Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02545-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02545-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02545-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02545-01
Accionante: Mabeli Tascón Gordillo, actuando como agente oficiosa del
señor Luis Marino Tascón Gil
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. Sentido del fallo de tutela: Confirma por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad.
La Sala decide la impugnación1 presentada en contra de la sentencia proferida el
21 de mayo de 2026 por la Sección Primera del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 06 de abril de 20262, la señora Mabeli Tascón Gordillo, actuando como agente
oficiosa de su padre, el señor Luis Marino Tascón Gil, interpuso acción de tutela3 en
procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, al derecho a la defensa, a la salud, a la
igualdad y al mínimo vital. La parte actora consideró vulneradas sus prerrogativas
constitucionales por parte del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Guadalajara de Buga, del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y de la
Administradora Colombiana de Pensiones — Colpensiones, con ocasión de las
actuaciones surtidas y las sentencias proferidas el 25 de septiembre de 2024 y el
25 de julio de 2025, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
(lesividad) identificado con el radicado núm. 76111 33 33 003 2019 00079 00/01/02.
1 Obra impugnación en el índice 19, certificado 6C93B7A11EB0A88A E4504085A418F617
5CC5A1E6874F8A02 299EA56B9CA36ED8, del expediente de tutela de primera instancia.
2 Índice 1 de SAMAI. Ibíd: “REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL lunes, 6 de abril de
2026 con secuencia: 3964”.
3 Obra escrito de tutela en el índice 2, certificado 493FC5C0FDCEF125 2A746AAE6BFCA17E
0CB9AE10BBC04C28 C04D1937FE638D4F, Ibíd.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02545-01
Accionante: Mabeli Tascón Gordillo, actuando como agente oficiosa del
señor Luis Marino Tascón Gil
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Otros
2. Hechos
2.1.- El señor Luis Marino Tascón Gil, nacido el 2 de junio de 1935, realizó aportes
al extinto Instituto de Seguros Sociales — ISS hasta cumplir los requisitos del
Decreto 758 de 1990 para pensionarse.
2.2.- Ante la negativa del reconocimiento de su pensión por parte del Instituto de los
Seguros Sociales — ISS, que hoy corresponde a la Administradora Colombiana de
Pensiones — COLPENSIONES, promovió una acción de tutela ante el Juzgado
Promiscuo Municipal de Bolívar (Valle del Cauca), autoridad que amparó sus
derechos y ordenó el reconocimiento de la prestación. Esta decisión hizo tránsito a
cosa juzgada constitucional.
2.3.- En cumplimiento del fallo, Colpensiones expidió la Resolución No. GNR
322005 del 27 de noviembre de 2013 y comenzó el pago de la mesada pensional a
partir de enero de 2014.
2.4.- Tras más de diez (10) años de disfrutar de su pensión, en febrero de 2026, el
señor Tascón Gil advirtió en el Banco Agrario que no se le había depositado la
mesada correspondiente a ese mes.
2.5.- El 17 de febrero de 2026 se le informó que COLPENSIONES había promovido
en su contra una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en ejercicio
de la acción de lesividad. El proceso correspondió al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Buga, que declaró la nulidad de la resolución
pensional el 25 de septiembre de 2024; decisión que posteriormente fue confirmada
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
2.6.- Al revisar el expediente en marzo de 2026, el afectado constató que el proceso
se tramitó con irregularidades en la notificación. En otras palabras, el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga profirió
sentencia en su contra el 25 de septiembre de 2024, sin que previamente se le
hubiera notificado la admisión de la demanda ni las demás actuaciones surtidas en
el proceso.
2.7.- Manifiesta que COLPENSIONES suministró una dirección en Roldanillo (Valle
del Cauca), pese a que en todos los antecedentes administrativos constaba su
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02545-01
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domicilio en el municipio de Bolívar (Valle del Cauca). Inclusive, la citación enviada
a Roldanillo fue devuelta por la empresa postal 4—72 con la novedad “cerrado 1ra
vez”, y luego se procedió a efectuar la notificación por aviso sin constancia de envío
real.
2.8.- Sumado a lo anterior, dentro del proceso ordinario se designó un curador ad
litem que no ejerció una defensa técnica efectiva de los intereses del demandado,
pues su actuación se limitó a solicitar el reconocimiento de honorarios y a advertir
la ausencia de algunas de las pruebas anunciadas por COLPENSIONES, sin
desplegar una actividad procesal encaminada a controvertir de manera real y eficaz
las pretensiones, los hechos y el material probatorio aportado al proceso.
