Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02512-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02512-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02512-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
30 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Treinta (30) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-02512-011
Accionante : Jesús Gabriel Martínez Álvarez
Accionado : Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Vinculados : Tribunal Administrativo de Boyacá y Juzgado Sexto (6)
Administrativo de Tunja
Acción : Tutela (impugnación)
Tema : Mora judicial
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante contra el fallo
del Siete (7) de Mayo de Dos Mil veintiséis (2026) proferido por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A2, que declaró parcialmente improcedente
la tutela y declaró la carencia actual de objeto por hecho superado en el trámite de
la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la
procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda
en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela
2. El señor Jesús Gabriel Martínez Álvarez, quien actúa en nombre propio, interpuso
el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
C. P. Juan Camilo Morales Trujillo.
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Accionante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
fundamentales a la dignidad humana, igualdad, libertad, personalidad jurídica,
honra, petición, trabajo, profesión u oficio, debido proceso y acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B.
3. Por consiguiente, solicitó:
1. Ordene al Accionado DICTAR fallo de Tutela del asunto en referencia.
2. Ordene al Accionado remitir a la dirección de notificaciones del peticionario, copia
integra del Fallo, que resuelve de fondo el asunto de la Tutela en referencia. Una
vez sea proferido.
3. Ordene el reconocimiento de las pretensiones, principalmente las dirigidas a que se
remita a la dirección de notificaciones del solicitante de amparo, copia integra del
expediente digital del proceso en referencia Rad. 15001333300620250001400,
incluida la grabación audiovisual de la Audiencia de Declaración del Accionante,
realizada el día martes cuatro (04) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
4. Vincule a la Fiscalía General de la Nación para que informe si durante el trámite de
acción fue puesta en conocimiento de los presuntos y probados delitos que se
denunciaron e identificaron; y para que indique cual fue su obrar al respecto.
5. Compulse copias del proceso a la Fiscalía General de la Nación, por hechos
indiciarios y probados de fraude a resolución judicial, omisión de denuncia de
servidor público, prevaricato, ocultamiento alteración de materiales probatorios.
[…]
1.3 Hechos3
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por el
accionante, se puede evidenciar que, el señor Jesús Gabriel Martínez Álvarez
presentó acción de tutela el Veintiséis (26) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026),
contra el Juzgado Sexto (6) Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de
Boyacá. El conocimiento del asunto, correspondió a la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado 4, autoridad que la admitió el Dos (2) de Marzo de
Dos Mil Veintiséis (2026).
5. Según el actor, ese mecanismo constitucional tenía como propósito obtener la
protección de sus derechos fundamentales de petición, acceso a la información,
acceso a la administración de justicia y debido proceso. Lo anterior, con el fin de
lograr copia íntegra del expediente de tutela núm. 15001-33-33-006-2025-00014-
005, incluida la grabación de una audiencia realizada el Cuatro (4) de Febrero de
3
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 3.
4
Proceso núm. 11001-03-15-000-2026-01543-00.
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Tramitado ante el Juzgado Sexto (6) Administrativo de Tunja.
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Dos Mil Veinticinco (2025), la cual, en su criterio, le había sido negada de manera
reiterada.
6. Indicó que, para el Trece (13) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), habían
transcurrido más de diez (10) días desde la presentación de la acción de tutela
objeto de controversia, sin que se hubiera proferido la decisión correspondiente.
Asimismo, señaló que, en la plataforma SAMAI solo era visible el auto admisorio,
sin que se pudieran consultar los informes rendidos por las autoridades
accionadas ni las demás actuaciones del expediente.
7. Por lo anterior, el Diecinueve (19) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), el señor
Martínez Álvarez presentó petición ante el Consejo de Estado, con el fin de obtener
el fallo, bajo el argumento que el término para resolver la acción constitucional ya
se encontraba vencido.
