Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02488-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02488-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02488-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02488-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
15 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02488-00
Accionante: LUZ STELLA GALLEGO ISAZA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Desconocimiento del precedente y
defecto material o sustantivo / Régimen pensional exceptuado de los docentes oficiales.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad
social de la señora Luz Stella Gallego Isaza, porque el Tribunal Administrativo de
Antioquia incurrió en desconocimiento del precedente y defecto sustantivo al ignorar
la regla de exclusión de los docentes oficiales a la Ley 100 de 1993.
II. ANTECEDENTES
La demanda
2. El 27 de marzo de 2026, la señora Luz Stella Gallego Isaza, a través de
apoderado judicial, presentó acción de tutela para la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad
social.
3. Atribuyó la vulneración a las sentencias del 27 de septiembre de 2024 y del 29
de septiembre de 2025, proferidas, en su orden, por el Juzgado Sexto Administrativo
de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia. Estas providencias negaron
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
instaurada contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1 y el Distrito de Medellín. Al proceso se le
asignó el radicado 05001-33-33-009-2022-00073-00.
Hechos relevantes
4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Luz Stella Gallego Isaza atacó la Resolución 202250005773 del 24 de enero
de 2022, en la que las entidades demandadas negaron el reconocimiento de su
1 En adelante, FOMAG.
1
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02488-00
Accionante: Luz Stella Gallego Isaza
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
pensión de jubilación. A título de restablecimiento del derecho, se condene a
reconocer y pagar esta prestación, conforme a la Ley 91 de 1989 y las Leyes 33 y
62 de 1985.
5. Como fundamento de sus pretensiones, la actora sostuvo que ingresó al servicio
público de educación antes del 27 de junio de 2003 —fecha de entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003—, por lo que su pensión de jubilación debía ser reconocida
conforme a los requisitos previstos en las Leyes 33 y 62 de 1985 y en Ley 91 de
1989, y no con fundamento en la Ley 100 de 1993.
6. Bajo el amparo de esta normativa, adquirió el estatus pensional el 28 de febrero
de 2021.
7. El proceso correspondió al Juzgado Sexto Administrativo de Medellín, que, en
sentencia del 27 de septiembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda. A
la demandante no le eran aplicables las disposiciones de la Ley 33 de 1985, porque
para la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, contaba con 28 años y no
acreditó estar «vinculada a la docencia». Asimismo, destacó que, para el 25 de julio
de 2005, la actora solo tenía 406,58 semanas, cifra inferior a las 750 semanas de
cotización que exige el Acto Legislativo 1 de 2005.
8. Inconforme con la decisión, la señora Gallego Isaza apeló.
9. En sentencia del 29 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia confirmó la decisión de primera instancia. La demandante se vinculó al
servicio educativo el 25 de abril de 1997, de modo que, en principio, su régimen
pensional era el establecido en la Ley 91 de 1989 y en las leyes 33 y 62 de 1985.
Sin embargo, el 22 de julio de 2005, se expidió el Acto Legislativo 1 de 2005, que
fijó un límite temporal para beneficiarse de lo dispuesto en el régimen de transición
de la Ley 100 de 1993.
10. El parágrafo transitorio 4 del aludido acto legislativo estableció que el régimen
de transición de la Ley 100 «no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010;
excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan
cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la
entrada en vigencia del presente Acto Legislativo».
11. No obstante, para el 22 de julio de 2005, la señora Gallego Isaza contaba con
«aproximadamente 406 semanas cotizadas», es decir, no cumplía con el requisito
previsto en el Acto Legislativo 1. En consecuencia, le asistía razón a la entidad
demandada al negar el reconocimiento de la pensión solicitada, comoquiera que los
requisitos para el acceso a la pensión de la demandante son los establecidos en los
artículos 33 y 34 de la ley 100 de 1993, modificados por los artículos 9 y 10 de la
ley 797 de 2003.
Pretensiones
12. La accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales, dejar sin efectos
las sentencias del 27 de septiembre de 2024 y del 29 de septiembre de 2025, y
ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia que dicte una decisión de reemplazo
en la que resuelva «conforme a derecho el recurso de apelación».
