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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02494-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02494-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del 21 de mayo de 2026 proferido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta que negó la solicitud de amparo. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02494-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02494-01
Demandantes: LUZ INÉS DE JESÚS BEDOYA OLAYA Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma negativa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 21 de mayo de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que
negó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Luz Inés de Jesús Bedoya Olaya y otros1, a través de apoderado judicial2,
instauraron acción de tutela3 contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Decisión4 y el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Medellín, con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la «reparación integral,
vida en sus vertientes de proyecto de vida y vida digna».

Las referidas garantías constitucionales las consideraron vulneradas con ocasión
de la sentencia del 25 de septiembre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Segunda de Decisión, que confirmó la providencia del 9 de

1
Ramiro de Jesús, Rosa Emilia de Jesús, Rosa María, Reinaldo de Jesús, María de los Dolores y
Gloria Cecilia Bedoya Olaya.
2
Índice 2 de Samai de primera instancia. Poder debidamente otorgado al abogado Juan Esteban
Montoya Hincapié, a través de mensaje de datos y presentación personal.
3
El mecanismo constitucional fue presentado el 27 de marzo de 2026, por medio de la ventanilla
virtual del Consejo de Estado, identificado con el número de solicitud 23165.
4
Magistrados: Javier Camargo Arteaga, Álvaro Cruz Riaño y Verónica Gutiérrez Tobón.
1

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Demandantes: Luz Inés de Jesús Bedoya Olaya y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02494-01

noviembre de 2020 proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín en el medio de control de reparación directa iniciado contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nación, identificado con el radicado
05001-33-33-009-2015-01257-00/02.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

2. Que en consecuencia se revoque la Sentencia 162 de 25 de septiembre de 2025
proferida por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
y cuya ponencia del Magistrado Jeiver Camargo Arteaga dentro del proceso de
reparación directa 05001-33-33-009-2015-01257-02.

3. Ordene a la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia,
emitir, dentro de un plazo razonable, una nueva sentencia que sea garante de los
derechos fundamentales alegados y de las obligaciones internacionales del Estado
contenidas en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por
Colombia5.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

El 15 de marzo de 2000, falleció el señor Fernando de Jesús Bedoya Olaya en
hechos violentos derivados de la presencia de grupos paramilitares en el municipio
de Angelópolis (Antioquia) que ejercían control territorial en colaboración con
integrantes de la Fuerza Pública. Tales acontecimientos fueron objeto de
juzgamiento por la jurisdicción penal, posteriormente.

Como resultado de dicha investigación, el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Antioquia en sentencia del 12 de mayo de 2004 declaró
penalmente responsable al entonces agente de policía Alejandro Chávez Porras por
los homicidios de Fernando de Jesús Bedoya Olaya, Carlos Mario Taborda Ángel y
John Jairo Vásquez Saldarriaga. Dicha decisión fue confirmada parcialmente por la
Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia en providencia del 9 de septiembre
de 2005.

El 17 de noviembre de 20156, la señora Luz Inés de Jesús Bedoya Olaya y otros7

5
Transcripción literal que puede contener errores.
6
La solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada el 1° de julio de 2015.
7
Ramiro de Jesús, Rosa Emilia de Jesús, Rosa María, Reinaldo de Jesús, María de los Dolores y
Gloria Cecilia Bedoya Olaya.
2

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Demandantes: Luz Inés de Jesús Bedoya Olaya y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02494-01

promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra
la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el propósito de
obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el
reconocimiento de los perjuicios derivados del fallecimiento de su familiar, Fernando
de Jesús Bedoya Olaya.

Dentro de dicho proceso, la Policía Nacional propuso, entre otras excepciones, la
de caducidad, al considerar que los demandantes conocían desde varios años atrás
la participación de agentes estatales en los hechos y que, por ende, el término para
ejercer la acción había expirado mucho antes de la presentación de la demanda.

Mediante sentencia del 9 de noviembre de 2020, el Juzgado Noveno Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Medellín declaró probada la excepción de caducidad
formulada por la Policía Nacional y negó las pretensiones de la demanda. Para el
efecto, consideró que, aun cuando los demandantes tenían indicios anteriores sobre
la posible participación de agentes estatales en los hechos generadores del daño,
el término de dos años para ejercer el medio de control resultaba exigible desde la
ejecutoria de la sentencia penal condenatoria, ocurrida el 10 de mayo de 2006. Por
lo cual, señaló que la oportunidad para demandar había vencido, incluso, con
antelación a la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial.

Inconforme con dicha determinación, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, en el que insistió que los hechos eran constitutivos de una grave violación
de derechos humanos y que las condiciones de violencia, temor, desplazamiento y
vulnerabilidad que rodearon a la familia impedían considerar que existía una
posibilidad real y efectiva de acudir oportunamente a la jurisdicción. En
consecuencia, solicitaron que, en realización de un control de convencionalidad se
inaplicara el fenómeno de la caducidad o, por lo menos, se flexibilizara su
interpretación.

En fallo del 25 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Decisión, confirmó la decisión del a quo. La corporación precisó que,
conforme a la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado8, el conteo de la caducidad también
resultaba aplicable en asuntos relacionados con delitos de lesa humanidad o graves
violaciones a los derechos humanos, salvo la desaparición forzada, y que el término
debía contabilizarse desde cuando los afectados habían conocido o debieron
conocer la participación estatal y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial.

