Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02549-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02549-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02549-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02549-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: NELLSON BERMÚDEZ FAJARDO
TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ
LAS PRETENSIONES Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE
LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE CON EL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, LOS
ARGUMENTOS DE LA TUTELA FUERON OBJETO DE
PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: LEGALIDAD, IGUALDAD, DEBIDO
PROCESO, SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL Y VIDA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 25 de junio de 2026, proferida en primera instancia por
la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 que denegó el
amparo solicitado.
1
En adelante SECCIÓN CUARTA.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02549-01
Actor: NELLSON BERMÚDEZ FAJARDO
I.– ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor NELLSON BERMÚDEZ FAJARDO, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales a la legalidad, a la igualdad, al debido
proceso, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida, los cuales
estima vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA2, al proferir la sentencia de 29 de septiembre de 2025
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2022-00242-01.
I.2.- Hechos
Indicó que laboró en el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Y CARCELARIO3 (INPEC) como miembro del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia, labor de alto riesgo, desde el 12 de enero de 1994 hasta
el 30 de diciembre de 2021, razón por la que la ADMINISTRADORA
2
En adelante TRIBUNAL.
3
En adelante INPEC.
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Actor: NELLSON BERMÚDEZ FAJARDO
COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES)4 le reconoció la
pensión de vejez especial por actividad de alto riesgo mediante
Resolución núm. SUB-210896 de 6 de agosto de 2019.
Manifestó que COLPENSIONES mediante Resolución núm. SUB-
163396 de 13 de julio de 2021, efectuó una reliquidación de su
mesada pensional, con fundamento en el régimen especial previsto
en la Ley 32 de 1986, pero mantuvo lo dispuesto en el artículo 21 de
la Ley 100 de 23 de diciembre de 19935 y los factores salariales
establecidos en el Decreto 1158 de 3 de junio de 19946.
Precisó que, debido a lo anterior, promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
COLPENSIONES con la finalidad de obtener la reliquidación de su
pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicios, así como el pago de las diferencias
pensionales atrasadas, debidamente indexadas.
Afirmó que el referido proceso fue identificado con el número único
de radicación 2022-00242-00 y atribuido para su trámite en primera
4
En adelante COLPENSIONES.
5
"Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".
6
“Por el cual se modifica el artículo 6 del Decreto 691 de 1994”.
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Actor: NELLSON BERMÚDEZ FAJARDO
instancia al JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN7 que, mediante sentencia de 10 de
octubre de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, al considerar que para establecer el IBL de su pensión se
debía tener en cuenta el 75% del promedio de lo devengado en el
último año de servicios, con la inclusión de los factores salariales del
sueldo básico, sobresueldo, subsidios de alimentación y transporte,
primas de navidad, de vacaciones y de servicios y bonificación por
servicios prestados, a partir del 3 de marzo de 2021.
Expuso que COLPENSIONES interpuso recurso de apelación, el cual
fue desatado por el TRIBUNAL que, a través de sentencia de 29 de
septiembre de 2025, revocó la decisión del a quo y, en su lugar,
denegó las pretensiones de la demanda.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, el TRIBUNAL vulneró sus derechos al aplicar el
ingreso base de liquidación ordinario previsto en la Ley 100 de 1993,
ignorando el régimen especial aplicable al personal de custodia y
7
En adelante el JUZGADO.
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Actor: NELLSON BERMÚDEZ FAJARDO
vigilancia del INPEC contratado antes del Decreto 2090 de 2003.
Sostuvo que lo anterior le impidió obtener su derecho a reliquidar la
pensión bajo la Ley 32 de 1986 y normas afines, pues, según el
artículo 48 de la Carta Política, su prestación debió tasarse con el
promedio de lo devengado en el último año de servicio e incluyendo
todos los factores salariales devengados.
Aseguró también que el fallo censurado quebrantó su derecho a la
igualdad, al apartarse, sin motivación suficiente, del precedente
uniforme y garantista fijado por el Consejo de Estado 8 en casos
idénticos y, además, que se aplicaron normas ajenas al debate
jurídico allí planteado.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
de 22 de octubre del 2020, proferida en el proceso con radicado 88001-23-33-000-2014-00006-
01(4678-14)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
de 19 de enero del 2023, proferida en el proceso con radicado 20001 23 33000 2018 00321 01 (3752-
2021).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
de 2 de febrero del 2023, proferida en el proceso con radicado 23001 23 33 000 2016 00445 01 (3423-
2018).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
de 30 de octubre del 2024, proferida en el proceso con radicado 08001-23-33-000-2021-00064-01
(7181-2023).
