Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02547-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02547-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02547-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
16 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02547-00
Demandante: Fabian Eduardo Mendoza Pulido
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02547-00
Demandante: Fabian Eduardo Mendoza Pulido
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de la Carrera Judicial
Temas: Tutela contra actos administrativos – petición - otro medio de
defensa judicial– improcedencia de la tutela como
mecanismo transitorio.
Sentencia primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada, por el señor Fabian Eduardo Mendoza
Pulido contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la
Carrera Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333
de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 1 de abril de 2026, el señor Fabian Eduardo Mendoza Pulido interpuso acción de
tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la
Carrera Judicial, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a cargos públicos, de petición y los principios de buena fe y
confianza legítima. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«AMPARE mis derechos fundamentales al debido proceso, en su faceta de la confianza
legítima, buena fe, respecto del acto propio, al acceso a los cargos públicos, y de petición,
vulnerados por la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura - Rama
Judicial.
En consecuencia,
• ORDENE a esa misma autoridad que en el plazo perentorio de cuarenta y ocho horas
(48) horas siguientes a la notificación del fallo, MODIFIQUE y/o CORRIJA las
Resoluciones N.º CJR26-0021 de 13 de enero de 2026 y CJR26-0158 de 26 de marzo de
2026, en lo que corresponde al puntaje del factor de “Capacitación Adicional” que me fue
otorgado erróneamente, el cual ahora debe ser de 20,00 puntos, según lo explicado en
este escrito. Y que, como consecuencia de lo anterior,
• ORDENE a la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura – Rama
Judicial, que MODIFIQUE y/o CORRIJA el puntaje “Total” que me fue asignado en las
Resoluciones N.º CJR26-0021 de 13 de enero de 2026 y CJR26-0158 de 26 de marzo de
2026, para agregar los puntos que no fueron contabilizados correctamente en el factor de
“Capacitación Adicional”, antes mencionado.
De manera subsidiaria solicito que se:
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• AMPARE TRANSITORIAMENTE, mis derechos fundamentales al debido proceso, en su
faceta de la confianza legítima, buena fe, respecto del acto propio, al acceso a los cargos
públicos, y de petición, vulnerados por la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura - Rama Judicial.
• Y que, en consecuencia, profiera las mismas órdenes señaladas anteriormente, pero por
el periodo que dure el correspondiente proceso ordinario.»
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo
PCSJA18-11077, por medio del cual «se adelanta el proceso de selección y se
convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la
Rama Judicial», en adelante Convocatoria 27.
El tutelante se inscribió, participó y superó todas las fases y pruebas de la
Convocatoria 27 para la provisión de cargos de funcionarios de carrera de la Rama
Judicial. En este proceso se postuló al cargo de juez administrativo, donde acreditó
junto con todos los demás requisitos exigidos, estudios de especialización en
Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social que cursó en la Universidad Nacional
de Colombia.
En la etapa de clasificatoria, se determinó la puntuación que recibirían los siguientes
factores: i) pruebas de aptitudes y conocimientos, ii) prueba psicotécnica; iii) curso de
formación judicial inicial; iv) experiencia adicional y docencia y v) capacitación
adicional.
En el componente de capacitación adicional, se estableció que se otorgarían hasta
30 puntos en el resultado final, para ello, se previó un sistema de calificación por cada
título de postgrado relacionado con la especialidad del cargo de aspiración y que se
acreditara debidamente, de la siguiente manera: i) especialización: 5 puntos; ii)
maestría: 15 puntos y, iii) doctorado: 30 puntos.
El 13 de enero de 2026, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura expidió la Resolución CJR26-0021 «Por medio de la cual se
publican los resultados de la etapa clasificatoria correspondiente al concurso de
méritos […]», donde se calificó al aspirante, aquí tutelante, con puntaje de 705,25
puntos, de los cuales 15 corresponden a capacitaciones adicionales.
Inconforme, el 22 de enero de 2025 interpuso recurso de reposición contra el citado
acto administrativo y solicitó la corrección y modificación del puntaje, al considerar la
Unidad no tuvo en cuenta para determinar el puntaje final el título de Especialización
en Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social, conferido por la Universidad
Nacional de Colombia, lo que equivaldría a 5 puntos en el ítem de capacitación
adicional.
