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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02507-00

Ejecutivo: levantamiento de medidas cautelares de embargo

Fecha
8 de mayo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02507-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, por falta de legitimación en la causa por activa, la acción de tutela formulada por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca – UAESA, en representación de la totalidad de los habitantes del Departamento de Arauca para asegurar los derechos a la salud, a la vida y a la continuidad del servicio público esencial de la atención sanitaria de estos. SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO en la acción de tutela presentada por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca – UAESA, por conducto de su jefe jurídico, contra el Tribunal Administrativo de Arauca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. CUARTO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02507-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

8 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., ocho (08) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02507-00
Accionante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE
ARAUCA – UAESA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derecho fundamental al debido proceso / PROCESO
EJECUTIVO – Levantamiento de medidas cautelares de embargo / AGENCIA OFICIOSA y
FALTA DE LEGITIMACIÓN POR ACTIVA – Requisitos para actuar en representación de
un tercero / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO – Circunstancias
en las que se configura.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca – UAESA, por conducto
de su jefe jurídico, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la
Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 27 de marzo de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Arauca, por la presunta vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso, así como a la salud, a la vida y a la continuidad del
servicio público esencial de salud de los habitantes del Departamento de Arauca.

Hechos relevantes

2. La señora Nancy Eneida Camacho Laica promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UAESA, con el
objeto de obtener la declaratoria de existencia de una relación laboral sobre todos
los contratos de prestación de servicios celebrados con la entidad, así como el pago
del valor correspondiente a las prestaciones sociales comunes devengadas por los
empleados vinculados.

3. El asunto fue radicado bajo el número 81001-23-33-003-2012-00027-00 y su
conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo de Arauca que, por medio de

1 Que ingresó al despacho para fallo el 17 de abril de 2026.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02507-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca – UAESA
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

sentencia del 3 de diciembre de 20132, accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda. Dicha decisión fue confirmada por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado a través de providencia del 26 de abril de 2018 3, la
cual ratificó la condena impuesta a la UAESA.

4. Como consecuencia de lo anterior, por medio de Oficio FFR-097 del 6 de
septiembre de 20184, la señora Nancy Eneida Camacho Laica entregó la
documentación necesaria para llevar a cabo el trámite de pago de la sentencia
condenatoria. Sin embargo, ante la omisión de la UAESA de cumplir la orden judicial
emitida, inició proceso ejecutivo contra la entidad.

5. La demanda ejecutiva fue radicada bajo el número 81001-23-39-000-2019-
00044-00 y su estudio fue asignado al Tribunal Administrativo de Arauca que, por
medio de auto del 26 de octubre de 20235, avocó conocimiento del proceso y libró
mandamiento de pago en favor de la demandante, conforme con las reglas previstas
en los artículos 192 y 195 del CPACA.

6. Adicionalmente, mediante providencia de la misma fecha6, la autoridad judicial
accionada se pronunció frente a las medidas cautelares solicitadas por la señora
Nancy Eneida Camacho Laica y resolvió:

“PRIMERO. DECRETAR el embargo y retención de las sumas de dinero
depositadas o que llegaren a depositarse a nombre de la Unidad
Administradora Especial de Salud de Arauca - UAESA en las cuentas de
ahorro, corrientes y Certificado de Depósito a Término (CDT) con que cuente
la entidad en los bancos Bancolombia, Banco Agrario de Colombia, Banco
de Bogotá, BBVA Colombia, Davivienda, Banco Popular, Banco Caja Social,
hasta por el monto de cuarenta y tres millones cuatro mil setecientos pesos
($43.404.700), conforme a lo expuesto en la parte motiva.

Por Secretaría se librarán los respectivos oficios a los mencionados Bancos.

SEGUNDO. DECRETAR el embargo y retención de las sumas de dinero
depositadas o que llegaren a depositarse a nombre de la Unidad
Administradora Especial de Salud de Arauca - UAESA en las cuentas de
ahorro, corrientes y Certificado de Depósito a Término (CDT) con que cuente
la entidad en los bancos:

2 Folio 19. Archivo “16_ED_01CUADERNOTRIBUNAL1”. Visible en la carpeta de pruebas anexa
“050RECIBEPRUEBAS_81001233900020190004”. Expediente en préstamo.
3 Folio 48. Ibid.
4 Folio 3. Archivo “023ED_PRUEBA_3_27_20264_39”.
5 Índice 16 de Samai. Expediente radicado núm. 81001-23-39-000-2019-00044-00.
6 Índice 18 de Samai. Ibid.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02507-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca – UAESA
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

TERCERO. ADVERTIR a las anteriores entidades que la medida de
embargo no puede recaer sobre los recursos inembargables que establezca
la Ley y la Jurisprudencia.

