RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02528-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02528-00

Fecha
29 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02528-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad con las razones ut supra. 19 Corte Constitucional, sentencia T-189-09. 20 Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016. 10 Radicación: 11001-03-15-000-2026-02528-00 Accionante: Misael Gámez Plata Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02528-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

29 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02528-00
Accionante: Misael Gámez Plata
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – inmediatez. Sentido del fallo de tutela: Se
declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Misael Gámez Plata, a nombre
propio, en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y del
Tribunal Administrativo de Arauca.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 6 de abril de 20262, la parte actora interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al debido
proceso, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia, a la
dignidad humana y al mínimo vital que considera vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Arauca y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, en tanto que, mediante sentencia del 26 de marzo de 2021, el primero negó las
pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada por el segundo a través
de providencia del 10 de abril de 2025, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 50001-23-31-000-2010-
00159-00/01.

1 Índices 2 y 8 de SAMAI, certificados B5736AA7292C8A62 DE81C28AF141A07D E278809E130173DA
DD13C9CAB9534535 y 422F076C57815E4C 36793A87D2892B4EBCB11A11D17240DF
EC48937CDE756876, respectivamente.
2 Índice 2 de SAMAI, certificado C8B5AA4D3BA61DB0 E57C9F24C13540F6 34A931F8684F5522

C78D90CEB70F1CCB.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02528-00
Accionante: Misael Gámez Plata
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

2. Hechos

2.1. El hoy accionante afirma que en servicio activo recibió lesiones, por lo que
posteriormente fue retirado de la Policía Nacional.

2.2. Aduce que las lesiones fueron contundentemente graves. Producto de ello, la
evaluación médica laboral de retiro inicial 0419 del 11 de febrero de 2009 de la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional le dictaminó una disminución de la
capacidad laboral del 36.85%.

Posteriormente, manifiesta, solicitó convocar al Tribunal Médico Laboral de Revisión
Militar y de Policía y el 21 de abril de 1999, según acta 1559, ratificaron el acta de
junta médica 0419 del 11 de febrero de 1999. Luego, mediante acta de médico
laboral fue declarado no apto para el servicio militar, con una incapacidad relativa y
permanente.

2.3. A raíz de ello, el señor Gámez Plata interpuso demanda3 contra la contra la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional con el fin de que se declarara la
nulidad del Oficio 6051 del 8 de octubre de 2009. A título de restablecimiento del
derecho solicitó, entre otras cosas, ordenar a la referida entidad i) reconocer una
pensión de invalidez en el equivalente al 75 % del salario básico que devengaba en
la entidad, al momento de su retiro, desde el mismo momento en que resultó
discapacitado en forma absoluta y permanente, incluyendo los demás
emolumentos; ii) pagar el reajuste de la indemnización que legalmente le
corresponda, conforme a los parámetros que por incapacidad psicofísica determina
el ordenamiento jurídico; iii) cancelar los montos adeudados de forma indexada más
la corrección monetaria e intereses correspondientes; y iv) pagar 100 salarios
mínimos legales mensuales vigentes al momento de la sentencia, como reparación
de los perjuicios causados.

2.4. El actor señala que el 22 de agosto de 2018 la Junta Regional de Invalidez del
Meta rindió dictamen en el que estableció un 50.98% de pérdida de capacidad
laboral.

3 Formato onedrive, archivo denominado “Cuaderno 1”, carpeta “06 Expediente digital”, link en “001ED_ Enlace”,

visible a índice 17 de SAMAI, certificado A44F2DB8B1A57291 2B2F1659C423CAC9 D791C0BD2FB9045E
DB8377B71D4A8337, folios 22 al 29.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02528-00
Accionante: Misael Gámez Plata
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

2.5. El 26 de marzo de 20214, el Tribunal Administrativo de Arauca, en sentencia de
primera instancia, negó las pretensiones de la demanda.

2.6. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación.

