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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02509-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02509-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 15 de mayo de 2026, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela promovida por María Oliva Álvarez León. En su lugar, NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02509-01

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02509-01
Accionante: MARÍA OLIVA ÁLVAREZ LEÓN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Sentencia de segunda
instancia / Improcedencia por falta de relevancia constitucional / Defecto fáctico por
indebida valoración probatoria / Inconformidad con la valoración probatoria.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I.SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. La Sala revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, negará el amparo
solicitado. Contrario a lo considerado en primera instancia, los cuestionamientos
formulados por María Oliva Álvarez León superan el requisito de relevancia
constitucional, pues identifican medios de prueba concretos cuya valoración incidía
en la determinación de la convivencia con el causante y plantean un reproche
específico relacionado con la perspectiva de género.

2. Sin embargo, examinados los cargos, la Sala no advierte un defecto fáctico con
relevancia constitucional. Las declaraciones rendidas el 9 de marzo de 2011
acreditaban la convivencia de la pareja para ese momento, pero no demostraban
su continuidad hasta el fallecimiento ocurrido el 8 de junio siguiente, ni resultan
necesariamente incompatibles con el testimonio posterior que ubicó el
distanciamiento aproximadamente tres o cuatro meses antes del deceso. Los
demás cuestionamientos tampoco evidencian una valoración probatoria
ostensiblemente irrazonable ni permiten establecer que el Tribunal hubiera
desconocido un contexto de violencia acreditado en el proceso.

II.ANTECEDENTES

2.1. La demanda

3. La señora María Oliva Álvarez León, a través de apoderado judicial, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por la
vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la
seguridad social y de acceso a la administración de justicia, que atribuyó a la
sentencia del 30 de septiembre de 2025, proferida en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76111-33-33-002-2018-00138-00-011.

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Índice 002 de Samai. Expediente de primera instancia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02509-01
Accionante: María Oliva Álvarez León

2.2. Hechos relevantes

4. Los señores Marleny Osorio de Aguirre y Esaú Aguirre Molina contrajeron
matrimonio el 1 de enero de 1962. De esa unión nacieron cinco hijos. Convivieron
durante aproximadamente 37 años, hasta 1999, cuando el señor Esaú Aguirre
Molina dejó el hogar conyugal. El vínculo matrimonial y la sociedad conyugal
permanecieron vigentes hasta el fallecimiento del causante.

5. Posteriormente, el señor Esaú Aguirre Molina sostuvo una relación con María
Oliva Álvarez León. La relación inició en 1994 y comenzaron a vivir juntos en febrero
de 1995.

6. En la Resolución 2208 del 14 de marzo de 2003, el Instituto de Seguros Sociales
reconoció al señor Esaú Aguirre Molina una pensión a partir del 1 de febrero de ese
año, con fundamento en la Ley 33 de 1985.

7. El señor Esaú Aguirre Molina falleció el 8 de junio de 2011. Con ocasión de su
fallecimiento, Marleny Osorio de Aguirre, en calidad de cónyuge, y María Oliva
Álvarez León, como compañera permanente, solicitaron el reconocimiento de la
sustitución pensional.

8. Colpensiones negó la prestación a ambas solicitantes en la Resolución GNR
124414 del 6 de junio de 20132, porque consideró que no era posible establecer con
claridad el tiempo de convivencia de cada una con el causante. Esa decisión se
confirmó en las Resoluciones GNR 265536 del 23 de julio de 2014 y VPB 2223 del
20 de enero de 2015.

9. La señora Marleny Osorio de Aguirre promovió proceso ordinario laboral contra
Colpensiones para obtener el reconocimiento de la sustitución pensional. En ese
trámite se vinculó a María Oliva Álvarez León como litisconsorte necesaria. El 21 de
agosto de 2016, durante el proceso, falleció la señora Marleny Osorio de Aguirre, y
se reconocieron como sucesores procesales sus hijos Jairo Aguirre Osorio y Sulay
Aguirre Osorio.

10. En la sentencia del 26 de mayo de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo de
Guadalajara de Buga negó las pretensiones de la demanda. Consideró que no
acreditaron la convivencia con el causante durante los cinco años anteriores a su
fallecimiento. Los sucesores procesales de Marleny Osorio de Aguirre y María Oliva
Álvarez presentaron recurso de apelación.

