RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02502-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02502-01

Fecha
3 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02502-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción, por no cumplir el requisito de relevancia constitucional; y, en su lugar, NEGAR la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02502-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Tres (3) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-02502-011
Accionante : Ingri Tatiana Bojacá Hernández2
Accionado : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B
Vinculados : Juzgado Cuarenta y Seis (46) Administrativo de Bogotá y
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
(DADEP)
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, sentencia que negó acción
popular por presunta vulneración del derecho colectivo a la
moralidad administrativa a raíz de la incorporación de zona como
espacio público
Decisión : Sentencia de segunda instancia

1. Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la Junta de Acción Comunal

Jerusalén Sector Potosí contra el fallo del Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Veintiséis
(2026), proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la acción, por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por

la accionante frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará lo relativo
a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, determinará lo que corresponda en
torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

3. La representante legal de la Junta de Acción Comunal de Jerusalén Sector Potosí

1
Expediente digital disponible en SAMAI.
2
En su calidad de representante legal de la Junta de Acción Comunal Jerusalén Sector Potosí.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02502-01
Accionante: Ingri Tatiana Bojacá Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B

interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jurídica y participación ciudadana,
que considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B.

4. Por consiguiente, solicitó:

[…] SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA- SECCIÓN PRIMERA- SUB SECCIÓN B, el treinta (30)
de septiembre de dos mil veinticinco (2025), donde confirmó la sentencia proferida el 19 de junio
de 2025 por el Juzgado 46 Administrativo de Bogotá y negó las súplicas de la demanda del
Radicado No. 11001-33-42-046-2024-00448-01, la cual fue notificada el día 02 de octubre de 2025.

TERCERO: En concordancia con lo anterior, ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA- SECCIÓN PRIMERA- SUB SECCIÓN B que, dentro de los 20 días siguientes
a la notificación de la respectiva sentencia de tutela, expida una nueva decisión en reemplazo en
la que se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en este escrito de tutela y en la
sentencia que proteja los derechos fundamentales alegados, resolviendo de fondo la controversia
respectiva.

Hechos3

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la
accionante en la tutela, se puede evidenciar que, mediante la Resolución 0394 de 20024,
el Departamento Administrativo de Planeación Distrital legalizó el desarrollo urbanístico
Jerusalén, perteneciente a la localidad de Ciudad Bolívar (Distrito de Bogotá).

6. En el año 2014, la Junta de Acción Comunal del barrio Jerusalén5 (en adelante, la Junta)

promovió acción de cumplimiento contra el Departamento Administrativo de la Defensoría
del Espacio Público (DADEP), para que se incorporara, en los términos de los artículos 8
y 14 de la Resolución 0394 de 2002, la «zona verde 36» en el inventario del espacio público.

7. Mediante sentencia del Cuatro (4) de Julio de Dos Mil Catorce (2014), el Juzgado

Cuarenta y Dos (42) Administrativo de Bogotá negó las pretensiones, por «no tratarse de un
mandato imperativo e inobjetable radicado en cabeza del Departamento Administrativo de la Defensoría
del Espacio Público y de ninguna otra autoridad del Distrito». La sentencia fue confirmada por el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia
del Seis (6) de Agosto de Dos Mil Catorce (2014).

3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2, archivo 5.
4
Confirmada mediante Resolución 078 de 2003.
5
En la sentencia del Diecinueve (19) de Junio de Dos Mil Veinticinco (2025), el Juzgado Cuarenta y Seis (46) Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá indicó que la acción de cumplimiento fue promovida por el señor Luís Humberto Urrego Molina, en calidad
de representante legal de la Junta de Acción Comunal del barrio Jerusalén Sector Santa Rosita las Vegas, dentro del proceso con
radicado núm. 11001-33-37-042-2014-00099-01.
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02502-01
Accionante: Ingri Tatiana Bojacá Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B

8. No obstante, con posterioridad, en aplicación del Decreto Distrital 072 de 2023, el

DADEP adelantó el trámite de toma de posesión de las zonas comunales y verdes del
desarrollo urbanístico Jerusalén, para incorporarlas al inventario general de espacio
público y bienes fiscales del distrito.

