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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02513-00

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02513-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo formulada por la parte actora. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02513-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02513-00
Accionante: CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD - MÉDERI
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra tutela. Improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C. Lo anterior, de conformidad con
lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069
de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el
Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 9 de abril de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La Corporación Hospitalaria Juan Ciudad – Méderi, por medio de
apoderada judicial, presentó acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C. Con la
solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso, defensa y contradicción, «autonomía de la voluntad privada y la
Libertad Contractual, así como los principios de seguridad jurídica, legalidad,
buena fe, libertad y eficiencia del sistema general de Seguridad Social en salud».

2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica a (i) la

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y vinculó como
terceros con interés al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a la señora
Luz Marina Silva Jiménez, a la Nueva EPS S.A. y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, esta última en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.

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Accionante: Corporación Hospitalaria Juan Ciudad – Méderi
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02513-00

sentencia de segunda instancia proferida el 2 de febrero del 2026 por la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que modificó parcialmente la providencia de primera instancia
dictada el 28 de noviembre del 2025 por el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, mediante la cual se accedió a las pretensiones y, (ii)
el auto proferido el 25 de febrero del 2026, a través del que abstuvo de
pronunciarse frente a los argumentos expuestos por la aquí actora en el memorial
denominado «alcance fallo de tutela No. 2025-00474», con el que pretendía
probar la imposibilidad jurídica y material de cumplir la orden. Esto, dentro de la
tutela radicada por la señora Luz Marina Silva Jiménez en contra de la Nueva
EPS S.A. y de la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad – Méderi, con radicado
11001-33-34-003-2025-00474-00/01.

3. En concreto, la parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales deprecados por la suscrita
vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCIÓN C, dentro de la acción de tutela bajo el radicado No.
1100133340032025-00474-00.

SEGUNDO. CONCEDER la acción de tutela interpuesta por la CORPORACIÓN
HOSPITALARIA JUAN CIUDAD- MÉDERI, para la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad,
autonomía privada, así como los principios de seguridad jurídica y legalidad, y
DEJAR SIN EFECTOS la sentencia emitida el día dos (02) de febrero de dos mil
veintiséis (2026) por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C, en el caso objeto de la presente acción
de tutela.

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
C, profiera nueva sentencia en el caso materia de esta acción de tutela, conforme
a las reglas jurisprudenciales y el marco normativo del Sistema de Seguridad
Social en Salud Colombiano.

CUARTO. PREVENIR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C, para que en todos aquellos procesos
que se encuentren pendientes de fallo en sede de segunda instancia con relación
a la prestación de servicios de salud a cargo de la entidad aseguradora NUEVA
EPS, sean resueltos con base en la normatividad legal vigente aplicable, así como
su amplio desarrollo jurisprudencial; de acuerdo con las circunstancias fácticas
aquí informadas.

1.2. Hechos

4. La señora Luz Marina Silva Jiménez, de 71 años, fue diagnosticada con
un tumor maligno de mama y, en virtud de ello, el 18 de septiembre de 2025, el
médico tratante le ordenó que se realizara una biopsia de ganglio linfático
profundo y biopsia de mama, lo que era indispensable para continuar con su
tratamiento.

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5. La paciente solicitó ante la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad – Méderi
una cita médica con el fin de que se realizaran dichos exámenes. No obstante, el
ente hospitalario negó la petición, al advertir que no tenían convenio con la Nueva
EPS, motivo por el cual debía esperar.

6. Ante la omisión en la autorización de los exámenes requeridos por la
señora Silva Jiménez, el 13 de noviembre de 2025 promovió acción de tutela
contra la Nueva EPS y la Corporación Hospitalaria, con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la
vida digna.

7. Mediante sentencia del 28 de noviembre de 2025, el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Bogotá accedió al amparo de los derechos
invocados por la señora Silva Jiménez y profirió órdenes contra la Nueva EPS y
la Corporación Hospitalaria. Al ente hospitalario le ordenó que, dentro de las 48
horas siguientes a la recepción de la respectiva autorización por parte de la
Nueva EPS, procediera a programar y practicar de manera inmediata los
exámenes ordenados a la entonces tutelante.