11. En sentencia del 30 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca revocó parcialmente la decisión de primera instancia. Reconoció a la
sucesión de Marleny Osorio de Aguirre la sustitución pensional, al considerar que
acreditó al menos cinco años de convivencia con el causante en cualquier tiempo y
mantenía vigente la sociedad conyugal. En cambio, confirmó la negativa respecto
de María Oliva Álvarez León, porque, aunque convivió con Esaú Aguirre Molina
durante varios años, encontró probado que la pareja se separó aproximadamente
tres o cuatro meses antes de su fallecimiento.

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Índice 019 de Samai. Expediente de primera instancia. Expediente OneDrive “002Anexos.pdf”. P. 1 - 3.

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Accionante: María Oliva Álvarez León

2.3. Pretensiones

12. La accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, a la seguridad social y al acceso a la administración de justicia. En
consecuencia, que se deje sin efectos el numeral segundo de la sentencia del 30
de septiembre de 2025 y se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
proferir una sentencia de reemplazo en la que valorara integralmente las pruebas
relacionadas con su convivencia con Esaú Aguirre Molina, con enfoque diferencial
de género y, de ser necesario, decretar pruebas de oficio.

2.4. Fundamentos de la tutela

13. La accionante sostuvo que la sentencia del 30 de septiembre de 2025 incurrió
en defecto fáctico por omisión e indebida valoración probatoria. El Tribunal no tuvo
en cuenta unas declaraciones rendidas antes del fallecimiento de Esaú Aguirre
Molina ni el certificado de afiliación al sistema de seguridad social en salud,
elementos que, en su criterio, demostraban que continuaba integrada al núcleo
familiar del causante.

14. También cuestionó el alcance otorgado al testimonio de Nubia Rosero Molina.
Señaló que la declarante se refirió a un «simple distanciamiento» entre la pareja y
no a una separación definitiva, por lo que el Tribunal no podía concluir, a partir de
esa declaración, que la convivencia hubiera terminado tres o cuatro meses antes
del fallecimiento.

15. El Tribunal omitió valorar la intervención de los hijos del causante en la relación
y las circunstancias que rodearon el distanciamiento. En particular, no se indagaron
las razones por las que la accionante dejó temporalmente el hogar ni se consideró
que los hijos del señor Aguirre Molina le habrían impedido asistir a sus honras
fúnebres.

16. Por último, el asunto debía resolverse con perspectiva de género porque el
distanciamiento ocurrió en un contexto de violencia psicológica y dependencia
económica, por lo que el Tribunal debía flexibilizar la valoración probatoria y, de ser
necesario, decretar pruebas de oficio para esclarecer el motivo de la separación.

2.5. Trámite impartido

17. En auto del 7 de abril de 20263, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y vinculó al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Guadalajara de Buga, así como a Sulay Aguirre Osorio y Jairo Aguirre Osorio, en
calidad de sucesores procesales de Marleny Osorio de Aguirre.

18. Ordenó al Juzgado Segundo Administrativo de Guadalajara de Buga remitir el
expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
76111-33-33-002-2018-00138-00-01.

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Accionante: María Oliva Álvarez León

2.6. Intervenciones

19. Jairo Aguirre Osorio y Sulay Aguirre Osorio4, sucesores procesales de
Marleny Osorio de Aguirre, se opusieron a la solicitud de amparo. La sentencia del
30 de septiembre de 2025 se ajustó a derecho, pues el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca valoró las pruebas documentales y testimoniales practicadas en el
proceso y concluyó que María Oliva Álvarez León no acreditó la convivencia con
Esaú Aguirre Molina durante los cinco años inmediatamente anteriores a su
fallecimiento, debido a que la pareja se había separado aproximadamente tres o
cuatro meses antes.

20. El Juzgado Segundo Administrativo de Guadalajara de Buga5 solicitó
declarar improcedente la acción respecto de ese despacho por falta de legitimación
en la causa por pasiva. La accionante no formuló ningún cargo contra la sentencia
del 26 de mayo de 2022 y sus cuestionamientos recaen exclusivamente sobre la
valoración probatoria hecha por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la
providencia de segunda instancia. Sostuvo que no se cumplió el requisito de
inmediatez, porque la sentencia cuestionada se profirió el 30 de septiembre de
2025.

