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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02499-00

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02499-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por Nydia Serrano Tibazoza en contra del Tribunal Administrativo de Santander. 7 Corte Constitucional. Sentencia T-619 de 2017. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-02499-00 Demandante: Nydia Serrano Tibazoza SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02499-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02499-00
Demandante: Nydia Serrano Tibazoza
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Desvinculación de una persona nombrada en
provisionalidad en un cargo de carrera. Inmediatez.

Decisión: Declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela formulada por Nydia Serrano Tibazoza contra el
Tribunal Administrativo de Santander.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 27 de marzo de 2026, Nydia Serrano Tibazoza, por intermedio de
apoderada judicial, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso (defensa) y acceso a la administración de justicia. Como consecuencia de
lo anterior, solicitó dejar sin efectos la sentencia proferida el 24 de agosto de 2023
por el Tribunal Administrativo de Santander en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 68679-33-33-003-2017-00154-01, para,
en su lugar, ordenar a la autoridad judicial mencionada emitir una nueva
providencia, en la que confirme la decisión adoptada por el Juzgado 3 Administrativo
de San Gil, la cual «se ajusta a los principios constitucionales y garantiza la
protección efectiva de sus derechos fundamentales».

2. Adicionalmente, peticionó ordenar a todos los jueces de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, incluida la corporación mencionada, respetar, en lo
sucesivo, el precedente constitucional y jurisprudencial fijado por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado en materia de estabilidad laboral reforzada
para nombramientos en provisionalidad, como garantía de seguridad jurídica.

3. Por último, requirió adoptar las medidas necesarias para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable, disponiendo la suspensión de los efectos
del fallo cuestionado mientras se decide de fondo la acción de la referencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02499-00
Demandante: Nydia Serrano Tibazoza

4. Como fundamentos fácticos de la acción de amparo, del escrito de tutela
y anexos, se observa que la accionante instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del Instituto Geográfico Agustin Codazzi con
el fin de obtener la nulidad de la Resolución No. 1433 del 1 de noviembre de 2016,
mediante la cual se dio por terminado su nombramiento en el cargo de auxiliar
administrativo, código 4044, grado 22, en la Unidad Operativa de Catastro de Vélez.
Adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la
entidad demandada su reintegro al cargo que venía desempeñando, cancelar
debidamente indexados los salarios y demás emolumentos dejados de percibir
desde la separación del cargo.

5. El 2 de agosto de 2019, el Juzgado 3 Administrativo de San Gil accedió a
las pretensiones de la demanda, al considerar que el acto acusado se sustentó en
las comunicaciones recibidas por correo electrónico el 5, 7 y 12 de septiembre y 6
y 26 de octubre de 2016, relacionados con el incumplimiento de los deberes de la
demandante en su cargo, además de malos tratos hacia sus compañeros y
subalternos en dicha Unidad. Sin embargo, aclaró que las fechas relacionadas en
la Resolución no corresponden a las de las visitas técnicas realizadas y, aunque se
allegaron certificaciones de los procesos disciplinarios adelantados por la entidad,
no se acreditó qué los originó ni la etapa procesal en la que se encuentran.

6. Además, resaltó que tampoco se demostró que a la demandante le
hubiesen realizado llamados de atención relacionados con las quejas interpuestas
por sus compañeros. Por lo anterior, consideró que se vulneró el debido proceso
administrativo de la demandante.

7. Inconforme con esta decisión, la entidad demandada interpuso recurso de
apelación, en el que afirmó que la desvinculación de la demandante se ajustó a los
parámetros constitucionales y legales establecidos en la legislación que estaba
vigente para la época en que fue adoptada. Agregó que al director territorial de Vélez
se le remitieron diversos correos en los que se informaba sobre la situación que
venía presentándose en la Unidad mencionada referente al rendimiento y
constantes quejas en contra de la señora Serrano, por lo que se concluyó que había
una afectación al buen y debido servicio, lo cual, a la luz de la sentencia SU-917 de
2010, era sustento suficiente para invocar la terminación de un nombramiento
provisional.

8. El 24 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander revocó la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
Para soportar la anterior decisión, aclaró que no existió una vulneración al debido
proceso por no dársele traslado a la demandante de las quejas radicadas en su
contra, pues no necesariamente debe adelantarse un proceso disciplinario por esas
razones para motivar la terminación del nombramiento.