8. Consideró que las órdenes dictadas por el médico tratante de la señora
Silva Jiménez reposaban como documentos clínicos oficiales y se encontraban
en estado de «ordenado» desde el 18 de septiembre de 2025. Sostuvo que los
exámenes habían sido dispuestos por médico competente y que no existía
impedimento científico ni técnico para su realización, motivo por el cual no era
admisible que la paciente se viera sometida a dilaciones administrativas entre
EPS e IPS que impidieran concluir el diagnóstico, más aún tratándose de una
patología oncológica de alto riesgo.

9. Enfatizó en que imponer trámites que retrasaban el diagnóstico oportuno
constituía una barrera administrativa que afectaba directamente los derechos
fundamentales a la salud y la vida digna de la señora Silva Jiménez. Agregó que
las autoridades accionadas no podían trasladar la carga administrativa a la
paciente, en la medida en que esta tenía derecho a la expedición de una orden
oportuna por parte de su EPS y a la programación de aquellos exámenes por
intermedio de la IPS. Sostuvo que el hospital, si bien no tenía a su cargo la
emisión de la autorización de la EPS, contaba con el deber de brindar una cadena
asistencial para evitar un retraso injustificado en el diagnóstico.

10. Inconforme con la decisión, la Corporación Hospitalaria impugnó
parcialmente la decisión y solicitó que se dictaran órdenes exclusivamente contra
la EPS. Argumentó que la gestión administrativa de financiamiento y expedición
de autorizaciones corresponde exclusivamente a la EPS como entidad
responsable del aseguramiento, de conformidad con la normatividad vigente del
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Sostuvo que las IPS son
entidades independientes, autónomas y diferentes de las EPS y, por tanto, su
objeto social hace referencia exclusiva a la prestación de servicios de salud.

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11. En relación con los exámenes ordenados a la paciente, aseguró que este
servicio no estaba autorizado por parte de la Nueva EPS e informó que el plan
de manejo prescrito por el especialista fue emitido bajo la modalidad ambulatoria.
En tal sentido, sostuvo que era obligación de la EPS a la que se encontraba
afiliada la paciente autorizar la cobertura del servicio con las IPS con las que
tuviera convenio. También puso de presente que se encontraba en imposibilidad
material y jurídica de cumplir la orden dictada en la acción de tutela, motivo por
el cual alegó que trasladar la responsabilidad a las IPS de programar los servicios
requeridos por la señora Silva Jiménez, sin la debida autorización de la EPS,
desconoce las normas que regulan el Sistema de Seguridad Social en salud.

12. Mediante sentencia del 2 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C confirmó el amparo de los
derechos fundamentales de la accionante, modificó la orden dictada y estableció:

TERCERO: Ordenar a la presidenta ejecutiva IPS- Corporación Hospitalaria Juan
Ciudad-Hospital Universitario Mayor Méderi que, de manera inmediata una vez se
le notifique esta decisión programe una fecha cercana para que le realice (a)
biopsia de ganglio linfático profundo y (b)biopsia de mana con aguja (Trucut) a la
señora Luz Marina Silva Jiménez. Una vez haya suministrado el servicio requerido
remita la factura a la Nueva EPS para que esta haga el respectivo pago.

3.1. Así deberá proceder la IPS - Corporación Hospitalaria Juan Ciudad-Hospital
Universitario Mayor Méderi de aquí en adelante cada vez que el médico tratante
ordene exámenes o procedimientos a la accionante: (i) tramitar internamente ante
la Nueva EPS la autorización de los servicios que ordene el médico tratante, (ii) en
caso de no recibir respuesta dentro del término de 2, debe prestarle los servicios
que le haya ordenado el médico tratante y remitir la respectiva factura a la Nueva
EPS para que le pague los servicios efectivamente brindados a la paciente y (iii) la
Nueva EPS no podrá negarse a efectuar el pago ni hacer glosas a la factura como
lo dispone el artículo 9 de la Resolución 2335 de 2023. Toda vez, que la paciente
es sujeto de especial protección Constitucional reforzada, al ser diagnosticada con
cáncer de mama izquierda.

