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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02545-00

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02545-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora Mabeli Tascón Gordillo actuando como agente oficiosa de su padre, el señor Luis Marino Tascón Gil, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 24 Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”. 25 Sentencia T – 396 de 2014. Corte Constitucional. 26 Sentencia T-150 de 2016. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001 03 15 000 2026 02545 00 Accionante: Mabeli Tascón Gordillo como agente oficiosa del señor Luis Marino Tascón Gil Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02545-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 02545 00
Accionante: Mabeli Tascón Gordillo actuando como agente oficiosa del
señor Luis Marino Tascón Gil
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Acción: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el
requisito general de inmediatez y subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por la señora Mabeli Tascón Gordillo
actuando como agente oficiosa de su padre, el señor Luis Marino Tascón Gil, en contra
del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y de la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones, con ocasión de las actuaciones surtidas y las sentencias proferidas el 25
de septiembre de 2024 y el 25 de julio de 2025, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho (lesividad) identificado con el radicado núm. 76111 33 33
003 2019 00079 00/01/02.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Mabeli Tascón Gordillo actuando como agente oficiosa de su padre, el señor
Luis Marino Tascón Gil, promovió acción de tutela en contra de las precitadas
providencias y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

PRIMERO: Que se le Tutelen a LUIS MARINO TASCON GIL los derechos
fundamentales Al Debido Proceso, al derecho de defensa, de acceso a la
administración de justicia, a la salud, a la Igualdad y al mínimo vital, entre
otros que usted, honorable Magistrado constitucional observe se le estén
Vulnerando y que se encuentren consagrados en la Constitución Nacional.

SEGUNDO: al tutelar sus derechos fundamentales antes deprecados, se
sirva declarar la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de radicación
76111333300320190007900 adelantado en contra de mi progenitor LUIS
MARINO TASCON GIL por carecer de la debida notificación, del derecho de
defensa y el verdadero acceso a la administración de justicia y ser arbitrario
a la constitución y la ley, es decir encontrarse viciada toda la actuación
adelantada por el Juzgado Tercero Administrativo de Circuito Judicial de
Buga dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Se ordene ser adelantado el
proceso siguiendo las reglas de reparto en relación al factor territorial,
perteneciendo el municipio de Bolívar a la jurisdicción ordinaria
administrativa del circuito de Cartago Valle, integrando debidamente el

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02545 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 02545 00
Accionante: Mabeli Tascón Gordillo como agente oficiosa del señor Luis Marino Tascón Gil
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros

contradictorio con la correspondiente notificación al demandado y pueda
contestar la demanda en ejercicio de su derecho fundamental a la legitima
defensa, esto de acuerdo a las normas procesales, garantizando el debido
proceso y el acceso a la administración de justicia, integrando debidamente el
contradictorio. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La señora Mabeli Tascón Gordillo informó que su padre, el señor Luis Marino Tascón Gil,
nació el 2 de junio de 1935 y que realizó aportes al extinto Instituto de los Seguros
Sociales (ISS), a través de sus empleadores, hasta cumplir los requisitos previstos en el
Decreto 758 de 1990.

Manifestó que, al estimar cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de vejez,
solicitó ante el ISS, hoy Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), el
reconocimiento de dicha prestación, sin que su petición hubiera sido atendida
favorablemente en sede administrativa.

Señaló que, ante la negativa de Colpensiones, promovió acción de tutela ante el Juzgado
Promiscuo Municipal de Bolívar (Valle del Cauca), autoridad que amparó sus derechos
fundamentales y ordenó a la entidad reconocer y pagar la mesada pensional. Precisó que
dicha decisión no fue recurrida y, por tanto, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional.

Expuso que, en cumplimiento del fallo de tutela, Colpensiones expidió la Resolución GNR
322005 del 27 de noviembre de 2013, mediante la cual le reconoció la pensión de vejez
de conformidad con el Decreto 758 de 1990. Agregó que el señor Tascón Gil fue incluido
en nómina del periodo 2013/12, pagadera en el periodo 2014/01.

Relató que, con posterioridad al reconocimiento de la prestación, Colpensiones inició una
investigación administrativa al considerar que no cumplía los requisitos para acceder al
derecho pensional. Afirmó que compareció oportunamente cada vez que fue requerido,
sin que luego se le informara sobre nuevas actuaciones judiciales o administrativas.