Del material probatorio revisado, el tribunal concluyó que, como mínimo desde el 9
de septiembre de 2005, fecha en la que la Sala Penal del Tribunal Superior de

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.P. Marta Nubia
Velásquez Rico, Sentencia 29.01.20, Rad. 85001-33-33-002-2014-00144-01.
3

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Demandantes: Luz Inés de Jesús Bedoya Olaya y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Decisión y otro
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Antioquia confirmó la condena penal del agente estatal, los demandantes conocían
la participación de miembros de la Policía Nacional en la muerte de su familiar y
contaban con elementos suficientes para inferir la posible responsabilidad
patrimonial del Estado. Asimismo, estimó que no se acreditaron circunstancias que
hubiesen impedido materialmente el ejercicio oportuno del derecho de acción.

Dicha decisión fue notificada electrónicamente el 29 de septiembre de 2025.

1.4. Fundamentos de la vulneración

Los accionantes afirmaron que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
un defecto fáctico al efectuar una valoración fragmentada, incompleta y arbitraria
del material probatorio obrante en el expediente. Sostuvieron que tanto el juzgado
como el tribunal construyeron la declaratoria de caducidad sobre una lectura aislada
de apartes del proceso penal, sin estudiar integralmente el acervo acreditado en
dicha actuación judicial.

Indicaron que las providencias cuestionadas otorgaron un alcance determinante a
la declaración rendida por la señora Rosa Emilia Olaya de Bedoya ante la
Procuraduría General de la Nación, particularmente a la manifestación según la cual
existían comentarios que vinculaban a un agente de policía identificado como
«Chávez» con el homicidio de su hijo. Sin embargo, adujeron que las autoridades
accionadas omitieron considerar que dicha afirmación provenía de referencias de
terceros y no de un conocimiento directo de los hechos.

Expusieron igualmente que no se realizó una valoración integral de las actuaciones
adelantadas dentro del proceso penal, particularmente de aquellos elementos que,
en su criterio, evidenciaban el contexto de temor, intimidación, control territorial de
grupos armados ilegales y connivencia de algunos miembros de la fuerza pública
con estructuras paramilitares en el municipio de Angelópolis. Según los accionantes,
tales circunstancias constituían elementos de juicio relevantes para establecer la
imposibilidad material de acudir oportunamente a la administración de justicia.

De igual forma, manifestaron que las sentencias cuestionadas omitieron analizar
adecuadamente los testimonios practicados dentro del proceso de reparación
directa, en los cuales se hacía referencia al desplazamiento de los integrantes de la
familia Bedoya Olaya, a la persistencia de condiciones de temor y a las dificultades
para acceder a mecanismos judiciales de protección.

Finalmente, sostuvieron que la valoración probatoria realizada por las autoridades
judiciales desbordó los límites de razonabilidad exigidos constitucionalmente, pues
concluyó la existencia de conocimiento suficiente para ejercer el medio de control
sin examinar en forma integral las circunstancias personales, sociales y territoriales
que rodeaban a las víctimas.

4

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Demandantes: Luz Inés de Jesús Bedoya Olaya y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02494-01

Por otra parte, los actores alegaron el desconocimiento del precedente fijado por la
Corte Constitucional en las sentencias SU-167 de 2023 y SU-439 de 2024,
providencias que, según afirmaron, desarrollaron criterios específicos para el
análisis de la caducidad en los procesos de reparación directa derivados de graves
violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

En relación con la sentencia SU-167 de 2023, sostuvieron que se omitió aplicar la
regla según la cual el término de caducidad no puede computarse únicamente
desde el momento en que las víctimas conocen el hecho dañoso o sospechan de la
participación estatal, sino desde cuando cuentan con elementos suficientes para
inferir razonablemente la responsabilidad patrimonial del Estado y disponen de
condiciones reales para ejercer el derecho de acción. A su juicio, las autoridades
accionadas confundieron el conocimiento de rumores o sospechas con la posibilidad
efectiva de formular una reclamación judicial.

Frente a la sentencia SU-439 de 2024, indicaron que se desconoció la obligación
de realizar un análisis flexible, contextual y garantista de la caducidad tratándose de
presuntas ejecuciones extrajudiciales o graves violaciones a los derechos humanos.
Señalaron que dicha providencia exigía valorar las barreras estructurales que
enfrentaban las víctimas para acceder a la justicia, así como los contextos de
intimidación, ocultamiento y violencia, aspectos que, en su criterio, no fueron
examinados.

Adicionalmente, argumentaron que no se tuvieron en cuenta los diversos
precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente los
casos Órdenes Guerra y otros vs. Chile y Familia Julien Grisonas vs. Argentina, en
los cuales se desarrollaron estándares relacionados con el acceso efectivo a la
justicia y la reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos.

Finalmente, los accionantes manifestaron que las providencias controvertidas
incurrieron en una violación directa de la Constitución al privilegiar una
interpretación estrictamente formal de las reglas de caducidad y omitir realizar una
lectura sistemática de las disposiciones constitucionales y convencionales que
integraban el bloque de constitucionalidad.

En particular, afirmaron que las autoridades judiciales dejaron de aplicar los
artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como
los estándares desarrollados por la jurisprudencia interamericana en materia de
acceso a recursos judiciales efectivos.

