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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02521-00

Fecha
29 de mayo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02521-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela interpuesta por Luis Abraham Ortiz contra el Tribunal Administrativo de Norte Santander, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02521-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

29 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02521-00
Accionante: Luis Abraham Ortiz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02521-00
Accionante: Luis Abraham Ortiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela-carácter subsidiario del amparo. Mora judicial - Niega el amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por Luis Abraham Ortiz contra el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Luis Abraham Ortiz, por conducto de apoderado judicial, promovió acción de tutela en
procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, los cuales considera vulnerados
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, con ocasión de la presunta mora
judicial en la que habría incurrido al no resolver el escrito radicado el 26 de enero de
2026, mediante el cual: (i) se opuso a la terminación del proceso ejecu tivo promovido por
el accionante contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, identificado con el
radicado núm. 54-001-23-33-000-2020-00041-00; y (ii) solicitó el pago de los dineros que
la entidad demandada hubiere consignado a órdenes del despacho judicial dentro de
dicho trámite.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica 1:

2.1. El señor Luis Abraham Ortiz, junto con Leidy Carolina Ortiz Araque, Andrea del Pilar
Ortiz Araque, Arabi Zulima Ortiz Araque, Ligia Trinidad Ortiz Araque, Miguel Ángel Ortiz
Araque, Manuel Antonio Ortiz Araque y Fredy Omar Ortiz Araque, promovieron proceso
ejecutivo con el propósito de obtener el pago de la suma de $54.447.575, correspondiente
a la obligación contenida en el acuerdo conciliatorio celebrado el 12 de noviembre de

1 Ibídem

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02521-00
Accionante: Luis Abraham Ortiz

2014 y aprobado por la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante auto del 28 de
enero de 2015.

2.2. El 21 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en el
marco del proceso ejecutivo identificado con radicado núm. 54-001-23-33-000-2020-
00041-00 dictó auto mediante el cual libró mandamiento ejecutivo por las sumas
solicitadas por la accionante. Asimismo, dispuso que la Fiscalía General de la Nación
debía cancelar los intereses moratorios causados desde la ejecutoria del auto del 28 de
enero de 2015 proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, hasta la fecha de
pago efectivo de la obligación.

2.3. Posteriormente, el 12 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander profirió auto mediante el cual ordenó seguir adelante con la ejecución. Más
adelante, el 6 de septiembre de 2021, se corrió traslado de la liquidación del crédito y, el
20 de febrero de 2024, el expediente ingresó al despacho para decidir sobre dicha
liquidación.

2.4. En agosto de 2025, el señor Luis Abraham Ortiz presentó derecho de petición ante
la Fiscalía General de la Nación. En respuesta, la entidad informó que había efectuado
un pago a órdenes del proceso ejecutivo.

2.5. A través de auto emitido el 20 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander ordenó correr traslado de la solicitud de terminación del proceso por pago
total de la obligación, presentada por la Fiscalía General de la Nación.

2.6. El 26 de enero de 2026, la parte actora radicó escrito ante el Despacho 004 del
Tribunal de Norte de Santander, mediante el cual se opuso a la terminación del proceso
y solicitó que se efectuara el pago del depósito judicial existente en el marco del proceso
ejecutivo. El accionante sostiene que hasta el momento de la presentación de la acción
de tutela no ha recibido respuesta de la solicitud presentada en el mes de enero de 2026.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela 2

3.1. La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva y, en consecuencia,
que se ordene al Tribunal Administrativo de Norte de Santander resolver la sol icitud
radicada el 26 de enero de 2026, relativa al pago de los dineros consignados por la
Fiscalía General de la Nación dentro del proceso ejecutivo.