Adujo que, en el año 2026, después de más de 10 años de encontrarse pensionado por
Colpensiones, acudió al Banco Agrario de Colombia, en el municipio de Bolívar, Valle, y
advirtió que no se encontraba reflejado el pago de la mesada correspondiente al mes de
febrero.

Indicó que, el 17 de febrero del año en curso, se le informó que Colpensiones había
promovido en su contra demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la
modalidad de lesividad, proceso que correspondió por reparto al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga, en el cual se declaró la
nulidad de la Resolución GNR 322005 del 27 de noviembre de 2013 y, en consecuencia,
se revocó la pensión de vejez que le había sido reconocida, decisión que fue confirmada
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Anotó que, una vez tuvo conocimiento de lo anterior, el 18 de febrero solicitó al Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga y al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca la remisión del expediente. Precisó que el juzgado
accionado respondió el 12 de marzo de 2026 y compartió el enlace del proceso judicial,
mientras que el tribunal no suministró información alguna.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 02545 00
Accionante: Mabeli Tascón Gordillo como agente oficiosa del señor Luis Marino Tascón Gil
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros

Explicó que, al revisar el expediente, encontró que el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Guadalajara de Buga profirió sentencia en su contra el 25 de
septiembre de 2024, sin que previamente se le hubiera notificado la admisión de la
demanda ni las demás actuaciones surtidas en el proceso.

Aseguró que Colpensiones conocía su dirección y datos de contacto, pues en las
actuaciones adelantadas ante el extinto ISS y luego ante Colpensiones siempre indicó
como lugar de notificación el municipio de Bolívar (Valle del Cauca). Para sustentar lo
anterior, hizo referencia a distintos oficios y documentos que, según afirmó, reposan en
los antecedentes administrativos allegados al expediente ordinario.

Sostuvo que, pese a ello, en la demanda de lesividad se aportó una dirección de
notificación ubicada en el municipio de Roldanillo (Valle del Cauca), lugar respecto del
cual afirmó no tener vínculo de residencia ni domicilio. Añadió que la propia entidad
demandante indicó que el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los
servicios fue el municipio de Bolívar.

Alegó que la notificación personal se intentó en una dirección que no correspondía a su
lugar de residencia y que la guía de la empresa 472 Servicios Postales Nacionales S.A.
registró la novedad “Otros: cerrado 1ra vez – cargar siguiente turno”. Expuso que, con
fundamento en ello, se dispuso la notificación por aviso mediante auto núm. 166 del 26
de marzo de 2021, sin que existiera prueba de que esta hubiera sido remitida a la misma
dirección.

Advirtió que siempre indicó como dirección de notificación la carrera 7ª núm. 2A-34 del
municipio de Bolívar (Valle del Cauca), correspondiente a la residencia de su hija. Explicó
que ello obedecía a que, para la época, residía en una zona rural a la que no llegaba el
servicio de mensajería o correo postal.

Relató que, dentro del proceso ordinario, se designó curador ad litem mediante auto de
sustanciación núm. 98 de febrero de 2023, a través del cual se nombró al abogado
Romeiro Ortíz Hernández para que ejerciera su representación. Sin embargo, afirmó que
dicho profesional no tuvo conocimiento real del asunto y se limitó a advertir que no
aparecían las pruebas anunciadas por Colpensiones y a solicitar la fijación de gastos de
curaduría, sin ejercer una defensa técnica efectiva.

Aseveró que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia,
igualdad, salud y mínimo vital, porque no fue enterado del proceso ordinario y solo
conoció su existencia cuando ya se habían surtido las etapas procesales y se había
proferido sentencia en contra de sus intereses.

Argumentó que la indebida notificación configuró un defecto procedimental absoluto, en
tanto se pretermitieron etapas esenciales del proceso y se le impidió ejercer su derecho
de defensa y contradicción, sin que existiera otro mecanismo para controvertir dicha
irregularidad, dado que solo tuvo conocimiento del proceso una vez proferida la decisión
judicial.

Agregó que la referida irregularidad tuvo incidencia directa en la decisión adoptada, pues
se profirió sentencia en su contra sin haber sido debidamente vinculado al proceso.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 02545 00
Accionante: Mabeli Tascón Gordillo como agente oficiosa del señor Luis Marino Tascón Gil
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros

Finalmente, arguyó que actualmente cuenta con 90 años y padece múltiples patologías
de salud, por lo que requiere atención médica constante. Agregó que, con la suspensión
del pago de la pensión, se afectó su afiliación al sistema de salud, así como la de su
esposa, y se comprometió su mínimo vital, debido a que la mesada pensional era su
único ingreso para cubrir alimentación, servicios públicos, medicamentos y demás gastos
básicos, lo que, a su juicio, configura un perjuicio grave y actual.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 6 de abril de 20262, y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 10 de abril de 20263 la admitió, negó las medidas provisionales
solicitadas y dispuso notificar4 al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Guadalajara de Buga, del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Colpensiones
como partes accionadas.

