Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02494-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02494-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02494-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
21 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C, veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02494-00
Accionante: LUZ INÉS DE JESÚS BEDOYA OLAYA, ROSA EMILIA DE
JESÚS BEDOYA OLAYA, RAMIRO DE JESÚS BEDOYA
OLAYA, ROSA MARÍA BEDOYA OLAYA, REINALDO DE
JESÚS BEDOYA OLAYA, MARÍA DE LOS DOLORES
BEDOYA OLAYA Y GLORIA CECILIA BEDOYA OLAYA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN Y JUZGADO NOVENO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de reparación directa que
negó pretensiones tendientes al resarcimiento de perjuicios por
muerte de civil a manos de integrantes de la fuerza pública. Defectos
fáctico, por desconocimiento del precedente judicial y por violación
directa de la Constitución
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Ramiro de Jesús Bedoya Olaya, Luz Inés de Jesús
Bedoya Olaya, Rosa Emilia de Jesús Bedoya Olaya, Rosa María Bedoya Olaya,
Reinaldo de Jesús Bedoya Olaya, María de los Dolores Bedoya Olaya y Gloria
Cecilia Bedoya Olaya, quienes actúan por conducto de apoderado judicial, contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión y el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Medellín.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 27 de marzo de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la dignidad humana y a la reparación integral, supuestamente vulnerados
por las autoridades judiciales accionadas.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso legal, acceso a la justicia,
reparación integral, vida en sus vertientes de proyecto de vida y vida digna, contenidos
en la Carta Política y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
2. Que en consecuencia se revoque la Sentencia 162 de 25 de septiembre de 2025
proferida por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y cuya
ponencia del Magistrado Jeiver Camargo Arteaga dentro del proceso de reparación
directa 05001-33-33-009-2015-01257-02.
3. Ordene a la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, emitir,
dentro de un plazo razonable, una nueva sentencia que sea garante de los derechos
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fundamentales alegados y de las obligaciones internacionales del Estado contenidas en
los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia”.
2. Hechos
Los demandantes relataron que el 15 de marzo de 2000, miembros activos y en
servicio de la Policía Nacional que trabajaban en connivencia con las Autodefensas
Unidas de Colombia, asesinaron al señor Fernando de Jesús Bedoya Olaya en los
alrededores del municipio de Angelópolis, Antioquia.
Señalaron que se adelantó proceso penal contra los ex agentes de la Policía
Nacional que participaron en el hecho, el cual en fallo de 12 de mayo de 2004 del
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia se declaró la
responsabilidad penal por la muerte del señor Fernando de Jesús Bedoya Olaya y,
a su vez, se les reconocieron 500 smlmv en favor de “los herederos”. Esa decisión
fue apelada y confirmada en sentencia de 9 de septiembre de 2005 por la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia.
Indicaron que, el 17 de noviembre de 2015, en ejercicio del medio de control de
reparación directa presentaron demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional, con el fin de que se declarara la responsabilidad del
Estado por la muerte del señor Fernando de Jesús Bedoya Olaya (familiar) como
parte de las ejecuciones sistemáticas y generalizadas de personas que consumían
sustancias alucinógenas o eran señaladas de cometer delitos menores. Por
consiguiente, solicitaron el resarcimiento de los perjuicios morales, daño relevante
a derechos constitucionales o convencionales y materiales en la modalidad de lucro
cesante. Asimismo, agregaron que el daño alegado constituye un delito de lesa
humanidad, razón por la cual no se configura la caducidad.
Afirmaron que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Medellín en fallo
de 9 de noviembre de 2020, declaró probada la excepción de caducidad propuesta
por la parte demandada y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda,
al considerar que los demandantes contaron con la certeza del daño desde el
momento en que quedó ejecutoriada la decisión del proceso penal que se adelantó
contra los integrantes de la Policía Nacional que habían participado en los hechos
dañinos en los que murió el familiar de los accionantes, es decir, el 10 de mayo de
2006, por lo que el medio de control debió presentarse a más tardar el 11 de mayo
de 2008, sin embargo, la solicitud de conciliación se radicó el 1 de julio de 2015,
mientras que la demanda se interpuso el 17 de noviembre de 2015. Lo anterior, con
sustento en las reglas desarrolladas en la sentencia de unificación de 29 de enero
de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Para terminar, manifestaron que contra la anterior decisión interpusieron recurso
de apelación. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante sentencia de 25 de septiembre de 2025, la confirmó
integralmente, aunque precisó que la caducidad debía analizarse desde el
momento en que se notificó la decisión de segunda instancia del proceso penal en
el que se condenó al agente de la Policía Nacional, es decir, el 9 de septiembre de
2005, por lo que los demandantes contaban hasta el 10 de septiembre de 2007, en
consecuencia, para el 17 de noviembre de 2015, cuando se radicó la demanda se
habían superado los 2 años.
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3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que la solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia, pues i) el asunto goza de relevancia constitucional, en
tanto “la transgresión a los Derechos Fundamentales, causante de daños
antijurídicos, se ocasiona en virtud de la comisión una grave violación a los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, como lo es el
secuestro y asesinato de sujetos protegidos por las normas del DIH, aunado al
hecho que estamos hablando de una plataforma fáctica en la que producto del
funcionamiento de una Empresa Criminal Conjunta se acabó con la vida cientos de
personas dentro de un marco generalizado y sistemático. Asimismo, aseguró que
ii) no cuenta con otro medio de protección judicial y efectivo, iii) la acción de tutela
se presentó en un término razonable, iv) se refirieron a las irregularidades
procesales en la que supuestamente incurrieron las autoridades judiciales
accionadas, v) se identificaron los hechos y derechos vulnerados y vi) las
providencias objetadas no se profirieron en otra tutela.
De otro lado, afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el
defecto fáctico, toda vez que la valoración de la prueba que realizaron las
autoridades judiciales accionadas fue arbitraria, irracional y caprichosa.
Sostuvo que en las sentencias objetadas se menciona la declaración de la señora
Rosa Emilia Olaya de Bedoya ante el Ministerio Público, sin embargo, “su análisis
no explica por qué desconoce el precedente interamericano que determina
inexistencia de caducidad, tampoco analiza las situaciones contextuales que
impidieron a los demandantes acudir a la justicia y la aplicación de las reglas de las
sentencias SU167/23 y SU439/24 de la Corte Constitucional”.