Recurso que fue resuelto mediante la Resolución CJR26-0158 del 26 de marzo de
2026, donde la Unidad de Carrera del Consejo Superior de la Judicatura, confirmó el
puntaje obtenido por el actor.
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3. Argumentos de la acción de tutela
El actor consideró que la Resolución cuestionada incurrió en error sustancial al asignar
únicamente 15 puntos en el ítem de capacitación adicional, a pesar de que conforme
a las reglas de la Convocatoria 27 el puntaje correcto debía ascender a 20 puntos.
Adujo que, al momento de su inscripción, acreditó debidamente dos posgrados: (i) el
título de especialista en Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social, otorgado por la
Universidad Nacional de Colombia el 4 de octubre de 2011, equivalente a 5 puntos, y
(ii) el título de Magíster en Derecho, conferido por la misma universidad el 7 de abril
de 2016, equivalente a 15 puntos. Pese a la acreditación plena de ambos títulos, la
autoridad accionada desconoció uno de ellos sin motivación suficiente, lo que afectó
de manera directa el resultado del concurso.
Manifestó que la decisión se fundamentó en una interpretación arbitraria y restrictiva
del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, que, si bien no menciona expresamente dicha
especialización dentro del listado de la especialidad Contencioso – Administrativa, sí
admite de forma expresa el reconocimiento de los demás posgrados afines a la
especialidad del cargo a que se aspire.
A su juicio, la afinidad resulta evidente y objetiva, porque los asuntos de la seguridad
social hacen parte del núcleo competencial de la jurisdicción de lo contencioso –
administrativo, conforme lo dispone el artículo 104, numeral 4°, de la Ley 1437 de
2011. Al respecto, afirmó que este vínculo no solo es normativo, sino también
institucional y funcional, ampliamente reconocido en la estructura de la Rama Judicial
y, en particular, en la existencia de jueces y secciones especializadas en asuntos
laborales y de seguridad social dentro de dicha jurisdicción.
Por ello, consideró que la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura desconoció el derecho fundamental de petición dado que
omitió pronunciarse de fondo sobre los argumentos normativos y funcionales
expuestos y se limitó a negar el reconocimiento del título sin analizar la afinidad
acreditada ni las normas invocadas, lo que también configura la vulneración del debido
proceso, en sus facetas de motivación suficiente, confianza legítima y buena fe, esto,
al desconocer las propias reglas del concurso y desatender un hecho probado. Alegó
que la autoridad accionada frustró de manera injustificada sus expectativas legítimas
y afectó el principio de mérito que rige el acceso a la función pública, motivo por el
cual resulta procedente la protección constitucional solicitada.
En cuanto al análisis de procedibilidad de la acción de tutela, manifestó que es
procedente como mecanismo principal, en la medida en que la controversia planteada
tiene claro contenido constitucional, especialmente, desde la óptica del derecho
fundamental de petición, dado que la autoridad accionada no emitió una respuesta
material y de fondo. A partir de lo anterior, sostuvo que, no existe un medio judicial
ordinario específico para obtener la protección inmediata de dicho derecho, razón por
la cual la tutela se configura como el instrumento idóneo y directo para su amparo.
Agregó que, aun si se analizaba la controversia desde la perspectiva de los demás
derechos fundamentales invocados —debido proceso, confianza legítima, buena fe y
acceso a cargos públicos—, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho no resulta idóneo, pues sus causales no se corresponden con una actuación
administrativa caracterizada por la arbitrariedad y la falta absoluta de motivación
material.
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Que dicho mecanismo tampoco es eficaz, en tanto el término propio del trámite
impediría evitar la afectación real y concreta de los derechos del accionante,
especialmente frente a la inminente expedición del registro de elegibles.
Finalmente, destacó que se configura un perjuicio irremediable por el desconocimiento
del principio de mérito y la confianza legítima del concursante, dada la proximidad de
la publicación del registro de elegibles, por lo que resulta urgente, pues la falta de
protección inmediata conduciría a la consolidación del daño.
4. Trámite previo
Mediante auto del 10 de abril de 2026 se admitió la acción de tutela, ordenó notificar
al demandante y al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial en calidad de demandado, a quien le remitió copia de la demanda.
