Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02486-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02486-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02486-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
29 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02486-00
Accionante: NATHALY ROMERO RAMÍREZ
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por Nathaly Romero Ramírez contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Dieciocho Administrativo del
Circuito de Cali, que negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho 1 laboral promovida por la accionante contra el Hospital
Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E. y Serviprofesionales Ltda.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
Nathaly Romero Ramírez, actuando mediante apoderado judicial, formuló acción de
tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo, a la igualdad y a la primacía de la realidad sobre las formas; que
consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado
Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali, al haber proferido las sentencias del 24 de
octubre de 2025 y 26 de agosto de 2022, respectivamente, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho laboral promovido contra el Hospital Departamental Mario
1 Proceso identificado con número de radicación: 76001-33-33-018-2020-00005-00/01.
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Accionante: Nathaly Romero Ramírez
Acción de tutela–Primera instancia
Correa Rengifo E.S.E. y Serviprofesionales Ltda., mediante las cuales se negaron las
pretensiones orientadas a declarar la existencia de una relación laboral derivada de la
prestación de sus servicios como fonoaudióloga en el programa de atención domiciliaria
del hospital, bajo figuras de intermediación laboral que, según la accionante, configuraron
una tercerización laboral ilegal.
En virtud de la acción de tutela, la accionante solicitó textualmente:
«1. PRIMERA. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al
trabajo, a la igualdad y a la primacía de la realidad sobre las formas de la señora
NATHALY ROMERO RAMÍREZ.
2. SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia No. 281 del 24 de octubre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Despacho No.
011, y la Sentencia No. 124 del 26 de agosto de 2022, proferida por el Juzgado
Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado bajo el número 76001-33-33-018-2020-
00005-01.
3. TERCERA. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que,
dentro del término que señale esta Corporación, profiera nueva sentencia en la
que valore integralmente el acervo probatorio, particularmente: (i) las resoluciones
sancionatorias del Ministerio del Trabajo por tercerización laboral ilegal, incluyendo
los hallazgos cuantitativos y cualitativos allí documentados; (ii) los indicios de
subordinación acreditados testimonialmente; (iii) la presunción del artículo 24 del
CST; (iv) la prohibición de instrumentalizar el contrato sindical para actividades
misionales permanentes conforme al artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y la
sentencia CSJ SL3086-2021; y (v) las consecuencias probatorias de la no
contestación de la demanda por SERVIPROFESIONALES LTDA.»
2. Hechos relevantes
La señora Nathaly Romero Ramírez prestó sus servicios como fonoaudióloga en el
Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., en el programa de atención
domiciliaria, entre el 1.º de mayo de 2014 y el 1.º de julio de 2016. Señala que, durante
dicho período, su vinculación formal se realizó inicialmente a través de la Asociación
Sindical de Trabajadores del Sector Salud – Asosindisalud, mediante contrato sindical, y
posteriormente mediante la empresa Serviprofesionales Ltda., a través de contrato de
obra o labor.
Menciona que, durante todo el tiempo de prestación de servicios, cumplió horario fijo,
recibió órdenes directas de funcionarios del hospital, solicitó permisos mediante formatos
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Accionante: Nathaly Romero Ramírez
Acción de tutela–Primera instancia
institucionales aprobados por la Subgerencia, utilizó insumos y equipos suministrados por
la E.S.E. y desarrolló funciones asistenciales de carácter misional permanente.
Sostiene que el Ministerio del Trabajo, mediante las resoluciones Nos. 2015003795 del
28 de diciembre de 2015 y 2017000231 del 16 de enero de 2017, sancionó al Hospital
Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E. y a Asosindisalud por incurrir en
tercerización laboral ilegal, al considerar que el personal vinculado mediante la asociación
sindical desempeñaba funciones misionales permanentes propias de la entidad
hospitalaria.
Con fundamento en lo anterior, elevó petición ante el Hospital Departamental Mario
Correa Rengifo E.S.E. solicitando el reconocimiento de la relación laboral y el pago de
prestaciones sociales; no obstante, la entidad no resolvió de fondo la solicitud,
configurándose silencio administrativo negativo.