2.9.- La señora Tascón Gordillo informó que su padre, el señor Luis Marino, cuenta
actualmente con noventa (90) años de edad y padece múltiples patologías que
requieren atención constante. Por tanto, la suspensión de la mesada pensional —
que constituía su único ingreso económico— retiró la cobertura del sistema de salud
para él y su esposa, situación que afecta de manera grave su mínimo vital y su
subsistencia básica.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la
salud y al mínimo vital, por cuanto no fue enterado del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por COLPENSIONES en ejercicio de la
acción de lesividad y solo tuvo conocimiento de su existencia cuando ya se habían
surtido las distintas etapas procesales y se habían proferido decisiones adversas a
sus intereses. Al respecto, sostuvo que las irregularidades en la notificación
configuraron un defecto procedimental absoluto, toda vez que se pretermitieron
actuaciones esenciales del proceso y se le impidió ejercer sus derechos de defensa
y contradicción. Asimismo, afirmó que no contaba con otro mecanismo para
controvertir dichas irregularidades, dado que únicamente conoció la actuación
cuando ya se habían adoptado las decisiones judiciales correspondientes. Agregó
que tales irregularidades tuvieron incidencia directa en el sentido de las providencias
cuestionadas, pues el asunto fue decidido sin haber sido debidamente vinculado al
proceso.
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4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente4 lo siguiente:
“PRIMERO: Que se le Tutelen a LUIS MARINO TASCON GIL los derechos
fundamentales Al Debido Proceso, al derecho de defensa, de acceso a
la administración de justicia, a la salud, a la Igualdad y al mínimo vital,
entre otros que usted, honorable Magistrado constitucional observe se le
estén Vulnerando y que se encuentren cconsagrados en la Constitución
Nacional.
SEGUNDO: al tutelar sus derechos fundamentales antes deprecados,
se sirva declarar la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de
radicación 76111333300320190007900 adelantado en contra de mi
progenitor LUIS MARINO TASCON GIL por carecer de la debida
notificación, del derecho de defensa y el verdadero acceso a la
administración de justicia y ser arbitrario a la constitución y la ley, es
decir encontrarse viciada toda la actuación adelantada por el Juzgado
Tercero Administrativo de Circuito Judicial de Buga dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho y por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
Se ordene ser adelantado el proceso siguiendo las reglas de reparto en
relación al factor territorial, perteneciendo el municipio de Bolívar a la
jurisdicción ordinaria administrativa del circuito de Cartago Valle,
integrando debidamente el contradictorio con la correspondiente
notificación al demandado y pueda contestar la demanda en ejercicio de
su derecho fundamental a la legitima defensa, esto de acuerdo a las normas
procesales, garantizando el debido proceso y el acceso a la administración
de justicia, integrando debidamente el contradictorio”.
5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1.- Mediante Auto del 10 de abril de 20265, se admitió la acción de tutela y se
ordenó su notificación a las partes, al tiempo que se concedió un término de tres
(03) días a los accionados para ejercer su derecho de defensa y dar respuesta a la
acción constitucional. De igual forma, se requirió a las autoridades judiciales
accionadas para que remitieran copia del expediente digital. Finalmente, se negó la
medida provisional solicitada.
5.2.- El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga dio
respuesta6 en el presente trámite constitucional. La autoridad judicial concluyó que
no se configuró vulneración alguna a los derechos fundamentales del accionante,
4 A folios 25 y 26 del escrito de tutela, en el índice 2, certificado 493FC5C0FDCEF125 2A746AAE6BFCA17E
0CB9AE10BBC04C28 C04D1937FE638D4F, Ibíd.
5 Obra Auto en el índice 6 de SAMAI, certificado 97B6A6BFEB2083F5 E59543FEDA0079A2
D16EE676621CE18D 9427F50EE7098CE7, Ibíd.
