RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02503-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02503-01

Fecha
21 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02503-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de junio de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela formulada por Soto Legal Investment Group S.A.S. – SLIG S.A.S., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02503-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

21 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02503-01
Demandante: Soto Legal Investment Group S.A.S. – SLIG S.A.S.
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Reparación
directa. Relevancia constitucional y subsidiariedad.
Decisión: Confirma improcedencia.

La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante y por la Caja de
Compensación Familiar del Huila – Comfamiliar Huila en contra de la sentencia
proferida el 25 de junio de 2026 por la Sección Cuarta de esta corporación, mediante
la cual declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 27 de marzo de 2026, la sociedad Soto Legal Investment Group S.A.S. –
SLIG S.A.S., por intermedio de apoderado judicial, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración
de justicia.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos los autos del 27
de marzo y 6 de mayo de 2025 y del 5 de febrero de 2026, proferidos por el Tribunal
Administrativo del Huila en el proceso de reparación directa con radicado 41001-33-
33-003-2014-00456-01, mediante los cuales negó el reconocimiento de su
personería jurídica, en calidad de mandataria del Programa de Entidad Promotora
de Salud de la Caja de Compensación Familiar del Huila, hoy liquidado.

3. En su lugar, peticionó ordenar a la autoridad judicial mencionada dictar una
nueva providencia debidamente motivada, de cara a los defectos que resulten
acreditados, y acorde con los demás hechos formulados, con el fin de que se
reconozca su representación jurídica, con fundamento en el Contrato de Mandato
No. 384 L EPS de 2024 y el poder general otorgado de conformidad con la escritura
pública No. 3105 de 2024, con lo que se garantiza la adecuada representación
procesal del programa liquidado.

4. Como fundamentos fácticos, de la revisión del expediente, se observa que
los señores Ingrid Fanery Zuñiga Ordoñez y Yilman Andrés Cuartas López, en
nombre propio y en representación de su menor hijo NSCZ, instauraron demanda
de reparación directa contra la ESE Hospital San José de Isnos y la Caja de
Compensación Familiar del Huila- Comfamiliar Huila con el fin de que se declararan

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02503-01
Demandante: Soto Legal Investment Group S.A.S. – SLIG S.A.S.

responsables por la falla en el servicio médico que causó un daño neurológico a su
menor hijo y un trastorno generalizado de desarrollo.

5. El 23 de junio de 2020, el Juzgado 3 Administrativo de Neiva (i) declaró
probada la excepción de «ausencia de responsabilidad», propuesta por
«Comfamiliar EPS»; (ii) declaró administrativa y extracontractualmente responsable
a la ESE Hospital San José de Isnos (Huila) por los perjuicios causados a la parte
demandante; (iii) condenó a la citada ESE al pago por perjuicios morales a la víctima
directa y a los padres, por la cuantía de 100 smlmv, para cada uno; (iv) condenó a
la ESE a pagar por daño a la vida de relación o daño a la salud al menor por 100
smlmv; (v) negó las demás pretensiones de la demanda y (vi) no condenó en costas
a la demandada.

6. La ESE Hospital San José de Isnos interpuso recurso de apelación en contra
de la anterior decisión, al estimar que no se configuró una falla en el servicio,
comoquiera que su actuación estuvo acorde con los protocolos y la atención médica
que brindó al menor fue adecuada y oportuna. Además, resaltó que el juez de
primera instancia desconoció el dictamen pericial rendido por el Instituto Nacional
de Medicina Legal.

7. Por su parte, los demandantes presentaron memorial de apelación adhesiva,
con el fin de que la condena por daño a la salud se aumentara a 400 smlmv y se
ordenara a las entidades codemandadas brindar a su hijo el tratamiento y el esquipo
médico que requiera.

8. El 21 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo del Huila admitió el recurso
de apelación formulado por la ESE mencionada y, posteriormente, el 8 de junio de
igual anualidad corrió traslado a las partes que presentaran sus alegatos de
conclusión.

