En
consecuencia, solicitó que se ordenara el reconocimiento y pago de dicha prestación a
su favor, por los quinquenios referidos.

2.2. En la audiencia inicial del 18 de diciembre de 20243, el Juzgado Catorce
Administrativo Oral del Circuito de Cali dictó sentencia anticipada, mediante la cual negó
las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas4.

Para sustentar su decisión, señaló que: (i) la prima de antigüedad constituía una
prestación de carácter territorial y no de origen legal; (ii) su creación no correspondía a
los incrementos por antigüedad previstos en la normativa nacional; y (iii) en
consecuencia, no resultaba procedente acceder a lo solicitado, en tanto el quinquenio
reclamado no se encontraba previsto en una disposición de carácter nacional y su
regulación en el ámbito territorial contrariaba la Constitución Política.

Asimismo, indicó que la configuración de la prima de antigüedad, en los términos del
artículo 49 del Decreto 1072 de 1978, no hacía parte del régimen prestacional de los
empleados territoriales. Añadió que, si bien su reconocimiento no constituía el objeto de
la demanda, el hecho de que dicha prestación hubiera sido establecida mediante acto de
carácter territorial tornaba improcedente su pago, por vulnerar de manera directa el orden
constitucional.

2.3. Inconforme con la decisión, la señora Luz Nelly Girón Caballero interpuso recurso de
apelación. Mediante sentencia del 2 de octubre de 20255, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, entre otras determinaciones, revocó la decisión proferida el 18 de
diciembre de 2024; declaró la nulidad de las Resoluciones núm. 0034 del 25 de enero de
2023 y 0166 del 16 de marzo de 2023; y ordenó al departamento del Valle del Cauca
reconocer a la señora Girón Caballero los incrementos por antigüedad previstos en el
artículo 49 del Decreto 1042 de 1978, desde el momento en que cumplió 36 años de
servicio. Igualmente, dispuso el pago de las diferencias causadas, sin perjuicio del
término de prescripción, así como la correspondiente actualización.

En dicha providencia, el Tribunal formuló como problema jurídico para resolver si: “¿La
demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima de antigüedad tras
cumplir 40 y 45 años de servicios en los términos previstos para los empleados públicos
de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional por haberse vinculado antes de la Ley 10 de
1990?”. Respondió afirmativamente a lo anterior, pues “la demandante tiene derecho a
los incrementos por antigüedad previstos en el Decreto 1042 de 1978, toda vez que, se
vinculó con anterioridad a la Ley 10 de 1990 y se encuentra cobijada por el régimen
salarial previsto para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional.”

3
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, consecutivo D23E0B3FC2D8C1AA F03B1A65DD90D8F4 E023D58D32BC313A
4ABFFBE2D118B73A. Pág. 1-6.
4 Aun cuando el acta de audiencia contiene el enlace a la misma, éste presenta dificultades en su reproducción. No

obstante, la referida audiencia es visible y pública en el Sistema de Audiencias de la Rema Judicial, donde fue
consultada https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/Grabaciones/public
5 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, consecutivo D23E0B3FC2D8C1AA F03B1A65DD90D8F4 E023D58D32BC313A

4ABFFBE2D118B73A. Pág. 7-15.

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Accionante: Departamento del Valle del Cauca

Entre otros aspectos, el Tribunal distinguió entre los incrementos por antigüedad y la
prima de antigüedad, y advirtió la existencia de dos escenarios diferenciados: “i) el
primero, referido a las personas vinculadas al sector salud del orden nacional con
anterioridad a la expedición de la Ley 10 de 1990, quienes, en virtud del proceso de
descentralización, conservaron el régimen salarial previsto para la Rama Ejecutiva del
orden nacional, esto es, el contenido en el Decreto 1042 de 1978; y ii) el segundo, relativo
a los empleados del sector salud del orden territorial que han sido beneficiarios de
factores salariales y prestacionales creados por las entidades territoriales sin
competencia para ello (resoluciones, ordenanzas y acuerdos), respecto de quienes no es
posible conservar tales prerrogativas, pero tampoco resulta viable recobrar lo ya
reconocido”.

A continuación, el Tribunal analizó el material probatorio allegado al proceso y concluyó
que la demandante se encontraba en el primer grupo, esto es, el de los empleados
vinculados con anterioridad a la Ley 10 de 1990, sometidos al régimen del Decreto 1042
de 1978. Agregó que “[n]o puede perderse de vista que eso fue lo solicitado por la señora
Luz Nelly Girón Caballero, tanto en la demanda como en el recurso de apelación, y que,
en los actos administrativos acusados, la entidad no negó el derecho con fundamento en
la norma aplicable, sino porque consideró que la demandante no acreditaba el tiempo de
servicios requerido, dado que no contabilizó su vinculación desde 1976, sino desde
1986”.