De igual forma, se requirió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara
de Buga y al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, para que alleguen copia digital
o el hipervínculo de consulta del expediente correspondiente al proceso identificado con
el radicado nro. 76111 33 33 003 2019 00079 00/01/02.

3.2. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga allegó
escrito5 en el que señaló que la demanda fue presentada el 23 de abril de 2019 y que en
ella se indicó como dirección de notificación del demandado una ubicada en el municipio
de Roldanillo, Valle.

Expuso que Colpensiones acreditó el envío mediante empresa de mensajería de la
citación para notificación personal a la dirección otorgada y que, ante la no
comparecencia del demandado, el despacho ordenó la notificación por aviso mediante
auto del 26 de marzo de 2021, la cual se surtió el 29 de abril de 2021.

Continuó relatando que se ordenó el emplazamiento del demandado el 24 de febrero de
2022, el cual se realizó el 2 de agosto de 2022, y que, ante su incomparecencia, se
designó curador ad litem mediante auto del 20 de febrero de 2023.

Indicó que el curador fue notificado, contestó la demanda y propuso excepciones. Añadió
que se surtieron las etapas procesales, se decretaron pruebas y, en audiencia del 25 de
septiembre de 2024, se profirió sentencia anticipada en la que se declaró la nulidad de la
Resolución GNR 322005 del 27 de noviembre de 2013.

Señaló que dicha decisión fue apelada y confirmada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca mediante sentencia del 25 de julio de 2025.

2 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02545 00.
3 Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02545 00.
4 Esta orden se cumplió el 15 de abril de 2026. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02545 00.
5 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02545 00.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 02545 00
Accionante: Mabeli Tascón Gordillo como agente oficiosa del señor Luis Marino Tascón Gil
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros

Sostuvo que el proceso se adelantó conforme a la ley, pues se intentó la notificación en
la dirección aportada por la demandante y se designó curador ad litem, quien ejerció la
representación del demandado, por lo que no se vulneraron sus derechos fundamentales.
Agregó que cualquier discusión sobre la competencia territorial se encontraba saneada
por no haber sido alegada oportunamente.

3.3. Colpensiones6 manifestó que las autoridades judiciales accionadas actuaron
conforme a la ley y no vulneraron derechos fundamentales del accionante, por lo que la
tutela no puede emplearse como una tercera instancia para controvertir decisiones
judiciales.

Adujo que no existe hecho vulnerador atribuible a la entidad, en tanto no ha incurrido en
acción u omisión que afecte los derechos del actor. Agregó que en el asunto se configura
la cosa juzgada, por existir una decisión judicial ejecutoriada, lo que impide reabrir el
debate por esta vía, y solicitó que se declare improcedente la acción de tutela.

3.4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 7 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,8 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 20219, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201910, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente11:

4.2.1. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones interpuso demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad el 23 de abril de
2019, en contra del señor Luis Marino Tascón Gil, en la que indicó como dirección de
notificación la ubicada en la calle 9 No. 7-68, apartamento 202 del municipio de Roldanillo,
Valle del Cauca.

6 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02545 00.
7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
8 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
9 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
10 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
11 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad)

identificado con el radicado núm. 76111 33 33 003 2019 00079 00/01/02. Visto en el índice 12 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02545 00.
5

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4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Guadalajara de Buga, el cual la admitió mediante auto interlocutorio nro. 584
del 13 de junio de 2019.

4.2.3. Mediante comunicación del 25 de noviembre de 2020, Colpensiones acreditó el
envío de la citación para notificación personal del demandado a la dirección indicada en
la demanda, a través de la empresa de mensajería 472. Ante la no comparecencia del
demandado, el juzgado, mediante auto de sustanciación nro. 166 del 26 de marzo de
2021, ordenó la notificación por aviso, la cual se surtió el 29 de abril de 2021.