A su juicio, la declaratoria de caducidad constituyó una restricción desproporcionada
del acceso a la administración de justicia de quienes afirmaban ser víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos, lo cual condujo a impedir el examen de
fondo de las pretensiones indemnizatorias formuladas contra el Estado y a
5

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desconocer el deber constitucional y convencional de garantizar mecanismos
efectivos para la búsqueda de verdad, justicia y reparación.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El Magistrado Ponente del Consejo de Estado, Sección Cuarta en providencia del 6
de abril de 2026, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte
demandante9 y, como parte demandada, al Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Decisión10 y al Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín11.

Además, dispuso la vinculación, como tercero con interés jurídico en el resultado
del proceso a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional12, Policía Nacional13.

Asimismo, le reconoció personería jurídica al abogado Juan Esteban Montoya
Hincapié para actuar como apoderado de la parte accionante.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión

En informe recibido el 9 de abril de 2026, el Magistrado Ponente del fallo enjuiciado
manifestó que la decisión se había tomado previa valoración probatoria y
consideración del criterio jurisprudencial aplicable al caso concreto, por lo cual no
se encontraba vulnerado derecho fundamental alguno.

1.6.2. Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

El 10 de abril del año en curso, la asesora del sector defensa solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela, o en su defecto, se negarán las

9
Índice 8 de Samai de primera instancia. Notificación remitida al correo electrónico:
derechoscondignidad@gmail.com.
10
Índice 8 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a:
tadmin01anq@notificacionesrj.gov.co, tadmin03anq@notificacionesrj.gov.co,
memorialestaant@cendoj.ramajudicial.gov.co, recepcionmstadmant@cendoj.ramajudicial.gov.co y
sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co.
11
Índice 8 de Samai de primera instancia. Notificación realizada al buzón web:
adm09med@cendoj.ramajudicial.gov.co.
12
Índice 8 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a los buzones electrónicos:
usuarios@mindefensa.gov.co, notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co y
procesosordinarios@mindefensa.gov.co.
13
Índice 8 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a: segen.consejo@policia.gov.co y
notificacion.tutelas@policia.gov.co.
6

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pretensiones, en atención a que las decisiones cuestionadas estaban debidamente
motivadas.

Sostuvo que no se configuró el defecto fáctico alegado, toda vez que las pruebas
fueron valoradas conforme a las reglas de la sana crítica. Asimismo, indicó que la
declaratoria de caducidad se ajustó al precedente de unificación de la Sección
Tercera del Consejo de Estado sobre la materia y que los demandantes tuvieron
conocimiento de la participación de agentes estatales en los hechos varios años
antes de la presentación de la demanda.

Finalmente, afirmó que se pretendía reabrir una controversia ya decidida por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y convertir el mecanismo excepcional
en una instancia adicional del proceso ordinario.

1.6.3. Pese a que el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Medellín fue debidamente notificado, guardó silencio.

1.7. Fallo impugnado

El Consejo de Estado, Sección Cuarta en sentencia del 21 de mayo de 2026, negó
la solicitud de amparo.

En relación con el defecto fáctico, consideró que las autoridades judiciales
accionadas sí realizaron una valoración conjunta y razonada del material probatorio
obrante en el proceso de reparación directa, particularmente de las actuaciones
surtidas dentro del proceso penal. En ese sentido, estimó que no se evidenciaba
una apreciación arbitraria o caprichosa de las pruebas, sino una diferencia de
criterio de los accionantes respecto de las conclusiones alcanzadas por los jueces
naturales.

Destacó que tanto el juzgado como el tribunal tuvieron en cuenta las declaraciones
rendidas por las señoras Rosa Emilia Olaya López y María Magnolia Taborda Ángel,
así como las demás actuaciones adelantadas dentro del proceso penal, elementos
a partir de los cuales concluyeron que los demandantes conocían la participación
de agentes estatales en los hechos investigados. Igualmente, señaló que las
pruebas practicadas en el proceso ordinario no demostraban la existencia de
circunstancias que hubiesen impedido materialmente el ejercicio oportuno del
derecho de acción.

Frente al desconocimiento del precedente, sostuvo que las sentencias invocadas
por los accionantes no resultaban plenamente asimilables al caso concreto. En
particular, indicó que en las decisiones cuestionadas fueron aplicados los criterios
definidos en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, así como la jurisprudencia constitucional
vigente sobre la materia, razón por la cual no se advertía un apartamiento
7

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injustificado del precedente judicial.

La Sección Cuarta precisó, además, que la sentencia SU-167 de 2023 no era
equiparable a la situación examinada, dado que en aquel asunto se acreditaron
circunstancias particulares relacionadas con el ocultamiento de información y con
las dificultades de acceso a elementos probatorios esenciales, mientras que en el
presente caso se encontraba demostrado que los demandantes tuvieron
conocimiento de las actuaciones adelantadas dentro de la investigación penal y
contaban con elementos para inferir la participación estatal en los hechos.

Del mismo modo, concluyó que la sentencia SU-439 de 2024 tampoco imponía una
solución distinta, pues el análisis de la caducidad efectuado por el tribunal se realizó
a partir del conocimiento de la participación estatal y no exclusivamente desde la
ocurrencia del daño.