9. En octubre de 2022, Comfamiliar solicitó que se vinculara al trámite judicial al
Programa de Entidad Promotora de Salud de la Caja de Compensación Familiar del
Huila – Comfamiliar en liquidación, y, en consecuencia, se suspendiera el trámite
hasta que se resolviera dicha vinculación y se decretara la sucesión procesal frente
al programa mencionado. La anterior petición fue reiterada el 8 de febrero de 2023.

10. Para soportar lo anterior, indicó que la Superintendencia de Salud, mediante
la Resolución No. 202232001005521-6 del 26 de agosto de 2022, ordenó la «toma
de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa
administrativa para liquidar el Programa de la Entidad Promotora de Salud de la
Caja de Compensación Familiar del Huila- COMFAMILIAR».

11. El 22 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila negó la anterior
petición, al considerar que el Programa mencionado es una actividad que no tiene
personería jurídica, puesto que es un área de trabajo de la persona jurídica de la
Caja de Compensación Familiar del Huila –Comfamiliar y no una persona jurídica
diferente. Adicionalmente, en relación con la sucesión procesal, afirmó que no se
daban los supuestos fácticos y jurídicos para que operara, puesto que no se ha
dispuesto la intervención para liquidación forzosa administrativa de la Caja misma,
sino de un área de trabajo o programa que esta desarrolla, por lo que se conserva

2
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02503-01
Demandante: Soto Legal Investment Group S.A.S. – SLIG S.A.S.

su personería jurídica. De todas formas, dispuso notificar al agente especial
liquidador de ese programa la existencia del proceso de reparación directa e
informar el estado actual de este.

12. El 17 de enero del 2025, Soto Legal Investment Group S.A.S., por
intermedio de apoderada, informó que el agente liquidador del Programa EPS
Comfamiliar Huila concedió mandato a la citada sociedad para que lo representara
en el proceso. Además, advirtió que por Resolución 512 del 26 de noviembre de
2024, el agente liquidador declaró terminada la liquidación y la existencia legal del
referido programa, para lo cual aportó los correspondientes soportes documentales.

13. El 27 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Huila no reconoció
personería a la firma Soto Legal Investment Group S.A.S. para que actuara como
mandataria del Programa EPS Comfamiliar Huila porque ese programa no es parte
del proceso y la liquidación de dicho programa ya concluyó, por lo cual no había
lugar a que fuera representado.

14. La sociedad mencionada presentó escrito de aclaración y adición de la
anterior providencia, en el que precisó que los recursos propios de una caja de
compensación familiar y los recursos propios de una EPS no debían mezclarse
porque no comparten el mismo propósito, así que no tienen identidad administrativa
ni financiera. En ese sentido, indicó que los hechos y pretensiones de la demanda
en este caso están estrechamente vinculados con la EPS Comfamiliar Huila, lo que
confirma que el demandado es el Programa EPS Comfamiliar Huila (liquidado) y
que al terminar la existencia legal de este y no ser procedente una sucesión
procesal, debía hacerse extensiva la desvinculación de la Caja de Compensación
Familiar del Huila - Comfamiliar.

15. El 6 de mayo de 2025, la autoridad judicial mencionada negó la solicitud de
aclaración porque la demanda se dirigió contra la Caja de Compensación Familiar
del Huila - Comfamiliar Huila y no contra el programa de la entidad promotora de
salud que tiene en su objeto social la prestación de servicios a sus afiliados. Reiteró
que el programa de salud no tiene personería jurídica, por lo que no es sujeto de
derechos ni es susceptible de ser representado en el proceso.

16. La sociedad Soto Legal Investment Group S.A.S. interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación con el propósito de insistir en el
reconocimiento de personería porque el Programa EPS Comfamiliar Huila tiene
legitimación en la causa por pasiva en el proceso de reparación directa, por ser el
único llamado a responder por las posibles implicaciones judiciales frente a una
controversia que se originó por la prestación de servicios de salud a los afiliados al
Programa EPS.

17. El 5 de febrero de 2026, el Tribunal no repuso su decisión, toda vez que
Comfamiliar ha participado en el proceso debidamente representada por su gerente
sin que obre poder ni mandato a favor de la sociedad recurrente. Así que esa entidad
no ha dejado de existir ni ha sido relevada de la responsabilidad que le pudiere
corresponder por los hechos señalados en la demanda. Adicionalmente, rechazó
por improcedente el recurso de apelación.