CUARTO. COMUNICAR por Secretaría esta medida a las respectivas
entidades bancarias y otras entidades estatales, quienes deberán constituir
certificado de depósito y ponerlo a disposición de este Despacho dentro de
los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, conforme lo dispone
el numeral 10 del artículo 593 del Código General del Proceso. […]”7.

7. El 23 de noviembre de 20238, el apoderado de la UAESA presentó solicitud de
nulidad procesal contra la decisión precitada, por considerar que hubo una indebida
notificación del auto que ordenó correr traslado de la demanda.

8. Posteriormente, el 30 de julio de 20259, el asesor jurídico de la UAESA solicitó el
levantamiento del embargo de cuentas decretado sobre los recursos del Fondo
Rotatorio de Estupefacientes – FRE, al señalar que dichos dineros constituían
recursos públicos con destinación específica legalmente protegida y, en
consecuencia, gozaban de inembargabilidad, conforme con lo establecido en la
Constitución Política.

9. Por medio de un auto del 14 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Arauca negó la solicitud de nulidad por indebida notificación. Consideró que, al
verificar el trámite surtido respecto de la notificación por la Secretaría y de la
publicación realizada en el sistema electrónico de gestión judicial Samai, tanto la
providencia del 16 de octubre de 2023 como la demanda habían sido
oportunamente informadas a la entidad. Así, aportó copia de las constancias de
notificación y el acceso a los enlaces contentivos de las comunicaciones efectuadas.

10. No obstante, sostiene la UAESA que, a pesar de los múltiples memoriales y
solicitudes de impulso procesal presentados, el Tribunal Administrativo de Arauca,
respecto del levantamiento de las medidas cautelares de embargo, no ha emitido
pronunciamiento alguno a la fecha de interposición de la acción de tutela de la
referencia.

Pretensiones

11. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):

“Primera. Que se declare la actual vulneración del derecho fundamental a
la salud, a (sic) consagrado en el artículo 49 de la Constitución, el derecho
a la vida y del principio de dignidad humana (art. 1) por la medida de
embargo sobre los recursos del Fondo Rotativo de Estupefacientes FRE, al
impedir la provisión de medicamentos esenciales para los habitantes del
departamento de Arauca, atendiendo a que los proveedores suspendieron
los despachos de medicamentos por la mora en el pago de las facturas
correspondientes, hecho que es muy grave teniendo en cuenta el estado

7 Folios 2 y 3 del escrito de tutela.
8 Folio 3 ibid.
9 Índice 54 de Samai. Expediente radicado núm. 81001-23-39-000-2019-00044-00

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02507-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca – UAESA
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

actual de muchos de los pacientes que tenemos adscritos al suministro de
medicamentos, llegando a peligrar su integridad y su vida.

Segunda. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Arauca el
levantamiento inmediato del embargo decretado mediante la medida
cautelar en el proceso ejecutivo, respecto de la cuenta del FRE de la
UAESA, por tratarse de recursos públicos de destinación específica de los
cuales se depende para la distribución de medicamentos esenciales a la
comunidad araucana, sin dejar otra opción a la entidad para suplir esta
obligación que está vulnerando los derechos fundamentales a la salud y la
vida de los habitantes del departamento de Arauca.

Tercera. Que se reconozca expresamente la inembargabilidad de esos
recursos, con base en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, para que se
constituya un precedente judicial que evite en otras oportunidades afectar
las cuentas del Fondo Rotativo de Estupefacientes FRE o cualquiera
relacionada con la provisión de medicamentos a la comunidad y/o con la
prestación oportuna del servicio de salud que dependan de la Unidad
Administrativa Especial de Salud de Arauca UAESA.

Cuarta. Que, atendiendo a las insistentes solicitudes realizadas, a las cuales
el Tribunal Administrativo de Arauca no se manifestó, se declare la omisión
como vulneración del derecho al debido proceso (arts. 29 y 86 C.P.), y se
ordene que se pronuncie en término perentorio o se considere su silencio,
como negativa tácita para efectos de tutela.