Agregó que “las dos sentencias objeto de la presente tutela argumentan lo mismo
para declarar la caducidad, el conocimiento de una de las demandantes respecto
de la participación de la Policía en virtud de una declaración de la señora Rosa
Emilia Olaya de Bedoya surtida ante la Procuraduría tres meses después de la
masacre de Angelópolis”, mas no analizaron en conjunto las pruebas obrantes en
el proceso penal ni la declaración de la señora Olaya de Bedoya sobre la que
fundaron la caducidad.
Señaló que las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta que en la
declaración de la señora Olaya de Bedoya manifestó que los responsables de la
muerte de su hijo “fueron paramilitares”.
Resaltó que ninguno de los demandantes hizo parte del proceso penal mediante la
figura de parte civil, “institución que es la prevista en la ley doméstica para conocer
un proceso penal, esto tampoco lo tuvo en cuenta las accionadas”.
Aseguró que las accionadas manifestaron que “la señora Magnolia Taborda que
presuntivamente era compañera de la víctima Fernando de Jesús Bedoya Olaya
constituye conocimiento, comprueba la falta de rigor en el análisis sistemático de la
prueba. Primero es absurdo otorgar el conocimiento de imputabilidad a los
demandantes por el conocimiento de un tercero que no participa en la acción, aún
así lo hacen. Pero justo es la situación de la señora Taborda la que confirma el
miedo y la imposibilidad de acudir a la justicia. No analizaron las accionadas que, si
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bien esta señora fue determinante en la condena contra Chávez Porras, la misma
Magnolia Taborda encarna la imposibilidad de acudir a la justicia. Tuvo que recibir
protección como testigo, se desplazó de su pueblo natal, le asesinaron a su hijo
como resultado de su intervención en el proceso penal, pues tanto él como su madre
(Magnolia) eran amenazados constantemente por paramilitares y policías (Proceso
Penal – Cuaderno 13 – folios 143 y s.s.). Aun así, pretenden las accionadas que
ante este panorama las y los demandantes hubiesen ido a buscar asesoría para
presentar una acción de reparación directa”.
Reprochó que en el proceso penal se evidenciaba la situación de miedo y zozobra
generalizada en la que se vivía en el municipio de Angelópolis, aunado al hecho de
que la Policía Nacional toleraba y ayudaba el accionar de grupos paramilitares,
razón por la cual no se atrevían a denunciar.
Afirmó que las autoridades judiciales accionadas no valoraron en debida forma las
declaraciones rendidas en el curso del proceso de reparación directa, de los que se
evidenciaba que los accionantes debieron abandonar el municipio de Angelópolis y
que tan solo para el año 2015 pudieron regresar a dicho municipio, en
consecuencia, la demanda fue presentada el 17 de noviembre de 2015, razón por
la cual “cualquier interpretación, incluso la más restrictiva no operó el fenómeno de
la caducidad dada la naturaleza continuada y permanente de la violación y la
imposibilidad de las víctimas de acceder a la administración de justicia dado el temor
y miedo que tenían para presentar las respectivas denuncias y demandas”.
De otro lado, alegó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
desconocimiento del precedente judicial, en tanto se desconocieron las
sentencias SU-167 de 2023 y SU-439 de 2024 de la Corte Constitucional, relativas
a las reglas de caducidad aplicables en casos de ejecuciones extrajudiciales, así
como el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que
determina el estándar de la imprescriptibilidad de las acciones reparatorias del daño
ante graves violaciones a los derechos humanos.
Señaló que las pruebas no se analizaron a partir de criterio de flexibilización al
momento de establecer el término de caducidad en virtud de la mencionada
jurisprudencia constitucional.
Resaltó que el estudio que se realizó de la declaración rendida por la señora Rosa
Emilia Olaya de Bedoya ante el Ministerio Público, en la que afirmó que "hay
comentarios que dicen que un policía, un tal Chávez" participó en el homicidio de
su hijo, el cual constituye un testimonio de oídas, mas no directo, además que
manifestó que el deceso de la víctima lo atribuía a grupos paramilitares.
Indicó que las autoridades judiciales accionadas “no revisaron el proceso penal para
saber que desde ese momento la mencionada persona tuvo que desplazarse, hacer
parte de un programa de protección, fue amenazada reiteradamente, le asesinaron
a su hijo Jhonatan presuntamente en razón de su participación en el proceso penal”.
Sostuvo que en el curso del proceso de reparación directa no se indagó sobre
cuándo fue posible que los demandantes pudieron acceder a un abogado para
presentar la demanda, lo que constituye una violación directa de la subregla de
valoración contextual establecida en la SU-167 de 2023.
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Aseguró que lo manifestado por la señora Rosa Emilia Olaya de Bedoya en la
declaración rendida ante el Ministerio Público no establece la posibilidad razonable
de acudir a la jurisdicción, pues es una sospecha derivada de testimonios de oídas,
“pero no tenía cómo acceder a la justicia, tampoco tenía certeza de imputabilidad,
pues incluso también dijo que los que habían matado a Fernando eran
paramilitares”.
Mencionó que las autoridades judiciales accionadas tenían la obligación de analizar
el contexto del municipio de Angelópolis para el año 2000, el cual estaba bajo el
control paramilitar en connivencia con la Policía Nacional, además de las amenazas
a la familia, desplazamiento y condición rural de las víctimas. Es decir, no aplicaron
un enfoque contextual y violaron el principio pro damnato al imponer una lectura
formal y rígida de la caducidad.
Agregó que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en fallo
de tutela de 30 de julio de 2020, se indicó que al momento de la presentación de la
demanda operaba un régimen de “incaducabilidad” de las acciones de resarcimiento
derivadas de delitos de lesa humanidad, sin embargo, las autoridades judiciales
accionadas omitieron su aplicación.
Adujo que en las providencias objetadas se desconocieron las decisiones proferidas
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Órdenes Guerra
vs Chile y Familia Julien Grisonas vs Argentina, con el fin de que inaplique el término
de caducidad cuando se pretende la reparación de un daño como consecuencia de
un delito de lesa humanidad y de graves violaciones de derechos humanos.