3
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02503-01
Demandante: Soto Legal Investment Group S.A.S. – SLIG S.A.S.

18. Como fundamentos de derecho, la sociedad accionante afirmó que las
providencias dictadas el 27 de marzo de 2025, 6 de mayo de 2025 y 5 de febrero
de 2026 por el Tribunal Administrativo del Huilla incurrieron en defecto sustantivo,
toda vez que aquella autoridad no aplicó el régimen jurídico sobre mandato con
representación del artículo 2195 del Código Civil, en consonancia con el artículo
1284 del Código de Comercio, puesto que la ejecución se da con posterioridad a la
extinción legal del mandante.

19. Indicó que se interpretaron en forma equivocada los artículos 2.5.2.2.1.2 y
2.3.2.1.10 del Decreto 780 de 2016, en concordancia con los artículos 181, 217 y
240 de la Ley 100 de 1993, puesto que la operación y administración de recursos
del régimen subsidiado de salud, a través del denominado Programa EPS
Comfamiliar Huila, se manejaban de forma separada respecto de la Caja de
Compensación Familiar del Huila, pues las cuentas contables y bancarias son
autónomas e independientes del resto de los recursos y no podían hacer unidad de
caja con los demás recursos que maneja la citada caja de compensación.

20. Agregó que el llamado a responder es el referido programa y que no era
cierta la consideración realizada en los autos del 6 de marzo y de 6 de mayo de
2025, consistente en que no fue tenido en cuenta como parte del proceso, puesto
que desde la admisión de la demanda de reparación directa, así como en la
sentencia de primera instancia se hizo referencia a la EPS Comfamiliar como parte
demandada.

21. Adicionalmente, manifestó que las providencias cuestionadas incurrieron en
defecto fáctico, al desconocer la realidad procesal, probatoria y operativa del sujeto
demandado, ya que si bien se parte de la premisa de que la Caja de Compensación
Familiar del Huila ostenta formalmente la personería jurídica, no puede perderse de
vista que el litigio versa exclusivamente sobre actuaciones, obligaciones y
contingencias derivadas de la operación del Programa EPS, actualmente liquidado,
cuya gestión, representación y defensa judicial, con motivo del cierre del trámite
liquidatorio y de su extinción legal, fueron expresamente delegadas en un
mandatario especializado, conforme al régimen especial que gobierna los procesos
de liquidación de las entidades promotoras de salud, en particular, los artículos
9.1.3.6.4 y 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010.

22. En ese sentido, indicó que el Tribunal, al impedir la actuación del mandatario
designado, desconoció las pruebas aportadas al expediente, particularmente, el
Contrato de Mandato No. 384 L EPS de 2024 y la Escritura Pública N.º 3105 de
2024, mediante los cuales se otorgó poder con representación, como mecanismos
jurídicamente idóneos y legítimos para el ejercicio de los derechos y deberes
procesales del Programa EPS liquidado. A su juicio, ello generó una indefensión
técnica injustificada, contraria a los principios del debido proceso, acceso efectivo a
la justicia y prevalencia del derecho sustancial.

23. Alegó que negar la personería del mandatario no solo desconoce su
habilitación legal para gestionar pasivos, contingencias y procesos judiciales, sino
que también altera el orden de prelación de créditos y el procedimiento especial
aplicable a las entidades del sector salud sometidas a intervención, en el cual el
mandatario actúa como articulador necesario entre la masa de la liquidación y la

4
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02503-01
Demandante: Soto Legal Investment Group S.A.S. – SLIG S.A.S.

jurisdicción ordinaria, precisamente para evitar afectaciones al patrimonio público,
al Sistema General de Seguridad Social en Salud y a los recursos provenientes del
subsidio familiar administrados por la Caja de Compensación.

24. De otra parte, sostuvo que se configuró un defecto procedimental, dado que
la autoridad accionada ordenó notificar al agente especial liquidador del Programa
de la Entidad Promotora de Salud de la Caja de Compensación Familiar del Huila-
Comfamiliar, la existencia del proceso y el estado actual de este, atendiendo a la
naturaleza especial del proceso liquidatorio y si bien con ello se garantizó la
adecuada notificación de existencia del proceso, a continuación, de forma
contradictoria, en las providencias cuestionadas se quebranta la garantía de
participación como sujeto procesal, lo que conduce a una decisión ostensiblemente
incomprensible.