4.2.4. Posteriormente, el juzgado, mediante auto de sustanciación núm. 112 del 24 de
febrero de 2022, ordenó el emplazamiento del demandado, el cual se realizó a través de
edicto núm. 001 del 2 de agosto de 2022.

4.2.5. Ante la falta de comparecencia del demandado, el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Guadalajara de Buga, mediante auto de sustanciación núm. 98 del 20 de
febrero de 2023, designó curador ad litem al abogado Romeiro Ortíz Hernández, quien
fue notificado el 28 de abril de 2023 y presentó contestación de la demanda y propuso
excepciones el 4 de mayo de 2023.

4.2.6. El 22 de julio de 2024 se llevó a cabo audiencia inicial en la que se decretaron
pruebas y, posteriormente, en audiencia celebrada el 25 de septiembre de 2024, el
juzgado profirió sentencia anticipada, en la que dispuso:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución GNR 322005 de 27 de
noviembre de 2013 expedida por COLPENSIONES, por la cual se reconoce y
ordena el pago de una pensión de vejez.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada.

4.2.7. Inconforme con la decisión anterior, la parte demandante interpuso recurso de
apelación y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 25 de
julio de 2025, notificada el 29 de julio de 2025, la confirmó.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

En el asunto bajo examen, la Sala considera que en este evento no están cumplidos los
requisitos generales de inmediatez y subsidiariedad, de acuerdo con las razones que
pasan a explicarse.

La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad de la tutela es
la protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales, ésta debe formularse
en un plazo razonable contado a partir del hecho que originó la amenaza o vulneración,
pues aceptar lo contrario desvirtuaría su carácter excepcional.

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En este sentido, en la sentencia SU-354 de 2017, la Corte Constitucional destacó que la
importancia de exigir un término razonable entre la notificación de la providencia que se
controvierte y la interposición de la acción de tutela, radica en que dicho requisito: “(…)
(i) garantiza una protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas
de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv) desestima las solicitudes
negligentes (…)”.

La citada Corporación estableció dos eventos en los que es posible valorar la
admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de que hubiese transcurrido un
largo período respecto de la vulneración o amenaza de derechos: (i) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación es continua y actual; y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a
quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho
de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros12.

La razonabilidad del plazo debe ser valorada en cada caso concreto, teniendo en cuenta,
entre otros, los siguientes criterios: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del
accionante; (ii) si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de
los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición13.

De manera similar, la Corte Constitucional, en la sentencia SU - 069 del 21 de junio de
2018, explicó lo siguiente:

[…] la tutela debe interponerse dentro de un término oportuno y razonable, es
decir, en un momento cercano a aquel en que se presentó la vulneración o
amenaza. No obstante, también ha considerado que en los eventos donde la
afectación permanece en el tiempo el requisito debe flexibilizarse no solo porque
la posición desfavorable es continua y actual, sino por la situación de debilidad en
que puede hallarse el accionante […].

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del
5 de agosto de 2014, unificó su jurisprudencia14 y, en cuanto al requisito de inmediatez,
estableció que “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente
(…)”. (Negrillas del texto).

Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales, por regla general,
la acción se debe interponer dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de
la providencia que se cuestiona, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional,
los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y

12 Sentencia T-584 de 2011.
13 Sentencias T-648 de 2003, T-322 de 2008, T-581 de 2012, entre otras.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014.

M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001 03 15 000 2012 02201 01.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 02545 00
Accionante: Mabeli Tascón Gordillo como agente oficiosa del señor Luis Marino Tascón Gil
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros

extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso particular, tomando en
consideración las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre
el accionante.

En el asunto bajo examen, la parte accionante cuestiona las providencias proferidas el
25 de septiembre de 2024 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Guadalajara de Buga y el 25 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, mediante las cuales se resolvió el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en la modalidad de lesividad identificado con el radicado núm. 76111 33 33 003
2019 00079 00/01/02, promovido por Colpensiones.

En ese sentido, y comoquiera que la sentencia del 25 de julio de 202515, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, fue notificada el 29 de julio de 202516, y la
presente acción de tutela fue radicada el 6 de abril de 202617, se desprende que la
solicitud de amparo no cumple con el requisito de la inmediatez, dado que fue promovida
luego de transcurridos más de ocho meses desde la notificación de la providencia
cuestionada.