3.2. Como fundamento de la solicitud de amparo, invocó los artículos 23 y 86 de la
Constitución Política; los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992; el Decreto Ley 1382 de
2000; el artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo; y el artículo 10 del Decreto 2150 de 1995. Asimismo, afirmó que atraviesa

2 Índice 00002 aplicativo SAMAI, con certificado núm. 8581E8494192B95C 8F4CB9EE49497CC6
7031C12DA41F44BB 18A9C974C7DA0FA7

2

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Accionante: Luis Abraham Ortiz

una situación económica “calamitosa”, circunstancia que lo impulsa a procurar el recaudo
de las sumas adeudadas.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 7 de abril de 20263, el despacho de la magistrada ponente admitió
la acción de tutela; dispuso la vinculación de la Fiscalía General de la Nación, en calidad
de tercero con interés; reconoció personería al doctor César Andrés Cristancho Bernal y
ofició al Tribunal Administrativo de Norte de Santander para que remitiera copia del
expediente identificado con el radicado núm. 54-001-23-33-000-2020-00041-00.

Posteriormente, el 4 de mayo de 2026 4, el despacho ordenó vincular al presente trámite
constitucional, en calidad de terceros con interés, a Leidy Carolina Ortiz Araque, Andrea
del Pilar Ortiz Araque, Arabi Zulima Ortiz Araque, Ligia Trinidad Ortiz Araque, Miguel
Ángel Ortiz Araque, Manuel Antonio Ortiz Araque y Fredy Omar Ortiz Araque. No
obstante, el 19 de mayo de 2025, la Secretaría del Consejo de Estado emitió constancia 5
en la que manifestó la imposibilidad de notificar personalmente a los sujetos recién
mencionados y procedió a publicar aviso a la comunidad6, que tuvo como objetivo realizar
la efectiva notificación los terceros interesados.

Surtido el trámite de notificación, se recibieron las siguientes intervenciones:

4.2. La Fiscalía General de la Nación 7 sostuvo que carece de legitimación en la causa
por pasiva dentro del presente trámite constitucional, toda vez que no existe relación de
causalidad entre su actuación u omisión y los derechos fundamentales cuya vulneración
alega el accionante.

En ese sentido, señaló que la legitimación en la causa por pasiva únicamente puede
predicarse de quienes tienen la capacidad de vulnerar o amenazar los derechos
fundamentales del accionante, ya sea por acción u omisión, y de quienes estén llamados
a responder por dicha afectación.

Asimismo, precisó que, conforme a la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela
solo puede dirigirse contra quienes hayan participado en los hechos que motivaron la
solicitud de amparo o deban intervenir en ella. Con fundamento en lo anterior, soli citó que
se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la
Nación.

3 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 2876D0C04DACDE36 E0B2DD3BF6346C69
56711BDFF29BB59C 092D75FD21D02035.
4 Índice 00014 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 4808496FD75DE90B AE6CA6CCA9BF9954
12238E709F0264D2 E66EFE47C24B0CD1.
5 Índice 00021 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. AE16A36C5329C4C4 93D16006852737F7
A03197F99215C773 C54785BF7EED0DB9.
6
Índice 00022 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 049BA4D8F59BA139 9311A6A61927778B
6CA418A4C8CCF3D7 B3F2974C7BACA2C4.
7 Índice 00012 del aplicativo SAMAI con certificado núm. 466D1EDBF3AC487C 0F27781737DFA8F2
4852DA1A97FDE4FF C373679C391C4D24

3

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Accionante: Luis Abraham Ortiz

4.3. El Despacho 004 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, allegó copia
del expediente digital del proceso ordinario 8. Asimismo, el magistrado ponente9 rindió
informe en el que solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que
la mora judicial alegada por el accionante se encuentra justificada. Indicó que, el 9 de
abril de 2026, requirió a la contadora del tribunal para que certificara si en la cuenta
judicial existía un título judicial correspondiente al proceso ejecutivo promovido por el
accionante, con el fin de emitir pronunciamiento frente a la solicitud elevada.

Asimismo, expuso que tomó posesión del cargo el 25 de julio de 2016 y que, para ese
momento, el Despacho 004 tramitaba exclusivamente procesos escriturales regidos por
el Código Contencioso Administrativo. Sin embargo, en febrero de 2017, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Norte de Santander dispuso que dicho despacho asumiría
exclusivamente el conocimiento de procesos regidos por el CPACA. En consecuencia,
decidió cerrar el reparto para los demás despachos, circunstancia que condujo a que el
Despacho 004 recibiera la totalidad de los procesos de primera, segunda y única
instancia, con el propósito de alcanzar una carga aproximada de 500 expedientes.

