RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02501-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02501-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02501-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR el numeral primero de la sentencia proferida el 4 de mayo de 2026 por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, la cual negó el amparo solicitado. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Juan Carlos Amaya Cano, por las razones de irrelevancia constitucional expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 6 Ibidem. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Radicación: 11001-03-15-000-2026-02501-01 Accionante: Juan Carlos Amaya Cano y otros TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02501-01

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02501-01
Accionante: JUAN CARLOS AMAYA CANO y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional. La verdadera inconformidad del accionante
radica en que los jueces de la reparación directa no acogieron su interpretación
sobre el régimen de responsabilidad del Estado y la valoración de la carga
probatoria.

2. Se pretende utilizar este mecanismo excepcional como una tercera instancia
para reabrir un debate de legalidad ordinaria y subsanar omisiones probatorias del
proceso original, la solicitud carece de trascendencia fundamental.

II. ANTECEDENTES

La demanda

3. El 27 de marzo de 2026, la parte actora interpuso demanda de tutela para
proteger sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia y presunción de inocencia, los cuales consideró vulnerados por la
sentencia proferida el 29 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.

Hechos relevantes

4. En ejercicio del medio de control de reparación directa, el señor Juan Carlos
Amaya Cano y su núcleo familiar demandaron a la Nación - Fiscalía General de la
Nación y Rama Judicial, por la privación injusta de la libertad que padeció el
demandante en dos periodos. Del 6 de noviembre de 2015 al 19 de abril de 2016,
y del 5 de septiembre al 30 de diciembre de 2016, sumando aproximadamente 10
meses de reclusión.

5. Como sustento de sus pretensiones, la parte actora narró que, para la época de
los hechos, el señor Amaya Cano se desempeñaba como alcalde del municipio de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02501-01
Accionante: Juan Carlos Amaya Cano y otros

Amagá, Antioquia. Su captura se hizo efectiva el 22 de octubre de 2015, mientras
se encontraba en su despacho oficial en pleno ejercicio de sus funciones.

6. La vinculación penal se dio por el presunto delito de concierto para delinquir
agravado, basada en afirmaciones del comandante paramilitar de las AUC Rodrigo
Alberto Zapata Sierra (alias "Ricardo"). Se le impuso medida de aseguramiento de
detención preventiva en centro carcelario, la cual fue cumplida en la cárcel Yarumito
de Itagüí.

7. El Juzgado Primero Penal Especializado del Circuito de Antioquia, mediante
sentencia del 22 de febrero de 2018, profirió fallo absolutorio a favor del procesado,
al considerar que las pruebas carecían de idoneidad y certeza sobre su
responsabilidad.

8. Las providencias cuestionadas desconocieron el precedente del Consejo de
Estado sobre el régimen de responsabilidad objetiva aplicable cuando el sindicado
es absuelto por atipicidad o porque no cometió el hecho.

9. En sentencia del 30 de septiembre de 2021, el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Medellín negó las pretensiones. Concluyó que se configuró la causal
de exoneración de "hecho de un tercero", dado que la detención se motivó en los
señalamientos del comandante paramilitar, lo cual consideró un indicio grave que
legitimaba la actuación estatal.

10. La parte demandante presentó recurso de apelación. Sostuvo que el juzgado
vulneró la presunción de inocencia al realizar valoraciones propias del juez penal y
que, ante la absolución por atipicidad, el Estado debía responder bajo un régimen
objetivo, pues el ciudadano no tenía el deber jurídico de soportar el daño.

11. El 29 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la
negativa, pero aclaró que no operaba el "hecho de un tercero". En su lugar,
fundamentó la decisión en una falencia probatoria del accionante, quien omitió
aportar el expediente penal completo con la indagatoria y auto de medida de
aseguramiento, lo que impidió valorar la razonabilidad y legalidad de la detención
inicial.

Pretensiones

12. El accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la presunción de inocencia. En
consecuencia, dejar sin efectos la sentencia proferida el 29 de octubre de 2025 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual confirmó la negativa de sus
pretensiones indemnizatorias dentro del proceso de reparación directa.

Fundamentos

13. La tutela satisface el requisito de relevancia constitucional, pues las providencias
cuestionadas vulneran el núcleo esencial del debido proceso y la presunción de
inocencia al tratarlo como sospechoso a pesar de su absolución penal definitiva.