Mediante auto del 1 de junio de 2026, se advirtió la necesidad de remitir los anexos
del escrito de demanda a los terceros vinculados, en cumplimiento del artículo 91 del
Código General del Proceso. En consecuencia, el despacho ordenó a la Unidad de
Administración de Carrera Judicial y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla publicar
el proveído y los anexos de la tutela en sus páginas web y en el micrositio de la
Convocatoria 27. Igualmente, la decisión se ordenó a dichas entidades enviar los
mensajes de datos con la respectiva información documental a los correos
electrónicos de los aspirantes al cargo de Juez Administrativo. Por último, el despacho
concedió a los terceros con interés un término de 1 día, contado a partir de la
respectiva comunicación, para contestar la acción y rendir informe sobre los hechos y
las pretensiones del actor.
5. Oposición
La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura solicitó negar la acción de tutela al considerar que no se vulneraron los
derechos fundamentales invocados por el accionante. Sostuvo que las
inconformidades planteadas frente a la Resolución CJR26-0021 de 13 de enero de
2026 fueron oportuna y debidamente resueltas mediante la Resolución CJR26-0158
del 26 de marzo de 2026, con una motivación fundamentada en las reglas previstas
en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, norma que regula el concurso de méritos -
Convocatoria 27- y que resulta vinculante tanto para la administración como para los
concursantes.
Expuso que el accionante cuestionó la no valoración de su especialización en
Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social dentro del factor de capacitación
adicional para el cargo de juez administrativo, así como la supuesta falta de motivación
de la decisión que resolvió su recurso de reposición. Frente a ello, la entidad indicó
que la resolución recurrida abordó de manera expresa el punto debatido, se aplicaron
los criterios del acuerdo de convocatoria, motivo por el cual no se configuró
vulneración del derecho de petición ni del debido proceso.
La Unidad destacó que su actuación se enmarca en una función estrictamente
reglada, conforme con la Constitución, la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia y la jurisprudencia constitucional, en especial la sentencia SU-067 de 2022.
En ese sentido, reiteró que la convocatoria constituye la norma obligatoria del
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concurso y que cualquier modificación o aplicación por fuera de sus reglas supondría
una vulneración de los principios de igualdad, mérito, buena fe y debido proceso frente
a los demás participantes.
En cuanto al factor de capacitación adicional, la entidad explicó que cuenta con la
competencia para determinar de manera razonable la afinidad de los posgrados con
el cargo al que se aspira. Sobre el caso concreto, sostuvo que la especialización en
Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social corresponde primordialmente al ámbito
del derecho laboral y no al de la jurisdicción de lo contencioso – administrativa, sin
perjuicio de que esta última conozca de asuntos puntuales de seguridad social cuando
la ley lo disponga expresamente. Por ello, concluyó que no era procedente asignar
puntaje adicional por dicho título.
Finalmente, afirmó que no existió silencio administrativo ni ausencia de motivación,
dado que el recurso de reposición fue resuelto con argumentos jurídicos claros, las
normas aplicables y las razones por las cuales no se accedió valoró el título. En
consecuencia, reiteró que no se configuró vulneración alguna de derechos
fundamentales y pidió al despacho negar el amparo solicitado, tanto por
improcedencia de la acción de tutela como por inexistencia de afectación
constitucional.
6. Intervinientes
El 20 de mayo de 2026, Víctor Andrés Balcárcel Guzmán y César Eduardo Yaruro
Ortega comparecieron al proceso en calidad de terceros interesados, toda vez que
participaron en el mismo concurso de méritos para proveer el cargo de Juez
Administrativo y la decisión por adoptar podía afectarlos directamente.
En su intervención, solicitaron adicionar o anular el auto del 14 de mayo de 2026,
porque argumentaron dicha providencia omitió ordenar el traslado de las pruebas
aportadas por el actor y omitió fijar un término claro para su intervención, situación
que comprometió el ejercicio efectivo del derecho a la defensa.
De otra parte, afirmaron que la acción de tutela resulta improcedente por incumplir los
requisitos fijados por la jurisprudencia constitucional. Indicaron que el demandante
omitió justificar adecuadamente la intervención del juez constitucional y falló en
demostrar la ineficacia de los mecanismos ordinarios de defensa judicial.
Asimismo, resaltaron que la controversia corresponde a un asunto de mera legalidad,
relacionado con la interpretación de las reglas de la convocatoria, contenidas en el
Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, cuya resolución compete a la jurisdicción
contencioso-administrativa mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Dicha circunstancia cobra mayor relevancia al advertir que la
administración ya expidió la Resolución PCSJSR26-126 del 15 de mayo de 2026, la
cual conformó el registro de elegibles y constituye un acto administrativo definitivo.