Quinta. Que, se tenga en cuenta para futuros casos, la importancia de
individualizar y analizar los casos presentados ante las diferentes instancias
judiciales, para determinar la procedencia de las medidas cautelares
aplicadas sobre las cuentas institucionales de salud, especialmente las que
se consideran inembargables, para que las mismas no generen vulneración
grave de derechos fundamentales a los usuarios del sistema de salud y
entorpezcan la prestación oportuna del de los servicios de salud, como la
dispensación de medicamentos, factor primordial en el cumplimiento de los
objetivos de un Estado Social de Derecho”10.

Fundamentos de la demanda de tutela

12. La parte accionante sostiene que el mantenimiento de la medida de embargo
decretada por el Tribunal Administrativo de Arauca vulnera su derecho fundamental
al debido proceso, en cuanto desconoce la naturaleza jurídica de los recursos
comprometidos y afecta de manera directa la prestación del servicio público de
salud. Afirma que esta situación incide en el acceso efectivo a medicamentos por
parte de la población del Departamento de Arauca, en especial de sujetos de
especial protección constitucional, lo que compromete derechos como la vida, la
salud y la dignidad humana. En ese sentido, señala que la permanencia del
embargo impide la adquisición y distribución oportuna de medicamentos, lo que
configura un perjuicio irremediable al reunir las condiciones de inminencia,
gravedad, urgencia e irreparabilidad.

13. Aduce que la autoridad judicial accionada no ha emitido un pronunciamiento de
fondo frente a las reiteradas solicitudes de levantamiento del embargo presentadas
por la entidad accionante, en las cuales se expuso la grave situación que atraviesa
el departamento por la falta de dispensación de medicamentos de alto costo. Esta

10 Folio 15 ibid.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02507-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca – UAESA
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

omisión, según manifiesta, configura una denegación de justicia y desconoce los
principios de eficacia, celeridad y debido proceso administrativo y judicial previstos
en el artículo 3.° de la Ley 1437 de 2011, que obligan a las autoridades a resolver
oportunamente las solicitudes sometidas a su conocimiento.

14. En este contexto, la parte accionante concluye que la medida cautelar de
embargo, al recaer sobre recursos de carácter inembargable y afectar de manera
directa la continuidad y eficiencia en la prestación del servicio público de salud,
desconoce el principio de prevalencia del interés general y convierte en necesaria
la intervención del juez constitucional para garantizar la protección efectiva de los
derechos fundamentales comprometidos.

Trámite procesal

15. Por medio de auto del 7 de abril de 2026, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Arauca como accionado y al Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección
A, al Ministerio Público, a las entidades financieras Bancolombia, al Banco Agrario
de Colombia, al Banco de Bogotá, a BBVA Colombia, a Davivienda, al Banco
Popular y al Banco Caja Social; a la ciudadana Nancy Eneida Camacho Laica y a
los demás intervinientes dentro del proceso ejecutivo radicado núm. 81001-23-39-
000-2019-00044-00, como terceros con interés en las resultas del proceso, para
que ejercieran su derecho de defensa. De igual modo, se ordenó la vinculación de
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

16. Adicionalmente, se requirió a la UAESA para que justificara las razones por las
cuales aducía actuar en representación o agencia de los derechos fundamentales
a la salud, a la vida y a la continuidad del servicio público esencial de salud de los
habitantes del Departamento de Arauca, e indicara el fundamento jurídico y fáctico
que, en su criterio, la habilitaba para promover la presente acción de tutela en
defensa de tales intereses.

Intervenciones

17. El Banco Agrario de Colombia solicitó que se declare improcedente la acción
de tutela de la referencia por no haber incurrido en vulneración alguna de derechos
fundamentales. Señaló que, con base en los derechos presuntamente vulnerados,
los hechos y las pretensiones base de la demanda constitucional, no se dilucida
causal objetiva para que la entidad participe en el trámite, pues su actuar se ha
enmarcado en el respeto a las disposiciones legales, normativas y constitucionales
que contempla el ordenamiento jurídico.

18. La señora Nancy Eneida Camacho Laica, por conducto de apoderado, señaló
que “el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, garantísticamente le ha
dado a la UAESA, todas las oportunidades defensivas para consolidar este asunto.
Expresado lo anterior, y frente a esta inusitada e inesperada solicitud de amparo
constitucional, puedo afirmar que el argumento expuesto por la UAESA es inasible

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02507-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca – UAESA
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

en todo sentido. Más bien, se trata de un argumento temerario que debe ser
rechazado contundentemente por esta alta corporación judicial”11.