En cuanto a la presunta violación directa de la Constitución, la Sala encontró que
las providencias censuradas desarrollaron una interpretación razonable de las
disposiciones constitucionales y legales aplicables, especialmente de las reglas
jurisprudenciales relativas a la caducidad del medio de control de reparación directa
en asuntos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos.

1.8. Impugnación

Con escrito allegado el 29 de mayo de 202614, la parte actora impugnó el fallo de
primer grado.

En primer lugar, insistió en que las autoridades judiciales accionadas y el juez
constitucional de primera instancia desconocieron el precedente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y omitieron ejercer el correspondiente
control de convencionalidad. Argumentó que las decisiones proferidas en los casos
Órdenes Guerra y otros vs. Chile y Familia Julien Grisonas vs. Argentina establecían
la imposibilidad de aplicar fenómenos extintivos a las acciones judiciales
encaminadas a obtener reparación por graves violaciones a los derechos humanos.

A su juicio, la sentencia impugnada se limitó a reiterar los argumentos expuestos
por la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 29 de enero de 2020, sin
analizar de manera autónoma el alcance y fuerza vinculante del precedente
interamericano ni la obligación de armonizar el ordenamiento interno con los
artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De otra parte, reiteró la configuración del defecto fáctico alegado, basado en que
las autoridades judiciales habían construido la declaratoria de caducidad a partir de

14
El fallo de primer grado fue notificado mediante correo electrónico enviado el 26 de mayo de
2026.
8

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una valoración fragmentaria de las pruebas, como la declaración rendida por la
señora Rosa Emilia Olaya de Bedoya ante el Ministerio Público.

Asimismo, insistió en que el expediente demostraba un contexto de violencia, terror
e intimidación en el municipio de Angelópolis, derivado de la actuación conjunta de
estructuras paramilitares y algunos integrantes de la fuerza pública. Señaló que
tanto en el proceso penal como en la prueba testimonial practicada dentro de la
reparación directa estaban acreditadas circunstancias de desplazamiento, temor y
riesgo para las víctimas, las cuales impedían exigirles una actuación procesal
ordinaria o inmediata.

En relación con el desconocimiento del precedente constitucional, reiteró que de
acuerdo con las sentencias SU-167 de 2023 y SU-439 de 2024 se exigía una
comprensión más flexible de la caducidad cuando se trataba de ejecuciones
extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos. En su criterio,
tales reglas habían sido desatendidas tanto por los jueces ordinarios como por el
juez constitucional de primera instancia.

Finalmente, reiteró que la declaratoria de caducidad restringió injustificadamente el
acceso a la justicia y les impidió obtener un pronunciamiento de fondo sobre la
responsabilidad patrimonial del Estado por hechos que, a su juicio, constituyen
graves violaciones a los derechos humanos.

1.9. Trámite en segunda instancia

Por medio de auto del 19 de junio de 2026, el Magistrado Luis Alberto Álvarez Parra
requirió al abogado Juan Esteban Montoya Hincapié, para que aportara, en debida
forma, el poder que lo facultara para representar a los señores Reinaldo de Jesús
Bedoya Olaya, Rosa Emilia de Jesús Bedoya Olaya y Luz Inés de Jesús Bedoya
Olaya. Solicitud que fue atendida.

En atención a que fue presentado proyecto de fallo del presente caso para la Sala
del 9 de julio de 2026 y no alcanzó la mayoría requerida para su aprobación, el 14
siguiente se dictó auto en que se ordenó sortear conjueces. De dicho trámite fueron
elegidos los dotores Álvaro Andrés Motta Navas como juez principal y Germán
Lozano Villegas como conjuez suplente.

El proyecto fue nuevamente rotado para la Sala del 6 de agosto del año en curso
para que el conjuez pudiera revisarlo, no obstante, no obtuvo la mayoría requerida,
por lo que el 10 de agosto fue remitido el expediente al siguiente Despacho en turno.

9

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada
por la señora Luz Inés de Jesús Bedoya Olaya y otros contra la sentencia del 21 de
mayo de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 de
2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado 080 del
12 de marzo de 201915.

2.2. Problemas jurídicos

Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 21
de mayo de 2026 del Consejo de Estado, Sección Cuarta, para lo cual deberá
resolver los siguientes problemas jurídicos:

● ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial, en especial el relacionado con la relevancia
constitucional?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

● ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión16 vulneró
las garantías fundamentales de la parte actora en la providencia del 25 de
septiembre de 2025 dictada en el medio de control de reparación directa
identificado con el radicado 05001-33-33-009-2015-01257-02?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; iii) generalidades de
los defectos alegados y, iv) el estudio del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201217
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala

15
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
16
Si bien la parte actora cuestionó las providencias de primera y segunda instancia del medio de
control, lo cierto es que la del 25 de septiembre de 2025 fue la que dio por terminado el proceso. En
consecuencia, el análisis solo se hará respecto de esta.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10

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Demandantes: Luz Inés de Jesús Bedoya Olaya y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02494-01

Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema18 y declaró su
procedencia19.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Inmediatez

En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún reproche,
en vista de que la providencia recurrida fue dictada el 25 de septiembre de 2025 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión y la acción de
tutela fue presentada el 27 de marzo de 2026. Así, sin que sea necesario determinar
la fecha de ejecutoria de la última decisión controvertida, se considera que la acción
constitucional se presentó dentro de un término que la Sala considera razonable
para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201420, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó

18
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
19
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, M. P: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11

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Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
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los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200521,para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y
reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo
de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.