Precisó que, debido a que la totalidad de los procesos ingresaron simultáneamente y no
de manera gradual, el Despacho 004 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander
entró en una situación de congestión judicial a partir del año 2020, cuando los
expedientes comenzaron a ingresar masivamente al despacho.

Adicionalmente, indicó que tiene a su cargo asuntos con prelación constitucional y legal,
tales como acciones de tutela, incidentes de desacato, acciones de cumplimiento, habeas
corpus, acciones de pérdida de investidura, recursos de insistencia y procesos
electorales, entre otros, circunstancia que ha repercutido en el tiempo de resolución de
los procesos ejecutivos.

Con fundamento en ese contexto, sostuvo que la mora judicial alegada por el accionante
se encuentra justificada y, por tanto, solicitó negar las pretensiones de la acción
constitucional.

4.4. Leidy Carolina Ortiz Araque, Andrea del Pilar Ortiz Araque, Arabi Zulima Ortiz
Araque, Ligia Trinidad Ortiz Araque, Miguel Ángel Ortiz Araque, Manuel Antonio Ortiz
Araque y Fredy Omar Ortiz Araque guardaron silencio, pese a haber sido notificados a
través del aviso publicado el 19 de mayo de 2025 por la Secretaría del Consejo de Estado.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

8
Índice 00020 del aplicativo SAMAI con certificado núm. A02E83861DC9D4C7 78D4FB11A39A5EFD
F66E25D3AEAFE522 4CB8A1F342335DB2
9 Índice 00011 del aplicativo SAMAI con certificado núm. 7C429736866516C7 6ED52F6242BCC755
F4348287D36E2872 1F5CF394469D8547

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02521-00
Accionante: Luis Abraham Ortiz

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591
de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Luis
Abraham Ortiz al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados, dado que
actúa como ejecutante en el proceso ejecutivo identificado con el radicado núm. 54-001-
23-33-000-2020-00041-00.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander por cuanto tiene a su cargo el proceso mencionado
y la parte accionante le atribuye la vulneración de sus derechos por la presunta mora para
expedir la respuesta a la solicitud presentada.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice la autoridad judicial accionada
vulneró las garantías fundamentales de la parte actora con ocasión de la mora judicial
alegada en el trámite del proceso de reparación directa.

4. Procedibilidad de la acción

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que
establece la ley10.

Este mecanismo solo procede cuando el afectado no tiene otros medios de defensa
judicial para la protección de sus derechos fundamentales o, a pesar de tenerlos, se
acude al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

4.1. Mora judicial

El artículo 29 de la Constitución establece el derecho al debido proceso “sin dilaciones
injustificadas” que tiene toda persona. De igual forma, el artículo 228 ibídem dispone que
“[l]os términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado (…)”. Así mismo, según el artículo 4 de la Ley 270 de 1996, “[l]a
administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán

10 Sentencia T-867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como intérprete

autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y contenido que el Constituyente
otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción judicial en él contemplada, además de ostentar un
carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto, la protección concreta e inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales de los ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción
u omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho
contemplados en la ley”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02521-00
Accionante: Luis Abraham Ortiz

perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su
violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a
que haya lugar”.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha dispuesto que “un elemento
fundamental del derecho al debido proceso es la garantía de obtener una decisión de
fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de plazos razonables” 11 y que cuando los
jueces no cumplen los términos establecidos en la ley para resolver los requerimientos
de las partes, incurren en mora judicial, conducta que puede comportar una eventual
vulneración del derecho al debido proceso ante la omisión de proferir una determinada
providencia.