19. El Tribunal Administrativo de Arauca indicó que, “ante la precariedad de la
petición elevada por la UAESA, se le requirió mediante providencia del 18 de
diciembre de 2025 para que especificara con detalle la naturaleza de los recursos
objeto de la medida cautelar, toda vez que en su memorial no señaló de manera
clara los motivos por los que consideraba que son inembargables, y no indicó ni la
fuente ni clasificación de dichos recursos, ni aportó medios de prueba que
soportaran sus aseveraciones”12.

20. Expuso que, en atención al requerimiento antes referido, el 21 de enero de 2026
la entidad ejecutada remitió al expediente digital un oficio mediante el cual certificó
la naturaleza de los recursos objeto de embargo y que, el 23 de enero del mismo
año, allegó los documentos que respaldaban dichas afirmaciones, lo que permitió el
análisis conjunto de su solicitud. En ese sentido, adujo que la petición de
levantamiento de las medidas cautelares de embargo ya fue resuelta mediante auto
del 10 de abril de 2026, cuya notificación se encuentra en trámite por parte de la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Arauca.

21. Así, recalcó que “ha garantizado el debido proceso a todos los sujetos
procesales involucrados en el ejecutivo N.° 81001-2339-000-2019-00044-00, y que
en ese sentido resulta falaz la afirmación de la entidad tutelante respecto de que no
se ha resuelto una nulidad procesal que promovió, cuando esta fue atendida en
providencia del 14 de noviembre de 2025 […]”13.

22. Adicionalmente, la autoridad judicial accionada allegó el enlace de acceso al
expediente contentivo del proceso ejecutivo radicado núm. 81001-23-39-000-2019-
00044-00.

23. Bancolombia S.A. y el Banco Caja Social solicitaron su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva.

24. Pese a haber sido notificadas en debida forma, las demás partes no rindieron
informe.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

11 Folio 5. Archivo “052_MemorialWeb_Otro-Intervenciondefensi”.
12 Folio 1. Archivo “064RECIBEPRUEBAS_Memorial_AC20260250700Informe”.
13 Ibid.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02507-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca – UAESA
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

26. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si en el presente caso se configura
la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que la autoridad judicial
accionada ya estudió la solicitud de levantamiento de embargo de medidas
cautelares de embargo?

27. De resultar negativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si el Tribunal
Administrativo de Arauca, en el trámite del proceso ejecutivo radicado núm. 81001-
23-39-000-2019-00044-00, incurrió en una vulneración del derecho fundamental al
debido proceso de la parte accionante?

28. Para abordar y resolver el problema jurídico planteado, esta Subsección
desarrollará una metodología que incluye i) el estudio de la carencia actual de objeto
por hecho superado y, solo de ser necesario, ii) el análisis de la presunta vulneración
del debido proceso.

De la carencia de objeto por hecho superado

29. El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela es un
mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para reclamar
la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad y,
excepcionalmente de los particulares, en los casos específicamente previstos por la
ley.

30. Sin embargo, la Corte Constitucional ha identificado como “carencia actual de
objeto” cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no hay
forma de resarcir el daño ya producido. En estas situaciones, la tutela pierde su
razón de ser y, por tanto, cualquier orden del juez respecto de lo solicitado en la
demanda no surtiría ningún efecto.

31. Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la carencia actual
de objeto se puede configurar por tres situaciones: (i) hecho superado, (ii) daño
consumado o (iii) acaecimiento de una situación sobreviniente. Debido a las
particularidades del caso, esta Subsección se referirá a la hipótesis número.

32. El hecho superado ocurre cuando la satisfacción del derecho parte de “una
decisión voluntaria y jurídicamente consciente del demandado”14, por razones
ajenas a la intervención del juez constitucional. Al respecto, ha señalado el Tribunal
Constitucional:

“20. La carencia actual de objeto es el fenómeno procesal que se presenta
cuando la acción de tutela pierde su razón de ser, debido a la “alteración o
el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la presunta
vulneración de los derechos”. Ello implica que cualquier orden del juez

14 Corte Constitucional, sentencia T-104 de 2020.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02507-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca – UAESA
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

caería en el vacío. Al respecto, esta Corporación ha señalado que el juez
constitucional “no es un órgano consultivo que emite conceptos o decisiones
inocuas una vez ha dejado de existir el objeto jurídico, sobre escenarios
hipotéticos, consumados o ya superados”. De ello se infiere que la
intervención del juez de tutela solo procederá cuando sea necesario desde
un punto de vista constitucional.