Finalmente, manifestó que se configuró la violación directa de la Constitución,
“específicamente al principio de igualdad, al debido proceso legal, acceso a la
justicia y en especial al Bloque de Constitucionalidad expreso en el artículo 93
superior”. Igualmente, resaltó que desde el caso Almonacid Arellano vs Chile, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la obligatoriedad de aplicar
el control de convencionalidad.
4. Trámite procesal
Por auto de 6 de abril de 2026, el magistrado sustanciador admitió la demanda
respecto de los señores Ramiro de Jesús Bedoya Olaya, Luz Inés de Jesús Bedoya
Olaya, Rosa Emilia de Jesús Bedoya Olaya, Rosa María Bedoya Olaya, Reinaldo
de Jesús Bedoya Olaya, María de los Dolores Bedoya Olaya y Gloria Cecilia Bedoya
Olaya. Adicionalmente, se ordenó la notificación a estos y a las autoridades
judiciales accionadas.
De igual modo, se vinculó al Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, como
terceros con interés. Igualmente, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 62694 a 62703 de
8 de abril de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
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5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de
Decisión
El magistrado ponente de la decisión de segunda instancia manifestó que en la
sentencia de 25 de septiembre de 2025 se encuentran los argumentos de hecho y
de derecho que sustentan la decisión.
5.2. Respuesta de la Policía Nacional
La asesora del Grupo de Asuntos Legales pidió que se negaran las pretensiones
de la acción de tutela, por resultar improcedente para discutir sobre la caducidad
del medio de control de reparación directa.
Afirmó que en atención a la sentencia de unificación de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, es dable concluir que en el presente asunto operó la caducidad
del término para interponer la demanda, pues feneció el 10 de septiembre de 2007
y la demanda no fue incoada sino hasta el 17 de noviembre de 2015, lo que superó
ampliamente los 2 años establecidos en el CPACA, al no advertirse elementos que
justificaran una flexibilización del cómputo por falta de conocimiento de la
participación estatal.
5.3. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Medellín, a pesar de que
se le notificó en debida forma el auto admisorio y que remitió el link de acceso al
expediente ordinario, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia y el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Medellín vulneraron
los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la dignidad humana y a la reparación integral de los accionantes, al
declarar la excepción de caducidad en el proceso de reparación directa que
adelantaron contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
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Accionante: Luz Inés de Jesús Bedoya Olaya y otros
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos1 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos2, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20123, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 4, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20055.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico6; (ii) Defecto procedimental absoluto7; (iii) Defecto
fáctico8; (iv) Defecto material o sustantivo9; (v) Error inducido10; (vi) Decisión sin
1
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
2
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
3
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
4
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
6
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
7
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
8
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
9
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
10
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
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motivación11; (vii) Desconocimiento del precedente12 y (viii) Violación directa de la
13
Constitución .
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo14 y de la Corte Constitucional15.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que, en el presente caso, i) la acción de tutela es de evidente
relevancia constitucional, pues debe definirse si con la sentencia de 25 de
septiembre de 2025 de la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, por medio de la cual se confirmó la de 9 de noviembre de 2020 del
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Medellín, por medio de la cual se
declaró probada la excepción de caducidad en el proceso de reparación directa, en
el que se pretendía el resarcimiento de los perjuicios causados a los demandantes
por la muerte de un familiar a manos de un agente de la Policía Nacional en
connivencia con grupos paramilitares, se limitó el contenido, alcance y disfrute de
los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la dignidad humana y a la reparación integral de los accionantes.
Además, porque aun cuando en ambas instancias se haya declarado la caducidad
del término para interponer la demanda, por el relato de la parte actora se trata de
un caso que puede estar relacionado con graves violaciones a los derechos
humanos, lo que hace evidente su importancia y relevancia constitucional.
En el caso se observa que con los reparos expuestos no se propone una discusión
económica o legal, ni se reabre el debate litigioso, porque los argumentos que
sustentan la solicitud se encaminan a demostrar la supuesta configuración de los
11
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
12
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
13
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de 2023 y SU-061
de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
14
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de
diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C.
P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
15
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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defectos fáctico, por desconocimiento del precedente judicial y violación directa de
la Constitución por parte de las autoridades judiciales accionadas.
Por último, ii) los demandantes no cuentan con otro mecanismo de defensa judicial,
en tanto no se evidencia prima facie que se configure alguna de las causales de
procedencia del recurso extraordinario de revisión y de unificación de jurisprudencia
iii) la solicitud de amparo se presentó dentro de los seis (6) meses 16 establecidos
como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional17;
(iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la
acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.
4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos fáctico, por
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución
alegado
La parte actora sostiene que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda
de Decisión y el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Medellín vulneraron
los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la dignidad humana y a la reparación integral, al supuestamente incurrir
en los defectos fáctico, por desconocimiento del precedente judicial y violación
directa de la Constitución, al declarar probada la excepción de caducidad del
término para interponer la demanda de reparación directa y, en consecuencia, negó
las pretensiones, en la que se pretendía el resarcimiento de los perjuicios causados
por el asesinato del señor Fernando de Jesús Bedoya Olaya a manos de un
integrante de la Policía Nacional en connivencia con grupos paramilitares.
Con el fin de resolver los defectos alegados, se realizará un breve recuento de las
actuaciones adelantadas en el proceso ordinario, así:
El 17 de noviembre de 2015, los accionantes presentaron demanda de reparación
directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el
fin de que se declarara la responsabilidad del Estado, por la muerte del señor
Fernando de Jesús Bedoya Olaya (familiar) ocurrida el 15 de marzo de 2000, como
parte de las ejecuciones sistemáticas y generalizadas de personas que consumían
sustancias alucinógenas o eran señaladas de cometer delitos menores en el
municipio de Angelópolis.
Entre otros argumentos, se refirió a la inoperancia de la caducidad, para lo cual los
demandantes manifestaron que el daño alegado constituye un delito de lesa
humanidad.
Mencionaron que la imprescriptibilidad de las acciones penales, civiles,
administrativas y disciplinarias frente a los crímenes internacionales es una norma
de derecho internacional, la cual en un primer momento fue consuetudinaria, pero
ahora fue positivizada, siendo reconocida además en reiterada jurisprudencia
proferida por diferentes Cortes Internacionales, para lo cual mencionó la decisión
de la Corte IDH que resolvió el caso La Cantuta vs Perú.