14. La sentencia del Tribunal adolece de defecto fáctico por indebida valoración del
material probatorio. Alega que se omitió considerar integralmente el fallo penal

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02501-01
Accionante: Juan Carlos Amaya Cano y otros

absolutorio y el certificado de libertad, los cuales demostraban que las pruebas de
la Fiscalía carecían de idoneidad para desvirtuar su inocencia. Asimismo, cuestiona
que el juez administrativo pretenda realizar una nueva valoración de su conducta,
actuando como un "juez penal" de instancia.

15. La privación de su libertad, que se extendió por casi 10 meses, resultó injusta y
desproporcionada. La posterior absolución por falta de certeza y el retiro de cargos
por parte de la Fiscalía evidencian que el Estado ejerció un poder punitivo excesivo
que el ciudadano no estaba obligado a soportar.

16. La providencia incurre en desconocimiento del precedente judicial del Consejo
de Estado y de la Corte Constitucional al no aplicar el régimen objetivo de
responsabilidad, en casos de absolución por atipicidad o porque el sindicado no
cometió el hecho la responsabilidad estatal es automática y no requiere probar una
falla del servicio. El Tribunal se enfoca en una supuesta «falencia probatoria» del
expediente penal para evadir la aplicación de la jurisprudencia unificada sobre el
principio a favor del procesado.

17. Se desconoce el artículo 90 de la Constitución, por no reparar de manera integral
a quien ha sufrido un daño antijurídico por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia y una privación de la libertad que no se ajustó a los fines
de necesidad y proporcionalidad.

Trámite impartido

18. El 13 de abril de 2026, la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación
admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y
posteriormente vinculó a la Fiscalía General de la Nación, a la Nación-Rama Judicial
y al Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín como terceros con interés.

Intervenciones

19. El Tribunal Administrativo de Antioquia1 solicitó declarar la improcedencia
del amparo por falta de relevancia constitucional. La sentencia cuestionada fue
proferida con respeto al debido proceso y que la verdadera intención del actor es
sustituir el criterio razonado del juez natural. La falta de material probatorio en el
proceso ordinario impidió establecer si la medida de aseguramiento cumplió con los
indicios graves de responsabilidad exigidos por la Ley 600 de 2000.

20. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Medellín2 allegó copia del
expediente digital, pero guardó silencio frente a la solicitud de amparo.

21. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín3
solicitó declarar la improcedencia por falta de relevancia constitucional. La
providencia del Tribunal estuvo ajustada a derecho y que el demandante pretende
convertir la tutela en una instancia adicional del proceso contencioso para subsanar
sus propias omisiones probatorias.

1
Índice 011, aplicativo Samai, primera instancia.
2
Índice 013, aplicativo Samai, primera instancia.
3
Índice 016, aplicativo Samai, primera instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02501-01
Accionante: Juan Carlos Amaya Cano y otros

Sentencia de primera instancia

22. En sentencia del 4 de mayo de 2026, la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado negó el amparo de los derechos fundamentales. Aunque
consideró superados los requisitos de procedibilidad adjetiva, determinó en el fondo
que no se configuraron los defectos alegados.

23. Advirtió que el Tribunal Administrativo de Antioquia realizó un análisis motivado
y coherente. El accionante incumplió la carga de la prueba al omitir piezas
esenciales del expediente penal (indagatoria y auto de situación jurídica). En tal
sentido, señaló que el juez de tutela debe respetar la autonomía judicial y que la
inconformidad con la valoración del juez natural no es atacable por esta vía, pues el
mecanismo no puede transformarse en una tercera instancia.

Impugnación

24. El señor Juan Carlos Amaya Cano impugnó la decisión de primera instancia. En
su recurso, insistió en que las providencias judiciales cuestionadas vulneran el
debido proceso al incurrir en defectos sustantivo, fáctico y procedimental, además
de apartarse del bloque de constitucionalidad, del control de convencionalidad y del
precedente unificado en materia de privación injusta de la libertad.

25. Sostuvo que la valoración probatoria efectuada en el proceso de reparación
directa es abiertamente irrazonable, por cuanto omitió aplicar el régimen de
responsabilidad objetiva que rige cuando el sindicado es absuelto por atipicidad de
la conducta o falta de materialidad.