2.4.2. Subsidiariedad

Este requisito se encuentra superado, pues la providencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión que se cuestiona en sede
de tutela puso fin al medio de control de reparación directa, identificado con el
radicado 05001-33-33-009-2015-01257-02 y frente a tal providencia no procede
recurso ordinario alguno.

Tampoco los extraordinarios, pues los motivos que sustentan esta solicitud de
amparo no se enmarcan en las causales que hacen procedente el recurso
extraordinario de revisión ni el de unificación de jurisprudencia.

2.4.3. Tutela contra tutela

La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela
contra una decisión de la misma naturaleza, pues la providencia cuestionada fue
proferida en el medio de control de reparación directa.

2.4.4. Relevancia constitucional

Para la Sección es necesario precisar que este requisito se encuentra superado por
cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la providencia
del 25 de septiembre de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Decisión, pues en su sentir, incurrió en los defectos fáctico,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente
legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho
o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues en efecto, la parte
actora considera vulnerados sus derechos fundamentales por cuanto la autoridad
judicial accionada declaró probada la caducidad del medio de control, sin flexibilizar
el requisito pese a tratarse de un caso de graves violaciones a derechos humanos.

21
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
12

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En ese sentido, los argumentos que, en sentir de la parte tutelante, son irrazonables
y contrarios al ordenamiento jurídico, fueron analizados erróneamente por la
autoridad judicial accionada, desconociendo el alcance y aplicación de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Al margen de que la resolución del medio de control pueda tener naturalmente una
finalidad legal, el asunto que se discute en esta acción de tutela sí reviste relevancia
constitucional, porque el derecho principal que se busca restablecer es el de acceso
a la administración de justicia, el cual se vio cercenado, en criterio de la parte
accionante, por el desconocimiento del precedente aplicable.

No se observa que la señora Bedoya Olaya y otros estén utilizando este mecanismo
como una instancia adicional por una simple diferencia con la interpretación que
acogió el tribunal de la jurisdicción contenciosa administrativa; más bien, se avizora
que se le endilga a la providencia cuestionada unos yerros de notable importancia,
con los que eventualmente se pudo vulnerar garantías fundamentales y que, por
ende, merecen ser evaluados por el juez constitucional.

Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza al
derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento legal
administrativo o judicial establecido por la ley para su protección, lo que implica que
el mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que
busque reabrir el debate procesal.

Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su
eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas, concretamente el acceso a la administración
de justicia y el debido proceso.

2.5. De las generalidades del defecto fáctico

Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201522 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente
decisión:

Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados
por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv)

22
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
13

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dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido
proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el
problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello
sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que
no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad.
Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un
decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del
defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y
Omisión de decreto práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con
y práctica de los parámetros arriba señalados.
pruebas
indispensables para De esta manera, se requiere:
fallar el asunto
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era
conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse
decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se
pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
ordinario. En este punto, se requiere que, de forma específica, se
Desconocimiento concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas
del acervo oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
probatorio
determinante para Así las cosas, se configura siempre que:
identificar la
veracidad de los a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el
hechos alegados juez.
por las partes b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para
variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador resulta manifiestamente
equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba
se entiende alterado.

requiere entonces que:
Valoración
irracional o a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
arbitraria de las objeto de indebida valoración por el juez
pruebas aportadas b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas de
la lógica, la experiencia y la sana crítica.

14

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El segundo de los elementos señalados resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia,
en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario,
implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.

c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto
con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para
Dictar sentencia con su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no
fundamento en ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al
pruebas obtenidas haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue
con violación del planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso
debido proceso de las partes.

Para su configuración corresponde:

a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados
con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.

Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su
escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto,
sino también, su incidencia en la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.

Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en
que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal
manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como
suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador.

2.6. De las generalidades del defecto de violación directa a la Constitución

Al respecto, la Corte Constitucional23 ha señalado que este defecto se configura
cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la Constitución en
los dos casos que se señalan a continuación.

23
Corte Constitucional, Sentencia SU-198, 11.04.13, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
15

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El primero, tiene lugar cuando el juez «deja de aplicar una disposición fundamental
a un caso concreto24». En este caso, procede la tutela contra providencia judicial
por el defecto referido cuando: (i) el juez no interpreta y aplica una disposición legal
orientado por el precedente constitucional; (ii) la controversia versa sobre un
derecho de aplicación inmediata y (iii) cuando en la providencia se vulnera un
derecho fundamental sin tener en cuenta el principio de interpretación conforme a
la Constitución25.

El segundo caso de violación directa de la Constitución tiene lugar cuando el juez
«aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución26», y se fundamenta en
el artículo 4° de la Constitución Política que establece que la Carta es norma de
normas y, por tanto, en todo caso que el juez deduzca que una norma es
incompatible con la Constitución, es deber del mismo «aplicar las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción
de inconstitucionalidad27».

2.7. Generalidades del defecto por desconocimiento del precedente

La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una alta corte para
solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural
de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea considerada como
precedente. Igualmente, constituyen precedente las sentencias de
constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional,
como por el Consejo de Estado.

Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha definido al precedente judicial
como: «[…] la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado
que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe
necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un
fallo28».