2.7. Sentencia de primera instancia

21. En sentencia del 15 de mayo de 20266, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, declaró improcedente la solicitud de tutela por falta de
relevancia constitucional. Los cargos estaban dirigidos a obtener una nueva
valoración del material probatorio examinado dentro del proceso ordinario y, por esa
vía, convertir la tutela en una instancia adicional.

22. El Tribunal estudió los medios de convicción relacionados con las condiciones
exigidas para la sustitución pensional y expuso porque concluyó que la convivencia
entre María Oliva Álvarez León y el causante se había interrumpido antes de su
muerte. Además, la autoridad accionada se pronunció sobre la solicitud de aplicar
perspectiva de género y explicó por qué no la encontró acreditada en el caso.

2.8. Impugnación

23. La accionante impugnó. Solicitó conceder el recurso y manifestó que se
reservaba el derecho de presentar la sustentación ante el superior, sin formular
reparos concretos contra la decisión de primera instancia.

III.CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

24. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación,
conforme a los artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991,

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Índice 021 de Samai. Expediente de primera instancia.
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Accionante: María Oliva Álvarez León

concordantes con el Acuerdo 080 de 2019, en el que se expidió el reglamento
interno de esta corporación.

3.2. Problema Jurídico y metodología de la decisión

25. Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse la sentencia que declaró
improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional o si los
cuestionamientos formulados por María Oliva Álvarez León respecto de la
valoración de las pruebas sobre su convivencia con Esaú Aguirre Molina plantean
una controversia de naturaleza constitucional que habilite el estudio de los defectos
atribuidos a la sentencia del 30 de septiembre de 2025.

26. Para resolverlo, la Sala examinará, en primer lugar, el requisito de relevancia
constitucional. De encontrarlo satisfecho, determinará si el Tribunal incurrió en
defecto fáctico por la falta de valoración de las declaraciones del 9 de marzo de
2011 y del certificado de afiliación al sistema de seguridad social en salud, por el
alcance otorgado al testimonio de Nubia Rosero Molina o por la falta de decreto de
pruebas de oficio. Finalmente, analizará el cuestionamiento relacionado con la
perspectiva de género.

3.3. Marco normativo

3.3.1. Acción de tutela contra providencias judiciales: relevancia
constitucional, defecto fáctico y perspectiva de género

27. La acción de tutela contra providencias judiciales procede de forma excepcional.
La Corte Constitucional sistematizó en la Sentencia C-590 de 2005 los requisitos
generales que habilitan su estudio: que la cuestión discutida tenga relevancia
constitucional, que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial, que se cumpla el requisito de inmediatez, que exista legitimación
en la causa, que la irregularidad procesal alegada tenga incidencia determinante en
la decisión, que la parte identifique razonablemente los hechos que generaron la
vulneración y los derechos afectados, y que no se trate de una sentencia de tutela7.

28. La relevancia constitucional no se satisface con la sola invocación de derechos
fundamentales ni con la denominación formal de alguno de los defectos específicos
de procedencia. La tutela contra providencias judiciales constituye un juicio de
validez constitucional y no de corrección de la decisión cuestionada, por lo que no
puede utilizarse como una instancia adicional para discutir asuntos probatorios o de
interpretación legal resueltos por el juez natural8.

29. La Corte Constitucional señaló que este requisito cumple tres finalidades:
preservar la competencia e independencia de los jueces de las jurisdicciones
distintas a la constitucional, restringir la tutela a controversias vinculadas con la
afectación de derechos fundamentales e impedir que el amparo se convierta en un
recurso adicional para controvertir decisiones judiciales9.

7
Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, y T-352 de 2025, M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.
8
Corte Constitucional. Sentencia T-352 de 2025, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
9
Ibidem.

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30. En ese sentido, la acción carece de relevancia constitucional cuando pretende
reabrir un debate legal o probatorio ya resuelto por el juez natural y no demuestra
que la providencia cuestionada se funde en una actuación ostensiblemente
arbitraria o ilegítima que comprometa derechos fundamentales10.

31. Por tanto, el juez de tutela debe establecer si los cuestionamientos plantean una
verdadera controversia constitucional o si expresan una inconformidad con la
decisión adoptada. La pretensión de obtener una nueva valoración de las pruebas
o de sustituir por otra la interpretación acogida por el juez natural no supera, por sí
misma, el requisito de relevancia constitucional11.