Ante dicha situación, la señora Nathaly Romero Ramírez presentó demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho laboral, con el fin de obtener la declaratoria de existencia
del contrato realidad y el consecuente reconocimiento y pago de las acreencias laborales
derivadas de la relación de trabajo que, según afirma, existió materialmente con la entidad
hospitalaria.
El proceso fue conocido por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali, que
mediante sentencia de primera instancia del 26 de agosto de 2022 negó las pretensiones
de la demanda, al considerar que, si bien se acreditó la prestación personal del servicio
y la remuneración, no se demostró el elemento de subordinación necesario para declarar
la existencia de una relación laboral entre la demandante y el Hospital Departamental
Mario Correa Rengifo E.S.E., toda vez que las pruebas daban cuenta de una relación de
coordinación funcional propia de la ejecución de los contratos celebrados con
Asosindisalud y Serviprofesionales Ltda.
Posteriormente, la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, argumentando que el juzgado omitió valorar integralmente las
pruebas obrantes en el expediente, especialmente las testimoniales practicadas dentro
del proceso. Asimismo, señaló que la decisión desconoció el principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades previsto en el artículo 53 de la Constitución Política, al
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Accionante: Nathaly Romero Ramírez
Acción de tutela–Primera instancia
otorgar prevalencia a las formas contractuales utilizadas por la entidad demandada y
desestimar las pruebas relacionadas con la subordinación, el cumplimiento de horarios,
la prestación personal del servicio y la remuneración. Finalmente, sostuvo que la
sentencia desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de
Justicia sobre contrato realidad, tercerización laboral y subordinación como elemento
determinante de la relación laboral, así como decisiones judiciales proferidas en casos
similares relacionados con el mismo hospital y la asociación sindical Asosindisalud.
La segunda instancia correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
mediante sentencia No. 281 del 24 de octubre de 2025 resolvió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante y confirmó la decisión de primera instancia, al
considerar que las pruebas no acreditaron la existencia de una relación laboral encubierta
entre la actora y el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E., pues, aunque
se demostró la prestación personal del servicio y la remuneración, no se probó el
elemento de subordinación, toda vez que la coordinación y supervisión de las labores
provenían de Asosindisalud y Serviprofesionales Ltda., y no directamente del hospital.
Las providencias de primera y segunda instancia dieron lugar a la interposición de la
presente acción de tutela por parte del apoderado judicial de la señora Romero Ramírez.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante mencionó que las autoridades accionadas incurrieron en defecto
fáctico por omisión y valoración defectuosa del material probatorio, al no otorgar
consecuencias probatorias a las resoluciones del Ministerio del Trabajo mediante las
cuales se sancionó al Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E. y a
Asosindisalud por tercerización laboral ilegal, pese a que dichas decisiones
administrativas establecían que el personal vinculado a través de la asociación sindical
desempeñaba funciones misionales permanentes del hospital. Asimismo, sostuvo que las
sentencias cuestionadas omitieron valorar adecuadamente los testimonios y demás
pruebas que demostraban la existencia de subordinación, tales como el cumplimiento de
horarios, la aprobación de permisos por funcionarios de la E.S.E., la recepción de órdenes
directas y el uso de insumos y equipos del hospital.
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Accionante: Nathaly Romero Ramírez
Acción de tutela–Primera instancia
Igualmente, señaló que las providencias accionadas incurrieron en defecto sustantivo al
inaplicar el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, relativo a la presunción de
existencia de contrato laboral, así como el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y la
jurisprudencia relacionada con la prohibición de instrumentalizar contratos sindicales para
el desarrollo de actividades misionales permanentes. Indicó además que las autoridades
judiciales otorgaron prevalencia a las formalidades contractuales sobre la realidad
material de la prestación del servicio, desconociendo el principio de primacía de la
realidad sobre las formas previsto en el artículo 53 de la Constitución Política.
Finalmente, afirmó que las decisiones accionadas desconocieron el precedente judicial
fijado por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia en materia de contrato
realidad, tercerización laboral y valoración de los indicios de subordinación, pues, aunque
citaron dicha jurisprudencia, omitieron aplicarla al caso concreto y concluyeron, sin
fundamento suficiente, que no existió relación laboral directa entre la accionante y el
Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E.