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I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor solicitó lo siguiente:
“[…] 1. Amparar los derechos fundamentales a la LEGALIDAD,
IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO
VITAL y LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, conculcados a mi
representado NELLSON BERMUDEZ FAJARDO, por las acciones y
omisiones de la SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA.
2. En consecuencia, dejar sin efectos la Sentencia N° 273 del 29
de septiembre del 2025, PROFERIDA POR LA SALA SÉPTIMA DE
ORALIDAD DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, en el
proceso con radicado 05 001 33 33 017 2022 00242 01,
ordenándole a la accionada proferir sentencia de reemplazo, en
donde se ordene liquidar la pensión con una tasa de remplazo del
75% del promedio mensual de lo devengado en el último año de
servicios, incluyendo la totalidad de los factores salariales que
fueron objeto de aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones y que se encuentran enlistados en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978 […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL pidió que se deniegue el amparo solicitado al
considerar que no vulneró los derechos fundamentales alegados por
el actor, de tal forma que la decisión cuestionada se encuentra
debidamente motivada y con los fundamentos de derecho
correspondientes para el asunto.
Destacó que la providencia cuestionada fue proferida con
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fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, la cual determina que los regímenes especiales -
como el del INPEC- solo protegen la edad, el tiempo de servicio o
semanas y la tasa de reemplazo, de tal forma que el ingreso base de
liquidación (IBL) y los factores salariales quedan excluidos de la
transición y deben basarse únicamente en los conceptos sobre los
que se aportó según el Decreto 1158 de 1994; de ahí que, pese a las
cotizaciones alegadas bajo el Decreto 1045 de 1978, la providencia
cuestionada no violó ningún precedente, pues acató la interpretación
fijada tras el Acto Legislativo 01 de 2005 que impide aplicar la
transición al IBL.
Señaló además que las inconformidades expuestas en el escrito de
tutela no prueban la existencia de un defecto judicial, sino que
reflejan el simple desacuerdo del demandante con lo resuelto.
De este modo, concluyó que la verdadera intención del actor es
reabrir una controversia ya definida por el juez natural para intentar
conseguir un resultado que beneficie sus intereses particulares.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente del proceso
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objeto de controversia sin pronunciarse sobre el particular.
I.6.2.- COLPENSIONES solicitó declarar improcedente la presente
acción de tutela, por cuanto no se ha materializado ningún vicio,
defecto o vulneración de los derechos fundamentales alegados y lo
que se advierte es que el actor pretende convertir el mecanismo
constitucional en una tercera instancia, pues los hechos y
fundamentos de derecho aquí expuestos ya fueron objeto de estudio
en el proceso ordinario cuestionado.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN CUARTA de esta Corporación, mediante sentencia de
25 de junio de 2026, denegó el amparo solicitado por considerar que
en la sentencia cuestionada no se incurrió en los defectos alegados
ni se vulneraron los derechos fundamentales del actor.
Para el efecto, señaló que el TRIBUNAL analizó en debida forma la
normativa aplicable al asunto, pues la negativa de reliquidar la
pensión de jubilación con el 75% del promedio salarial del último año
de servicios, se funda en criterios razonables y normas vigentes.
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Adujo que con base en los principios de autonomía e independencia
judicial, la autoridad judicial accionada consideró inviable ordenar
dicha reliquidación conforme el último año laborado, al estimar que
ello contradice el Acto Legislativo 01 de 2005 y los mandatos de
equidad y sostenibilidad del sistema.
Sostuvo que estaba descartada la configuración de un defecto
sustantivo, pues resultaba evidente que no existe una postura
judicial uniforme en la materia, por lo que el juez de la causa se
encontraba facultado, bajo el principio de independencia judicial,
para examinar el caso concreto y adoptar la solución que mejor se
acoplara al marco jurisprudencial disponible, una valoración en la
cual el juez de tutela no tiene competencia para interferir.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia, para lo
cual argumentó que contrario a lo dispuesto por el a quo, la autoridad
judicial accionada desconoció el precedente jurisprudencial dispuesto
por la SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO que ordena
liquidar las pensiones de manera integral bajo lo previsto en la Ley
32 de 1986, con una tasa de reemplazo del 75% del promedio
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devengado en el último año de servicios e incluyendo los factores de
los decretos 446 de 1994 y 1045 de 1978.