9. Como los propietarios de los predios localizados en el área no comparecieron al
proceso de entrega de las zonas de uso público señaladas en la Resolución 0394 de
2002, el DADEP comunicó el inicio de la actuación a las juntas de acción comunal y, en
particular, a la señora Bojacá Hernández, en su calidad de presidenta de la Junta.

10. La organización formuló varias peticiones dirigidas a obtener claridad sobre el alcance

de la actuación. No obstante, la Secretaría Distrital de Planeación y el DADEP esbozaron
argumentos aparentemente contradictorios sobre si la zona podía incorporarse al
inventario general del espacio público.

11. La señora Ingri Tatiana Bojacá Hernández presentó demanda en ejercicio del medio

de control de protección de los derechos e intereses colectivos, en la que, solicitó el
amparo de la moralidad administrativa6, presuntamente vulnerado con ocasión del
proceso de toma de posesión del DADEP de unas zonas de uso colectivo, determinadas
así en la Resolución 0394 de 2002.

12. En consecuencia, pidió que se ordenara al DADEP dejar las zonas de uso comunal y

las zonas verdes en el estado en que se encontraban, que se dispusiera la unificación de
conceptos entre las entidades distritales sobre la naturaleza jurídica de tales zonas y que
se ordenara adelantar el proceso de escrituración en favor de las juntas de acción
comunal para que estas pudieran continuar ejerciendo sus actividades ahí.

13. El conocimiento del asunto correspondió, en primera instancia, al Juzgado Cuarenta y

Seis (46) Administrativo de Bogotá (proceso con radicado núm. 11001-33-42-046-2024-
00448-00) que, mediante sentencia del Diecinueve (19) de Junio de Dos Mil Veinticinco
(2025), resolvió (i) negar la existencia de amenaza o vulneración del derecho colectivo a
la moralidad administrativa por parte del DADEP y (ii) negar las pretensiones de la
demanda.

6
Consagrado en el literal b) del artículo 4.º de la Ley 472 de 1998.
3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02502-01
Accionante: Ingri Tatiana Bojacá Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B

14. Para tal efecto, el a quo concluyó que, la actuación desplegada por el DADEP se

ajustaba al ordenamiento jurídico, comoquiera que, a través de ella, pretendía «incorporar
los bienes de uso colectivo establecidos en la Resolución No. 0394 de 2002 al inventario general del
espacio público del Distrito Capital». Agregó que, la entidad agotó las etapas del proceso de

entrega de las zonas de uso público previstas en el artículo 42 del Decreto Distrital 072
de 2023, en tanto comunicó y notificó el inicio del trámite a los propietarios y a las juntas
de acción comunal interesadas.

15. La parte demandante apeló la anterior decisión. Sostuvo entonces que, el fallo
resultaba desconectado de la realidad social del barrio Jerusalén Sector Potosí, pues, la
comunidad había hecho uso prolongado y pacífico de «la escuela ambiental (ZV15), el aula viva
semillas de la esperanza (ZC 84), las canchas dobles (ZV10) y el parque la bombonera (ZV 14)» ,

espacios que integraban el tejido social del sector y en los que la Junta había destinado
recursos propios para su mantenimiento y construcción.

16. Así, reprochó que, el Juzgado se hubiera limitado a analizar el cumplimiento por el

DADEP del Decreto 072 de 2023, sin ponderar entre derechos garantizados por la
comunidad en la zona y el derecho al espacio público, máxime cuando «[l]a moralidad
administrativa como principio […] va más allá de la legalidad de la norma». Por el contrario, aseguró

que el cambio abrupto en la postura normativa y administrativa por parte del DADEP
resultaba contrario a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, en tanto,
desconoció actos previos7 que otorgaban certeza sobre la naturaleza jurídica de los
predios en cuestión. Además, alegó la ausencia de mecanismos efectivos de
participación ciudadana en la toma de decisiones.