Finalmente, manifestaron que la vulneración de derechos fundamentales alegada
carece de sustento, pues la actuación administrativa acató las reglas del concurso y
la entidad dio respuesta de fondo al recurso interpuesto.
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En relación con la valoración del posgrado, sostuvieron que los criterios del concurso
establecieron previamente que la especialización en seguridad social correspondía al
área laboral.
Agregaron que el programa académico de la especialización cursada por el
accionante, definido en el Acuerdo 028 de 2008 de la Universidad Nacional, carece
de relación directa con las competencias de los jueces administrativos delimitadas en
el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, motivo por el cual resulta improcedente su
reconocimiento como factor de puntuación adicional.
De la manifestación de impedimento de la consejera Myriam Stella Gutiérrez
Argüello
Mediante escrito del 26 de junio de 2026, la consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello
manifestó estar incursa en las causales de impedimento previstas en los numerales
4° y 5° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
Explicó que los señores Víctor Andrés Balcárcel Guzmán y César Eduardo Yaruro
Ortega han trabajado en calidad de servidores judiciales en el despacho que preside;
motivo por el cual tiene una estrecha relación de amistad con ellos, aunado al hecho
de que ha manifestado su opinión, respecto de sus casos particulares, sobre el asunto
materia de la acción de tutela.
Mediante auto del 30 de junio de 2026, el despacho declaró fundado el impedimento,
con fundamento en la causal prevista en el numeral 5º del referido artículo 56. En
consecuencia, se apartó a la referida consejera del conocimiento del presente asunto.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
Corresponde determinar si la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura vulneró los derechos fundamentales de petición, al
debido proceso y de acceso a cargos públicos del señor Fabian Eduardo Mendoza
Pulido, por no valorar debidamente dentro del componente de capacitación adicional
su título de postgrado de Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social otorgado por
la Universidad Nacional de Colombia.
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La Sala anticipa que, en el presente caso, negará la protección del derecho
fundamental de petición y se declarará improcedente el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a cargos públicos del actor solicitado
por las razones que se pasan a explicar.
Para llegar a esa conclusión, la Sala abordará los siguientes temas: i) de la solicitud
de nulidad presentada por los señores Víctor Andrés Balcárcel Guzmán y César
Eduardo Yaruro Ortega; ii) del derecho fundamental de petición; iii) del derecho de
petición en el caso concreto; iv) del requisito de subsidiariedad de la acción de tutela;
y iv) y el requisito de subsidiariedad en el caso concreto.
(i) De la solicitud presentada por los terceros interesados
Los terceros intervinientes solicitaron anular la actuación por falta de acceso a las
pruebas y anexos de la demanda, omisión que, en su criterio, impedía ejercer el
derecho de contradicción.
Sobre este punto, la Sala rechaza de plano dicha solicitud de nulidad, porque el
ordenamiento procesal restringe la declaratoria de nulidad a las causales taxativas
previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso. No obstante, la
argumentado por los intervinientes carece de correspondencia con dichas causales.
(ii) Derecho fundamental de petición
En el marco del artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades y también ante organizaciones
privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta resolución.
Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de la Carta.
La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la
información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el
acceso a documentos públicos, entre otros.
El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional. De acuerdo con esta
última, son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho: i) que la resolución
sea pronta; ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara,
precisa, congruente y consecuente con lo solicitado y, iii) que la decisión adoptada se
le notifique al peticionario1.
Como derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido de
la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición. Por esto, se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa
vulneración del derecho fundamental de petición, ya que “existe una diferencia entre
el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido”2. Aun así, la Corte
1 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
2 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
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Constitucional ha aclarado que “una respuesta es suficiente cuando resuelve
materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante”3.
Para que la respuesta sea efectiva debe ser expedida oportunamente, resolver de
fondo la petición de manera clara y congruente con lo solicitado y debe ser notificada
al peticionario. El incumplimiento de estos requisitos implica la vulneración del derecho
fundamental de petición.
(iii) Del derecho de petición en el caso concreto
Mediante el ejercicio de la presente acción el señor Mendoza Pulido interpuso acción
de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
la Carrera Judicial por estimar vulnerados los derechos fundamentales de petición, de
acceso a cargos públicos y al debido proceso, así como a los principios de buena fe y
confianza legítima.
