Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02501-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02501-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02501-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
4 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02501-00
Demandante: Juan Carlos Amaya Cano
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa por
privación injusta de la libertad / Defecto fáctico y desconocimiento
del precedente judicial
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Juan Carlos Amaya Cano, en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Juan Carlos Amaya Cano promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la presunción de inocencia, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 29 de octubre de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en el medio de control de reparación directa
identificado con el radicado 05001-33-33-004-2019-00087-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda en
contra de la Nación, Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, con la finalidad
de que se les declarara responsables por los perjuicios derivados de su privación
«injusta» de la libertad del 6 de noviembre de 2015 al 19 de abril de 2016 y, desde el
5 de septiembre hasta el 30 de diciembre de 2016, con ocasión de la investigación
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.pdf».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02501-00
Demandante: Juan Carlos Amaya Cano
penal a la que fue vinculado por el delito de concierto para delinquir agravado, de la
que finalmente resultó absuelto.
2.2. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Medellín en sentencia
del 30 de septiembre de 2021 negó las pretensiones de la demanda al considerar
que se configuró la causal de exoneración denominada «hecho exclusivo y
determinante de un tercero», por lo que la medida de aseguramiento resultó legítima,
proporcional y sustentada en indicios graves aportados por un comandante
paramilitar, toda vez que la información suministrada por este fue la que dio origen a
la privación de la libertad, circunstancia que rompió el nexo causal entre la actuación
del Estado y el daño alegado. En contra de esta decisión interpuso recurso de
apelación.
2.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 29 de octubre de 2025
confirmó la decisión del a quo, al concluir que no cumplió con la carga probatoria que
le correspondía, pues omitió allegar todas las piezas procesales de la investigación
penal, por lo cual era imposible determinar cuáles fueron los argumentos y razones
de hecho y de derecho para imponer la medida de aseguramiento, y por ende, no se
acreditó la antijuridicidad del daño, puesto que haber sido absuelto no era suficiente
para demostrar que la medida fue injusta.
2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al omitir la
adecuada valoración de los fundamentos fácticos y probatorios recaudados en el
proceso, incluidos los documentos y el certificado de libertad expedido por la directora
de la cárcel Yarumito E.R.E, los cuales evidenciaban la falla de las entidades
demandadas, pues se ignoró que, conforme al fallo penal, las pruebas allegadas
carecían de idoneidad para demostrar su participación en el ilícito. Máxime cuando
la Fiscalía solicitó imputación y medida de aseguramiento sin cumplir los
presupuestos previstos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004.
2.5. Asimismo, se ignoró la jurisprudencia del Consejo de Estado2 sobre
responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad con fundamento en el
principio in dubio pro reo, y aquel que limitó al juez administrativo al análisis propio
del proceso contencioso, sin invadir la órbita del juez penal; sin embargo, en el caso
concreto, el juez administrativo desbordó ese ámbito, desconoció las decisiones del
juez penal y afectó su independencia.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1. Amparar el derecho constitucional al debido proceso del señor JUAN CARLOS
AMAYA CANO y su grupo familiar.
2 Al respecto citó: i) sentencia identificada con el radicado 11001031500020190016901 de la Sección
Tercera; ii sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019. CP: Martín Bermúdez Muñoz, Subsección
B, Sección Tercera del Consejo de Estado.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02501-00
Demandante: Juan Carlos Amaya Cano
2. Dejar sin efectos o revocar la sentencia del H. Tribunal Administrativo de Antioquia Sala
Segunda De Decisión MAGISTRADA PONENTE: VERÓNICA GUTIÉRREZ TOBÓN
Medellín, veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Sentencia: Radicado:
Instancia: Medio de Control: Demandante: Demandado: No. 284 AP. 05001-33-33-004-
2019- 00087-01 SEGUNDA –APELACIÓN DE SENTENCIA REPARACIÓN DIRECTA
JUAN CARLOS AMAYA CANO Y OTROS FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO,
mediante la cual se realiz[ó] una inadecuada valoración de la culpa de la Fiscalía General
de la Nación, por defectuoso funcionamiento, o privación injusta, ya que no se podía
vulnerar la presunción de inocencia, debido proceso y acceso a la administración de
justicia. […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Tribunal Administrativo de Antioquia3 luego de hacer un recuento de las
actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al interior del proceso contencioso,
solicitó que se declarara improcedente la petición de amparo por no acreditar el
requisito general de la relevancia constitucional, por cuanto la verdadera intención es
sustituir el criterio razonado del juez. Además, la sentencia de segunda instancia fue
proferida con pleno respeto por el debido proceso y en ejercicio legítimo de la función
jurisdiccional, caso distinto es que la ausencia probatoria impedía a la Sala establecer
si la medida de aseguramiento decretada en sede penal respondió o no a la
existencia de los indicios graves de responsabilidad previstos en el artículo 356 de la
Ley 600 de 2000.