Cabe precisar que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional18,
relacionada con acciones de tutelas promovidas contra providencias judiciales en las que
se controvirtieron asuntos sobre prestaciones periódicas, como ocurre en el presente
caso, esta Sección concluyó lo siguiente:

“[…] siempre que se trate de una acción de tutela contra providencia judicial que
verse sobre prestaciones periódicas, se realizará el análisis del cumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad, incluido el de inmediatez, el cual deberá
efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre que la vulneración de los
derechos permanezca, esto es, que sea continua y actual, pese a que el hecho que
la originó sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que el actor
se encuentre en condición de debilidad manifiesta […]”19.

En lo que respecta al primer requisito mencionado en precedencia, esto es, que se trate
de una prestación periódica y, de contera, una vulneración continua y actual, en sentencia
de 30 de julio de 2015, la Sala señaló que:

“[…] La Sección Segunda de esta Corporación se ha pronunciado de manera
reiterada y uniforme con relación a qué debe entenderse por prestaciones
periódicas.

Así, en proveído de 1° de octubre de 2014, la Sección Segunda del Consejo de
Estado, consideró lo siguiente:

15 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho (lesividad) identificado con el radicado núm. 76111 33 33 003 2019 00079
00/01/02.
16 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho (lesividad) identificado con el radicado núm. 76111 33 33 003 2019 00079
00/01/02.
17 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02545 00.
18 Sentencia del T-374 del 18 de mayo de 2012 y T-315 del 1 de abril de 2005.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo

de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 11001-03- 15-000-2013-02423-01.
8

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 02545 00
Accionante: Mabeli Tascón Gordillo como agente oficiosa del señor Luis Marino Tascón Gil
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros

“No es de recibo la tesis planteada por el recurrente, según la cual el tema que
aquí se discute corresponde a la reclamación de prestaciones periódicas, ya que
tal calidad se predica tan sólo del derecho a la pensión de jubilación de las
personas de la tercera edad como claramente lo tiene sentado esta Corporación
en su jurisprudencia, como a continuación se precisa en uno de sus apartes:

“Si la interpretación sobre lo que debe entenderse por prestación periódica fuera
el significado lingüístico de las palabras, sería elemental que el actor tendría razón.

No obstante, tal método, cuando la ley se encarga de poner ejemplos sobre los
cuales son las prestaciones periódicas, no es eficaz y debe atenderse a la
orientación que brinda aquella. En efecto, el artículo 131,6 letra b) del CCA, se
refiere a las pensiones de jubilación y de invalidez como prestaciones periódicas,
referencia que debe observase para los efectos del inciso 3º del artículo 136
ibídem, pues la norma en últimas lo que da a entender es que tratándose de
derechos que existen durante la vida del titular y después respecto de los
beneficiarios llamados a sustituirse también en forma vitalicia (cónyuge,
compañera o hijo inválidos), es lógico, justificable y razonable que en cualquier
tiempo pueda discutirse tales prestaciones, para diferenciarlas de los demás
derechos laborales que no son vitalicios y por consiguiente la definición de las
controversias sobre los mismos, debe hacerse en los términos de la caducidad
establecida para ellos, vale decir, a meses.

[…]

Visto lo anterior, resulta claro para la Sala que las prestaciones periódicas son
aquellos emolumentos que se reciben de manera vitalicia e indefinida y que son
susceptibles de ser sustituidos a sus beneficiarios (cónyuge, hijos, hermanos,
etc.). Asimismo, se consideran como tales, aquellos valores devengados de
manera constante, en virtud de un vínculo laborar vigente, de tal manera,
que si éste se termina, desaparece la calidad de periodicidad de dichos
reconocimientos […]”. (Se destaca).

Frente a lo anterior, para la Sala es importante resaltar que en el presente caso se trata
de una prestación periódica, pues, como quedó visto en párrafos anteriores, la parte
actora pretende que a través del presente mecanismo constitucional se dejen sin efectos
las providencias del 25 de septiembre de 2024 y 25 de julio de 2025, por las cuales se
declaró la nulidad de las resoluciones que le habían otorgado la pensión de vejez al señor
Luis Marino Tascón Gil.