21. Bajo ese entendido, la doctrina constitucional ha desarrollado el
concepto de la carencia actual de objeto para identificar este tipo de eventos
y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el juez para
dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos cuya
garantía le ha sido reclamada. Así las cosas, ha establecido que dicha figura
se puede materializarse a través de los siguientes fenómenos: (i) hecho
superado; (ii) daño consumado o (iii) situación sobreviniente.

22. El hecho superado ocurre cuando “(i) efectivamente se ha satisfecho por
completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela; (ii) y que la
entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar) motu proprio,
es decir, voluntariamente”15.

Caso concreto

33. Esta Sala de Subsección, con el fin de abordar el estudio del caso concreto,
analizará, en primer lugar, la legitimación en la causa por activa y pasiva y, en
segundo lugar, examinará la configuración de la carencia actual de objeto por hecho
superado.

i) De la legitimación en la causa por activa y pasiva

34. El artículo 10.° del Decreto 2591 de 1991 prescribe que están legitimados para
ejercer la acción de tutela los titulares del derecho amenazado o vulnerado, el
representante del titular, a través de apoderado, o el agente oficioso. En el caso del
agente oficioso se ha indicado que se trata de un tercero que acude a la acción ante
la imposibilidad de que el titular lo haga.

35. Así, la agencia oficiosa exige que el actor evidencie la imposibilidad del titular
de acudir ante el juez de amparo. Estos requisitos se han concebido para evitar “que
se tome o aproveche el nombre de otro, sin ninguna clase de advertencias, para
provocar decisiones judiciales con intereses reales distintos o contra la voluntad del
verdadero titular de los derechos que se invocan”16. Adicionalmente, la
jurisprudencia constitucional, puntualmente en la Sentencia T-302 de 2017 ha
señalado que, en casos en los que, un tercero que no es titular del derecho que se
invoca acude a la acción de tutela, el requisito se flexibiliza cuando, se busca
agenciar derechos de niños, niñas y adolescentes.

36. En el presente asunto, la UAESA aduce actuar en representación o agencia de
los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la continuidad del servicio
público esencial de salud de los habitantes del Departamento de Arauca. Frente a
ello, en cumplimiento del requerimiento efectuado por el despacho sustanciador por

15 Corte Constitucional, sentencia T-070 de 2023.
16 Corte Constitucional T-277 de 1997.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02507-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca – UAESA
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

medio de auto del 7 de abril de 2026, encaminado a que se justificaran los motivos
de la agencia oficiosa, la entidad accionante indicó que:

“La actuación de la UAESA se enmarca igualmente en los principios
constitucionales de prevalencia del interés general, eficacia de los derechos
fundamentales y la garantía de los fines esenciales del Estado (artículo 2 de
la Constitución).

La intervención mediante acción de tutela busca evitar la interrupción o
afectación del servicio público esencial de salud, lo cual compromete
derechos fundamentales de la población en general, trascendiendo
intereses meramente individuales”17.

37. En criterio de esta Sala, no resulta clara la manera en la que los habitantes del
Departamento de Arauca no pueden ejercer directamente la acción con miras a
proteger sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la medida
cautelar de embargo. Frente a ello, no se puede olvidar que la legitimación en la
causa por activa en cabeza del titular del derecho constituye una garantía de la
dignidad humana, “en el sentido de que, no obstante las buenas intenciones de
terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus
propios intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo”18. Sin embargo, la
normatividad aplicable establece algunos escenarios específicos en los cuales
terceros están facultados para solicitar el amparo de los derechos de otras
personas, presupuestos que no se presentan en la actual demanda.

38. En este orden de ideas, en atención a que no se satisfacen las reglas
jurisprudenciales para poder concluir que la entidad actora cuenta con legitimación
en la causa por activa para representar a los habitantes del Departamento de
Arauca, en el asunto de la referencia se tendrá que la acción de tutela fue
presentada por la UAESA, por conducto de su jefe jurídico, únicamente en procura
de la protección de su derecho fundamental al debido proceso.