17. En sentencia del Treinta (30) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
confirmó la decisión de primera instancia. Expuso que, no se advirtió la vulneración del
derecho colectivo a la moralidad administrativa, toda vez que, no se acreditaron los
elementos requeridos para su configuración, esto es, el elemento objetivo que hace
referencia a la transgresión del ordenamiento jurídico, y el elemento subjetivo que se
acredita con la mala fe de la administración o con el propósito de apartarse del
cumplimiento del interés general en aras del favorecimiento propio o de un tercero.

7
Tales como la Resolución 0394 de 2002, las sentencias proferidas en el proceso con radicado núm. 11001-33-37-042-2014-00099-
01 y los conceptos en los que las entidades del distrito negaban la posibilidad de anexar la «zona verde 36» al inventario del espacio
público.
4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02502-01
Accionante: Ingri Tatiana Bojacá Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B

18. En cuanto al primero, advirtió que, no se evidenció un quebrantamiento del
ordenamiento jurídico. Por el contrario, el DADEP actuó conforme a los artículos 23 y 42
del Decreto Distrital 072 de 2023, que le atribuyen la función de adelantar los procesos
de toma de posesión respecto de las zonas destinadas a uso público señaladas en los
actos administrativos resultantes de procesos de legalización (como la Resolución 0394
de 2002 que las clasificó como zonas de uso colectivo, zonas verdes y comunales), y
comunicó en debida forma el inicio del trámite a la comunidad.

19. Precisó que, revisada la Resolución 0394 de 2002, su único objetivo era «expresar

gráficamente una situación material existente que reflejara la realidad física del desarrollo Jerusalén», con

efectos limitados a la legalidad urbana, el mejoramiento de los servicios públicos y el
ordenamiento físico de la zona, sin que, en su artículo 15, se contemplara el
reconocimiento de derechos de propiedad. Agregó que, si bien en 2014 se denegaron las
pretensiones de la acción de cumplimiento, en aquellas providencias no se analizó la
posibilidad de la toma de posesión bajo un marco normativo distinto, y que no es objeto
del medio de control de protección de derechos colectivos determinar la naturaleza
jurídica de los predios, sino establecer si se configuró la vulneración alegada.

20. En cuanto al segundo elemento, halló que no se acreditó el elemento subjetivo,
comoquiera que, la parte actora no demostró que la conducta del DADEP o de alguno de
sus funcionarios obedeciera a la satisfacción de un propósito particular apartado del
interés general. Sostuvo que, por el contrario, la actuación se enmarca en la protección
de un bien colectivo y en el deber constitucional de velar por la integridad del espacio
público y por su destinación al uso común.

21. En su tutela, la señora Ingri Tatiana Bojacá Hernández alegó que, la providencia

censurada adolece de los defectos sustantivo y fáctico. Frente al primero, sostuvo que el
Tribunal (i) interpretó de manera restrictiva del marco normativo aplicable, en particular,
la Resolución 394 de 2002 que debió analizarse a la luz de la confianza legítima, la
seguridad jurídica, y el alcance mismo del derecho colectivo a la moralidad administrativa;
(ii) adoptó una lectura meramente legalista del asunto, sin considerar a la población
afectada ni dar aplicación al principio pro infans; y (iii) prescindió del análisis sustancial
del derecho fundamental a la participación ciudadana.

5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02502-01
Accionante: Ingri Tatiana Bojacá Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B

22. Respecto del defecto fáctico, adujo que la autoridad judicial incurrió en una valoración

incompleta de las pruebas para comprender el alcance real del caso, comoquiera que
prescindió del contexto acreditado en el expediente y de los elementos que dan cuenta
del uso prolongado de los predios por la comunidad.

1.2. Contestaciones de la acción

23. 1.2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca8 remitió copia del expediente

electrónico y, tras hacer un recuento del trámite ordinario, solicitó negar el amparo con
base en lo siguiente.

24. Primero, su análisis se habría apoyado en pruebas que acreditaban que las
actuaciones desplegadas por la demandada se enmarcaron en las competencias que le
otorga el Decreto 072 de 2023. Así, la toma de posesión de las zonas de uso colectivo,
zonas verdes y comunales contempladas en los artículos 8 y 14 de la Resolución 0394
de 2002 no obedeció a una decisión arbitraria, contraria a la seguridad jurídica y a la
confianza legítima, sino al cumplimiento de los artículos 23 y 42 del Decreto 072. Por
ende, no se acreditó el elemento objetivo de la vulneración del derecho colectivo, ni el
subjetivo, pues, tal actuación se dirigió a la protección de un bien colectivo.