5. La Dirección Ejecutiva Seccional Administración Judicial Medellín 4 solicitó que
se declarara improcedente la solicitud de amparo por no acreditar el requisito general
de la relevancia constitucional, pues la decisión de la autoridad judicial demandada
estuvo ajustada a derecho y la verdadera intención del demandante fue convertir el
amparo en una instancia adicional del proceso contencioso.
6. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Medellín5 si bien
allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente
orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia
judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
3 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado «RECIBEPRUEBAS_ContestacionTutela11(.pdf)
NroActua 12.pdf».
4 Ver índice 16 de Samai. Archivo denominado
«26RECIBEMEMORIAL_CONTESTACIONJUANCARL(.pdf) NroActua 16.pdf».
5 Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado «16_MemorialWeb_Otro-pronunciamientotute(.pdf)
NroActua 13.pdf».
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Demandante: Juan Carlos Amaya Cano
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1°. del Decreto 333 del 6 de abril
de 20216 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
9. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado7 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema8. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
10. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
11. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo9, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
6 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Juan Carlos Amaya Cano
12. Ahora bien, la Corte Constitucional10 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
13. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 11, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales12.
14. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
15. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo de Antioquia vulneró los derechos fundamentales de Juan Carlos
Amaya Cano con ocasión de la sentencia del 29 de octubre de 2025, a través de la
cual confirmó la decisión de negar las pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de la privación «injusta» de su libertad, con lo que incurrió presuntamente,
en defectos fáctico y por desconocimiento del precedente?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
16. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
17. En este punto se precisa que, aunque el demandante no señaló de manera
10 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02501-00
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expresa el defecto atribuido a la providencia cuestionada, del contenido del escrito
de tutela la Sala advierte que se trató de un defecto fáctico y desconocimiento del
precedente judicial debido a la indebida valoración de los fundamentos de hecho y
probatorios recaudados en el proceso, así como de la jurisprudencia del Consejo de
Estado en materia de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad
fundada en el in dubio pro reo.
2.4.2. Defecto fáctico
18. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 13, tiene una
dimensión negativa y otra positiva.
19. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»14, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»15. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»16.
20. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.4.3. Desconocimiento del precedente judicial
21. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar
que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un
imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad
jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las
decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como
medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado social de derecho.
22. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
13 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
14 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
15 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
16 Sentencia T-538 de 1994.
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de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si
existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.
23. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
24. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, con
identificación de los precedentes relevantes; de suficiencia, donde dé a conocer las
razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precise por
qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de
ello reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la
igualdad que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.4.4. Sobre el caso concreto
25. Juan Carlos Amaya Cano acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 29 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante la cual confirmó la decisión de negar las pretensiones indemnizatorias
propuestas en el medio de control de reparación directa que impetró con ocasión a
la privación injusta de su libertad del 6 de noviembre de 2015 al 19 de abril de 2016
y, desde el 5 de septiembre de 2016 hasta el 30 de diciembre de 2016.
26. Lo anterior, al considerar que se incurrió en defecto fáctico al prescindir de la
valoración integral de las pruebas recaudadas, tales como documentos y el
certificado de libertad expedido por la directora de la cárcel Yarumito E.R.E, que
evidenciaban la falla de las entidades demandadas, e ignoró que, según la decisión
penal, las pruebas allegadas carecían de idoneidad para demostrar su participación
en el ilícito, pese a lo cual la Fiscalía promovió imputación y medida de aseguramiento
sin cumplir el artículo 308 de la Ley 906 de 2004.
