Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02498-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02498-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02498-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
30 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Treinta (30) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-02498-001
Accionante : Diego Mauricio López Valencia
Accionado : Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Concejo distrital
de Santiago de Cali
Vinculados : Contraloría General de la República, Auditoría General de la
República, Distrito Especial de Santiago de Cali y otros
Acción : Tutela
Tema : Acción de tutela contra providencia judicial – acción de
cumplimiento – elección de contralor distrital de Cali periodo
2026-2029
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela incoada
por el señor Diego Mauricio López Valencia contra el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y el Concejo Distrital de Santiago de Cali, por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, a elegir y ser elegido y al acceso
a cargos públicos.
I. ANTECEDENTES
1.1. Contexto fáctico
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por
el actor. Luego, revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente,
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.
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Accionante: Diego Mauricio López Valencia
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
Concejo distrital de Santiago de Cali
1.2. La demanda de tutela
2. El señor Daniel Mauricio López Valencia, quien actúa por conducto de apoderada,
interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los
derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, a elegir y ser elegido y al
acceso a cargos públicos.
3. Por consiguiente, formuló las siguientes pretensiones:
[…]
2) Que en aras a restablecer el derecho al debido proceso e igualdad y de acceso a la
administración de justicia de mi mandante, se ordene dejar sin efectos la Sentencia de
fecha 13 de febrero de 2026, proferida por la Sala del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca conformada por los Magistrados PATRICIA DEL PILAR FEUILLET PALOMARES,
LUZ ELENA SIERRA VALENCIA y JUAN CARLOS LASSO URRESTA, quienes resolvieron
confirmar la negativa de las pretensiones de cumplimiento normativo, aduciendo que no se
cumplía con el presupuesto de claridad y precisión de la norma en tanto las mismas no
determinaban un plazo o fecha específica para realizar la entrevista y elección de contralor
distrital.
3) Que como consecuencia de lo anterior se Ordene al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que en el marco de sus competencias, emita una nueva providencia subsanando
los defectos detectados, y con aplicación del precedente vertical constituido mediante la
Sentencia de segunda instancia de fecha 16 de octubre de 2025, proferida por el Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, dentro del proceso de
acción de cumplimiento con radicado 25000-23-41-000-2025-00695-01.
4) Que en aras a prevenir un daño irreversible, se ordene al Concejo Distrital de Santiago
de Cali – Mesa Directiva, Revocar la Resolución N°200.2.2-073 del 10 de mayo de 2026, y
que se abstenga de realizar cualquier actuación administrativa tendiente a dejar sin efectos
(revocar) los actos administrativos proferidos dentro de la convocatoria pública adelantada
mediante la Resolución N°200.2.2.261 del 28 de julio de 2025, por no contarse con la
autorización o consentimiento de los ternados, ni orden judicial.
5) Que como restablecimiento de los derechos fundamentales del actor, se ordene al
CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI – MESA DIRECTIVA, la restitución
inmediata de la terna definitiva conformada mediante la Resolución N°200.2.2-366 del 09
de octubre de 2025, dentro del proceso de convocatoria pública promovido en virtud de la
Resolución N°200.2.2-261 del 28 de julio de 2025, y reconocer al señor DIEGO MAURICIO
LOPEZ VALENCIA como participante ternado y candidato para la elección de Contralor
Distrital de Santiago de Cali para el periodo 2026-2029, de manera que se le permita el
ejercicio de sus derechos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político, y ser elegido y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, de
conformidad con el propósito y finalidad de la referida convocatoria pública.
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Accionante: Diego Mauricio López Valencia
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Concejo distrital de Santiago de Cali
6) Se ordene a las entidades públicas accionadas, que dentro de las 48 horas siguientes a
la notificación del fallo de tutela, se proceda a dar cumplimiento a lo ordenado por esta
Honorable Corporación, y por ende remita a su estrado, copia de los respectivos actos que
den fe de su cumplimiento, con las formalidades de Ley, so pena de las sanciones de Ley
por desacato a lo ordenado mediante sentencia de tutela.
7) Que se adopten las demás medidas que el Honorable Consejo de Estado considere que
por esta vía de tutela se deben emitir para cumplir con el propósito de amparo solicitado y
el restablecimiento efectivo de los derechos fundamentales conculcados. […]
1.3. Hechos
4. En virtud de lo dispuesto en los artículos 126 (modificado por el artículo 2.º del Acto
Legislativo 02 de 2015), 272 (modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019) y 300 de la
Constitución; la Ley 1904 de 2018 y la Resolución 728 del Dieciocho (18) de Noviembre
de Dos Mil Diecinueve (2019), el Concejo distrital de Santiago de Cali expidió la
Resolución núm. 200.2.2-261 del Veintiocho (28) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025)
«Por medio de la cual se realiza convocatoria pública para la elección del Contralor Distrital de
Santiago de Cali, para el periodo 2026 – 2029».
5. Por no contar con los recursos técnicos y administrativos necesarios para el desarrollo
de la convocatoria, el Concejo distrital promovió proceso de contratación que condujo a
la celebración del Contrato Interadministrativo núm. 100.8.4.767.2025 con la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, institución educativa con acreditación
de alta calidad, cuyo objeto contractual fue la prestación de servicios de asesoría técnica,
jurídica, apoyo logístico para la realización del diseño, elaboración y aplicación de
pruebas y valoración de antecedentes dentro del concurso de méritos y de la
convocatoria pública para la elección del Contralor General del Distrito de Santiago de
Cali para el periodo 2026-2029, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1904 de 2018.
6. El señor Diego Mauricio López Valencia se inscribió y participó en dicha convocatoria
y superó todas las pruebas, por lo que, su nombre fue incluido en la terna para elegir al
contralor, publicada a través de la Resolución núm. 200.2.2.366 del Nueve (9) de Octubre
de Dos Mil Veinticinco (2025), expedida por la Mesa Directiva del Concejo Distrital de
Santiago de Cali.
7. Después de expedida la Resolución núm. 200.2.2.366 del Nueve (9) de Octubre de
Dos Mil Veinticinco (2025), y agotado el trámite de su debida publicación, el procurador
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segundo delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública se abrogó
competencia para promover actuación preventiva y expidió el oficio núm. PD2VPFP
N°1360 del Veintisiete (27) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), en el que, formuló
observaciones sobre el proceso de convocatoria pública para la elección de contralor
distrital de Santiago de Cali, del siguiente tenor:
«III. CONSIDERACIONES DERIVADAS DE LA PUBLICACIÓN DE LA TERNA
1.- La publicación de la terna definitiva no subsana los vicios advertidos en las etapas previas
del proceso.
2.- La conformación de la terna con base en actos expedidos sin competencia afecta el principio
de mérito y transparencia, y genera un posible riesgo de nulidad electoral.
3.- El artículo 209 de la Constitución Política impone a todas las autoridades el deber de
garantizar la moralidad, legalidad, publicidad, transparencia y participación de la función
pública; por lo que, el Concejo Distrital de Santiago de Cali debe verificar y corregir los defectos
antes de continuar con la elección del Contralor Distrital.
IV. CONCLUSIONES PREVENTIVAS
1.- Las decisiones sobre reclamaciones frente a la lista de admitidos solo podían ser expedidas
por la Mesa Directiva del Concejo Distrital, no por la UPTC.
2.- Las actuaciones de la UPTC, constituye un exceso de delegación no autorizado por la Ley
1904.
3.- La falta de publicación previa del proyecto de convocatoria podría vulnerar el numeral 8 del
artículo 8 del CPACA, afectando la transparencia y la participación ciudadana.
4.- La publicación de la terna no corrige los vicios detectados, ni garantiza la validez del proceso
de selección.
5.- La exigencia en la etapa de inscripción de requisitos no previstos en las leyes para dicha
fase.
6.- Se desarrolló la fase de reclamaciones por parte de los aspirantes, sin que estos hayan
tenido la oportunidad dentro del procedimiento administrativo, de haber accedido a las pruebas
o que se haya desarrollado la fase de exhibición de esta.
V. REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES
En virtud de lo expuesto, esta Procuraduría Delegada, requiere a la Mesa Directiva del Concejo
Distrital de Santiago de Cali:
1.- Abstenerse en lo posible, de realizar la elección del Contralor, hasta tanto se subsanen los
vicios identificados y se expidan los actos administrativos correctivos correspondientes.
2.- Expedir un acto administrativo propio que resuelva las reclamaciones presentadas por los
aspirantes, dejando sin efecto las actuaciones adelantadas por la UPTC.
3.- Publicar, conforme al numeral 8 del artículo 8 del CPACA, el texto del proyecto de
convocatoria y su reglamentación, garantizando un periodo de observaciones ciudadanas antes
de la elección.
4.- Remitir a esta Procuraduría Delegada, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
recepción del presente oficio, copia del acto administrativo que decida las reclamaciones, la
nueva lista definitiva de admitidos y no admitidos, la constancia de publicación previa de la
convocatoria y las medidas adoptadas para garantizar la transparencia y legalidad del proceso.
5.- Solicitar informe al supervisor contractual sobre la actuación de la UPTC, los controles
aplicados y las medidas correctivas adoptadas».
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8. La Mesa Directiva del Concejo distrital dio respuesta a dichas observaciones en el
sentido de señalar la imposibilidad de atenderlas y, a través de Resolución núm. 200.2.2-
449 del Veintiséis (26) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), ordenó citar a los
ternados a la respectiva sesión plenaria a fin de escucharlos en entrevista y proceder a
la votación y elección del contralor, antes del inicio del periodo institucional, que ocurriría
el Primero (1.º) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026).
9.
No obstante, catorce (14) concejales se abstuvieron de asistir a las sesiones plenarias
convocadas para los días 27, 28, 29 y 30 de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025),
aduciendo que, el proceso de convocatoria se encontraba viciado por las irregularidades
expuestas por el procurador segundo delegado para la Vigilancia Preventiva de la
Función Pública y que, por tanto, debía ser revocado.
10. Debido a la finalización del periodo institucional del contralor distrital de Santiago de
Cali el Treinta y Uno (31) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025) y, en razón a que,
el Concejo se encontraba en receso, el alcalde distrital de Santiago de Cali expidió el
Decreto núm. 4112.010.20.1107 del Veintinueve (29) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco
(2025), mediante el cual, en virtud del artículo 161 de la Ley 136 de 1994, designó a la
señora Luz Arianne Zúñiga Nazareno como contralora encargada, quien, para esa fecha,
se desempeñaba como subcontralora, código 025, grado 07, de la planta de cargos de
la entidad.
11. Ante la paralización del proceso eleccionario del contralor, el señor Diego Mauricio
López Valencia promovió demanda en ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en
la Ley 393 de 1997, en la que, solicitó ordenar a los concejales de Santiago de Cali
cumplir el deber constitucional y legal de elegir oportunamente al contralor distrital, de la
terna conformada mediante la Resolución núm. 200.2.2.366 del Nueve (9) de Octubre de
Dos Mil Veinticinco (2025)2.
12. El Juzgado Sexto Administrativo de Cali, a través de sentencia del Treinta (30) de
Enero de Dos Mil Veintiséis (2026), resolvió negar las pretensiones de la demanda, al
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Concretamente, solicitó el cumplimiento de las siguientes normas: Constitución Política (artículos 272 y 313 [numeral 8]); Ley 1904
de 2018 (artículos 3, 6, 9 y 11); Resolución núm. 728 del 18 de noviembre de 2019 (artículos 1, 12, 13) de la Contraloría General de
la República; Resolución núm. 200.2.2-446 del 26 de noviembre de 2025 del Concejo Distrital de Santiago de Cali; y el Acuerdo No.
550 de 2022 del Concejo Distrital de Santiago de Cali.
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considerar que, el Concejo distrital no estaba obligado a elegir contralor hasta tanto se
hubieran resuelto las proposiciones presentadas frente al proceso de selección, de allí
que, el mandato no fuera inobjetable.
13. El demandante impugnó la decisión, argumentando, entre otras cosas, que el juez de
primera instancia habría incurrido en un defecto al configurar una teoría jurídica de
resolución del caso que es inexistente o que no corresponde al propósito del proceso de
cumplimiento normativo (acción de cumplimiento) regulado por la Ley 393 de 1997; por
cuanto, busca en la litis la posibilidad de encontrar un carácter inobjetable en las normas
que imponen la obligación de elección de Contralor a los concejos municipales o
distritales, desconociendo que, existen normas y actos administrativos claros y vigentes
que imponen la elección del Contralor.
14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante providencia del Trece (13) de
Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), confirmó lo resuelto por el a quo, pero, por
diferentes razones. Dicha Colegiatura señaló que, las normas cuyo cumplimiento
demandó el señor López Valencia no establecían un mandato u orden de manera clara,
actual y precisa o un límite temporal que impusiera a los concejales el deber de realizar
la entrevista a los ternados para contralor distrital en un rango de tiempo determinado,
por lo que, en su criterio, no había lugar a conceder las pretensiones de la acción de
cumplimiento. Además, precisó que, entre las normas cuyo cumplimiento se solicitaba,
se encontraban preceptos de rango constitucional, frente a las cuales la acción de
cumplimiento deviene improcedente.
15.
Posteriormente, una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones del Concejo distrital
de Santiago de Cali, dicha corporación, el Cuatro (4) de Marzo de Dos Mil Veintiséis
(2026), dio trámite a la proposición núm. 2 presentada por los concejales renuentes, cuyo
propósito era el de atender las observaciones presentadas por la Procuraduría Delegada
y dejar sin efectos los actos proferidos en el marco de la Convocatoria iniciada mediante
la Resolución núm. 200.2.2-261 del Veintiocho (28) de Julio de Dos Mil Veinticinco
(2025), proposición que fue aprobada por catorce concejales.
16.
Por tanto, la Mesa Directiva expidió la Resolución núm. 200.2.2-073 del Diez (10) de
Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026) «POR MEDIO DE LA CUAL SE SANEA UN PROCEDIMIENTO Y SE ADOPTAN
LAS DECISIONES QUE EN DERECHO CORRESPONDE RESPECTO A LA ELECCIÓN DEL(LA) CONTRALOR(A) DISTRITAL DE
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SANTIAGO DE CALI PARA EL PERIODO 2026-2029», en virtud de la cual determinó subsanar y dejar
sin efectos todos los actos de trámite o preparatorios incluyendo la inscripción de los
candidatos y todas las demás actuaciones administrativas que se hubieren surtido de
forma posterior a la expedición de la Resolución núm. 200.2.2-261 del Veintiocho (28) de
Julio de Dos Mil Veinticinco (2025).