Aseveró que conforme con la jurisprudencia dispuesta para el asunto,
las reglas de la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 no
son aplicables ni extensibles a los miembros de custodia del INPEC
por tratarse de empleados exceptuados con un régimen normativo
propio.
Alegó que la sentencia de primera instancia validó erróneamente la
decisión del TRIBUNAL de aplicar la regla establecida en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993, lo que desconoce el régimen especial
previsto para los miembros del cuerpo de custodia vinculados con
anterioridad al Decreto 2090 de 2003.
Finalmente, puso de presente que mediante sentencia de 11 de junio
de 2026, la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL
CONSEJO DE ESTADO, dentro de la acción constitucional con
radicación 11001-03-15-000-2026-03810-00, en un caso con
identidad fáctica al presente amparó los derechos fundamentales al
concluir que el IBL y los factores salariales de los guardianes del
INPEC sí se rige con exclusividad por su marco especial y no por las
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restricciones ordinarias de la Ley 100 de 1993.
Así las cosas, solicitó que se revoque la decisión de primer grado y,
en su lugar, se acceda al amparo deprecado.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
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asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
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no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
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de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
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probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 29 de septiembre de 2025, proferida por el
TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2022-00242-01.
En el proceso aludido el actor solicitó la reliquidación de su pensión
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como exmiembro del INPEC, con una tasa de remplazo del 75% del
promedio mensual de lo que devengaba en el último año de servicios,
incluyendo la totalidad de todos los factores salariales, con
fundamento en lo establecido en la Ley 32 de 1986, por aplicación
del Acto Legislativo 01 de 2005.
El disenso del accionante radica en que, en su sentir, el TRIBUNAL
incurrió en defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente al negarse a reliquidar su pensión de jubilación bajo el
régimen especial de la Ley 32 de 1986 y normas concordantes, y
desconocer lo dispuesto en el parágrafo transitorio 5.º del artículo 48
constitucional, el cual protege los derechos del cuerpo de custodia y
vigilancia del INPEC, vinculados antes del Decreto 2090 de 2003
para que su prestación se tase con el 75% del promedio de lo
devengado en el último año de servicios e incluya todos los factores
salariales.
En el curso de la primera instancia la SECCIÓN CUARTA de esta
Corporación denegó el amparo solicitado, por considerar que no se
configuraban los defectos invocados por el actor.
En la impugnación, el accionante alegó que no compartía la decisión
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Actor: NELLSON BERMÚDEZ FAJARDO
del a quo, toda vez que validó la inaplicación del régimen pensional
especial del INPEC bajo el falso argumento de que existía disparidad
de criterios en la materia. También, reiteró que la providencia
cuestionada desconoció el precedente uniforme de la SECCIÓN
SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO, el cual ordena liquidar estas
pensiones de forma integral con el 75% del promedio de lo
devengado en el último año de servicios e incluyendo los factores
salariales especiales.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se
establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
deprecados e incurrió en los defectos alegados.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02549-01
Actor: NELLSON BERMÚDEZ FAJARDO
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional9, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».10
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación11, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
9
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [12]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [13].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [14].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
[12] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[13] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [15].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [16]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
[15] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[16] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [17].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [18]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
[17] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[18] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
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derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir que
esta se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia
constitucional, en la medida en que lo pretendido por el actor es que
se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración del
juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de
una instancia adicional al proceso ordinario.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,
porque los motivos que fundamentan la inconformidad del
accionante se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial
accionada realizó una errada interpretación de lo dispuesto en la Ley
32 de 1986 y en el Acto Legislativo 01, en relación con el personal y
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exmiembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC, frente a
los cuales el único requisito exigible es que hayan ingresado con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del
asunto, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, revocó la decisión
del a quo y, en su lugar, denegó la reliquidación de la pensión del
actor, con base en el siguiente análisis:
“[…] Bajo tales circunstancias, no tendría sentido pensar que la
aplicación de la Ley 32 de 1986 a los empleados públicos del
INPEC vinculados antes de la entrada en vigencia del Decreto
2090 de 2003, estuviera encaminada, más allá de permitir el
acceso a la pensión de jubilación a los 20 años de servicios con
cualquier edad, a que la misma se liquidara, con el promedio de
lo devengado en el último año, y además de todo, con la
inclusión de todos los factores salariales y hasta prestacionales
devengados el último año como lo pretende la parte accionante,
parámetros provenientes de un régimen ya descontinuado que
justamente se procuraba dejar en el pasado.