8. Mediante Oficio núm. CGQ-1678 del Veinticuatro (24) de Marzo de Dos Mil
Veintiséis (2026), la Secretaría General del Consejo de Estado informó al tutelante
que, una vez verificado el proceso en el sistema de gestión judicial, no se
evidenciaba registro de fallo, por lo que su escrito fue incorporado al expediente
para conocimiento del Despacho ponente. Por lo anterior, sostuvo que, con la
anterior comunicación se confirmaba el incumplimiento del plazo para dictar
sentencia dentro de la acción de tutela tramitada ante la autoridad judicial
accionada.
1.4 Contestación de la acción
9. 1.4.1 La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado 6 solicitó
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, al estimar que, el proyecto
de decisión de la acción de tutela núm. 11001-03-15-000-2026-01543-00 fue
incluido en el orden del día de la Sala del Quince (15) de Abril de Dos Mil Veintiséis
(2026). Además, informó que, el expediente se encontraba en trámite de firmas,
etapa propia de adopción y formalización de la providencia respectiva.
6
Índice 11 de SAMAI del expediente de primera instancia.
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10. En ese sentido, sostuvo que, la situación que dio origen a la solicitud de amparo
había sido superada, pues, la actuación judicial cuya presunta mora alegaba el actor
ya se encontraba en fase de decisión. Por lo anterior, indicó que, no existía una
vulneración actual, cierta y efectiva de derechos fundamentales que hiciera
necesaria la intervención del juez constitucional.
11. 1.4.2 El Juzgado Sexto (6) Administrativo de Tunja7 manifestó que, no vulneró
los derechos fundamentales invocados por el actor, toda vez que, las solicitudes
relacionadas con la copia íntegra del expediente de tutela núm. 15001-33-33-006-
2025-00014-00 y el registro audiovisual de la audiencia celebrada el Cuatro (4) de
Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025) fueron atendidas de fondo y dentro de los
términos legales. Además, se le explicó la forma de consultar el proceso y se le
remitió el enlace de acceso a la audiencia requerida.
12. Finalmente, precisó que, la falta de visibilidad de las piezas procesales de la tutela
tramitada en el Juzgado no obedecía a una actuación del Despacho, sino a la
reserva del expediente solicitada por el propio accionante durante la diligencia de
declaración. Por ello, concluyó que, no resultaban de recibo los reproches
formulados, en la medida en que las peticiones fueron resueltas oportunamente.
1.5 Providencia impugnada8
13. Mediante sentencia del Siete (7) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia y configurada la carencia actual de objeto por hecho
superado.
14. Para ello, delimitó el estudio en dos reproches constitucionales. El primero,
relacionado con la presunta falta de acceso al expediente y registro audiovisual de
la tutela núm. 15001-33-33-006-2025-00014-00; y el segundo, referente a la mora
atribuida a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado para
proferir sentencia dentro del trámite constitucional núm. 11001-03-15-000-2026-
01543-00.
7
Índice 12 de SAMAI del expediente de primera instancia.
8
Índice 16 de SAMAI del expediente de primera instancia.
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15. Frente al primer aspecto, estimó incumplido el requisito de subsidiariedad, pues,
el actor ya había puesto en conocimiento de la Subsección B de la Sección Tercera
de esta Corporación los mismos hechos y pretensiones relacionados con la entrega
del expediente digital y la audiencia requerida. En consecuencia, consideró
improcedente acudir a otra acción de tutela para obtener una decisión paralela sobre
un asunto sometido al juez constitucional competente.
16. En cuanto al segundo reproche, la Sección Segunda, Subsección A encontró
configurada la carencia actual de objeto por hecho superado, al verificar que, dentro
del expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01543-00 ya se había proferido
sentencia el Quince (15) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026) la cual, fue notificada
el Seis (6) de Mayo del mismo año. En consecuencia, concluyó que, cualquier orden
dirigida a compeler a la autoridad accionada a dictar fallo carecía de objeto.