El principio de coherencia también comporta el deber de respeto por los
precedentes horizontales, es decir, las decisiones adoptadas por el mismo juez29.
Así, la Corte Constitucional ha indicado que:

24
Ibídem
25
Ibídem
26
Ibídem
27
Ibídem
28
Corte Constitucional, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo, Sentencia SU-354 de 25.05.17, Exp.
T-5.882.857.
29
Corte Constitucional, M.P. Diana Fajardo Rivera, Sentencia SU-380 de 03.11.21, Exp. T-
8.147.130.
16

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[…] el respeto al precedente es una obligación de todas las autoridades judiciales, -
sea este vertical u horizontal-, dada su fuerza vinculante y su inescindible relación
con la protección de los derechos al debido proceso e igualdad30.

Lo anterior, dado que el precedente constituye una herramienta de protección de la
confianza legítima y la buena fe, en la medida en que el respeto por las decisiones
anteriores obedece a la guarda del principio de igualdad, el cual resultaría
transgredido sí frente a casos idénticos se brinda una respuesta disímil.

2.8. Caso concreto

La señora Luz Inés de Jesús Bedoya Olaya y los demás tutelantes consideran
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión de la sentencia del 25 de septiembre de
2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión
que, confirmó la declaratoria de caducidad del medio de control de reparación
directa iniciado contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

Al respecto, los accionantes consideraron que el tribunal incurrió en los defectos
fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, por
cuanto: i) valoró indebidamente el material probatorio; ii) omitió aplicar los criterios
fijados por la Corte Constitucional en las sentencias SU-167 de 2023 y SU-439 de
2024 y, iii) contrarió los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en materia de acceso a la justicia y reparación de víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos.

De la revisión de la providencia cuestionada se advierte, en primer lugar, que el
tribunal efectuó un análisis sistemático del régimen jurídico de la caducidad
aplicable a los procesos de reparación directa relacionados con delitos de lesa
humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Para ello, acudió a la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, dictada por la Sección Tercera
del Consejo de Estado y a la sentencia SU-312 de 2020 de la Corte Constitucional,
providencias en las cuales se precisó que las controversias mencionadas
continuaban sujetas al término legal de caducidad, salvo en aquellos eventos en
que se demostrara la existencia de circunstancias que materialmente impidieran el
ejercicio oportuno del derecho de acción.

A partir de ese marco normativo y jurisprudencial, la corporación abordó el examen
de las pruebas obrantes en el expediente, identificando como hechos relevantes: i)
la condena penal proferida contra el entonces agente de policía Alejandro Chávez
Porras por el homicidio del señor Fernando de Jesús Bedoya Olaya; ii) la
confirmación de la condena el 9 de septiembre de 2005 por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Antioquia; iii) la declaración de la señora Rosa Emilia Olaya

30 Corte Constitucional, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Sentencia SU-113 de 08.11.18, Exp. T-

6.550.645.
17

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López dentro de la actuación penal y, iv) la existencia de testimonios en los cuales
se afirmó la participación de agentes estatales en los supuestos investigados.

Con fundamento en ese material probatorio, el tribunal concluyó que, como mínimo
desde la sentencia penal de segunda instancia, los demandantes contaban con
elementos suficientes para conocer la participación de miembros de la Policía
Nacional en la muerte de su familiar y, por consiguiente, podían advertir la
posibilidad de imputar responsabilidad patrimonial al Estado. Puntualmente, señaló
que:

[…] el término de caducidad comenzó el día 10 de septiembre de 2005 y feneció el
10 de septiembre de 2007, sin que la parte interesada hubiese presentado la
demanda correspondiente, la misma que se instauró el 17 de noviembre de 2015; o
bien, el trámite para atender el requisito previo de conciliación prejudicial que fue
iniciado el 1 de julio de 2015, cuando la oportunidad igualmente se encontraba
precluida.

La autoridad judicial accionada también examinó la tesis expuesta por el extremo
activo según la cual el contexto de violencia, temor y desplazamiento habría
impedido el acceso oportuno a la administración de justicia. Sobre este aspecto
concluyó que no se acreditaron circunstancias objetivas que demostraran una
imposibilidad material para promover el medio de control. En particular, destacó que
los familiares de la víctima acudieron ante la Procuraduría General de la Nación y
participaron en actuaciones vinculadas al proceso penal, circunstancias que
desvirtuaban la existencia de un impedimento absoluto para ejercer acciones
judiciales.

Finalmente, el tribunal rechazó el argumento relativo a la inaplicación de la
sentencia de unificación de 2020 por haberse presentado la demanda con
anterioridad a dicho pronunciamiento. Al respecto indicó que las decisiones de
unificación producían efectos retrospectivos sobre los procesos en curso y
constituían precedente obligatorio para los jueces encargados de resolverlos, razón
por la cual resultaba procedente aplicar el criterio jurisprudencial vigente al momento
de decidir la controversia.

A partir de lo anterior, resulta evidente para esta Sala que la sentencia cuestionada
no se limitó a una afirmación dogmática sobre la ocurrencia de la caducidad, sino
que desarrolló un razonamiento jurídico completo, apoyado en el precedente vigente
y en una valoración expresa del acervo probatorio.