Para resolver el presente asunto, es necesario resaltar los siguientes hechos:
• Mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, el Consejo Superior de la
Judicatura convocó a los interesados en vincularse a los cargos de
funcionarios de la Rama Judicial, para que se inscribieran en el concurso
de méritos destinado a la conformación de los correspondientes Registros
Nacionales de Elegibles. (Convocatoria 27).
• Asimismo, se estableció que se otorgaría hasta 30 puntos en el resultado
final, para ello, se previó que «Cada título de postgrado relacionado con
la especialidad del cargo de aspiración, que se acredite en la forma
señalada en el numeral 2.5.8 del presente Acuerdo, se calificará así:
especialización 5 puntos; maestría 15 puntos y doctorado 30 puntos. En
todo caso, no se calificarán más dos especializaciones y una maestría
como capacitación adicional.»; asimismo, se advirtió que «Los postgrados
que permitirán a los aspirantes obtener puntaje en el factor de
capacitación adicional, deberán relacionarse directamente con la
especialidad del cargo de aspiración, para lo cual, se aplicará la siguiente
tabla de especialidades de cargos y postgrados.»
Tal como se pasa a ver en la siguiente tabla:
Especialidad Cargo de Postgrados que aplican a Postgrados por
Aspiración todas las especialidades Especialidad
Civil Derecho Derecho Civil, Derecho
Familia Derecho Constitucional Comercial, Derecho
Derechos Humanos Derecho Económico, Derecho
Probatorio Derecho Procesal Económico y de Mercados,
Filosofía del derecho Derecho de Sociedades,
Derecho Aduanero y de
Comercio Exterior, Derecho
Contractual, Derecho de
Empresa, Derecho Financiero,
Derecho de
Familia, Negociación,
Conciliación y Arbitraje,
Derecho de Propiedad
Intelectual, Derecho Comercial
3 Corte Constitucional. Sentencias T-561 de 2007 y T-556 de 2013.
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y Marítimo, Derecho de
Sociedades, Derecho de
Mercado de Capitales,
Derecho de Seguros, Derecho
de Competencia y del Libre
Comercio.
Penal Derecho Penal, Casación
Penal, Derecho Penal y
Ciencias Forenses, Ciencias
Forenses y Técnica
Probatoria, Derecho
económico y financiero.
Laboral Derecho Laboral, Derecho
Laboral y Seguridad Social,
Derecho Médico Sanitario,
Derecho del Trabajo.
Contencioso Administrativa Derecho Administrativo,
Derecho Contencioso
Administrativo, Derecho
Tributario, Derecho
Económico, Derecho en
Hacienda Pública, Derecho
Ambiental, Derecho de las
Telecomunicaciones, Derecho
Electoral, Derecho Urbano,
Gestión Jurídica Pública,
Derecho Minero y Petróleos,
Contratación Estatal, Derecho
Sustancial y Contencioso
Constitucional, Derecho
Urbanístico, Derecho Público y
Financiero, Responsabilidad y
daño resarcible.
Comisión Seccional de Derecho Disciplinario y
Disciplina Judicial Derecho Penal.
Consejo Seccional de la Ciencias Administrativas,
Judicatura Económicas o Financieras.
• Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.º del artículo 164 de la
Ley 270 de 1996 y en el Acuerdo de Convocatoria, el referido concurso
comprende las etapas de selección y clasificación de etapa de selección y
clasificatoria, que se han cumplido así:
Etapa de selección
• La etapa de selección está comprendida por las fases de i) prueba de aptitudes
y conocimientos; ii) verificación de requisitos mínimos y iii) curso de formación
judicial inicial, los cuales tienen carácter eliminatorio.
Mediante las Resoluciones CJR22-0051 de 1.° de septiembre de 2022, CJR19-
0680 de 7 de junio de 2019 y CJR22-0442 de 1.° de noviembre de 2022, se
publicaron de los resultados de la prueba de conocimientos.
• Verificado el cumplimiento de requisitos mínimos a los aspirantes que
aprobaron las pruebas de aptitudes y conocimientos, mediante Resolución
CJR23-0061 de 8 de febrero de 20234 se publicó la relación de aspirantes
admitidos al concurso de méritos destinado a la conformación del Registro
4
Modificada mediante Resoluciones CJR23-0104 y CJR23-0106 de 17 de marzo de 2023, CJR23-0110 de 21 de marzo de
2023, CJR23-0117 de 29 de marzo de 2023, CJR23-0136 2 de mayo de 2023, CJR23-0213 de 8 de junio de 2023, CJR23-
0217 de13 de junio de 2023 y CJR23-328 de 11 de agosto de 2023.