1.6 La impugnación9
17. Inconforme con esa determinación, el demandante la impugnó, para cuyo
propósito sostuvo que, la decisión debía revocarse, toda vez que, a su juicio, el
magistrado ponente de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado perdió competencia para resolver la acción de tutela núm. 11001-03-15-000-
2026-01543-00. Lo anterior, porque el fallo se profirió después de vencido el término
previsto en el Decreto 2591 de 1991 para decidir este tipo de asuntos.
18. Agregó que, el vencimiento del término para fallar configuraba una causal de
impedimento, de conformidad con el numeral 7 del artículo 56 de la Ley 906 de
2004, en concordancia con el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991. Por lo tanto, el
magistrado ponente estaba en el deber de apartarse del conocimiento del trámite.
19. De otra parte, manifestó que, «[e]l señor [magistrado de la Subsección B de la Sección
Tercera de esta Corporación] niega la solicitud de amparo, aduciendo que no se constató la
vulneración de los derechos fundamentales […]». A partir de ello, cuestionó que, dentro del
proceso de tutela 11001-03-15-000-2026-01543-00 se hubiera tenido por satisfecho
el derecho de petición con una respuesta emitida por el Juzgado Sexto (6)
Administrativo de Tunja en la acción constitucional núm. 15001-33-33-006-2025-
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Índice 20 de SAMAI del expediente de primera instancia.
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Accionante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
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00014-00. Según afirmó, el enlace suministrado por ese despacho no permitía
acceder a la grabación de la audiencia del Cuatro (4) de Febrero de Dos Mil
Veinticinco (2025), pues, el ingreso se encontraba restringido porque la dirección de
correo electrónico desde la cual, realizó la solicitud no estaba asociada al
expediente. A su juicio, esa circunstancia demostraba que la respuesta otorgada fue
elusiva y no resolvió de fondo la petición de copia íntegra del expediente de tutela
núm. 15001-33-33-006-2025-00014-00, en especial del registro audiovisual
requerido.
20. Finalmente manifestó que, en el «[…] trámite del proceso surtido por el CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN
B, y despachado por el Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA, adolece de
los siguientes defectos. Defecto orgánico por Falta de competencia, Defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente jurisprudencial constitucional en cuanto a la insuficiencia en las
respuestas al derecho de petición, defecto procesal por el incumplimiento de las normas relativas a
los términos de resolución y notificación de las decisiones de fondo dentro del asunto. Defecto
probatorio, por la incorrecta practica y las omisiones judiciales; que conllevaron a la negativa de
amparo; como se desprende y evidencia en la argumentación expuesta. Fraude procesal,
ocultamiento de material probatorio, prevaricato activo - omisivo y concierto para delinquir
configurado por el proceder de los jueces y magistrados relacionados».
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
21. En virtud de los artículos 3210 del Decreto Ley 2591 de 199111 y 2512 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201913 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción
22. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
10
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
11
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
12
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
13
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
6
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Accionante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema jurídico
23. Se contrae a determinar si la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado ha incurrido en mora judicial injustificada dentro del proceso de tutela núm.
11001-03-15-000-2026-01543-00 y, en consecuencia, si ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados por el accionante; o si, por el contrario, en el presente
asunto se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, como lo afirma
la autoridad judicial accionada.
2.4 Carencia de objeto por hecho superado
24. Se ha pregonado con acierto que la acción de tutela se encuentra orientada a
garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de las personas, cuando
ellos sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad
pública14; sin embargo, si la circunstancia que dio origen a la trasgresión
desaparece, se configura el fenómeno que se conoce como hecho superado, el cual
da como resultado una carencia de objeto para decidir de fondo el asunto. Al
respecto, la Corte Constitucional15 ha definido este fenómeno jurídico en los
siguientes términos:
4.4.1. La jurisprudencia de esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha señalado que
la carencia actual de objeto sobreviene cuando frente a la petición de amparo, la orden del
juez de tutela no tendría efecto alguno o “caería en el vacío”16. Al respecto se ha establecido
que esta figura procesal, por regla general, se presenta en aquellos casos en que tiene lugar
un daño consumado o un hecho superado.