4. Trámite procesal
El 14 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela2 y se ordenó su notificación a la
accionante y a las autoridades judiciales accionadas, así como al Hospital Departamental
Mario Correa Rengifo E.S.E. de Santiago de Cali, a la Asociación Sindical de
Trabajadores del Sector Salud–Asosindisalud, a la empresa de servicios temporales
Serviprofesionales Ltda. y al Ministerio del Trabajo–Dirección Territorial del Valle del
Cauca, como terceros interesados. Igualmente, se solicitó al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y al Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali copia digital
del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
radicado No. 76001-33-33-018-2020-00005-01. Finalmente, se reconoció personería a
José Rodrigo Pulido Barbosa como apoderado de la accionante.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca contestó la acción de tutela3 y solicitó
declarar su improcedencia o, subsidiariamente, negarla, al considerar que la accionante
pretendía reabrir un debate estrictamente probatorio ya resuelto por el juez natural en dos
instancias. Señaló que la sentencia cuestionada realizó una valoración integral y
2 Cfr. SAMAI, índice 4.
3 Cfr. SAMAI, índice 16.
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Accionante: Nathaly Romero Ramírez
Acción de tutela–Primera instancia
razonada del acervo probatorio, incluyendo los testimonios y las resoluciones del
Ministerio del Trabajo, concluyendo que no se acreditó el elemento de subordinación
necesario para declarar la existencia de una relación laboral, sino únicamente una
coordinación funcional propia de la prestación de servicios en el sector salud.
En su escrito de contestación 4 , Serviprofesionales Ltda. manifestó que carecía de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la acción de tutela se dirigía
exclusivamente contra providencias judiciales y no contra actuaciones atribuibles a dicha
empresa. Indicó que la accionante estuvo vinculada como trabajadora en misión
mediante contrato de obra o labor entre el 1 de abril y el 6 de julio de 2016, y que las
autoridades judiciales ya habían valorado integralmente las pruebas relacionadas con
dicha vinculación, concluyendo que no se acreditaron los elementos estructurales del
contrato realidad, especialmente la subordinación jurídica.
Finalmente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito de Cali, remitieron copia digital del expediente5.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra las sentencias del
26 de agosto de 2022 y 24 de octubre de 2025, proferidas por el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante las cuales se negaron las pretensiones orientadas a declarar la existencia de
una relación laboral y el consecuente reconocimiento de acreencias laborales derivadas
del contrato realidad alegado por la señora Nathaly Romero Ramírez, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el Hospital Departamental
Mario Correa Rengifo E.S.E. y Serviprofesionales Ltda.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
4 Cfr. SAMAI, índice 18.
5 Cfr. SAMAI, índice 14 y 16.
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Accionante: Nathaly Romero Ramírez
Acción de tutela–Primera instancia
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 6 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela7.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha indicado, desde
2014, los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el
requisito de relevancia constitucional8: i) que el actor cumpla una carga argumentativa
suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales,
sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
6 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Accionante: Nathaly Romero Ramírez
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desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; ii)
Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.
Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los
elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de
relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen
a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:
«[…] la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal.»
Caso concreto
La señora Nathaly Romero Ramírez promovió acción de tutela contra las sentencias del
26 de agosto de 2022 y 24 de octubre de 2025, proferidas por el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al
considerar que dichas providencias vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo, a la igualdad y a la primacía de la realidad sobre las formas
La Sala advierte que, la tutela promovida por la señora Romero Ramírez será declarada
improcedente, toda vez que la solicitud no cumple con el requisito de relevancia
constitucional. Esto, pues la Sala observa que lo que pretenden los accionantes es reabrir
el debate que quedó zanjado en sede de instancia.
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Accionante: Nathaly Romero Ramírez
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Se observa que, como fundamentos de la acción de tutela, la accionante sostuvo que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico, defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, al no valorar adecuadamente las pruebas
testimoniales y documentales que, según afirma, acreditaban la existencia de
subordinación y de un contrato realidad con el Hospital Departamental Mario Correa
Rengifo E.S.E., así como al desconocer la jurisprudencia sobre tercerización laboral ilegal
y primacía de la realidad sobre las formas.