17.
En consecuencia, dispuso ajustar la actuación a derecho y, en tal sentido, adelantar
las etapas correspondientes de la convocatoria pública para la elección de contralor
distrital de Santiago de Cali, para lo cual, debía proceder a contratar a una universidad o
Institución de Educación Superior, pública o privada, debidamente acreditada, con la
cual, se definirían de manera expresa, clara y limitada, las obligaciones de asesoría
técnica, jurídica y de apoyo logístico para la realización de la convocatoria pública.
1.4. Fundamentos de la acción de tutela
18.
El demandante expuso que, la actuación del Concejo distrital de Santiago de Cali de
revocar los actos administrativos de la convocatoria pública adelantada por la misma
Corporación para la elección de contralor Distrital, sin contar, para el efecto, con la
autorización o consentimiento de las personas incluidas en la terna oficial, resulta ser un
acto de arbitrariedad y abuso de funciones administrativas que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca ha permitido acontecer al negar la acción de cumplimiento, aduciendo
erróneamente que, no le es exigible a los concejales cumplir con el deber de elección de
contralor que, tanto la Constitución Política, como las demás normas que regulan el
proceso de elección de contralores, han establecido como una obligación periódica a
cargo de las corporaciones públicas territoriales.
19.
En ese sentido, señaló que, la actuación arbitraria en que ha incurrido el Concejo
distrital, al no citar a entrevista y elección de contralor, y, por el contrario, al emitir la
Resolución núm. 200.2.2-073 del Diez (10) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), para
dejar sin efectos los actos de la convocatoria pública, es un hecho conexo a la violación
de los derechos fundamentales del accionante que resulta del hecho de no haberse
ordenado por el Tribunal Administrativo accionado el cumplimiento de las normas que
imponen la obligación de realizar la elección oportuna del contralor.
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20. Al respecto, expuso que, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en los
siguientes defectos:
• Defecto procedimental, toda vez que, aunque el juzgado de primera instancia
había determinado la existencia de una obligación expresa y clara a cargo del
Concejo Distrital de Santiago de Cali, y que, dicho argumento no fue objeto de
apelación, el ad quem volvió sobre dicho presupuesto para negar las pretensiones
de la acción de cumplimiento, con lo que, desconoció el principio de congruencia
que deben observar las providencias.
• Desconocimiento del precedente, en tanto, desconoció el criterio de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, contenido en la sentencia del 16 de octubre de
2025, proferida dentro del proceso tramitado bajo el núm. 5000-23-41-000-2025-
00695-01, según el cual, no es necesario que las normas cuyo cumplimiento se
demanda contengan una fecha o plazo exacto para cumplir la obligación del deber
que imponen a la autoridad para llevar a cabo el proceso de selección.
Asimismo, interpretó indebidamente el lenguaje utilizado por el Consejo de Estado
en la sentencia del Veinticinco (25) de Enero de Dos Mil Dieciocho (2018),
proferida dentro del proceso 68001-23-33-000-2017-01067-01, relacionada con
los presupuestos de procedencia de la acción de cumplimiento.
De esa forma, sostuvo que, las normas que regulan la elección de contralor
distrital tienen como propósito que esta se lleve a cabo antes del inicio del periodo
institucional correspondiente, para este caso, antes del Primero (1.º) de Enero de
Dos Mil Veintiséis (2026), fecha en que, tenía inicio el periodo institucional 2026-
2029.
De esa manera y, en concordancia con la Resolución 728 del Dieciocho (18) de
Noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019) y el artículo 6 de la Ley 1904 de 2018,
la convocatoria pública debe hacerse en un plazo mínimo de tres (3) meses, si se
tiene en cuenta que, la etapa de invitación pública debía realizarse (publicarse)
con un plazo mínimo de tres (3) meses de antelación a la sesión de elección, por
lo que, en su entender, la ley sí impone un límite temporal para llevar cabo la
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convocatoria pública y elección de contralor, que, al ser adecuado al proceso de
elección de contralores distritales, permite delimitar que, dicha convocatoria debe
ser previa al periodo institucional para los contralores territoriales, definido en el
artículo 272 de la Constitución Política.
Por ende, era deber del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca considerar el
contenido normativo del artículo 272 de la Constitución Política, para que, en
concordancia con las normas que lo desarrollan, como lo son, la Ley 1904 de 2018
y la Resolución núm. 728 del 2019, proferida por la CGR en virtud del artículo 6
del Acto legislativo 04 de 2019, se pudiera prever la existencia de un tiempo límite
para realizar la convocatoria pública y sus consecuentes etapas de entrevista y
elección de contralor, antes del inicio del periodo institucional fijado en la
Constitución y las normas en comento.
Además, la obligación de realizar la entrevista y posterior elección del Contralor
Distrital de Santiago de Cali por parte del Concejo distrital se encontraba
debidamente especificada en la Resolución 200.2.2-261 del Veintiocho (28) de
Julio de Dos Mil Veinticinco (2025), «Por medio de la cual se realiza Convocatoria
Pública para la elección del Contralor Distrital de Santiago de Cali, para el periodo 2026-
2029», proferida por la Mesa Directiva del Concejo distrital de Santiago de Cali.
• Violación del debido proceso, por cuanto, con su actuación, permitió que, bajo
una interpretación equivocada del artículo 45 del CPACA, se revocaran actos
administrativos que, en su entender, habían creado una situación jurídica
particular, específicamente, la Resolución 200.2.2-366 de 2025, por medio de la
cual, se publicó la lista definitiva de conformación de la terna para la elección de
contralor(a) distrital para el periodo 2026-2029 y que, por tanto, requería el
consentimiento o autorización de los ternados.
1.5. Trámite Procesal
21.
1.5.1. El Despacho sustanciador del proceso, a través de providencia del Veintisiete
(27) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)3, admitió la acción de la referencia y ordenó
3 Índice 5 de SAMAI.
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notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Concejo distrital de Santiago
de Cali como accionados. Asimismo, dispuso vincular a la Contraloría General de la
República, a la Auditoría General de la República, al Distrito Especial de Santiago de
Cali, a la contralora encargada del Distrito Especial de Santiago de Cali y a los
ciudadanos que participaron -y participan actualmente- en el proceso de elección de
contralor distrital de Santiago de Cali, para el periodo 2026-2029, en calidad de terceros
con interés.
22.
Igualmente, decidió negar la medida provisional solicitada por el accionante4, pero
decretó de oficio, las siguientes cautelas:
(…) SEXTO: ORDENAR, como medida provisional de oficio, al Concejo distrital de Santiago de Cali,
que, en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de este proveído, DESIGNE
al contralor(a) encargado, con carácter estrictamente temporal, esto es, mientras se adelanta la
convocatoria pública, teniendo en cuenta criterios técnicos, y con sujeción a los principios de
transparencia, objetividad e imparcialidad, quien deberá reunir los requisitos y calidades que exige
la norma; y en consecuencia, dejar sin efectos el Decreto núm. 4112.010.20.1107 del veintinueve
(29) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), so pena de incurrir en desacato.
SÉPTIMO. Asimismo, ORDENAR al Concejo Distrital de Cali para que ADELANTE, sin dilaciones
injustificadas, en un término máximo, perentorio e improrrogable tres (3) meses, el proceso de
elección de contralor distrital de Santiago de Cali para el período 2026-2029, atendiendo a las etapas
y reglas definidas en la Resolución núm. 200.2.2-261 del veintiocho (28) de julio de dos mil
veinticinco (2025), con estricta observancia de las disposiciones constitucionales que resulten
aplicables; las previsiones de la Ley 1904 de 2018 y de la Resolución Núm. 0728 de 2019; de los
principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género,
así como, aquellos que orientan la función de los cabildantes; y de las garantías que le asisten a los
participantes de la convocatoria.
23. 1.5.2. Dentro del término de ejecutoria de esa providencia, (i) el Concejo distrital de
Santiago de Cali; (ii) la segunda vicepresidenta del Concejo distrital de Santiago de Cali;
(iii) la apoderada del demandante; y (iv) el concejal de Santiago de Cali, Juan Felipe
Murgueitio, solicitaron la aclaración de la medida provisional, petición que, fue negada a
través de auto del 6 de mayo de 20265.
24. 1.5.3. En cumplimiento de la medida provisional decretada en el ordinal sexto
del auto admisorio de la demanda, el Concejo Distrital de Santiago de Cali, mediante
4 «SUSPENDER los efectos de la Resolución Nº200.2.2-073 del 10 de marzo de 2026, mediante la cual se ordena
subsanar y dejar sin efectos (revocar) todos los actos de trámite o preparatorios incluyendo la inscripción de los
candidatos y todas las demás actuaciones administrativas que se hubieron surtido de forma posterior a la expedición
de la Resolución Nº200.2.2-261 del 28 de julio de 2025 (…)».
5 Índice 34 de SAMAI.
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Concejo distrital de Santiago de Cali
Acta núm. 200.1.2-392 de la sesión plenaria ordinaria del Siete (7) de Mayo de Dos Mil
Veintiséis (2026), designó como contralora distrital en encargo a Luz Arianne Zúñiga
Nazareno.
1.6. Intervenciones
25. 1.6.1. La señora Stella Valencia Vallecilla, presentó coadyuvancia de las
pretensiones del accionante, y señaló que, se inscribió en la convocatoria para la
elección de contralor distrital de Santiago de Cali para el periodo 2026-2029 y fue
inadmitida mediante la Resolución núm. 200.2.2-314 del Veintiséis (26) de Agosto de Dos
Mil Veinticinco (2025), por no haber aportado el certificado de antecedentes judiciales,
actuación que, a su juicio, es abiertamente irregular, en tanto, dicho documento es de
carácter público y de consulta obligatoria y gratuita por parte de las entidades del Estado.
26. Por tanto, solicitó ordenar al Concejo distrital de Santiago de Cali reestablecer el
derecho a la igualdad de todos los aspirantes, permitiendo la valoración de los perfiles
que fueron excluidos por requisitos que la misma administración podía verificar de oficio.
27. 1.6.2. La Auditoría General de la República señaló que, la competencia de la entidad
se circunscribe exclusivamente a la vigilancia y control posterior de la gestión fiscal de
sus sujetos vigilados y, por lo mismo, carece de facultades legales para ofrecer informe
específico sobre la veracidad de los hechos, o para pronunciarse sobre la legalidad -o
hacer juicios de validez- de la actuación administrativa de la contraloría. En todo caso,
precisó que, los hechos descritos en la tutela no corresponden a una omisión atribuible
a la Auditoría como órgano de control fiscal, por lo que solicitó su desvinculación de este
proceso.
28. 1.6.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por conducto de la magistrada
ponente de la decisión objeto de cuestionamiento, se opuso a la prosperidad de la acción
de tutela, para lo cual, argumentó que, en su oportunidad, la Colegiatura examinó las
disposiciones legales, reglamentarias y los actos administrativos invocados como
incumplidos, en particular, la Ley 1904 de 2018, la Resolución 728 de 2019 de la
Contraloría General de la República, las resoluciones expedidas por la Mesa Directiva
del Concejo Distrital y el Acuerdo 0550 de 2022 (Reglamento Interno del Concejo), a
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partir de lo cual, concluyó que, dichas normas regulan competencias, etapas
procedimentales y lineamientos generales del proceso de selección del Contralor
Distrital, pero no establecen un mandato temporal preciso, claro y actual que permita
exigir, por vía de acción de cumplimiento, la realización inmediata de la entrevista y la
elección.
29. Precisó que, de esa manera, no era posible determinar un deber imperativo a cargo
del Concejo y que, aun cuando existía un deber general y abstracto del Concejo Distrital
de elegir al Contralor, ninguna de las normas analizadas fijaba un término perentorio cuyo
incumplimiento habilitara la intervención del juez de cumplimiento. En ese sentido,
argumentó que, los plazos previstos en la Ley 1904 de 2018 para la elección del
Contralor General de la República no eran aplicables a la elección de los contralores
territoriales, conforme a la interpretación jurisprudencial del Consejo de Estado y al
régimen especial definido en la Resolución 728 de 2019.
30. De otra parte, destacó que, la sentencia del Consejo de Estado (2025), que trae a
colación la parte actora para sustentar el cargo de defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, estableció que, a pesar de la ausencia de un
plazo expreso para la culminación de un proceso público abierto de méritos para la
conformación de ternas destinadas a la elección, las normas cuyo cumplimiento se
solicitó en aquella oportunidad sí consagraban un mandato imperativo e inobjetable en
cabeza del representante legal la entidad para realizar los trámites necesarios para
adelantar un proceso público abierto de méritos, que incluyera pruebas, entrevistas y
valoración de antecedentes, y que culminara con la conformación de las ternas para la
elección.
31. Por el contrario, en el caso que nos ocupa, el Concejo Distrital —en cabeza de su
Mesa Directiva— emitió y publicó la Resolución 200.2.2-449 que ordenó citar a los
ternados y la realización de la sesión plenaria para la entrevista y elección del Contralor,
pero, la mayoría de los integrantes del concejo no asistió, lo que, imposibilitó continuar
con dicha convocatoria.
32. De lo anterior, surge que, la Mesa Directiva del Concejo sí cumplió con los
lineamientos de la convocatoria pública para la elección del Contralor Distrital de Cali,
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pero, no existía un plazo perentorio —no abstracto— para que, en sede de la acción de
cumplimiento, se obligara a los integrantes del concejo a que asistieran a las sesiones
convocadas y adelantaran la respectiva entrevista.
33. Por lo tanto, si en gracia de discusión se hubiese accedido a las pretensiones de la
demanda, le correspondería al juez de la acción de cumplimiento crear un plazo no
previsto en la ley, ni por la propia administración, para que, el Concejo realizara
oportunamente la entrevista y la elección del Contralor Distrital, lo que, provocaría la
usurpación de las funciones que están asignadas a dicha corporación en el artículo 13
de la Resolución 728 de 2019 (adoptar cronogramas que garanticen la elección oportuna
de los contralores territoriales), ejecutada con las resoluciones 200.2.2-261 del
Veintiocho (28) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025) «Por medio de la cual se realiza
convocatoria pública para la elección del Contralor Distrital de Santiago de Cali, para el periodo
2026 - 2029» y 200.2.2.322 del Cinco (5) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)
«Por medio de la cual se realiza adenda modificatoria al proceso de convocatoria pública para la
elección del Contralor Distrital de Santiago de Cali, para el periodo 2026-2029», estableciendo
las reglas, etapas y el cronograma del proceso de elección del contralor.
