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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02519-01

Fecha
14 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02519-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 8 de mayo de 2026, por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se negó la solicitud de tutela presentada por José William Sánchez Páez en contra del Consejo de Estado, Sección Primera. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02519-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

14 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02519-01
Demandante: José William Sánchez Páez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Temas: Debido proceso y acceso a la administración de justicia sin dilaciones
injustificadas / Impulso procesal en el medio de control de
nulidad simple
Decisión: Confirmar decisión del a quo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por José William Sánchez Páez en contra
de la providencia proferida el 8 de mayo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, mediante la cual se negó la solicitud de amparo de la
referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. José William Sánchez Páez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la intimidad, a la tranquilidad y a la salud,
los cuales consideró vulnerados con ocasión de la mora judicial en que ha podido
incurrir el Consejo de Estado, Sección Primera para decidir la medida cautelar
solicitada el 21 de abril de 2025, en el medio de control de nulidad simple con el
radicado 11001-03-24-000-2023-00299-00.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad simple presentó demanda en contra
de la Nación, Ministerio de Transporte con la finalidad de cuestionar la legalidad de
la Resolución 160 del 2 de febrero de 20172. Asimismo, radicó medida cautelar de
urgencia el 6 de febrero de 2024 para obtener la suspensión provisional del acto

1 Ver índice 2 de Samai de primera instancia. Archivo denominado «4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2».
2 «Por la cual se reglamenta el registro y la circulación de los vehículos automotores tipo ciclomotor,

tricimoto y cuadriciclo y se dictan otras disposiciones».

Radicación11001-03-15-000-2026-02519-01
Demandante: José William Sánchez Páez

administrativo demandado y para que se ordenara a la entidad demandada informar
a la opinión pública la existencia del proceso. Lo anterior por considerar que, puede
haber una afectación económica por parte de los futuros tenedores de ciclomotores,
tricimotos y cuadriciclos de combustión interna, ya que invierten en dichos vehículos
sin tener en cuenta las consecuencias que su tránsito le causa al ambiente sano.

2.2. El Consejo de Estado, Sección Primera en providencia del 16 de febrero de 2024
negó la medida cautelar de urgencia y le impartió el procedimiento previsto en el
artículo 233 de la Ley 1437 de 2011.

2.3. En providencia del 6 de diciembre de 2024 negó la solicitud de medida cautelar
de suspensión provisional de los efectos de la Resolución 160 de 2 de febrero de
2017, al considerar que no existió una vulneración manifiesta de derechos
fundamentales.

2.4. El 21 de abril de 2025, presentó solicitud de medida cautelar de urgencia en
contra de la resolución demandada con el objetivo de suspender la expresión de
algunos términos dentro del acto administrativo; ordenar al Ministerio de Transporte
que informe a la opinión pública sobre la existencia del proceso; e instar al Ministerio
de Ambiente para que realice estudios sobre la emisión de ruido y de partículas
contaminantes de ciclomotores, tricimotos y cuadriciclos de combustión interna.

2.5. El 1° de agosto de 2025 se corrió traslado de la solicitud de medida cautelar para
que la parte demandada se pronunciara. No obstante, no se obtuvo respuesta.

2.6. Eltrámite de la medida cautelar no había tenido movimiento desde el 1°
septiembre de 2025. Como consecuencia, el 17 de febrero de 2026 la parte
demandante radicó memorial de impulso procesal.

2.7. Dicha solicitud fue resuelta por medio de auto del 16 de abril de 2026, donde se
le informó que debido al volumen de procesos que posee el despacho, se le dará
impulso al proceso una vez llegue su turno correspondiente.

2.8. La autoridad demandada vulneró sus derechos fundamentales debido a la
dilación injustificada del proceso, pues han pasado más de 7 meses sin respuesta a
la solicitud de medida cautelar presentada. Lo anterior, ha causado que aumentara
la circulación de cuadriciclos, tricimotos y ciclomotores de combustión interna (a
gasolina o diésel) y por consiguiente se ha afectado la intimidad, la salud (integridad
física y mental), la tranquilidad, la calidad de vida y bienestar, por el alto ruido y
contaminación del aire que generan dichos vehículos.

