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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02508-00

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02508-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor Cristian Fernando Portilla Pérez, como persona natural y en calidad de alcalde de Bucaramanga, a través de apoderada judicial, por no cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional respecto de los defectos fáctico y desconocimiento del precedente. SEGUNDO: Amparar el derecho fundamental al debido proceso del señor Cristian Fernando Portilla, debido a la configuración del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto invocado en la demanda de tutela. En consecuencia, se dejan sin efectos los del 17 y 20 de marzo de 2026 proferidos en el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos identificado con el radicado 68001-33-33-011-2018-00430- 00/01/02 al 09, en su orden, por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Cristian Fernando Portilla Pérez, en calidad de alcalde del municipio de Bucaramanga Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro Radicado: 11001-03-15-000-2026-02508-00 TERCERO: Ordenar al Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera la providencia de reemplazo con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02508-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

28 de mayo de 2026

Demandante: Cristian Fernando Portilla Pérez,
en calidad de alcalde del municipio de Bucaramanga
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02508-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02508-00
Demandante: CRISTIAN FERNANDO PORTILLA PÉREZ1
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y
OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la
improcedencia por falta de relevancia constitucional
frente a los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente y, a su vez, ampara frente al defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional
y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 de Acuerdo 080 del 2019 de la
Sala Plena de la corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Cristian Fernando Portilla Pérez, como persona natural y en
calidad de alcalde de Bucaramanga, a través de apoderada judicial,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y
el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga por
la presunta vulneración de los derechos fundamentales al «debido proceso
y de defensa», con ocasión de la expedición de las providencias del 17 2 y

1 En calidad de alcalde del municipio de Bucaramanga (Santander).
2 Con esta providencia se sancionó por desacato del fallo en el medio de control de
defensa de derechos e intereses colectivos identificado con el radicado 68001-33-33-011-

1

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Demandante: Cristian Fernando Portilla Pérez,
en calidad de alcalde del municipio de Bucaramanga
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02508-00

203 de marzo de 2026 con las que se le sancionó por desacato en el
proceso de protección de derechos e intereses colectivos identificado con
el radicado 68001-33-33-011-2018-00430-00/01/02 al 094.

Asimismo, como medida cautelar solicitó la suspensión de los efectos de
las providencias demandadas, de manera preventiva y temporal.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

2. DECLARAR que las providencias del 17 de marzo del 2026 proferida por
el JUZGADO ONCE ADMINSITRATIVO DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA y la del 20 de marzo del 2026, proferida el H. TRIBUNAL
AMDINISTRATIVO DE SANTANDER, vulneran mis derechos
fundamentales.

3. SE REVOQUE Y DEJE SIN EFECTOS las providencias del 17 de marzo
del 2026 proferida por el JUZGADO ONCE ADMINSITRATIVO DEL
CIRCUITO DE BUCARAMANGA y la del 20 de marzo del 2026, proferida el
H. TRIBUNAL AMDINISTRATIVO DE SANTANDER, las cuales vulneran
mis derechos fundamentales, imponiendo y confirmando sanción a
“CRISTIAN FERNANDO PORTILLA PÉREZ en calidad de ALCALDE DE
BUCARAMANGA, 2. MARÍA DEL ROSARIO TORRES VARGAS en calidad
de SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA, 3.
CAMPO ELÍAS RAMÍREZ PADILLA en calidad de alcalde del MUNICIPIO
DE GIRÓN y 4. MARITZA SILVA FIGUEROA, en calidad de Secretaria de
Infraestructura del municipio de Girón, con multa a cargo de cada uno en el
equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente con destino al
Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, valor que
deberá ser cancelado por cada uno de los sancionados, dentro de los diez
(10) días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la fecha de