25. Segundo, indicó que, la toma de posesión unilateral de esas zonas se hizo mediante

la respectiva acta, contra la cual, proceden recursos ordinarios y otros mecanismos
judiciales como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que pudiera ser
objeto del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.

26. 1.2.2. El Juzgado Cuarenta y Seis (46) Administrativo de Bogotá9 remitió copia del

expediente digital y explicó que, debe descartarse la configuración de un defecto fáctico,
en tanto, las sentencias tuvieron en cuenta todos los medios probatorios allegados que,
aun así, no demostraron la vulneración del derecho a la moralidad administrativa.

27. 1.2.3. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
(DAEDP)10 aseguró que, «la sentencia de segunda instancia constituye una decisión razonable,
debidamente motivada y adoptada dentro del margen legítimo de interpretación judicial […] sin que se

8
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índices 9, 10 y 11.
9
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 12.
10
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 13.
6

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02502-01
Accionante: Ingri Tatiana Bojacá Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B

verifique la configuración de ninguna de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales».

28. Para concluir que, no se configuró ninguno de los defectos alegados, expuso que: (i)

el Tribunal no aplicó normas inexistentes, derogadas o inconstitucionales, y la posterior
pérdida de vigencia del Decreto Distrital 072 de 2023 no afectó la validez del acta de
toma de posesión expedida con anterioridad; (ii) el principio pro infans no resulta
aplicable, en tanto la acción no tuvo como sujetos procesales a niños, niñas o
adolescentes individualizados, ni sus pretensiones se dirigían a proteger derechos de
ese grupo poblacional; y (iii) el Tribunal relacionó y valoró expresamente el acervo en el
acápite «Pruebas relevantes aportadas al proceso».

1.3. Providencia impugnada11

29. Mediante sentencia del Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), la

Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela,
por no cumplir el requisito de relevancia constitucional. Expuso que, «la discusión que
propone el accionante ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca».

1.4. La impugnación12

30. Inconforme con la decisión, la parte accionante impugnó el fallo del Veintiocho (28) de

Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026). Reiteró algunos argumentos de la tutela como (i) que
se hizo un examen meramente formal del principio de publicidad a partir de la divulgación
del trámite en la página web del DADEP, (ii) la ausencia de un juicio de ponderación
frente al cambio normativo derivado del Decreto Distrital 072 de 2023 y (iii) la omisión de
valorar la consolidación comunitaria de los predios durante más de dos décadas, con
conocimiento de las autoridades distritales.

31. Agregó que, la conclusión del a quo, según la cual, el amparo persigue reabrir el

debate resuelto en la acción popular, desnaturaliza la tutela contra providencias
judiciales, pues, no se cuestiona el sentido del fallo sino su compatibilidad con la
Constitución, lo que configura un juicio de validez. Sostuvo, además, que la publicidad
formal de un acto administrativo no equivale al ejercicio efectivo del derecho de

11
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 16.
12
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índices 23 y 24.
7

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02502-01
Accionante: Ingri Tatiana Bojacá Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B

participación, que en procedimientos de desalojo y de toma de posesión, se traduce en
que, la administración debe entablar un diálogo real con la comunidad, sin que el DADEP
hubiera acreditado el cumplimiento de esas obligaciones.

32. Añadió que resultaba obligatorio un juicio de proporcionalidad que armonizara la
protección del espacio público con las expectativas legítimamente creadas por la
conducta institucional previa, y que su omisión configura el desconocimiento del
precedente y la violación directa de los artículos 1, 2, 29, 38, 40, 52, 67, 70, 71 y 83 de
la Constitución Política.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

33. En virtud de los artículos 3213 del Decreto Ley 2591 de 199114 y 2515 del Acuerdo 80

del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)16 expedido por la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la presente
impugnación.