16
La providencia objetada es de 25 de septiembre de 2025, notificada el 29 de septiembre de 2026 y la acción de tutela se
instauró el 27 de marzo de 2026, es decir, dentro del plazo razonable de los seis (6) meses.
17
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Agregaron que las decisiones del Consejo de Estado “son coherentes con el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y todos los principios que
permean el mismo, además han venido siendo ratificadas por la Jurisprudencia de
la Corporación, admitiendo casos emblemáticos como el del Palacio de Justica, y
otros no tan emblemáticos pero que constituyen delitos de lesa humanidad”.
Además, que en auto de 17 de septiembre de 2013, la Sección Tercera del Consejo
de Estado aceptó la tesis de que “la imprescriptibilidad de los delitos de lesa
humanidad se predica de todo tipo de acciones, estableciendo literalmente que el
derecho internacional impone obligaciones a los Estados en donde ‘el paso del
tiempo no genera consecuencia negativa alguna para acudir a solicitar la reparación
integral cuando se demanda la producción de daño (s). antijurídico (s) generados
por tales actos de lesa humanidad’”.
Asimismo, mencionó que la Corte Constitucional en la SU-915 de 2013, ordenó a
la Sección Tercera del Consejo de Estado que admitiera una demanda de
reparación directa que había sido rechazada por caducidad en un caso de una
víctima de delito de lesa humanidad, “concluyendo que con fundamento en los
valores de la carta y el Bloque de Constitucionalidad, las acciones resarcitorias de
las víctimas de delitos de lesa humanidad no caducan”.
El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Medellín en sentencia de 9 de
noviembre de 2020, declaró probada la excepción de caducidad propuesta por la
parte demandada y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
En primer lugar, se refirió a la responsabilidad del Estado en los eventos de
ejecuciones sumarias y, posteriormente, desarrolló un estudio de la caducidad
como presupuesto procesal, para lo cual, se refirió al artículo 164 de la Ley 1437
de 2011, así como a la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se establecieron las reglas
referentes al mencionado presupuesto procesal cuando se pretende la
indemnización con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de
guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial al Estado, la cual consistió en que “i) en tales eventos
resulta exigible el término para demandar establecido por el legislador; ii) este
plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa,
se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica
cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio
del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley”.
Luego, al abordar el caso concreto evidenció que el Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Medellín en sentencia de 12 de mayo de 2004 (radicado
núm. 2003-00038), condenó al señor Alejandro Chávez Porras, quien se
desempeñaba como Agente de la Policía Nacional, a la pena privativa de la libertad
de 240 meses de prisión, al ser hallado coautor, penalmente responsable de los
homicidios del señor Fernando de Jesús Bedoya Olaya, entre otros. Esa decisión
fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala de
Decisión Penal, mediante fallo de 9 de septiembre de 2005.
En la decisión de primera instancia del proceso de reparación directa se evidenció
que en el proceso penal se tuvo en cuenta el testimonio de la señora Rosa Emilia
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Olaya López, del cual constató que la “madre del occiso Fernando de Jesús Bedoya
Olaya, tenía pleno conocimiento de la coautoría del servidor policial Alejandro
Porras Chávez, en los hechos en los que terminó muerto su hijo el señor Fernando
de Jesús y otros dos ciudadanos”. Aunado a la denuncia presentada ante la
Procuraduría General de la Nación, en la que se evidenció el conocimiento por parte
de la señora Olaya López.
Asimismo, mencionó que la declaración rendida en el marco del proceso penal por
la señora María Magnolia Taborda Ángel (compañera de la víctima), demostraba
que los demandantes tenían conocimiento del daño imputable al Estado. Destacó
que la señora María Magnolia fue testigo presencial de los hechos y 3 meses
después solicitó ante la Procuraduría General de la Nación “protección para delatar
al agente Alejandro Chávez Porras como uno de los autores de la violenta occisión
de su colateral Carlos Mario, y su compañero sentimental Fernando de Jesús” y
que su declaración tardó en recepcionarse “casi dos años, por cuanto se precisaba
de garantizar la seguridad de la axial declarante, lo que fue solicitado por la
Procuraduría”.
Pese a lo anterior, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Medellín
consideró que el conocimiento por parte de los familiares del señor Fernando de
Jesús Bedoya Olaya, resultaba incontrovertible con la sentencia penal en contra del
integrante de la Policía Nacional, la cual quedó ejecutoriada el 10 de mayo de 2006,
debido a que se interpuso recurso extraordinario de casación, el cual fue inadmitido,
por lo que la decisión quedó ejecutoriada.
Así las cosas, concluyó que “en el presente caso debe contabilizarse desde el 10
de mayo de 2006, en esa medida el plazo de dos (2) años venció el día 11 de mayo
de 2008, fecha muy anterior a la fecha de presentación de solicitud de conciliación
que data del 1 de julio de 2015 (fl.220), así como también de la radicación de la
demanda que fue presentada el 17 de noviembre de 2015 (fl. 222)”.
Los demandantes interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión,
para lo cual sostuvieron que el a quo omitió dos asuntos fundamentales, “en la
contención y planteados por la parte demandante en los alegatos conclusivos, a
decir: i) realizar un control de convencionalidad y en consecuencia inaplicar la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y ii) analizar la caducidad desde
el momento en el que los demandantes pudieron acceder efectivamente a la
administración de justicia, pues como se dirá en lo sucesivo, no es solamente
conocer el daño y la imputabilidad del mismo al Estado, sino tener la posibilidad de
acceder a la justicia, pues como se dijo, en el presente caso los demandantes
fueron víctimas de desplazamiento forzoso y siempre vivieron bajo el temor de
acudir a la justicia en virtud de las amenazas que se presentaron en contra de su
vida e integridad”.
Indicaron que un juez en el rol de fallador de convencionalidad, debe concluir que
no opera la caducidad del término para presentar la demanda de reparación directa,
aun cuando tal decisión obligue al apartamiento del precedente judicial, o por lo
menos, aplicar el mismo de una manera "convencional — constitucional (racional)",
advirtiendo que, en todo caso, “la decisión de la señora Jueza de Primera Instancia
abre la competencia complementaria de los órganos Internacionales de naturaleza
judicial y cuasi—judicial para conocer del presente asunto en virtud de la violación
inicial, es decir el homicidio de Luis Fernando Bedoya Olaya, así como la
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revicitimización por vía judicial generada por la negación de las pretensiones bajo
la aplicación de figuras inconvencionales”. Para sustentar este argumento, los
accionantes mencionaron las decisiones proferidas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en los casos de Órdenes Guerra vs Chile y Gelman vs
Uruguay.