6 Obra respuesta en el índice 12 de SAMAI, certificado DC78472A915C10C3 428C01A463B46F13
85E8499FB3B5DBB6 F153CE0036FCA565, Ibíd.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02545-01
Accionante: Mabeli Tascón Gordillo, actuando como agente oficiosa del
señor Luis Marino Tascón Gil
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toda vez que el proceso se desarrolló con estricto apego a las normas procesales y
bajo una representación legal activa mediante la figura de la curaduría. La jueza
explicó que el despacho surtió la notificación inicial en la dirección de Roldanillo
informada por la entidad demandante en su escrito inicial y que, ante la no
comparecencia del demandado, se agotaron de manera rigurosa las etapas
normativas de notificación por aviso, emplazamiento mediante edicto y la posterior
vinculación de un curador ad-litem. Detalló, además, que dicho representante de
oficio contestó la demanda, propuso excepciones y asistió a las audiencias
procesales hasta la expedición de la sentencia de primera instancia en septiembre
de 2024, la cual fue confirmada en apelación por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca en julio de 2025.
5.3.- La Administradora Colombiana de Pensiones — COLPENSIONES7 solicitó
declarar improcedente el amparo promovido en favor del señor Luis Marino Tascón
Gil. La entidad sustentó su actuación en el cumplimiento estricto de las decisiones
judiciales de lesividad proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo de Buga y
confirmadas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, las cuales declararon
la nulidad de la resolución pensional de 2013 y motivaron la expedición de la
Resolución No. SUB396951 de diciembre de 2025, mediante la cual se revocó la
mesada pensional.
La entidad argumentó que no ha vulnerado ningún derecho fundamental ni incurrido
en omisión alguna, toda vez que se limitó a acatar lo ordenado por el juez natural y
no mantiene peticiones administrativas pendientes por resolver a favor del
ciudadano. Asimismo, sostuvo que la tutela resulta improcedente por incumplir el
principio de subsidiariedad, así como al pretender usarse como una tercera
instancia para reabrir un debate judicial ya resuelto, toda vez que existe cosa
juzgada y ausencia de causales genéricas de procedibilidad contra las sentencias
judiciales que se presumen ajustadas a la ley.
5.4.- El Tribunal Administrativo del Valle guardó silencio, pese a haber sido
debidamente notificado.
7 Obra respuesta en el índice 13 de SAMAI, certificado FB368472869EBEE4 F3D13EB5F8DBE36E
DE75739362472711 02B3179F823BC9EA, Ibíd.
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Sentencia de segunda instancia
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6. Fallo de tutela de primera instancia
El 21 de mayo de 20268, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela, por no cumplir con los requisitos de inmediatez y
subsidiariedad. Respecto al requisito de inmediatez, la Sala concluyó que la acción
de tutela no se presentó dentro de un plazo razonable ni proporcionado, debido a
que la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario fue ejecutoriada y
notificada por edicto en julio de 2025, mientras que la tutela se radicó en abril de
2026, por lo que transcurrieron más de ocho (08) meses desde la actuación
controvertida. Sumado a ello, el a quo constitucional consideró que ni la avanzada
edad del afectado (90 años) ni las alegaciones sobre su estado de salud constituyen
una justificación válida para superar la regla general de seis (06) meses, dado que
se constató que cuenta con afiliación activa al régimen contributivo de salud y no se
demostró la inminencia de un perjuicio irremediable ni la afectación a su mínimo
vital.
En cuanto a la subsidiariedad, se determinó que la acción constitucional no cumple
este requisito, debido a que la parte accionante omitió agotar los mecanismos
ordinarios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico. Específicamente, se
señaló que, ante la alegada falta de notificación dentro del proceso de lesividad, la
parte demandante contaba con la posibilidad de acudir ante el propio juez de la
causa para solicitar la nulidad procesal por indebida notificación. Al existir una vía
judicial idónea y eficaz en la jurisdicción contencioso administrativa que no fue
activada previamente, la tutela no puede ser empleada como un mecanismo
alternativo o sustitutivo.
7. Razones de la impugnación
Inconforme con la decisión, la parte accionante, por conducto de su agente oficiosa,
presentó escrito de impugnación9. En dicho documento, la señora Mabeli Tascón
Gordillo, actuando en representación de su padre, el señor Luis Marino Tascón Gil,
solicitó revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, amparar los derechos
fundamentales invocados.
8 Obra Sentencia en el índice 15 de SAMAI, certificado 709BC8140F999F51 D29BC3EB04847203
2E820726DEFA84FE 3BD8E6A8AC659E98, Ibíd.