2.2. La acción

34. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

2.3. Problema Jurídico

13
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente».
14
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
15
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la
cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
16
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
8

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02502-01
Accionante: Ingri Tatiana Bojacá Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B

35. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar si el fallo

del Treinta (30) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), mediante el cual, la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
confirmó la denegación de las pretensiones presentadas por la accionante, adolece de
los defectos fáctico y sustantivo, y, por consiguiente, es violatorio de los derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad jurídica y participación ciudadana de la
Junta de Acción Comunal Jerusalén Sector Potosí.

2.4. La acción de tutela contra providencias judiciales

36. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 17 y de la Sala Plena

de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado18, es posible acudir a la acción
de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este contexto, se han
estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, generales y específicos, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos
de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del
marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

37. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia

constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la

17
Sentencia C-590 de 2005.
18
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02502-01
Accionante: Ingri Tatiana Bojacá Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B

Corporación.

38. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario

judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del
procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión
que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

39. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) contrario a lo afirmado por el a
quo, el asunto planteado sí reviste de relevancia constitucional, pues, recae sobre el
presunto yerro en la valoración del acervo probatorio y en la interpretación de las normas
sobre zonas de uso colectivo y espacio público; lo cual, de comprobarse, vulneraría los
derechos fundamentales de la actora; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede
recurso alguno, por tratarse de una sentencia de segunda instancia que se encuentra
ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de
las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en la
medida en que la providencia censurada quedó ejecutoriada el Quince (15) de Octubre
de Dos Mil Veinticinco (2025)19 y la solicitud de amparo se radicó el Veintisiete (27) de
Marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), esto es, dentro de los seis (6) meses siguientes; y

19
Visible en el expediente electrónico del proceso 11001-33-42-046-2024-00448-01 en SAMAI, índice 16, según el cual se notificó
electrónicamente el 7 de octubre de 2025. Por esa razón, la decisión se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el
9 de octubre de 2025, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
10

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02502-01
Accionante: Ingri Tatiana Bojacá Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B

(v) la sentencia acusada no obedece a una de tutela.

40. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del

asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y defecto fáctico.
No obstante, se descarta el estudio del argumento planteado bajo el defecto sustantivo
según el cual «el Tribunal redujo el análisis exclusivamente al estudio del derecho colectivo a la
moralidad administrativa, sin valorar de manera suficiente otros principios constitucionales» como «la
confianza legítima generada por el uso prolongado de los espacios, [y] la seguridad jurídica frente a
cambios normativos que afectan prácticas comunitarias consolidadas». Esto en tanto lo alegado no

se enmarca dentro de ninguna de las reglas de configuración de esa causal, ni en los
otros defectos. Lo mismo ocurre con la alegada falta de análisis sustancial del derecho
fundamental a la participación ciudadana.

41. En cuanto a la decisión sin motivación invocada como parte del defecto sustantivo, la

parte actora reconoció que el Tribunal expuso los fundamentos fácticos y jurídicos de su
decisión, por lo que, no se dan las sub-reglas de aplicación de tal defecto autónomo, ni
se advierte la configuración de alguna regla específica de vicio sustantivo. Por su lado,
la reprochada inaplicación del test de proporcionalidad no corresponde a ninguna de las
causales específicas de procedibilidad. Finalmente, los argumentos según los cuales (i)
se omitió aplicar el principio pro infans y (ii) el Decreto Distrital 072 de 2023 «fue derogado
por el artículo 1526 del decreto único distrital de ordenamiento territorial de 2025» fueron alegados,

por primera vez, en sede de tutela, de manera que no se cumple el requisito de
subsidiariedad que permita estudiarlos, cuando la actora pudo exponerlos a través del
recurso de apelación contra la sentencia que fue confirmada por el fallo de segunda
instancia.

2.5. Defecto fáctico

42. Sea lo primero precisar que, una providencia judicial se encuentra viciada por defecto

fáctico en el evento en que, el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con
supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 20. Así mismo, este defecto se da cuando «[…]
el error en el juicio valorativo de la prueba [es] de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y
el mismo [tenga] una incidencia directa en la decisión» 21.