2018-00430-00 a las siguientes personas: «1. CRISTIAN FERNANDO PORTILLA PÉREZ
en calidad de ALCALDE DE BUCARAMANGA, 2. MARÍA DEL ROSARIO TORRES
VARGAS en calidad de SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA,
3. CAMPO ELÍAS RAMÍREZ PADILLA en calidad de alcalde del MUNICIPIO DE GIRÓN y
4. MARITZA SILVA FIGUEROA, en calidad de Secretaria de Infraestructura del municipio
de Girón, con multa a cargo de cada uno en el equivalente a un (1) salario mínimo
mensual legal vigente con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos…».
3 Decisión con la que se confirmó dicha sanción.
4 El incidente por desacato en el cual se emitió la providencia del 17 de marzo de 2026

corresponde al radicado 68001-33-33-011-2018-00430-00 y para el auto del 20 de marzo
de 2026 el expediente 68001-33-33-011-2018-00430-09.
En estas providencias se indican como parte que formuló el incidente a los señores
Campo Elías Goyeneche y Luis Emiro Arias Galvis.

2

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Demandante: Cristian Fernando Portilla Pérez,
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Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
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ejecutoria de la presente providencia, de conformidad con lo establecido en
el Artículo 10 de la Ley 1743 de 2014“

4. ORDENAR al JUZGADO ONCE ADMISNITRATIVO DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA Y AL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
– MAGISTRADO PONENTE DR. IVAN MAURICIO MENDOZA
SAAVEDRA, adoptar una nueva decisión que acoja los criterios
constitucionales y jurisprudenciales expuestos.5

1.3. Hechos

La parte demandante sostuvo que, mediante fallo del 16 de junio de 2021,
el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la decisión emitida el 26
de julio de 2019 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de
Bucaramanga en el medio de control de defensa de derechos e intereses
colectivos identificado con el radicado 68001-33-33-011-2018-00430-006,
con las que se ordenó a los municipios de Bucaramanga y Girón
(Santander) realizar las obras necesarias de adecuación o construcción
para permitir el paso entre la vereda El Carrizal y Bucaramanga, para
suplir el antiguo Puente Nariño. En la providencia de primera instancia se
decidió:

PRIMERO. DECLARASE PROBADA la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva planteada por la defensa del DEPARTAMENTO DE
SANTANDER y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS.

SEGUNDO. PROTEJÁNSE los derechos colectivos de la comunidad de la
Vereda el Carrizal, Barrio Brisas del Prado y asentamiento Hacienda Río de
Oro a la previsión de desastres previsibles técnicamente y la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, no por accidentalidad sino por daño contingente,
peligro o amenaza.

TERCERO. ORDENESE al MUNICIPIO DE GIRÓN y al MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA que a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes
a la notificación del presente proveído, realice las apropiaciones
presupuestales correspondientes, inicie los procesos de contratación y
realice las obras necesarias tendientes a la adecuación, restructuración o
construcción de las edificaciones necesarias que permitan el paso entre la
Vereda el Carrizal y el Municipio de Bucaramanga, supliendo la labor que
realizaba el PUENTE NARIÑO y el PUENTE PEATONAL COLGANTE.

5 Transcrito del original con posibles errores.
6 Promovido por la Defensoría del Pueblo contra los municipios de Bucaramanga y
Girón.

3

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Demandante: Cristian Fernando Portilla Pérez,
en calidad de alcalde del municipio de Bucaramanga
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02508-00

En el evento de ser necesario la construcción de un nuevo puente al
considerarse por las accionadas desde el punto de vista técnico que no es
posible la rehabilitación de los puentes existentes, se procederá a realizar
la demolición de los mismos con el fin de prevenir que la comunidad siga
dándoles uso y se genere un siniestro.