9 Obra impugnación en el índice 19, certificado 6C93B7A11EB0A88A E4504085A418F617
5CC5A1E6874F8A02 299EA56B9CA36ED8, Ibíd.
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Sentencia de segunda instancia
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Frente al requisito de inmediatez, la parte accionante sostiene que no incurrió en
mora ni negligencia en la presentación de la acción de tutela, pues el término de
referencia de seis (6) meses no debe contabilizarse desde la notificación de la
sentencia de segunda instancia proferida en julio de 2025, sino desde el 17 de
febrero de 2026, fecha en que COLPENSIONES le notificó la Resolución No.
SUB396951 de 2025. Afirma que solo en ese momento tuvo conocimiento efectivo
de la existencia del proceso de lesividad y de la consecuente pérdida de su pensión.
Agrega que la falta de notificación dentro del trámite ordinario le impidió ejercer
oportunamente los mecanismos de defensa judicial y que, una vez obtuvo
información sobre el proceso ante los despachos judiciales durante marzo de 2026,
promovió la acción constitucional el 6 de abril de 2026 a través de la plataforma
SAMAI, esto es, poco más de un mes después de conocer la irregularidad alegada
y la suspensión de la prestación pensional.
Frente al requisito de subsidiariedad, la parte accionante sostiene que la solicitud
de nulidad procesal por indebida notificación no constituye un mecanismo de
defensa idóneo ni eficaz para conjurar el perjuicio irremediable que enfrenta, habida
cuenta de que cuenta con noventa y un (91) años de edad y se encuentra en una
situación de debilidad manifiesta. En tal sentido, afirma que la suspensión de la
mesada pensional equivalente a un salario mínimo, que constituye su única fuente
de ingresos, compromete de manera grave e inmediata su mínimo vital, así como la
satisfacción de necesidades básicas relacionadas con la vivienda y la alimentación.
Agrega que la falta de cotizaciones derivó en la suspensión de la cobertura en salud
brindada por la Nueva EPS para marzo de 2026, circunstancia que lo dejó sin
acceso oportuno a la atención médica y a los medicamentos requeridos para el
tratamiento de sus múltiples patologías. Por lo anterior, considera que la
intervención del juez constitucional resulta impostergable y que, en las particulares
circunstancias del caso, el mecanismo ordinario de defensa judicial carece de la
celeridad necesaria para garantizar la protección efectiva de sus derechos
fundamentales.
8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Mediante Auto del 09 de junio de 202610, el a quo concedió la impugnación.
10Obra Auto en el índice 22 de SAMAI, certificado BEC872A82FEBD056 2112CA7549CCEE79
CD7BB858124B77FF C0FBAEB72EB5E47A, Ibíd.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02545-01
Accionante: Mabeli Tascón Gordillo, actuando como agente oficiosa del
señor Luis Marino Tascón Gil
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019, esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 21 de mayo de 2026 por la Sección Primera del
Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad. En caso afirmativo, se establecerá si se incurrió en la vulneración de
los derechos fundamentales invocados.
3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad11 y de procedencia12, con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
4. El cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto
4.1.- La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, es
un procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de sus derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley.
11 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
12 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02545-01
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Conforme con la disposición referida, el trámite constitucional aludido es un
mecanismo subsidiario que solo procede cuando el afectado no tiene otro medio de
defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales. Tal situación,
en todo caso, se rige bajo el presupuesto general de que excepcionalmente procede
el pedido cuando el mecanismo disponible no salvaguarda de manera eficaz 13 el
derecho fundamental, o este no es idóneo, por no ofrecer una solución integral y no
resolver el conflicto en toda su dimensión14; así como cuando el accionante se
encuentra ante la presencia de un perjuicio irremediable15, caso en el cual la tutela
funge como mecanismo transitorio.
4.2.- En el sub examine, la parte accionante interpuso acción de tutela en procura
de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al derecho de defensa, a la salud, a la igualdad y al
mínimo vital, los cuales considera vulnerados con ocasión del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 76111-33-
33-003-2019-00079-00/01/02, mediante el cual se dejó sin efectos el
reconocimiento de su prestación pensional. Al respecto, sostuvo que la falta de
notificación dentro de dicho trámite configuró un defecto procedimental absoluto.
Asimismo, señaló que cuenta con noventa y un (91) años de edad y padece
múltiples afecciones de salud, por lo que los mecanismos ordinarios de defensa
judicial no resultan idóneos ni eficaces para la protección de sus derechos
fundamentales.