Finalmente, precisó que, si bien los actos administrativos mediante los cuales la entidad
reconoció la prima de antigüedad se fundamentaron en normativa de carácter territorial,
tales reconocimientos no constituían objeto de controversia y, en todo caso, no podían
ser recobrados, en atención a que fueron percibidos de buena fe. No obstante, señaló
que la entidad debía tenerlos en cuenta al momento de dar cumplimiento a la orden
impartida, por lo que “el reconocimiento en los términos del Decreto 1042 de 1978 se
ordena a partir del año 36, en la medida en que, hasta el año 35 de servicios, la prima de
antigüedad ya había sido reconocida en sede administrativa”.

2.4. El departamento del Valle del Cauca formuló solicitud de aclaración respecto de la
sentencia del 2 de octubre de 2025, la cual fue notificada el 7 de octubre del mismo año.
Sostuvo que la parte actora no solicitó el reconocimiento de los incrementos salariales
por antigüedad, sino de la prima quinquenal de antigüedad, figura creada mediante
disposiciones de carácter territorial.

En tal sentido, indicó que la confusión entre ambas instituciones condujo a un error en el
alcance de la decisión, por cuanto el Tribunal habría resuelto ultra y extra petita, al
reconocer un derecho que no fue solicitado ni debatido en el proceso. Para sustentar su
postura, invocó un concepto emitido por el Departamento Administrativo de Desarrollo
Institucional del departamento del Valle del Cauca.

Con fundamento en lo anterior, solicitó que se reconsiderara el sentido de la providencia,
con el propósito de que se diferenciara de manera expresa entre las figuras aludidas y,
en consecuencia, se revocara la decisión, limitando el pronunciamiento exclusivamente
a la prima quinquenal de antigüedad.

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Accionante: Departamento del Valle del Cauca

2.5. Mediante auto del 7 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca negó la solicitud de aclaración, al considerar que, de la revisión de la sentencia y
de los términos en que fue planteada la apelación, no se advertían expresiones o
conceptos que generaran una duda razonable con incidencia en la parte resolutiva de la
providencia.

Adicionalmente, señaló que los argumentos expuestos por la entidad demandada, hoy
accionante, no estaban orientados a aclarar aspectos oscuros o ambiguos de la decisión,
sino a reabrir el debate propio del proceso, mediante la introducción de interpretaciones
legales y jurisprudenciales que no fueron planteadas en las oportunidades procesales
correspondientes.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud:

La parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados. En
consecuencia, pidió dejar sin efectos la sentencia proferida el 2 de octubre de 2025 por
el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y, en su lugar, ordenar a dicha autoridad
judicial proferir una nueva decisión que mantenga la distinción conceptual entre las
figuras de incremento por antigüedad y prima quinquenal de antigüedad, corrigiendo el
fallo y ajustándose a las pretensiones formuladas.

Para sustentar su solicitud, alegó la configuración de los siguientes defectos:

3.1 Defecto sustantivo. Sostuvo que la demandante no solicitó el reconocimiento de
incrementos salariales por antigüedad, sino que limitó sus pretensiones a la prima
quinquenal de antigüedad, figura de carácter extralegal desarrollada mediante
resoluciones territoriales del departamento del Valle del Cauca (1522 de 1971, S-279 de
1978, S-814 de 1978, 135 de 1983 y 1522-A de 1988), cuyo reconocimiento solo procedía
hasta los 30 años de servicio.

En ese contexto, afirmó que se configuró un error en el alcance del fallo del Tribunal, en
la medida en que resolvió ultra y extra petita, al reconocer un derecho que no fue
solicitado ni debatido en el proceso. Lo anterior, debido a una confusión conceptual entre
las figuras de incremento por antigüedad, prevista en el Decreto 1042 de 1978, aplicable
al régimen nacional, y la prima quinquenal de antigüedad, de naturaleza extralegal y
origen territorial.

Adicionalmente, indicó que dicha actuación comporta una extralimitación de la
competencia judicial, por cuanto las decisiones que desbordan el objeto procesal en
materia de derechos laborales corresponden exclusivamente a la jurisdicción laboral, de
conformidad con lo señalado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del
17 de marzo de 2022 (Rad. 23001-23-33-000-2013-00176-02).