De otro lado, indicaron que la sentencia penal de 9 de septiembre de 2005 proferida
por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia,
en la que se condenó al agente Alejandro Chávez Porras, no fue notificada a la
familia Bedoya Olaya, pues estos no se encontraban constituidos como parte civil,
tampoco fueron contactados por la Fiscalía General de la Nación para el efecto,
más aún estos se encontraban desplazados para ese momento, razón que de suyo
demuestra que los accionantes no conocieron esta condena.
Agregaron que “no accedieron a la jurisdicción contencioso administrativa
amparados en el temor insuperable que tenían para acceder a la justicia, máxime
cuando la misma institucionalidad en cabeza de la Fuerza Pública demostró niveles
de corrupción y criminalidad abismales, además, esta familia fue desplazada desde
la fecha de ocurrencia de los hechos hasta el año 2015 aproximadamente conforme
lo manifestaron los testigos que comparecieron ante el Despacho”.
Insistieron en que “si bien los testigos no retrataron una fecha exacta de retorno,
fueron convincentes que el mismo se produjo hace 4 ó 5 años, y, en ese sentido,
tenemos que la demanda fue presentada el 17 de noviembre de 2015”.
Finalmente, manifestaron que “supieron que la Policía Nacional participó en el
homicidio de las víctimas, pues era notorio el contubernio criminal entre estos y las
Autodefensas, sin embargo, como lo dijeron los declarantes en este proceso, así
como en el penal, reinaba el miedo y nadie se atrevía a acudir a la justicia, además,
como se advirtió, la familia Bedoya Olaya fue desplazada, por lo que solo tuvieron
una posibilidad REAL de acceder a la administración de justicia, hasta el año 2015,
cuando retornaron y fueron contactados por el suscrito abogado conforme ya se
explicó supra”.
La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia mediante
sentencia de 25 de septiembre de 2025, confirmó la decisión de primera instancia,
aunque precisó que la caducidad debía analizarse desde el momento en que se
notificó la decisión de segunda instancia del proceso penal en el que se condenó al
agente de la Policía Nacional, la cual fue 9 de septiembre de 2005, por lo que los
demandantes contaban hasta el 10 de septiembre de 2007, en consecuencia, para
el 17 de noviembre de 2015, cuando se radicó la demanda se había superado el
término de los 2 años.
En primer lugar, el Tribunal señaló que al proceso se allegaron las siguientes
pruebas: sentencias de 12 de mayo de 2004 del Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Antioquia y de 9 de septiembre de 2005 de la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, mediante las cuales se condenó
penalmente a un agente de la Policía Nacional por el homicidio del señor Fernando
de Jesús Bedoya Olaya y se concretó la suma de 500 smlmv por perjuicios morales
para “los herederos”. Igualmente, la resolución de acusación de 5 de junio de
2014, expedida por la Fiscalía Novena de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario en contra del ex agente Robinson
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Gonzalo Ceballos como coautor del homicidio del señor Fernando de Jesús Bedoya
Olaya, la sentencia de 6 de abril de 2015 del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín, copia del libro de población, el registro civil de defunción núm.
03636096 del señor Fernando de Jesús Bedoya Olaya donde se estipula como
fecha de fallecimiento el 15 de marzo de 2000, el expediente del proceso penal que
se tramitó ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín y
se practicaron los testimonios de los señores Jesús Antonio Marín Quiroz, Norberto
de Jesús Gómez Pérez y Yuberly Henao.
Al realizar la valoración en conjunto de las pruebas constató que el señor Alejandro
Chávez Porras (ex agente de policía) fue condenado por el homicidio del señor
Fernando de Jesús Bedoya Olaya, a lo que agregó que en el curso del proceso
penal fue escuchada la señora Rosa Emilia Olaya López madre de la víctima junto
con otros testigos que lo señalaron de participar de manera directa en el hecho
delictivo y que también declararon ante la Procuraduría General de la Nación tres
meses después de los hechos, diligencia en la que al ser interrogada sobre si
conocía a los autores materiales de la muerte de su hijo manifestó que “hay
comentarios que dicen que un policía, un tal Chávez”.
Por consiguiente, el Tribunal consideró que los demandantes tenían conocimiento
de que el hecho dañino era imputable al Estado, pues además de participar
activamente en el proceso penal, se contaba con las decisiones del mencionado
proceso en el que se condenó a un ex agente de la Policía Nacional por el homicidio
de su familiar.
Luego, señaló que no se acreditó por parte de los demandantes, ni siquiera
mediante prueba sumaria, la existencia de circunstancias que hubiesen impedido
el ejercicio oportuno de su derecho de acción, pues de las pruebas el Tribunal
constató que los accionantes acudieron ante la Procuraduría General de la Nación
y la Fiscalía General de la Nación para denunciar los hechos y hacer valer sus
derechos como familiares de la víctima, lo que evidenciaba que no existía obstáculo
alguno para que también hubiesen acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
Por último, precisó que “tanto la jurisprudencia del Consejo de Estado como la de
la Corte Constitucional han sido reiterativas en afirmar que las decisiones de
unificación tienen efectos retrospectivos y son de obligatorio cumplimiento por parte
de las autoridades judiciales. En consecuencia, dichas decisiones deben ser
aplicadas en los procesos que se encuentren pendientes de resolución, ya sea en
primera o segunda instancia, toda vez que sobre estos no recae la figura de la cosa
juzgada”.
Efectuado el relato de los principales argumentos en los que se sustentó la decisión
objeto de tutela y que interesan al proceso, la Sala procede a abordar los defectos
de acuerdo con el planteamiento del problema jurídico, el cual se circunscribe a la
decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y que resolvió
definitivamente el proceso de reparación directa que adelantaron los accionantes.
En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se configura
cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso,
o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido
manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba
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sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de
determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no
procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al
ámbito funcional de esta jurisdicción”.
Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse el defecto
fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución18, o cuando se dan por establecidas circunstancias sin que exista
material probatorio que respalde su decisión19.
Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el debate
probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para resolver el
caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores manifiestos del
fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.
En torno con el desconocimiento del precedente judicial, es necesario precisar que
la Corte Constitucional ha dicho que su aplicación implica que20 «un caso pendiente
de decisión debe ser fallado de conformidad con el (los) caso (s) del pasado, sólo
(i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a
los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia
jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso
presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en
una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su
aplicación».
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas21:
1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer
las razones por las que estima que se desconoció15.
18
Sentencia T-781 de 2011. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
19
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
20
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
21
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado
de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre
el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del
precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial.
Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez
expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la
decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez
hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto 22.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho
a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la confianza
legítima.
Por otra parte, la violación directa de la Constitución se configura cuando el juez en
la decisión desconoce la Carta Política. Ello puede ocurrir, primero, porque no se
aplica una norma fundamental al caso en estudio, lo cual se presenta porque: (a) al
resolver el asunto se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional; (b) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos
fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme a la
Constitución.
En segundo lugar, porque se aplica la ley al margen de los preceptos consagrados
en la Constitución. En este evento, se ha señalado que los jueces, en sus fallos,
deben tener en cuenta la excepción de inconstitucionalidad contenida en el artículo
4º Superior, en tanto la Carta es norma de normas, y cuando existe incompatibilidad
con las disposiciones legales, debe aplicarse de preferencia las constitucionales 23.
Descendiendo al asunto bajo examen, los demandantes alegan que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico, toda vez que la valoración de
la prueba que realizaron fue arbitraria, irracional y caprichosa.
Al respecto, se evidencia que la parte actora señala que la valoración que realizaron
las autoridades judiciales accionadas de la declaración de la señora Rosa Emilia
Olaya de Bedoya no fue en conjunto, además que el estudio que se hizo de esta no
explica el desconocimiento del precedente interamericano relacionado con la
inexistencia de la caducidad, ni se analizó la situación referente al contexto que
impidieron a los demandantes acudir a la justicia.
Ahora bien, la Sala considera necesario precisar que la declaración de la señora
Rosa Emilia Olaya de Bedoya, junto con otras pruebas como el expediente del
proceso penal adelantado contra el ex agente de la Policía Nacional, fueron objeto
22
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se
demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de
juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren
a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto
de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
23
Sentencia SU-069 de 2018, M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
15
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de estudio por la autoridad judicial, con el fin de determinar el conocimiento cierto
de dicho daño, mas no con el fin de desconocer o inaplicar las decisiones de la
Corte IDH, razón por la cual no se puede abordar el defecto fáctico en los términos
planteados por la parte actora, más aún cuando los accionantes parten del hecho
de que se debe inaplicar el presupuesto procesal de la caducidad.
En efecto, se debe aclarar que en la sentencia objetada la autoridad judicial afirmó
que acogía la regla desarrollada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, en la que se estableció que la
caducidad del término para interponer la demanda de reparación directa
encaminada a que se accediera a las pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro
asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al
Estado, opera bajo las siguientes reglas: “i) en tales eventos resulta exigible el
término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de
la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde
cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u
omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones
que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez
superadas, empezará a correr el plazo de ley”.
Por consiguiente, el hecho de que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Decisión, decidiera aplicar la caducidad en atención de la regla de
unificación precisada por el órgano de cierre y que el estudio de las pruebas se
hiciera a partir de esta, no conlleva a que la valoración que se hizo de la declaración
de la señora Rosa Emilia Olaya de Bedoya sea irracional o ilegal como lo plantean
los demandantes. Aunado al hecho de que la obligatoriedad que genera la sentencia
de unificación que dispuso la aplicación del presupuesto procesal antes mencionado
cuando se pretenda la reparación de un daño ocasionados por delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra o graves violaciones.
De lo antes expuesto, no se observa que la valoración que realizaran las
autoridades judiciales accionadas respecto a la declaración de la señora Rosa
Emilia Olaya de Bedoya fue caprichosa o ilegal, pues se analizó en conjunto con los
demás elementos de juicio y conforme a las reglas de la sana crítica, al punto que
esta declaración que se tuvo en cuenta en el proceso penal y que, en un primer
momento, se surtió ante el Ministerio Público sirvió para establecer que el daño
resultaba imputable al Estado. Cuestión diferente es que no se ejerciera el derecho
de acción en un término oportuno, es decir, dentro de los 2 años.
Por otra parte, los demandantes señalan que la circunstancia de no haberse
constituido en parte civil en el proceso penal que se adelantó contra el ex agente de
Policía Nacional fue la razón por la que no pudieron tener conocimiento de las
actuaciones y las decisiones del proceso penal.
Al respecto, se debe aclarar que los demandantes tenían conocimiento del proceso
penal que se adelantaba contra los agentes de la Policía Nacional, pues la señora
María Magnolia Taborda Ángel, compañera permanente de la víctima, declaró en
calidad de testigo presencial del hecho y, adicionalmente, realizó reconocimiento en
filas. Igualmente, se tomaron las declaraciones de la señora Rosa Emilia Olaya, una
de estas durante la diligencia de inspección judicial en las instalaciones de la
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dirección nacional de investigaciones especiales de la Procuraduría General de la
Nación.
Lo anterior, desvirtúa el argumento referente al desconocimiento del proceso penal
y las decisiones proferidas en este por no constituirse como parte civil. En efecto, el
mencionado proceso adelantado contra los agentes de la Policía Nacional se tramitó
conforme a la Ley 600 del 2000, y si bien bajo dicho marco normativo la víctima
podía constituirse como parte civil de acuerdo con lo establecido en los artículos 45
a 55 de dicha normativa, lo cierto es que el hecho de que no lo hiciera fue una
decisión voluntaria de los demandantes, en tanto ya tenían conocimiento de su
existencia y, adicionalmente, esto no se les priva de conocer las decisiones que se
profirieron al culminar la etapa de juzgamiento24, pues bajo la mencionada norma el
juicio no goza de reserva como si lo es la etapa de investigación preliminar o previa
y la instrucción25. Adicionalmente, es de resaltar que en la sentencia condenatoria
se reconoció el pago de perjuicios a “los herederos” del señor Fernando de Jesús
Bedoya Olaya equivalente a 500 smlmv.