32. Superados los requisitos generales, corresponde examinar si la providencia
incurrió en alguno de los defectos específicos que habilitan la intervención del juez
constitucional. En materia probatoria, el defecto fáctico puede configurarse por dos
vías: una positiva, cuando la valoración de la prueba resulta por completo
equivocada a la luz de la sana crítica o la decisión se funda en un medio no apto
para demostrar el hecho; y una negativa, cuando se omite valorar una prueba
determinante o decretar una prueba esencial pese a existir el deber oficioso de
practicarla12.

33. La configuración del defecto fáctico exige que la irregularidad probatoria tenga
incidencia sustancial en la decisión. Por ello, no toda omisión de un medio de
convicción ni cualquier desacuerdo sobre su mérito habilita el amparo; la
intervención constitucional procede cuando el error probatorio trasciende el ámbito
de la autonomía judicial y compromete el debido proceso13.

34. De otro lado, cuando se alegan circunstancias de violencia o discriminación
contra la mujer, la perspectiva de género exige una valoración integral y contextual
de los hechos y las pruebas, libre de estereotipos. Su aplicación no implica decidir
automáticamente en favor de la mujer, sino identificar posibles asimetrías y adoptar
la decisión con fundamento en criterios objetivos, razonables y constitucionalmente
válidos14.

3.4. Caso concreto

35. El escrito de tutela no contiene una manifestación genérica de desacuerdo con
la decisión judicial. La accionante identificó las declaraciones rendidas el 9 de marzo
de 2011 por Luz Mary Castaño de Aguirre y Nubia Rosero de Molina, el certificado
de afiliación al sistema de seguridad social en salud y el testimonio posterior de esta
última. Además, explicó el alcance que debía atribuirse a esos elementos y formuló
un cuestionamiento relacionado con las circunstancias del distanciamiento y la
aplicación de la perspectiva de género.

36. Esos planteamientos son suficientes para superar el requisito de relevancia
constitucional. La situación presenta, en este aspecto, similitud con la examinada

10
Ibidem.
11
Corte Constitucional. Sentencias SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo, y T-352 de 2025, M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-147 de 2026. La Corte precisó que la dimensión positiva comprende la
valoración completamente equivocada conforme a la sana crítica o el fundamento en prueba no apta, y la
negativa, la omisión de una prueba determinante o de una prueba esencial que debía decretarse de oficio.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-147 de 2026.
14
Corte Constitucional. Sentencia T-193 de 2026.

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Accionante: María Oliva Álvarez León

en la Sentencia SU-056 de 2025, en la que la Corte consideró constitucionalmente
relevantes reproches específicos sobre la valoración de testimonios, declaraciones
extraprocesales y documentos de afiliación al sistema de seguridad social dentro de
una controversia sobre sustitución pensional. Esta referencia no determina la
solución del caso, pues los hechos y las pruebas de ambos procesos son diferentes;
únicamente permite establecer que los reparos formulados ameritan un examen
material y no pueden descartarse, desde el inicio, como una solicitud de tercera
instancia.

37. Los demás requisitos generales de procedencia también se encuentran
satisfechos. María Oliva Álvarez León está legitimada por activa, pues intervino
como litisconsorte necesaria en el proceso ordinario y resulta directamente afectada
por la sentencia cuestionada. A su vez, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca está legitimado por pasiva, en cuanto profirió la providencia a la que se
atribuye la vulneración.

38. En cuanto a la subsidiariedad, la accionante interpuso recurso de apelación
contra la sentencia del 26 de mayo de 2022 y la providencia cuestionada resolvió
ese recurso, sin que se advierta, frente a los reparos formulados, otro mecanismo
judicial idóneo y eficaz pendiente de agotamiento. La acción también satisface la
inmediatez, pues la sentencia cuestionada se profirió el 30 de septiembre de 2025,
se notificó el 3 de octubre de 2025 y la tutela se presentó el 27 de marzo de 2026.

39. Superados los requisitos generales de procedencia, la Sala analizará
inicialmente la supuesta omisión de las declaraciones del 9 de marzo de 2011. La
accionante sostiene que esas pruebas demostraban que la convivencia con Esaú
Aguirre Molina permaneció vigente hasta su fallecimiento y que, por ello,
desvirtuaban la conclusión acogida por el Tribunal.