34.
1.6.4. La señora Luz Arianne Zúñiga Nazareno, en su condición de contralora
distrital encargada, contestó la acción de tutela y señaló que, dada la finalización del
periodo institucional del contralor distrital de Santiago de Cali el Treinta y Uno (31) de
Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025), y, ante la inminencia de una acefalía en el
máximo ente de control fiscal distrital, el alcalde distrital, en ejercicio de la competencia
expresamente conferida por el inciso 2.º del artículo 161 de la Ley 136 de 1994, expidió
el Decreto 4112.010.20.1107 del Veintinueve (29) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco
(2025), en el que la designó contralora encargada, habida cuenta que, para esa fecha,
se desempeñaba como subcontralora -código 025, grado 07- de la planta de cargos de
la entidad.
35.
Expuso que, dicho acto es legal, en la medida en que, se fundó en el inciso 2.º del
artículo 161 de la Ley 136 de 1994 que dispone que, en los casos de falta absoluta o
suspensión del contralor distrital o municipal que se produjeren durante el receso del
concejo, serán provistas por el alcalde respectivo, designando provisionalmente un
funcionario de la Contraloría.
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36.
De esa manera, en el momento de la expedición del Decreto 4112.010.20.1107, el
Concejo Distrital se encontraba en receso (las sesiones ordinarias del segundo periodo
habían concluido el Treinta (30) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025) conforme al
artículo 23 de la Ley 136 de 1994) y la vacancia del cargo correspondía a una falta
absoluta por vencimiento del periodo institucional, por lo que, estaban reunidos todos los
presupuestos de hecho de la norma habilitante.
37.
Además, el manual de funciones, requisitos mínimos de cargos y competencias
laborales, código MAN–P7-27, versión 22 de la “CGSC”, señala, dentro de las funciones
de subcontralor, la de «reemplazar al contralor general de Santiago de Cali en las faltas
temporales y en las faltas definitivas en los términos de la ley y hasta tanto el concejo
designe el reemplazo del contralor».
38.
Según dicha norma, la duración del encargo no está limitada al receso del Concejo,
sino que, se extiende hasta que dicha entidad realice la designación del reemplazo, con
independencia que la corporación edilicia se encuentre o no en periodo de sesiones.
39.
Así las cosas, desde el Primero (1.º) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026), la
Contraloría General del Distrito de Santiago de Cali ha continuado ejerciendo sus
funciones constitucionales y legales de vigilancia y control fiscal bajo su dirección como
encargada, periodo durante el cual, ha adelantado procesos de responsabilidad fiscal,
actuaciones de control interno, ejecución del «Plan de Vigilancia y Control Fiscal
Territorial» de la vigencia 2026, que contiene los ejercicios de control micro y macro que
se deben llevar a cabo en la presente vigencia, y demás actuaciones propias del ente de
control, todas ellas, fundadas en la presunción de legalidad del acto de designación y en
el principio de continuidad del servicio público.
40. 1.6.5. El Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali solicitó su desvinculación del proceso, argumentando
que, dicha entidad no ha incurrido en acciones u omisiones que vulneren los derechos
fundamentales invocados por el accionante. Por el contrario, de la solicitud de tutela se
infiere que, el reproche del accionante se dirige contra el Concejo Distrital de Santiago
de Cali, Corporación pública de elección popular dotada de autonomía administrativa y
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presupuestal, cuya estructura, organización y funcionamiento son independientes del
ente territorial.
41. 1.6.6. El Concejo Distrital de Santiago de Cali6 rindió informe en el que señaló que,
el proceso de elección de contralor distrital de Santiago de Cali para el periodo 2026-
2029 nunca ha sido objeto de dilación alguna por parte de dicha entidad; por el contrario,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha desplegado una serie de
actuaciones administrativas orientadas a garantizar que el proceso se adelante con plena
observancia de los principios de legalidad, transparencia, objetividad, mérito y debido
proceso.
42. En ese sentido, la Mesa Directiva mediante la Resolución núm. 200.2.2-073 del Diez
(10) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), adoptó decisiones dirigidas a subsanar
situaciones advertidas en el proceso adelantado durante la vigencia 2025,
particularmente, a partir de las observaciones formuladas por el procurador segundo
delegado para la vigilancia preventiva de la función pública, Samuel Benjamín Arrieta
Buelvas, y de la proposición presentada y aprobada por mayoría en sesión plenaria del
Cuatro (4) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), las cuales, imponían la necesidad de
ajustar el trámite con el fin de evitar la consolidación de eventuales vicios que pudieran
afectar la validez del proceso, los derechos de los aspirantes y el interés general, así
como también, las posibles sanciones disciplinarias en contra de los concejales de la
Corporación advertidas por el mencionado procurador.
43. De esa manera, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución
Política, la decisión adoptada mediante la Resolución núm. 200.2.2-073 se enmarca en
el principio de autotutela administrativa y en el deber de la administración de corregir sus
actuaciones cuando estas no se ajustan plenamente al ordenamiento jurídico, como, en
su momento, lo advirtió la Procuraduría General de la Nación.
44. De otra parte, en relación con la designación temporal de contralor distrital, precisó
que, el encargo efectuado por el alcalde distrital se produjo en aplicación de lo previsto
en el artículo 161 de la Ley 136 de 1994, en un contexto de vacancia del cargo y durante
el receso de la Corporación, lo cual, se enmarca en las hipótesis normativas que habilitan
6 Índice 24 de SAMAI.
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dicha actuación, cuya continuidad se encuentra asociada a la necesidad de garantizar la
prestación de la función constitucional de control fiscal mientras se adelanta el proceso
de elección en propiedad.
45. En ese sentido, expuso que, de acuerdo con la sentencia del Dieciocho (18) de Enero
de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado7,
los actos precedentes al de elección, incluso, la conformación de la terna, han sido
calificados por la doctrina y la jurisprudencia como actos previos o de trámite, porque su
función no es la de constituir o declarar situaciones jurídicas individuales, sino, la de
impulsar la actuación.
46. Por tanto, la revocatoria de los actos administrativos no requería el consentimiento de
los ternados, por tratarse de un acto de trámite, al cual no le es aplicable el artículo 93
del CPACA.
47. De igual forma, describió que, desde el mes de enero del presente año, la Mesa
Directiva, en cabeza de la presidencia, procedió a instalar mesas de trabajo tanto
internas como con la Procuraduría Delegada para avanzar en la toma de decisiones que
conllevaron a la expedición de la Resolución núm. 200.2.2-073 del Diez (10) de Marzo
de Dos Mil Veintiséis (2026) y que, a la fecha de rendir el informe, se encontraba
adelantando la estructuración del proceso contractual para la reanudación de la
convocatoria y el cumplimiento de cada una de las etapas establecidas en la ley para la
elección de contralor distrital.
48. En relación con los defectos atribuidos a la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, sostuvo que, dicha colegiatura no se extralimitó en
sus competencias al resolver la segunda instancia, toda vez que, el señor Diego Mauricio
López Valencia planteó, en sede de impugnación, la discusión asociada a la exigibilidad
actual de la obligación a cargo del Concejo de Cali de elegir nuevo contralor distrital y al
cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad de la acción de cumplimiento,
discusión que, precisamente, fue la que abordó la autoridad judicial, lo que conduce a
7 Radicado núm. 11001-03-15-000-2023-06196-01 y 11001-03-15-000-2023-06338-01 (acumulados); accionantes:
Gerardo Botero Zuluaga y Diego Alejandro Rojas Medina; demandados: Presidencia de la República y Sala Plena de
la Corte Suprema de Justicia.
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descartar la existencia de un defecto procedimental como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
49. Finalmente, precisó que, la Corporación completó la estructuración del nuevo proceso
de contratación competitivo para la selección de la universidad que asesorará la
continuidad de la convocatoria de elección de contralor distrital, razón por la cual, ya
tenía proyectados todos los documentos precontractuales (análisis del sector, estudios
previos, invitación, etc.) que se publicarían en la plataforma SECOP II en la semana
comprendida entre el cuatro (4) y el ocho (8) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026).
50. En ese sentido, informó que, la Corporación estructuró un nuevo cronograma para la
convocatoria pública de méritos que prevé, tentativamente, la reanudación del proceso
para el Veinte (20) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026) y la culminación del mismo para
el Veinte (20) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026).
51. En memorial posterior8, el Concejo Distrital de Santiago de Cali dio alcance al informe
rendido y aportó al proceso copia de los fallos proferidos por el Juzgado Quinto Municipal
de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Cali y el Juzgado Trece Civil del Circuito
de Cali, que declararon improcedente la acción de tutela que formulara el señor Gustavo
Barrientos Velásquez, en su calidad de ternado a la Contraloría Distrital, a través de la
cual, pretendió cuestionar la legalidad de la resolución que dejó sin efectos el proceso
eleccionario, por considerar que, era violatoria del debido proceso, en tanto, se expidió
sin el consentimiento expreso de los ternados.
52. 1.6.7. La señora Amanda Gallego Blandón, en calidad de participante y ternada en
el proceso de elección de contralor distrital de Santiago de Cali para el periodo 2026-
2029, solicitó ser vinculada como tercera con interés en las resultas de este proceso.
53. Para el efecto, señaló que, la medida provisional decretada en este proceso resulta
abiertamente inconveniente y desproporcionada, en la medida en que, bajo la apariencia
de una decisión cautelar, produce efectos materiales equivalentes a una decisión de
fondo, al dejar sin efectos prácticos la convocatoria pública adelantada válidamente y
ordenar, en los hechos, la apertura de un nuevo proceso de elección, con lo cual, se
8 Visible a índice 28 de SAMAI.
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cierra anticipadamente la discusión jurídica planteada en la acción de tutela sobre la
legalidad y obligatoriedad de culminar el concurso ya agotado hasta la conformación de
la terna.
54. En ese sentido, la orden impartida desconoce que la convocatoria adelantada en virtud
de la Resolución núm. 200.2.2-261 de 2025 generó situaciones jurídicas concretas y
consolidadas en cabeza de los ternados, quienes superaron todas las etapas del proceso
y adquirieron un derecho subjetivo a que el mismo culminara conforme a las reglas
previamente establecidas y, al habilitar una nueva convocatoria, deja sin efectos la terna
vigente, sin decisión judicial de fondo que invalide el proceso ni consentimiento de sus
integrantes, vulnerando los derechos al debido proceso, confianza legítima e igualdad.
55. Adicionalmente, la decisión provisional termina legitimando y validando la conducta
omisiva del Concejo Distrital de Santiago de Cali, que se abstuvo de cumplir su deber
constitucional y legal de elegir oportunamente al Contralor Distrital y que, posteriormente,
revocó de manera irregular los actos de la convocatoria. En lugar de corregir dicha
omisión, aseveró que la medida premia el incumplimiento institucional, pues, habilita una
salida administrativa que exonera a los concejales de responder por la inobservancia de
sus deberes funcionales.
56. De igual forma, la orden de designar un contralor encargado y adelantar una nueva
elección en un plazo perentorio desnaturaliza el carácter excepcional y transitorio de la
medida provisional en sede de tutela, pues, no se limita a evitar un perjuicio irremediable,
sino que, recompone integralmente la situación jurídica debatida, sustituyendo el objeto
mismo del proceso constitucional y anticipando el sentido del fallo definitivo.
57. Al dejar sin efectos la terna y habilitar un nuevo proceso sin pronunciamiento judicial
de fondo sobre la validez del concurso ni reparación alguna, la medida provisional
sacrifica injustificadamente los derechos de los ternados, quienes soportan las
consecuencias del incumplimiento institucional del Concejo, vulnerando así su derecho
al debido proceso administrativo, a la igualdad frente a futuros aspirantes y a la confianza
legítima en la actuación del Estado.
58. Por lo anterior, solicitó: (i) se le vincule como interviniente y/o accionante dentro del
trámite constitucional de la referencia, reconociéndole legitimación para actuar y
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otorgándole pleno ejercicio de las facultades procesales correspondientes; (ii) se acceda
a las pretensiones de la demanda constitucional, declarando la vulneración de los
derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se impartan las órdenes
necesarias y conducentes para que cese de manera inmediata y efectiva dicha
vulneración; y (iii) que la medida provisional decretada sea modificada, dejada sin efectos
o, en subsidio, debidamente modulada, de manera que no implique la anulación material
de la convocatoria pública ni la desprotección de la terna válidamente conformada, pues,
en su configuración actual genera un perjuicio grave, actual y desproporcionado a los
ternados, resuelve anticipadamente el fondo de la acción de tutela y traslada
injustamente a estos las consecuencias del incumplimiento del Concejo Distrital, por lo
cual, se impone la adopción de una medida cautelar estrictamente transitoria,
proporcional y respetuosa de las situaciones jurídicas consolidadas.
59. 1.6.8. Mediante memorial allegado a este proceso el Veintisiete (27) de Mayo de
Dos Mil Veintiséis (2026), la apoderada del demandante formuló solicitud de
ampliación de la medida provisional, para cuyo efecto señaló que, el Siete (7) de Mayo
de Dos Mil Veintiséis (2026), el señor Diego Mauricio López Valencia le solicitó al Concejo
Distrital de Santiago de Cali dar cabal cumplimiento a la medida provisional decretada el
Veintisiete (27) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), de la cual, en su entender, se
desprendía el deber de «CULMINAR el proceso de elección de Contralor Distrital de Santiago de Cali
para el periodo 2026-2029, ATENDIENDO a las etapas y las reglas definidas en la Resolución Nº 200.2.2-
261 del 28 de julio de 2025, de lo cual vale decir que sólo faltan la etapa de entrevista y elección de
contralor, siendo menester del Concejo Distrital el proceder a realizar la respectiva citación a los miembros
de la terna conformada, a sesión plenaria para llevar a cabo la entrevista y elección de contralor distrital»
pero que, a través de oficio notificado el 25 de mayo de 2025 (sic)9, el Concejo distrital
negó dicha solicitud.