A lo anterior, se agrega que participaron en el proceso, ya sea por las declaraciones
que se les practicaron y que fueron valoradas en el mencionado proceso, así como
por el reconocimiento en filas que hizo la persona que se señaló de ser la
compañera de la víctima, es decir, tuvieron conocimiento de este proceso penal.
De otro lado, en lo referente a la indebida valoración de las declaraciones rendidas
en el curso del proceso de reparación directa y que demostraban la zozobra con
que se vivía en el municipio de Angelópolis, además que los familiares debieron
abandonar la zona y que tan solo volvieron en el año 2015, y que, en sentir de los
demandantes, demostraban que la demanda se presentó oportunamente.
La Sala, al verificar las declaraciones recibidas en el proceso de reparación directa
evidenció lo siguiente:
26
• El señor Jesús Antonio Marín Quiroz afirmó que “una niña (se refiere a
Magnolia Taborda), le decían los terremotos” vio lo sucedido con el familiar
de los accionantes y que cuando “ella empezó a hablar se tuvo que venir
porque se vio en peligro (…) pues ese fue el comentario que salió”, además
que cuando le preguntaron la manera en cómo se vio afectado el núcleo
familiar manifestó que la madre, señora Rosa Emilia Olaya de Bedoya, “a los
diitas, no sé en qué tiempo, en que transcurso, pero fue en poco tiempo, se
fue a vivir a Puerto Berrio, me parece, a vivir y estuvo mucho tiempo allá
y que para olvidar”.
Ahora bien, cuando se le preguntó por qué no había presentado la demanda
en ese entonces, el declarante respondió que “en ese tiempo el que hablaba
se moría”. Adicionalmente, a la pregunta relacionada con el momento en que
él consideraba que le daba tranquilidad para poder interponer una denuncia,
24
Ley 600 de 2000, artículo 14: Artículo 14. Publicidad. Dentro del proceso penal el juicio es público. La investigación será
reservada para quienes no sean sujetos procesales. Se aplicarán las excepciones previstas en este código.
25
El proceso penal desarrollado en la Ley 600 de 2000 está conformada por la etapa de la investigación preliminar, la
instrucción y juzgamiento. Mientras que las dos primeras se desarrollan bajo reserva de acuerdo el artículo 14 y 330 de la
mencionada ley. La etapa de juzgamiento, cuando se han introducido todas las piezas probatorias que estaban sujetas a
reserva, es pública.
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Minuto 10:00 a 37:00 del audio.
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contestó aproximadamente entre 2 a 3 años después de que ocurrió la
muerte de los familiares del demandante.
Luego, en una pregunta aclaratoria relacionada con el momento en que volvió
a tener contacto con la madre de la víctima manifestó que “cuando ella se
fue, fue por la causa de la muerte del hijo cierto, fue en ese momento,
porque ella lo decía” y que “se fue por una plata”.
Finalmente, cuando se le preguntó por amenazas contra la familia de la
víctima, afirmó que “no, conocimiento de amenaza, no. El conocimiento
que tengo es de Magnolia”.
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• El señor Norberto de Jesús Gómez Pérez manifestó sobre los problemas
de seguridad en la zona –municipio de Angelópolis-, porque había presencia
de las autodefensas, lo que generaba miedo.
Ante la pregunta relacionada por los familiares de la víctima este afirmó que
“les tocó irse y póngale hace 6 años que volvieron”. Asimismo, al
preguntársele por el momento en que consideró tener seguridad para
presentar denuncia el testigo mencionó que “por ahí unos 10 años” y al
referirse a la fecha de regreso de la madre de la víctima mencionó que “de 5
a 6 años”.
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• La señora Yuberly Henao se refirió a la presencia de grupos paramilitares,
quienes realizaban “limpieza social” junto con la Policía Nacional. Asimismo,
se le preguntó si los familiares de la víctima se fueron del pueblo y si conocía
las razones, la testigo aseguró que “ellos se fueron todos cuando asesinaron
al muchacho… ellos se fueron amenazados por los paramilitares”.
Asimismo, cuando se le preguntó por la manera en que supo que los habían
amenazado, esta manifestó que “no, solamente por boca de la familia, ellos
enterraron a Fernando y ese mismo se tuvieron que salir”.
De lo anterior, no se puede desconocer la zozobra y el miedo que existía en la zona
donde ocurrieron los hechos, el municipio de Angelópolis, sin embargo, de las
declaraciones de los testigos no se observa la existencia de alguna situación que
les impidiera a los accionantes ejercer materialmente su derecho de acción dentro
del término de los dos años posteriores a la notificación de la sentencia de segunda
instancia del proceso penal que se adelantó contra el ex agente de la Policía
Nacional, que fue el parámetro que se tuvo, en ambas instancias, para efectuar el
conteo del término de caducidad del término para interponer la demanda.
Más aún, del estudio conjunto de las pruebas, el Tribunal evidenció del proceso
penal que 3 meses después a la ocurrencia de los hechos se presentaron denuncias
y quejas ante el Ministerio Público, además que una testigo presencial y la madre
de la víctima declararon, elementos de juicio que fueron objeto de estudio en el
curso del mencionado proceso penal.
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Minuto 42:00 a 54:00 del audio.
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Minuto 55:00 a1:09:00 del audio.
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Igualmente, si bien por una parte la señora Yuberly Henao afirmó que los
accionantes se fueron del municipio por amenazas, lo cierto es que el señor Jesús
Antonio Marín Quiroz afirmó que la madre de la víctima se fue por olvidar lo sucedido
y por una plata, aunado al hecho de que no tenía conocimiento de amenazas, a lo
que se agrega que no se aportaron más pruebas encaminadas a demostrar el hecho
del desplazamiento forzoso.
Por consiguiente, resulta razonable la conclusión a que llegó el Tribunal al
considerar que los accionante no aportaron al menos prueba sumaria con el fin de
establecer que ostentaban la calidad de desplazado y que, el estudio del
presupuesto procesal de la caducidad se debía abordar, en otros términos.
Así las cosas, se evidencia que los demandantes no demostraron la configuración
del defecto fáctico alegado.
De otro lado, los accionantes alegaron el desconocimiento del precedente judicial,
en tanto, a su juicio, se desconocieron las sentencias SU-167 de 2023 y SU-439 de
2024 de la Corte Constitucional, el fallo de tutela de 30 de julio de 2020 de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y de la Corte IDH en
los casos de Órdenes Guerra vs Chile y Familia Julien Grisonas vs Argentina.