2

Radicación11001-03-15-000-2026-02519-01
Demandante: José William Sánchez Páez

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] Se ordene a la Sección Primera del Consejo de Estado para que en un tiempo
razonable decida lo que en derecho corresponde, sobre las Medidas Cautelares que están
en el despacho desde el 1 de Septiembre de 2025 […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Ministerio de Transporte3 solicitó que se declarara improcedente la tutela por
no cumplir con los requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional, pues
no se agotaron los recursos ordinarios disponibles, además de que el proceso seguía
en trámite. Igualmente, solicitó ser desvinculado del proceso por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, pues las pretensiones de la tutela no tienen
relación con las funciones de la entidad como ente programático y planificador.

5. La autoridad judicial demandada y los demás terceros con interés guardaron
silencio.

1.3. Sentencia de primera instancia4

6. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en sentencia del 8 de mayo
de 2026 negó la petición de amparo por no encontrar configurada mora judicial
injustificada. En este sentido, la tardanza en la resolución del proceso no fue a causa
del abandono o negligencia, sino a la congestión del despacho por el alto inventario
de procesos a su cargo y la complejidad de los temas a tratar.

7. Además, el proceso no ha permanecido inactivo, ya que se han realizado
actuaciones procesales encaminadas a tramitar la solicitud de medida cautelar.
Máxime, cuando no se advirtió la configuración de perjuicio irremediable que
amenace con la vulneración de derechos fundamentales del demandante.

1.4. Escrito de impugnación5

8. José William Sánchez Páez impugnó la decisión del a quo y sostuvo que, sí se
configuró perjuicio irremediable por la afectación de los derechos fundamentales a la
vida, la salud, la intimidad y ambiente sano, causados por dilación injustificada del
trámite de las medidas cautelares solicitadas. Además, que no se tuvo en cuenta el

3 Ver índice 14 de Samai en primera instancia. Archivo denominado
14_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-20261320508171JOSE(.pdf) NroActua 14.pdf ».
4 Ver índice 24 de Samai en primera instancia. Archivo denominado
«*23Sentencia_2820260251900VF(.pdf) NroActua 24.pdf».
5 Ver índice 28 de Samai en primera instancia. Archivo denominado
«26RECIBEMEMORIAL_Memorial_ImpugnacionTutela(.pdf) NroActua 28.pdf».
3

Radicación11001-03-15-000-2026-02519-01
Demandante: José William Sánchez Páez

principio de precaución en la protección de derechos fundamentales frente a la
existencia de una duda razonable sobre la afectación a la salud y el ambiente sano.

2. Consideraciones

9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la sala.

2.1. Competencia

10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 2000 6 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 7, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

2.2. Problema jurídico

11. De conformidad con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el
Consejo de Estado, Sección Primera vulneró los derechos fundamentales de José
William Sánchez Páez con ocasión de la mora en que ha podido incurrir para resolver
la solicitud de medida cautelar interpuesta el 21 de abril de 2025 en el medio de
control de nulidad simple identificado con el radicado 11001-03-24-000-2023-00299-
00?

2.3. Análisis de la sala

2.3. Procedencia de la solicitud de tutela

12. El artículo 86 constitucional señala que: «[…] [e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

13. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia 8 , es decir, no es un

6 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.

7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

8 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121

de 2003.
4

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Demandante: José William Sánchez Páez

mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.3.1. Derechos de acceso a la administración de justicia y del debido proceso
sin dilaciones injustificadas

14. El artículo 228 de la Constitución Política define el acceso a la administración de
justicia como una función pública relacionada directamente con los fines del
Estado13, pues solo en la medida en que se garantice a los integrantes del país una
instancia imparcial, objetiva y efectiva encargada de la resolución pacífica de sus
conflictos se puede pretender la consecución de una república democrática y
respetuosa de la dignidad humana.