En lo que respecta al defecto fáctico, la Sección observa que las inconformidades
descansan, esencialmente, en la interpretación distinta que proponen los actores
respecto de las pruebas del expediente. Según sostienen, la autoridad judicial
otorgó un alcance excesivo a la declaración rendida por la señora Rosa Emilia Olaya
López ante la Procuraduría General de la Nación y omitió considerar integralmente
el contexto de violencia acreditado en el proceso penal.
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No obstante, de la lectura de la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Decisión se demuestra que la declaratoria de caducidad no se
edificó exclusivamente sobre dicha afirmación. Por el contrario, la providencia valoró
de manera conjunta las sentencias penales condenatorias, las actuaciones surtidas
en la investigación criminal, los testimonios recaudados y las demás circunstancias
acreditadas dentro del expediente.

De hecho, la fecha elegida para contabilizar el término de caducidad no fue la de
las primeras referencias que vinculaban a un agente estatal con los hechos, sino la
de la sentencia penal de segunda instancia que confirmó la responsabilidad del
agente de policía condenado. Esa determinación demuestra precisamente que la
corporación accionada adoptó un criterio prudente y objetivo para fijar el momento
a partir del cual podía inferirse razonablemente el conocimiento de la participación
estatal.

En ese contexto, la discusión propuesta como yerro fáctico se traduce en una
diferencia de criterio respecto del alcance que debía atribuirse a las pruebas y a las
conclusiones derivadas de ellas, mas no en la demostración de una valoración
irracional o arbitraria. Tal circunstancia resulta insuficiente para estructurar un
defecto susceptible de ser corregido mediante la acción de tutela.

En relación con el desconocimiento del precedente, los accionantes sostuvieron que
la autoridad judicial demanda se apartó de las reglas fijadas por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-167 de 2023 y SU-439 de 2024. En lo relativo
a la primera, esta corporación advierte que los supuestos fácticos y jurídicos que
dieron lugar a dicha decisión difieren sustancialmente de los que se analizan en el
presente asunto.

En aquella oportunidad, el tribunal constitucional examinó un caso relacionado con
la declaratoria de caducidad del medio de control de reparación directa promovido
con ocasión de una ejecución extrajudicial, en el que se acreditó que agentes
estatales obstaculizaron el acceso a la administración de justicia mediante el
ocultamiento de la verdad sobre los hechos y que, además, a los demandantes no
se les brindó una oportunidad efectiva para adecuar sus alegaciones al cambio
jurisprudencial introducido por Consejo de Estado, Sección Tercera respecto del
cómputo de la caducidad.

Tales circunstancias no concurren en el caso bajo estudio, pues en efecto, no obra
elemento alguno que permita inferir que a los hoy accionantes les hubiese sido
ocultada la información relacionada con la muerte de su familiar.

Asimismo, debe resaltarse que los demandantes contaron con mecanismos
procesales idóneos para adaptar sus planteamientos iniciales a los criterios fijados
por la jurisprudencia unificada, pues cuando el Juzgado Noveno Administrativo del
19

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Circuito de Medellín, en su decisión aplicó expresamente la regla establecida en la
sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, estos tuvieron la oportunidad de ejercer plenamente su derecho de
contradicción a través del recurso de apelación.

De igual manera, resulta pertinente destacar que la propia Corte Constitucional, en
la sentencia SU-167 de 2023, precisó que, tratándose de pretensiones encaminadas
a obtener la reparación de daños antijurídicos derivados de delitos de lesa
humanidad, el término de caducidad de dos años continuaba siendo aplicable,
aunque su contabilización debía atender a circunstancias particulares del caso
concreto, especialmente al momento en que las víctimas habían conocido o
debieron conocer la participación estatal en los hechos y la posibilidad de atribuir
responsabilidad patrimonial al Estado.

Igualmente, se señaló que correspondía al juez contencioso administrativo valorar,
a partir de las particularidades de cada asunto, si habían existido barreras reales
para el acceso a la administración de justicia y, finalmente, que la aplicación del fallo
de unificación de la Sección Tercera exigía adoptar las medidas necesarias para
garantizar que las partes pudieran adecuar sus actuaciones a las nuevas cargas
procesales derivadas de dicho precedente. Así, lejos de respaldar la tesis planteada
por los accionantes, la referida providencia reafirma la vigencia del término de
caducidad de dos años, cuya inaplicación es precisamente lo que se pretende
mediante la presente acción constitucional.

Por su parte, la sentencia SU-439 de 2024 abordó distintos casos relacionados con
la declaratoria de caducidad del medio de control de reparación directa promovido
por víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En esas oportunidades, la Corte
Constitucional encontró vulnerados los derechos fundamentales de los
demandantes debido a que las autoridades judiciales habían contabilizado el
término de caducidad exclusivamente desde el momento en que aquellos tuvieron
conocimiento de la muerte de sus familiares, sin valorar adecuadamente el contexto
de violencia, las dificultades materiales para acceder a la administración de justicia
y los medios probatorios que evidenciaban la participación de agentes estatales en
los hechos investigados.

No obstante, la situación objeto de examen difiere significativamente de los
supuestos analizados en dicho precedente. En el presente caso, la caducidad no
fue calculada a partir de la fecha de ocurrencia del hecho dañoso ni desde el primer
momento en que los demandantes tuvieron conocimiento de la muerte de la víctima.
Por el contrario, las autoridades judiciales demandadas tomaron como punto de
partida una fecha posterior y más favorable para los interesados, correspondiente a
la notificación de la sentencia de segunda instancia dentro del proceso penal que
declaró la responsabilidad de integrantes de la Policía Nacional por la muerte del
señor Fernando de Jesús Bedoya Olaya.