3.2. Violación directa de la Constitución. Sustentó el cargo, en esencia, en las mismas
consideraciones expuestas respecto del defecto sustantivo, en tanto se alega que la
decisión cuestionada vulneró el debido proceso al apartarse del objeto de la litis y de las
pretensiones formuladas.

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Accionante: Departamento del Valle del Cauca

Finalmente, la parte actora sostuvo que se encuentran acreditados los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela. En particular, en relación con la
relevancia constitucional, afirmó que la providencia cuestionada transgredió el derecho
fundamental al debido proceso, con fundamento en los argumentos previamente
expuestos. Asimismo, señaló que agotó los medios ordinarios de defensa judicial y que
la acción fue presentada dentro de un término razonable.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 7 de abril de 20266, el Despacho de la magistrada ponente,
admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; vinculó
como terceros con interés a la señora Luz Nelly Girón Caballero y al Juzgado Catorce
Administrativo Oral del Circuito de Cali, y requirió a las autoridades judiciales
mencionadas para que, quien tuviera a su cargo, remitiera copia digital del expediente
identificado con el radicado número 76001 33-33-014-2023-00246-00/01.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.2. El Tribunal Administrativo del Cauca, por conducto del Magistrado Víctor Adolfo
Hernández Díaz7, solicitó negar el amparo, al considerar que no se configuró vulneración
de derecho fundamental alguno. Para el efecto, expuso el desarrollo del debate procesal
que condujo a la decisión adoptada, y precisó que, con posterioridad a la sentencia de
primera instancia, la parte demandante interpuso recurso de apelación en el que sostuvo
que lo reclamado correspondía a la prima de antigüedad conforme al Decreto 1042 de
1978, la cual, a su juicio, no había desaparecido con la expedición de la Ley 10 de 1990
y había sido reconocida a otros empleados de la entidad territorial en condiciones
similares.

Agregó que la acción de tutela pretende reabrir un debate jurídico que ya fue objeto de
análisis en ambas instancias. Finalmente, advirtió que la señora Girón Caballero
promovió acción de tutela contra el departamento del Valle del Cauca por los mismos
hechos, la cual fue conocida por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias de Cali (rad. 76001-43-03-010-2026-00124-00).

4.3. El Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Cali indicó que, a partir
de las actuaciones surtidas en su despacho, no se evidencia vulneración de los derechos
fundamentales de las partes. No obstante, señaló que el reparo formulado en la presente
acción se origina en un eventual defecto sustantivo en la sentencia de segunda instancia,
derivado de la falta de claridad en la delimitación del problema jurídico, particularmente
en lo concerniente a la distinción entre la prima de antigüedad y los incrementos por
antigüedad, lo que habría dado lugar a una interpretación imprecisa y a una decisión que,
en parte, excedió el marco del litigio.

6 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado B7FC7DC3EBE3E062 133BF3847B89B724 49F0F01AB263E0F1
18C57D33D8D5D17C.
7 Índice 00010 del aplicativo SAMAI, certificado B2648E1E8F3243C5 199C31FEE9C8BE69 9A390FA55A374F67

45626142E60A8997.

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Asimismo, manifestó que “la prima de antigüedad quinquenal establecida en la
Resolución S-24 de 1971, y que fue solicitada en la demanda, no es procedente al ser
una prima extralegal, por lo que la Corporación debe establecer si dicha situación cumple
los requisitos generales y específicos para procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.”.8

4.4. Luz Nelly Girón Caballero, por conducto de apoderado judicial,9 solicitó negar el
amparo. Sostuvo que la entidad accionante afirmó, de manera infundada, que el Tribunal
incurrió en una confusión conceptual y que la decisión era extra petita, en tanto, desde la
demanda inicial, se invocó el régimen salarial de la Rama Ejecutiva del orden nacional,
con referencia expresa al Decreto 1042 de 1978, y en el recurso de apelación se citaron
los artículos 49 y 97 de dicha normativa.

En ese sentido, indicó que el juez de segunda instancia aplicó correctamente la norma
jurídica pertinente a los hechos probados, en consonancia con el principio iura novit curia.
Añadió que el Tribunal acudió al régimen aplicable a quienes se vincularon con
anterioridad a la Ley 10 de 1990, sin incurrir en la supuesta confusión alegada.