CUARTO. Para el seguimiento y verificación del cumplimiento de las
órdenes aquí dadas se conformará por parte del MUNICIPIO DE GIRÓN y
el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA un comité integrado por las partes que
intervinieron en este proceso como son: Municipio de Bucaramanga,
Municipio de Girón, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la
Nación. El comité tendrá la obligación de informar al despacho el
cumplimiento de lo ordenado en esta decisión…

Expuso que el señor Luis Emiro Arias Galvis con memorial del 2 de
diciembre de 2025 informó sobre el presunto incumplimiento de la anterior
orden; por lo que, mediante auto del 16 de diciembre del mismo año el
juzgado demandado requirió de manera previa a las autoridades
responsables7 del acatamiento del fallo para que rindieran informe sobre
el asunto concreto. Posteriormente, a través de proveído del 19 de enero
de 2026 se dispuso la apertura formal del desacato contra él y otras
personas8.

Indicó que luego de decretadas las pruebas y los respectivos informes
rendidos por las autoridades responsables del cumplimiento del fallo en
mención, mediante auto del 17 de marzo de 2026, el juzgado acusado lo
sancionó en calidad de alcalde Bucaramanga junto a otras personas9, con
multa a cargo de cada uno en el equivalente a un salario mínimo mensual
legal vigente con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos.

Señaló que, en dicha decisión, de igual manera, se exhortó a las personas
sancionadas para que se adoptaran e implementaran medidas

7 En el proveído del 17 de marzo de 2026 se indicó que tal requerimiento se dirigió a: 1.
Javier Augusto Sarmiento Olarte en condición de alcalde de Bucaramanga, 2. María Del
Rosario Torres Vargas en calidad de secretaria de infraestructura de Bucaramanga, 3.
Dayana Milena Tavera Ruiz en calidad de alcaldesa del municipio de Girón y 4. Maritza
Silva Figueroa, en calidad de secretaria de infraestructura del municipio de Girón.
8 En la misma providencia se señaló que se dio apertura contra: iniciar incidente de

desacato contra 1. Cristian Fernando Portilla Pérez en condición de alcalde de
Bucaramanga, 2. María Del Rosario Torres Vargas en calidad de secretaria de
infraestructura de Bucaramanga, 3. Campo Elías Ramírez Padilla en calidad de alcalde
del municipio de Girón y 4. Maritza Silva Figueroa, en calidad de secretaria de
infraestructura del municipio de Girón.
9 María del Rosario Torres Vargas en calidad de secretaria de Infraestructura de
Bucaramanga, Campo Elías Ramírez Padilla en calidad de alcalde del municipio de Girón
y Maritza Silva Figueroa, en calidad de secretaria de Infraestructura del precitado ente
territorial.

4

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Demandante: Cristian Fernando Portilla Pérez,
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provisionales reales, idóneas y seguras que garantizaran el tránsito de la
comunidad.

Refirió que, con ocasión de la consulta de la sanción impuesta, el Tribunal
Administrativo de Santander mediante providencia del 20 de marzo de
2026, confirmó la decisión, al considerar que, aunque existieron factores
externos que incidieron en la ejecución del proyecto, las autoridades
sancionadas no demostraron una gestión diligente y eficaz que
desvirtuara su responsabilidad en el incumplimiento del fallo.

Esto, pues particularmente porque no acreditaron avances sustanciales
en la obtención de las licencias ambientales necesarias para ejecutar la
obra y porque no se adoptaron las medidas provisionales para evitar que
la comunidad usara pasos artesanales, lo que evidenciaba la negligencia
de estas y el elemento subjetivo de la sanción.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora sostuvo que con la decisión acusada se incurrió en lo
siguiente:

1.4.1. Defecto fáctico:

Señaló que las autoridades judiciales acusadas omitieron
deliberadamente valorar las pruebas de las gestiones positivas realizadas,
tales como presupuesto, trámite ante el INVÍAS y gestiones prediales y no
valoraron la imposibilidad física de construir estribos del puente sin haber
recuperado primero el terreno invadido.

Indicó que la sanción que se le impuso se fundamentó en el
incumplimiento de obligaciones que no estaban en el fallo del proceso
protección de derechos e intereses colectivos como la vigilancia de pasos
artesanales construidos por la comunidad o la prohibición del paso de
motos por puentes peatonales, lo cual desconoce que la finalidad del
desacato es el cumplimiento de la orden judicial y no la creación de
nuevas obligaciones.