9. Adicionalmente, resaltó que, de las pruebas aportadas, se evidencia que
fueron múltiples las quejas contra la demandante en relación con el ejercicio de sus
funciones, no solo de parte de sus compañeros y subalternos, sino también de

2
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Demandante: Nydia Serrano Tibazoza

usuarios del servicio por conductas que incluso pueden constituir delitos, razón por
la cual se le adelantan investigaciones en la Fiscalía General de la Nación, y dos
procesos disciplinarios no concluidos, todo lo cual, constituye el sustento del acto
administrativo demandado. Por tanto, consideró que le asistía razón a la
demandada, al encontrar demostrado que la actora no desempeñaba sus funciones
en forma eficiente, de tal suerte que el acto de terminación del nombramiento sí
estuvo acorde con los fines del Estado y cumplía con el requisito de motivación
exigido jurisprudencialmente, sin que se advierta falsedad. Agregó que la
demandante no acreditó que con su retiro se hubiera desmejorado el servicio.

10. El 26 de septiembre de 2023, la accionante interpuso recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia en contra de la anterior providencia, puesto que, en
su criterio, se desconocieron las reglas jurisprudenciales establecidas en las
sentencias SU-556 de 2014 y SU-054 de 2015 de la Corte Constitucional.

11. Sin embargo, el 26 de agosto de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado rechazó de plano el recurso, toda vez que los
pronunciamientos mencionados no eran susceptibles de ser invocados en esa
instancia, por cuanto el parágrafo del artículo 265 del CPACA establece que el
recurso «se rechazará de plano […] cuando no se fundamente directamente en una
sentencia de unificación jurisprudencial […]», que debe haber sido proferida por el
Consejo de Estado.

12. Como fundamentos de derecho, la accionante afirmó que el Tribunal
Administrativo de Santander, al expedir la Sentencia del 26 de septiembre de 2023,
incurrió en defecto fáctico, comoquiera que la decisión se soportó en la existencia
de múltiples quejas en contra suya, sin que estas se hubiesen notificado o
tramitadas dentro de un procedimiento disciplinario regular. Además, indicó que no
se valoraron las pruebas aportadas con la demanda.

13. Adujo que la providencia acusada incurrió en decisión sin motivación, ya
que omitió justificar de manera clara y suficiente por qué las quejas no notificadas
podían servir de sustento para confirmar su desvinculación laboral. Adicionalmente,
sostuvo que la autoridad accionada fue inducida en error, al dar por ciertas las
quejas presentadas sin verificar su autenticidad, notificación o trámite disciplinario,
lo que derivó en una decisión contraria a la Constitución Política.

14. Finalmente, manifestó que se configuró la causal de desconocimiento del
precedente judicial, por cuanto le eran aplicables las sentencias SU-556 de 2014 y
SU-054 de 2015 de la Corte Constitucional, en las cuales se indicó que la estabilidad
laboral de los funcionarios que ocupan cargos de carrera en provisionalidad impone
el deber a la administración de motivar el acto administrativo de desvinculación, con
el fin de proteger los principios de legalidad, publicidad y debido proceso. En su
caso, no solo se omitió justificar la decisión de desvinculación, sino que tampoco se
garantizó una debida notificación ni el ejercicio de sus derechos de defensa y
contradicción.

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Demandante: Nydia Serrano Tibazoza

Intervenciones1

15. El Tribunal Administrativo de Santander afirmó que la providencia
cuestionada se ajustó plenamente a derecho, pues se evidenció que la motivación
del acto administrativo se fundó en razones objetivas, verificables y no desvirtuadas
por la demandante, quien no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara
dicho acto. En ese sentido, consideró que no configuró arbitrariedad, capricho ni
desviación alguna por parte del juez natural, sino el ejercicio legítimo y razonado de
la función jurisdiccional. Adicionalmente, sostuvo que no acreditaron los requisitos
generales ni las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. En consecuencia, solicitó negar por improcedente la acción
de tutela o, en su defecto, negar el amparo deprecado por la parte accionante.

16. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi aseguró que carece de legitimación
en la causa por activa, puesto que no es responsable de la transgresión de derechos
fundamentales reclamados, comoquiera que no existe un nexo de causalidad entre
la acción de tutela y alguna acción u omisión por parte de esa entidad, teniendo en
cuenta que las declaraciones y solicitudes van enfocadas a competencias y
funciones de índole judicial. Por tanto, solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional.

17. El Juzgado 3 Administrativo de San Gil remitió copia digital del expediente
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68679-33-33-003-2017-
00154-00.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

18. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

19. Antes de plantear el problema jurídico que aquí se desarrollará, la Sala
aclara que no accederá a la solicitud de desvinculación formulada por el Instituto
Geográfico Agustin Codazzi (IGAC) ya que su vinculación se efectuó como tercero
con interés, con el fin de garantizar su debido proceso y defensa.

Problema jurídico

20. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, en especial, la exigencia de inmediatez, si la

1
El 8 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Santander y se vinculó al
Juzgado 3 Administrativo de San Gil y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

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sentencia emitida el 24 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Santander incurrió en las causales específicas de procedibilidad invocadas por la
parte accionante.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

21. La Sala declarará improcedente la acción de tutela, debido a que no se
acreditó el cumplimiento del requisito de inmediatez2, conforme a las razones que
se exponen a continuación:

22. La accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, los cuales
consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander al expedir la
Sentencia del 24 de agosto de 2023. En su criterio, dicha sentencia incurrió en los
defectos (i) fáctico, ya que se basó en quejas en su contra que nunca fueron
notificadas ni tramitadas mediante un proceso disciplinario regular y no se valoraron
las pruebas que aportó en la demanda; (ii) decisión sin motivación, dado que no se
explicó de forma clara y suficiente por qué unas reclamaciones que no fueron
notificadas podían utilizarse como fundamento para su desvinculación; (iii) error
inducido, al asumir como válidas las quejas sin verificar su autenticidad; y (iv)
desconocimiento del precedente judicial, al no tener en cuenta las sentencias SU-
556 de 2014 y SU-054 de 2015 de la Corte Constitucional.

23. Al analizar los anteriores desacuerdos, se observa que la parte actora
discute una indebida valoración probatoria de las quejas formuladas en su contra y
la falta de motivación en la decisión, al no explicar suficientemente el fundamento
de su desvinculación. Además, alegó un error inducido al considerar válidas las
quejas sin verificar su autenticidad; reproches que no podrían ser objeto de revisión
a través del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, lo que impide
tener en cuenta el auto que resolvió dicho recurso para verificar la oportunidad de
la interposición de la acción de tutela. Por ello, para un eventual estudio de fondo
de estas inconformidades a través del mecanismo de amparo, es indispensable
determinar cuándo quedó debidamente ejecutoriada la sentencia mencionada, dado
que podrían verse comprometidos principios centrales para el orden constitucional
como lo son la seguridad jurídica y la cosa juzgada.

24. Así, al revisar las actuaciones judiciales adelantadas en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en el sistema de gestión judicial SAMAI, se
observa que el anterior proveído fue notificado por mensaje de datos el 1 de
septiembre de 2023, por lo que adquirió ejecutoria el 8 de igual mes y anualidad 3.

2
Sobre el requisito de inmediatez, puede consultarse: Corte Constitucional, Sentencia SU-184 de 2019
3
Código General del Proceso, artículo 302. Ejecutoria. «Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas
tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos» y la Ley 2213
de 2022, artículo 8, inciso 3.°«la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes
al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuándo el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro
medio constatar el acceso del destinatario al mensaje».

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25. En esa medida, debe precisarse que si bien es cierto el ejercicio de la acción
de tutela no cuenta con un término de caducidad, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que, dado el carácter preferente y sumario de protección que encierra la
solicitud de amparo, su interposición debe darse dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del hecho generador de la supuesta amenaza o violación de
los derechos fundamentales. Lo anterior, en aras de i) proteger derechos de
terceros, ii) impedir que el amparo se convierta en un factor de inseguridad jurídica
y iii) evitar su uso como herramienta supletoria de la negligencia en la agencia de
derechos, desnaturalizando con ello su finalidad4.