13. El tribunal sostuvo que se encontraban configurados los 4 elementos
establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para ordenar el
tratamiento integral de salud en sede de tutela: i) la negligencia de la EPS en el
cumplimiento de sus deberes tales como programar tratamientos fuera de un
término razonable o al imponer trabas administrativas; ii) la existencia de
prescripciones del médico tratante que determinen específicamente el
diagnóstico del paciente y los servicios y/o insumos que requiere; iii) la condición
del demandante como sujeto de especial protección constitucional y, iv) que el
actuar de la EPS haya puesto en riesgo al paciente y prolongado sus
padecimientos.

14. Asimismo, señaló que desde el 18 de septiembre de 2025 hasta la fecha
en la que se profirió el fallo de segunda instancia habían transcurrido más de 3
meses sin que la EPS ni la IPS hubieran demostrado el trámite adelantado con

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el objeto de garantizar el servicio de salud de manera integral de la actora con el
fin de realizarle los exámenes prescritos.

15. Frente a la sentencia de segunda instancia, la Corporación Hospitalaria
Juan Ciudad Méderi presentó un memorial que tituló «alcance fallo de tutela No.
2025-00474». Por medio de este escrito, manifestó que mediante el Oficio del 17
de octubre de 2025, la entidad notificó a la Nueva EPS la terminación del contrato
de prestación de servicios de salud y dejó claro que su relación contractual
finalizó el 18 de diciembre de 2025. En tal sentido, informó que no existía un
contrato vigente entre ambas autoridades y, por tanto, la EPS debía encargarse
de remitir a la paciente a las IPS con las que tenía convenio, con el fin de prestar
los servicios de salud que requería.

16. De igual manera, puso de presente que con el fin de actuar como facilitador
del acceso a la salud de los pacientes, desde la corporación hospitalaria se
extendió una prórroga a la Nueva EPS mediante la cual se continuarían
prestando los servicios hasta el 30 de enero de 2026. Esto, con el fin de que
pudiera realizar el direccionamiento de sus afiliados a la red de prestadores con
los que tuviera convenio. Indicó que el 29 de enero de 2026, la EPS aceptó la
terminación del contrato a partir del 31 de enero de 2026.

17. Alegó que no era posible atribuir a la IPS la obligación de brindar un
servicio o tecnología a usuarios afiliados a EPS con las que no se tiene un
convenio suscrito, pues ello supondría un detrimento económico para la
institución.

18. Mediante auto del 25 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C resolvió no pronunciarse con
respecto a los argumentos expuestos en dicho memorial. Lo anterior, al
considerar que lo pretendido por la entidad hospitalaria era controvertir los
argumentos expuestos en el fallo del 2 de febrero de 2026 y, con ello, manifestar
su desacuerdo. En dicha medida, sostuvo que el objetivo de la IPS era reabrir un
debate jurídico ya zanjado frente a una decisión que es inmodificable y contra la
que no procede ningún recurso.

1.3. Sustento de la vulneración

19. La parte actora manifestó que el tribunal accionado vulneró sus derechos
fundamentales al adoptar una decisión en «manifiesta contradicción a la ley»,
puesto que desconoció el marco normativo del Sistema de Seguridad Social
Colombiano, lo que habría implicado un «fraude a la ley».

20. Aseguró que la orden dictada contra la IPS en la providencia judicial
cuestionada le trasladó funciones propias de la Nueva EPS, sin la existencia de
un contrato vigente, lo que puso en riesgo el mantenimiento del hospital. Agregó
que ello resultaba improcedente e inaplicable.

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21. Argumentó que el juez constitucional se extralimitó en sus competencias
al aplicar indebidamente la Resolución 2335 de 2023 e imponerle obligaciones
que deben ser acatadas por la Nueva EPS. A su vez, sostuvo que se desconoció
que no existía algún vínculo contractual entre las entidades. Agregó que su
derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia se vulneró
ante la decisión del tribunal en no pronunciarse con respecto al memorial que
presentó frente a la sentencia de segunda instancia.