De la revisión del expediente, se observa que, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, en la sentencia accionada, mencionó lo siguiente:
«En lo que atañe al tercer elemento —la subordinación—, la Sala observa que este
no se encuentra demostrado en el proceso.
Del testimonio de Paula Andrea Herrera Morales17 (contratista de Asosindisalud)
se desprende que las decisiones clínicas y la organización del servicio se
adoptaban en el ámbito del programa por personal de Asosindisalud, no como
órdenes personales del Hospital. Dijo: “teníamos… un comité técnico-científico y
cualquier situación que se presentara en cuanto al manejo del paciente teníamos
que discutirlo con los médicos del programa y ellos aprobaban el tratamiento…” y,
sobre la programación operativa: “…eran programados… nosotros… paralizamos
unas rutas… yo tenía coordinadoras… cada coordinadora manejaba una EPS
distinta y ellas eran las que se encargaban de hacer las rutas”.
En la misma línea —sobre la autonomía técnica— consta: “…ella era autónoma en
sus decisiones para la función de su tratamiento… valoraba el paciente y definía
qué debía trabajar”.
Por su parte, la testigo Nora Estela Cortés Carrasquilla (Contratistisa de
Asosindisalud) describió una asignación logística del trabajo, no disciplinaria: “…se
le organizaba una ruta específica para que ella atendiera un número determinado
de pacientes”; y, ante contingencias (desacatos EPS), “…llamábamos… y le
pedíamos que suspendiera a los pacientes que estaba atendiendo y se fuera a
atender el paciente específico…”.
Incluso cuando señaló que “los permisos se debían solicitar en el hospital”, lo ubicó
en la lógica de asegurar continuidad en la atención y reprogramar rutas, sin
referencia a memorandos, sanciones o un poder disciplinario del Hospital sobre la
actora.
En conjunto, estas afirmaciones muestran coordinación del servicio (comité, rutas,
reasignaciones por exigencias asistenciales) y autonomía técnica de la terapeuta,
pero no subordinación (poder de mando y sanción) de la E.S.E.
Además de los contratos aportados al expediente se confirma que las entidades
ASOSINDISALUD y SERVIPROFESIONALES LTDA. actuaron con plena
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autonomía técnica y administrativa en la ejecución de los servicios asistenciales,
sin que el hospital ejerciera control jerárquico sobre su personal.
En efecto, el Contrato No. 023 de 201318, celebrado el 2 de enero de 2013 entre
el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E. y ASOSINDISALUD,
estableció en su cláusula primera:
“…. El contratista ejecutará el objeto materia de contratación en ejercicio de la
autonomía administrativa, técnica y directa que le asiste.”
Esta cláusula evidencia que la asociación contratista asumía de manera exclusiva
la dirección técnica y administrativa del personal a su cargo, conservando
independencia plena frente a la E.S.E.
Del mismo modo, el Contrato No. 030 de 201419, suscrito posteriormente entre las
mismas partes, mantuvo la misma estructura operativa al indicar que el objeto era
“la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de actividades
por procesos en el área asistencial”, sin introducir disposición alguna que otorgara
al hospital facultades de mando, control disciplinario o administración del talento
humano.
Por su parte, los contratos celebrados con SERVIPROFESIONALES LTDA.
reiteran ese modelo. Según lo recogido en la sentencia de primera instancia,
dichos instrumentos tuvieron por objeto “la prestación de servicios de apoyo en el
área asistencial del Hospital Mario Correa Rengifo E.S.E., mediante la provisión de
personal a cargo de la contratista”, y dispusieron que la empresa sería responsable
de “la dirección, coordinación y administración del recurso humano vinculado al
contrato”.
En conjunto, estas cláusulas —que consagran la autonomía administrativa y
técnica de los contratistas—, armonizadas con los testimonios rendidos por Paula
Andrea Herrera Morales y Nhora Stella Cortés Carrasquilla, demuestran que el
hospital no ejercía poder disciplinario ni podía impartir órdenes directas o aplicar
sanciones, limitándose únicamente a la supervisión general del convenio.»