60. Por tanto, pidió al Despacho sustanciador:
«1) Ampliar la medida provisional adoptada de oficio mediante el numeral séptimo de la parte
dispositiva del Auto Interlocutorio de fecha 27 de abril de 2026, ordenando al Concejo Distrital de
Santiago de Cali suspender el proceso de contratación de mínima cuantía MC 002-2026” cuyo objeto
es “Contratar la prestación de servicios de asesoría técnica, jurídica y apoyo logístico para la
realización de la convocatoria pública de elección del Contralor Distrital de Santiago de Cali, para el
periodo 2026-2029, de conformidad con la normatividad vigente”; y abstenerse de realizar actos de
9 El accionante indica como fecha de notificación del oficio, el 25 de mayo de 2025. No obstante, de acuerdo con los
anexos aportados en el índice 47 de SAMAI, el oficio al que allí se hace referencia habría sido proferido el 12 de mayo
de 2026. En todo caso, se aclara que, en el anexo, no reposa la notificación referida.
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ejecución con fundamento en la Resolución N°200.2.2.073 del 10 de marzo de 2026, por causarse
un daño irreversible con sus efectos en el tiempo mientras se profiere el correspondiente fallo de
tutela, y ser tal tipo de acto y actuaciones contrarias a la constitución política, y concretar el objeto
de la demandada de tutela en este proceso constitucional.
2) Instar nuevamente al Concejo Distrital de Santiago de Cali, a proceder a culminar la convocatoria
pública adelantada en virtud de la Resolución N°200.2.2-261 del 28 de julio de 2025, citando para
la respectiva entrevista y elección de Contralor Distrital de la terna conformada en tal proceso
electoral, conforme el cronograma y etapas ya consumadas de la precitada resolución, en pro de
los derechos y garantías constitucionales de quienes integran la terna conformada mediante la
Resolución N°200.2.2-366 del 09 de octubre de 2025, y que son objeto del amparo solicitado por el
aquí accionante»
61. 1.6.9. El Despacho ponente, a través de auto del Primero (1.º) de Junio de Dos
Mil Veintiséis (2026), corregido oficiosamente el Cuatro (4) de Junio siguiente, negó
la solicitud de ampliación de medida provisional, habida cuenta que, el contenido de
la misma no tenía correspondencia con la orden que fue impartida a través de la
providencia del Veintisiete (27) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), y, por tanto, no había
lugar a acceder a lo solicitado.
62. Asimismo, requirió al Concejo Distrital de Santiago de Cali para que, en el término
de un (1) día, remitiera con destino a este proceso, la totalidad del expediente
administrativo que conforma el proceso eleccionario de contralor distrital de Santiago de
Cali, incluidas todas las resoluciones expedidas con posterioridad a la Resolución núm.
200.2.2-073 del Diez (10) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), indicara el estado actual
del mismo e informara, de manera urgente, cuál es el fundamento jurídico, con base en
el cual, inició un nuevo proceso eleccionario.
63. 1.6.10. En atención a dicho requerimiento, el Concejo Distrital de Santiago de Cali
informó10 que, como consecuencia de la decisión adoptada mediante la Resolución núm.
200.2.2-073 de 2026, y teniendo en cuenta que, el contrato suscrito previamente para el
acompañamiento técnico, jurídico y logístico de la convocatoria culminó el Treinta (30)
de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), resultó necesario adelantar un nuevo
proceso de contratación que permitiera a la Corporación contar con el apoyo
especializado requerido para culminar la convocatoria pública desde la etapa objeto de
subsanación.
10 Índice 61 de SAMAI.
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64. En virtud de lo anterior, adelantó el proceso de selección de mínima cuantía núm.
MC002-2026 y, antes de su publicación en la plataforma SECOP II, ejecutó la
correspondiente fase de planeación, dentro de la cual, se solicitaron cotizaciones a
diversas instituciones de educación superior, entre ellas, la Universidad del Magdalena,
la Universidad Icesi, la Universidad de Pamplona, la Pontificia Universidad Javeriana
Cali, la Universidad EAFIT y la Universidad del Rosario.
65. Posteriormente, el proceso fue publicado en la plataforma SECOP II el Diecinueve
(19) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026) y, el Veintidós (22) de Mayo de Dos Mil
Veintiséis (2026), fecha prevista para la presentación de ofertas, se recibió únicamente
propuesta por parte de la Universidad de Pamplona.
66. Así, en cumplimiento del cronograma establecido, el Veinticinco (25) de Mayo de Dos
Mil Veintiséis (2026) se publicó el informe de verificación de requisitos habilitantes y, una
vez surtidas las etapas correspondientes, el Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil
Veintiséis (2026) se aceptó la oferta presentada por la Universidad de Pamplona, por lo
que, procedió a la celebración del Contrato núm. 100.8.4.421.2026, cuyo objeto consiste
en prestar asesoría técnica, jurídica y apoyo logístico para la realización de la
convocatoria pública de elección del Contralor Distrital de Santiago de Cali para el
período 2026-2029.
67. En cuanto al estado actual del proceso, informó que, el referido contrato se encuentra
vigente y en ejecución, habiendo surtido las actuaciones de legalización
correspondientes mediante la expedición del registro presupuestal, la constitución de las
garantías contractuales por parte del contratista y su respectiva aprobación por la
Corporación. En consecuencia, actualmente se adelantan las actividades preparatorias
y técnicas necesarias para la continuidad de la convocatoria pública, de conformidad con
el marco normativo aplicable.
68. De igual manera, precisó que, el Concejo Distrital ha dado cumplimiento a las órdenes
impartidas por el Consejo de Estado mediante auto del Veintisiete (27) de Abril de Dos
Mil Veintiséis (2026), particularmente, en lo relacionado con la designación temporal de
un contralor encargado para garantizar la continuidad administrativa y funcional del
órgano de control fiscal, mientras se surte el proceso de elección definitiva.
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69. Asimismo, informó que, una vez se surtan las etapas subsiguientes del procedimiento
de elección del (la) Contralor(a) Distrital de Santiago de Cali para la vigencia 2026 -2029,
y se expidan los correspondientes actos administrativos, procederá a ponerlos en
conocimiento de esta Corporación dentro del marco de la acción constitucional
actualmente en trámite, con el fin de contribuir al adecuado seguimiento y valoración
judicial de las actuaciones adelantadas.
70. 1.6.11. El señor Gustavo Barrientos Velásquez11 presentó escrito de coadyuvancia
de la presente acción de tutela para lo que invocó su calidad de participante en el proceso
de elección de contralor distrital de Santiago de Cali y ternado a través de la Resolución
núm. 200.2.2-366 del Nueve (9) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025).
71. Para el efecto, describió lo ocurrido dentro del proceso de elección de contralor y
agregó que, mediante diferentes memoriales, le solicitó al Concejo Distrital de Santiago
de Cali la revocatoria de la Resolución núm. 200.2.2.073 del Diez (10) de Marzo de Dos
Mil Veintiséis (2026), invocando las causales previstas en los numerales 1, 2 y 3 del
artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, esto es, la manifiesta oposición a la Constitución y la
ley, no conformidad con el interés público o social, y el agravio injustificado a una
persona, petición que fue desatada de manera negativa a través de la Resolución núm.
200.2.2-163 del Diecinueve (19) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026).
72. De otra parte, solicitó a esta Corporación suspender de forma inmediata «1. Proposición
002 del marzo 4 de 2026 que acepto y reconoció la sentencia 005 de enero 21 de 2026 Tribunal
Administrativo Valle como NO requerida como publicación de la resolución 200.2.2.261 de Julio 28 de
2025, que aperturo convocatoria de Contralor, siendo este el CIMIENTO Y FUNDAMENTO DEL
PROCESO de que, adicionalmente trata la resolución 200.2.2.163 de mayo 19 de 2026 considerando 3
pagina 6- ya indicado, habiendo intencional, premeditada y deliberadamente definido como argumento o
motivación jurídica en el numeral 12 resolución 200.2.2..073 de marzo 10 de 2026, siendo esta proposición
002, la fuente de la resolución 200.2.2.073. 2. Resolución 200.2.2.073 del 10 de marzo de 2026. 3.
Resolución 163 del 19 de mayo de 2026. Y, como consecuencia de la anterior suspensión, SE ORDENE
a la Mesa Directiva del Concejo Distrital de Santiago de Cali ABSTENERSE de suscribir,
perfeccionar, ejecutar o dar trámite a cualquier contrato, convenio interadministrativo, acto
administrativo o actuación contractual con universidad pública o privada, cuyo objeto sea adelantar
un nuevo concurso público de méritos para la elección de Contralor Distrital de Santiago de Cali para el
11 Índice 65 de SAMAI.
22
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período 2026-2029, hasta tanto se profiera sentencia de fondo que resuelva la presente acción de tutela.»12
(sic para toda la cita).
73. Asimismo, pidió:
«DECLARAR LA NULIDAD de la proposición 02 de marzo 4 de 2026, resolución 200.2.2.073 de
marzo 10 de 2026, y resolución 200.2.2.63 de mayo 19 de 2026, por violación de cosa juzgada
material de la sentencia 039 de febrero 10 de 2026, falsa motivación, expedición irregular,
desviación de poder y fraude a resolución judicial articulo 454 C.P.
2.2 DECLARAR que la resolución 200.2.2.366 de octubre 9 de 2025 se encuentra vigente y goza de
presunción de legalidad articulo 88 ley 1437 de 2011 y como consecuencia la terna conformada en
esta, está en firme.
2.3 COMPULSAR COPIAS a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a los miembros
de Mesa Directiva por los presuntos delitos de fraude a resolución judicial, art 454 C.P y prevaricato
por accion art 413 C.P, toda vez que la resolución 200.2.2.163 de mayo 19 de 2026, confeso que la
resolución 200.2.2.073 se expidió “para eludir la accion de lesividad” ordenada en las sentencia 039
de febrero 10 de 2026
2.4 COMPULSAR COPIAS a la Contraloría Distrital y General de la República, a ambas, para que
investigue el daño a servidor publico y patrimonio por DILACION INJUSTIFICADA superior a SIETE
(7) MESES del plazo máximo previsto en la resolución 0728 de la Contraloría General de la
República -TRES (3) MESES-, con vulneración al tiempo de los principios de economía, celeridad y
eficacia art 209 constitucional» (sic para toda la cita)13.
74. 1.6.12. El Concejo distrital de Santiago de Cali14, a través de memorial radicado el
Diecisiete (17) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), allegó copia de la Resolución núm.
200.2.2-187 del Dieciséis (16) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), mediante el cual,
dicha Corporación dispuso dar continuidad al proceso de elección de contralor distrital
de Santiago de Cali para el periodo constitucional 2026-2029, una vez adoptadas las
medidas orientadas al cumplimiento de las decisiones judiciales y actuaciones
administrativas que han incidido en el desarrollo del proceso de selección.
II. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia
75. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
12 Es oportuno precisar que, aunque la solicitud de coadyuvancia fue solicitada en memoriales visibles a índices 65 y
66 de SAMAI, esta pretensión fue modificada en el memorial que reposa en el índice 67 de SAMAI.
13 Índice 66 de SAMAI. En todo caso, se aclara que, a través de memoriales visibles a índices 72 y 73, el señor
Barrientos Velásquez informó sobre una solicitud de extensión de jurisprudencia que formuló ante el Concejo distrital
de Santiago de Cali y un incidente de desacato propuesto y formuló algunas solicitudes relacionadas con dichos
trámites judiciales que, en todo caso, no corresponden con el proceso de acción de cumplimiento que se cuestiona en
esta acción de tutela.
14 Índice 70 de SAMAI.
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de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.
3.2 La acción de tutela
76. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
3.3 Cuestiones preliminares
77. 3.3.1. De la coadyuvancia presentada por Stella Valencia Vallecilla y Gustavo
Barrientos Velásquez
78. La Corte Constitucional ha precisado que, los sujetos procesales en el trámite de la
acción de tutela son los siguientes15: (i) el actor o los actores, que son titulares de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados por las conductas
que se debaten dentro del proceso16; (ii) los sujetos legitimados para fungir como agentes
oficiosos de los derechos de personas que no están en condiciones de hacerlo por sí
mismas17; (iii) las personas o autoridades públicas contra quienes se dirige la acción de
tutela18; y (iv) los terceros que tengan un interés legítimo debidamente acreditado en el
resultado del proceso19. En esta última categoría se encuentran los coadyuvantes.20
15 Sentencia T-269 de 2012
16 Inciso primero art. 10 Decreto 2591/91
17 Inciso segundo art. 10 Decreto 2591/91
18 Inciso primero art. 13 Decreto 2591/91
19 Inciso segundo art. 13 Decreto 2591/91.
20 Auto 401 de 2020
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79. El inciso 2 del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, que establece la figura de la
coadyuvancia, dispone que, «quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso
podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra
quien se hubiere hecho la solicitud»21. De esa manera, el coadyuvante es un tercero que
tiene una relación sustancial con las partes que, indirectamente, puede verse afectada
si la parte a la que coadyuva obtiene un fallo desfavorable22.
80. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, el coadyuvante interviene dentro del
proceso a partir de las facultades que son permitidas, en cuanto, apoya con su actuación
a una de las partes. En efecto, «aquellos no reclaman un derecho propio para que sobre él
haya decisión en el proceso, sino un interés personal en la suerte de la pretensión de una de las
partes»23. Se trata de intervenir para afianzar y «sostener las razones de un derecho ajeno»24.
81. La Corte Constitucional también ha precisado que, la aplicación de esa figura procesal
se encuentra restringida a determinados momentos procesales, «pues la esencia de la
coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única instancia o de segunda instancia,
para prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones propias»25.
82. En ese sentido, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la coadyuvancia
tiene las siguientes reglas26:
• La participación del coadyuvante debe estar acorde con las posiciones y
pretensiones presentadas por el accionante o el accionado en el trámite de tutela,
es decir, no puede formular pretensiones propias de amparo a sus derechos
fundamentales;
• La coadyuvancia puede ser llevada a cabo hasta antes de que se expida la
sentencia que finalice el proceso de tutela, es decir, hasta antes de la sentencia
21 Decreto 2591 de 1991. Artículo 13, inc. 2.
22 Sentencia T-304 de 1996.
23 Devis Echandía, Hernando. Compendio de derecho procesal. Tomo I. Teoría General del Proceso. Bogotá: Editorial
ABC, 1981 pp. 359.
24 Ibídem pp. 362
25 Sentencia T-304 de 1996 y T-1062 de 2010.
26 Sobre las reglas de la coadyuvancia en el trámite de tutela puede verse las sentencias T-304 de 1996, T- 1062 de
2010, T-269 de 2012 y T-070 de 2018
25
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de única, de segunda instancia o de revisión ante la Corte Constitucional, según
sea el caso.