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02488-00
Accionante: Luz Stella Gallego Isaza
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
Fundamentos de la demanda de tutela
13. Para la accionante, las sentencias cuestionadas adolecen de los siguientes
defectos: (i) material o sustantivo, por indebida interpretación y aplicación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Los docentes están excluidos de tal normativa
por mandato del artículo 279 ibidem; (ii) falta de motivación, porque, pese a que la
sentencia hizo alusión a la Ley 71 de 1988, el Decreto 1160 de 1989 y el Decreto
2709 de 1994, no explicó la relación que existe entre dichas normas ni se ocupó de
exponer cuál de ellas impone aplicar a los docentes el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993; (iii) desconocimiento de la sentencia de unificación proferida
por esta Corporación el 28 de agosto de 2018; y (iv) violación directa de la
Constitución.
14. La sentencia de segunda instancia no es clara con relación a los motivos que
descartaron el reconocimiento de su pensión de jubilación con los requisitos de la
Ley 33 de 1985, no hizo un estudio para establecer si los cargos de la apelación
estaban o no fundado y no explicó la conexión que existe entre las normas que se
citaron ni en cuál de ellas impone a los docentes cumplir el requisito del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
15. El certificado de tiempo de servicios y las demás pruebas aportadas con la
demanda demostraban que se vinculó al servicio educativo antes de que entrara en
vigor la Ley 812 de 2003, «razón por la cual ya se tenía una expectativa pensional
y se debe respetar».
16. En el fallo censurado solo se mencionó la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018; sin embargo, no se hizo un análisis de sus reglas de unificación,
en particular, el aparte en el que se aclaró que las reglas y subreglas previstas en
la providencia no eran aplicables a «los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, pues fueron exceptuados del Sistema Integral
de Seguridad Social por virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y su régimen
pensional está previsto en la Ley 91 de 1989».
17. El tribunal analizó indebidamente su situación jurídica y dio a entender que
pretende el reconocimiento de una pensión por jubilación —regulada por la Ley 71
de 1989—, lo que no es cierto.
18. El fallo cuestionado afecta significativamente su derecho al mínimo vital y móvil,
porque se afecta en un 52 % su ingreso mensual2. Además, no podía desmejorar
su situación pensional porque conforme al principio iura novit curia, el juez
administrativo «tiene que tomar decisiones que favorezcan al accionante, así esto
implique adaptarse a lo que en derecho le corresponde, así no haya sido solicitado».
Trámite en primera instancia
19. Mediante auto del 7 de abril de 20263, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra el Juzgado Noveno Administrativo Oral de Medellín
2 Aclaró que, «si bien actualmente no devenga una pensión de vejez, no es menos cierto que el
monto de la pensión no corresponde a su situación jurídica pensional, más teniendo en cuenta que
ya no se desempeña como docente porque el goce de su pensión se condicionó al retiro del servicio».
3 SAMAI, índice 4.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02488-00
Accionante: Luz Stella Gallego Isaza
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
y la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y vinculó, en
calidad de terceros con interés, al Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Asimismo, ordenó notificar a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
20. Ordenó al Juzgado Noveno Administrativo de Medellín remitir en calidad de
préstamo y en medio digital el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicación 05001-33-33-009-2022- 00073-00/01.
Intervenciones
21. El Tribunal Administrativo de Antioquia4 solicitó declarar improcedente la
solicutd de amparo, porque no satisface el requisito de relevancia constitucional.
Tampoco se configuran los defectos alegados por la parte actora, por lo que la
acción no está llamada a prosperar.
22. El Ministerio de Educación5 y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín6 también pidieron declarar improcedente la acción, porque
la parte actora pretende reabrir el debate ya zanjado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, utilizando la acción de tutela como una tercera
instancia. Adicionalmente, el ministerio pidió que se declare la falta de legitimación
en la causa por activa.