En ese contexto, contrario a lo sostenido por la accionante, la sentencia proferida dentro
del proceso ordinario no incurrió en defecto fáctico, pues el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca efectuó una valoración conjunta de las declaraciones testimoniales y de
los contratos suscritos entre el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E.,
Asosindisalud y Serviprofesionales Ltda., concluyendo que las actividades desarrolladas
por la demandante se enmarcaban en dinámicas de coordinación y organización del
servicio asistencial, sin que existiera prueba de subordinación o de ejercicio de poder
disciplinario por parte de la E.S.E. En particular, consideró que aspectos como la
organización de rutas, la programación de pacientes, la supervisión del servicio, el uso
de uniforme o carné institucional y la solicitud de permisos respondían a mecanismos de
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articulación operativa y continuidad en la prestación del servicio de salud, mas no a
manifestaciones de una relación laboral subordinada.
De igual forma, de acuerdo a lo anterior, no se observa que la autoridad judicial haya
incurrido en una valoración arbitraria del material probatorio. Por el contrario, se observa
que el juez sí realizó un análisis del acervo probatorio y de esos mismos argumentos
planteados por la accionante y concluyó que:
«81. Si bien el recurso de apelación formulado por la parte demandante aduce de
manera genérica que el a quo omitió valorar debidamente las pruebas testimoniales
y documentales, la Sala advierte que dichas pruebas — (en especial los testimonios
de Nhora Stella Cortés Carrasquilla y Paula Andrea Herrera Morales, solicitados por
la propia parte actora—) fueron analizadas en su integridad.
82. Como se explicó en los numerales 69 a 73, ambas declarantes coincidieron en
que la organización del trabajo, la programación de turnos y la adopción de
decisiones técnicas provenían de los coordinadores y comités de
ASOSINDISALUD, y no del Hospital Mario Correa Rengifo E.S.E. Así, sus
testimonios no acreditan subordinación, sino una relación de coordinación funcional
y autonomía técnica en la ejecución de las labores asistenciales.
83. En consecuencia, el cargo de indebida valoración probatoria carece de sustento,
pues las declaraciones fueron ponderadas y su contenido, lejos de respaldar las
pretensiones de la demanda, refuerza la conclusión de ausencia de vínculo laboral
directo.»
Esta Sala advierte que la acción de tutela no procede para controvertir la apreciación
probatoria efectuada por el juez natural, salvo que se trate de una valoración caprichosa,
arbitraria o abiertamente irrazonable, lo cual no ocurre en el presente caso. En realidad,
lo que se evidencia es la inconformidad de la actora con el resultado del análisis
efectuado en sede ordinaria.
En ese contexto, observa la Sala que lo planteado por la accionante corresponde a un
mero desacuerdo con la sentencia de segunda instancia, en tanto pretende que el juez
constitucional imponga una determinada forma de analizar las pruebas y las normas
aplicables al caso. Por lo tanto, la controversia planteada no evidencia una vulneración
directa de derechos fundamentales, sino una discrepancia de la accionante con el
ejercicio legítimo de la función jurisdiccional.
Finalmente, se advierte que, la accionante planteó sustancialmente los mismos
argumentos que ahora expone en la acción de tutela, los cuales ya fueron analizados
por las autoridades judiciales que conocieron del proceso. De esa forma, en el caso en
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Accionante: Nathaly Romero Ramírez
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concreto no existe relevancia constitucional, pues la accionante se limita a reiterar los
mismos planteamientos formulados en el proceso ordinario.
En suma, la Sala concluye que las sentencias del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali, estuvieron debidamente
motivadas, fueron razonables, respetaron los límites de la autonomía judicial y aplicaron
correctamente el derecho sustancial. Los cargos formulados por la accionante en sede
de tutela se limitaron a reiterar su desacuerdo con la interpretación adoptada y a intentar
reabrir un debate judicial ya resuelto de manera definitiva.
Dicho lo anterior, al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la
autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe
la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es
una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las razones
expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional.
La sentencia reprochada fue dictada dentro del marco de la legalidad, con sujeción al
precedente judicial y al principio de seguridad jurídica. En consecuencia, no se configura
vulneración de derecho fundamental alguna y el amparo se declarará improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Nathaly Romero Ramírez
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito de Cali, por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Accionante: Nathaly Romero Ramírez
Acción de tutela–Primera instancia
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
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