2.7. A raíz de ello, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, el 10 de
abril de 20255, desató el recurso de apelación contra la sentencia del 26 de marzo
de 2021, en el sentido de confirmarla.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo que:

3.1. Las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo,
porque inobservaron el principio de favorabilidad al inaplicar el artículo 38 de la
Ley 100 de 1993, en su versión original, con el fin de reconocerle una pensión de
invalidez por tener una pérdida de capacidad laboral del 50.98%. Por el contrario,
para resolver la controversia, erróneamente usaron el Decreto 94 de 1989.

3.2. El artículo 38 de la Ley 100 de 1993 permite la incorporación como prueba,
por favorabilidad, del dictamen de calificación de la JRIM del 22 de agosto de 2018
donde se calificó un 50.98% de invalidez, con lo cual se desvirtúa directamente las
decisiones adoptadas inicialmente por la Policía Nacional en la Junta Médica
Laboral y el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía donde se dictaminó
un PCL del 36.85%

3.3. Las accionadas desconocieron el precedente jurisprudencial fijado por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-087 de 2025, SU-556 de 2019, SU-442 de
2016 y T-188 de 2020.

4 Índice 19 de SAMAI, certificado 028CEB125BB069A7 2E21E95235695C4A C96EAB442489B7E7
61B597C031F9B462, folios 24 al 90.
5 Índice 23 de SAMAI del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, certificado C7137CBA0E0F1128

3537CCBE476413F8 CC884A18B3B4F989 D8466CDCF3150611, radicado 50001233100020100015901.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02528-00
Accionante: Misael Gámez Plata
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

4. Pretensiones de la acción

La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:

“1. Que la Rama Jurisdiccional del Poder Público; Tribunal Administrativo de Arauca Sala De Lo
Contenciosos Administrativo, magistrado ponente, Doctora, Yenitza Mariana López Blanco,
Tribunal Administrativo del Meta y sala de lo contenciosos administrativo, magistrado ponente,
Doctor, Carlos Enrique Ardila Obando,- y Consejo de Estado Sección Segunda, Sala de lo
Contencioso Administrativo, magistrado Ponente, Doctor Jorge Edisson Portocarrero Banguera
dentro de la expedición de las sentencias con radicado 50001 2331 000 2010-00159 00 (2331
000 2010- 00159 01) sentencias de primera instancia de fecha 26 de marzo de 2021 del Tribunal
Administrativo de Arauca, Sentencia de segunda instancia de fecha 10 de abril de 2025, notificada
por edicto de fecha 8 de septiembre de 2025, incurrieron en vía de hecho y, por tanto, deberán
dejarse sin efecto las sentencias con radicado 50001 2331 000 2010- 00159 00, dictada en marzo
26 de 2021, y la sentencia con radicado 50001 2331 000 2010- 00159 01 de fecha 10 de abril de
2025 notificada por edicto el 8 de octubre de 2025 mediante la cual se resolvió la demanda
contenciosa de Nulidad y restablecimiento de derecho del suscrito MISAEL GAMEZ PLATA
contra la nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Junta de Calificación de Invalidez del
Meta.

2. Que se ordene a esas entidades, dicten nuevas providencias donde se revoquen las sentencias
del Tribunal Administrativo de Arauca Sala de lo Contenciosos Administrativo, magistrado
ponente, Doctora, Yenitza Mariana López Blanco, Tribunal Administrativo del Meta y Sala de lo
Contenciosos Administrativo, magistrado ponente, Doctor, Carlos Enrique Ardila Obando,- y
Consejo de Estado Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo, magistrado
Ponente, Doctor Jorge Edisson Portocarrero Banguera dentro de la expedición de las sentencias
con radicado 50001 2331 000 2010- 00159 00 (2331 000 2010- 00159 01) sentencias de primera
instancia de fecha 26 de marzo de 2021 del Tribunal Administrativo de Arauca, Sentencia de
segunda instancia de fecha 10 de abril de 2025, notificada por edicto de fecha 8 de septiembre
de 2025. En consecuencia, se ordene a las entidades de la jurisdicción produzcan nuevos fallos
en cada instancia donde se ordene se declare la nulidad de los actos acusados, se restablezca
el derecho a mi favor y se ordene el reconocimiento de la pensión de invalidez y las demás
pretensiones incoadas según los términos pedidos.”6 (Subrayado original del texto).