25. Explicó que el yerro procesal es manifiesto y tiene una incidencia directa en
el fallo, toda vez que la denegación de reconocimiento al Programa EPS tiene claro
efecto en las resultas de la sentencia, pues eventualmente, con motivo de la alzada,
puede terminar la actuación con atribución a la Caja de Compensación Familiar del
Huila- Comfamiliar las condenas que son materia del petitum, a pesar de que el
llamado a responder es el referido Programa, de acuerdo con la naturaleza especial
del proceso liquidatorio, por cuanto las obligaciones objeto de controversia se
derivan de su actividad propia, desarrollada en el marco de la administración de
recursos de salud, que posteriormente pasaron a integrar la masa destinada al pago
de los acreedores.

26. En esa medida, aseguró que la autoridad judicial accionada no garantizó
que el defensor del Programa EPS continuara llevando a cabo su labor con
diligencia, ya que, por las circunstancias mencionadas, no puede conocer el proceso
ordinario ni intervenir efectivamente en él, debido al obstáculo impuesto por el
operador para el buen ejercicio de la defensa que le asistía a su representado.

27. Finalmente, manifestó que se incurrió en desconocimiento del precedente
judicial, puesto que las decisiones atacadas no ofrecen una argumentación jurídica
razonable que justifique el cambio de jurisprudencia que analiza la autonomía del
Programa EPS, para lo cual citó las sentencias dictadas por la Corte Suprema de
Justicia el 17 de febrero de 1958, 31 de mayo de 2010, 27 de marzo de 2012 y
SC14806-2017 del 20 de septiembre de 2017 (Radicado No. 08001-31-03-010-
2010-00254-01), sobre ejecución del mandato con posterioridad, en este caso, a la
extinción legal del Programa EPS.

Intervenciones1

28. El Juzgado 3 Administrativo de Neiva indicó que se remite a las
consideraciones que soportaron la sentencia del 23 de junio de 2020. Además,
remitió el enlace del expediente digital del proceso de reparación directa.

1 El 22 de abril de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela formulada en

contra del Tribunal Administrativo del Huila y vinculó a los señores Ingrid Fanery Zuñiga Ordoñez y Yiman
Andrés Cuartas, a la E.S.E. Hospital San José de Isnos, a Comfamiliar del Huila y al Juzgado 3 Administrativo
de Neiva, en calidad de terceros interesados.

5
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02503-01
Demandante: Soto Legal Investment Group S.A.S. – SLIG S.A.S.

29. El Tribunal Administrativo del Huila afirmó que la acción de tutela no cumple
con el requisito general de relevancia constitucional, toda vez que la parte actora no
demostró en qué forma las decisiones cuestionadas vulnera sus derechos
fundamentales, sino que «simplemente» plantea un desacuerdo con la conclusión
a la que llegó esa corporación; propone una interpretación alternativa de los mismos
hechos y normas procesales; y pretende emplear esta mecanismo como una tercera
instancia para que se acoja la tesis que considera adecuada, sustituyendo el criterio
del juez natural.

30. En todo caso, aseguró que no se configuraron ninguna de las causales
específicas invocadas, pues la demanda no se tramitó contra Comfamiliar EPS
porque no estaba constituida como persona jurídica autónoma sino como un
programa o actividad inherente a su objeto social, sin personería jurídica, aunque
tuviera autonomía contable y presupuestal. Por lo anterior, se opuso al amparo de
los derechos fundamentales invocados.

31. La Caja de Compensación Familiar del Huila – Comfamiliar Huila manifestó
que coadyuva la acción de tutela en lo relativo a la garantía del debido proceso,
defensa y acceso a la administración de justicia para la adecuada representación
judicial y actuación procesal del Programa EPS Comfamiliar Huila, hoy liquidado,
sin que el hecho de que haya desaparecido la existencia legal implique también la
desaparición de las situaciones jurídicas pendientes de definición.