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Adicionalmente, dentro del expediente no obraban elementos probatorios que
permitieran concluir la existencia de obstáculos materiales, amenazas,
ocultamientos o barreras de acceso a la justicia que justificaran la fijación de un hito
temporal distinto para el cómputo de la caducidad.

Así las cosas, una lectura detenida de la decisión acusada del 25 de septiembre de
2025, permite concluir que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda
de Decisión ratificó la vigencia de la sentencia de unificación de la Sección Tercera
del 29 de enero de 2020 y reconoció al igual que los precedentes estudiados
anteriormente, que la caducidad continuaba siendo aplicable a las acciones de
reparación directa derivadas de graves violaciones a los derechos humanos.

En atención a que cada caso concreto requiere de un análisis distinto de la
participación estatal y de los eventuales obstáculos para acceder a la administración
de justicia, el tribunal examinó las pruebas disponibles, identificó el momento en que
consideró acreditado el conocimiento de la participación del agente del Estado y
verificó si existían elementos que demostraran la imposibilidad material de acudir
oportunamente a la jurisdicción.

De manera particular, la Sala considera relevante destacar que las sentencias
constitucionales invocadas por la parte actora no consagran una flexibilización
automática de la caducidad ni eliminan la carga de acreditar las circunstancias
especiales que habrían impedido el ejercicio oportuno del derecho de acción. Por el
contrario, parten de la premisa de que tales situaciones deben estar demostradas y
de que corresponde al juez contencioso apreciarlas conforme a las pruebas del
caso.

Al respecto, resulta importante señalar que en el proceso ordinario no obró prueba
que permitiera establecer que los demandantes solicitaron acceso al expediente
penal, requirieron información relacionada con la investigación, intentaron
constituirse como parte civil o realizaron alguna actuación orientada a obtener los
elementos que, según ahora afirman, necesitaban para promover el medio de
control. Tampoco existió evidencia de que las autoridades judiciales o
administrativas les hubieran impedido acceder a dicha información.

Ahora bien, frente al argumento relativo a la existencia de un contexto de violencia,
la Sala reconoce la gravedad de los hechos materia del proceso ordinario y no
desconoce las difíciles condiciones de seguridad que afectaron a la población del
municipio de Angelópolis. Sin embargo, la cuestión constitucional sometida a
consideración no consiste en determinar si existió violencia en la región, pues ello
nunca ha sido objeto de controversia, sino establecer si se acreditó una
imposibilidad material concreta y prolongada para ejercer el medio de control.

La sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión
razonó que los familiares de la víctima acudieron ante organismos estatales,
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandantes: Luz Inés de Jesús Bedoya Olaya y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02494-01

participaron en actuaciones relacionadas con la investigación penal y tuvieron
conocimiento de decisiones judiciales relevantes dentro de dicho trámite. Asimismo,
concluyó que no se acreditó prueba siquiera sumaria de circunstancias que hicieran
imposible acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Frente a ello, la parte actora no aportó elementos capaces de desvirtuar dicha
valoración. Los accionantes enfatizaron el contexto de violencia y temor, pero no
demostraron de manera objetiva cómo tales circunstancias impidieron el ejercicio
de la acción durante el extenso lapso transcurrido entre la culminación del proceso
penal y la presentación de la demanda de reparación directa. Tampoco explicaron
por qué, existiendo una sentencia condenatoria desde 2005 y una decisión
ejecutoriada en 2006, la demanda únicamente fue promovida en noviembre de 2015
sin que mediara una actuación concreta dirigida a ejercer oportunamente la acción
o a obtener los elementos que ahora alegan no poseer.

Finalmente, tampoco se encuentra configurada la alegada violación directa de la
Constitución. La providencia cuestionada no desconoció de manera manifiesta
disposición constitucional alguna; por el contrario, aplicó el régimen jurídico vigente,
desarrolló el precedente vinculante de la jurisdicción contencioso-administrativa y
expuso de manera suficiente las razones por las cuales estimó configurado el
fenómeno de la caducidad.

En realidad, el examen integral del expediente permite concluir que la acción
constitucional persigue reabrir un debate jurídico y probatorio agotado dentro del
proceso ordinario. Los cuestionamientos planteados contra la valoración de las
pruebas, la determinación de la fecha de conocimiento de la participación estatal, la
aplicación del precedente de unificación y la configuración de la caducidad fueron
ampliamente debatidos ante las autoridades competentes y recibieron una
respuesta motivada por parte de ellas.

Por las razones expuestas, la Sala concluye que la sentencia del 25 de septiembre
de 2025 cuestionada no incurrió en los defectos alegados por la parte accionante ni
vulneraron los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, se confirmará
la sentencia proferida el 21 de mayo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado que negó la solicitud de amparo.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

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Demandantes: Luz Inés de Jesús Bedoya Olaya y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02494-01

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del 21 de mayo de 2026 proferido por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta que negó la solicitud de amparo.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual
revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salvamento de voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Salvamento de voto

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

ÁLVARO ANDRÉS MOTTA NAVAS
Conjuez

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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