[…]
Se encuentra entonces, de acuerdo con el acervo probatorio, que
dentro del procedimiento administrativo adelantado en relación
con el reconocimiento de la pensión de vejez del señor NELLSON
BERMÚDEZ FAJARDO la Administradora Colombiana de
Pensiones -COLPENSIONES- cumplió en dar aplicación de la Ley
32 de 1986 a través de la Resolución N° SUB 210896 del 06 de
agosto de 2019, respetando las expectativas legítimas del actor
por haberse vinculado al servicio del cuerpo de custodia y
vigilancia con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto
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2090 de 2003, permitiéndole acceder a la pensión de vejez bajo
los presupuestos allí contemplados y disponiendo su liquidación
con base en el promedio de lo cotizado en los últimos 10 años,
con los factores salariales del Decreto 1158 de 1994.
Ahora, pese a la inconformidad planteada por la parte actora con
respecto a la forma en que le fue liquidada su prestación, se
debe reiterar que según los argumentos ya expuestos, las
transiciones pensionales con posterioridad a la Ley 100 de 1993,
como en este caso, por la aplicación de la Ley 32 de 1986,
mantiene el acceso a las prestaciones conservando el requisito
privilegiado de la edad y el tiempo de servicio contemplado en
la norma anterior, sin que ello se extienda al IBL ni mucho
menos a los factores salariales, por lo que adoptando el
precedente jurisprudencial y garantizando los principios propios
del Sistema General de Seguridad Social, especialmente los de
solidaridad y sostenibilidad financiera, debía liquidarse la
prestación de acuerdo con el ingreso base de liquidación del
artículo 21 de la citada Ley 100 de 1993 y con inclusión
exclusivamente de los factores salariales del artículo 1º del
Decreto 1158 de 1994.
En cuanto a los factores salariales, es necesario tener en cuenta
que el Decreto 1158 de 1994, que modificó el artículo 6° del
Decreto 691 de 1994 de veintinueve (29) de marzo de 1994, al
regular la base cotización, consagró que el salario mensual base
para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones
de los servidores públicos incorporados al mismo, estaría
constituido por los siguientes factores:
[…]
Así las cosas, no encuentra esta Sala procedente acceder a la
reliquidación pensional solicitada, pues, de conformidad con los
preceptos transcritos, COLPENSIONES no estaba en la obligación
de incluir en la liquidación de la pensión de jubilación del
accionante, factores tales como la prima de servicios,
sobresueldo, auxilio de transporte, auxilio de alimentación,
prima de vacaciones, sueldo de vacaciones ni la prima de
navidad, etc.
[…]
Es claro, entonces, que las pretensiones de la parte accionante
carecen de asidero jurídico, pues reclamar la aplicación del IBL
consagrado en la Ley 4ª de 1966 contraría los fundamentos
mismos que dieron lugar a las previsiones del artículo 1º del Acto
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Legislativo 01 de 2005, atentando en contra de la sostenibilidad
financiera del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
y promoviendo un tratamiento diferenciado, desigual y contrario
a los principios de justicia y proporcionalidad que lo soportan,
que dictan que será sobre lo cotizado y no sobre lo devengado
que se calculará la mesada pensional.
[…]
De conformidad con lo anterior, debe advertir esta Sala que,
pese a que el A Quo para conceder las pretensiones de la
demanda, hace referencia a una sentencia proferida por el
Consejo de Estado del 02 de febrero de 2023 y en la cual, se
argumenta, contrario la posición de esta Sala que, no es posible
dar aplicación al artículo 21 de la Ley 100 de 1993 ni a los
factores previstos en el Decreto 1158 de 1994, pues no van
destinadas a los empleados del INPEC, se trata de un tema
frente al cual no se han dado posiciones unificadas, por el
contrario, como se expuso en líneas anteriores, la máxima
Corporación Contencioso Administrativa también ha emitido
pronunciamientos en sentido contrario al citado por el A Quo,
por lo que esta Sala mantiene su criterio en virtud de la
autonomía e independencia judicial, siempre fundamentando la
decisión a la luz del marco normativo y jurisprudencial aplicable,
como en esa providencia queda demostrado […]”.