32. Sostuvo que la liquidación no extingue las situaciones jurídicas pendientes
ni las obligaciones derivadas de la prestación del servicio de salud, las cuales
permanecen radicadas en dicho programa y, actualmente, en su mandatario, tal y
como lo establece el artículo 1284 del Código Civil. Explicó que el Programa EPS
contaba con autonomía administrativa, financiera y contable, por lo que sus
recursos, obligaciones y contingencias eran independientes de los de la Caja de
Compensación. En consecuencia, consideró que las responsabilidades derivadas
de la prestación del servicio de salud no pueden trasladarse a Comfamiliar Huila ni
afectar sus recursos parafiscales.

33. Señaló que el contrato de mandato celebrado entre el agente liquidador del
Programa EPS y Soto Legal Investment Group S.A.S., junto con el poder otorgado,
habilita a este último para asumir la representación judicial de los asuntos
pendientes. Indicó que esa delegación contractual encuentra sustento en el Decreto
2555 de 2010, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Circular Externa
2022151000000001-5 de 2022 de la Superintendencia Nacional de Salud.

34. Finalmente, cuestionó que el Tribunal Administrativo del Huila negara
personería al mandatario, pese a que el Programa EPS había sido reconocido como
sujeto procesal dentro del proceso de reparación directa. Por ello, sostuvo que las
controversias y eventuales responsabilidades derivadas de la prestación del servicio
de salud deben ser asumidas y defendidas por el Programa EPS Comfamiliar Huila,
a través de su mandatario, sin trasladar cargas jurídicas o procesales a la Caja de
Compensación.

35. La ESE Hospital San José de Isnos sostuvo que ha adelantado su defensa
en el proceso de reparación directa con estricta observancia de los principios de

6
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02503-01
Demandante: Soto Legal Investment Group S.A.S. – SLIG S.A.S.

buena fe, lealtad procesal y debido proceso y ha ejercido los recursos y mecanismos
procesales a su alcance. Adicionalmente, aclaró que el reconocimiento de
personería de Soto Legal Investment Group S.A.S. para que actúe como mandatario
del Programa EPS Comfamiliar Huila liquidado corresponde a un asunto atribuible
exclusivamente al Tribunal Administrativo del Huila, en ejercicio de sus funciones
jurisdiccionales, sin que a la ESE pueda atribuírsele responsabilidad alguna sobre
los derechos fundamentales reclamados.

Sentencia impugnada

36. El 25 de junio de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela, por no encontrarse satisfecho el requisito general
de relevancia constitucional, al considerar que la sociedad actora pretendía reabrir
el debate ya resuelto en el proceso de reparación directa sobre el reconocimiento
de personería como mandataria del Programa EPS Comfamiliar Huila (liquidado).
Señaló que dicha controversia fue decidida por el Tribunal Administrativo del Huila
en las providencias de 27 de marzo, 6 de mayo de 2025 y 5 de febrero de 2026, por
lo que la tutela no podía utilizarse como una instancia adicional para prolongar el
debate surtido en el proceso de reparación directa rad. 41001-33-33-003-2014-
00456-01.

37. La Sala también advirtió que la actora no desvirtuó que el programa
careciera de personería jurídica propia ni que, durante el proceso ordinario, hubiera
actuado como una entidad diferente. La administración separada de los recursos de
salud tampoco demostraba la existencia de una persona jurídica distinta. Por tanto,
consideró que no existía una afectación real de los derechos fundamentales y que
la tutela pretendía prolongar un debate ya definido por el juez natural. En
consecuencia, al no cumplirse el requisito de relevancia constitucional, se declaró
improcedente la acción de tutela, sin estudiar de fondo los defectos alegados.

Impugnación

38. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual
sostuvo que la decisión desnaturalizó el problema planteado, pues centró el análisis
en la ausencia de personalidad jurídica propia del Programa EPS Comfamiliar Huila
y en una supuesta intención de reabrir un debate ya resuelto, cuando la controversia
consistía en determinar los efectos del régimen especial de liquidación y la
posibilidad de que SLIG S.A.S., como mandataria designada por el Agente Especial
Liquidador, representara judicialmente las situaciones jurídicas pendientes del
Programa EPS liquidado.