4.3.- Para este caso concreto, a pesar de no tratarse de un análisis de fondo, pues
aún no se ha adelantado el examen de procedibilidad de la acción de tutela, resulta
importante la revisión previa del expediente ordinario, dadas las condiciones
especiales del actor y las posibles implicaciones de la acción de lesividad en sus
derechos fundamentales.
En tal sentido, vale la pena mencionar que la pensión del accionante fue reconocida
mediante acción de tutela proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Bolívar,
13 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece: Causales de
improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante.
14 Sentencia T-471 de 2017.
15 Se tiene como perjuicio irremediable aquel que reúne los presupuestos de gravedad, inminencia e
impostergabilidad de la medida para proteger el derecho. Sentencia T-1062 de 2010.
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Sentencia de segunda instancia
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Valle del Cauca, del 14 de marzo de 201316, la cual no es el mecanismo idóneo para
el reconocimiento de prestaciones sociales, en principio. Sumado a ello, de
conformidad con la información plasmada en la sentencia del 25 de septiembre de
2024, emitida por el Juzgado Tercero del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga
(primera instancia ordinaria), para la fecha de la demanda, la Fiscalía General de la
Nación se encontraba investigando la responsabilidad penal del señor Héctor
Ernesto Bedoya Márquez, como exjuez Promiscuo Municipal de Bolívar, Valle, por
la presunta comisión de los tipos penales de prevaricato por acción y peculado por
apropiación, relacionados con presuntas irregularidades en la acción de tutela
presentada por el señor Luis Marino Tascón Gil, en la cual se ordenó el
reconocimiento de una prestación social17.
Ahora bien, el Juzgado declaró la nulidad de la Resolución GNR 322005 de 2013,
que concedió la pensión al señor Tascón Gil, pues del análisis de los elementos
probatorios determinó que no existía el derecho a la prestación, ya que para acceder
a la pensión en el marco del Decreto 758 de 1990, requería 500 semanas en los
últimos 20 años anteriores a la edad (60 años) o 1.000 semanas en cualquier
tiempo; sin embargo, el accionante solo acreditó 469,57 semanas en toda su vida
laboral. Asimismo, consideró que el fallo de tutela que concedió la pensión se basó
en un reporte de semanas “informativo” que incluía semanas de otra persona, las
cuales legalmente ya habían sido descartadas como “novedad no correlacionada”
por la Administradora Colombiana de Pensiones — COLPENSIONES, a saber:
“Esta información indica que el periodo comprendido entre el 12 de febrero
de 1988 al 24 de octubre de 1989 equivalente a 621 días adicionales de
cotización, para un total de 557 semanas, fue reportado como Novedad No
Correlacionada descartada, es decir que este periodo no fue tomado en
cuenta por no corresponder a valores aportados por empleador en materia
pensional en favor del señor Luis Marino Tascón Gil, al aparecer como
aportante el señor Granario Oviedo Otero.
La novedad no correlacionada descartada tiene que ver entonces con que
el número de aportante 04378205374 corresponde al empleador Trabajar
Limitada, y él número de afiliación 90241758 corresponde al señor Granario
Oviedo Otero, tal como se observa en captura de pantalla donde se refiere
la razón social y el NIT de la empresa, así como el número patronal que
reporta”18.
16 Obra sentencia de primera instancia del expediente ordinario (76111333300320190007900) en el archivo
digital subido a SAMAI, índice 67, certificado 004C9D6BD860864D 313AE65DE6253E6C 44470B68CF783214
DE4BAFBE992B9AAA.
17 Obra información a folio 4, Ibíd.
18 A folio 12, Ibíd.
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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Mabeli Tascón Gordillo, actuando como agente oficiosa del
señor Luis Marino Tascón Gil
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Finalmente, el a quo ordinario negó el restablecimiento o devolución de dinero, con
base en el principio de buena fe del que goza el señor Tascón Gil. Posteriormente,
la Administradora Colombiana de Pensiones — COLPENSIONES, apeló la decisión
de primera instancia para que se restituyeran los dineros percibidos por el señor
Tascón Gil; pero el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión
de primera instancia de no devolución de las mesadas percibidas, con base en los
mismos argumentos19.