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Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama
Judicial.
• Quienes aprobaron la prueba de conocimientos, con un puntaje igual o superior
a 800 puntos, pasaron a la siguiente fase de la etapa de selección del concurso,
esto es, el IX Curso de Formación Judicial Inicial.
• Una vez adelantado el referido curso, se expidieron los actos administrativos
mediante los cuales se publicaron los puntajes asignados a los discentes, así
como los resultados de las solicitudes de homologación y/o exoneración.
Etapa clasificatoria
• En firme los resultados de la etapa de selección, la Unidad demandada
procedió a valorar y puntuar los diferentes factores que componen la etapa
clasificatoria, cuya calificación va hasta 1.000 puntos, así:
FACTOR PUNTAJE
Prueba de Conocimientos Hasta 500 puntos
Nueva escala de calificación entre 300 y 500 puntos
Prueba Psicotécnica. Hasta 200 puntos
Curso de Formación Judicial Hasta 200 puntos
Nueva escala de calificación entre 100 y 200 puntos
Experiencia adicional y docencia Hasta 70 puntos
Capacitación Adicional Hasta 30 puntos
TOTAL 1000
• El tutelante se inscribió, participó y superó todas las fases y pruebas de la
Convocatoria 27 para la provisión de cargos de funcionarios de carrera de la
Rama Judicial. En este proceso se postuló al cargo de juez Administrativo,
donde acreditó junto con todos los demás requisitos exigidos, sus estudios de
especialización en Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social que cursó en
la Universidad Nacional de Colombia.
• Como se vio, en el componente de capacitación adicional, al aspirante, aquí
tutelante, se le calificó con un puntaje de 705,25 puntos, que se subdividieron
así conforme a cada componente:
Prueba de Prueba Curso de Experiencia Capacitación Total
Conocimientos Psicotécnica Formación Adicional y Adicional
Judicial Docencia
346,07 164,68 155,25 24,25 15,00 705,25
• Para ello, la Unidad demandada verificó la respectiva documentación con el fin
de asignar los puntajes que correspondan a los diferentes factores a evaluar,
conforme con las escalas de calificación señaladas en la convocatoria.
• Al no estar conforme con el puntaje asignado, interpuso recurso de reposición
contra el referido acto administrativo, solicitando su corrección y reajuste, al
estimar que la Unidad accionada omitió reconocer, para efectos del puntaje
final, el título de Especialización en Instituciones Jurídicas de la Seguridad
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Social otorgado por la Universidad Nacional de Colombia, el cual debía ser
valorado con cinco (5) puntos dentro del factor de capacitación adicional.
• Recurso que fue resuelto mediante la Resolución CJR26-0158 del 26 de marzo
de 2026, donde la Unidad de Carrera del Consejo Superior de la Judicatura,
confirmó el puntaje obtenido por el actor, al establecer que el título de
Especialización en Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social otorgado por
la Universidad Nacional de Colombia no es objeto de puntuación, por cuanto,
si bien la tabla de posgrados del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 es
enunciativa, esta delimita las áreas propias de cada especialidad, dentro de las
cuales no se incluye dicha formación para la especialidad contencioso-
administrativa; por el contrario, concluyó que corresponde al ámbito del
derecho laboral, por lo que no se considera afín al cargo de juez Administrativo
y, en consecuencia, no procedía su valoración en el factor de capacitación
adicional.
De acuerdo con lo anterior, debe decirse que, en relación con el derecho
fundamental de petición, la Sala advierte que no se configuró vulneración alguna,
por cuanto la Unidad de Administración de la Carrera Judicial sí dio respuesta expresa
a la solicitud elevada por el actor. En efecto, frente a la petición de reconocimiento del
título de especialización en Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social dentro del
factor de capacitación adicional, la entidad emitió un pronunciamiento claro en el que
explicó las razones por las cuales el título obtenido no sería tenido en cuenta para
sumar calificación en el cargo de juez administrativo para el cual se inscribió, conforme
con las reglas de la Convocatoria 27.