Resaltó que resulta jurídicamente «problemático» declarar negligente a un
alcalde que lleva menos de tres meses en el cargo frente a una obra de
ejecución estructural compleja. Por lo que, consideró que ha sido diligente
y el retraso de la obra obedece a factores externos ajenos a su voluntad.

5

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1.4.2. Defecto procedimental:

Mencionó que se le vinculó al trámite incidental sin que existiera un
requerimiento previo personal, ya que el efectuado se hizo respecto a un
alcalde encargado.

Agregó que no se tuvo en cuenta los factores tanto objetivos como
subjetivos al momento de valorar las actuaciones desarrolladas por la
administración dentro del trámite incidental, razón por la cual ello
escapaba de la voluntad de la administración la efectiva gestión predial
que se requiere para la recuperación de los predios donde se va a
construir los estribos y accesos del Puente Nariño.

Manifestó que la decisión judicial de sancionar por desacato como su
confirmación en grado consulta, indica que la misma no obedece al
cumplimiento taxativo de la orden judicial, sino a la prevención de riesgos
colaterales, como la situación de seguridad de los habitantes del sector;
sin embargo, no se tuvieron en cuenta los elementos objetivo y subjetivo
determinante para valorar el cumplimiento de la orden judicial.

1.4.3. Desconocimiento del precedente

Indicó que con la decisión acusada no se atendió la línea jurisprudencial
que indica que el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición
de la sanción, ya que es necesario que se pruebe la negligencia o el dolo
de la persona que debe cumplir la sentencia de tutela10.

1.5. Trámite

Mediante auto del 29 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela
presentada por el señor Cristian Fernando Portilla Pérez, como persona
natural y en calidad de alcalde del municipio de Bucaramanga, a través de
apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo de Santander y el
Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga.

En consecuencia, se dispuso la notificación de las autoridades judiciales
demandadas y, a su vez, se ordenó la vinculación de los señores Campo
Elías Goyeneche y Luis Emiro Arias Galvis (quienes formularon el
incidente en el expediente objeto de demanda), así como a la señora
María del Rosario Torres Vargas (secretaria de Infraestructura de
Bucaramanga), al señor Campo Elías Ramírez Padilla (alcalde del

10 Citó las sentencias T-171 de 2009 y T-1113 de 2005. Así como, la sentencia del 22 de

abril de 2010, radicación número 73001-23-31-000-2001-03814-02.

6

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municipio de Girón) y a la señora Maritza Silva Figueroa (secretaria de
Infraestructura del municipio de Girón), en calidad de terceros con interés
en las resultas del proceso.

Adicionalmente, se requirió el expediente objeto de demanda y se denegó
la medida cautelar solicitada.

1.6. Contestaciones e intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Santander

El magistrado ponente de la providencia acusada se opuso a la
prosperidad de la solicitud de amparo, al considerar que debe declararse
su improcedencia y subsidiariamente, denegarse lo pretendido.

Expuso que realizó un análisis integral del expediente y valoró las
actuaciones de los funcionarios para determinar los elementos objetivos y
subjetivos de la sanción impuesta por desacato, a partir de lo cual,
consideró que persistían las condiciones de riesgo para la población pues
no se había materializado una solución efectiva para el tránsito seguro de
la comunidad.

Recordó que el juez de conocimiento del desacato tiene la facultad de
verificar que existan trámites administrativos formales y que además, sean
idóneos y eficaces para cumplir el fallo.

Precisó que analizó los argumentos relativos a las dificultades en la
gestión, los trámites ambientales, así como las limitaciones
presupuestales, pero que de esto no se lograba desvirtuar el
incumplimiento que era persistente y tampoco neutralizar el deber de
garantizar los derechos colectivos.