20
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
21
Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02502-01
Accionante: Ingri Tatiana Bojacá Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B

43. Así, la Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos aspectos

o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el
funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por
su parte, la segunda dimensión (negativa) ocurre en el evento en que el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración y, sin
una razón válida, da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente22. Se exige que el error en la valoración probatoria sea ostensible,
flagrante y manifiesto, es decir, que tenga la capacidad de impactar de manera definitiva
la decisión de fondo y, por lo tanto, que afecte directamente los derechos del accionante.

2.6. Defecto sustantivo

44. El artículo 230 de la Constitución Política prevé que, los jueces se encuentran
sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades judiciales
deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que regulan la materia, como
expresión del principio de legalidad.

45. La jurisprudencia constitucional23 ha estimado que, la providencia judicial proferida con

desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo, que
se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en una disposición legal
inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa
sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella
el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte
Constitucional sostuvo que:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en una
providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones
jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia
de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión
de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales 24.

46. Ahora bien, el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal

autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se trata del
precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el desconocimiento del

22
Corte Constitucional, sentencias T-239 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-
599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
23
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
24
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02502-01
Accionante: Ingri Tatiana Bojacá Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B

precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica
exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su
jurisprudencia25, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se
aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a
concluir que, la providencia adolece de un defecto sustantivo26, en virtud de los principios
del debido proceso, igualdad y buena fe27.

2.7. Solución al caso concreto

47. Sobre el particular, la accionante argumenta que, se configuró el defecto fáctico, en

su modalidad negativa, por no haber valorado «la consolidación de una situación jurídica y social
construida durante más de dos décadas, así como el impacto diferenciado que la actuación administrativa
genera sobre una comunidad organizada que ha desarrollado procesos sociales, ambientales y de
participación en condiciones de vulnerabilidad».

48. Al respecto, la Sala encuentra que, el defecto planteado en dichos términos no cumple

con la carga argumentativa exigida por la Corte Constitucional que supone «al menos,
precisar cuáles de las pruebas fueron erróneamente valoradas y las razones de ese aserto»28. Al no

cumplirse ese mínimo de argumentación, no le es dable al juez de tutela pronunciarse al
respecto sin exceder su ámbito de competencia, pues no se trata de una tercera instancia
en la que deban revalorarse todas las pruebas del proceso.

49. En cuanto al defecto sustantivo, la actora planteó la discusión sobre si el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca ignoró el «alcance que le ha dado la jurisprudencia del Consejo
de Estado [a la moralidad administrativa], al reducir su vulneración a la existencia de conductas de
corrupción o favorecimiento indebido», lo cual, corresponde a la segunda modalidad de

desconocimiento del precedente.

50. Sin embargo, al igual que ocurre con el defecto fáctico, este cargo no cumple con la

carga argumentativa esperada29 que suponía identificar los siguientes aspectos: «(i) El

25
Sentencia T-360 de 2014: “[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se
aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría
la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha
señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.
26
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos Gaviria
Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M.
P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
27
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
28
Corte Constitucional, sentencia T-495 de 2024, M.P. Juan Carlos Cortés González.
29
Corte Constitucional, sentencias T-292 de 2006, T-489 de 2013 y SU-048 de 2022.
13

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02502-01
Accionante: Ingri Tatiana Bojacá Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B

contenido específico de la ratio decidendi de la sentencia en la que se establece el precedente que según
el censor fue desconocido por el juez constitucional, dado que en ella se plasma la regla vinculante para
la resolución de casos futuros; (ii) La demostración de que esa ratio debió servir de base para solucionar
el problema jurídico semejante abordado en la sentencia cuestionada; (iii) La identificación de los hechos
del caso o de las normas juzgadas en la sentencia anterior, los cuales deben ser semejantes o plantear
un punto de derecho similar al que se debe resolver en la sentencia impugnada». Por lo tanto, se

descarta la configuración de un defecto sustantivo bajo ese argumento.