39. Explicó que la discusión planteada se relacionaba con el régimen jurídico
especial aplicable a los programas EPS administrados por las cajas de
compensación familiar, el cual, según afirmó, establece una separación patrimonial,
financiera, presupuestal, administrativa y contable de los recursos destinados al
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

40. Señaló que dicha autonomía fue la que permitió que la Superintendencia
Nacional de Salud interviniera exclusivamente el Programa EPS y no a la Caja, y
agregó que, concluida la liquidación, las situaciones jurídicas pendientes debían ser

7
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02503-01
Demandante: Soto Legal Investment Group S.A.S. – SLIG S.A.S.

administradas mediante el contrato de mandato celebrado para ese efecto. En
consecuencia, afirmó que el debate consistía en establecer si, una vez suscrito el
Contrato de Mandato No. 0384 L-EPS de 2024 y conferido el poder general
correspondiente, SLIG S.A.S. podía ejercer la representación judicial de los asuntos
pendientes del Programa EPS liquidado.

41. En cuanto a la relevancia constitucional, controvirtió que la tutela
pretendiera simplemente reabrir un debate ya resuelto por el juez natural. Expuso
que no solicitó al juez constitucional pronunciarse sobre la existencia de una falla
en la prestación del servicio de salud ni sobre las eventuales condenas dentro del
proceso de reparación directa, sino sobre la negativa a reconocer la actuación del
mandatario encargado de representar los intereses derivados de la liquidación.
Añadió que los recursos de reposición, aclaración y nulidad habían sido agotados
ante el mismo Tribunal Administrativo del Huila, de manera que esta era, según
afirmó, la primera oportunidad para que dicho cuestionamiento fuera examinado en
sede constitucional.

42. Adicionalmente, reiteró la configuración de los defectos sustantivo, fáctico,
procedimental y el desconocimiento del precedente, al considerar que no se
valoraron integralmente el contrato de mandato, el poder general, las actuaciones y
resoluciones del proceso liquidatorio ni decisiones judiciales que, según indicó,
admitieron la representación de programas o entidades liquidadas a través de
mandatarios. En esos términos, solicitó revocar la sentencia, conceder el amparo y
ordenar a la autoridad judicial accionada reconocer la actuación de SLIG S.A.S.
como mandataria del Programa EPS Comfamiliar Huila liquidado; subsidiariamente,
pidió que se efectuara el estudio de fondo de las causales específicas alegadas.

43. Por su parte, la Caja de Compensación Familiar del Huila, en calidad de
tercero vinculado, también recurrió el fallo de primera instancia, al considerar que,
aunque el Programa EPS Comfamiliar Huila no tenía personería jurídica
independiente y operaba bajo el mismo NIT de la Caja, el proceso de liquidación
produjo efectos propios respecto de las situaciones jurídicas pendientes, cuya
atención fue encomendada a Soto Legal Investment Group S.A.S. – SLIG S.A.S.
mediante contrato de mandato.

44. Adicionalmente, afirmó que la sentencia centró el análisis en la inexistencia
de una personalidad jurídica distinta, cuando la controversia consistía en determinar
los efectos procesales del mandato conferido para atender los asuntos pendientes
del Programa EPS liquidado. En ese sentido, señaló que impedir la intervención de
SLIG S.A.S. desconocía el régimen liquidatorio y comprometía los derechos al
debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia, además de
generar el riesgo de trasladar a la Caja consecuencias derivadas de litigios propios
del Programa EPS. Por ello, solicitó revocar la decisión, declarar satisfecho el
requisito de relevancia constitucional y ordenar al Tribunal Administrativo del Huila
analizar la intervención del mandatario conforme al proceso liquidatorio y al mandato
otorgado.