Por tanto, estimó que con su decisión no se vulneró derecho fundamental
alguno, puesto que se dictó con observancia de las garantías de ley.
Además, adujo que lo pretendido era reabrir el debate jurídico y probatorio
que se surtió en el proceso objeto de demanda y que la sola discrepancia
del actor no habilita la procedencia de la acción de tutela.

1.6.2. Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga.

El titular del mencionado despacho hizo referencia al trámite impartido en
el proceso objeto de demanda y puso a disposición el acceso al
expediente digital en cuestión.

7

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1.6.3. El señor Campo Elías Ramírez Padilla (en calidad de alcalde del
municipio de Girón) y las señoras Maritza Silva Figueroa y María del
Rosario Torres Vargas intervinieron mediante sendos memoriales con los
que solicitaron que se acceda a la protección de sus derechos
fundamentales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la presente acción de tutela,
según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 11, así
como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201912.
2.2. Cuestión previa

El señor Campo Elías Ramírez Padilla (en calidad de alcalde del
municipio de Girón) y las señoras Maritza Silva Figueroa y María del
Rosario Torres Vargas intervinieron mediante sendos memoriales con los
que solicitaron que se acceda a la protección de sus derechos
fundamentales.

No obstante, lo pretendido por dichos vinculados no resulta procedente
puesto que se integraron a esta acción de tutela en calidad de terceros
con interés.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si se vulneraron los derechos
fundamentales al «debido proceso y de defensa» del accionante, con
ocasión de la providencia del 20 de marzo de 2026 emitida por el Tribunal
Administrativo de Santander, con la que confirmó la sanción a él impuesta
por desacato en el proceso de protección de derechos e intereses
colectivos identificado con el radicado 68001-33-33-011-2018-00430-
00/01/02 al 0913.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el
criterio de la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra

11 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
12 Modificado por el Acuerdo 434 del 2024 de la Sala Plena de la Corporación.
13 El incidente por desacato en el cual se emitió la providencia del 17 de marzo de 2026

corresponde al radicado 68001-33-33-011-2018-00430-00 y para el auto del 20 de marzo
de 2026 el expediente 68001-33-33-011-2018-00430-09.
En estas providencias se indican como parte que formuló el incidente a los señores
Campo Elías Goyeneche y Luis Emiro Arias Galvis.

8

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decisiones judiciales; ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y,
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del
reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de
julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía
respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y concluyó:

… [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia,
que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre
la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario
estudiar aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si
se vulnera algún derecho fundamental, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como
expresamente lo indicó la decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se
hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…
fijados hasta el momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es
que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección
de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y,
por ende, la procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas
características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los
cuales dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

9

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En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sala declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del
asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la
acción no intente reabrir el debate de instancia.

Por lo que, resulta necesario precisar que esta acción constitucional no
puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por
ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias
que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva

2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe
precisar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022
explicó que, dado que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada,
cuando se presente un mecanismo de amparo constitucional contra una
decisión judicial «… el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros
puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante,
pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada.»

Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en
cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese
sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la tutela implica un
juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que
no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para
discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas
que se zanjaron por el juez natural.

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Demandante: Cristian Fernando Portilla Pérez,
en calidad de alcalde del municipio de Bucaramanga
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02508-00

Asimismo, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que
este mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional para
reabrir debates meramente legales» y explicó en detalle los criterios que
se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los
cuales son:

… (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
(ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

En el caso concreto, la parte actora invocó la configuración de los
defectos fáctico, procedimental y desconocimiento del precedente porque
a su juicio se omitió deliberadamente valorar las pruebas de las gestiones
positivas realizadas y no se atendió a la imposibilidad física del terreno;
porque se le vinculó al trámite incidental sin que existiera un requerimiento
previo personal, que se hizo respecto de un alcalde encargado y porque
no se atendió la línea jurisprudencial que indica que el solo
incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción14.