15. Por su parte, el artículo 229 ibidem determinó que la administración de justicia no
se es un mero servicio a cargo del Estado, sino que también goza de una dimensión
de naturaleza subjetiva, es decir, es un derecho fundamental radicado en cabeza de
todos los habitantes del país.

16. Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de acceso
a la administración de justicia ha señalado la Corte Constitucional9:

«[…] Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder
a la justicia tiene una significación múltiple y compleja. De manera reiterada, ha sostenido
esta Corte, que el derecho a acceder a la justicia es un pilar fundamental del Estado
Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma parte
del núcleo esencial del debido proceso.

[…]

En cuanto a lo segundo, atendiendo a su importancia política, la jurisprudencia
constitucional le ha reconocido al acceso a la administración de justicia el carácter de
derecho fundamental de aplicación inmediata, integrándolo a su vez con el núcleo
esencial del derecho al debido proceso, y relacionándolo con otros valores
constitucionales como la dignidad, la igualdad y la libertad. Por virtud de tal vinculación,
el acceso a la administración de justicia adquiere un amplio y complejo marco jurídico de
aplicación que compromete los siguientes ámbitos: (i) el derecho a que subsistan en el
orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y
recursos- para la efectiva resolución de los conflictos; (ii) el derecho de acción o de
promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene
todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se
proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico
o de sus intereses particulares; (iii) el derecho a que la promoción de la actividad
jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han
sido planteadas, y que ella se produzca dentro de un plazo razonables; (iv) el derecho a
que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las
pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen

9 Sentencia C-177 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.

5

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Demandante: José William Sánchez Páez

en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías
propias del debido proceso. […]»

17. Por su parte, en tratándose de la jurisdicción contencioso-administrativa el derecho
en cuestión adquiere connotaciones especiales dada su naturaleza rogada, sin
embargo, todos los requisitos formales del derecho de acción deben ser entendidos
y analizados en la medida en que con ellos se protejan derechos sustanciales de las
partes, como el debido proceso.

18. Asimismo, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. De esa manera, además
del derecho a acceder a una respuesta judicial, ello se debe producir en un plazo
adecuado.

19. La razonabilidad de ese plazo fue establecida por el legislador mediante la
definición de los términos procesales, los cuales resultan de obligatorio cumplimiento;
de otra forma, la oportunidad para solucionar una controversia quedaría al arbitrio de
cada funcionario, afectándose no solo el derecho al recurso judicial efectivo sino los
bienes que se pretendan proteger en el proceso, incluido el de la igualdad de todas
las personas que acuden a la administración de justicia en procura de una solución
pacífica a las controversias sociales.

20. Sin embargo, no toda tardanza o incumplimiento de un término judicial constituye
una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, ello dependerá de que resulte injustificada. En ese orden
de ideas, si bien la regla general es que los jueces cumplan los términos
rigurosamente, pueden configurarse excepciones a ese deber, siempre que se
encuentren suficientemente motivadas, las cuales deberán ser analizadas en el
marco de cada caso, y solo serán aceptables cuando, a pesar de la diligencia y
celeridad del juez, existan hechos imprevisibles o insuperables que le impidan
cumplirlos.

21. En ese sentido, la congestión judicial no es, por sí sola, motivo suficiente para
relevar al juez de su deber de definir los procesos dentro de los términos previstos
por el legislador. Es preciso que el análisis de una situación específica de mora
judicial tome en cuenta, de una parte, la importancia del cumplimiento de los plazos
procesales para la eficacia de los derechos fundamentales y, de otra, las eventuales
circunstancias de justificación de una tardanza determinada y la necesidad de que
las sentencias o decisiones, en general, se adopten de manera oportuna y que sean
materialmente justas y acordes con las normas legales y los principios
constitucionales.

22. Finalmente, es oportuno recordar que la solicitud de tutela procede contra toda
actuación que amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya otro
recurso idóneo y efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidas aquellas
propias de las autoridades judiciales.

6

Radicación11001-03-15-000-2026-02519-01
Demandante: José William Sánchez Páez

2.3.2. Sobre el caso concreto

23. José William Sánchez Páez acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordenara al Consejo de Estado,
Sección Primera resolver dentro de un plazo razonable la solicitud de medida cautelar
interpuesta el 21 de abril de 2025, en el medio de control de nulidad simple
identificado con el radicado 11001-03-24-000-2023-00299-00.