En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad manifiesta, conviene
traer a colación las precisiones hechas por esta Sección en sentencia del 28 de mayo de
201520, a través de la cual unificó su jurisprudencia frente a la aplicación de los criterios
que deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de la inmediatez en estos casos
particulares, especialmente, el que hace referencia a la “condición de debilidad
manifiesta”, en la que señaló:

“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia transcrita, se
estableció “el criterio que, en adelante observará la Sala para analizar la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias que traten de
prestaciones periódicas”; en casos como el presente, en que se controvierte una
sentencia relacionada con la reliquidación de una prestación periódica, se ha
acudido al citado lineamiento Jurisprudencial de manera invariable, para

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de mayo

de 2015, C.P. María Elizabeth García González, radicación número: 11001- 03-15-000-2015-00001-01.
9

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determinar si el hecho de haber superado el plazo prudencial para interponer la
acción de tutela merece ser tratado en forma especial, esto es, a la luz de los
criterios de ”que i) se demuestre que la vulneración de los derechos permanece
en el tiempo, esto es, que es continua y actual, pese a que el hecho que la originó
sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y que ii) el actor se
encuentre en un condición de debilidad manifiesta.”

Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones periódicas en las
modalidades de pensión o asignación de retiro, la aplicación de dichos criterios
frente al requisito de la inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a
soluciones divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que el
pensionado, por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad que le permite
enervar dicho requisito de procedibilidad, pero también ha entendido que en
ocasiones se requieren elementos adicionales a tal condición para proceder al
estudio de fondo […]

Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en esta oportunidad
la Sala, con el propósito de unificar su Jurisprudencia, determinará como
lineamiento único y preciso, en cuanto a la exigencia o no del requisito de
inmediatez de la tutela contra providencias judiciales, cuando el solicitante del
amparo constitucional es un pensionado o persona que goza de Asignación de
Retiro, que tal condición no es per se circunstancia que permita enervar el citado
requisito, habida cuenta de que es necesario que confluyan elementos adicionales
que permitan concluir que el actor se encuentra en “la especial situación” que
“convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un
juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha señalado la Corte
Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y esta Sala en el Expediente núm.
2013-02423-01, Consejero Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno.

Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas circunstancias
que pueden tenerse en cuenta para determinar si el actor está o no en una
ESPECIAL SITUACIÓN, que justifique su inactividad en el tiempo frente a la
defensa de sus derechos, dentro de las cuales sugiere “el estado de indefensión,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otras…” sin que éstas
constituyan taxatividad alguna. Justamente por ello, esta Sala introdujo dentro de
dicha lista al pensionado, por tratarse de un sujeto de protección especial,
conforme lo ha determinado la Jurisprudencia Constitucional.

Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección incluye, además de
los pensionados, a otros grupos de personas, tales como: indígenas, padres y
madres cabeza de familia, mujer embarazada, menores de edad, minusválidos,
ancianos, defensores de derechos humanos, enfermos graves, desplazados,
entre otros; sin que sea aceptable concluir que en todos los casos, éstos resulten
eximidos de cumplir el requisito de procedibilidad de inmediatez, cuando acudan
a la tutela para obtener la pérdida de efectos de una providencia judicial, por el
solo hecho de ser denominados sujetos de especial protección […]”.

La Corte Constitucional en sentencia T-672 de 2017 indicó que “(…) la vulnerabilidad
supone la acreditación de las siguientes tres condiciones, cada una de ellas necesaria, y
conjuntamente suficientes, en el accionante: (i) pertenecer a un grupo de especial
protección constitucional, (ii) hallarse en una situación de riesgo (condición subjetivo
negativa) y (iii) carecer de resiliencia, esto es, capacidad para asumir sus necesidades
hasta tanto agota la vía judicial ordinaria (condición subjetivo positiva) (…)”.

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Ahora bien, aunque el accionante cuenta con una avanzada edad, circunstancia que lo
ubica dentro de un grupo de especial protección constitucional, ello no implica
automáticamente la acreditación de una situación de vulnerabilidad o debilidad manifiesta
que justifique la flexibilización del requisito de inmediatez.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que la vulnerabilidad exige no
solo pertenecer a un grupo de especial protección constitucional, sino además hallarse
en una situación de riesgo.

En el caso concreto, no se allegaron elementos de juicio suficientes que permitan
acreditar una afectación grave o una situación material de indefensión frente a la salud
del accionante.

Si bien se allegó su historia clínica en la que se advierte las distintas patologías que
presenta el accionante, al revisar la información del Registro Único de Afiliados (RUAF),
se observa que el señor Tascón Gil registra afiliación activa al sistema de salud en el
régimen contributivo, en calidad de cotizante, a través de NUEVA EPS S.A., circunstancia
que desvirtúa, al menos sumariamente, la configuración de un escenario de
desprotección absoluta de su derecho fundamental a la salud.