40. La revisión de esas declaraciones permite establecer que Luz Mary Castaño de
Aguirre manifestó que María Oliva Álvarez León había convivido con Esaú Aguirre
Molina durante aproximadamente quince o dieciséis años y afirmó que para ese
momento vivían juntos y «nunca se han separado». Nubia Rosero de Molina, por su
parte, señaló igualmente que la pareja «actualmente conviven juntos» y que «nunca
se han separado». Ambas declarantes hicieron referencia, además, a la
dependencia económica de María Oliva respecto del causante15. La diligencia se
practicó el 9 de marzo de 2011.

41. El señor Esaú Aguirre Molina falleció el 8 de junio de 2011. Por tanto, las
declaraciones referidas fueron rendidas aproximadamente tres meses antes de su
muerte. Sin embargo, su contenido permite acreditar la convivencia existente para
el 9 de marzo de 2011, pero no establece qué ocurrió durante el período posterior
comprendido entre esa fecha y el fallecimiento.

42. Esta precisión es relevante porque el Tribunal fundamentó la negativa de la
prestación en el testimonio posterior de Nubia Rosero Molina, quien manifestó que
María Oliva Álvarez León había dejado el hogar unos tres o cuatro meses antes de
la muerte debido a que Esaú Aguirre Molina se encontraba «insoportable». La
testigo agregó que para el momento del fallecimiento aquel estaba al cuidado de un
familiar y calificó la situación de la pareja como un «simple distanciamiento».
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Índice 019 de Samai. Expediente de primera instancia. Expediente OneDrive “007ActuacionJuzgadoLaboral.pdf”. P. 30 -
34.

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43. Aunque existe proximidad temporal entre ambas declaraciones de Nubia Rosero
Molina, no son necesariamente incompatibles. La referencia posterior a «unos tres
o cuatro meses» no fijó una fecha cierta de inicio del distanciamiento, mientras que
la declaración del 9 de marzo únicamente da cuenta de la situación que la testigo
percibía para ese momento. En consecuencia, de esta última no puede inferirse que
la convivencia permaneciera necesariamente inalterada hasta el 8 de junio de 2011.

44. Por ello, aunque en la sentencia cuestionada no se advierte una referencia
expresa a las declaraciones del 9 de marzo de 2011, su falta de mención no permite
establecer un defecto fáctico en dimensión negativa. Esos elementos eran
pertinentes para acreditar la existencia y prolongación de la relación, e incluso la
convivencia para la fecha en que fueron rendidos, pero no demostraban por sí
mismos el hecho determinante objeto de controversia: que la comunidad de vida
hubiese continuado hasta el fallecimiento.

45. Llegar a una conclusión diferente exigiría que el juez de tutela extendiera el
alcance temporal de esas declaraciones a hechos posteriores que las testigos no
describieron. Ese ejercicio desbordaría el control excepcional propio del defecto
fáctico, pues la jurisprudencia exige que la prueba omitida sea determinante y que
su ausencia tenga incidencia sustancial en la decisión, no simplemente que pudiera
incorporarse a una valoración alternativa del acervo16.

46. El certificado expedido el 14 de julio de 2011 tampoco conduce a una conclusión
diferente. El documento registraba a María Oliva Álvarez León como beneficiaria de
Esaú Aguirre Molina, en calidad de compañera permanente, para efectos del
sistema de seguridad social en salud. La tutela pretende inferir de esa circunstancia
que la integración del núcleo familiar permaneció hasta el fallecimiento.

47. Sin embargo, la condición administrativa de beneficiaria no demuestra, por sí
misma, la convivencia material de la pareja hasta el 8 de junio de 2011. El
documento constituye un elemento relacionado con la existencia del vínculo y la
dependencia de la accionante, pero atribuirle capacidad suficiente para demostrar
la continuidad de la convivencia supondría adoptar precisamente la inferencia
probatoria propuesta en la tutela, sin que esta se desprenda necesariamente de su
contenido.

48. Tampoco se configura un defecto fáctico por el alcance que el Tribunal otorgó
al testimonio posterior de Nubia Rosero Molina. La accionante considera que la
expresión «simple distanciamiento» impedía tener por terminada la comunidad de
vida. Sin embargo, el Tribunal conoció esa expresión y, aun así, concluyó que existió
una separación material durante los meses anteriores al fallecimiento.