24. De conformidad con la información registrada en Samai 10 y en las pruebas
allegadas, se destacan las siguientes actuaciones:

25. En ejercicio del medio de control de nulidad simple presentó demanda en contra
de la Nación, Ministerio de Transporte con la finalidad de cuestionar la legalidad de
la Resolución 160 del 2 de febrero de 201711. Asimismo, radicó medida cautelar de
urgencia el 6 de febrero de 2024 para obtener la suspensión provisional del acto
administrativo demandado y para que se ordenara a la entidad demandada informar
a la opinión pública la existencia del proceso.

26. El Consejo de Estado, Sección Primera en providencia del 16 de febrero de 2024
negó la medida cautelar de urgencia y le impartió el procedimiento previsto en el
artículo 233 de la Ley 1437 de 2011.

27. En providencia del 6 de diciembre de 2024 negó la solicitud de medida cautelar de
suspensión provisional de los efectos de la Resolución 160 de 2 de febrero de 2017,
al considerar que no existió una vulneración manifiesta de derechos fundamentales.

28. El 21 de abril de 2025, presentó solicitud de medida cautelar de urgencia con el
objetivo de que se suspendieran de manera provisional algunas de las expresiones12
que se encuentran en la Resolución 160 de 2017. Además de ordenar al Ministerio
de Transporte informar a la opinión pública sobre la existencia del proceso de nulidad
contra el acto administrativo, y contratar al Ministerio de Ambiente para que realice
un análisis de la emisión de ruido y de partículas contaminantes de dichos vehículos.

29. El Consejo de Estado, Sección Primera en providencia del 1° de agosto de 2025
corrió traslado de la solicitud de medida cautelar para que la parte demandada se
pronunciara, así:

«[…] De conformidad con lo previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sobre el procedimiento para la adopción
de las medidas cautelares y, en atención a la solicitud de medida cautelar planteada por

10 Ver el proceso de nulidad simple con el radicado 11001-03-24-000-2023-00299-00.
11 «Por la cual se reglamenta el registro y la circulación de los vehículos automotores tipo ciclomotor,

tricimoto y cuadriciclo y se dictan otras disposiciones».
12 «de combustión interna»; «y/o de cualquier otro tipo de generación de energía»; «y con un motor de

cilindrada mayor a 50 cm³ o»; «y/o de cualquier otro tipo de generación de energía, de cilindraje»; «a
50 cm³ si es de combustión interna ni potencia nominal superior»; «y/o de cualquier otro tipo de
generación de energía, de cilindraje no superior a 50 cm³, si es de combustión interna, y»; «y/o de
cualquier otro tipo de generación de energía limpia»; «y de emisiones contaminantes»; «y del sistema
de escape de gases cuando aplique»; «sea de combustión interna».
7

Radicación11001-03-15-000-2026-02519-01
Demandante: José William Sánchez Páez

el actor, obrante en el índice núm. 68 del expediente digital, córrase traslado a la parte
demandada por el término de cinco (5) días para que se pronuncie sobre ella […]».

30. El 10 de agosto de 2025, se registró cambio de ponente: «para tramitar el proceso
en el despacho de la doctora Nubia Margoth Peña Garzón en encargo. -Ponente anterior:
«[…] HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ Ponente nuevo: NUBIA MARGOTH PEÑA
GARZÓN (E2) […]».

31. El 11 de agosto de 2025, hubo un nuevo cambio de ponente: «[…] Ponente anterior:
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN (E2) y nuevo ponente: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA
ACOSTA. […]»

32. El auto que corrió traslado de la medida cautelar a la parte demandada fue
notificado el 13 de agosto de 2025, con el objetivo de que se pronunciara sobre la
solicitud de las medidas cautelares de urgencia.

33. El 13 de agosto de 2025, se dejó constancia secretarial del término que había para
pronunciarse respecto a la solicitud de medida cautelar, el cual vencía el 25 de agosto
de 2025.