22. También indicó que se incurrió en defecto sustantivo al desconocer el
marco normativo de la seguridad social en salud al imponer a una IPS la orden
de garantizar el tratamiento integral a la usuaria, a pesar de que esta es una
responsabilidad exclusiva de la EPS a la cual se encuentra afiliada. A su juicio,
esto se tradujo en la imposición de una carga administrativa con aplicación
errónea de la Resolución 2335 de 2023.

23. Además, alegó que se configuró un desconocimiento del precedente de la
sentencia T-745 de 2013, según la cual no es posible atribuirle a una IPS la
obligación de brindar un servicio a usuarios afiliados a EPS con las que no se
tenga un convenio suscrito. Agregó que se desconoció la sentencia T-422 de
2024 en la que se decidió un asunto en el mismo sentido.

24. De igual forma, referenció 3 sentencias del Tribunal Superior de Bogotá
que, a su juicio, fueron desatendidas. Señaló que en dichas providencias se
decidieron asuntos de idénticas condiciones fácticas y jurídicas al trámite objeto
de esta acción. Afirmó que en tales fallos se dispuso que las EPS son las
entidades que están obligadas a garantizar a sus afiliados tanto el plan de
beneficios en salud, como las consecuentes prestaciones por medio de las
instituciones que integran su red contratada de prestadores habilitados.

1.4. Intervenciones

25. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C detalló las distintas actuaciones surtidas en el proceso de tutela
objeto de esta acción constitucional y sostuvo que a la entidad actora se le
garantizaron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa,
motivo por el cual no incurrió en la vulneración alegada.

II. CONSIDERACIONES

26. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo. En tal
sentido, se demostrará que en el asunto no se superan los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra una providencia judicial de su misma
naturaleza.

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2.1. Caso concreto

La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

27. El Consejo de Estado3 y la Corte Constitucional4, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales5 y a la configuración de algún
defecto especial6 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

28. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

29. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

30. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

31. La Sala advierte que la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad - Méderi
está legitimada en la causa por activa. Esto, teniendo en cuenta que fungió como
accionada al interior del proceso con radicado núm. 11001-33-34-003-2025-
00474-00/01.

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
4 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
5 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza.
6 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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32. Por su parte, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, se encuentra legitimado en la
causa por pasiva al ser la autoridad judicial que profirió las decisiones
controvertidas.

33. Tutela contra una decisión de la misma naturaleza. De acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sección, la procedencia de
esta acción constitucional en contra de providencias judiciales es excepcional, lo
que implica, entre otras, verificar que el objeto de este mecanismo no sea
controvertir decisiones de tutela.

34. Esta causal de improcedencia se justifica en la necesidad de salvaguardar
la eficacia de los derechos fundamentales y de la acción de tutela, instituida
constitucionalmente como un mecanismo de protección iusfundamental célere y
definitivo. En palabras de la Corte Constitucional:

[d]e aceptarse que la tutela procede contra sentencias de tutela ésta perdería su
efectividad como mecanismo de acceso a la justicia para amparar los derechos
fundamentales. El derecho a acceder a la justicia no comprende tan sólo la
existencia formal de acciones y recursos sino ante todo que las personas puedan
obtener de los jueces una decisión que resuelva las controversias jurídicas
conforme a derecho. Si la acción de tutela procediera contra fallos de tutela,
siempre sería posible postergar la resolución definitiva de la petición de amparo
de los derechos fundamentales, lo cual haría inocua esta acción y vulneraría el
derecho constitucional a acceder a la justicia7.

