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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02528-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02528-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 29 de mayo de 2026 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02528-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02528-01
Accionante: Misael Gámez Plata
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho

Decisión: Confirmar la decisión de declarar improcedente la acción de
tutela por incumplimiento del requisito de inmediatez

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 29 de mayo
de 2026 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor Misael Gámez Plata en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuso demanda contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional con el propósito de que se declarara la nulidad del
acto administrativo por medio del cual negó el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez.

3. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Arauca que, mediante
sentencia del 26 de marzo de 2021, resolvió negar las pretensiones de la
demanda al considerar que no cumplió con los requisitos del régimen especial
de la Fuerza Pública contemplados en el Decreto 94 de 1989 y la Ley 100 de
1993.

4. En sede de apelación, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, a través de sentencia del 10 de abril de 2025, resolvió confirmar la anterior de
decisión, la cual fue notificada a las partes el 4 de septiembre de 2025.

2.2. Fundamento jurídico

5. La parte actora alegó que las decisiones cuestionadas adolecen de un defecto
sustantivo por inaplicación de lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley 100 de

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1993, toda vez que, a su juicio, le asistía el derecho al reconocimiento de la
pensión de invalidez al tener una pérdida de capacidad laboral del 50.98 %.

6. Disposición normativa que, permitía incorporar como prueba el dictamen de
calificación de la JRIM del 22 de agosto de 2018 donde se calificó un 50.98% de
invalidez, lo que desvirtuaba las decisiones adoptadas inicialmente por la Policía
Nacional en la Junta Médica Laboral y el Tribunal Médico de Revisión Militar y
de Policía donde se dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 36.85%.

7. De otra parte, manifestó que las autoridades judiciales incurrieron en un
desconocimiento de precedente contenido en las sentencias SU-087 de 2025,
SU-556 de 2019, SU-442 de 2016 y T-188 de 2020.

2.3. Pretensiones

8. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«1. Que la Rama Jurisdiccional del Poder Público; Tribunal Administrativo de
Arauca Sala De Lo Contenciosos Administrativo, magistrado ponente, Doctora,
Yenitza Mariana López Blanco, Tribunal Administrativo del Meta y sala de lo
contenciosos administrativo, magistrado ponente, Doctor, Carlos Enrique Ardila
Obando,- y Consejo de Estado Sección Segunda, Sala de lo Contencioso
Administrativo, magistrado Ponente, Doctor Jorge Edisson Portocarrero Banguera
dentro de la expedición de las sentencias con radicado 50001 2331 000 2010-
00159 00 (2331 000 2010- 00159 01) sentencias de primera instancia de fecha 26
de marzo de 2021 del Tribunal Administrativo de Arauca, Sentencia de segunda
instancia de fecha 10 de abril de 2025, notificada por edicto de fecha 8 de
septiembre de 2025, incurrieron en vía de hecho y, por tanto, deberán dejarse sin
efecto las sentencias con radicado 50001 2331 000 2010- 00159 00, dictada en
marzo 26 de 2021, y la sentencia con radicado 50001 2331 000 2010- 00159 01
de fecha 10 de abril de 2025 notificada por edicto el 8 de octubre de 2025 mediante
la cual se resolvió la demanda contenciosa de Nulidad y restablecimiento de
derecho del suscrito MISAEL GAMEZ PLATA contra la nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional, Junta de Calificación de Invalidez del Meta.

2. Que se ordene a esas entidades, dicten nuevas providencias donde se
revoquen las sentencias del Tribunal Administrativo de Arauca Sala de lo
Contenciosos Administrativo, magistrado ponente, Doctora, Yenitza Mariana
López Blanco, Tribunal Administrativo del Meta y Sala de lo Contenciosos
Administrativo, magistrado ponente, Doctor, Carlos Enrique Ardila Obando,- y
Consejo de Estado Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo,
magistrado Ponente, Doctor Jorge Edisson Portocarrero Banguera dentro de la
expedición de las sentencias con radicado 50001 2331 000 2010- 00159 00 (2331
000 2010- 00159 01) sentencias de primera instancia de fecha 26 de marzo de
2021 del Tribunal Administrativo de Arauca, Sentencia de segunda instancia de
fecha 10 de abril de 2025, notificada por edicto de fecha 8 de septiembre de 2025.
En consecuencia, se ordene a las entidades de la jurisdicción produzcan nuevos
fallos en cada instancia donde se ordene se declare la nulidad de los actos
acusados, se restablezca el derecho a mi favor y se ordene el reconocimiento de
la pensión de invalidez y las demás pretensiones incoadas según los términos
pedidos.
(…)»

2.4. Intervenciones

9. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado mediante auto del 27 de abril de 2026,

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en el que ordenó notificar a la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de
Estado y al Tribunal Administrativo de Arauca como accionados y a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional como terceros interesados en el
resultado del proceso.

10. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B manifestó que la
acción de tutela es improcedente por falta del requisito de inmediatez, en tanto,
la sentencia cuestionada fue notificada el 4 de septiembre de 2025 y el
mecanismo constitucional fue promovido el 6 de abril de 2026, esto es,
transcurridos 7 meses. Además, porque no se indica argumento alguno que
permitiera justificar la tardanza en la interposición de la presente acción de tutela.

11. El Tribunal Administrativo de Arauca indicó que la solicitud de amparo no
cumple con los requisitos de procedencia de tutela contra providencias judiciales,
particularmente, hizo referencia al de relevancia constitucional porque pretendía
utilizarla como una tercera instancia. Máxime cuando la decisión que se
pretendía infirmar observó las normas aplicables al asunto en cuestión y los
lineamientos jurisprudenciales.

12. Por lo anterior, pidió que se declare su improcedencia o, en su defecto se
niegue el amparo.

13. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional indicó que, la acción
de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la sentencia de
segunda instancia se notificó el 4 de septiembre de 2025, mientras que el escrito
de amparo se radicó el 6 de abril de 2026, esto es, 7 meses y 2 días, por lo tanto,
requirió que se declare la improcedencia.

14. De otra parte, indicó que el reconocimiento de la pensión de invalidez para
los miembros de la Fuerza Pública exigía una pérdida de capacidad laboral igual
o superior al 50%, determinada principalmente por la Junta Médico Laboral y el
Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía y, aunque la Junta Regional de
Calificación de Invalidez actuó de manera subsidiaria como perito, lo cierto es
que el incremento de la pérdida de capacidad laboral no tuvo origen en actos de
servicio, circunstancia que desvirtuaba la procedencia del reconocimiento
deprecado.

15. No se rindieron más informes.

2.5. Sentencia impugnada

16. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 29 de mayo de 2026, resolvió declarar improcedente la acción de
tutela por falta del requisito de inmediatez.

17. Al respecto, indicó que la sentencia cuestionada cobró ejecutoria el 9 de
septiembre de 2025, por consiguiente, el término razonable inició el 10 del mismo
mes y año y feneció el 10 de marzo de 2026; sin embargo, la acción de tutela se
interpuso el 6 de abril de 2026, es decir, que se promovió por fuera del término
establecido jurisprudencialmente para tal fin.

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18. Además, que no se demostró alguna circunstancia que impidiera al actor
acudir al mecanismo constitucional en la oportunidad jurisprudencialmente
señalada y que justificara su inactividad; así como tampoco se podía entender
que existía una afectación grave y urgente de sus prerrogativas fundamentales,
ni un nexo causal entre el ejercicio tardío de la solicitud de amparo y la violación
alegada.

2.6. Impugnación

19. La parte actora manifestó que el requisito de inmediatez no se podía aplicar
en estricto sentido sin analizar otras circunstancias, esto, con el propósito de
salvaguardar los derechos fundamentales invocados en protección.

20. De otra parte, insistió en los argumentos de la demanda, razón por la que
requirió que se revoque la decisión de primer grado, en consecuencia, se
amparen los derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la
seguridad social, al acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana
y al mínimo vital.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

21. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20191 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

22. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si la Subsección B, Sección Segunda, Consejo de Estado, al proferir
la sentencia del 10 de abril de 20252, vulneró los derechos fundamentales al
trabajo, al debido proceso, a la seguridad social, al acceso a la administración
de justicia, a la dignidad humana y al mínimo vital, al incurrir en los defectos
sustantivo y desconocimiento de precedente

23. Ahora bien, previamente, deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en especial el de inmediatez comoquiera que en la decisión de primer grado se
declaró la improcedencia del mecanismo constitucional con fundamento en dicha
causal.

1 Reglamento interno del Consejo de Estado.
2 Es menester indicar que, si bien la parte actora también pretende a través del presente mecanismo

constitucional infirmar la decisión del 26 de marzo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de
Arauca, lo cierto es que la Sala se pronunciará solo respecto de la decisión del 10 de abril de 2025, teniendo
en cuenta que esa sentencia fue la que puso fin al proceso ordinario. Todo ello, en caso de superarse los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el de
inmediatez echado de menos en la primera instancia.