De acuerdo con lo expuesto en cita, la Sala advierte que el
TRIBUNAL concluyó que el régimen de transición previsto en la Ley
32 de 1986 para los empleados del INPEC vinculados antes del
Decreto 2090 de 2003 tiene como única finalidad flexibilizar los
requisitos de edad y tiempo de servicio (20 años de labor sin límite
de edad), sin que este beneficio normativo sea extensible al ingreso
base de liquidación (IBL) ni a los factores salariales, los cuales
pertenecen a un modelo pensional descontinuado que se pretendía
superar.
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Bajo esa premisa, determinó que COLPENSIONES liquidó
correctamente la prestación al promediar lo cotizado en los últimos
10 años conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y al incluir
exclusivamente los factores sobre los que efectivamente se
realizaron aportes según el Decreto 1158 de 1994, resultando
improcedente la inclusión de prestaciones devengadas como primas
o auxilios.
Finalmente, la autoridad judicial accionada desestimó las
pretensiones de la demanda al advertir que tasar la mesada sobre el
último año de servicios o la Ley 4ª de 1966 quebranta el Acto
Legislativo 01 de 2005 y los principios de sostenibilidad financiera,
solidaridad y equidad; asimismo, en ejercicio de su autonomía e
independencia judicial, justificó apartarse del fallo de primera
instancia y de la sentencia del Consejo de Estado del 2 de febrero de
2023, tras argumentar que sobre la materia no existe un precedente
jurisprudencial unificado por parte del máximo órgano contencioso-
administrativa.
Aunado a lo anterior, cabe anotar que, respecto de la obligatoriedad
del cumplimiento de los requisitos para la aplicación del régimen de
transición previsto en el Decreto 2090, a efectos del reconocimiento
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de pensiones conforme con la Ley 32 de 1986 y el alcance del acto
legislativo 01 de 2005, en sentencia de 10 de diciembre de 2018 19,
esta Sección señaló:
“[…] 89. De lo anterior se colige que el Decreto 2090 de 2003
ofrece un trato especial para el reconocimiento de las pensiones
de vejez de alto riesgo, que consisten en: i) edad de 55 años
para pensionarse, la cual se puede disminuir 1 año por cada 60
semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas
requeridas en el Sistema General, sin que la edad pueda ser
menor a 50 años y ii) el monto de cotización para efectos de
adquirir estas pensiones, y dice que será "el previsto en la Ley
100 de 1993, más diez (10) puntos adicionales a cargo del
empleador, sin que, conforme el parágrafo 5.0 del Acto
Legislativo 01 de 2005 y la interpretación desarrollada por la
Corte Constitucional en la citada sentencia, pueda equipararse a
la totalidad de un régimen especial o exceptuado, en la medida
que hace parte del régimen de prima media con prestación
definida de la Ley 100 de 1993.
90. Por tanto, como lo señaló el Tribunal accionado
cuando el Acto legislativo 01 de 2005 dispone que a
quienes se vincularon antes del 28 de julio de 2003 se les
aplica el régimen hasta ese entonces vigente por razón de
los riesgos de su labor, hace clara referencia a la
protección de las expectativas legítimas que ampara el
régimen de transición regulado en el artículo 6° del
Decreto Ley 2090 de 2003, que a su vez exige el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 […]”. (Resaltado fuera del
texto original).
En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL se
pronunció, precisamente, frente a las inconformidades que ahora
alega el actor en la presente acción constitucional, en la que insiste
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de
diciembre de 2018, M.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 2018-03523-01.
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en la aplicación exclusiva del acto legislativo 01 de 2005, aspecto
que ya fue resuelto de forma admisible y razonable por parte de la
autoridad judicial accionada, sin que se vislumbre que pudo haber
actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites
del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece
del requisito general de la relevancia constitucional.
Situación distinta es que el accionante no comparta la tesis allí
dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que
de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su
consideración.
Ahora, en lo que refiere al desconocimiento del precedente alegado,
es del caso destacar que el actor se limitó a ponerlas de presente sin
exponer claramente la regla de unificación que se debía aplicar al
presente asunto, y frente a la traída a colación en el escrito de
impugnación con fecha de 11 de junio de 2026, esta fue proferida
con posterioridad a la aquí cuestionada y, además, tiene efectos inter
partes.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa
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del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sala16 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta transgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si
este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
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Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, se modificará la decisión del a quo que denegó las
pretensiones y, en su lugar, se declarará improcedente la solicitud de
amparo por no cumplir el requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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