35. Dicha causal de improcedencia admite tan solo una excepción: la cosa
juzgada fraudulenta. Esta se presenta en aquellos eventos en los que «las partes
o el juez usan el proceso con fines ilegales o dolosos y con ello afectan los
derechos de terceros y atentan contra el bien social de la administración de
justicia»8. Sin embargo, la carga de la prueba del fraude es del accionante. En
efecto, este tiene el deber de «aportar medios de prueba que demuestren con un
alto grado de certeza, es decir, de manera “clara”, “cierta”, “suficiente” y
“coherente” que las decisiones cuestionadas son fraudulentas»9.

36. En el caso estudiado, la parte tutelante cuestiona (i) la sentencia de
segunda instancia proferida el 2 de febrero del 2026 por la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que modificó
parcialmente la providencia de primera instancia dictada el 28 de noviembre del
2025 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
mediante la cual se accedió a las pretensiones y, (ii) el auto proferido el 25 de
febrero del 2026, a través del que abstuvo de pronunciarse frente a los
argumentos expuestos por la aquí actora en el memorial denominado «alcance
fallo de tutela No. 2025-00474».

7 Corte Constitucional, Sentencia T-478 de 2018.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-023 de 2023.
9 Id.

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37. En su sentir, la autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente, en síntesis, al obviar que, de conformidad con
la normativa del Sistema General de Seguridad Social Colombiano, la entidad
actora no está obligada a cumplir con la orden dictada en el fallo de tutela en la
que se ampararon los derechos fundamentales de la señora Silva Jiménez, en la
medida en que actualmente no cuenta con ningún vínculo contractual con la EPS
en la que se encuentra afiliada la paciente.

38. Así las cosas, la Sala concluye que, en este caso, no se configura la
excepción a la procedencia de la tutela contra una decisión de la misma
naturaleza. Esto, porque la argumentación del escrito de tutela se funda en un
simple desacuerdo con la decisión adoptada por el tribunal y, en todo caso, no
contiene ningún ejercicio hermeneútico del cual se pueda desprender alguna
transgresión de un derecho fundamental.

39. Si bien el ente hospitalario hace referencia a una situación de fraude al
desconocer la normativa aplicable al caso, este argumento no se encuadra en
alguno de los supuestos que posibilitan la configuración de la cosa juzgada
fraudulenta, establecidos por la jurisprudencia constitucional10. Ciertamente, en
este caso, no se advierte indicio alguno que permita, cuando menos, inferir que
el proceso de tutela se tramitó con fines ilegales, dolosos o fraudulentos.

40. Por su parte, a pesar de que la actora dirige esta acción contra el auto del
25 de febrero de 2026, lo cierto es que su intención es cuestionar lo decidido en
el fallo de tutela en el que se dictó la orden relacionada con brindar el tratamiento
integral de salud a favor de la señora Silva Jiménez.

41. A su vez, los cargos formulados únicamente buscan reabrir el debate ya
zanjado por la autoridad judicial accionada en relación con la orden dictada contra
la IPS en favor de la usuaria del sistema de salud. En tal sentido, no elevó ningún
planteamiento que, directa o indirectamente, esté encaminado a comprobar una
actuación fraudulenta por parte del operador judicial accionado, que torne
procedente la acción estudiada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

10 Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado que la cosa juzgada fraudulenta se presenta

cuando «las partes o el juez usan el proceso con fines ilegales o dolosos y con ello afectan los
derechos de terceros y atentan contra el bien social de la administración de justicia». Entre los
indicios para su acreditación ha reconocido, por ejemplo, los siguientes: «(i) Reporte de
direcciones de notificación falsas o inexistentes para alterar la competencia por el factor territorial;
(ii) Univocidad de formato en acciones de tutela que fueron resueltas de la misma forma; (iii)
Manifiesta improcedencia de las acciones de tutela por incumplimiento de los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad; (iv) Reconocimiento de la indemnización con fundamento en un
examen jurídico y fáctico ostensiblemente defectuoso e insuficiente; y, (v) Graves irregularidades
procesales en el trámite de las acciones de tutela imputables a las autoridades judiciales
accionadas». Ver Corte Constitucional, Sentencia T-023 de 2023.
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Accionante: Corporación Hospitalaria Juan Ciudad – Méderi
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02513-00

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo
formulada por la parte actora.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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