23. El Juzgado Noveno Administrativo de Medellín7 allegó copia digitalizada del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-3333-
009-202-00073-00.
24. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el FOMAG no
intervinieron, pese a que fueron debidamente notificados del auto admisorio de la
demanda8.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
25. Esta Subsección es competente para proferir sentencia de tutela de primera
instancia, en virtud de lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991, concordantes con el artículo 13 del reglamento interno
de esta corporación, contenido en el Acuerdo 80 de 2019.
4SAMAI, índice 14, documento electrónico con certificado E66C5EB25933B8AD
1F8B4678C93B9BAE 25CAE28D6A16C7E9 302D487F1A6E9A9B.
5 SAMAI, índices 15 y 17, documento electrónico con certificado E463528216D53C79
396F419FEF2322FA CFBBF4A7F58A75B5 516ACB670CDB75A1.
6 SAMAI, índices 16 y 18, documento electrónico con certificado 5D82515DB0C91264
0D1D81557093E321 691CDDA8BFE5E4D9 5EA226CC2FACD951.
7SAMAI, índice 13, documento electrónico con certificado F810209FEB48C577
D5C053EC13B5B95B C8CF783C9BFE3C41 CF949834B4ABABE2.
8 Fueron notificados a las siguientes direcciones electrónicas: tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co,
notjudicial@fiduprevisora.com.co, notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co y
agencia@defensajuridica.gov.co, el 9 de abril de 2026, tal como se puede observar en el índice 7 de
SAMAI.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02488-00
Accionante: Luz Stella Gallego Isaza
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
Problema jurídico
26. La Sala determinará si el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los
derechos fundamentales de la actora al aplicar la Ley 100 de 1993 para negar el
reconocimiento de la pensión de jubilación docente.
27. Para resolver el problema jurídico, verificará si se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De
superarse, se determinará si la autoridad judicial demandada incurrió en los
defectos alegados al decidir sobre los perjuicios reclamados.
Análisis de la Sala
Inmediatez
28. Se cumple este requisito, porque la sentencia de segunda instancia que se
cuestiona se profirió el 29 de septiembre de 2025 y se notificó el 30 de ese mismo
mes y año, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 27 de marzo de
2026. Este término resulta razonable.
Subsidiariedad
29. El artículo 86.3 de la Constitución, en armonía con el numeral 1 del artículo 6
del Decreto Ley 2591 de 19919, establece que la acción de tutela tiene un carácter
subsidiario, por lo que resulta improcedente ante la existencia de otros mecanismos
de defensa judicial, salvo que estos no sean eficaces o idóneos, o que sea necesario
evitar la concreción de un perjuicio irremediable10.
30. La presente acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, pues se
agotaron todos los medios judiciales ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico
para proponer la controversia que aquí se plantea.
Relevancia constitucional
31. La acción de tutela no es una instancia adicional para discutir aspectos
económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de los jueces naturales11.
Este mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas sobre la arbitrariedad,
capricho o irracionalidad de una decisión judicial.
9 «La acción de tutela no procederá (…) [c]uando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».
10 Al respecto, ver la sentencia T-108 de 2024.
11 En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las
autoridades judiciales de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación de los derechos fundamentales e (iii) impedir
que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02488-00
Accionante: Luz Stella Gallego Isaza
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
32. En este caso, la solicitud de amparo tiene relevancia constitucional, porque está
en discusión la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, al mínimo vital y a la seguridad social de la accionante. El debate gira en
torno al alcance y aplicación del Acto Legislativo 1 de 2005, y al régimen de
transición de los docentes oficiales.
Caso concreto
33. Se amparan los derechos fundamentales de la accionante, porque la sentencia
cuestionada desconoce el precedente jurisprudencial sobre la inaplicación del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 a los docentes oficiales. De ello deriva
una indebida interpretación y aplicación del parágrafo transitorio 4 del Acto
Legislativo 1 de 2005.