8
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02503-01
Demandante: Soto Legal Investment Group S.A.S. – SLIG S.A.S.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

45. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

46. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, en particular las exigencias de relevancia
constitucional y de subsidiariedad, si el Tribunal Administrativo del Huila, al expedir
las providencias del 27 de marzo de 2025, 6 de mayo de 2025 y 5 de febrero de
2026 incurrió en los defectos sustantivo, fáctico, procedimental y desconocimiento
del precedente judicial y, por tanto, transgredió los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

47. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela, por no acreditarse los requisitos generales de
relevancia constitucional, respecto de los cargos relativos al defecto sustantivo,
fáctico y procedimental; y de subsidiariedad, en lo que atañe al cargo de
desconocimiento del precedente judicial, de acuerdo con los argumentos que se
exponen a continuación:

48. En términos generales, para la Corte Constitucional, el requisito de
relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando la controversia objeto de
tutela trata de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido, alcance y
goce de un derecho fundamental o un principio constitucional2. Sobre el particular,
el máximo tribunal constitucional indicó que la exigencia general mencionada
cumple cuatro finalidades principales; a saber: (i) el respeto por las competencias
de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los
jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida
para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la
prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal.3

49. Así, la corporación precitada identificó los siguientes criterios para
determinar si un asunto goza de importancia constitucional: (i) que la discusión
involucre algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una meramente
legal y/o económica; (iii) que la acción de tutela exponga argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho

2
Ver entre otras, Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019
y T-140 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.
3 Sentencia SU-215 de 2022.

9
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02503-01
Demandante: Soto Legal Investment Group S.A.S. – SLIG S.A.S.

fundamental. Dicho de otro modo, no basta con que la parte actora alegue la
violación al debido proceso, a la administración de justicia o a la igualdad, sino que
debe ir más allá «de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales», lo cual supone justificar de manera
razonada y clara la «existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental»; y (iv) el análisis contra decisiones de las altas cortes debe ser
estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación
judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales, ya que
estas, al ser tribunales de cierre, son a quienes les corresponde «la unificación de
jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el
significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico».4

50. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), indicó expresamente
que el requisito mencionado requiere la conjunción de varios elementos: (1) una
carga argumentativa por parte del accionante que explique, con suficiencia, la
relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la necesidad de su
intervención en el asunto; (2) que la solicitud de amparo no se presente con el objeto
de obtener una instancia adicional al proceso ordinario y (3) que se trate de una
controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad.

51. Analizados los argumentos expuestos por la parte accionante tanto en el
escrito de tutela como en el de impugnación, la Sala advierte que si bien la sociedad
actora invocó los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al
acceso a la administración de justicia y atribuye a las providencias cuestionadas los
defectos sustantivo, fáctico y procedimental, el contenido de sus argumentos
permite establecer que su verdadera pretensión consiste en que el juez de tutela
acoja la tesis jurídica que considera correcta acerca de la naturaleza del Programa
EPS Comfamiliar Huila, su capacidad para ser parte y la posibilidad de que fuera
representado judicialmente de manera independiente de la Caja de Compensación
Familiar del Huila.

52. De manera que la acción de tutela no aparece dirigida a cuestionar una
afectación iusfundamental que haya surgido de manera autónoma con ocasión de
las providencias acusadas, sino a insistir en los mismos argumentos que ya fueron
sometidos a consideración del juez ordinario. Sobre el particular se denota que, bajo
la invocación de los derechos fundamentales previamente citados, lo que se busca
es volver sobre una situación ya resuelta.

53. Lo anterior se refuerza, si se observa que, tal y como lo expuso el juez de
primer grado, la parte actora, al acudir en sede de tutela, no desvirtúa el hecho de
que el Programa EPS Comfamiliar Huila no fue creado como una persona jurídica
diferente a la caja de compensación familiar a la que pertenecía, ni que, al momento
de contestarse la demanda de reparación directa, hubiera actuado procesalmente
de manera separada de Comfamiliar Huila.

54. Esta circunstancia resulta determinante para establecer la ausencia de
relevancia constitucional, pues este requisito busca precisamente impedir que la

4 Ibidem.

10
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02503-01
Demandante: Soto Legal Investment Group S.A.S. – SLIG S.A.S.

tutela contra providencias judiciales se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario. No corresponde al juez constitucional reabrir una controversia
simplemente porque la parte considera equivocada la interpretación adoptada por
el juez natural, ni sustituir el criterio de este por aquel que resulte más favorable a
sus intereses.