27. En desconocimiento del precedente del Consejo de Estado17 sobre
responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad con fundamento en el
principio de in dubio pro reo, y aquel que limita al juez administrativo al análisis propio
del proceso contencioso, sin invadir la órbita del juez penal.
17 Al respecto citó: i) sentencia identificada con el radicado 11001031500020190016901 de la Sección
Tercera; ii sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019. CP: Martín Bermúdez Muñoz, Subsección
B, Sección Tercera del Consejo de Estado
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Demandante: Juan Carlos Amaya Cano
28. Ahora bien, la Sala aclara que debido a la poca y confusa argumentación respecto
de los mencionados defectos, los mismos serán estudiados en conjunto, toda vez
que no sé indicó cuáles eran las reglas jurisprudenciales que no se tuvieron en cuenta
y cómo estas serían aplicables a su caso, y se entiende que ambos van dirigidos a
cuestionar el actuar de la autoridad judicial demandada, respecto a no dar por
probada la falla en el servicio en relación con la medida de aseguramiento impuesta
a Juan Carlos Amaya Cano.
29. Al descender a la situación particular planteada por la parte demandante, sea lo
primero advertir que, de la lectura del expediente contentivo del radicado 05001-33-
33-004-2019-00087-01 y el pronunciamiento cuestionado, se evidencia una
motivación suficiente y coherente que justifica su sentido. Puesto que, la autoridad
judicial demandada no tenía mayor material probatorio para determinar que
efectivamente el demandante no cumplía con los requisitos para que se le aplicara la
medida de aseguramiento:
«[…] De conformidad con lo anterior se tiene que en este caso debe establecerse si, se
configuró una falla del servicio por parte de las entidades demandadas. Para ese efecto,
debe analizarse si la privación de la libertad obedeció a una actuación apropiada,
razonable y proporcionada, tal y como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia
SU-072 de 2018. El Consejo de Estado resaltó la decisión de esa Corporación, así:
«[…] La Corte Constitucional, en la sentencia SU-072/1817, señaló que ningún cuerpo
normativo - ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de
1996, ni la sentencia C-037 de 1996 - establecía un régimen de responsabilidad
específico aplicable en los eventos de privación de la libertad, entonces, será el juez el
que, en cada caso, deba realizar un análisis para determinar si la privación de la libertad
fue apropiada, razonable y/o proporcionada. De conformidad con lo expuesto, resulta
válido afirmar que el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la
luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de
aseguramiento, de ahí que se torne imperiosa la ponderación de las circunstancias que
rodearon su imposición, a efectos de establecer si existía o no mérito para proferir esa
decisión en tal sentido […]»18
En primer lugar, debe indicar esta Sala de Decisión, que el proceso penal fue iniciado en
vigencia de Ley 600 de 2000, antiguo código de procedimiento penal, motivo por el cual
hay que referirse a las reglas que regían en este sistema para llevar a cabo el análisis del
caso concreto.
En efecto, en el anterior Código de Procedimiento Penal, esto es, la Ley 600 de 2000, le
correspondía a la Fiscalía General de la Nación tal y como lo dispuso el artículo 74 de
dicho estatuto «dirigir, realizar y coordinar la investigación e instrucción en materia penal»,
es decir, dicha entidad tenía la competencia para adelantar todo lo que comprendiera a la
etapa de la investigación preliminar y la investigación propiamente dicha, la cual iniciaba
con el auto de apertura, proseguía con la vinculación al proceso del sindicado,
posteriormente con la definición de la situación jurídica de este, cuya consecuencia era la
imposición o no de la medida de aseguramiento; la cual se encontraba regulada como una
de las atribuciones con que contaba la Fiscalía General de la Nación, tal y como lo dispuso
en su momento el numeral 2° del artículo 114 de dicha ley.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera - Subsección A.
Sentencia del 6 de julio de 2020. Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico. Radicación No.
68001-23-31- 000-2012-00064-01(56019).