51. Adicionalmente, la señora Bojacá Hernández alegó que el Tribunal incurrió en una

«interpretación restrictiva e irrazonable del marco normativo aplicable, particularmente de la Resolución
0394 de 2002 y de las disposiciones que regulan la naturaleza de las zonas de uso colectivo, al permitir
que la administración modifique sus efectos jurídicos sin acudir a los mecanismos legales previstos para
ello».

52. Al respecto, la autoridad judicial censurada expuso lo siguiente en su fallo del Treinta

(30) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025) al verificar la posible configuración del
elemento objetivo de la vulneración del derecho a la moralidad administrativa:

La Resolución No. 0394 del 1 de octubre de 2002, "Por la cual se legaliza el desarrollo Jerusalén,
perteneciente a la Localidad No. 19 de Ciudad Bolívar", estableció algunas zonas destinadas al
uso colectivo, y zonas verdes y comunales, así:

“(...)

ARTÍCULO 8. ZONAS DESTINADAS AL USO COLECTIVO POR LA COMUNIDAD
Las zonas indicadas como de uso colectivo son las que aparecen en el plano aprobado por la
presente resolución. Copia de este plano se enviará a la Defensoría del Espacio Público para que
tome las medidas a que haya lugar de acuerdo con sus funciones.

Las áreas de servicios comunales por construir o construidas, se podrán destinar a cualquiera de
los usos del equipamiento comunal público determinados en el artículo 429 del Acuerdo 6 de 1990.

(…)

ARTÍCULO 14. ZONAS VERDES Y COMUNALES.

Dentro de las características físicas del desarrollo objeto de legalización, las zonas verdes
y comunales constituyen elementos que expresan parte de las calidades habitacionales
del mismo. Estas áreas se consignan en el cuadro siguiente, calculado con base en el área
bruta; que para este desarrollo tiene equivalencia con el área urbanizada. Dicha cifra
evidencia, en general, un faltante correspondiente al 9,67%, aproximadamente, que
equivale a 122516.18m2.

ARTÍCULO 15. DERECHOS DE PROPIEDAD.

La expedición de la presente resolución no ampara ningún derecho sobre la tenencia de
la tierra; sus efectos inciden únicamente en el derecho público, es decir, en relación con
la legalidad urbana, el mejoramiento de los servicios públicos y comunales y las normas
correspondientes al ordenamiento físico del sector. (…)”
14

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02502-01
Accionante: Ingri Tatiana Bojacá Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B

[…]

En ese sentido, la Sala observa que en el caso sub examine, no se encuentran acreditados los
elementos subjetivo y objetivo requeridos para la configuración de la violación del derecho
colectivo a la moralidad administrativa.

Esto es así, por cuanto la actuación del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio
Público se enmarca dentro de sus funciones y competencias. Al respecto, la Sala advierte que en
el Decreto 072 del 15 de febrero de 2023 “Por el cual se reglamentan las disposiciones sobre
espacio público del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., y se dictan otras
disposiciones” se determinó respecto de la toma de posesión, lo siguiente:

Artículo. 23. Toma de posesión. La toma de posesión es una actuación administrativa
excepcional y unilateral adelantada por el Departamento Administrativo de la Defensoría
del Espacio Público DADEP – por medio de la cual se incorporan al inventario general de
espacio público y bienes fiscales del Distrito Capital las áreas de cesión para espacio
público y /o con vocación o destino a espacio público en los siguientes eventos:
(…)
23.4. Zonas destinadas a uso público señaladas en los actos administrativos resultantes
de procesos de legalización, regularización urbanística y formalización: Cuando se
cumplan las condiciones señaladas en el artículo 42 “Proceso de entrega del espacio
público definido en los actos administrativos de legalización, regularización y formalización
urbanística”, del presente decreto.

Nótese cómo en el artículo 23 del Decreto 072 de 2023 la Alcaldía Mayor de Bogotá, le otorgó al
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público –DADEP –, la función de
adelantar procesos de toma de posesión para incorporar al inventario general de espacio público
y bienes fiscales del Distrito Capital las áreas de cesión para espacio público y/o con vocación o
destino a espacio público, entre otras, las zonas destinadas a uso público señaladas en los actos
administrativos resultantes de procesos de legalización, regularización urbanística y formalización.