2.5.1.1. En relación con los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente se encuentra que la acción de tutela no cumple el requisito de
la relevancia constitucional, por los siguientes motivos:

A partir de los reproches manifestados por el accionante, la sala advierte
que lo pretendido por este es reabrir el debate sobre la valoración
probatoria y el análisis efectuado por la autoridad judicial acusada para
resolver la consulta de la sanción a él impuesta por el incumpliendo del
fallo emitido en el proceso protección de derechos e intereses colectivos
identificado con el radicado 68001-33-33-011-2018-00430-00/01/02 al 09.

Adicionalmente, tampoco resulta relevante constitucionalmente el
reproche relativo al presunto desconocimiento del precedente puesto que
el actor no cumplió con la carga argumentativa necesaria de identificar la
regla o subregla contenida en las sentencias invocadas, las cuales en todo

14 Citó las sentencias T-171 de 2009 y T-1113 de 2005. Así como, la sentencia del 22 de

abril de 2010, radicación número 73001-23-31-000-2001-03814-02.

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caso corresponden a providencias de tutela de la Corte Constitucional y la
del Consejo de Estado no guarda identidad fáctica con el asunto objeto de
demanda.

En tal sentido, es necesario destacar que la acción de tutela contra
providencias judiciales no debe considerarse como una tercera instancia
para traer a colación el análisis de la sentencia acusada, sino que es un
medio residual a través del cual se revalúan las decisiones que recaen en
la arbitrariedad, al sopesar los principios rectores de la autoridad judicial.

Por consiguiente, esta sala de decisión declarará improcedente la solicitud
de amparo de la referencia por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional frente al defecto fáctico y el desconocimiento del
precedente, toda vez que la parte accionante no desarrolló planteamientos
que permitan considerar, prima facie, que su caso amerita algún
pronunciamiento de orden constitucional.

2.5.1.2. No obstante, en relación con el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto se advierte que se acreditan los presupuestos generales
de procedencia, puesto que la acción de tutela fue promovida dentro de
los 6 meses siguientes a la ejecutoria de la providencia demandada, el de
subsidiariedad porque no cuenta con otro mecanismo de defensa y el de
la relevancia constitucional pues el asunto plantea una tensión entre la
autonomía judicial y el debido proceso del accionante.

Al respecto, la Corte Constitucional ha reconocido dos modalidades de
defecto procedimental: a) uno absoluto, que se presenta cuando el
operador judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecido, y b) por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando hay
una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los
hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales.

En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este se
configura «…cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica
objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las
normas procesales»15.

A su vez, debe indicarse que la jurisprudencia constitucional ha precisado
que, para que sea procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales por defecto procedimental, deberán concurrir los siguientes
elementos: (i) (Q)ue no haya posibilidad de corregir la irregularidad por
ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de
15 Corte Constitucional, sentencia T - 620 de 9 de septiembre de 2013.

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tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales16; (iii) que
la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo
que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del
caso específico17; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente
una vulneración a los derechos fundamentales (Sentencias SU-159 de
2002, C-590 de 2005 y T-737 de 2007)18.

Asimismo, la mencionada corte ha aclarado que en ningún caso el
desconocimiento del procedimiento que se arguye puede ser una
deficiencia atribuible al afectado19.

En relación con dicho defecto se observa que el demandante manifestó
que no se le notificó desde el requerimiento previo a la apertura formal del
incidente, sino con esta última, puesto que, estuvo integrado al trámite e
incluso presentó su informe de defensa, tal y como se puede observar en
la providencia consultada, a saber:

2. INFORMES RECIBIDOS CON OCASIÓN A LA APERTURA DEL
OCTAVO INCIDENTE DE DESACATO.

…

2.3. Cristian Fernando Portilla Pérez en Condición de Alcalde de
Bucaramanga (Archivo 399): cuestiona la procedencia del incidente, al
señalar que su apertura se fundamentó en un derecho de petición
presentado por un tercero, cuyo objeto real era solicitar autorización judicial
para construir una “tarabita” artesanal y no denunciar un incumplimiento del
fallo. Asimismo, aclara que, conforme a los actos de delegación
administrativa vigentes, el cumplimiento de los fallos judiciales recae
funcionalmente en las secretarías competentes y no de manera directa en
el despacho del alcalde. Expone que las razones invocadas para iniciar el
nuevo incidente ya fueron plenamente analizadas por el Tribunal
Administrativo de Santander en el séptimo incidente de desacato, en el cual
se revocó la sanción impuesta al concluir que no existió dolo ni culpa grave.
Destaca que el municipio ha cumplido los tres primeros componentes del
fallo: la consultoría técnica que determinó la necesidad de un nuevo puente,
la demolición de la estructura antigua y la apropiación presupuestal del
proyecto, el cual se encuentra inscrito en el banco de proyectos y listo para
su ejecución. La imposibilidad de avanzar en la fase constructiva obedece
exclusivamente a la gestión predial pendiente.

16 Ibidem
17 Sentencia C-590 de 2005
18 Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009.
19 Al respecto, ver las Sentencias T-538 de 1994, SU-478 de 1997, T-654 de 1998 y T-

781 de 2011, entre otras.

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Finalmente, detalla que la liberación de los predios necesarios para los
accesos y estribos del puente depende del Instituto de Vivienda de
Bucaramanga (INVISBU), propietario del terreno actualmente ocupado de
forma irregular. Describe las múltiples actuaciones administrativas, policivas
y judiciales adelantadas para la restitución del bien público, así como otras
gestiones complementarias y alternativas exploradas por la administración
municipal. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional y
administrativa, sostiene que no se configura el elemento subjetivo del
desacato y solicita al despacho abstenerse de imponer sanciones, o en su
defecto, suspender el trámite hasta que finalice la gestión predial en curso.

De modo que, en lo atinente al anterior defecto se observa que el
accionante cumplió con la carga argumentativa de explicar de qué manera
puntual la presunta irregularidad procesal tuvo la incidencia determinante
en la afectación de su derecho de defensa o que pudiera limitar su
actuación en el trámite incidental.

A su vez, se observa que el actor resaltó que resulta jurídicamente
«problemático» declarar negligente a un alcalde que lleva menos de tres
meses en el cargo frente a una obra de ejecución estructural compleja.
Por lo que, consideró que ha sido diligente y el retraso de la obra obedece
a factores externos ajenos a su voluntad.

En lo particular, se advierte que el tribunal analizó la conducta personal del
accionante e indicó que a pesar de las dificultades alegadas fue negligente
al no mostrar avances en licencias ambientales ni implementar medidas
de seguridad provisionales para la comunidad.

Esto, para justificar la configuración también del elemento subjetivo y
sancionarlo, a partir de la evaluación de la persistencia en el
incumplimiento institucional que generó una carga de diligencia mayor en
el alcalde de turno, el cual no demostró gestiones positivas suficientes
para neutralizar el riesgo de la comunidad. En efecto, en la providencia del
tribunal se indicó:

En segundo lugar, en relación con el componente subjetivo, el Despacho
concluyó que la conducta de los incidentados no fue diligente, en la medida
en que, si bien adelantaron algunas gestiones administrativas, estas no se
tradujeron en resultados concretos ni en el cumplimiento efectivo de la
orden judicial. Adicionalmente, se resaltó que no se adoptaron medidas
provisionales idóneas para mitigar los riesgos existentes ni para garantizar
condiciones mínimas de tránsito seguro a la comunidad, lo cual denota una
omisión relevante en el ejercicio de sus funciones.

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Asimismo, el juez consideró que las justificaciones ofrecidas por las
entidades, particularmente las relacionadas con la gestión predial, no
constituyen una causa suficiente para exonerar de responsabilidad, toda
vez que no explican la ausencia de medidas alternativas ni la prolongación
del incumplimiento, ni desvirtúan la falta de diligencia exigible frente a una
orden judicial vigente y de obligatorio acatamiento.