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Demandante: Juan Carlos Amaya Cano
La imposición de la medida de aseguramiento, según lo dispuso el artículo 355 de la Ley
600 de 2000, buscaba «garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución
de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad
delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos
probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria». […]
En el caso que nos ocupa, la parte demandante limita su esfuerzo probatorio a aportar la
sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado
de Antioquia y el certificado expedido por la directora de la cárcel departamental de
Yarumito que da cuenta del periodo, durante el cual el señor Puerta Amaya Cano privado
de la libertad, sin que se formulara solicitud probatoria adicional en el libelo genitor ni en
oportunidad probatoria subsiguiente, por lo tanto, echa de menos esta Sala de Decisión
las piezas procesales de la instrucción penal tales como la apertura, la indagatoria, el
material probatorio que soportó la definición de situación jurídica con la imposición de
medida de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural, pruebas
imprescindibles para el medio de control de reparación directa, en orden al análisis
encausado a determinar si en efecto la medida de aseguramiento decretada en contra del
demandante por parte de la Fiscalía, resultaba razonable, proporcional y legal,
acotándose que conforme al principio de la carga de la prueba, era de responsabilidad de
la parte demandante allegarla a este proceso, si pretendía obtener un pronunciamiento
favorable a sus pretensiones.
En ese orden de ideas, brillan por ausencia todas las pruebas de la investigación penal
adelantada, por lo cual es imposible determinar cuáles fueron los argumentos y razones
de hecho y de derecho que llevaron al delegado de la Fiscalía General de la Nación, a
imponer la medida de aseguramiento, es decir, con lo aportado no es posible establecer
si la entidad demandada contaba con elementos probatorios necesarios, constitutivos de
los dos indicios graves de responsabilidad, establecidos en el artículo 356 de la Ley 600
de 2000, como necesarios para adoptar la medida restrictiva de la libertad del acá
demandante.
Es necesario recordar que, en desarrollo del medio de control de reparación directa,
corresponde al Juez Administrativo determinar si la adopción de la medida de
aseguramiento fue desproporcionada o violatoria de los procedimientos legales, lo que
solo se logra a partir de la evidencia acopiada y recaudada en desarrollo del proceso
penal.
De esta forma, no cuenta la Sala con la información, derivada de la prueba, a partir de la
cual basó el delegado de la Fiscalía, la decisión de decretar la medida de aseguramiento
de detención preventiva, lo que a su vez implica que no se pueda establecer si la misma
fue necesaria, proporcional, adecuada y razonable.
De conformidad con lo anterior, existe un notorio déficit suasorio en torno a la
demostración de la privación “injusta”, en tanto, no se cuenta con la motivación, que en
definitiva es el único argumento a través del cual se puede definir si la medida de
aseguramiento fue o no desproporcionada, lo que lleva a reiterar lo indicado con
antelación, es decir, que la parte activa no ha probado el primero de los hitos sobre los
que se levanta el juicio de reproche administrativo dentro de la responsabilidad
extracontractual -el daño-, para que pueda ser reparado en las condiciones dispuestas por
el artículo 90 constitucional, debe ser antijurídico, es decir que la persona que lo sufre
demuestre que no tenía el deber jurídico de soportarlo.
En suma, resulta notorio que el genitor de la litis asimiló la absolución, con el hecho de la
detención y su fundamento y precisamente sobre la diferencia que existe entre estos dos
conceptos, el Consejo de Estado ha precisado que, no sólo no pueden ser confundidos,
sino que, además, cada uno de esos supuestos debe ser probados con acierto en procura
de demostrar la antijuridicidad del daño, de ahí que se colija que no es suficiente con la
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Demandante: Juan Carlos Amaya Cano
prueba de la decisión que procura la desvinculación de la persona del proceso penal,
cuando en la pieza que la contiene, no se explica en detalle los motivos de la detención,
todas las actuaciones adelantas y las pruebas que tenía la fiscalía al momento de la
decisión de imponer la medida de aseguramiento por la fiscalía, esto con el fin de lograr
determinar si en efecto existían por los menos dos indicios graves de responsabilidad o
no que sustentaron la imposición de la medida.