26. Así, en Sentencia de 5 de agosto de 20145, el Consejo de Estado, Sala
Plena, acogió como regla general un plazo de seis (6) meses, contados a partir de
la notificación o ejecutoria de la sentencia, como tiempo razonable para determinar
si la acción de tutela contra providencia judicial se ejercía oportunamente. Lo
anterior, luego de explicar que la inmediatez cobra mayor relevancia cuando el
recurso de amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, por encontrarse
en juego el principio de seguridad jurídica y la garantía procesal de cosa juzgada,
los cuales buscan proteger el ejercicio legítimo de la función judicial.

27. En ese orden de ideas, el plazo para interponer la acción de tutela, en
relación con los defectos fáctico, decisión sin motivación y error inducido,
comenzaba el 11 de septiembre de 20236 y finalizaba el 11 de marzo de 2024. Sin
embargo, la acción fue presentada el 27 de marzo de 2026, excediendo
ampliamente el plazo razonable establecido jurisprudencialmente para cuestionar,
a través de este mecanismo, una providencia judicial.

28. Ahora, en cuanto al cargo de desconocimiento del precedente judicial, por
presuntamente inobservar lo dispuesto en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-
054 de 2015 de la Corte Constitucional, la Sala observa que este argumento fue
planteado en el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, el cual fue
rechazado de plano el 26 de agosto de 2025 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. La anterior decisión fue notificada el 27 de agosto
de 2025, y adquirió ejecutoria el 3 de septiembre de 2025, lo que establecía como
plazo para interponer la acción de tutela hasta el 4 de marzo de 2026. Sin embargo,
como se indicó anteriormente, la acción fue presentada el 27 de marzo de 2026, lo
que impide igualmente considerar acreditada la exigencia de inmediatez frente a
este defecto.

29. No obstante, como el solo paso del tiempo no habilita al juez constitucional
para considerar incumplido el requisito general de inmediatez, debe determinarse
si la tardanza en la interposición de la acción de tutela estuvo justificada por una
causa válida que hubiera imposibilitado su presentación en un límite razonable. Por
tanto, le corresponde al operador judicial determinar, en cada caso, si existen
razones válidas para la inactividad, si permanece la vulneración o amenaza de

4
Corte Constitucional. Sentencias T-936 de 2013, T-1063 de 2012 y T-328 de 2010.
5
Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
6
Término contado a partir del día siguiente hábil de la ejecutoria de la sentencia cuestionada.

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derechos fundamentales y/o si la parte actora se encuentra en un estado de
debilidad manifiesta que haga desproporcionada la exigencia en cuestión7.

30. Al respecto, se observa que la peticionaria del amparo, en el escrito de
tutela, afirmó que interpuso la acción de tutela dentro de un plazo razonable, pues
debe tenerse en cuenta la vacancia judicial de las altas cortes, comprendida entre
el 19 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026, lo que impacta directamente
en el cálculo del término de inmediatez.

31. Sin embargo, se advierte que el artículo 59 de la Ley 4a de 1913 dispone
que los plazos de días, meses o años en los que se haga mención en una norma
jurídica terminan a la media noche del último día. Aunado a ello, también señala que
los términos expresamente fijados por años o meses se contabilizan según el
calendario común. Por su parte, el artículo 118 del Código General del Proceso
dispone que el cálculo de términos de meses o de años debe hacerse de la siguiente
manera:

«[…] Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día
que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término
vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se
extenderá hasta el primer día hábil siguiente.

En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que
por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado […]».

32. Así las cosas, es claro que el plazo que se fija en una norma jurídica en
años o meses para la ejecución de una acción, derecho o el cumplimiento de una
obligación debe computarse según el calendario. Pues bien, como se indicó en
renglones anteriores, la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia del 5 de
agosto de 2014 acogió como regla general un plazo de seis meses, contados a partir
de la notificación o ejecutoria de la sentencia. Por lo tanto, el período de vacancia
judicial no debe descontarse para efectos de valorar el requisito de la inmediatez,
por cuanto el plazo para acreditarlo se computa según el calendario.

33. En ese orden de ideas, se concluye que no se superó la exigencia general
de procedibilidad aquí estudiada ni se acreditó alguna circunstancia que justificara
su inactividad, por lo que se declarará improcedente la acción de tutela formulada
por Nydia Serrano Tibazoza.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por
Nydia Serrano Tibazoza en contra del Tribunal Administrativo de Santander.

7
Corte Constitucional. Sentencia T-619 de 2017.

7
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Demandante: Nydia Serrano Tibazoza

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

8
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