34. La Sección Segunda de esta Corporación ha reconocido la regla de exclusión
de los docentes oficiales a las disposiciones de la Ley 100 de 1993. En la sentencia
de unificación del 28 de agosto de 201812, precisó que los docentes afiliados al
FOMAG fueron exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por el artículo
279 de la Ley 100 de 1993. Por tal razón dichos servidores «no están cobijados por
el régimen de transición».
35. En un reciente pronunciamiento13 —que la accionante invocó como
desconocido—, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
reiteró que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del Sistema Integral de
Seguridad Social a los servidores afiliados al FOMAG14, y que obligarlos a que se
rijan por el régimen de transición del artículo 36 ibidem contradice el artículo 81 de
la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 1 de 2005, que
precisamente exoneraron de la aplicación de la Ley 100 a tales docentes «con el
único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio de 2003 sin supeditarlo al
cumplimiento de otros».
36. En contraposición, el Tribunal Administrativo de Antioquia en principio admitió
que el régimen pensional que favorecía a la actora era el establecido en la Ley 91
de 1989 y las Leyes 33 y 62 de 1985; no obstante, indicó que, el 22 de julio de 2005,
se expidió el Acto Legislativo 1, cuya finalidad «fue la sostenibilidad financiera del
sistema pensional», por lo que, en virtud de aquel se fijaron unos límites temporales
a la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
37. El parágrafo transitorio 4 de ese acto legislativo determinó que los beneficios del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 solo se aplicarían hasta el 31 de julio
de 2010, salvo para los trabajadores que estando, en principio, amparados por dicha
norma transicional tuvieran cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en
tiempo de servicios a la entrada en vigor del acto legislativo. Sin embargo, el historial
laboral de la señora Gallego Izasa daba cuenta de que, al 25 de julio de 2005, solo
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 28
de agosto de 2018, rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2024, rad.
66001-23-33-000-2020-00492-01.
14 Este mismo criterio fue expuesto por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación
en la sentencia del 7 de octubre de 2021, rad. 20001-23-33-000-2018-00119-01.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02488-00
Accionante: Luz Stella Gallego Isaza
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
contaba con, aproximadamente, 406 semanas cotizadas, lo que impedía la
aplicación de los beneficios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
38. La Sala advierte que el Tribunal accionado pasó por alto que la norma aplicable
a la situación jurídica de la accionante era el parágrafo transitorio 1 del referido acto
legislativo. Regulación especial para los docentes oficiales que, en palabras de la
Corte Constitucional15, refrendó lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y le otorgó efectos ultractivos transitorios al régimen docente que regía con
anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada reforma legal.
39. El artículo 81 ibidem dispone que el régimen prestacional de los docentes
oficiales que se encontraban vinculados al servicio público educativo era el
establecido para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de esa ley.
40. Lo anterior demuestra que el Tribunal accionado derivó las consecuencias
jurídicas de una norma que no era aplicable al caso de la señora Gallego, porque
su situación jurídica no se acompasa con los supuestos fácticos previstos en el
parágrafo transitorio 4 del Acto Legislativo 1 de 2005, sino de su parágrafo
transitorio 1.
41. Además, según la jurisprudencia referida, aplicar el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 impone a la docente cargas adicionales para acceder a la pensión que el
legislador no previó.
42. En consecuencia, la Sala dejará sin efectos la sentencia del 29 de septiembre
de 2025, al encontrar configurados los defectos de desconocimiento del precedente
jurisprudencial y sustantivo o material. Se ordenará a la Sala Séptima de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia que profiera una decisión de reemplazo en
la que aplique el precedente de la Sección Segunda de esta Corporación y observe
las normas aplicables a la situación jurídica de la demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, al mínimo vital y a la seguridad social de la señora Luz Stella Gallego Isaza.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 29 de septiembre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-009-2022-00073-01, para
que, en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de este
fallo, profiera una decisión de reemplazo, conforme a lo señalado en la parte motiva.
15 Corte Constitucional, sentencia T-297 de 2020.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02488-00
Accionante: Luz Stella Gallego Isaza
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
TERCERO. NOTIFICAR la presente providencia a las partes y a los interesados por
el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. Si no se impugna esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
8
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.