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3.3. Procedencia de la acción de tutela

24. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

25. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en
esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar
justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo
constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

26. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en
esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

3.5. Del requisito de inmediatez

27. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se debe acreditar que la
tutela contra providencia judicial se ha interpuesto en un plazo razonable,
respecto de lo cual ha señalado:

«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos».

Además, como lo señaló la misma Corporación3, el requisito de la inmediatez
protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela

3 Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013.

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ejercida en un plazo irrazonable4»; «da vigencia al principio de seguridad jurídica,
al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra ella» 5; y
previene el abuso del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los
derechos»6.

28. Se trata entonces de una condición que permite concretar la urgencia del
amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un
plazo razonable, pues la tutela es un medio excepcional de protección pronta y
eficaz de derechos, por lo que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial.

29. En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5
de agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente»6.

3.4. Caso concreto

30. De conformidad con los antecedentes descritos, la Sala procede a determinar
si se cumplen la totalidad de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales para discutir la providencia del 10
de abril de 2025, particularmente, el requisito de inmediatez.

31. De las piezas procesales que reposan en el expediente digital se observa lo
siguiente:

32. El Tribunal Administrativo de Arauca mediante sentencia del 26 de marzo de
2021 resolvió negar las pretensiones de la demanda relacionadas con el
reconocimiento de una pensión de invalidez, al considerar que no se cumplió con
los requisitos del régimen especial de la Fuerza Pública del Decreto 94 de 1989
y del régimen general de seguridad social de la Ley 100 de 1993.

33. En sede de apelación, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, a través de sentencia del 10 de abril de 2025, resolvió confirmar la anterior de
decisión, la cual fue notificada a las partes el 4 de septiembre de 2025, razón por
la que cobró ejecutoria el 11 de septiembre de ese año, conforme con lo
preceptuado en el artículo 302 del CGP, disposición normativa que prevé:

«ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia
adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no
admitan recursos.

No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia,
solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.

4 Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de

2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
5 Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006,

T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre
otras.
6 Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006,

T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras.

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Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3)
días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los
términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando
queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.»

34. En ese sentido, la Sala entiende que la decisión cuestionada en esta sede
cobró ejecutoria el 11 de septiembre de 2025, comoquiera que no se presentó
solicitud de adición o aclaración. Sin embargo, la acción de tutela se presentó el
6 de abril de 2026, es decir, 6 meses y 26 días después de que adquirió
ejecutoria la decisión cuestionada.

35. Así las cosas, la Sala considera que en el presente asunto no se acredita el
requisito de inmediatez porque el señor Misael Gámez Plata promovió la acción
de tutela cuando había transcurrido 6 meses y 26 días desde la ejecutoria de la
providencia que se pretende dejar sin efectos, esto es, la sentencia del 10 de
abril de 2025.

36. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la carga de la
argumentación en cabeza del demandante aumenta de manera proporcional a
la distancia temporal que existe entre la presentación de la acción de tutela y el
momento en que se consideró vulnerado un derecho, pues, en ausencia de
justificación, el paso del tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones
judiciales y consolida los efectos de la sentencia7.

37. Sin embargo, la parte accionante no expuso ningún argumento que justifique
la tardanza en la interposición del amparo, por lo que es importante reiterar que
el juez constitucional parte de la presunción que si se está ante una vulneración
de derechos fundamentales que requiere medidas urgentes, inaplazables e
inmediatas, el titular del derecho afectado debe procurar su protección lo antes
posible; contrario sensu, la demora excesiva e injustificada para controvertir una
decisión judicial pone en tela de juicio la urgente necesidad de la protección
constitucional que se puede obtener vía acción de tutela y, antes bien, revela
una afectación al principio de seguridad jurídica en caso de existir un derecho
reconocido a una contraparte procesal.

38. En ese orden de ideas, la Sala procederá a confirmar la decisión de declarar
improcedente la acción de tutela porque no cumple el requisito de inmediatez, lo
que la releva de analizar los demás presupuestos de procedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

7 Corte Constitucional, sentencia T-581 de 2012. Asimismo, pueden verse las sentencias T-491 de 2009 y

T-189 de 2009.

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FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 29 de mayo de 2026 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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