De igual forma, destacó que el incumplimiento ha sido reiterado en el
tiempo, al tratarse del octavo incidente de desacato, sin que se haya
logrado la satisfacción del fallo, lo que evidencia una persistente
inobservancia de la decisión judicial y una afectación continua a los
derechos colectivos protegidos.

En consecuencia, el Despacho concluyó que concurren tanto el elemento
objetivo (incumplimiento del fallo) como el subjetivo (negligencia de los
funcionarios), configurándose así un incumplimiento injustificado de la
orden judicial...

No obstante, se precisa que el tribunal demandado no hizo alusión al
hecho de que el actor llevaba menos de tres meses en el cargo frente a
una obra de ejecución estructural compleja derivada del fallo colectivo
para que realizara las apropiaciones presupuestales correspondientes,
iniciara los procesos de contratación y realizara las obras necesarias
tendientes a la adecuación, restructuración o construcción de la obra.

En efecto, se encuentra que el actor inició su período como alcalde de
Bucaramanga el 16 de diciembre de 202520, el auto de apertura de
incidente de desacato objeto de demanda se emitió el 19 de enero de
2026 y se le sancionó con proveído del 17 de marzo del mismo año; de
modo que era muy poco el tiempo con el que contaba para asumir el cabal
acatamiento del fallo del 16 de junio de 2021, dictado en el medio de
control de defensa de derechos e intereses colectivos identificado con el
radicado 68001-33-33-011-2018-00430-00.

Así las cosas, se considera que el tribunal demandado incurrió en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto puesto que para
calificar la conducta del actor como negligente y que así se tuviera por
configurado el elemento subjetivo, debía atender a las circunstancias
particulares y concretas en las que luego de asumir el cargo como alcalde
debía cumplir por la orden expresa, incluso si ello comprendía la adopción
de medidas provisionales tendientes al cabal acatamiento del fallo del 16
de junio de 2021, que confirmó la decisión de primera instancia.

20Según consta en la credencial E-27 del 14 de diciembre de 2025 expedida por la
Registraduría Nacional del Estado Civil y acta de posesión según escritura pública 6341
del 16 de diciembre de 2025 de la Notaría Séptima del Círculo de Bucaramanga.

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En consecuencia, se accederá al amparo del derecho fundamental al
debido proceso del actor quien fue sancionado con las providencias del 17
y 20 de marzo de 2026 en el medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos identificado con el radicado 68001-33-33-011-2018-
00430-00/01/02 al 09, en calidad de alcalde Bucaramanga, con multa
equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente con destino al
Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.

Por tanto, se dejarán sin efectos los mencionados proveídos para que se
estudie el elemento subjetivo de acuerdo con la fecha de posesión del
actor como alcalde de Bucaramanga y las actividades que él ha realizado
desde ese momento de manera personal para el cumplimiento de la orden
emitida en dicho proceso.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ordenará al Juzgado Once
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga que, en el término de
diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta sentencia,
profiera una providencia de reemplazo, teniendo en cuenta lo expuesto en
la parte motiva de esta decisión.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida
por el señor Cristian Fernando Portilla Pérez, como persona natural y en
calidad de alcalde de Bucaramanga, a través de apoderada judicial, por
no cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional respecto de los
defectos fáctico y desconocimiento del precedente.

SEGUNDO: Amparar el derecho fundamental al debido proceso del señor
Cristian Fernando Portilla, debido a la configuración del defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto invocado en la demanda de
tutela.

En consecuencia, se dejan sin efectos los del 17 y 20 de marzo de 2026
proferidos en el medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos identificado con el radicado 68001-33-33-011-2018-00430-
00/01/02 al 09, en su orden, por el Juzgado Once Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de
Santander.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02508-00

TERCERO: Ordenar al Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial
de Bucaramanga que, dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, profiera la providencia de reemplazo con
fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

CUARTO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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