4.4.- En punto al análisis de procedibilidad, la Sala advierte que, para el presente
caso, el requisito general de subsidiariedad no se satisface, por las razones que se
exponen a continuación.
4.5.- La parte actora sostiene que el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho controvertido no fue notificado en debida forma, lo que a su juicio le impidió
ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, en este caso el accionante cuenta con
un mecanismo de defensa idóneo y eficaz para plantear su inconformidad, esto es,
la solicitud de nulidad procesal por indebida notificación, conforme a lo previsto en
el artículo 13320 del Código General del Proceso, el cual al tenor literal dispone lo
siguiente:
“8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio
de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás
personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes,
o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes,
cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público
o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser
citado”.
Asimismo, de conformidad con el artículo 134 del mismo Código, las nulidades
podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o
con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. Además, la nulidad por falta de
notificación o emplazamiento en legal forma podrá también alegarse en la diligencia
de entrega o como excepción en la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso
de revisión, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades.
Sin embargo, del análisis del expediente del medio de control y de las actuaciones
surtidas dentro del presente trámite constitucional, la Sala advierte que la parte
19 Obra sentencia de segunda instancia del expediente ordinario (76111333300320190007902) en el archivo
digital subido a SAMAI, índice 12, certificado B6B53CB6510B8F40 627C2FBBA09210ED 948CF8EFC84B031D
5F65191DDB30EAED.
20 “Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos”.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02545-01
Accionante: Mabeli Tascón Gordillo, actuando como agente oficiosa del
señor Luis Marino Tascón Gil
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Otros
accionante no acudió a dicho mecanismo procesal, pese a tener a su disposición la
posibilidad de alegar la nulidad por indebida notificación. Por el contrario, pretende
que el juez de tutela sustituya los instrumentos ordinarios de defensa previstos por
el ordenamiento jurídico para controvertir la irregularidad que ahora denuncia.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que el requisito de
subsidiariedad comporta la improcedencia de la acción de tutela, entre otros
eventos: (i) cuando el asunto aún se encuentra en trámite ante la jurisdicción
competente; (ii) cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios o
extraordinarios de defensa judicial previstos por el ordenamiento jurídico; y (iii)
cuando se pretende utilizar la acción de tutela para reabrir debates o revivir etapas
procesales respecto de las cuales se dejaron de ejercer oportunamente los
recursos o mecanismos de defensa disponibles.
4.6.- No obstante, como ya se mencionó, el Tribunal Constitucional ha establecido
dos excepciones al principio de subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el
mecanismo ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la protección inmediata
de los derechos fundamentales; y (ii) cuando se pretende evitar la configuración de
un perjuicio irremediable. Frente a este último evento, la jurisprudencia ha señalado
que debe acreditarse que el perjuicio es inminente y grave, que requiere la adopción
de medidas urgentes para evitar su materialización y que, por ende, hace
impostergable la intervención del juez constitucional21.
4.7.- Respecto a la idoneidad y eficacia del incidente de nulidad, la parte accionante
dedicó parte de su impugnación a argumentar que este resulta ineficaz e insuficiente
para el caso concreto, por tratarse de un adulto mayor, con dificultades de salud y
que dependía de esta prestación para su subsistencia.
Pues bien, por una parte, la sola afirmación de que los mecanismos ordinarios de
defensa judicial son ineficaces no constituye una razón suficiente para habilitar la
intervención del juez constitucional. En efecto, la parte accionante no logró
desvirtuar la idoneidad ni la eficacia del mecanismo de nulidad procesal previsto por
el ordenamiento jurídico, pues su cuestionamiento se sustenta en una apreciación
hipotética sobre su eventual falta de efectividad, sin que siquiera hubiera acudido
previamente a dicho instrumento.