Asimismo, se advierte que el actor contó con el trámite del recurso de reposición, el
cual fue resuelto mediante la resolución posterior. En dicha decisión, la Unidad reiteró
su postura, desarrolló los argumentos normativos aplicables y expuso las razones por
las cuales concluyó que la especialización no guarda afinidad con la especialidad
contencioso-administrativa según los criterios del acuerdo de convocatoria. En
consecuencia, resulta acreditado que la administración no vulneró del derecho
fundamental de petición.
Cosa distinta es la inconformidad de la parte actora con el contenido de la respuesta
obtenida. La jurisprudencia constitucional ha sido constante en señalar que la garantía
del derecho de petición no garantiza que la respuesta sea favorable a los intereses
del peticionario, sino que ésta sea oportuna, clara, congruente y de fondo, exigencias
que se encuentran satisfechas en el presente caso. El desacuerdo del actor con la
interpretación adoptada por la autoridad no transforma, por sí solo, una decisión
administrativa desfavorable en una vulneración iusfundamental.
Por tanto, desde la perspectiva del derecho de petición, la actuación de la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial se ajustó a los mandatos constitucionales, en la
medida en que resolvió expresamente la solicitud, tramitó el recurso interpuesto y
adoptó una decisión debidamente motivada. La discusión planteada por el accionante
no versa sobre la inexistencia de respuesta, sino sobre el contenido de un acto de
trámite proferido en el marco de un concurso de méritos, el cual, por regla general, no
es susceptible de control judicial ordinario. En ese contexto, la eventual inconformidad
frente a la valoración realizada no transforma la decisión administrativa en una
vulneración del derecho de petición, ni habilita por sí sola el amparo constitucional.
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(iii) Procedencia de la acción de tutela para cuestionar las decisiones que se
profieren en desarrollo de un concurso de méritos
Según el numeral 1.° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no
procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Y ese mecanismo
de defensa judicial, según reiterada jurisprudencia constitucional, debe ser eficaz,
pues de no serlo, la tutela procede como medio judicial de protección de los derechos
fundamentales.
Ahora, las decisiones que se dictan en el desarrollo de un concurso de méritos para
la provisión de empleos generalmente corresponden a actos de trámite, contra los
cuales no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso
administrativas. Sin embargo, ha sido un criterio reiterado de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado5 y de esta Sección6, que en
aquellos eventos en que, en el desarrollo de un concurso, se presente la flagrante
violación de un derecho fundamental, la acción de tutela resulta procedente, ante la
carencia de medios de defensa judiciales para lograr la continuidad en el concurso del
aspirante afectado con la decisión.
En los concursos de méritos también se expiden actos administrativos definitivos,
como ocurre en los casos en los que han culminado las etapas del concurso y existe
un acto que establece la lista de elegibles para proveer los cargos ofertados. En ese
caso, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí se erige como el
mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos de las personas
que se someten a un concurso de méritos7, pues se trata de un acto administrativo
definitivo que fija el número de plazas a ocupar y el orden de elegibilidad, según el
puntaje.
Por lo tanto, en ese evento, la tutela es improcedente, habida cuenta de que existe
otro medio para la protección de los derechos fundamentales violados o en situación
de amenaza, a menos que se configure un perjuicio irremediable.
Sobre este último punto, la Corte Constitucional, en sentencia SU- 263 de 2015, previó
que, bajo ciertas circunstancias, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela
puede llegar a tener algunas excepciones, específicamente en los siguientes eventos:
“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos y
eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;
(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela
como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los
derechos fundamentales.
(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la
tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada,
niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte del
juez de tutela".
5
Sentencia AC-00698 (2007) del 28 de agosto de 2007, M. P. Martha Sofía Sanz Tobón.
6
Sentencia AC-00068 del 28 de mayo de 2008, reiterada a su vez en las sentencias AC-00009 del 3 de abril de 2008, AC-
00044 y AC-00046 del 10 de abril de 2008 y AC-00043 del 8 de mayo de 2008, todas con Ponencia de Ligia López Díaz.
7
Al respecto, ver, entre otras, las sentencias del 10 de junio de 2010. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Expedientes
2010-00475-01, 2010-00496-01 y 2010-00583-01.