26. Alegó que la autoridad judicial administrativa no puede actuar como un «juez
penal» para revaluar su conducta preprocesal y que la sentencia absolutoria junto
al retiro de cargos por la Fiscalía constituye pruebas suficientes del daño
antijurídico, lo que hace innecesario la exigencia del expediente penal completo
para reconocer la indemnización por los casi 10 meses de reclusión que padeció.

III. CONSIDERACIONES
Competencia

27. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación,
conforme a los artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991,
concordantes con el Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento
interno de esta corporación.

Problema Jurídico y metodología de la decisión

28. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
del 4 de mayo de 2026, proferida por la Sección Segunda, Subsección B de esta
Corporación, la cual negó el amparo de los derechos fundamentales invocados.

29. Para tal fin, se verificará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial y, de encontrarse superados,
se entraría a estudiar los defectos específicos alegados.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02501-01
Accionante: Juan Carlos Amaya Cano y otros

Análisis de la Sala

30. Legitimación en la causa. El señor Juan Carlos Amaya Cano presentó acción
de tutela como titular de los derechos que considera vulnerados, en su condición de
demandante en el proceso de reparación directa con radicado 05001-33-33-004-
2019-00087-01, en el que se adoptó la decisión cuestionada, por lo que se
encuentra legitimado.

31. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
el Tribunal Administrativo de Antioquia fue la autoridad judicial que profirió la
sentencia del 29 de octubre de 2025, a la que la parte actora atribuye la vulneración
de sus derechos fundamentales.

32. Inmediatez. Se cumple con este requisito, toda vez que el Tribunal
Administrativo de Antioquia profirió la sentencia de segunda instancia el 29 de
octubre de 2025, y la solicitud de amparo fue presentada el 27 de marzo de 2026.
Término razonable y proporcionado para el ejercicio de la acción, conforme a los
estándares de esta Corporación.

33. Relevancia constitucional. La acción de tutela no es una instancia adicional
para discutir aspectos económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima
de los jueces naturales2. Este mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas
sobre la arbitrariedad, capricho o irracionalidad de una decisión judicial.

34. La Corte Constitucional ha establecido que un asunto carece de relevancia
constitucional en dos situaciones. Por una parte, cuando la discusión se limita a la
simple determinación de aspectos legales de un derecho (la correcta interpretación
o aplicación de una norma procesal, salvo que de esta se desprendan claramente
violaciones de derechos fundamentales). Por otra parte, cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico porque se trata de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas “que no
representen un interés general”3.

35. En síntesis, la acción de tutela contra providencias judiciales no constituye un
escenario para evaluar la calidad o corrección legal de los razonamientos
expuestos. Esta no puede tener por objeto alegar que los argumentos en los que se
sostienen las decisiones cuestionadas no son adecuados, que existen otros
mejores, o que incluso tienen defectos argumentativos. Lo que corresponde
plantear es que las decisiones censuradas tienen la aptitud de desconocer derechos
fundamentales o implican una infracción evidente del debido proceso.

36. Este mecanismo de protección de derechos fundamentales tampoco es un
instrumento para volver a proponer una discusión en torno a la valoración probatoria
del fallo que se cuestiona.

Caso concreto

37. Los argumentos expuestos en la presente acción constitucional no evidencian
la vulneración de una garantía fundamental, sino su inconformidad con la valoración
de los medios de prueba allegados y la conclusión a la que arribó el Tribunal
demandado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02501-01
Accionante: Juan Carlos Amaya Cano y otros

38. La acción de tutela no es una instancia adicional para discutir aspectos
económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de los jueces naturales;
solo procede cuando afloran serias dudas sobre la arbitrariedad, el capricho o la
irracionalidad de una decisión judicial.

39. La Sala modificará el numeral primero de la sentencia del 4 de mayo de 2026
para, en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional. Aunque el señor Juan Carlos Amaya Cano alegó que la sentencia
proferida el 29 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia
adolece de defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente sobre
privación injusta de la libertad, se advierte que su inconformidad se limita a
cuestionar la valoración probatoria, la carga procesal y el régimen de
responsabilidad aplicado por el juez de la reparación directa.

40. En consecuencia, los argumentos expuestos no evidencian una vulneración de
derechos fundamentales con relevancia constitucional, sino una discrepancia frente
a la decisión del juez natural, razón por la cual el amparo no puede emplearse como
una nueva instancia para subsanar omisiones probatorias del proceso ordinario.