39. Por otro lado, respecto de la legitimación en la causa por pasiva, este requisito
se encuentra satisfecho, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el
Tribunal Administrativo de Arauca, autoridad judicial a la que se le atribuye la
trasgresión del derecho invocado en la presente acción de amparo constitucional.
Las demás fueron vinculadas como terceros con interés en las resultas del proceso.

ii). De la carencia actual de objeto por hecho superado

40. En el caso concreto, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca –
UAESA presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Arauca, por
la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso. Al respecto,
señaló que dentro del proceso ejecutivo radicado núm. 81001-23-39-000-2019-
00044-00, el Tribunal no ha resuelto la solicitud de levantamiento de medidas
cautelares de embargo que recaen sobre los recursos del Fondo Rotatorio de
Estupefacientes – FRE, pese a que dichos dineros constituyen recursos públicos

17 Folios 2 y 3. Archivo “070_MemorialWeb_Alegatos-Cumplimientorequeri”.
18 Corte Constitucional, sentencia T-899 de 2001 citada en sentencia T-072 de 2019.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02507-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca – UAESA
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

con destinación específica legalmente protegida y, en consecuencia, gozan de
inembargabilidad.

41. De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se advierte que el
Tribunal Administrativo de Arauca, por medio de auto del 10 de abril de 2026,
resolvió:

“PRIMERO. ORDENAR el levantamiento de la medida cautelar de
embargo de la cuenta de ahorros N.° 137185294 denominada UAE de
Salud de Arauca—Fondo Rotativo ES del Banco de Bogotá, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva en esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes y al Ministerio Público el contenido de
esta decisión.

TERCERO. COMUNICAR la presente providencia al Banco de Bogotá.

CUARTO. ORDENAR que cumplido lo anterior regrese el proceso al
Despacho para continuar con su trámite”19. (Subrayado y negrillas fuera
del texto).

42. Lo anterior, con fundamento en que el marco normativo aplicable y los
lineamientos jurisprudenciales permitían concluir que era procedente el
levantamiento de la medida cautelar, al encontrarse que los recursos del Fondo
Rotatorio de Estupefacientes – FRE se hallaban amparados por el principio de
inembargabilidad, por cuanto provenían del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, según lo previsto en los artículos 48 y 63 de la Constitución, artículo 25
de la Ley 1751 de 2015, el numeral 1.° del artículo 594 del Código General del
Proceso.

43. Asimismo, de acuerdo con las anotaciones registradas en el sistema de gestión
de Samai, se tiene que la decisión que ordenó el levantamiento de la medida
cautelar de embargo de la cuenta de ahorros de la UAESA se notificó a las partes
mediante estado del 14 de abril de 202620.

44. Descrito lo anterior, en el asunto bajo estudio la Sala advierte que se configura
la carencia actual de objeto por hecho superado, en la medida en que el derecho
invocado ha sido satisfecho. En efecto, la autoridad judicial accionada, de manera
voluntaria y sin mediar orden de un juez constitucional, procedió a efectuar el
levantamiento de la medida cautelar de embargo de la cuenta de ahorros de la
UAESA. En este sentido, desapareció la situación que dio origen a la solicitud de
amparo, pues la situación alegada como vulneratoria de derechos fundamentales
fue superada con la actuación desplegada por el Tribunal.

45. En este orden de ideas, la Sala se encuentra ante un evento en el cual la acción
de amparo carece de objeto por existir una circunstancia que hace inocua la orden
de satisfacer la pretensión de la tutela. Esto, por cuanto los hechos que originaron

19 Folio 11. Archivo “113_Autodecretale_Levantamie_EJE20190004400AutoRe_0_2026041018082
9504”. Índice 83 de Samai. Expediente 81001-23-39-000-2019-00044-00.
20 Índice 85 de Samai. Expediente 81001-23-39-000-2019-00044-00.

10

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02507-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca – UAESA
Accionado: Tribunal Administrativo de Arauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora ya
cesaron, haciendo así imposible cualquier orden en contra de la parte accionada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, por falta de legitimación en la causa por
activa, la acción de tutela formulada por la Unidad Administrativa Especial de Salud
de Arauca – UAESA, en representación de la totalidad de los habitantes del
Departamento de Arauca para asegurar los derechos a la salud, a la vida y a la
continuidad del servicio público esencial de la atención sanitaria de estos.

SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO en la acción de tutela presentada por la Unidad Administrativa Especial
de Salud de Arauca – UAESA, por conducto de su jefe jurídico, contra el Tribunal
Administrativo de Arauca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

11

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