No obstante, el alto Tribunal Constitucional también ha indicado que “no todo retardo en
la adopción de una decisión judicial genera per se una infracción a la Constitución, [p]ara
que esto ocurra debe probarse que la dilación injustificada tuvo origen en la falta de
diligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus deberes o que el plazo del
proceso sea irrazonable”12. Por esta razón, la jurisprudencia constitucional ha reconocido
que la mora judicial puede darse por negligencia o arbitrariedad de los funcionarios
judiciales encargados de proferir las providencias —caso en el cual la mora es
injustificada—; o por la sobrecarga y el represamiento de trabajo que impide el
cumplimiento de los términos procesales, caso en el que la mora es justificada y no
vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia13.

Adicional, la jurisprudencia constitucional14 ha identificado unos supuestos en los cuales
puede presentarse mora judicial aun cuando el funcionario haya actuado con diligencia.
Entre estos se encuentran: i) cuando la complejidad del asunto impide observar
estrictamente los términos previstos por el legislador; ii) cuando concurren problemas
estructurales que generan congestión judicial y una excesiva carga laboral; y iii) cuando
se acreditan circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden adelantar las
actuaciones judiciales con sujeción a los términos.

En ese sentido, resulta necesario examinar, en cada caso concreto, las condiciones
particulares del asunto sometido estudio, con el fin de evaluar y determinar si existe una
justificación debidamente acreditada que explique la mora 15. Lo anterior implica que, aun
cuando se superen los términos procesales para que el juez adopte una determinación,
dicha circunstancia no constituye, por sí sola, una vulneración del derecho a obtener una
decisión de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de un plazo razonable, cuando se
advierte la existencia de un motivo válido que justifique el retraso, conforme al concepto
jurisprudencial de “mora judicial justificada” 16.

11 Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Sentencias T-565 de 2016, T-441 de 2015, T-1227 de 2001, T-1226 de 2001 y T 286 de 2020.
15 SU-179 de 2021.
16
Las sentencias SU-333 y SU 453 de 2020, señalaron que “el estudio del derecho al debido proceso sin dilaciones
injustificadas y de la prestación del servicio público a la administración de justicia con la observancia diligente de los
términos procesales, so pena de sancionar su incumplimiento, ha determinado l a construcción de una línea
jurisprudencial sobre la mora judicial producida, en últimas, por la necesidad de establecer si el incumplimiento objetivo

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Accionante: Luis Abraham Ortiz

5. Caso concreto

La Sala anuncia que negará el amparo solicitado, por las razones que se exponen a
continuación:

5.1. Del examen del escrito de tutela se advierte que la parte actora considera que el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander incurrió en una mora judicial injustificada
y, en consecuencia, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, al no emitir pronunciamiento
respecto de la solicitud radicada el 26 de enero de 2026 dentro del proceso ejecutivo
identificado con el radicado núm. 54-001-23-33-000-2020-00041-00.

5.2. No obstante, la Sala observa que, a partir de la revisión de las actuaciones
procesales surtidas dentro del asunto de la referencia, conforme a lo registrado en el
aplicativo SAMAI17, si bien el accionante radicó la referida solicitud el 26 de enero de
2026, con posterioridad a dicha actuación se presentaron actuaciones procesales
encaminadas a resolver el requerimiento elevado por la parte ejecutante.

De igual manera, se advierte que la autoridad judicial accionada ha impulsado el trámite
de manera diligente y razonable en cada una de sus etapas. En efecto, tal circunstancia
se evidencia en las actuaciones surtidas desde el 20 de febrero de 2024, fecha en la cual
el expediente ingresó al despacho para decidir sobre la liquidación del crédito, conforme
se registra en el aplicativo SAMAI:

Fecha Tipo de actuación desarrollada
Tras recibir la liquidación realizada por la contadora, el expediente entra
20 de f ebrero de 2024
al Despacho para decidir sobre la liquidación del crédito.
Se presenta solicitud de revisión de la liquidación aportada por la
8 de agosto de 2024
contadora.
13 de agosto de 2024 Se aporta actualización de la liquidación.
1 de diciembre de El Tribunal Administrativo de Norte de Santander prof irió auto que
2025 modif ica liquidación del crédito.
9 de diciembre de La Secretaría ingresó nuevamente el expediente al Despacho.
2025
9 de diciembre de La Fiscalía General de la Nación presentó solicitud de terminación del
2025 proceso por pago total de la deuda.
El Despacho 0004 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander
20 de enero de 2026 corrió traslado de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la
Nación.
La parte ejecutante presentó escrito en el que se opuso a la terminación
26 de enero de 2026 del proceso y solicitó que se ef ectuara el pago del depósito judicial
existente en el marco del proceso ejecutivo.

de los plazos o términos previstos por el legislador para adelantar una actuación es razonable o no, y para ello ha
acudido a varios criterios. Indicó que no toda mora judicial implica la vulneración de los derechos fundamentales de
una persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre en un desconocimiento de plazo razonable y la
inexistencia de un motivo válido que lo justifique. Este análisis se adelanta teniendo en cuenta (i) la complejidad del
caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii) la valoración global del procedimiento y (iv) los intereses que se
debaten en el trámite.”
17 En el proceso ejecutivo identificado con radicado núm. 54-001-23-33-000-2020-00041-00

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02521-00
Accionante: Luis Abraham Ortiz

El proceso ingresó nuevamente al Despacho 004 del Tribunal
30 de enero de 2026
Administrativo de Norte de Santander.
Se prof irió auto a través del cual se requirió a la contadora del tribunal
9 de abril de 2024 para que certif ique si se encuentra en el proceso un título ejecutivo a
nombre del despacho y por cuál monto.

De esta forma, la Sala observa que el Despacho 004 del Tribunal Administrativo de Norte
de Santander ha impulsado el trámite con diligencia y celeridad en las actuaciones
procesales previamente referidas. Asimismo, se advierte que, el 9 de abril de 2026, l a
autoridad judicial accionada requirió a la contadora del tribunal con el propósito de
verificar la existencia de un título judicial a órdenes del despacho y establecer el monto
correspondiente.

En consecuencia, se evidencia que el tribunal ha adelantado actuaciones encaminadas
a obtener los insumos necesarios para resolver la solicitud elevada por el accionante.
Además, resulta razonable que la autoridad judicial accionada únicamente pueda emitir
un pronunciamiento definitivo una vez obtenga la información requerida a la contadora
del tribunal, pues solo a partir de dicha verificación podrá establecer si la Fiscalía General
de la Nación efectuó el pago total de la obligación objeto de ejecución.

5.3. Asimismo, el magistrado ponente del asunto, al rendir el informe solicitado dentro del
presente trámite constitucional, expuso las razones por las cuales considera que ha
actuado de manera diligente en el proceso ejecutivo objeto de controversia.

Al respecto, el magistrado Robiel Amed Vargas González indicó que asumió la titularidad
del Despacho 004 el 25 de julio de 2016 y que, para ese momento, únicamente tramitaba
procesos escriturales regidos por el Código Contencioso Administrativo. No obstante,
precisó que, en el año 2017, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander
dispuso que dicho despacho asumiría de manera exclusiva el conocimiento de procesos
regidos por la Ley 1437 de 2011.

Como consecuencia de lo anterior, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander dispuso el cierre del reparto para los demás despachos del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, circunstancia que condujo a que la totalidad de las
demandas de primera, segunda y única instancia fueran asignadas al Despacho 004, con
el propósito de equilibrar la carga laboral frente a los demás despachos, hasta alcanzar
un aproximado de 500 expedientes. No obstante, mientras los demás despachos
recibieron dicha carga de manera gradual, el Despacho 004 asumió el ingreso masivo de
procesos en un mismo periodo.