21 Sentencia T-150 de 2016.
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Accionante: Mabeli Tascón Gordillo, actuando como agente oficiosa del
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4.8.- Asimismo, la sola invocación de un perjuicio irremediable, sustentada en la
condición del accionante como sujeto de especial protección constitucional, no
resulta suficiente para tener por acreditada la procedencia excepcional de la acción
de tutela. En efecto, si bien la Sala reconoce las particulares circunstancias del
señor Luis Marino Tascón Gil, tales condiciones no justifican el desplazamiento de
los mecanismos ordinarios de defensa judicial previstos para controvertir las
irregularidades que ahora se alegan. Corresponde, en principio, al juez natural del
proceso pronunciarse sobre la eventual configuración de una nulidad por indebida
notificación y sobre las consecuencias jurídicas que de ello pudieran derivarse
respecto de las decisiones adoptadas en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Al respecto, los reparos formulados por la parte accionante, sumados a las
condiciones especiales del caso —que incluyen investigaciones penales por
irregularidades en el reconocimiento de la pensión, el cómputo equivocado de
cotizaciones de otro ciudadano para el reconocimiento de la prestación, entre otros
—, exigen un examen de legalidad y de fondo sobre las actuaciones surtidas, la
notificación de la acción y la representación ejercida por el curador ad litem dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por
COLPENSIONES. En tal sentido, dichas inconformidades deben ser planteadas y
analizadas, en principio, a través del incidente de nulidad previsto por el
ordenamiento jurídico. En otras palabras, la controversia planteada exige el
agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa judicial y el respeto por las
competencias del juez natural, a quien corresponde pronunciarse, en primera
medida, sobre la validez de las actuaciones procesales cuestionadas y las
consecuencias jurídicas que de ello se deriven.
Ahora bien, la Sala precisa que la alegada indebida notificación debe ser planteada,
en primer término, mediante el incidente de nulidad previsto en los artículos 133 y
134 del Código General del Proceso, por tratarse del mecanismo específicamente
diseñado por el legislador para controvertir irregularidades de esa naturaleza.
Asimismo, una vez agotadas las oportunidades ordinarias de defensa y ejecutoriada
la decisión judicial correspondiente, el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de
acudir al recurso extraordinario de revisión, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, particularmente cuando se invoque la causal
quinta allí prevista. En consecuencia, la sola alegación de una indebida notificación
no permite concluir que la acción de tutela constituya el mecanismo principal para
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señor Luis Marino Tascón Gil
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controvertir la irregularidad denunciada, ni releva a la parte actora de la carga de
acudir previamente a los instrumentos judiciales establecidos para tal efecto.
Asimismo, el señor Tascón Gil percibió durante más de diez (10) años una
prestación que, de conformidad con el análisis adelantado en la primera instancia
del expediente ordinario, no le correspondía por no cumplir con los requisitos
legales. A pesar de ello, no se le ordenó devolver los dineros que percibió en estos
años por cuenta de una prestación reconocida de forma irregular, en consideración
al principio de buena fe que lo ampara. Por tanto, no podría este despacho, a través
de esta acción constitucional, regresar una prestación que ya el juez natural canceló
por considerar que no se acreditaron los requisitos para su reconocimiento, para
que el accionante siga percibiendo recursos pensionales sin haber acreditado los
requisitos para ello.
4.9.- Así las cosas, resulta claro que el juez de tutela no está llamado a sustituir al
juez natural ni a asumir las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye a
las autoridades judiciales ordinarias. En efecto, el legislador ha previsto diversos
mecanismos y recursos destinados a la protección de los derechos e intereses de
las partes, los cuales deben ser ejercidos oportunamente por los interesados, en la
medida en que constituyen, en principio, los instrumentos idóneos y eficaces para
la defensa de sus derechos.
4.10.- Por otra parte, si bien la Sala no desconoce las condiciones de vulnerabilidad
alegadas por el señor Tascón Gil, también debe valorarse que la afectación
relacionada con la atención en salud puede ser atendida mediante los mecanismos
de aseguramiento previstos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud,
particularmente a través de su afiliación al régimen subsidiado. Del mismo modo,
no obra en el expediente prueba suficiente que permita concluir que carece
absolutamente de recursos para garantizar su subsistencia, pues tampoco se
acreditó que carezca de bienes o activos de los cuales pueda disponer mientras se
define su situación pensional.
5.- En consecuencia, en el sub lite, el presupuesto de subsidiariedad, como se
indicó, no se encuentra satisfecho, lo que hace que la acción constitucional resulte
improcedente.
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Accionante: Mabeli Tascón Gordillo, actuando como agente oficiosa del
señor Luis Marino Tascón Gil
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Otros
6.- Finalmente, dado que en el presente asunto no se satisface el requisito de
subsidiariedad, la Sala se relevará de estudiar los demás requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, toda vez que la
ausencia de dicho presupuesto resulta suficiente para declarar la improcedencia del
amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 21 de mayo de 2026 proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la
acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
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