49. La posibilidad de asignar a ese testimonio una interpretación diferente no
demuestra que la escogida por el juez natural sea manifiestamente irrazonable o
contraevidente. La propia apelación ordinaria reconoció que María Oliva Álvarez
León se encontraba distanciada del causante al momento del deceso y sostuvo que
aquella situación debía entenderse como temporal o justificada. De este modo, la
controversia en este punto recae sobre las consecuencias que debían atribuirse a
ese distanciamiento y no sobre la inexistencia absoluta de respaldo probatorio para
la conclusión judicial.

16
Corte Constitucional. Sentencia T-147 de 2026, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02509-01
Accionante: María Oliva Álvarez León

50. Igual conclusión se impone respecto de la supuesta interferencia de los hijos del
causante. El Tribunal valoró la declaración de Gloria Vélez Naranjo y consideró que
el hecho de que no se permitiera a María Oliva Álvarez León asistir a las honras
fúnebres no demostraba que aquellos hubieran provocado o impedido la
continuidad de la convivencia. La tutela controvierte esa inferencia, pero no
evidencia una valoración ostensiblemente contraria a la sana crítica.

51. De otro lado, la accionante sí formuló un cuestionamiento relacionado con la
perspectiva de género: sostuvo que el distanciamiento ocurrió en un contexto de
violencia psicológica y dependencia económica, que la expresión «insoportable»
debía valorarse desde esa perspectiva y que existió un trato diferenciado frente a la
cónyuge sobreviviente. Por ello, el reparo sí tenía desarrollo argumentativo.

52. Sin embargo, el Tribunal examinó ese planteamiento y señaló que no se indagó
qué significaba que el causante estuviera «insoportable», que María Oliva Álvarez
León afirmó haber convivido con él hasta su fallecimiento sin referir hechos de
violencia y que la explicación sobre una eventual violencia psicológica surgió con la
apelación. Aunque el expediente acredita dependencia económica, esa
circunstancia no demuestra por sí sola violencia económica, ni la expresión
«insoportable», sin otros elementos, permite tener por acreditada una situación de
violencia.

53. Esta conclusión no desconoce el deber de administrar justicia con perspectiva
de género. La Corte Constitucional ha precisado que dicha perspectiva exige valorar
los hechos y las pruebas sin estereotipos, pero no supone adoptar automáticamente
una decisión favorable a la mujer ni permite presumir la existencia de violencia por
su sola alegación17. En el caso, la tutela propone que se atribuya a la expresión
«insoportable» un significado específico que no se desarrolló probatoriamente en el
proceso.

54. Tampoco se advierte que la diferencia entre el análisis efectuado respecto de
Marleny Osorio de Aguirre y María Oliva Álvarez León revele, por sí misma, un
estereotipo de género. El Tribunal partió de situaciones jurídicas distintas y frente a
la compañera permanente, examinó si la convivencia se mantuvo durante el período
exigido o si existió una circunstancia que justificara su interrupción. En ese contexto,
la manera en que se fueron examinados esos aspectos obedeció a los presupuestos
jurídicos que la propia sentencia estimó aplicables a cada reclamante y no
demuestra, sin otros elementos, que se hubiera utilizado una regla probatoria
discriminatoria.

55. Por último, el cuestionamiento sobre el decreto de pruebas de oficio tampoco
configura un defecto fáctico. La accionante sostuvo que, ante la duda sobre las
circunstancias del distanciamiento, el Tribunal debía ampliar la actividad probatoria.
Sin embargo, no individualizó un medio de convicción concreto cuya práctica
hubiera sido indispensable para resolver la controversia ni explicó qué hecho
específico podía establecerse con esa prueba.

56. En suma, los cuestionamientos formulados por María Oliva Álvarez León sí
plantean una controversia con relevancia constitucional y, por tanto, debieron ser
examinados materialmente. Sin embargo, el estudio de los cargos no permite

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Corte Constitucional, Sentencia T-193 de 2026, M.P. Lina Marcela Escobar Martínez, párr. 202.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02509-01
Accionante: María Oliva Álvarez León

establecer que la sentencia del 30 de septiembre de 2025 se hubiera fundado en
una valoración probatoria ostensiblemente arbitraria, irrazonable o contraevidente,
ni que se hubiera omitido una prueba con carácter determinante.

57. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia impugnada, y, en su lugar,
negará el amparo solicitado al no encontrarse acreditada el defecto alegado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 15 de mayo de 2026, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela promovida por María Oliva Álvarez León. En su
lugar, NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
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