83. En el presente asunto, los señores Stella Valencia Vallecilla y Gustavo Barrientos
Velásquez aportaron sendos memoriales en los que solicitaron ser tenidos como
coadyuvantes de las pretensiones del señor Diego Mauricio López Valencia, por haber
participado en el proceso de elección de contralor distrital de Santiago de Cali y, este
último, haber sido incluido en la terna que, a la postre, fue dejada sin efectos por el
Concejo Distrital.
84. En virtud de lo expuesto, comoquiera que, mediante el auto admisorio de la presente
acción de tutela, se dispuso la vinculación de todos los ciudadanos participantes dentro
del proceso de elección de contralor distrital de Santiago de Cali y que, los señores Stella
Valencia Vallecilla y Gustavo Barrientos Velásquez acreditaron ser parte del mismo, se
les tendrá como coadyuvantes, en los términos descritos en la jurisprudencia señalada
en el presente acápite.
3.3.2. De la solicitud de vinculación de la señora Amanda Gallego Blandón
85. La señora Amanda Gallego Blandón solicitó su vinculación a este proceso como
tercero con interés, por haber sido incluida en la terna que fue publicada a través de la
Resolución 200.2.2-366 del Nueve (9) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025).
86. Al respecto, la Sala debe precisar que, a través del auto admisorio de la tutela del
Veintisiete (27) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), se dispuso, en el ordinal tercero,
vincular a los ciudadanos que participaron y participan en el proceso de elección de
contralor distrital de Santiago de Cali para el periodo 2026-2029, como terceros
interesados, por lo que, en virtud de dicha providencia, la señora Gallego Blandón
actualmente se encuentra vinculada a este proceso y, por ese motivo, no hay lugar a
disponer de una orden adicional en ese sentido.
26
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87. 3.3.3. De la solicitud de desvinculación del Distrito Especial de Santiago de Cali
y la Auditoría General de la República
88. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…] se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el
derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9 ha considerado que, «[…]
La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra quien
se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental […]».
89. En los informes rendidos, la Auditoría General de la República y el Distrito Especial
de Santiago de Cali solicitaron su desvinculación del proceso por no haber incurrido en
actuaciones que el demandante reproche como violatorias de derechos fundamentales.
90. Al respecto, la Sala advierte que, la vinculación de dichas entidades en el presente
asunto se dispuso en calidad de terceros con interés, debido a las actuaciones surtidas
al interior del proceso de elección de contralor distrital de Santiago de Cali para el periodo
2026-2029, por lo que, se negará su solicitud.
3.4. Problema jurídico
91.
Se contrae a determinar: ¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en
los defectos procedimental y sustantivo por desconocimiento del precedente al proferir
la sentencia del 13 de febrero de 2026 que confirmó el fallo que negó la acción de
cumplimiento presentada por el señor Diego Mauricio López Valencia?
92.
Asimismo, se deberá establecer: ¿Es procedente la acción de tutela para anular la
Resolución núm. 200.2.2-073 del Diez (10) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)
proferida por el Concejo distrital de Santiago de Cali, por medio de la cual, dispuso
sanear el procedimiento de elección de contralor distrital?
3.5. La acción de tutela contra providencias judiciales
93. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional3 y de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 4, es posible acudir a la acción
de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando estos resulten
27
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amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este contexto, se han
estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, generales y específicos, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos
de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del
marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
94. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
95. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del
procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión
que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
28
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la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
3.5.1. Cumplimiento de los requisitos generales en el asunto bajo examen
96. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso del actor; (ii) la Sala logra establecer que el reproche del
demandante se dirige a atribuirle a la providencia cuestionada los defectos procedimental
y sustantivo por desconocimiento del precedente; (iii) el requisito de inmediatez se
satisface, en la medida en que, no han transcurrido más de seis (6) meses, ni siquiera
desde la expedición de la providencia atacada [Trece (13) de febrero de Dos Mil
Veintiséis (2026)] y la radicación de la presente acción de tutela [Seis (6) de Abril de Dos
Mil Veintiséis (2026)]; y (iv) la determinación acusada no es de tutela.
97. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del
asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo invocada por el
demandante.
3.5.3. Desconocimiento del precedente
98. Valga la pena recordar que el desconocimiento del precedente tiene dos (2)
modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia
judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por
el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo 241
superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia25, y la segunda hace referencia cuando la autoridad
jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo
que lleva a concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo 26 en virtud de
los principios del debido proceso, igualdad y buena fe27.
29
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3.5.4. Defecto procedimental
99.
Sea lo primero indicar que este defecto encuentra su razón de ser en los artículos 29
y 228 de la Constitución que consagran las garantías constitucionales del debido
proceso, el acceso a la administración de justicia y el principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre el procesal27
100. En términos generales, este defecto puede presentarse en dos modalidades: (i)
absoluto, cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) por exceso ritual manifiesto, que ocurre cuando «[…] hay
una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por
extremo rigor en la aplicación de las normas procesales»28, es decir, se privilegian
aspectos formales sobre el derecho sustancial, lo que afecta la garantía de acceso a la
administración de justicia29.
3.6. Caso concreto
101. El señor Diego Mauricio López Valencia acude a la acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, a
elegir y ser elegido y al acceso a cargos públicos, los cuales, considera vulnerados por
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al proferir la sentencia del Trece (13) de
Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), dentro de la acción de cumplimiento formulada
contra el Concejo Distrital de Santiago de Cali. Como consecuencia de ello, solicita que
deje sin efectos la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, se le ordene proferir
una decisión de reemplazo en la que, se aplique el precedente vertical proferido por la
Sección Quinta del Consejo de Estado dentro de la acción de cumplimiento con radicado
núm. 25000-23-41-000-2025-00695-01.
102. Asimismo, solicita que, en aras de prevenir un daño irreversible, se ordene al
Concejo Distrital de Santiago de Cali revocar la Resolución núm. 200.2.2-073 del Diez
(10) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), por no contar con la autorización o
consentimiento de los ternados y, en su lugar, restablecer de manera inmediata la terna
27 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
28 Corte Constitucional, sentencia T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
29 Sentencia T-386 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
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definitiva conformada mediante la Resolución núm. 200.2.2-366 del Nueve (9) de
Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025).
103. En este contexto, para efectos metodológicos, la Sala abordará, inicialmente, el
análisis frente a la providencia judicial proferida en el marco de la acción de cumplimiento
en desarrollo del primer problema jurídico planteado y, posteriormente, efectuará las
consideraciones que resulten necesarias respecto de la actuación eleccionaria
adelantada por el Concejo Distrital de Santiago de Cali, en desarrollo del segundo
problema jurídico planteado.
3.6.1. Sobre los reproches formulados en relación con la acción de cumplimiento
104. El señor Diego Mauricio López Valencia presentó demanda en ejercicio de la acción
de cumplimiento con el propósito de ordenar al Concejo Distrital de Santiago de Cali citar
a entrevista y proceder a la elección de contralor de dicho distrito especial.
105. De manera concreta, formuló las siguientes pretensiones:
«Que se declare el incumplimiento, por parte del Concejo Distrital de Santiago de Cali, de los
artículos 272 y 313 de la CP; de la Ley 1904 de 2018; de la Resolución 728 del 2019 de la Contraloría
General de la República; del Acuerdo 0550 de 2022 (Reglamento Interno del Concejo Distrital de
Santiago de Cali), y de las resoluciones 200.2.2-261 del 28 de julio de 2025 y 200.2.2-449 del 26 de
noviembre de 2025, proferidas por la Mesa Directiva del Concejo Distrital. Disposiciones normativas
que imponen a los concejales el deber de sesionar en plenaria y elegir oportunamente al Contralor
Distrital para el período 2026-2029, de la terna oficial conformada.
• Que se declare renuentes a 14 concejales —identificados en la demanda— que se abstuvieron de
cumplir, injustificadamente, con el deber de asistir a las sesiones de plenaria a las que fueron
debidamente citados y por omitir el deber de elegir al Contralor Distrital de Santiago de Cali, de la
terna conformada en el proceso de convocatoria pública adelantado por esa Corporación, en los
términos dispuestos en los artículos 272 y 313 de la CP, la Ley 1904 de 2018, la Resolución 728 del
2019, el Acuerdo 0550 de 2022 (Reglamento Interno del Concejo Distrital de Santiago de Cali) y las
Resoluciones 200.2.2-261 del 28 de julio de 2025 y 200.2.2-449 del 26 de noviembre de 2025.
• Que se ordene al Concejo Distrital de Santiago de Cali —los concejales que conforman la plenaria
de la Corporación— que se acate y cumpla el deber de asistir a las sesiones de la plenaria que se
citen, para la entrevista y elección del Contralor Distrital de Santiago de Cali, período 2026 a 2029,
de la terna oficial conformada y presentada a la plenaria, en virtud de lo dispuesto en los artículos
272 y 313 de la CP, la Ley 1904 de 2018, la Resolución 728 del 2019, el Acuerdo 0550 de 2022 y
de las resoluciones 200.2.2-261 del 28 de julio de 2025 y 200.2.2-449 del 26 de noviembre de 2025,
normas que tienen la fuerza material de ley e imperatividad para ser exigible su cumplimiento a los
concejales del distrito de Santiago de Cali.
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Concejo distrital de Santiago de Cali
• Que se ordene al Concejo Distrital de Santiago de Cali, en cabeza del presidente de la Corporación,
citar de manera inmediata a sesión plenaria para la entrevista y elección del Contralor Distrital, de
la terna oficial conformada con la Resolución 200.2.2.366 del 09 de octubre de 2025, por no existir
ningún reparo sobre la habilitación y condiciones de los ternados para ser elegidos, acorde con los
artículos 272 y 313 de la CP, la Ley 1904 de 2018, la Resolución 728 del 2019, el Acuerdo 0550 de
2022 y las resoluciones 200.2.2-261 del 28 de julio de 2025 y 200.2.2-449 del 26 de noviembre de
2025, proferidas por la mesa directiva del Concejo Distrital. (…)»
106. El proceso le correspondió en primera instancia al Juzgado Sexto Administrativo Oral
de Cali, sede judicial que, mediante providencia del Treinta (30) de Enero de Dos Mil
Veintiséis (2026), negó las pretensiones de la demanda.
107. Al abordar la controversia, el juzgado identificó como problema jurídico a resolver,
establecer si «las normas imponen la elección del contralor como un mandato de carácter
inobjetable para los concejos» y, en caso afirmativo, «revisaría que no existan condiciones de
improcedencia de la acción de cumplimiento».
108. A partir de dichos planteamientos, consideró lo siguiente:
[…]
El Concejo Distrital de Cali mediante la Resolución No. 200.2.2-261 del 28 de julio de 2025 hizo la
convocatoria pública para la elección del Contralor Distrital de Cali para el periodo 2026 – 2029.
El Concejo celebró contrato interadministrativo con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia para que apoyara el proceso.
El proceso cursó las etapas de admisión de aspirantes, prueba de conocimientos, valoración de
antecedentes de estudios y experiencia y, hoy se cuenta con la terna definitiva en la Resolución
200.2.2-366 del 9 de octubre de 2025.
El accionante destaca que el Concejo de Cali incumple el nombramiento del Contralor que le obligan
la Constitución, la Ley 1904 de 2018 y los reseñados actos administrativos de la Contraloría General
de la República y el mismo Concejo de Cali.
Al respecto, el artículo 272 de la Constitución Política (modificado por el artículo 4 del Acto
Legislativo 4 de 2019) señala que la elección de los contralores territoriales corresponde a las
Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Municipales de la terna conformada por quienes
obtengan los mayores puntajes en la convocatoria pública. El Contralor es elegido para un periodo
de cuatro años que no puede coincidir con el periodo del gobernador o alcalde.
La Ley 1904 de 2018 establece las reglas de la convocatoria pública previa a la elección de Contralor
General de la República. Allí se encuentran los requisitos del cargo (artículo 4), las etapas del
proceso de selección (artículo 6), la forma y fecha de la elección (artículo 3 y 9), entre otros. También
el artículo 11 menciona que estas disposiciones son aplicables a la elección de los contralores
territoriales, hasta tanto no hubiere disposiciones especiales sobre la materia.
Por su parte, la Contraloría General de la República en la Resolución No. 728 del 18 de noviembre
de 2019 estableció los términos generales de las convocatorias públicas de la selección de
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contralores territoriales: reglas generales, convocatoria, reclamaciones, ponderación de pruebas,
examen de integridad, entrevista, entre otros.
Aunado a ello, el artículo 13 refiere que es un deber de los Concejos y Asambleas adoptar el
cronograma que garantice la elección oportuna de los contralores territoriales.
El Concejo de Cali a través del Acuerdo No. 550 de 2022 expidió el reglamento de la Corporación:
• El artículo 32 (numeral 8) refiere a la función de elección del Contralor Distrital.
• Los artículos 71, 72 y 73 hablan de los llamados a lista, excusas aceptables e inicio de las sesiones
del Concejo.
• El artículo 113 enlista las reglas de votación del Concejo. En el numeral 9 se advierte que ningún
concejal puede retirarse del recinto cuando esté en curso la votación de una discusión que ha sido
cerrada, salvo que esté autorizado por la Plenaria o la respectiva comisión.
• El artículo 132 menciona las etapas de elección del Contralor: (i) Convocatoria, (ii) Inscripción, lista
de elegidos, pruebas, criterios de selección, entrevista, (iii) Lista de elegibles (terna) y (iv) Entrevista.
El Concejo en el artículo tercero de la Resolución No. 200.2.2-261 del 28 de julio de 2025 fijó los
parámetros de la convocatoria pública. En ese sentido, indicó que después de la conformación de
la terna sigue la entrevista (numeral 27) y la elección del Contralor (numeral 28).
Por último, el Concejo en la Resolución No. 200.2.2-449 del 26 de noviembre de 2025 citó a los
candidatos de la terna para la entrevista y elección del Contralor.
De esta forma, el Despacho encuentra que la Constitución Política dio competencia al Concejo de
Cali para la elección del Contralor Distrital. Tal competencia fue desarrollada en la Ley 1904 de 2018
y en los actos administrativos mencionados.
Así, el Concejo debe hacer la elección en los 8 días siguientes a la entrevista (artículo 9 de la Ley
1904 de 2018) y antes de que venza el periodo constitucional del cargo (31 de diciembre de 2025),
según el artículo 13 de la Resolución No. 728 del 18 de noviembre de 2019.