34. Desde el 1°. de septiembre de 2025 la solicitud de medidas cautelares está al
despacho para fallo.

35. El 16 de febrero de 2026, la parte demandante solicitó impulso procesal para que
se resolviera la solicitud de medidas cautelares interpuesta el 21 de abril de 2025.

36. En providencia del 16 de abril de 2026 se resolvió la solicitud de impulso procesal
presentada, en los siguientes términos:

37. El 11 de mayo de 2026, el expediente ingresó al despacho.

38. En Samai registra como últimas actuaciones las siguientes:

8

Radicación11001-03-15-000-2026-02519-01
Demandante: José William Sánchez Páez

39. En concordancia con lo anterior, a juicio de la Sala, de acuerdo con el tiempo que
ha trascurrido desde que el asunto fue radicado ante la autoridad judicial demandada,
se observa que se ha tramitado de manera diligente dadas las particularidades que
se han presentado como lo son las remisiones, los cambios de ponente, las
solicitudes de medidas cautelares, las notificaciones, traslados, entre otras. Tan es
así, que actualmente, luego de resolverse la solicitud de impulso procesal, el proceso
subió al despacho.

40. Razón por la cual, en lo referente a la posible demora en la que ha podido incurrir
el Consejo de Estado, Sección Primera para definir la solicitud de medida cautelar
de urgencia presentada el 21 de abril de 2025, se recuerda que no todo
incumplimiento de un término judicial constituye una vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues
solo la tardanza injustificada acarrea su desconocimiento, lo cual no es predicable
en el presente caso como quedó demostrado.

41. Además, de acuerdo con la información suministrada por la autoridad judicial
demandada en su respuesta al impulso presentado, se ha respetado el sistema de
turnos, pues en la actualidad cuenta con un total de 1322 procesos, los cuales están
pendientes de algún tipo de actuación.

42. Lo anterior es importante referirlo, en la medida que, si bien la Corte Constitucional
ha considerado que la mora judicial injustificada se configura cuando «(i) se presenta
un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación
judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la
congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el
cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial»13.

43. Lo cierto es que también «ha reconocido la realidad del país en materia de congestión
del sistema judicial y el exceso de las cargas laborales. Este tribunal es consciente que, en
la mayoría de los casos, el represamiento de procesos “no permite a los funcionarios cumplir
con los plazos legalmente establecidos”»14. Razón por la cual, resulta claro que si bien
el expediente ingresó al despacho en el 2025 también lo es que existen asuntos
pendientes de decisión con ingreso anterior, por lo que resulta ajustado a derecho
que la autoridad judicial respete el sistema de turnos, pues el mismo es garantía del

13 Ver sentencias T-230 de 2013, T-186 de 2017, T-052 de 2018, entre otras.
14Ver sentencias SU-394 de 2016, T-099 de 2021, entre otras.

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Demandante: José William Sánchez Páez

derecho a la igualdad de los demás usuarios de la administración de justicia. Tal y
como lo ha referido la Corte Constitucional15:

«el sistema de turnos ideado por el legislador, “garantiza la igualdad, el debido proceso y
la efectividad de acceso a la administración de justicia, al paso que contribuye a
racionalizar la prestación del servicio de administrar justicia.
[…]
frente a la mora judicial justificada, según las circunstancias del caso, es posible (i) negar
la violación de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
sometiendo al interesado al sistema de turnos».

3. Conclusión

44. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que se confirmará la decisión del
a quo, mediante la cual negó el amparo de los derechos fundamentales de José
William Sánchez Páez, en la solicitud de tutela presentada en contra del Consejo de
Estado, Sección Primera.

45. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 8 de mayo de 2026, por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se negó la solicitud de tutela
presentada por José William Sánchez Páez en contra del Consejo de Estado,
Sección Primera.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

15 Ver sentencias T-220 de 2007, T-230 de 2013, entre otras.

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Radicación11001-03-15-000-2026-02519-01
Demandante: José William Sánchez Páez

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

SSR/LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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