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Finalmente, es del caso mencionar que los concursos públicos abiertos son el
mecanismo idóneo para que el Estado dentro de los criterios de imparcialidad y
objetividad, pueda valorar las calidades y aptitudes de los aspirantes a los distintos
cargos con el fin de escoger a la persona que resulte idónea para desempeñarlos y
dentro de ese marco, definir las reglas que deben ser aplicadas de acuerdo con la
naturaleza del empleo y los objetivos que se persigan por la entidad que cuenta con
las vacantes a proveer.
iv) Del requisito de subsidiaridad en el caso concreto
El accionante sostiene que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura omitió valorar su título de Especialista en
Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social dentro del factor de capacitación
adicional. En consecuencia, exige la corrección de su puntaje para obtener 20 puntos
en dicho ítem y alterar el orden de mérito.
Por lo anterior, la Sala advierte la improcedencia de la presente acción de tutela por
falta de subsidiariedad, porque el ordenamiento jurídico consagra otro medio idóneo
de defensa judicial, pues el 15 de mayo de 2026, la administración expidió la
Resolución PCSJSR26-126, acto que conformó el Registro Nacional de Elegibles para
el cargo de Juez Administrativo. Dicha resolución tiene la naturaleza de un acto
administrativo de carácter definitivo y pone fin a la actuación administrativa
De este modo al estar en presencia de un acto administrativo que puede demandar
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme lo
establecido en el artículo 138 del CPACA, el cual resulta eficaz para resolver el debate
que propone y en todo caso en dicha oportunidad cuenta con la posibilidad de solicitar
medidas cautelares que considere pertinentes de conformidad al artículo 229 del
CPACA y siguientes. Este es el mecanismo idóneo para conseguir el amparo de los
derechos invocados.
Sobre el particular, se resalta que el capítulo XI del CPACA establece las medidas
cautelares en las acciones contenciosas administrativas como un mecanismo de
defensa provisional, idóneo y eficaz si lo que se pretende es evitar un perjuicio
irremediable.
Según el artículo 230 del CPACA, las medidas cautelares, podrán ser: i) preventivas,
cuando se ordene la adopción de una decisión administrativa con el fin de evitar un
perjuicio irremediable o la agravación de los efectos; ii) conservativas, cuando el juez
ordena mantener la situación o que se restablezca al estado en que se encontraba
antes de la conducta vulneradora o amenazadora; iii) anticipativas, cuando se ordene
la adopción de una decisión administrativa; iv) suspensivas, cuando se ordene
suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
El artículo 231 de la misma normatividad contempla los requisitos que deben
acreditarse para decretar las medidas cautelares, ya sea que se trate de suspensión
provisional o de otras medidas. Cuando se pretenda la suspensión provisional de los
efectos del acto administrativo demandado, ésta procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en solicitud separada, que surja del análisis
y confrontación del acto con las normas superiores invocadas como vulneradas o del
estudio de las pruebas del expediente. Así mismo, cuando se pretenda el
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restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, deberá acreditarse la
existencia de aquellos.
De conformidad con el artículo 234 del CPACA, las medidas cautelares de urgencia
pueden ser adoptadas por el juez o magistrado desde la presentación de la solicitud
sin previa notificación a la otra parte, siempre y cuando se evidencie que por la
urgencia no es posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 de la Ley 1437 de
2011.
En ese orden de ideas, la Sala encuentra improcedente la acción de tutela para
controvertir las actuaciones recurridas. Además, como quedó expuesto la accionante
puede solicitar las medidas cautelares pertinentes dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento.
Aunado a lo anterior, tampoco se acredita la existencia de un perjuicio irremediable
que habilite la procedencia excepcional del amparo constitucional. Esta circunstancia
demuestra la ausencia de afectación grave, actual e inminente de sus derechos
fundamentales y sin que se configure un daño irreversible que haga necesaria la
intervención del juez constitucional.
Cabe resaltar que la Sala ya se ha pronunciado en el mismo sentido en casos con similitud
fáctica al caso objeto de estudio8.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
FALLA
1. Rechazar de plano la solicitud de nulidad propuesta por Víctor Andrés Balcárcel Guzmán
y César Eduardo Yaruro Ortega.
2. Negar la protección del derecho fundamental de petición del actor, por las razones
expuestas.
3. Declarar improcedente el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a cargos públicos a través del mérito del señor Fabian Eduardo Mendoza Pulido, por
las razones expuestas.
4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
8
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 18 de junio de 2026, expediente núm. 2026-03609-00, C.P. Luis Antonio
Rodríguez Montaño.
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