En efecto, la Sección Tercera del órgano límite de la jurisdicción contenciosa
administrativa, al referirse al tema de la necesaria demostración de las dos figuras
antedichas, afirmó:
“(…) Así mismo, la Sala reitera, que es necesario distinguir entre la decisión legal que
ordena la detención preventiva, que luego se cuestiona como equivocada, y la decisión
absolutoria, siempre que el error salte a la vista, debiendo analizarse si se produjo el
daño antijurídico reclamado por los demandantes y es imputable a la entidad
demandada19 (…)”20
[…]
Ahora, en el artículo 103 del CPACA, se establece que quien acuda ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de
colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la
obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en dicho Código
y por ello, es que jurisprudencialmente se ha dicho que la facultad oficiosa que se otorga
al juez para decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para llegar a la verdad
material de los hechos que son objeto de controversia, no puede convertirse en la excusa
contra la labor probatoria de las partes. Así lo dijo el Consejo de Estado:
«[…] Finalmente, es necesario precisar que, tal y como señaló el recurrente, el juez
tiene la facultad de decretar pruebas de oficio, sin embargo, con ello no es posible
suplir la carga probatoria que incumbe a las partes, pues dicha potestad, cuando se
está en la oportunidad procesal para decidir, sólo procede para esclarecer puntos
oscuros o dudosos del proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 169
del CCA […]”21.
Por tanto, le está prohibido al juez suplir en su totalidad las obligaciones probatorias de
las partes, de ahí que no era tarea del A - quo suplir el defecto probatorio en torno a la
construcción suasoria de los supuestos sobre los que debió anclarse la pretensión
procesal, lo cual guarda relación con los artículos 29 y 228 de la Constitución Política,
pues a las partes, correlativamente con lo antes resaltado, se les debe garantizar la
imparcialidad, la objetividad y la igualdad, y más si se trata de la oportunidad probatoria,
como en este caso, olvidaron sus deberes procesales.
Por tanto, esa falencia probatoria evidenciada en torno al primer elemento de cualquier
juicio de imputación, limita a la Sala para continuar con los restantes elementos, que en
este caso, serían la desatención del contenido obligacional y el nexo causal entre éste y
el daño, de haberse privilegiado el título de imputación de la falla en el servicio, o el nexo
causal existente entre el daño y la actuación de la administración con la que rompe el
equilibrio de las cargas públicas, de haberse elegido el título objetivo y menos examinar
la posible configuración de una causal eximente.
19 Sentencia de 4 de diciembre de 2006. Exp.13168. Sentencia de 3 de abril de 2011. Exp. 33238.
20 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección “C”. Sentencia del 13 de abril de 2011. Consejero
ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Radicación número: 66001-23-31-000-2000-
00095- 01 (22679).
21
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección “B”. Sentencia del 06 de febrero de 2020.
Consejero Ponente: Alberto Montaña Plata. Radicación número: 05001-23-31-000-2002-04754-
02(44819).
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02501-00
Demandante: Juan Carlos Amaya Cano
De conformidad con lo expuesto y aclarada la posición frente a la carga probatoria, se
concluye que la parte actora no acreditó la ocurrencia de una “privación injusta de la
libertad”. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, no porque
se configure la causal eximente de responsabilidad por hecho exclusivo y determinante
de un tercero —como lo sostuvo el a quo—, ya que dicha figura resulta improcedente en
este caso. Pues esta eximente presupone que la intervención del tercero sea la causa
eficiente y exclusiva del daño, rompiendo el nexo causal con la actuación estatal lo cual
no ocurrió en el presente caso, pues como se indicó, para que tal eximente ocurriese u
operara, se requería la demostración del daño y que el nexo causal fuese interrumpido o
desviado por un tercero, pero lo que realmente sucedió en la actuación enjuiciada, es la
carencia de material demostrativo de la responsabilidad.
Se insiste, al expediente no se allegaron las pruebas completas de la investigación penal,
lo que impide verificar si la decisión de imponer la medida se ajustó a los presupuestos
legales exigidos para restringir la libertad. Esta omisión probatoria imposibilita establecer
la antijuridicidad del daño y, por ende, no puede concluirse que la actuación de las
entidades demandadas haya sido determinante en su configuración. […]» [sic].
30. Así las cosas, la autoridad judicial demandada realizó un estudio del asunto desde
la perspectiva del precedente jurisprudencial aplicable relacionado con la
responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad y el carácter cierto
del daño en conjunto con la carga de la prueba. Por tal motivo esta Sala debe concluir
que no incurrió en una falta de motivación que pudiera derivar en el desconocimiento
del precedente judicial o el defecto fáctico endilgado.
