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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02550-00

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02550-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo formulada por la parte actora. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02550-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02550-00
Accionante: JULIO CESAR BAYONA CÁRDENAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE
SANTANDER

Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la acción
por no superar los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591
de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 8 de abril de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. Julio Cesar Bayona Cárdenas, en nombre propio, interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Con la solicitud de
amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y al
mínimo vital, así como el principio de legalidad.

2. Le atribuye la transgresión de sus garantías constitucionales a la sentencia
del 6 de marzo de 2026, mediante la cual la autoridad judicial accionada confirmó
el fallo de primera instancia que negó las pretensiones del proceso de nulidad y

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al
Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Asimismo, se dispuso la vinculación del Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta y la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), así como de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en
los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.

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Accionante: Julio Cesar Bayona Cárdenas
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02550-00

restablecimiento del derecho de radicado 54001-33-33-008-2018-00400-00.

3. En concreto, solicitó lo siguiente:

Primero. Que se falle a favor la presente Acción constitucional de Tutela en aras
de amparar el Derecho al debido proceso, de Acceso efectivo a la Administración
de justicia, seguridad social, el principio de legalidad, mínimo vital del accionante
amparados al tenor de los artículos 29, 228 y 229 Constitucional.
Segundo. En consecuencia, señor Juez le solicito que ordene a la ENTIDAD
ACCIONADA, para que, de MANERA INMEDIATA, procedan a REVOCAR la
sentencia de segunda instancia proferida en fecha 06 de marzo del 2026, en el
proceso de Nulidad y restablecimiento del derecho, de radicado 54001-33-33-008-
2018-00400 02, y, ordene la reliquidación pensional, con base en el Decreto 758
de 1990, que le otorgaba una tasa de reemplazo del 90 % del IBL.
Tercero. Que se ordene a COLPENSIONES la reliquidación de la pensión de vejez
del accionante, aplicando el Decreto 758 de 1990 y reconociendo una tasa de
reemplazo del 90 % del IBL.
Cuarto. Que se ordene el pago de las diferencias causadas y retroactivos
correspondientes, debidamente indexados. (Sic a toda la cita).

1.2. Hechos

4. El 31 de diciembre de 2014, el señor Bayona Cárdenas solicitó el
reconocimiento de su pensión de vejez ante Colpensiones por considerar que,
para ese momento, acreditó los requisitos de la edad y semanas cotizadas. En
consecuencia, mediante Resolución GNR 307821 del 7 de octubre de 2015, le
fue reconocido el pago de su prestación, decisión contra la que no interpuso
recursos.

5. Sin embargo, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en la que pidió la reliquidación, ajuste y pago de su mesada pensional, con la
inclusión de todos los factores salariales devengados al momento de adquirir su
estatus de pensionado, así como sobre 1.702,98 semanas.

6. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta negó las
pretensiones de la demanda mediante sentencia del 22 de junio de 2023.
Consideró que, contrario a lo afirmado por el demandante, Colpensiones sí aplicó
el régimen de transición al punto que liquidó la mesada pensional con la norma
anterior a la Ley 100 de 1993, esto es la Ley 33 de 1985 que, por ser más
favorable, le permitió obtener el porcentaje más alto posible (75%); tuvo en
cuenta 1.519 semanas de cotización, y no las 729 que refiere en la demanda y,
asimismo, tuvo en cuenta los factores salariales sobre los que efectuó
cotizaciones.

7. El demandante apeló lo decidido por el a quo, oportunidad en la que puso
de presente que la norma que le resultaba más favorable a sus intereses era el
Decreto 758 de 1990, que le permite acceder a una tasa de reemplazo del 90%
sobre lo cotizado en toda su vida laboral o en los últimos 10 años de servicio, lo
que supera el 75% que dispone la Ley 71 de 1988.

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8. En sentencia del 6 de marzo de 2026 el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander confirmó el fallo de primera instancia. Indicó el accionante introdujo
nuevos argumentos en el recurso, toda vez que no pidió desde la demanda la
aplicación del Decreto 758 de 1990, ni una tasa de reemplazo superior al 75%,
por lo que concluyó que se desconoció el principio de congruencia al agregarse
nuevos cargos de legalidad mediante la alzada.