En esta dirección, el Despacho entiende que la elección del Contralor Distrital es una obligación
legal y reglamentaria a cargo del Concejo de Cali.
Ahora bien, el Presidente del Concejo de Cali señaló en las respuestas a las peticiones de
cumplimiento del accionante que entre los puntos del orden del día de las sesiones plenarias del 27
al 30 de noviembre de 2025 incluyó la entrevista y elección del Contralor Distrital, pero que no se
pudo hacer por falta de quorum.
De este modo, el Presidente del Concejo advirtió que el 30 de noviembre de 2025 finalizó el periodo
de sesiones ordinarias y por ello ahora potestativo del Alcalde de Cali citar sesiones extraordinarias
para tal elección. Las actas de esas sesiones son visibles en el índice 22 en SAMAI.
Varios concejales presentaron constancia de no asistencia a las sesiones porque consideran que el
proceso electoral debe aclararse o sanearse conforme a las recomendaciones y advertencias de la
Procuraduría.
Para el efecto, en el expediente están las recomendaciones y advertencias de la Procuraduría sobre
la posible falta de competencia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para
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responder a las reclamaciones de los aspirantes, la falta de publicación del borrador del acto de
convocatoria pública y la exigencia de requisitos o documentos no previstos en la norma.
Frente a ello, la Mesa Directiva del Concejo de Cali solicitó aclaración a la Procuraduría sobre la
continuación del proceso en vista de dichas recomendaciones y advertencias.
La Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión 2 Segunda para la Vigilancia
Preventiva de la Función Pública en ofició del 9 de diciembre de 202543 aclaró a la Mesa Directiva
del Concejo de Cali que esas recomendaciones y advertencias no eran órdenes de suspensión,
revocatoria o anulación de los actos administrativos del proceso electoral.
En cambio, la Procuraduría adujo que la función preventiva le permite poner en conocimiento las
irregularidades que advierta y el riesgo de incurrirse en faltas disciplinarias. Sin embargo, manifestó
que la Mesa Directiva del Concejo tenía autonomía en el proceso y, por tanto, la que debe decidir si
continuarlo, sanearlo o corregirlo.
Del mismo modo, la Procuraduría sostuvo que continuaría solicitando las explicaciones sobre las
observaciones antedichas, dado que aún no habían sido aclaradas o superadas.
Algunos concejales en las constancias de ausencia mencionadas manifestaron que la Mesa
Directiva se ha negado a dar trámite a las proposiciones de aclaración o saneamiento de la actuación
electoral.
De este modo, el Despacho aprecia que la falta de quorum para la entrevista y elección del Contralor
se asocia a que están pendientes estas proposiciones, trámite, debate y decisión regulados en el
artículo 78 y siguientes del Acuerdo 550 de 2022 (Reglamento Interno del Concejo).
Bajo esta óptica, el Despacho no desconoce que las recomendaciones y advertencias de la
Procuraduría no imponen la pérdida de efectos jurídicos del proceso electoral, pero el Concejo en
su rol de elector puede tomar nota de esas observaciones y, así, revisar, aclarar, sanear o corregir
la actuación.
El accionante acompañó la sentencia dictada en la acción de cumplimiento con radicación No.
76001-33-33-021-00304-01 que negó las pretensiones al concluir que no era obligatoria la
publicación del borrador del acto de convocatoria del proceso de elección del Contralor para el
periodo 2026 – 2029. Del mismo modo, acompañó la sentencia de segunda instancia que la
confirmó.
Sin embargo, persisten las demás observaciones. Así, la falta de trámite de las proposiciones de
saneamiento o aclaración del proceso tornan inexigible por el momento adelantar la entrevista y
elección del Contralor. En consecuencia, aun cuando existe la obligación de elegir al Contralor, el
Concejo de Cali presenta objeciones válidas para no haberlo hecho.
En suma, el Concejo de Cali no está obligado a la elección del Contralor hasta tanto se hayan
resuelto las proposiciones presentadas frente al proceso de selección. De allí que el mandato no es
inobjetable y, por tanto, las pretensiones de la demanda serán desestimadas.[…]
109. Impugnada la decisión, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de
sentencia del Trece (13) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), confirmó lo resuelto
por el a quo.
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110. Para delimitar su estudio, el Tribunal planteó como problema jurídico a resolver,
«determinar, en primer lugar, si es adecuada la acción de cumplimiento para requerir la aplicación de
normas constitucionales y de normas aplicables con fuerza material de ley y actos administrativos
que no establecen un mandato u orden que esté contemplada en forma precisa, clara y actual. Una
vez superado el anterior problema jurídico, se debe determinar si la sentencia de primera instancia
incurrió en defectos procedimentales, fácticos y sustanciales, por la valoración de la contestación de
la demanda y de las pruebas allegadas por el Concejo Distrital de Cali de forma extemporánea y por
tener por acreditado que existían proposiciones de aclaración o saneamiento aún pendientes de
trámite dentro del proceso de selección.»
111. En ese contexto, adelantó el siguiente análisis:
« 47. En primer lugar, se debe precisar que dentro de los presupuestos para la prosperidad de la
acción de cumplimiento está que el deber jurídico cuya observancia se exige esté consignado en
normas con fuerza de ley o en actos administrativos, como lo prescriben expresamente los artículos
87 de la CP y 1° de la Ley 393 de 1997. Lo expuesto elimina la posibilidad de estudiar la exigencia
de cumplimiento sobre los mandatos constitucionales invocados en la demanda, en este caso, de
los artículos 272 y 313 de la CP.
48. En segundo orden, se observa que la parte demandante pretende que los concejales —que se
ausentaron de las sesiones programadas para la entrevista de la terna de candidatos— cumplan
con los deberes constitucionales y legales relacionados en la demanda, de tal forma que se lleve a
cabo la sesión plenaria con la participación de todos los miembros del Concejo para la elección del
Contralor Distrital de Santiago de Cali, mediante la respectiva votación, sin que haya lugar a
substraerse de esa función electoral.
49. En concordancia con la pretensión planteada, la Sala considera que el resto de las disposiciones
que no fueron analizadas en el párrafo primero (artículos 3, 6, 9 y 11 de la Ley 1904 de 2018; 1, 12
y 13 de la Resolución 728 de 2019; 3 de la Resolución 200.2.2_261 de 2025; 1° de la Resolución
200.2.2-449 de 2025: 32, 71, 72, 73, 113 y 132 del Acuerdo 0550 de 2022) carecen de otro de los
presupuestos de procedencia de la acción de cumplimiento, esto es, que contengan un mandato,
orden, deber, obligatoriedad o imposición que esté contemplada de forma precisa, clara y actual,
como se analizará a continuación:
50. Los artículos 6 y 11 de la Ley 1904 de 2018 regulan las etapas del proceso de selección y la
salvedad de que las disposiciones de esa regulación son aplicables al proceso de elección de
contralores distritales, pero no establecen un término perentorio para la culminación de dicho
proceso.
51. Los artículos 1, 12 y 13 de la Resolución 728 de 2019 contienen lineamientos procedimentales
(entrevista a la terna) y reglas de planeación (adopción de cronogramas), sin fijar un plazo final o
término cierto cuya expiración habilite orden judicial de cumplimiento.
52. El artículo 3° de la Resolución 200.2.2_261 de 2025 define los parámetros de la convocatoria,
determina la obligación del Concejo Distrital, una vez publicada la terna, de realizar el examen de
integridad y le asigna la competencia electoral, sin establecer una obligación temporal determinada.
53. El artículo 1° de la Resolución 200.2.2-449 de 2025 dispuso la citación a sesión plenaria para
entrevista y elección, acto que fue ejecutado mediante las citaciones y realización de sesiones.
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54. Los artículos 32, 71, 72, 73, 113 y 132 del Acuerdo 0550 de 2022 hablan de: i) las atribuciones
constitucionales del Concejo para elegir, entre otros, al Contralor Distrital; ii) el deber del presidente
del Concejo o de la Comisión de verificar el quórum en las sesiones plenarias o comisiones
convocadas; iii) las excusas que permiten justificar las ausencias a las sesiones del Concejo; iv) la
apertura de la respectiva sesión, por el presidente del Concejo o de la Comisión, una vez verificado
el quórum; v) la imposibilidad de los concejales de retirarse del recinto cuando se cierre la discusión
y se proceda a la votación, y vi) el deber del Concejo de Cali de elegir Contralor Distrital para un
período de 4 años, a partir de la terna que resulte del proceso de selección público y abierto.
55. Existe un deber abstracto del Concejo de elegir al Contralor, un mandato constitucional (artículo
272 de la CP) replicado en el artículo 132 del Acuerdo 0550 de 2022, y, en efecto, se adelantaron
casi todas las etapas fijadas por la convocatoria pública para ese cometido constitucional y legal, lo
que llevó a la conformación de la respectiva terna, pero ninguna de las disposiciones del Acuerdo
0550 de 2022 establece un plazo límite que permita exigir a los concejales que realicen la entrevista
de los ternados dentro de un rango de tiempo y el cronograma de la convocatoria tampoco lo
establece (artículo 3° de la Resolución 200.2.2.322 del 5 de septiembre de 2025). No puede
ordenarse la elección del contralor si no existe la entrevista a los integrantes de la terna ante la
plenaria de la corporación pública, en los términos del artículo 12 de la Resolución 728 de 2019.
56. El artículo 3° de la Ley 1904 de 2018 regula el momento en que se debe realizar la designación
del Contralor General de la República, pero este artículo en particular no se puede aplicar a la
elección de los contralores distritales, como se explicará a continuación.
57. El Consejo de Estado (2022)9 fue claro en señalar que con el Acto Legislativo 4 de 2019 se
dispuso, en el artículo 6°, que correspondía a la Contraloría General de la República desarrollar los
términos generales para el proceso de la convocatoria pública de selección de los contralores
distritales, entre otros. Dijo que, en empleo de esa potestad, la Contraloría General de la República
profirió la Resolución 0728 del 18 de noviembre de 2019 que estableció los parámetros principales
para el desarrollo de las elecciones de los contralores territoriales.
58. Explicó que en la Resolución 0728 del 18 de noviembre de 2019 no se estableció una fecha
para la designación de los contralores territoriales, pero que, a pesar de ese vacío y en virtud de lo
consignado en el artículo 11 de la Ley 1904 de 2018 —que permitió la aplicación de esa regulación,
en lo que corresponda, a la elección de los contralores territoriales—, no era posible acudir a lo
reglado en el artículo 3° de la Ley 1904 de 2018, que establece que de la lista de elegibles el
Congreso debe seleccionar al Contralor General de la República en el primer mes de las sesiones
ordinarias, por mayoría absoluta de los votos de sus miembros y para un período institucional igual
al del Presidente de la República.
59. Lo anterior, porque los contralores territoriales y el Contralor General de la República tienen
tiempos distintos, pues el período de 4 años de los contralores territoriales no puede coincidir con
el de los alcaldes y gobernadores, mientras que el período del contralor sí debe corresponder con
el del presidente y, de otra parte, la designación del Contralor General de la República la realiza el
Congreso de una lista de elegibles de 10 candidatos, mientras que los contralores territoriales serán
elegidos por el concejo o la asamblea por terna (artículo 272 de la CP).
60. Por último, el artículo 9° de la Ley 1904 de 2018 establece el plazo de 8 días calendario que
tiene la Mesa Directiva del Congreso, culminadas las etapas del proceso, para fijar fecha y hora
para la elección del Contralor General de la República. No obstante, la Sala considera que dicho
término no es aplicable en la elección del Contralor Distrital, pues dicho trámite está regulado en el
cronograma de la convocatoria, fijado en el artículo 3° de la Resolución 200.2.2.322 del 5 de
septiembre de 2025, de acuerdo con el artículo 13 de la Resolución 728 de 2019 que establece que
«Las corporaciones públicas deberán adoptar cronogramas que garanticen la elección oportuna de
los contralores territoriales».
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61. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia recurrida que negó las pretensiones de la
demanda, pero por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente decisión.»
112. Lo primero que debe señalar esta Sala de Subsección es que, aun cuando el juzgado
de primera instancia hubiere determinado la existencia de una obligación expresa y clara
a cargo del Concejo Distrital de Santiago de Cali, y que, dicho argumento no hubiere
sido objeto de apelación, el hecho que, el Tribunal volviera sobre el mismo no implica el
desconocimiento del principio de congruencia, como lo afirma el accionante, toda vez
que, ello hace parte del análisis que debe efectuar el juez en sede de la acción
constitucional propuesta, en tanto, son presupuestos esenciales que habilitan la
prosperidad de la misma, por lo que, no se configura el defecto procedimental alegado.
113. De otra parte, en relación con el desconocimiento del precedente invocado, es
pertinente recordar que, sobre la finalidad de la acción de cumplimiento, la Corte
Constitucional, desde vieja data, ha precisado que, este mecanismo constitucional «se
encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes – en sentido formal o material – y de
los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de
Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo» 30.
114. La alta Corporación ha explicado que, la acción de cumplimiento procede contra (i)
toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que
permitan deducir inminente incumplimiento de normas con fuerza de ley o actos
administrativos; y (ii) contra acciones u omisiones de los particulares, de conformidad
con lo establecido en la misma Ley31, y ha indicado que, no es necesario que el
mandato haya fijado un plazo para su ejecución por parte del obligado, pues, basta
con que contenga un deber expreso e inobjetable que emana de este. Así lo explicó
en la sentencia SU386 de 2023:
«54.- La Corte ha precisado que la constatación de la inactividad estatal es una labor que
corresponde apreciar al juez caso por caso32, atendiendo a las diferentes modalidades que
puede revestir un deber señalado en la ley o contenido en un acto administrativo. Y dicho
deber puede haber sido definido por la norma teniendo en cuenta circunstancias de tiempo,
modo o lugar, que tienen un peso y una relevancia diferente en cada caso concreto. De
30 Ibid. Sentencia C-157 de 1998. Sobre este particular, i.e. el alcance de la acción de cumplimiento también puede
consultarse: Corte Constitucional, Sentencia C-893 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero. Se declararon
exequibles, en esta oportunidad, las expresiones acusadas "con fuerza material" de ley o "con fuerza" de ley,
contenidas en los artículos 4º, 5º, 6º, 8º y 20 de la ley 393 de 1997.
31 SU386 de 2023.
32 C-1194 de 2001, C-157 de 1998.
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manera que la orden que imparta el juez ha de corresponder a la modalidad del deber
omitido33.