41. La argumentación del accionante se sustenta en que el Tribunal interpretó
erróneamente el régimen de responsabilidad, pues, a su juicio, la absolución penal
generaba automáticamente la aplicación de un régimen objetivo. Invocó para ello la
sentencia de tutela del quince (15) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), con
ponencia del Magistrado Martín Bermúdez Muñoz, de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado4, y otros precedentes de esta Corporación, para
sostener que el juez administrativo no podía revaluar su conducta ni exigirle soportar
la carga de la detención tras haber sido declarado inocente.

42. Sobre este punto, la Sala precisa que la absolución del señor Juan Carlos
Amaya Cano no se produjo por atipicidad. El Juzgado Primero Penal Especializado
del Circuito de Antioquia lo absolvió en aplicación del principio in dubio pro reo,
porque las pruebas recaudadas no permitieron alcanzar certeza sobre su
responsabilidad penal. Esta circunstancia también se reconoció en las sentencias
del proceso de reparación directa.

43. Frente al régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad, el
Tribunal acudió a la sentencia SU-072 de 2018 para señalar que la absolución
derivada de la aplicación del principio in dubio pro reo no determina
automáticamente la responsabilidad estatal bajo un título objetivo, pues
corresponde examinar las circunstancias en las que se impuso la medida restrictiva
de la libertad5.

44. En aplicación de lo anterior, concluyó que la privación de la libertad del señor
Juan Carlos Amaya Cano no configuró un daño antijurídico, por la sola absolución,
sino que le correspondía demostrar que aquella fue injusta. Destacó que, al no
haberse allegado el expediente penal completo (indagatoria y auto de medida de
aseguramiento), era imposible verificar si, al momento de imponer la medida de

4 Igualmente citó la sentencia SU 406 de 2016, “en la cual la Corte Constitucional salvaguardo el

principio de igualdad, en el sentido de imponer al fallador la obligación de analizar en el caso en
concreto la aplicabilidad del nuevo presente judicial en el caso que está siendo objeto de
juzgamiento”.
5 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando

Reyes Cuartas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02501-01
Accionante: Juan Carlos Amaya Cano y otros

aseguramiento, existían los indicios graves de responsabilidad exigidos por la Ley
600 de 2000, es decir, el actor incumplió con su deber de colaboración y carga de
la prueba, impidiendo un juicio de proporcionalidad y legalidad sobre la medida
impuesta.

45. La autoridad judicial demandada dio respuesta a los reparos de apelación,
expuso que el precedente constitucional exige analizar si la medida fue razonable
en su momento, análisis que no pudo realizarse ante la insuficiencia del material
probatorio aportado por la parte demandante, descartando así que se hubiera
vulnerado la presunción de inocencia.

46. En esas condiciones, la inconformidad del accionante no se dirige a evidenciar
un defecto constitucional de la providencia cuestionada, sino a que el juez de tutela
sustituya el criterio jurídico adoptado por el juez natural y arribe a una conclusión
diferente sobre el régimen de responsabilidad aplicable, propósito que resulta
incompatible con la naturaleza excepcional y subsidiaria de este mecanismo de
amparo.

47. En conclusión, contrario a lo expuesto en la impugnación, la controversia
planteada no trasciende el ámbito de la legalidad ni evidencia una vulneración
autónoma de derechos fundamentales. Por el contrario, refleja la inconformidad del
accionante frente a las determinaciones adoptadas por los jueces naturales en el
proceso de reparación directa, circunstancia que resulta insuficiente para habilitar
la intervención del juez constitucional.

48. Adicional a ello, la controversia sobre el título de imputación no plantea, por sí
sola, una cuestión constitucional. La Corte Constitucional ha precisado que el
artículo 90 de la Constitución no establece un régimen de imputación específico, de
modo que corresponde al juez administrativo definir, de acuerdo con las
particularidades del caso, el título aplicable. Por ello, la discrepancia del accionante
frente a esa determinación se ubica, en principio, en el ámbito infraconstitucional
propio del juez natural de la responsabilidad estatal6.

49. En consecuencia, procede modificar la decisión de primera instancia y; en su
lugar; declarar la improcedencia de la acción por carecer de relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR el numeral primero de la sentencia proferida el 4 de mayo
de 2026 por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, la cual negó
el amparo solicitado. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
interpuesta por el señor Juan Carlos Amaya Cano, por las razones de irrelevancia
constitucional expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

6 Ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02501-01
Accionante: Juan Carlos Amaya Cano y otros

TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.