En ese orden, la Sala encuentra que el trámite que se encuentra adelantando el DADEP en la
actualidad relativo a la toma de posesión de las zonas de uso colectivo, zonas verdes y comunales
contempladas en los artículos 8 y 14 de la Resolución No. 0394 del 1 de octubre de 2002, no
obedece a una decisión arbitraria o contraria a la seguridad jurídica y confianza legítima como lo
afirma la accionante; sino al cumplimiento de la normativa vigente en esta materia; es decir, el
cumplimiento de lo contemplado en el artículo 23 del Decreto 072 del 15 de febrero de 2023.

Adicionalmente, en la misma norma se establece que para el proceso de entrega del espacio
público definido en los actos administrativos de legalización, se deben cumplir las condiciones
establecidas en el artículo 42 del Decreto 072 de 2023 que determina el procedimiento que debe
adelantarse, así: […]

Pues bien, de conformidad con la norma antes transcrita y de lo aportado al plenario, la Sala
advierte que el DADEP ha adelantado el trámite pertinente descrito, pues se tiene que requirió a
los propietarios y poseedores de los predios localizados para que hicieran parte del proceso de
entrega de las zonas de uso público señaladas en los planos conforme a la Resolución 0394 del
1 de octubre de 2022. En particular a las señoras Isabel Gaviria de Reid y Elvira Gaviria de Kroes.

Luego de transcurrido el término de un mes, dado que no se recibió respuesta por parte de los
titulares del predio, el DADEP publicó en la página web de la entidad el 24 de enero de 2024 y
durante 15 días, información sobre el procedimiento de la toma de posesión para el desarrollo
legalizado Jerusalén de la Localidad de Ciudad Bolívar.

Posteriormente, dado que las propietarias de los predios no se hicieron parte en el proceso, se
comunicó el inicio del trámite a las Juntas de Acción Comunal que abarcan la totalidad del
desarrollo legalizado Jerusalén, entre estas la Junta de Acción Comunal Jerusalén Sector Potosí
La Isla, que representa la demandante, así: […]

Así las cosas, no se encuentra acreditado el elemento objetivo de la vulneración al derecho
colectivo a la moralidad administrativa, pues no se evidencia un quebrantamiento del ordenamiento
jurídico.

15

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02502-01
Accionante: Ingri Tatiana Bojacá Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B

53. A la luz de lo anterior, la Sala observa que, la providencia censurada no restringió los

efectos de la Resolución 0394 de 2002, sino que, dio aplicación al artículo 23 del Decreto
072 de 2023, en el que, se contempló la toma de posesión, es decir la incorporación al
espacio público, de áreas de cesión o destinadas a ese uso. De acuerdo con lo expuesto
por el Tribunal, el desarrollo urbanístico Jerusalén fue reconocido, por el artículo 8° de la
Resolución 0394, como zona destinada al uso colectivo sin reconocerle derechos de
propiedad a la comunidad.

54. Por lo tanto, no es cierto que el Tribunal haya avalado una modificación de la
naturaleza jurídica de los predios, pues reconoció que el numeral 4° del artículo 23 del
Decreto Distrital 072 de 2023 le atribuyó al DADEP la función de incorporar al inventario
general del espacio público las zonas destinadas al uso público señaladas en actos
administrativos resultantes de procesos de legalización, como lo hizo la Resolución 0394
de 2002 con la «zona verde 36».

55. En consecuencia, se impone concluir que no se acreditó la configuración de un defecto

sustantivo en la sentencia censurada, ni por indebida aplicación de una norma ni por
desconocimiento del precedente.

56. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que efectúa

el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.

III. DECISIÓN

57. Por las razones expuestas, comoquiera que, en el presente asunto, contrario a lo dicho

por el a quo, la tutela sí reviste de relevancia constitucional, pero no se acreditó que la
providencia cuestionada haya incurrido en los defectos alegados, se impone revocar el
fallo impugnado para, en su lugar, negar la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

16

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02502-01
Accionante: Ingri Tatiana Bojacá Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Veintiséis
(2026), proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la acción, por no cumplir el requisito de relevancia constitucional; y, en
su lugar, NEGAR la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

17

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.