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1. Mediante auto del 27 de abril de 20267, el despacho ponente admitió la acción
de tutela y vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. También
dispuso la notificación a las partes y a la vinculada.

5.2. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional 8 señaló que la acción de
tutela es improcedente al no cumplir, de un lado, el requisito de inmediatez, porque
la sentencia de segunda instancia se notificó el 4 de septiembre de 2025, mientras
que el escrito de amparo se radicó el 6 de abril de 2026, esto es, 7 meses y 2 días

6 Índice 2 de SAMAI, certificado B5736AA7292C8A62 DE81C28AF141A07D E278809E130173DA
DD13C9CAB9534535, folio 15.
7 Índice 10 de SAMAI, certificado AD6A1963B549479B 27CF4EE71768D963 A18C6AEDB199238C

AABF2AAA798AB602.
8 Índice 18 de SAMAI, certificado D9C6095B5E090336 F235EDFA5CA36339 026DE96FC463E790

8DF5A062F9B4300F.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02528-00
Accionante: Misael Gámez Plata
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

después; y del otro, el requisito de subsidiariedad, comoquiera que no se acreditó
la configuración de un perjuicio irremediable.

Por otro lado, señaló que tanto el a quo como el ad quem, en sus respectivas
instancias, conocieron a fondo la litis planteada, pues abordaron de manera integral
las pretensiones y argumentos expuestos.

Adujo que se acreditó que al señor Gámez Plata le fue practicado inicialmente un
dictamen por parte de la Policía Nacional, contenido en el acta de Junta Médica
Laboral 0419 del 11 de febrero de 1999, confirmada mediante acta del Tribunal
Médico de Revisión Militar y de Policía 1559 del 21 de abril siguiente, en el cual se
determinó una pérdida de capacidad laboral del 36.85%, porcentaje que no permitía
consolidar el derecho prestacional reclamado. Ahora, cuando las afecciones que
posteriormente incrementan el porcentaje de invalidez corresponden a
enfermedades de origen común y ajenas a las funciones desempeñadas, se
desvirtúa la imputación de responsabilidad a la entidad demandada y, por ende, la
procedencia de las prestaciones reclamadas.

Así las cosas, conforme a la Ley 923 de 2004 y a la jurisprudencia del Consejo de
Estado, el reconocimiento de la pensión de invalidez para los miembros de la Fuerza
Pública exige una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, determinada
principalmente por la Junta Médico Laboral y el Tribunal Médico de Revisión Militar
y de Policía; y aunque la Junta Regional de Calificación de Invalidez actuó de
manera subsidiaria como perito, lo cierto es que dicha valoración, igualmente,
concluyó que el incremento de la pérdida de capacidad laboral no tuvo origen en
actos de servicio, circunstancia que desvirtúa la procedencia del derecho
prestacional reclamado.

5.3. El Tribunal Administrativo de Arauca9 sostuvo que la providencia censurada
está debidamente motivada en aspectos jurídicos y fácticos, y en ella se realizó una
relación detallada de la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso concreto.
Asimismo, aseveró que no se configuran los requisitos de procedencia y
procedibilidad previstos por la jurisprudencia constitucional. Finalmente, afirmó que

9 Índice 20 de SAMAI, certificado C818C37EFBCE6AF4 61F66446A5F6F7FD 714AD7479B74E539
82BACA3A841E88A2.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02528-00
Accionante: Misael Gámez Plata
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

la acción de tutela es improcedente, porque el actor pretende utilizarla como una
tercera instancia.

5.4. El magistrado ponente de la decisión reprochada de la Sección Segunda,
Subsección B10 señaló que la acción de tutela es improcedente al no cumplir el
requisito de inmediatez, porque la sentencia de segunda instancia se notificó por
edicto el 4 de septiembre de 2025, mientras que el escrito de amparo se radicó el 6
de abril de 2026, es decir, transcurridos aproximadamente 7 meses, sin que se
exponga una justificación para acudir de manera tardía a la acción constitucional.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Misael
Gámez Plata en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y
del Tribunal Administrativo de Arauca, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos

10 Índice 23 de SAMAI, certificado E1A0235538158994 5D2CB70A864FB626 45F4130349DDBC6E
549E608607760EA8.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02528-00
Accionante: Misael Gámez Plata
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

requisitos de procedibilidad11 y de procedencia12 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

4. El requisito general de inmediatez en el caso concreto

4.1. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 5 de
agosto de 201413, especificó que la inmediatez es una condición que permite
concretar la urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si se
interpuso en un periodo razonable, para cuyo efecto fijó como regla general “un
plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
según el caso”14.