(…)
56.- Así las cosas, para acudir a la acción de cumplimiento o para emitir una orden de
cumplimiento de un deber previsto en la ley o en un acto administrativo no es
necesario que el mismo haya fijado un plazo para su ejecución por parte del
obligado, pues basta con que contenga un deber expreso e inobjetable que emana
de un mandato determinado, contenido en la ley o en un acto administrativo, y que la
administración haya sido renuente a cumplirlo. Por tanto, tal como lo sostuvo esta
corporación en la sentencia C-1194 de 2001, el deber que se busca exigir a través de la
acción de cumplimiento “no tiene que consistir en una obligación clara, expresa y exigible
porque el artículo 87 no consagró una acción de simple ejecución, sino una acción de
mayor alcance”.»34 (negrillas fuera del texto original).
115. En desarrollo de este criterio jurisprudencial, la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en la sentencia del 16 de octubre de 2025, señaló, en similares términos, lo
siguiente:
«78. En tal sentido, se considera que, ante la omisión de un plazo o de una condición que
de acaecer permitan verificar la exigibilidad de la norma cuyo acatamiento se solicita, será
el juez quien caso por caso determine el alcance de la obligación «atendiendo a las
diferentes modalidades que puede revestir»35. Para ello, podrá valerse del escrito de
constitución en renuencia (requisito de procedibilidad) y de la respuesta que proporcione
la entidad accionada para delimitar y precisar el alcance de la obligación incumplida, así
como las circunstancias de tiempo modo y lugar, de conformidad con lo señalado por el
alto tribunal.
79. De ahí, que el mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que
consistir en una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un
deber imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene
todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto
pasivo de la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces
desde todo punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de
cumplimiento.»36
116. De esta manera, contrario a lo señalado por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca en la providencia que se reprocha, de acuerdo con la jurisprudencia vigente, no
es necesario que la norma establezca un plazo específico para considerar la procedencia
de la acción de cumplimiento, pues, en palabras de la Sección Quinta de esta
Corporación, ello implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces y, por tanto, no
susceptibles de ser enjuiciables a través del citado mecanismo constitucional.
33 C-1194 de 2001.
34 SU386 de 2023.
35 Corte Constitucional, sentencia SU-386 DE 2023.
36 Consejo de Estado, Sección Quinta. Acción de cumplimiento; radicado 25000-23-41-000-2025-00695-01;
accionante: Cesar Quintana Gutiérrez. M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
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117. En ese mismo sentido, esta Sala de Subsección ha señalado, en sede constitucional
de tutela37, que «es irrelevante que la norma no contenga un plazo para su ejecución, pues el
simple hecho de que de allí se emana un deber expreso e inobjetable permite exigir su
acatamiento mediante la solicitud de cumplimiento».
118. Así las cosas, al analizar de fondo la providencia cuestionada, es claro que, el
Tribunal, al exigir la existencia de un plazo específico contemplado en las normas cuyo
cumplimiento se solicitó, no tuvo en consideración las pautas jurisprudenciales a las que
se ha hecho referencia en esta providencia en relación con la forma como debe
entenderse el deber expreso e inobjetable emanado de las normas para exigir su
acatamiento, lo que configura un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente.
119. No obstante, esta Sala de Subsección no puede perder de vista que, para la fecha,
y con ocasión de las medidas provisionales decretadas oficiosamente por el magistrado
ponente de esta decisión, el concejo distrital de Santiago de Cali dio continuidad al
proceso eleccionario.
120. En efecto, a través del memorial allegado a este expediente el Diecisiete (17) de
Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), dicha entidad informó que, profirió la Resolución núm.
200.2.2-187 del Dieciséis (16) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026) «POR LA CUAL SE DA
CONTINUIDAD AL PROCESO DE SELECCIÓN PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR DISTRITAL DE SANTIAGO DE
CALI PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2026-2029», en cuyo articulado dispuso lo siguiente:
«ARTÍCULO 1º. CONTINUAR CON EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONVOCATORIA
PARA PROVEER EL CARGO DEL CONTRALOR DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2026-2029, de conformidad con las disposiciones
constitucionales y legales señaladas en la parte considerativa de este acto, y por las reglas
contenidas en la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°. CONVOCATORIA. Se convoca a los ciudadanos interesados en participar
en el proceso de inscripción, verificación de requisitos mínimos, publicación de la lista
preliminar y definitiva de admitidos y no admitidos, prueba de conocimientos, prueba de
valoración de antecedentes (Estudios, Experiencia; Profesional - específica - docente y
Publicación de obras en el ámbito fiscal), conformación de la terna de elegibles,
reclamaciones, examen de integridad, entrevista y elección del Contralor Distrital de
Santiago de Cali para el período 2026-2029.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia de tutela del Primero (1.º) de Junio de Dos Mil
Veintiséis (2026); radicado 11001-03-15-000-2026-03168-00; M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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ARTÍCULO 3°. SUJECIÓN NORMATIVA. La presente convocatoria se adelanta de
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales sobre la materia, en especial
los artículos 126 y 272 de la Constitución Política de Colombia, el Acto Legislativo 02 de
2015, el Acto Legislativo 04 de 2019, la Ley 1904 de 2018, las Resoluciones 728 de 2019,
y 785 de 2021 de la Contraloría General de la República, Acuerdo Distrital 0550 de 2022,
y por las reglas contenidas en la presente Resolución.
ARTÍCULO 4°. RESPONSABILIDAD EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA. La Mesa
Directiva del Concejo Distrital de Santiago de Cali será responsable por todas las
actuaciones, decisiones, y resultados, del proceso de selección del contralor para el
periodo 2026-2029, рara lo cual la institución de educación superior contratada, deberá
elaborar técnicamente los formatos o proyectos de decisión, los documentos serán
remitidos a la Corporación quien finalmente ponderada y resolverá directamente lo que
estime necesario a través de Resoluciones u oficios a los que haya lugar.
ARTÍCULO 5°. ESTRUCTURA DEL PROCESO. La presente Resolución, para la elección
de Contralor Distrital de Santiago de Cali tendrá las siguientes etapas:
1. Convocatoria.
2. Inscripción.
3. Verificación de requisitos mínimos.
4. Publicación lista preliminar de admitidos y no admitidos.
5. Publicación de lista definitiva de admitidos en la convocatoria.
6. Prueba de conocimientos.
7. Prueba de Valoración de antecedentes (Estudios, Experiencia; Profesional específica -
docente y Publicación de obras en el ámbito fiscal).
8. Conformación de la terna de elegibles.
9. Examen de integridad.
10. Entrevista.
11. Elección. –
ARTÍCULO 6°. CRONOGRAMA. El cronograma establecido para la presente convocatoria
para la elección del Contralor del Distrito de Cali periodo 2026-2029 será el siguiente:
Etapa Fecha y hora Medio
Publicación de la Convocatoria y Desde el 17 de junio al 25 Página web del Concejo Distrital de Santiago de
divulgación de junio de 2026 Cali: www.concejodecali.gov.co
Inscripciones Desde el 30 de junio Inscripción Virtual a través correo electrónico del
desde las 00:00 horas de Concejo Distrital de Santiago de Cali:
2026 hasta las 23:59 eleccioncontralor2026@concejodecali. gov.co
horas del 01 de julio de
2026
Verificación de requisitos mínimos Del 2 julio al 3 de julio de Concejo Distrital de Santiago de Cali
2026
Publicación lista preliminar de 6 de julio de 2026 Página web del Concejo Distrital de Santiago de
admitidos y no admitidos Cali: www.concejodecali.gov.co
Reclamaciones frente a la lista Desde el 7 de julio de Únicamente a través del correo electrónico del
preliminar de admitidos y no admitidos 2026 a las 00:00 horas Concejo Distrital de Santiago de Cali:
hasta las 23:59 horas del eleccioncontralor2026@concejodecali.g OV.CO
8 de julio de 2026
Respuesta a las reclamaciones 14 de julio de 2026 Correos de los aspirantes aportados al momento
de la inscripción
Publicación de la lista definitiva de 15 de julio 2026 Página web del Concejo Distrital de Santiago de
admitidos y no admitidos. Cali: www.concejodecali.gov.co
Publicación guía metodológica para la 17 de julio de 2026 Página web del Concejo Distrital de Santiago de
prueba de conocimientos, Cali www.concejodecali.gov.co
40
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02498-00
Accionante: Diego Mauricio López Valencia
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
Concejo distrital de Santiago de Cali
Citación a pruebas de conocimientos. 17 de julio de 2026 Correos de los aspirantes aportados al momento
de la inscripción
Prueba de conocimientos. 26 de julio de 2026 Desde Institución Técnico Nacional de Comercio SIMON
las 08:00 a.m., horas RODRIGUEZINTENALCO Ubicado en Avenida 4
hasta las 11:00 a.m. Norte # 34 AN - 18, barrio Prados del Norte de la
ciudad de Santiago de Cali
Publicación guía de Acceso al material 27 de julio de 2026 Página web del Concejo Distrital de Santiago de
de las pruebas de conocimientos Cali www.concejodecali.gov.co
Publicación de resultados preliminares 30 de julio de 2026 Página web del Concejo Distrital de Santiago de
prueba escrita de conocimiento. Cali www.concejodecali.gov.co
Los aspirantes que tengan interés de 31 de julio de 2026 desde Correo electrónico del Concejo Distrital de Cali:
acceder a la prueba de conocimiento las 00 horas hasta las eleccioncontralor2026@concejodecali. gov.co
deberán dirigirla a través del correo 5:00 p.m.
electrónico dispuesto por el Concejo
Distrital. Citación Acceso al material de la 3 de agosto de 2026 Correos de los aspirantes aportados al momento
prueba de conocimientos de la inscripción
Acceso al material de la prueba de 9 de agosto de 2026 Institución Técnico Nacional de Comercio SIMON
conocimientos desde las 08:00 a.m. RODRIGUEZINTENALCO. Ubicado en Avenida 4
hasta las 10:00 a.m. Norte # 34 AN - 18, barrio Prados del Norte de la
ciudad de Santiago de Cali. Presentación de Reclamaciones frente Desde el 10 agosto desde Correo Concejo Distrital de Santiago de Cali:
a los resultados preliminares de prueba las 00:00 horas de 2026 eleccioncontralor2026@concejodecali. gov.co
de conocimientos hasta las 23:59 horas del
11 de agosto de 2026
Respuesta a las reclamaciones frente a 18 de agosto de 2026 Correo registrado por los aspirantes al momento
los resultados preliminares de prueba de la inscripción
de conocimientos
Publicación de los resultados 18 de agosto de 2026 Página web del Concejo Distrital de Santiago de
definitivos de la prueba de Cali: www.concejodecali.gov.co
conocimientos
Publicación de resultados preliminares 19 de agosto de 2026 Página web del Concejo Distrital de Santiago de
de la prueba de valoración de Cali: www.concejodecali.gov.co
antecedentes (formación, experiencia
profesional, experiencia específica,
experiencia docente y publicación de
obras en el ámbito fiscal. Reclamaciones frente a los resultados Desde el 20 de agosto de Correo del Concejo de Santiago de Cali
preliminares de la prueba de valoración 2026 desde las 00:00 eleccioncontralor2026@concejodecali.g OV.CO
de antecedentes (formación, horas de 2026 hasta las
experiencia profesional, experiencia 23:59 horas del 21 de
específica, experiencia docente y agosto de 2026
publicación de obras en el ámbito
fiscal. Respuesta a las reclamaciones frente a 31 de agosto de 2026 Correo registrado por los aspirantes al momento
los resultados preliminares de la de la inscripción
prueba de valoración de antecedentes
(formación, experiencia profesional,
experiencia específica, experiencia
docente y publicación de obras en el
ámbito fiscal. Resultados Definitivos de la prueba de 31 de agosto de 2026 Página web del Concejo Distrital de Santiago de
valoración de antecedentes Cali www.concejodecali.gov.co
(formación, experiencia profesional,
experiencia específica, experiencia
docente y publicación de obras en el
ámbito fiscal.
Consolidación de los resultados 1 de septiembre de 2026 Página web del Concejo Distrital de Santiago de
definitivos de prueba de conocimientos Cali (www.concejodecali.gov.co)
y de la prueba de valoración de
antecedentes
Publicación conformación de la Terna, Desde el 4 de septiembre Página web del Concejo Distrital de Santiago de
de 2026 Cali (www.concejodecali.gov.co)
Observaciones de la ciudadanía sobre El 7 de septiembre de Correo del Concejo de Cali:
los aspirantes que conforman la terna 2026 desde las 00:01 eleccioncontralor2026@concejodecali. gov.co
horas hasta las 23:59 y el
10 de septiembre de 2026
desde las 00:01 horas
hasta las 23:59
Respuesta a las observaciones por 14 de septiembre de 2026 Correos donde provienen las observaciones
parte del Concejo Distrital
Solicitud al DAFP para que practique el 18 de septiembre de 2026 De conformidad con lo dispuesto por el
examen de integridad a los aspirantes Departamento Administrativo de la Función
que conforman la terna. Pública. Examen de integridad 18 de septiembre de 2026 Esta prueba podrá realizarse de forma presencial
o a través de los medios tecnológicos disponibles,
41
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02498-00
Accionante: Diego Mauricio López Valencia
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
Concejo distrital de Santiago de Cali
de conformidad con lo que establezca el
Departamento Administrativo de la Función
Pública.
Publicación del protocolo para la 28 de septiembre de 2026 Página web del Concejo Distrital de Santiago de
entrevista a los integrantes de la terna Cali (www.concejodecali.gov.co)
Convocatoria a los Concejales para 1 de octubre de 2026 En el Recinto del Concejo Distrital de Santiago de
elección del Contralor Distrital de Cali Cali
Entrevista ante la plenaria del Concejo 2 de octubre de 2026 En el Recinto del Concejo Distrital de Santiago de
Distrital de CALI a los aspirantes que Cali
integran la terna.
Elección 2 de octubre de 2026 En el Recinto del Concejo Distrital de Cali
Posesión del Contralor Distrital de 2 de octubre de 2026 En el Recinto del Concejo Distrital de Santiago de
Santiago de Cali ante la Plenaria Cali
PARÁGRAFO 1. Toda solicitud por parte de los aspirantes que se remita a un correo
electrónico diferente al indicado en la presente resolución o remitido por un canal diferente
a los indicados en la presente convocatoria, no será tenida en cuenta en la convocatoria.