Según lo expuesto por el magistrado accionado, esta situación ocasionó que, a partir del
año 2020 se generara un colapso, “sin que humanamente sea posible emitir las
sentencias dentro de un tiempo razonable”18. Asimismo, el magistrado manifestó que el
Despacho debe:

18 Índice 00011 del aplicativo SAMAI con certificado núm. 7C429736866516C7 6ED52F6242BCC755
F4348287D36E2872 1F5CF394469D8547

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02521-00
Accionante: Luis Abraham Ortiz

Asimismo, el magistrado manifestó que el despacho debe atender, con prelación
constitucional y legal, múltiples asuntos de trámite preferente, tales como:

“resolver con prelación las acciones constitucionales de tutela de primera y
segunda instancia, incidentes de desacato, acciones de cumplimiento en primera
y segunda instancia, hábeas corpus, acciones de pérdida de investidura, recurso
de insistencia, acciones electorales, etc.(…), las cuales tienen prelación legal
frente a la decisión de un asunto de un proceso ejecutivo, en el cual se discute el
pago de una obligación económica”19.

Por último, el magistrado manifestó que integra dos Salas de decisión del Tribunal, las
cuales también deben resolver asuntos que, al igual que los previamente referidos,
cuentan con prelación constitucional y legal. En razón de ello, señaló que el tiempo
disponible para la elaboración de proyectos de decisión dentro de su despacho se ha
reducido de manera considerable.

Lo anterior permite advertir el alto nivel de congestión judicial que enfrenta el Despacho
004 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, situación que se ve agravada por
la necesidad de otorgar prelación al trámite y decisión de asuntos constituci onales, así
como de acciones electorales y de pérdida de investidura. En consecuencia, la Sala
considera que la demora en emitir respuesta a la solicitud presentada por el accionante
obedece a circunstancias objetivas y razonables derivadas de la significativa carga
laboral que soporta el despacho judicial accionado.

Así las cosas, en atención a las razones previamente expuestas, resulta razonable que
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander no haya emitido aún pronunciamiento
definitivo frente a la solicitud presentada por el señor Luis Abraham Ortiz dentro del
proceso ejecutivo de la referencia. No obstante, se encuentra acreditado que la autoridad
judicial ha adelantado actuaciones concretas encaminadas a resolver el requerimiento
formulado por el accionante, pues ya requirió a la contadora del tribunal para que
certifique la existencia de títulos judiciales a órdenes del despacho y determine el monto
correspondiente.

5.4. A partir de lo expuesto, la Subsección concluye que no se encuentra acreditada una
mora judicial injustificada atribuible al Tribunal Administrativo de Norte de Santander
respecto de la solicitud radicada el 26 de enero de 2026. En efecto, la ausencia de un
pronunciamiento definitivo no obedece a una conducta negligente o desidiosa de la
autoridad judicial accionada, sino a circunstancias objetivas debidamente acreditadas,
tales como la elevada carga laboral y el nivel de congestión judicial que afronta el
despacho.

En consecuencia, si se tiene en cuenta que la solicitud fue presentada el 26 de enero de
2026 y que, posteriormente, el despacho del magistrado sustanciador profirió auto el 9
de abril de 2026, mediante el cual requirió a la contadora del tribunal para que informara
sobre la existencia de títulos judiciales a órdenes del despacho y determinara el monto

19 Ibidem

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02521-00
Accionante: Luis Abraham Ortiz

correspondiente, la Sala considera que el término transcurrido hasta la fecha no puede
calificarse como irrazonable o desproporcionado.

5.5. En todo caso, el lapso transcurrido desde la radicación de la solicitud no resulta
contrario a los postulados constitucionales, particularmente si se considera la carga
laboral que afrontan las autoridades judiciales de la jurisdicción contencioso-
administrativa a nivel nacional. Asimismo, la sola inobservancia de los términos judiciales
no configura, por sí misma, una vulneración del debido proceso, salvo que se acredite la
existencia de un perjuicio irremediable 20, circunstancia que no se presenta en el sub
examine.

Así las cosas, la Sala considera que la actuación expuesta por el accionante como
constitutiva de mora judicial y lesiva de sus derechos fundamentales no está acreditada,
en consecuencia, se negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela interpuesta por Luis Abraham Ortiz contra el
Tribunal Administrativo de Norte Santander, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
Magistrado

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado

MCMM

20 Sentencias T- 1154 de 2001 y T-1249 de 2004.

10

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