De igual forma, precisó que la providencia cuestionada contiene un acápite específico
denominado “incrementos por antigüedad / prima de antigüedad / competencia”, en el
cual se analizan ambas figuras de manera diferenciada, para concluir que a la
demandante le resulta aplicable el régimen nacional, en atención a su fecha de
vinculación.

Por consiguiente, afirmó que la acción de tutela pretende reabrir un debate que ya hizo
tránsito a cosa juzgada, en la medida en que los argumentos ahora expuestos fueron
planteados en la solicitud de aclaración presentada por la Gobernación del Valle del
Cauca, la cual fue debidamente resuelta por el Tribunal.

Adicionalmente, alegó la vulneración del derecho a la igualdad, al señalar que la entidad
territorial ha reconocido y pagado el mismo concepto a otros funcionarios en condiciones
equivalentes, de modo que su negativa constituye un trato discriminatorio y una actuación
administrativa arbitraria.

Finalmente, sostuvo que la acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto pretende habilitar una instancia adicional para debatir asuntos
de mera legalidad y contenido económico. Indicó que este tipo de controversias exige un
juicio de validez y no de corrección de la providencia cuestionada, conforme a la
jurisprudencia constitucional. En concreto, precisó que el asunto se circunscribe a la
interpretación y aplicación de normas de rango legal, en particular, el Decreto 1042 de
1978 y disposiciones territoriales, así como a la determinación de diferencias salariales
de naturaleza patrimonial, sin que se evidencie una afectación directa de derechos
fundamentales. En consecuencia, solicitó requerir a la entidad accionante para que cese

8 Índice 00011 del aplicativo SAMAI, certificado DABFCA7EB0DD7759 148C3CFFD31295DD 0D5EC6C418364D8B

59DD958A69589C43.
9 Índice 00013 del aplicativo SAMAI, certificado 1C1B8A318CEBBE3A 08E69CB1E436182B B3901C481107FD40

BC41DA39CF794472.

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Accionante: Departamento del Valle del Cauca

las actuaciones dilatorias y proceda al cumplimiento de lo ordenado en la sentencia
cuestionada.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1 Se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, toda vez que el
departamento del Valle del Cauca es titular de los derechos fundamentales que estima
vulnerados, en su condición de parte demandada dentro del proceso promovido en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con
el radicado núm. 76001 33-33-014-2023-00246-00/01.

2.2. Igualmente, se acredita la legitimación en la causa por pasiva, en la medida en
que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fue la autoridad judicial que profirió la
decisión que, según la parte actora, vulneró sus derechos fundamentales.

2.3. Previo a abordar el estudio de fondo, la Sala se pronuncia respecto de la
manifestación del Tribunal acusado consistente en que la señora Girón Caballero había
promovido acción de tutela contra el departamento del Valle del Cauca por este asunto,
conocida por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali (Rad.
76001 43 03 010 2026 00124 00). Sin embargo, de la revisión de este radicado en el
buscador de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial 10, la Sala
extrae que no se demandó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por lo que
concluye que no se trata de un proceso idéntico.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo

10 https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion.

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sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200511 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela12 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto13.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”14.

4.1. Subsidiariedad.

Sobre el particular, resulta importante destacar que este requisito está definido
expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló
en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 199115.

Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el amparo

11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela, salvo que se busque evitar que se configure un perjuicio irremediable; que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, en principio, esta
tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se
identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
13 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional, a saber: a) defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
15“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.

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Accionante: Departamento del Valle del Cauca

se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios que el
legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin de: (i)
prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso
ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de
defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos atiendan un mínimo de
diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial16.

De forma más reciente, la Corte Constitucional ha rememorado “escenarios en los que
las tutelas contra providencia judicial se tornan improcedentes por ausencia del principio
de subsidiariedad, en concreto cuando: (i) el asunto se encuentra en trámite; (ii) no se
han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios y (iii) se usa para
revivir etapas procesales en las cuales se dejaron de emplear los recursos o etapas
procesales previstos en el ordenamiento jurídico. En igual sentido, la Sala Plena precisó
que la improcedencia de la tutela por falta de acreditación de la subsidiariedad también
opera cuando ‘el asunto que dio lugar al defecto no haya sido previamente alegado’
(…)”17.

Esta interpretación rígida del requisito de subsidiariedad tiene como sustento el mismo
debido proceso, en tanto las etapas, procedimientos y recursos del proceso son el primer
espacio de protección de los derechos fundamentales. Asimismo, garantiza la autonomía
e independencia judicial18.