Las reclamaciones serán tramitadas de conformidad con lo establecido en la presente
resolución. (…)».
121. Del anterior cronograma, se observa que, la elección del contralor distrital de
Santiago de Cali está prevista para el Dos (2) de Octubre de Dos Mil Veintiséis (2026),
y, a la fecha, se surten las primeras etapas de la convocatoria pública a la que se le dio
continuidad.
122. Por tanto, en estricto sentido, pese al defecto sustantivo en que incurrió el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca al exigir erradamente la existencia de un plazo en la
norma para entender su carácter expreso e inobjetable, lo cierto es que, a la fecha, el
Concejo distrital de Santiago de Cali, quien fuere la entidad vinculada a dicho proceso
como renuente, ya se encuentra adelantando las etapas propias de la elección, en el
marco de la convocatoria con anterioridad, lo que, en todo caso, constituye el fin último
de la acción de cumplimiento que, no es otro que, la observancia del ordenamiento
jurídico vigente, en garantía del interés general.
123. En ese orden de ideas, dado que, el Concejo distrital expidió un nuevo cronograma
para la elección del contralor distrital, cuya culminación está prevista para el dos (2) de
octubre de dos mil veintiséis (2026), en el presente asunto se configura la carencia actual
de objeto por hecho superado, lo que impone a la Sala abstenerse de proferir orden
alguna frente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Al respecto, la jurisprudencia
ha considerado:
4.4.1. La jurisprudencia de esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la
carencia actual de objeto sobreviene cuando frente a la petición de amparo, la orden del juez de
42
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02498-00
Accionante: Diego Mauricio López Valencia
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
Concejo distrital de Santiago de Cali
tutela no tendría efecto alguno o “caería en el vacío”38. Al respecto se ha establecido que esta
figura procesal, por regla general, se presenta en aquellos casos en que tiene lugar un daño
consumado o un hecho superado.
4.4.2. El hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de tutela se
satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por
el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico
resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el
amparo constitucional39. En este supuesto, no es perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la
vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se demanda, salvo “si considera que
la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea] para
llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela,
o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las
sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos,
es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del
momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”40 (Subrayado por fuera del texto
original).
124. 3.6.2. Sobre las pretensiones de nulidad de actos administrativos
125. Finalmente, en relación con la pretensión del accionante encaminada a que se anule
la Resolución 200.2.2-073 del Diez (10) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026) proferida
por el Concejo Distrital de Santiago de Cali, por ser violatoria del principio de confianza
legítima, en tanto, se expidió sin haber contado con el consentimiento expreso de los
ternados a contralor distrital, esta Sala observa que, dicha resolución consideró lo
siguiente:
«11.- Que, el Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función
Pública, en el marco de la Acción Preventiva No. E2025-271630, adelantó revisión integral
del proceso de convocatoria pública, de la cual se derivaron a partir del 10 de octubre de
2025, múltiples requerimientos dirigidos a la Mesa Directiva del Concejo Distrital de
Santiago de Cali (…).
(…)
12.- Que, mediante los oficios descritos en el punto anterior, la Procuraduría General de la
Nación advirtió la posible configuración de vicios sustanciales de legalidad que de no
subsanarse podían conducir a “eventuales investigaciones disciplinarias, electorales o de
control de legalidad” relativos a:
i) Falta de competencia para resolver reclamaciones,
ii) Indebida delegación de funciones,
iii) Omisión de la publicación del proyecto de convocatoria conforme al numeral 8 del
artículo 8 del CPACA, y,
38
Sentencia T-235 de 2012, M.P. Humberto Sierra Porto, en la cual se cita la Sentencia T-533 de 2009, M. P. Humberto Sierra Porto.
39
Sentencia T-678 de 2011, M. P. Juan Carlos Henao, en donde se cita la Sentencia SU-540 de 2007, M. P. Álvaro Tafur Galvis. Al
respecto, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa
o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
40
Sentencia T-685 de 2010, M. P. Humberto Sierra Porto.
43
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02498-00
Accionante: Diego Mauricio López Valencia
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
Concejo distrital de Santiago de Cali
iv) Exigencia de requisitos no previstos en la ley, con eventual vulneración del artículo
84 de la Constitución Política.
13.- Que, mediante oficio PD2VPFP Nº 1360 de fecha 27 de octubre de 2025, la
Procuraduría recomendó, entre otros, “(…) abstenerse en lo posible, de realizar la elección
del Contralor, hasta tanto se subsanen los vicios identificados y se expidan los actos
administrativos correctivo correspondientes” (…).
(…)
33.- Que, mediante la Sentencia de Unificación SU-138 del 24 de abril de 2024 la Corte
Constitucional, al revisar una tutela presentada contra la sentencia del 25 de mayo de 2023
de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que había declaró (sic) nula la elección del
Contralor de la República para el periodo 2022-2026, precisó que cuando en un proceso
de elección se presentan irregularidades que vician etapas del trámite, la corrección
procedente debe retrotraer la actuación únicamente hasta el punto en que se produjo el
vicio, dejando a salvo las etapas que no resultaron afectadas. Asimismo, dicha sentencia
reconoció que el artículo 41 del CPACA constituye la herramienta idónea para ajustar la
actuación administrativa “en cualquier momento anterior a la expedición del acto”, con el
fin de “evitar procedimientos irregulares que puedan viciar de nulidad el acto definitivo”.
34.- Que del análisis integral de la actuación administrativa surtida con ocasión de la
expedición de la Resolución No. 200.2.2-261 del 28 de julio de 2025 y de las actuaciones
subsiguientes, la Mesa Directiva advierte la existencia de circunstancias que podrían
comprometer el acto definitivo de elección del Contralor Distrital razón por la cual, en
ejercicio del principio de autotutela administrativa y con fundamento en el artículo 41 de la
Ley 1437 de 2011, resulta procedente retrotraer la actuación hasta la etapa inicial de
convocatoria, con el fin de garantizar que el proceso se adelante nuevamente con plena
sujeción a la Constitución, la ley y los principios que rigen la función pública.
35.- Que, el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) permite a la administración la
corrección en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, de las irregularidades que
se adviertan en los actos administrativos, con el fin de que estos se ajusten a derecho y
adoptar las medidas necesarias para concluirlo.»
126. Con fundamento en las anteriores consideraciones, resolvió:
«ARTÍCULO PRIMERO. SUBSANAR Y DEJAR SIN EFECTOS todos los actos de trámite
o preparatorios incluyendo la inscripción de los candidatos y todas las demás actuaciones
administrativas que se hubieren surtido de forma posterior a la expedición de la Resolución
No. 200.2.2-261 de 2025, del 28 de julio de 2025.
ARTÍCULO SEGUNDO. AJUSTAR la actuación a derecho y en tal sentido proceder a
adelantar las etapas correspondientes de la convocatoria pública para la elección del
Contralor Distrital de Santiago de Cali para el periodo 2026-2029.
(…)»
44
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02498-00
Accionante: Diego Mauricio López Valencia
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
Concejo distrital de Santiago de Cali
127. De esta manera, teniendo en cuenta que, la inconformidad del accionante radica en
que el Concejo distrital no solicitó el consentimiento de los ternados para expedir la
resolución precitada, a través de la cual, se dejaron sin efectos los actos administrativos
expedidos con posterioridad a la Resolución núm. 200.2.2-261 del 28 de julio de 2025,
pese a que estos tenían derechos adquiridos, es importante precisar que, la
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, todos los actos precedentes al de
la elección son calificados como previos o de mero trámite, porque, su función no es la
de constituir o declarar situaciones jurídicas individuales, sino la de, impulsar la actuación
y «frente a este acto conclusivo todos los actos que le preceden son de trámite, porque se producen dentro
de una actuación administrativa con el fin de adelantarla hasta la expedición de un acto definitivo, y se
denominan también preparatorios, en la medida en que su expedición sucesiva es necesaria para
posibilitar el acto final al cual apuntan. En la elección que nos ocupa, sin duda la terna es un acto de
trámite, porque la postulación que ella expresa es un acto del presidente de la República, en ejercicio de
una competencia constitucional expresa (artículo 249), que da inicio a un procedimiento de naturaleza
administrativa, puesto que apunta a la elección de un servidor público en la Rama Judicial »41.
128. En este sentido, la Corte Constitucional, en sentencia SU-067 de 2022, precisó que,
el principio de confianza legítima no puede ser oponible para aquellos eventos en los que
la administración, en ejercicio del artículo 41 del CPACA, toma medidas encaminadas a
la corrección de irregularidades que advierte en el desarrollo de la actuación
administrativa con el fin de garantizar la satisfacción efectiva de los fines constitucionales
y legales que persigue. Así lo explicó:
«223.- En efecto, bajo el título «Revocación de actos de carácter particular y concreto», el
artículo en cuestión establece que «[s]alvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un
acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica
de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser
revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular».
224.- Este argumento tampoco está llamado a prosperar por cuanto parte de un supuesto
equivocado: los actos que publican los resultados de las pruebas practicadas en los concursos
de mérito no son actos administrativos de carácter particular, que reconozcan derechos de
carácter subjetivo; son actos de trámite, que únicamente conceden la expectativa de continuar
con las fases posteriores, mas no la de obtener la inclusión en el registro nacional de elegibles.
225.- Con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, esta corporación ha
sostenido, de manera pacífica y reiterada, que los actos administrativos que dan a conocer los
41 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del Dieciocho (18) de Enero de Dos Mil Veinticuatro (2024); radicado
núm. 11001-03-15-000-2023-06196-01 y 11001-03-15-000-2023- 06338-01 (acumulados); demandantes: GERARDO
BOTERO ZULUAGA Y DIEGO ALEJANDRO ROJAS MEDINA; demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y
SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02498-00
Accionante: Diego Mauricio López Valencia
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
Concejo distrital de Santiago de Cali
resultados de las pruebas son de mero trámite. En la Sentencia T-945 de 2009, la Corte
manifestó que «los actos previos a la conformación de la lista de elegibles, entre los que se
encuentra la publicación de los resultados obtenidos en las pruebas, son verdaderos actos de
trámite en tanto que le dan impulso al proceso de selección, pero no definen la actuación». Este
mismo criterio había sido expresado antes, en la Sentencia T-588 de 2008, en la que el tribunal
declaró que «[l]a publicación de resultados de las pruebas que se practiquen tiene por finalidad
dar impulso y continuidad al proceso, mas no la de definir el resultado del concurso». Por último,
de manera más reciente, en la Sentencia SU-617 de 2013, la Sala Plena de esta corporación
expresó que «[l]a publicación de resultados de las pruebas que se practiquen tiene la finalidad
de dar impulso y continuidad al proceso, mas no la de definir el resultado del concurso de
méritos». En consecuencia, la solicitud de dar aplicación a las reglas consignadas en el artículo
97 de la Ley 1437 de 2011 carece de fundamento, pues las resoluciones en cuestión no crearon
ninguna «situación jurídica de carácter particular y concreta» ni reconocieron derecho subjetivo
alguno.
(…)
230.- A la luz de las circunstancias acaecidas, las entidades demandadas se encontraban
obligadas a corregir la actuación administrativa. En cuanto a lo primero, de conformidad con los
argumentos analizados en las consideraciones generales de esta decisión, en el caso concreto,
este principio resultaba inoponible al Consejo Superior de la Judicatura como consecuencia de
las siguientes razones: i) las entidades demandadas detectaron un conjunto de irregularidades
que afectaban gravemente el principio constitucional del mérito; ii) al expedir el acto
administrativo en cuestión, el concurso de méritos se encontraba en una fase inicial, lo que
implica que aún faltaban varias etapas para que fuese elaborada la lista de elegibles, único acto
que otorga derechos subjetivos a quienes se inscriben en ella; iii) el artículo 41 de la Ley 1437
de 2011 permite, precisamente, llevar a cabo la corrección de irregularidades que ocurran en
desarrollo de una actuación administrativa, lo cual pretende ajustar a derecho el rumbo de tales
actuaciones y, de tal suerte, garantizar la satisfacción efectiva de los fines constitucionales y
legales pertinentes; y iv) los accionantes y las demás personas que fueron notificados de la
superación de la prueba de aptitudes y conocimientos carecían de derechos adquiridos, por lo
que no contaban con un título jurídico que les permitiera reclamar su nombramiento efectivo o
la cancelación de la práctica de una nueva prueba de aptitudes y conocimientos.»
129. En este contexto, la Sala no advierte la existencia de un argumento que imponga la
intervención del juez constitucional para proteger los derechos fundamentales invocados
por el accionante, toda vez que, el acto administrativo que reprocha, esto es, la
Resolución 200.2.2-073 del Diez (10) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), se expidió
por parte del Concejo distrital de Santiago de Cali con fundamento en el artículo 41 de la
Ley 1437 de 2011.
130. En este orden de ideas, el accionante podrá acudir a los mecanismos de defensa
judicial que considere pertinentes y que son idóneos, con el fin de cuestionar la legalidad
de las actuaciones precitadas y del trámite electoral, en caso de considerarlo pertinente.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02498-00
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131. Pronunciamiento sobre las medidas cautelares
132. Finalmente, comoquiera que, a la fecha, las medidas provisionales dictadas a través
de providencia del Veintisiete (27) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026) cumplieron su
finalidad, en tanto, el Concejo distrital designó el encargo de la contralora distrital y
expidió un nuevo cronograma con miras a culminar la elección del contralor distrital, la
Sala no efectuará consideración y orden alguna sobre dicho particular.
3.6.3. Conclusiones
133. De conformidad con lo expuesto, la Sala:
(i) Aceptará la coadyuvancia solicitada por Stella Valencia Vallecilla y Gustavo Barrientos
Velásquez.
(ii) Negará la solicitud de desvinculación de la Auditoría General de la República y del
Distrito Especial de Santiago de Cali, por las razones expuestas.
(iii) Se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la sentencia
del Trece (13) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026) proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
(iv) Se negarán las demás pretensiones de la tutela.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. ACEPTAR como coadyuvantes a Stella Valencia Vallecilla y Gustavo
Barrientos Velásquez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02498-00
Accionante: Diego Mauricio López Valencia
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
Concejo distrital de Santiago de Cali
SEGUNDO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Auditoría General de la
República y del Distrito Especial de Santiago de Cali, por las razones expuestas.
TERCERO. DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO respecto de la sentencia del Trece (13) de Febrero de Dos Mil Veintiséis
(2026) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la tutela, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.
QUINTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.
SEXTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
48
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