31. Esto por cuanto, la autoridad judicial demandada realizó un análisis probatorio y
decidió de acuerdo con las pruebas que fueron allegadas al plenario, tales como la
sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Antioquia y el certificado expedido por la directora de la cárcel
departamental de Yarumito que da cuenta del periodo durante el cual estuvo privado
de la libertad, caso distinto es que no se les hubiese dado el alcance o la entidad que
el demandante pretendía, pues, consideró que con aquellas no era posible establecer
que el actuar de las entidades demandadas hubiera ocasionado un daño antijurídico,
pues lo cierto es que no se allegaron las piezas procesales de la instrucción penal.
32. Ahora bien, el demandante reprocha el actuar del tribunal demandado al no
acceder a las pretensiones propuestas pese a que, según su decir, no se cumplía
con los requisitos para imponer una medida de aseguramiento; punto respecto del
cual, aquel fue claro en enfatizar que la deficiencia probatoria impidió tener certeza
sobre las condiciones en que ocurrió la imposición de la medida privativa de la
libertad, por lo que no se pudo llegar a establecer si fue injusta o no.
33. Lo anterior, por cuanto la parte demandante se limitó a aportar la sentencia
absolutoria y la certificación del tiempo de reclusión, y omitió allegar las piezas
esenciales de la investigación penal que permitieran verificar las condiciones en que
se decretó la detención preventiva, de manera que no fue posible establecer si la
medida cumplió con los requisitos legales ni si devino injusta, circunstancia que
impidió estructurar el daño antijurídico.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02501-00
Demandante: Juan Carlos Amaya Cano
34. Así, contrario a lo señalado por la parte demandante, no se evidencia que la
autoridad judicial haya incurrido en irregularidad alguna en su labor de la búsqueda
de la verdad pues lo cierto es que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 167 del
Código General del Proceso, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
alegado en la demanda, en este caso, la antijuridicidad del daño, y, más aún cuando
en la jurisdicción de lo contencioso administrativo la justicia es rogada y no de oficio.
35. Lo anterior, en consonancia con el criterio imperante del Consejo de Estado como
tribunal de cierre de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, es decir aquella
tesis que establece que «el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a
la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de
aseguramiento, de ahí que se deba determinar en cada caso si existía o no mérito para
proferir decisión en tal sentido, pues de no serlo, se puede llegar a comprometer la
responsabilidad del Estado»22, sin que tenga cabida un estudio como el que plantean
los demandantes en esta oportunidad.
36. Finalmente, no sobra advertir que ninguno de los pronunciamientos23 que sin
mayor argumentación estimó como desconocidos constituyeron una regla de
unificación de obligatorio cumplimiento, de la cual podría predicarse un
desconocimiento del precedente judicial, por el contrario, son sentencias dictadas en
trámites constitucionales, que tienen efectos inter-partes dada su naturaleza.
Máxime, cuando solo se limitó a transcribir apartes de estas.
37. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
38. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
39. Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial
demandada no incurrió en las causales específicas de procedencia endilgadas,
debido a que la providencia acusada fue proferida conforme a las normas y
jurisprudencia reguladoras de su función judicial y aquella se apoyó en el material
probatorio obrante en el proceso para efectuar la interpretación que consideró más
ajustada al caso concreto, frente a lo cual se debe advertir que el juez natural del
asunto goza de autonomía funcional y se presume la buena fe en sus decisiones.
22 Sentencia del 6 de agosto de 2020, proferida en el expediente 23.354 por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.
23 Al respecto citó: i) sentencia identificada con el radicado 11001031500020190016901 de la Sección
Tercera; ii sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019. CP: Martín Bermúdez Muñoz, Subsección
B, Sección Tercera del Consejo de Estado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02501-00
Demandante: Juan Carlos Amaya Cano
40. En esas condiciones, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, se impone negar la
solicitud de amparo constitucional pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.
41. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
3. Conclusión
42. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales de Juan Carlos Amaya Cano en la solicitud de tutela
presentada contra del Tribunal Administrativo de Antioquia.
43. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Juan Carlos Amaya
Cano invocados en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo
de Antioquia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02501-00
Demandante: Juan Carlos Amaya Cano
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
SSR/LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida
la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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