9. Lo anterior, en la medida en que la pretensión del actor era la inclusión de
todos los factores salariales devengados al momento de adquirir su estatus de
pensionado, por ser beneficiario del régimen de transición y la modificación en
cuanto a las semanas reconocidas por Colpensiones.

1.3. Sustento de la vulneración

10. La parte accionante indicó que la sentencia cuestionada desconoció el
principio de favorabilidad en materia pensional e incurrió en defecto sustantivo,
lo que trajo consigo la vulneración de los derechos fundamentales sobre los que
reclama protección. Lo anterior, en la medida en que el Decreto 758 de 1990
ofrecía una tasa de reemplazo del 90% del ingreso base de liquidación sobre los
factores salariales reconocidos, lo cual resulta superior al 75% que permite la Ley
71 de 1988.

11. Precisó que la anterior tesis tiene respaldo en las sentencias T-1268 de
2005, T-783 de 2014 y T-088 de 2018 de la Corte Constitucional, por lo que su
omisión además de constituir un defecto sustantivo trae consigo la violación
directa de la Constitución y el desconocimiento del precedente.

12. Aludió que el tribunal actuó con «una excesiva ritualidad procesal» al
aplicar el principio de congruencia, toda vez que el artículo 228 de la Constitución
Política exige privilegiar el derecho sustancial sobre el formal, lo que conllevaba
el deber de examinar la norma más beneficiosa aun cuando no la hubiese pedido
en la demanda.

13. Sostuvo que también se presentó el defecto fáctico porque se
desconocieron «pruebas claras y contundentes sobre las semanas cotizadas».

1.4. Intervenciones

14. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander solicitó que se
nieguen las pretensiones con fundamento en que su decisión se basó en los
elementos aportados al expediente, por lo que no se vulneraron los derechos
fundamentales del tutelante.

15. Colpensiones solicitó que se declare la improcedencia de la tutela porque
no cumple con los requisitos generales de procedibilidad. Aclaró que el actor no
propuso la eventual configuración de un perjuicio irremediable que avale la
intervención del juez constitucional, aunado a que se respetaron las garantías

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fundamentales y la pensión se encuentra reconocida conforme a la tesis vigente
de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

II. CONSIDERACIONES

16. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de
relevancia constitucional. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se
supera el referido requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial.

2.1. Caso concreto

La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

17. El Consejo de Estado3 y la Corte Constitucional4, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales5 y a la configuración de algún
defecto especial6 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

18. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

19. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

20. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se

3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
4
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
5
(i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
6
(i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

21. La Sala advierte que Julio Cesar Bayona Cárdenas está legitimado en la
causa por activa, por haber conformado la parte activa del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho cuya sentencia se cuestiona por esta vía.

22. Por su parte, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad
judicial que profirió la decisión controvertida.

23. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

24. En el sub judice, debe recordarse que la parte tutelante centró la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a partir de la configuración de
distintos defectos, porque no se estudió la posibilidad de que su tasa de
reemplazo para el cálculo de su pensión de vejez sea el 90%, de conformidad
con el Decreto 758 de 1990. Además, expuso que, al no examinar dicha norma
bajo el argumento de la congruencia del recurso de apelación, el tribunal incurrió
en un exceso ritual manifiesto. Finalmente expuso que desconocieron «las
pruebas» sobre las semanas efectivamente cotizadas.

25. Para la Sala, el debate que propone la parte tutelante se circunscribe a
reabrir el estudio zanjado en el proceso ordinario al punto de utilizar la acción
constitucional como una instancia adicional, por las razones que pasan a
explicarse.

26. Como lo puso de presente el tribunal y lo afirmó el actor en su tutela, la
demanda ordinaria presentada procuró porque se reliquidase su pensión de vejez
con la inclusión de los factores salariales devengados, aspecto que se zanjó en
primera instancia y sobre el cual el accionante no expuso reparo alguno en la
apelación. Ello, pues, en su impugnación se limitó a solicitar la aplicación del
Decreto 758 de 1990 y la modificación de la tasa de reemplazo.