4.4.2. El hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de
tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez
14
Artículo 86 de la Carta Política.
15
Corte Constitucional, sentencia T-59 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
16
Sentencia T-235 de 2012, M.P. Humberto Sierra Porto, en la cual se cita la Sentencia T-533 de 2009, M. P. Humberto Sierra
Porto.
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respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al
objetivo de protección previsto para el amparo constitucional 17. En este supuesto, no es
perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales
cuya protección se demanda, salvo “si considera que la decisión debe incluir observaciones
acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea] para llamar la atención sobre la falta de
conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su
ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones
pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es
que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del
momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”18 (Subrayado por fuera
del texto original).
4.4.3. Precisamente, en la Sentencia T-045 de 200819, se establecieron los siguientes
criterios para determinar si en un caso concreto se está o no en presencia de un hecho
superado, a saber:
“1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca
de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del
accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.
2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción
que generó la vulneración o amenaza haya cesado.
3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una
prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede
considerar que existe un hecho superado.” [Énfasis propio].
25. Conforme a lo anterior, es necesario analizar si la presunta vulneración de los
derechos fundamentales deprecados en el caso sub examine aún persiste o si, por
el contrario, la pretensión planteada para procurar su defensa ha sido satisfecha,
esto es, si se configuró el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto por
hecho superado.
2.6 Caso concreto
26. En el caso bajo estudio, el señor Jesús Gabriel Martínez Álvarez acudió al
mecanismo de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales, al considerar que, la autoridad judicial accionada incurrió en mora
judicial injustificada, al no decidir la acción de tutela núm. 11001-03-15-000-2026-
01543-00.
27. La Sala advierte que, la solicitud principal del actor estaba dirigida a obtener una
decisión de fondo dentro de dicha acción constitucional; sin embargo, durante el
17
Sentencia T-678 de 2011, M. P. Juan Carlos Henao, en donde se cita la Sentencia SU-540 de 2007, M. P. Álvaro Tafur
Galvis. Al respecto, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución,
administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud
únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
18
Sentencia T-685 de 2010, M. P. Humberto Sierra Porto.
19
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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trámite del presente asunto, la Subsección B de la Sección Tercera de esta
Corporación profirió sentencia el Quince (15) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)
la cual, fue notificada a las partes el Seis (6) de Mayo siguiente.
28. En ese orden de ideas, la Sala encuentra configurada la carencia actual de objeto
por hecho superado, toda vez que, la situación fáctica que dio origen a la solicitud
de amparo desapareció. Esto es, la autoridad judicial demandada profirió y notificó
la sentencia cuya expedición pretendía el actor.
29. De otra parte, frente a la solicitud relacionada con el acceso al expediente y al
registro audiovisual de la audiencia del Cuatro (4) de Febrero de Dos Mil Veinticinco
(2025), la Sala precisa que, dicho aspecto constituyó la pretensión principal de la
acción de tutela núm. 11001-03-15-000-2026-01543-00, tramitada por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Por ello, no resulta
procedente reabrir ese debate en esta instancia, máxime cuando la sentencia de
primera instancia declaró improcedente ese reproche por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad y la decisión adoptada dentro de aquel trámite
constitucional ya resolvió esa controversia. Por tanto, no corresponde a esta Sala,
en sede de impugnación, examinar esos reproches, pues, ello desbordaría el objeto
de la presente controversia constitucional.
III. DECISIÓN
30. Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto se ha
configurado la carencia actual de objeto por hecho superado, motivo por el cual, se
confirmará el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Siete (7) de Mayo de Dos Mil Veintiséis
(2026), proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que
declaró parcialmente improcedente la acción de tutela y configurada la carencia
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Accionante: Jesús Gabriel Martínez Álvarez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
actual de objeto por hecho superado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
10
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