Adicionalmente, frente a la presunta vulneración del derecho fundamental al mínimo vital
alegado, se recuerda que la Corte Constitucional ha dicho que, le corresponde al
accionante demostrar la vulneración de su mínimo vital, señalando qué necesidades
básicas están siendo insatisfechas, pues “(…) no sólo basta hacer una afirmación llana
respecto de la afectación del mínimo vital, sino que dicha aseveración debe venir
acompañada de pruebas fehacientes y contundentes de tal afectación, que le permitan
al juez de tutela tener la certeza de tal situación”21.

21 Corte Constitucional. Sentencia T-237 del 26 de febrero de 2001.

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En ese mismo sentido, ha establecido que la carga de la prueba en las acciones de tutela
le incumbe al actor de acuerdo con el principio “onus probandi incumbit actori” de modo
que “(…) quien pretenda el amparo de un derecho fundamental debe demostrar los
hechos en que se funda su pretensión, a fin de que la determinación del juez obedezca
a la certeza y convicción de que se ha violado o amenazado el derecho”22.

Al respecto, en el escrito de tutela el actor no precisó, ni acreditó, qué necesidades
básicas se encuentran insatisfechas, por lo que no se puede afirmar la afectación de su
mínimo vital.

Ahora bien, la parte accionante sostiene que no fue notificado en debida forma dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que, a su juicio, le impidió ejercer
su derecho de defensa.

No obstante, la Sala advierte que, de considerar configurada dicha irregularidad, el
accionante contaba con un mecanismo de defensa idóneo y eficaz para plantearla, esto
es, la solicitud de nulidad procesal por indebida notificación, conforme a lo previsto en el
artículo 13323 del Código General del Proceso que al tenor literal dispone lo siguiente:

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la
demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas,
aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas
que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra
persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. (Se destaca).

Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 134 de la misma codificación,
que señala que: “Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de
que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella”. Ello, comoquiera
que la parte aduce que existe una nulidad procesal al no haber sido notificada en debida
forma en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de reproche en esta
acción constitucional.

De la revisión del expediente ordinario en cuestión se advierte que la parte actora no
acudió a dicho mecanismo, sino que optó por presentar sus argumentos directamente
ante el juez constitucional, como si esta acción pudiera reemplazar los instrumentos
establecidos en el ordenamiento jurídico. La tutela, valga reiterar, no procede cuando el
interesado deja de ejercer los mecanismos que el ordenamiento jurídico ha previsto para
proteger eficazmente los derechos fundamentales en los procesos ordinarios.

De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que la presente acción de tutela tampoco
cumple con el requisito general de subsidiariedad, toda vez que existía un mecanismo de

22 Corte Constitucional. Sentencia T-571 del 4 de septiembre de 2015.
23 “Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes

casos: (…) 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a
personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que
deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes,
cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o
entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto
admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación
omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya
saneado en la forma establecida en este código”.
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defensa idóneo y eficaz que no fue ejercido por la parte accionante. En efecto, aun
cuando se trata de una persona de avanzada edad, dicha circunstancia, por sí sola, no
releva del deber de acudir oportunamente a los mecanismos previstos en el ordenamiento
jurídico, máxime cuando no se expuso ni acreditó una situación concreta que hubiera
impedido el ejercicio de dicho medio de defensa o que justificara la interposición tardía
de la acción.

Frente a la subsidiariedad, el artículo 86 de la Constitución Política establece que la
acción de tutela sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable24.

La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela: (i) cuando el asunto
está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de defensa judicial,
ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas procesales en donde se
dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico25.

No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al principio de
subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo ordinario de defensa no
es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales, y (ii)
cuando se pretende evitar la configuración de perjuicio irremediable, el cual debe
acreditarse que cumple con las características de ser inminente y grave, que requiere de
la adopción de medidas de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la
protección constitucional es impostergable26.

En el asunto bajo estudio, no se alegó ni se encuentra acreditado la ocurrencia de un
perjuicio irremediable que permita la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
transitorio de amparo de los derechos fundamentales invocados.

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito general de
inmediatez y subsidiariedad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora
Mabeli Tascón Gordillo actuando como agente oficiosa de su padre, el señor Luis Marino
Tascón Gil, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

24 Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”.
25 Sentencia T – 396 de 2014. Corte Constitucional.
26 Sentencia T-150 de 2016.

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Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 21 de
mayo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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