55. Ciertamente, lo pretendido por el actor es que el juez constitucional vuelva
a examinar si la separación administrativa, contable y financiera de los recursos
destinados a la salud permite atribuir al Programa EPS una personalidad jurídica
diferente; si el contrato de mandato y el poder general otorgados a la sociedad
accionante eran suficientes para habilitar su actuación; si la liquidación del programa
permitía mantener una representación procesal independiente, los cuales apuntan
a obtener una respuesta distinta a la que ya recibió del juez ordinario.

56. En esa medida, el hecho de que la accionante haya revestido esa misma
inconformidad con la denominación de causales específicas de procedencia no
convierte un desacuerdo con la decisión judicial en un asunto de relevancia
constitucional, pues es indispensable establecer qué pretende realmente la parte
con la acción de tutela y, en este caso, lo que se advierte es el propósito de obtener
una nueva valoración de los argumentos jurídicos y de los elementos que
sustentaron la decisión de la corporación accionada.

57. Por consiguiente, la tutela no está siendo utilizada para corregir una lesión
iusfundamental, sino para obtener una nueva oportunidad para alegar en otra
instancia que la tesis jurídica acogida por el Tribunal no es la correcta, cuyo
propósito es incompatible con la naturaleza excepcional de la tutela contra
providencias judiciales, ya que este mecanismo no puede convertirse en una
instancia adicional destinada a prolongar la discusión que fue analizada y resuelta
por el Tribunal Administrativo del Huila. En consecuencia, la Sala confirmará la
improcedencia de la acción de tutela por no superarse el requisito de relevancia
constitucional.

58. Ahora bien, frente al cargo por desconocimiento del precedente judicial, la
Sala no advierte satisfecho el requisito de subsidiariedad, toda vez que los
pronunciamientos que la parte actora invoca como desconocidos no fueron puestos
en conocimiento de la autoridad judicial accionada en las oportunidades procesales
en que aquella intervino, pese a que era dicha autoridad la primera llamada a
pronunciarse sobre su eventual aplicación al caso concreto.

59. En ese sentido, se resalta que la acción de tutela no puede utilizarse para
subsanar los errores cometidos en la defensa de las partes procesales o para revivir
instancias procesales que se encuentran debidamente resueltas, al no haber
ejercido su defensa en debida forma, ya sea por negligencia o descuido de quien
solicita el amparo constitucional, porque de ser así, se vulneraría el derecho al
debido proceso de los demás intervinientes en el proceso y se desnaturalizaría el
carácter excepcional y subsidiario de esta acción.

60. De otra parte, en cuanto a la impugnación formulada por la Caja de
Compensación Familiar del Huila – Comfamiliar Huila, se repara en que aquella

11
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02503-01
Demandante: Soto Legal Investment Group S.A.S. – SLIG S.A.S.

intervino en el presente trámite en calidad de coadyuvante del amparo solicitado por
la sociedad accionante.

61. Al respecto, debe precisarse que la figura de la coadyuvancia en materia de
tutelas, el inciso 2 del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, prevé que «quien tuviere
un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere
hecho la solicitud»; y, en cuanto al alcance de la institución, la Corte Constitucional
ha sostenido que el coadyuvante «interviene en el proceso velando por sus
intereses legítimos pero en una posición subordinada a una de las partes principales
a la que ayuda de forma instrumental, adhiriéndose a sus pretensiones y sin poder
actuar con autonomía respecto de ella»5

62. En esa medida, como se determinó que la acción de tutela es improcedente
porque no se superaron los requisitos generales de relevancia constitucional y
subsidiariedad, los argumentos expuestos por dicha Caja de Compensación
seguirán la suerte del principal.

63. En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida el 25 de junio
de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró
improcedente la acción de tutela formulada por Soto Legal Investment Group S.A.S.
– SLIG S.A.S.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de junio de 2026 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela formulada por Soto Legal Investment Group S.A.S. – SLIG S.A.S.,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

5 Ver, entre otros, el Auto A700 de 2021.

12
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02503-01
Demandante: Soto Legal Investment Group S.A.S. – SLIG S.A.S.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

13
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.