Al respecto, la sentencia SU-167 de 2023 la Corte Constitucional se pronunció en
un caso relacionado con la declaratoria de caducidad del medio de control de
reparación directa, en el que se solicitaba el pago de los perjuicios causados por
una ejecución extrajudicial, en la que los integrantes de las fuerzas militares
obstaculizaron el ejercicio del derecho de acción ocultando la verdad de los hechos,
aunado de que no se le brindó la posibilidad a los demandantes de adecuar sus
alegatos al nuevo cambio de postura de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
La anterior decisión no guarda similitud con el presente caso, toda vez que a los
demandantes no se les ocultó lo sucedido con su familiar, más aún cuando existió
una testigo presencial de los hechos que formuló denuncia ante el Ministerio Público
3 meses después de ocurrido el evento en que grupos paramilitares en connivencia
con la Policía Nacional asesinaron al señor Fernando de Jesús Bedoya Olaya.
Adicionalmente, los accionantes contaron con el recurso de apelación para adecuar
sus alegatos a la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, pues en el proceso ordinario el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Medellín en la decisión de primera instancia de 9 de
noviembre de 2020, aplicó la regla establecida en el mencionado fallo de unificación.
Igualmente, esta Sala considera necesario resaltar que en la sentencia SU-167 de
2023, la Corte Constitucional señaló que “específicamente, en relación con la
reparación de los daños antijurídicos ocasionados por delitos de lesa humanidad, (i)
el plazo razonable de dos años para acudir a la jurisdicción no se cuenta
necesariamente desde el momento en que se produce el daño que origina el
perjuicio, sino desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de la demanda de reparación directa
o la existencia de barreras en el acceso a la justicia debe ser analizada por el juez
contencioso administrativo competente, atendiendo a las particularidades de cada
asunto en concreto; y (iii) la aplicación del fallo de unificación de la Sección Tercera
del Consejo de Estado debe realizarse teniendo en cuenta la necesidad de
readecuar el trámite para brindar oportunidad a las partes de ajustarse a las nuevas
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cargas y posibilidades procesales que este contiene”. Es decir, para la Corte
Constitucional es aplicable el término de 2 años de caducidad, lo que resulta
contrario a lo pretendido por los accionantes, su inaplicación.
Frente a la sentencia SU-439 de 2024, la Corte Constitucional estudió varios casos
relacionados con la declaratoria de caducidad del medio de control de reparación
directa cuando se pretendió el pago de perjuicios por ejecuciones extrajudiciales y
en los que se accedió fue porque se optó por la verificación del presupuesto procesal
desde el momento en que los demandantes conocieron de la muerte de su familiar,
sin tener en cuenta la capacidad de acceder a la administración de justicia y el
contexto, así como la indebida valoración de las pruebas que demostraban que los
integrantes de las fuerzas militares los había acusado en un proceso penal por esos
hechos.
Al respecto, la Sala advierte que no está en el mismo escenario fáctico y que, por lo
tanto, no resulta aplicable la anterior decisión, pues la caducidad en este caso de
estudió desde el momento en que se notificó el fallo de segunda instancia del
proceso penal que declaró la responsabilidad penal de los agentes de la Policía
Nacional por la muerte del familiar de los accionantes, extremo posterior al
acaecimiento de la muerte de la víctima directa, a lo que se agrega que la autoridad
judicial accionada no contó con elementos de prueba adicionales que le permitieran
hacer la verificación del término de caducidad en otro momento, por haber existido
barreras que no hubieran permitido materialmente el ejercicio del derecho de acción.
De otro lado, la sentencia de tutela de 30 de julio de 2020 de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado accedió al amparo de los derechos
fundamentales de los accionantes, bajo el argumento de que al momento en que se
presentó la demanda la postura mayoritaria del Consejo de Estado era la
inaplicación de la caducidad. Sin embargo, ese pronunciamiento dista del presente
asunto, en tanto la valoración que se realizó en dicha decisión no fue a la luz de la
regla jurisprudencial desarrollada por la Sección Tercera del Consejo de Estado en
la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, lo que sí realizó el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
Por último, lo referente a las decisiones de la Corte IDH invocadas por la parte actora
se advierte que la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020 señaló que “el caso Órdenes Guerra y otros vs.
Chile no se interpretó la Convención Americana de Derechos Humanos a la luz de
reglas con contenido material similar a las que prevé nuestro Código Contencioso
Administrativo y la Ley 1437 de 2011, tal pronunciamiento no resulta vinculante para
resolver el presente asunto”, a lo que se agrega que la sentencia que resolvió el
caso Familia Julien Grisonas vs Argentina fue proferida el 23 de septiembre de
2021, es decir, que no fue analizada por esta Corporación ni por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-312 de 2020.
Así las cosas, la Sala tampoco encuentra que la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia haya incurrido en desconocimiento del
precedente judicial.
Finalmente, en relación con el alegato por violación directa de la Constitución, la
Sala no encuentra que en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia se haya desatendido algún contenido constitucional aplicable para
resolver el caso concreto, por el contrario la decisión contó con una importante
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argumentación que, resulta razonable, en términos del ejercicio del derecho de
acción, pues no se partió de una postura rígida a partir de la ocurrencia del hecho
dañoso, sino que tuvo en consideración circunstancias ulteriores, en concreto, la
condena penal impuesta a un agente del Estado en el año 2005, echando de menos
elementos de prueba adicionales que evidenciaran la existencia de barreras para
acceder a la justicia, con el fin de hacer una verificación del término de la caducidad
desde un momento posterior.
Por lo expuesto, se negarán las pretensiones de la acción de tutela, en tanto no se
demostró la configuración de los defectos fáctico, por desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por los señores
Ramiro de Jesús Bedoya Olaya, Luz Inés de Jesús Bedoya Olaya, Rosa Emilia de
Jesús Bedoya Olaya, Rosa María Bedoya Olaya, Reinaldo de Jesús Bedoya Olaya,
María de los Dolores Bedoya Olaya y Gloria Cecilia Bedoya Olaya, quienes actúan
mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Decisión y el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Medellín,
por las razones aquí expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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