5. Caso concreto

La Sala advierte que la presente acción de tutela no satisface el requisito de
subsidiariedad, como pasa a explicarse.

5.1. La parte actora fundamenta la solicitud de amparo en los defectos sustantivo y
violación directa de la Constitución, los cuales se soportan en una misma línea
argumentativa. En esencia, sostiene que el tribunal accionado, al confundir las nociones
de prima de antigüedad e incremento por antigüedad, incurrió en un error en el alcance
del fallo, al resolver de manera ultra y extra petita, en tanto reconoció un derecho que
no fue solicitado ni debatido en el proceso.

Si bien también se alegó que dicha actuación configuraba una extralimitación de
competencia, por cuanto, según la parte actora, las decisiones por fuera del objeto
procesal en materia laboral corresponden a los jueces laborales, de acuerdo con la
jurisprudencia del Consejo de Estado19, la Sala advierte que este planteamiento se
encuentra comprendido dentro del cargo principal ya expuesto. En consecuencia, no se
abordará de manera autónoma como un reproche por desconocimiento del precedente.

16 Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-177 de 2025, M.P. Juan Carlos Cortés González.
18 Ibidem.
19 Consejo de Estado, Sentencia de Unificación del 17 de marzo de 2022, Rad. 23001-23-33-000-2013-00176-02

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02484-00
Accionante: Departamento del Valle del Cauca

5.2. Así las cosas, el cuestionamiento planteado en este asunto se enmarca en una
eventual vulneración del principio de congruencia. Sobre el particular, esta Corporación20
ha señalado recientemente que, en aquellos eventos en los que se alega la transgresión
de dicho principio, así como en los que, de manera general, se invoca la vulneración del
derecho al debido proceso, puede configurarse una causal de nulidad procesal.

En ese contexto, se advierte que el ordenamiento jurídico prevé mecanismos idóneos
para controvertir este tipo de irregularidades. En particular, el recurso extraordinario de
revisión, en la causal quinta del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, que procede cuando “[e]xista nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

5.3. En ese orden de ideas, a partir del examen de los documentos allegados al trámite
de tutela, de la consulta general del expediente ordinario en el aplicativo SAMAI y ante la
ausencia de manifestaciones específicas de las partes e intervinientes sobre este punto,
la Sala infiere que la parte actora no ha hecho uso, aun encontrándose en oportunidad,
del referido mecanismo extraordinario de defensa judicial para alegar la supuesta falta de
congruencia de la decisión cuestionada.

De otra parte, la entidad accionante no argumentó, ni acreditó, la configuración de un
perjuicio irremediable, entendido como aquel que resulta inminente, grave, urgente y que
exige una intervención impostergable21 del juez constitucional. Tal circunstancia tampoco
se advierte en el presente asunto, máxime si se tiene en cuenta que la accionante no
ostenta la condición de sujeto de especial protección constitucional.

La jurisprudencia constitucional también ha señalado que el amparo es procedente
cuando el mecanismo de defensa judicial no sea idóneo ni eficaz para la garantía de los
derechos22. Sin embargo, en criterio de la Sala, esta situación no se configura en el
asunto. En cuanto a la idoneidad, conforme al artículo 255 del CPACA, si el juez natural
estimara fundado el recurso de revisión, invalidaría la sentencia acusada y se llegaría a
una nueva decisión judicial, lo que es la pretensión última del escrito de tutela. Por otro
lado, no se estima desproporcionado el acudir al mecanismo extraordinario de defensa
judicial, lo que hace que prima facie y para este caso en concreto, se aprecie que el
recurso de revisión es eficaz para la protección de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados.

Aun cuando el anterior corresponde al criterio de la sala, de manera alguna compromete
el criterio del juez natural, ni condiciona sus consideraciones en caso de que el recurso
sea efectivamente presentado.

5.4. De este modo, los argumentos planteados en la solicitud de tutela buscan suplir una
oportunidad procesal que no ha sido ejercida oportunamente por la parte actora, lo cual
impide al juez constitucional realizar un pronunciamiento de fondo, pues ello implicaría

20 Consejo de Estado, Sentencia del 3 de marzo de 2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-03970-00. FJ. 41, 49-67.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-177 de 2025, M.P. Juan Carlos Cortés González.
22 Ibidem.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02484-00
Accionante: Departamento del Valle del Cauca

invadir la órbita de competencia del juez natural y desconocer los escenarios procesales
previstos para la protección de los derechos invocados.

En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela por
no superar el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por el
departamento del Valle del Cauca contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
por no superar el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

LMSG

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