27. Cabe precisar que, desde la sentencia de primera instancia se aclaró que
al accionante se le aplicó el régimen de transición, y con este el porcentaje más

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alto posible sobre la tasa de reemplazo era el del 75%

28. En ese sentido, los cargos relacionados con la no aplicación del principio
de favorabilidad recaen en una inconformidad del tutelante con que el tribunal se
haya abstenido de estudiar si procede incrementar su tasa de liquidación del 75%
al 90%, pese a que, desde la demanda, el objeto del litigio fue ajeno al Decreto
758 de 1990 o al porcentaje con el que se liquidó la pensión.

29. A lo anterior se suma que el a quo del proceso ordinario le aclaró que su
prestación social está reconocida con la tasa de reemplazo más alta posible, esto
es, el 75%.

30. En esa medida, carece de relevancia constitucional el debate propuesto
por el señor Bayona Cárdenas en el cual se evidencian simples descontentos con
lo decidido por el tribunal sin que explique por qué se vulneraron sus derechos
fundamentales. Aunado a que persigue que se acepte por esta vía la variación
del objeto del litigio que propuso y pretendió modificar con la apelación.

31. Cabe destacar que, si bien mencionó el desconocimiento de «pruebas
claras y contundentes sobre las semanas cotizadas», al no precisar cuáles fueron
tales elementos, el yerro carece de la carga argumentativa mínima que permita
su estudio.

32. Por último, se destaca que el órgano de cierre en materia laboral
contenciosa, esto es, la Sección Segunda del Consejo de Estado, no tiene una
postura pacífica con relación a la aplicación del principio de favorabilidad entre
dos normas cuando no se alega en la demanda7.

33. Así, el debate constitucional que propone el accionante, a partir de los
defectos alegados, carece de relevancia constitucional en la medida en que sus
argumentos recaen en una inconformidad frente a lo decidido por el operador
judicial sin que explique de qué forma resultaron vulnerados sus derechos
fundamentales o proponga un estudio con enfoque constitucional, más allá de
querer reabrir la discusión jurídica para que se avale el estudio de la tasa de
reemplazo y se determine sobre el 90%, pese a que no la propuso en la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho y el a quo le aclaró que tiene
actualmente reconocida la más alta posible.

34. En vista de lo anterior, tampoco se supera el requisito de la subsidiariedad,
dado que fue una omisión del actor no proponer desde la demanda lo que
realmente pretendía, bajo la apariencia de que no se tuvo en cuenta la aplicación

7
A título de ejemplo, se referencia la sentencia con radicado 05001-23-33-000-2019-02892-01
(1148-2022), en la que se señaló que:
al no haberse dado la oportunidad a la parte accionada de verificar la situación jurídica reclamada
bajo los preceptos de la mencionada Ley 100 de 1993, la Sala estima que, al asumir la
flexibilización en los presupuestos de la congruencia y la justicia rogada, se sorprendería a dicho
extremo procesal y en consecuencia se vulnerarían los principios de decisión previa, autotutela
de la administración, debido proceso y derecho de defensa.

6
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del principio de favorabilidad.

35. En relación con lo anterior, esta Sección considera pertinente recordar
que, en la Sentencia de Unificación SU-103 de 2022, la Corte Constitucional
precisó que la tutela resulta improcedente cuando el presunto perjuicio deriva de
la propia inacción procesal de la parte actora o de su renuencia a hacer uso
adecuado de los recursos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico. Así,
cuando el solicitante omite exponer oportunamente sus argumentos o subsanar
deficiencias dentro del proceso ordinario, no puede luego pretender subsanar
tales omisiones a través del amparo constitucional, máxime si no acredita una
vulneración manifiesta de derechos fundamentales con relevancia
constitucional.

36. Se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces
naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en
los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro del
trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones
judiciales desfavorables, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por
parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial
y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera
instancia8.

37. Por esto, la sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo, al
no encontrar acreditados los presupuestos de relevancia constitucional y
subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo
formulada por la parte actora.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de
diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Salva voto

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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