Sin embargo, para determinar la oportunidad y razonabilidad del tiempo transcurrido
entre la firmeza de la providencia acusada y el momento en que fue interpuesta la
solicitud de amparo, cuando este sea mayor a 6 meses, la jurisprudencia
constitucional ha insistido en que en cada caso concreto se evalúe este
presupuesto, a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la acción de tutela.

El examen de los 6 meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias fácticas
que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las siguientes
variables de análisis que determinan cuándo se está ante una situación excepcional
que permite no ceñirse de forma estricta al referido término:

“…que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la
decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de
los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en
el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación
de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa
y es actual”15.

11 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al

cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
12 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;

defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
13 Expediente 2012-02201.
14 Consejo de Estado, sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, exp. 2012-02201.
15 Corte Constitucional, sentencias T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de

2005; T-158 de 2006; T-166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02528-00
Accionante: Misael Gámez Plata
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

4.2. Pues bien, en el expediente está acreditado que la sentencia de segunda
instancia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, el
10 de abril de 2025, fue notificada por edicto el 4 de septiembre siguiente,16 a saber:

Igualmente, lo anterior se corrobora en el índice 28 de SAMAI del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B.17

En ese orden, la providencia cobró ejecutoria el 9 de septiembre de 2025; por
consiguiente, el término razonable inició el 10 del mismo mes y año y feneció el 10
de marzo de 2026; sin embargo, la acción de tutela se interpuso el 6 de abril de
202618.

Así las cosas, se impone concluir que la solicitud de amparo tuvo lugar fuera del
plazo jurisprudencialmente dispuesto.

4.3. Por su parte, la Sala observa que no se demostró alguna circunstancia que
impidiera al actor acudir al mecanismo constitucional en la oportunidad
jurisprudencialmente señalada y que justificara su inactividad, de forma que
tampoco se puede entender que existe una afectación grave y urgente de sus

16 La Sala realizó consulta en la página web de la Rama Judicial, “consulta de procesos nacional unificada”.

Véase, en https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion
17 Índice 28 de SAMAI del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado
50001233100020100015901.
18 Índice 2 de SAMAI, certificado C8B5AA4D3BA61DB0 E57C9F24C13540F6 34A931F8684F5522

C78D90CEB70F1CCB.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02528-00
Accionante: Misael Gámez Plata
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

prerrogativas fundamentales, ni un nexo causal entre el ejercicio tardío de la
solicitud de amparo y la violación alegada.

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

“Específicamente en lo que tiene que ver con la inmediatez como requisito general de
procedencia, cabe insistir en que se trata de una exigencia de acuerdo con la cual la acción debe
ser instaurada oportunamente, en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración. La vocación de la tutela es la de servir como instrumento para reclamar
ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o
amenazados por la actuación u omisión de una autoridad pública. Para que ello sea viable, es
imperativo que las personas hagan uso de la acción con la misma presteza con la que la
jurisdicción constitucional debe atenderla.”19

Finalmente, se trae a colación lo sostenido por la Corte Constitucional en el
entendido de que, cuando la acción de tutela se interpone contra providencias
judiciales, se impone una mayor protección y rigidez al requisito de inmediatez, el
cual garantiza el cumplimiento del principio de seguridad jurídica y de la cosa
juzgada, a saber:

“[…] la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez puede variar
dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados en la
tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose de
acciones de tutela contra providencias judiciales. Al respecto, ha sostenido que “el requisito de
inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de tutela contra providencias judiciales,
de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en otros casos,
por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente.”20

5. En consecuencia, el presupuesto de inmediatez, como se expuso, no se
encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.

19 Corte Constitucional, sentencia T-189-09.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02528-00
Accionante: Misael Gámez Plata
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.